domingo, 16 de diciembre de 2012

Veamos cómo la lucha contra la ciudad para las corporaciones ilumina cuál es el camino de la democratización de los poderes públicos


La resistencia sigue paralizando el Pacto K-PRO

El llamado pacto o megacanje PRO-K, tomó notoriedad con dos paquetes de leyes: uno, el votado el 1° de Noviembre, y el otro, que todavía no ha podido ser tratado pero los temas fueron expuestos por representantes de los bloques que participarían en su aprobación: Frente para la Victoria, Nuevo Encuentro, el Frente Progresista Popular y el PRO.
Las leyes que integran el acuerdo modifican la ciudad a tal punto, que requieren de doble lectura y una audiencia pública para ser aprobadas. El martes 11 de este mes, tuvo lugar la audiencia pública con respecto al primer paquete de leyes: la venta y rezonificación de terrenos en Palermo, Liniers y Caballito para desarrollos inmobiliarios; la venta del Edificio del Plata, que le permitirá al macrismo desarrollar el proyecto del Centro Cívico; la entrega de 37,5 Ha del Parque Roca para una empresa de transporte; y la creación de Centros de Concentración Logística. La cantidad de inscriptos fue record histórico, contando con 1000 personas anotadas para participar en las mismas. Sin embargo, las audiencias pasaron a cuarto intermedio para el día siguiente, debido a que el legislador kirchnerista Juan Cabandié, golpeó a un militante de la organización territorial El Hormiguero en medio de una acalorada discusión.
Al comenzar la audiencia el día posterior, la mayoría de los oradores anunciaron que se había presentado un recurso de amparo ante la Justicia. “El expendiente del mismo es 46460/0, y está a cargo del Juez Scheibler, del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 14 de la Ciudad de Buenos Aires. Dicho recurso solicita que los polémicos proyectos de ley pierdan estado parlamentario. Así, debería convocarse nuevamente a las Audiencias Públicas, respetando, esta vez, que se realicen en las comunas afectadas y no en la Legislatura, en horario vespertino para que pueda concurrir la mayor cantidad de vecinos posible y anunciadas con 30 días de anticipación” comentaba Jonatan Valdivieso, del Colectivo por la Igualdad (Partido Social), que forma parte, junto con otras organizaciones como el Frente Popular Darío Santillán y el Frente de Organizaciones en Lucha, del espacio “Es Nuestra la Ciudad”.“Las organizaciones que quieran, pueden ayudar presentándose al expediente”, dijo Jonatan. Ahora, la justicia pidió a la Legislatura las versiones taquigráficas de las audiencias, que cuenten cómo se publicitaron, cantidad de inscriptos y cantidad de participantes. El tiempo para presentar estos datos se dio hasta el martes 18, a las 11 hs.
El principal beneficiario de los proyectos en cuestión resulta ser Eduardo Elsztain. Mediante IRSA, el mayor grupo inmobiliario del país, se encargará de los emprendimientos de lujo que se diseminarán por una ciudad con un gran déficit habitacional. Por otro lado, mediante el Banco Hipotecario (también de su propiedad), otorgará los créditos del plan Pro.Cre.Ar, a desarrollarse en los terrenos ferroviarios que intentan rezonificar en Barracas y Pompeya. “La crítica se centra en el negocio de la especulación inmobiliaria, un modelo que sigue acrecentando las diferencias entre pobres y ricos, que construye torres al lado de villas que luchan por su urbanización. Para graficar esto, recordemos el episodio del pasado 6 de diciembre, cuando el Shopping DOT comenzó a desagotar el excedente agua, producto de las fuertes lluvias, sobre la Villa Mitre, en Saavedra. Eso es IRSA. Y para peor, con la prensa masiva de su lado diciendo que los vecinos había provocado un saqueo. Tienen de su lado a la prensa y al poder político. Pero con la movilización los vamos a frenar”, fueron las palabras de Carlos Fernández, del Frente de Organizaciones en Lucha.
