Porque
Al
cumplirse 12 años de la rebelión popular contra el neoliberalismo, la profundización
del modelo probó, en el mismo día y una semana antes, qué Estado represor
garantizará al bloque dominante que el nuevo Código Civil y Comercial (proyecto con media sanción del Senado) rija por encima de la Constitución Nacional.
(..)Estas disposiciones son una grave amenaza al
ejercicio de los derechos a la protesta y de libertad sindical, de jerarquía
constitucional, ya que se pueden aplicar cuando la actividad llevada a cabo por
un conjunto de manifestantes reunidos en el marco de una concentración,
movilización, piquete o corte de ruta, sea considerada como riesgosa o
peligrosa para terceros, pudiendo obligar a cualquiera de esos manifestantes, o
a la organización que los nuclea, a reparar esos daños que podrían ocasionarse.
Al no hacerse aclaración alguna en referencia a
los derechos colectivos de protesta, denuncia o petición a las autoridades,
garantizados constitucionalmente, quedará librado a la discrecionalidad del
juez/a la delimitación de la extensión del perjuicio a terceros. Resulta
evidente la intención represiva de la norma, que no se contradice con la
política legislativa del gobierno si tomamos en cuenta otros antecedentes como
la ley antiterrorista.
Agua para vivir
La comisión redactora
del Código Civil y Comercial presidida por Lorenzetti propuso la inclusión de
un artículo que establecía “Todos los habitantes tienen garantizado el acceso
al agua potable para fines vitales.” Este artículo fue eliminado por el Poder
Ejecutivo previo a la presentación del proyecto al Congreso, argumentando en
que se avanzaría sobre el federalismo, en virtud del dominio de los estados
provinciales sobre los recursos naturales (art. 124 de la CN), pero
desconociendo la jerarquía de los derechos humanos y no haciéndose cargo de la
función indelegable del Estado Nacional de regular sobre derechos fundamentales
que hacen a la vida de las personas.
Así es como se está
perdiendo de vista que el acceso al agua es un problema cada vez más
apremiante. Por ejemplo, según el último censo nacional, 7.760.803 habitantes
(21,60%) no tienen acceso al agua potable y 20.654.920 personas (57,50%) no
tienen servicio de cloacas. El acceso a fuentes de agua contaminadas o sin
garantías de calidad, con contenidos elevados de sustancias nocivas como
arsénico, plomo, cromo, etc, las redes de distribución que en muchos centros
urbanos son obsoletas y no acompañan el crecimiento demográfico, agravan la
situación.
El derecho a un nivel de vida suficiente,
reconocido por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (PIDESC), comprende implícitamente el derecho humano al agua, en los
términos de la
Observación General 15 del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de la ONU. Dicha Observación , obligatoria para el
Estado nacional, establece el contenido normativo del derecho al agua y la obligación
de los Estados de ponerlo en vigor sin ningún tipo de discriminación.
El kirchnerismo eliminó el reconocimiento de
este derecho del proyecto, pero se garantiza el uso comercial e industrial del
agua (…)
Como dijimos con anterioridad: era necesaria
una reforma y actualización de los códigos civil y comercial, pero la misma
debería hacerse para lograr coherencia y acompasarse con el reconocimiento de
los Derechos Humanos, y en particular de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, realizado por numerosa normativa con jerarquía constitucional. Sin
embargo las modificaciones y reformas introducidas por el Kirchnerismo, sea por
el Ministro Alak como representante del Poder Ejecutivo Nacional, como por la
mayoría oficialista de la comisión bicameral, refuerzan la matriz neoliberal,
pro empresaria e individualista, en desmedro de los derechos sociales,
colectivos, y sobre todo de los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
Una vez más: nos siguen pegando abajo.
FB: La Ciega
Correo electrónico: la_ciega@yahoo.com.ar
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Pobreza y marginalidad detrás de los
saqueos
Por
Fabiana Arencibia (Red Eco Alternativo)
Doce años después, algunas de las causas de fondo que generaron el
estallido social del 19 y 20 de diciembre, siguen siendo las mismas: altos
niveles de pobreza, dificultades para conseguir y mantener el empleo, inflación
y falta de recursos estatales que lo empujan a volver al endeudamiento externo.
