“Delito de rebelión” por oponerse al monopolio
capitalista: Presos Políticos, entre torturas e invisibilización
Por
Azalea Robles
En Colombia hay miles de hombres y mujeres
condenados por el “delito de rebelión” -tipificado en el mismo código- y
condenados asimismo por su extensión más arbitraria de “terrorismo” [1], una
categoría conceptual en la que cabe todo lo que le moleste al estado colombiano
y al gran capital de un país saqueado que busca ahogar el descontento social en
el exterminio y entre rejas. De los 9.500 presos políticos que tiene el estado
colombiano, se estima que cerca del 90% son civiles encarcelados por su
actividad política, su pensamiento crítico, su oposición a las políticas
depredadoras del medio ambiente: sindicalistas, ambientalistas, maestros,
líderes agrarios, académicos críticos, abogados, médicos, defensores de
derechos humanos... hasta los artistas son objeto de la persecución judicial.
Los montajes judiciales con testigos pagados y pruebas falsificadas, sacadas
incluso de ’computadores mágicos’, son urdidos de manera sistemática contra los
perseguidos políticos: los procederes ilegales del estamento militar y sus
testigos adiestrados en las oficinas militares [2], son avalados por el aparato
Fiscal de manera escandalosa, y se articulan con leyes de criminalización de la
protesta: el aparato judicial es usado como arma de guerra contra la población,
para desarticular la organización social e impedir el pensamiento crítico.
Por otro lado también es bien sabido que en Colombia hay un conflicto social, político y armado, y que en ese marco, los insurgentes apresados por el estado son presos políticos de guerra, porque su reivindicación es eminentemente política y porque hay una guerra. Pero el estado colombiano intenta taparel sol con un dedo.
Por otro lado también es bien sabido que en Colombia hay un conflicto social, político y armado, y que en ese marco, los insurgentes apresados por el estado son presos políticos de guerra, porque su reivindicación es eminentemente política y porque hay una guerra. Pero el estado colombiano intenta tapar
La existencia de miles de presos políticos es
testimonio de la guerra represiva desatada por el estado colombiano contra la
reivindicación social; por lo tanto exigir la libertad para los presos políticos
es parte medular de la construcción de una verdadera paz con justicia social.
En Colombia el capitalismo se expresa al
paroxismo: el terror correlativo al saqueo de los recursos para beneficio del
gran capital se aplica de la manera más descarnada contra la población, con la
finalidad de desplazar ingentes cantidades de personas de las zonas codiciadas,
y de eliminar reivindicaciones. Hay más de 5,4 millones de personas despojadas
y desplazadas de sus tierras en Colombia, multinacionales y latifundio acaparan
las tierras robadas, y hoy legalizan títulos de propiedad en base a astutos
malabarismos amparados por la
Ley Santista relativa a la tierra, que como bien denuncian
las comunidades: legaliza el despojo. En tiempos en que el capitalismo mundial
profundiza al extremo las contradicciones entre acumulación capitalista y
supervivencia de la especie, las estrategias represivas desarrolladas en
Colombia son destinadas también a ser aplicadas en la región, lo que constituye
una razón más para solidarizarse con el pueblo colombiano -además de las
razones éticas.
TORTURAS: el asesinato de familiares como forma
de tortura
Sobre las torturas hay muchísimo
que denunciar, las aberraciones cometidas contra los presos políticos se
superan en horror unas a otras, y son cometidas al amparo del ostracismo e
invisibilización: por ello la solidaridad con los presos políticos debe
plantearse como una prioridad social. Hay presos que pasan años metidos en
calabozos [3], hay golpizas, humillaciones, torturas físicas y sicológicas; hay
presos empujados a la muerte porque se les niega la asistencia médica [4],
presos ciegos y sin brazos, paralíticos, enfermos terminales que viven una
tortura permanente, al serles negados incluso los medicamentos contra el dolor
y al ser inmersos en patios llenos de paramilitares cuando están totalmente
indefensos. Un caso revelador es el caso del preso político Oscar Elías
Tordecilla, con los brazos amputados, que además devino ciego por la negación
de la debida asistencia médica, y fue encarcelado en situación limite, situado
adrede en una penitenciaría sin presos políticos, en un pabellón lleno de
paramilitares, en violación al dictamen de Medicina legal y al DIH [5].
Igualmente hay varios presos políticos y de guerra que han sufrido el asesinato
de sus familiares porque se han negado a fungir como falsos ‘testigos’ para la
policía en los montajes judiciales contra líderes campesinos, sindicalistas y
activistas sociales. Un caso de este drama es el del preso político Carlos Iván
Peña Orjuela. Carlos Iván ha sido sometido a presión por parte la policía
judicial de la SIJIN para que atestigüe contra líderes campesinos del Magdalena
Medio. Ante su negativa de colaborar en montajes judiciales, la policía
desapareció y asesinó a su hermano menor, luego encarceló bajo montaje judicial
a la familiar que se ocupaba de su hijo y amenazó de asesinar también al niño
de 6 años. El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos denuncia: “fue
presionado para que ‘colaborara’ pues de lo contrario ‘le iba a costar muy
caro’ (...)el agente de la
SIJIN Juan Carlos Celis Torres profirió amenazas de montajes
judiciales en contra de su familia, y amenazó directamente a su hijo diciendo
que ‘de pronto anochecía pero no amanecía’ el niño. Le dio un plazo para
convertirse en otro de los tantos testigos a sueldo que proliferan en el
sistema judicial colombiano.” [6]. Tras las amenazas vinieron mayores crímenes:
“la desaparición forzada y homicidio del hermano menor del detenido político
(...) la captura de María Yolanda Cañón, familiar a cargo de su hijo. El
detenido político procedió a llamar al celular de María Yolanda, quien contestó
fue el agente de la
SIJIN Celis Torres , quien se mofó de él advirtiéndole que si
insistía en su negativa a ‘colaborar’ seguirían (...) En palabras textuales:
‘Yo le dije a usted que colaborara y usted no quiso colaborar y entonces la
fiscalía tenía un paquetico y me tocó ir a capturarla y además por ahí le tengo
otros paqueticos’. El CSPP denuncia las “actuaciones ilegales y vengativas de miembros
de la policía judicial para generar ‘resultados’ que desconocen los derechos
humanos y el derecho internacional humanitario. Prácticas compatibles con las
políticas que han traído como resultado las ejecuciones extrajudiciales
conocidas como ‘falsos
positivos’ y la judicialización masiva de población civil inocente, detenida en
las famosas ‘capturas masivas’”[Ibíd.].
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