La movilización del jueves 13 no es la primera que se realiza en contra del pacto PRO-K. En la edición anterior, hubo que lamentar una situación represiva en las puertas de las oficinas de IRSA. Sin embargo, se logró el objetivo y las polémicas leyes no fueron tratadas. Al fin de la semana pasada, y luego de las cuestionadas audiencias públicas, se movilizaron aproximadamente 400 personas, y logró frenarse, nuevamente, el tratamiento de las leyes. El hecho se produjo en un contexto para nada soslayable.La criminalización de la protesta se hizo presente un día atrás, cuando el Secretario de Seguridad, Sergio Berni, acusó en varias oportunidades a militantes y organizaciones políticas por la manifestación en la Casa de Tucumán, en el marco del repudio al fallo por la causa de Marita Verón. En este caso, la movilización terminó siendo fuertemente reprimida.
Este jueves, ya desde muy temprano, varios efectivos policiales se apostaron en la zona de concentración: Av. de Mayo y 9 de Julio. En relación a esto, Marina, militante del Frente Cultural Raymundo Gleyzer, afirmó que “los dos (gobiernos) están beneficiando el negocio inmobiliario, por eso están dispuestos a poner la fuerza policial”. A su vez, marcó el “retroceso” que estas leyes implican para los sectores más desfavorecidos de la ciudad y resaltó los cortocircuitos entre la dirigencia kirchnerista y ciertos sectores de su militancia: “Lo que eso expresa son las contradicciones y las limitaciones estructurales que tiene el kirchnerismo como fuerza política, que tiene en su seno organizaciones de profundas raíces populares y, a su vez, tiene representaciones de los sectores más conservadores”.
Por su parte, Ricardo, delegado del Barrio Rodrigo Bueno declaró que seguirán esta lucha “hasta las últimas consecuencias” y afirmó que el principal objetivo de esta pelea es la urbanización del lugar en el que viven. Observó también que este pacto entre las dos fuerzas políticas previamente mencionadas tiene como fin “proteger a corporaciones internacionales, que tienen mucho impacto dentro de los partidos políticos”.
Por último, Alejandro Bodart, diputado de la ciudad por el MST en Proyecto Sur, remarcó la gran resistencia que este paquete de leyes ha generado, y afirmó que éste no solamente beneficia a empresas como IRSA, sino que “al mismo tiempo, terminan perjudicando a algunos sectores sociales, que se van a empezar a movilizar: la gente les está diciendo en la cara lo que opina”. Además, agregó con cierto toque de ironía su visión sobre el accionar del Parlamento porteño: “La Legislatura, que se supone que tendría que votar a favor de los vecinos, en general se tiene que proteger de la gente, porque la mayoría de las cosas que vota es contra la gente”.A su vez, puso énfasis en señalar que este tipo de pactos en la Legislatura no son algo nuevo: “La gente tal vez no tenía conciencia de esto, está tomando conciencia ahora. El año pasado el kirchnerismo votó el presupuesto de Macri también, que es la ´ley de leyes´, es todo lo que hizo durante el año el macrismo, (que) se lo facilitó el kirchnerismo”. Finalizó apuntando uno de sus objetivos de cara a este escenario: “Es parte de la democratización de la democracia que se sepa ´quién es quién´ acá adentro”.
En cuanto al futuro del tratamiento de las leyes que conforman el pacto PRO-K, se especula con que el 20 de este mes se trate en sesión extraordinaria lo relacionado a vivienda (todas las leyes o sólo las del segundo paquete, dependiendo de cuál sea la resolución de la justicia en cuanto a la audiencias denunciadas). Lo que puede analizarse como positivo, es que, al ser sesión extraordinaria, debe convocarse con 2 días de anticipación y orden del día ya armada, con lo cual se habría terminado una etapa de estar a la espera de la labor legislativa para saber si se van a tratar en cada sesión estas leyes que tanto rechazo popular han generado.
En una semana con varias movilizaciones (19 de diciembre el paro convocado por la CTA y la CGT, el 20 con un nuevo aniversario de la rebelión popular del 2001), se sabrá ya el martes 18 si el jueves 20 se incluirá en el itinerario a la Legislatura Porteña.
Fuent
e:
http://www.anred.org/spip.php?article5659

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