Más allá de la dicotomía entre lo público y lo
privado, el Estado empresario.
Por OPSur
Tras 10
años de búsquedas infructuosas, el kirchnerismo parece haber encontrado una
fórmula propia para el manejo del sector hidrocarburífero. La ambigüedad de YPF
-que por momentos pretende emular a su antecesora estatal y por otros asume su
carácter privado, según lo determine la coyuntura- y las expectativas en la
explotación no convencional, delinean la nueva perspectiva gubernamental, cuyo
modelo promueve la exportación de bienes comunes al tiempo que la compatibiliza
con la promoción de una industrialización dependiente y sectores extractivos
(megaminería, complejo agroexportador).
En este
escenario, el acuerdo con Chevron es el primer paso para lograr el
“autoabastecimiento”, necesario a su vez para garantizar la continuidad del
crecimiento macroeconómico y poner fin al abultado drenaje de divisas derivado
de la importación de gas. En simultáneo, y siguiendo el esquema planteado tanto
en la Ley de Soberanía Hidrocarburífera -por la que se expropió el 51% de las
acciones de la empresa a Repsol- como en el Plan Quinquenal de YPF, la
exportación aparece como un objetivo complementario. Cubrir la demanda actual y
exportar, una lógica que no ve a los hidrocarburos por fuera de la ecuación
económica, aunque ahora, se argumente que buena parte de lo producido se
destinaría a infraestructura social y al fortalecimiento del Estado al tiempo
que se genera desarrollo industrial local del sector.
En este
sentido el CEO de YPF, Miguel Galuccio, es contundente: aspira a transformar a
Argentina en potencia petrolera. Es decir, que si las expectativas y las
valorizaciones en torno a los recursos no convencionales se cumplieran,
Argentina se convertiría en un exportador neto de hidrocarburos. La llegada de
más trasnacionales para que se sumen al juego e inyecten capital es, por ende,
central. YPF, el Estado empresario, tendría entonces un rol protagónico en
tanto coordinador del sector, beneficiario de una parte de la renta y mediador
entre los múltiples intereses (principalmente trasnacionales-distintos niveles
estatales, pero también capitales nacionales, locales y demandas comunitarias).
Así, las últimas medidas del
Gobierno Nacional que dirige YPF S.A. no delinean ni una reprivatización de la
empresa, ni la vuelta al neoliberalismo de la década de los 90′; pero, por otro
lado, tampoco garantizan soberanía y autoabastecimiento, como tradicionalmente
fueron entendidos. Es un nuevo formato de acumulación. YPF S.A. no sólo
obtendrá un beneficio, sino que además es el motor y el garante
en el pretendido desarrollo masivo de hidrocarburos no convencionales. Es un juego de beneficios
económicos compartidos que conjuga los intereses del Estado Argentino,
trasnacionales y el Departamento de Estado de EE.UU. –que promueve a nivel
global el desarrollo de los no convencionales. Ganancias que ocasionarán
pasivos que afectarán a los habitantes y de los que el responsable, en última
instancia, será el Estado.
Vaca
Muerta en sentido amplio
Más
allá de las posibilidades reales, la intención de transformar a Argentina de
país con petróleo a país petrolero es un proyecto de larga duración. Objetivo
que necesitará de un Estado rector/inversor que garantice la infraestructura,
el capital humano y la licencia social.
Por
otro lado, convertir al país en una potencia no convencional implica una
modificación integral y radical del mapa hidrocarburífero nacional. Más allá de
Vaca Muerta, se evalúa desarrollar varias cuencas de no convencionales: algunas
se superponen con las ya existentes, otras como la Chacoparanaense y Claromecó,
comprenden territorios que han tenido otros desarrollos productivos. Son varios
los proyectos de expansión territorial sobre los que, en la actualidad, se
evalúa si son técnica y económicamente explotables.
Un
nuevo Estado empresario, que conjuga sus intereses con los del capital privado
trasnacional y las políticas del Departamento de Estado de EE.UU., demostrará
su efectividad en la sesión de la Legislatura neuquina del 28 de agosto. En
paralelo, una movilización en la que confluyen distintos sindicatos,
comunidades mapuches, organizaciones sociales, la Multisectorial contra el
Fracking y la iglesia, denunciará el acuerdo para la explotación de no
convencionales. Con el resultado de esa confrontación habrá terminado otro
round en la disputa por el futuro del fracking en el país.
Buenos
Aires, 27 de agosto de 2013
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