Mucho se ha escuchado, escrito y visto durante estos días sobre los saqueos en diversas provincias del país que se dispararon a partir de los reclamos policiales de aumentos salariales.
Los saqueos de 2001, que en realidad habían comenzado con anterioridad, respondían a una situación social y económica de altos niveles de pobreza, indigencia, desempleo.
Mucho se ha escuchado, escrito y visto durante estos días sobre los saqueos en diversas provincias del país que se dispararon a partir de los reclamos policiales de aumentos salariales.
Los saqueos de 2001, que en realidad habían comenzado con anterioridad, respondían a una situación social y económica de altos niveles de pobreza, indigencia, desempleo.
Las jornadas del 19 y 20, fueron el estallido
ante la gota que rebalsó el vaso: la declaración del Estado de Sitio. En
jornadas previas también habían comenzado los saqueos que, al igual que los
sucedidos en estas semanas, fueron provocados solo en el inicio para luego
sumar espontáneamente al pobrerío y también la marginalidad. Doce
años después, los saqueos de 2013 –luego de decantar su detonante inicial-
también responden a necesidades insatisfechas de millones de personas en la
Argentina.
No se puede pensar en que haya participación masiva en estos actos sino hay una situación real de pobreza e indigencia que las estadísticas oficiales hace años, más precisamente desde la intervención de INDEC en 2007, disimulan.
No se puede pensar en que haya participación masiva en estos actos sino hay una situación real de pobreza e indigencia que las estadísticas oficiales hace años, más precisamente desde la intervención de INDEC en 2007, disimulan.
Algunos datos pueden mostrar la realidad que subyace más allá las estadísticas oficiales.
Casi cuatro de cada diez trabajadores no están registrados lo cual le imposibilita acceder no solo a cobertura médica y beneficios sociales sino que además su salario es la mitad de lo que cobra un trabajador registrado. Sobre 8 millones de trabajadores asalariados, 2,6 millones trabajan menos de 35 horas semanales, y 5,4 millones lo hacen por más de 35 horas.
Siete de cada diez trabajadores ocupados cobran menos de $ 5.000 pesos y dos de cada cinco menos de $ 3.000.
Esta situación salarial contrasta con la canasta necesaria para que una familia tipo (padre, madre y dos hijos, pueda vivir dignamente que asciende a $ 8.000.
Casi ocho de cada diez jubilados y pensionadas cobra el haber mínimo de $2.477 pesos. La canasta para la tercera edad ha sido calculada en $ 4.885 por mes. O sea que sus ingresos no llegan a cubrir la mitad de sus necesidades.
En el primer semestre de este año se han destruido 103.000 puestos de trabajo. La caída del empleo privado formal, el estancamiento del empleo industrial y el descenso del empleo público provincial se combinan con el estancamiento de la actividad y el crecimiento demográfico.
Más allá de que la FAO haya declarado que Argentina ha logrado el objetivo fijado en las políticas de “hambre cero” y que la CEPAL haya afirmado que la población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) bajó de 5,7 % a 4,3%, los datos que se desprenden de la realidad muestran que ha crecido la pobreza e indigencia.
Es simple llegar a esta conclusión si tenemos en cuenta que para el gobierno y sus estadísticas no ser pobre significa tener un ingreso diario de $ 14,60 y no ser indigente es vivir diariamente con $ 6,40.
Hoy en Argentina hay 11.390.000 pobres, 3 de cada 10 habitantes. Se calcula que entre un 10 y un 15 por ciento de ellos son pobres estructurales, o sea que han caído en la pobreza y no han podido salir de ella. Casi la mitad de los pobres en Argentina son niños y adolescentes; es decir 5 millones de menores de 18 años viven en la pobreza. 4 de cada 10 pobres en la Argentina son niños o adolescentes, y de estos, la indigencia alcanza a 2.240.000. Esta situación se agrava en provincias como Chaco donde 7 de cada 10 niños y adolescentes son pobres.
La inflación, que ha venido para quedarse, empeora esta situación social ya que castiga más a quienes menos tienen porque utilizan casi todos sus ingresos para comprar alimentos. Si tomamos sólo 49 productos básicos necesarios para alimentarnos, el aumento de sus precios en los últimos 12 meses ha sido de alrededor de 40%. Los datos oficiales hablan de una inflación anual que llegara al 10,5 %.
Después de 10 años de gobierno y modelo
kircherista todavía hay cerca de 10 millones de personas que dependen de
subsidios vinculados a alimentos, salud, educación, vivienda y trabajo.
El modelo, como decíamos en una nota pasada, está en inestable equilibrio. La Nación y la mayoría de las provincias tienen déficit fiscal, o sea que los ingresos no alcanzan a cubrir sus gastos. En el caso de la Nación, los últimos datos del INDEC muestran un déficit de casi 2.758 millones de pesos en octubre, que se incrementa a 7.280 millones de pesos después del pago de deuda. Las proyecciones hablan de que 2013 se cerrará con un déficit fiscal de casi 100.000 millones de pesos (contar 55.600 de 2012)
La mayor recaudación de ingresos sigue focalizada en las contribuciones de seguridad social. Y esto explica que la ANSeS sea la principal caja a la que apela el gobierno para hacer frente a los gastos (incluidos el pago de deuda). Dentro de la recaudación impositiva el mayor ingreso continúa siendo el IVA que castiga más a los sectores de menores recursos.
Al déficit fiscal se suma también déficit en la balanza de pagos ya que el saldo comercial favorable esta cada vez más castigado por las importaciones de energía y se convierte en déficit por los pagos de intereses de deuda, por el giro de utilidades al exterior y por las salidas de turismo.
La inflación sigue subiendo por la combinación de varios elementos: la acción de oligopolios formadores de precios, una estructura económica extranjerizada donde los precios internacionales fijan muchos de los precios de consumo interno, empresas que no invierten para aumentar su capacidad productiva y cubren la rentabilidad con los aumentos de precios, un gobierno que apela a la emisión continua para poder cubrir los gastos, pagar deuda y tratar de recomponer las reservas del Banco Central y evitar que sigan descendiendo.
Se ha retomado la política de endeudamiento externo y esto agravará la situación fiscal y obligará a utilizar recursos públicos para cumplir con los acreedores externos por encima de las necesidades sociales.
El modelo sigue asentado sobre la concentración y extranjerización de la económica y sobre el continuo desarrollo de un perfil sojero y agroexportador acompañado por la actividad minera contaminante y el fracking como objetivo para revertir la crisis energética. Nada de esto traerá desarrollo económico independiente ni bienestar para las mayorías, como no lo ha hecho hasta ahora.
Por el contrario, todos estos factores se combinan en un coctel que sólo traerá una etapa de ajustes inevitables, los que, como siempre, afectarán a los sectores de menor poder adquisitivo.
Es decir que la continuidad -o profundización-
de este modelo económico habilita que una sintonía fina sólo beneficie a las
mayorías. Todo muestra que los grandes beneficiarios seguirán siendo los
sectores que más tienen. La primavera nacional y popular ha entrado de lleno en
el ciclo que cada 10 años nos pone en crisis. Pero las crisis también pueden
generar ciclos de maduración. Entonces, para no volver al que se vayan todos,
porque luego todos regresan, es necesario construir alternativas políticas con
las que avancemos hacia otro modelo de país y no más de lo mismo con variantes
de cambiar algo para que nada cambie.
Fuente: http://www.redeco.com.ar/nv/index.php?option=com_content&task=view&id=12333&Itemid=130
Fuente: http://www.redeco.com.ar/nv/index.php?option=com_content&task=view&id=12333&Itemid=130
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