“Un país, dos realidades y un Estado mundo”
Por Darío Aranda (ODHPI)
Convocado para abordar la situación de los pueblos
originarios, ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado
argentino reivindicó la política oficial para los pueblos indígenas y no
respondió a las preguntas del organismo continental. Organizaciones de derechos
humanos denunciaron la criminalización y represión del Estado y del modelo
extractivo.
“El Estado ha
tomado nota y con mucho gusto responderemos por escrito previa consulta a las
autoridades competentes”. Fue el inesperado cierre (cuando en realidad debía
responder preguntas), del representante del Estado argentino en la audiencia
ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se
expuso la situación de los pueblos indígenas de Argentina. La audiencia había
sido solicitada por organizaciones de derechos humanos y comunidades indígenas,
que denunciaron el incumplimiento de la legislación indígenas, la
criminilización y represión, y el avance de empresas mineras, petroleras,
forestales y del monocultivo de soja.
“Pese a la
obligación del Estado de proteger los territorios indígenas, siguen los
desalojos. Hay numerosos casos en Tucumán afectados por vitivinícolas y
mineras, veinte casos en Neuquén por petroleras, hay graves impactos por los
desmontes, por ejemplo en Salta. Esta falta de definición de los derechos
territoriales indígenas, y la lucha por el territorio, deriva en graves sucesos
de violencia como en Neuquén, Tucumán y Formosa. Existen graves represiones,
con indígenas seriamente heridos y asesinados”, denunció Silvina Zimerman, del
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y señaló la “paradójica
situación” que se vive en Argentina, donde las comunidades indígenas son
perseguidas “acusadas por usurpación de sus propias tierras”.
La CIDH convocó a
la audiencia especial, el 23 de marzo pasado en Estados Unidos, a pedido de
(además del CELS) las ONG Abogados y abogadas del Noroeste argentino en
Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) y el Observatorio de Derechos
Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi). En el marco del 144 período ordinario de
sesiones, el tema era: “Situación de los derechos humanos de los pueblos
indígenas en Argentina”.
Zimerman fue la
primera oradora por parte de los solicitantes de la audiencia. Remarcó
que, en los dos últimos años, tres comités de Naciones Unidas y la Oficina
sobre Derechos a una Vivienda Adecuada llamaron la atención al Estado argentino
y solicitaron que “revierta una patrón por el cual muchas comunidades indígenas
no cuentan con títulos de propiedad, no saben qué territorios les pertenece, no
pueden gozar de sus recursos naturales y no son consultadas cuando se toman
medidas que los afecta”.
“Están siendo
desalojadas de sus territorios y cuando desarrollan estrategias de defensa
sufren criminalización y, en algunos casos, graves episodios de violencia”, resumió.
El CELS remarcó el
incumplimiento de la legislación referida a pueblos indígenas. Ejemplificó con
la Ley 26160, que debiera suspender los desalojos y realizar un relevamiento
territorial. “Su implementación ha sido completamente deficiente”, afirmó
Zimerman, y detalló que, a mayo de 2011, se habían vencido siente convenios con
Provincias para realizar relevamientos, tres provinciasse niegan a realizar el
relevamiento y, en Catamarca (donde Nación se hizo cargo del censo catastral),
no se delimitó el territorio de ninguna comunidad.
Recordó que en
Neuquén y Río Negro hay 300 mapuches “imputados y perseguidos” por defender el
territorio y remarcó que “la actitud del Estado argentino queda evidenciada en
el hecho que no está participando de esta audiencia la principal autoridad
nacional, el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas)”.
Felix Díaz, de la
comunidad qom Potae Napocna Navagoh (La Primavera) de Formosa, recordó que
tenían “buena vida” cuando contaban con el territorio, pero sus males comenzaron
cuando se “privatizaron los campos, que ahora están en manos de quienes sólo le
interesa la actividad económica”.
Díaz responsabilizó
a “los gobiernos y las empresas” por la situación de los pueblos originarios.
“La política del Estado ha justificado el despojo de tierras con muchas leyes.
Nos confunde, la mayoría somos analfabetos, nos hace desesperar (…) Cuando se
crean las cuestiones burocráticas, se ha legalizado la muerte de los
indígenas”, explicó el líder qom.
Aún no habían
pasado los veinte minutos asignados para hablar a las organizaciones, y las
denuncias se acumulaban. El pequeño salón, lugar de la audiencia, ubicaba a los
comisionados de la CIDH en el centro. A la izquierda, los organismos de
derechos humanos y Díaz. A la derecha, los funcionarios del gobierno argentino.
Verónica Huilipan,
con doble representación (Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas
y vocera de la
Confederación Mapuche de Neuquén), comenzó su exposición en
idioma mapuche. “Nos encontramos ante una situación de tremenda violación de
los derechos humanos de los pueblos indígenas en Argentina”, aseguró y acusó al
Estado de enfocar la realidad de las comunidades como una situación de pobreza
y no de derechos.
Precisó que desde
2006, cuando se sancionó la Ley 26160, se agravó la criminalización de quienes
defienden el territorio. “Ya tenemos que contar muertes de hermanos”, lamentó y
denunció al INAI por “dejar desprotegidas a las comunidades”.
Explicó que el
movimiento indígena tiene propuestas concretas de políticas públicas que
superen la situación actual, pero lamentó que no exista diálogo político entre
el Gobierno y los pueblos originarios. Solicitó a la CIDH que contribuya a la
conformación de un mesa de diálogo político que permita superar la situación de
criminalización y represión.
“Los últimos 15
años se ha agravado el despojo territorial. El norte del país, sobre todo NEA y
NOA, padecen una crisis humanitaria”, finalizó.
Otra Argentina
Los representantes
del Estado también contaron con veinte minutos para exponer.
Javier Salgado, de
la Cancillería argentina, comenzó con una aclaración: “El Estado no va a
formular observaciones específicas, sino generales, que abarcará en perspectiva
la situación de los pueblos indígenas en Argentina”.
Mencionó la reforma
constitucional de 1994 (que reconoce los derechos indígenas) y aplicó un
argumento conocido: “Luego de una década de política neoliberal, donde no
estuvieron en agenda las comunidades indígenas, a partir de 2003 se gesta un
proceso de efectiva ejecuciones de las obligaciones internacionales del Estado
en materia indígena”. Fue muy breve y dio paso a Andrea Gualde, funcionaria de
la Secretaría de Derechos Humanos, que –ante la sorpresa de los presentes–,
comenzó a leer un informe.
Afirmó que hubo
avances en tres aspectos: identidad, tierras y acceso a la Justicia. Y destacó
que el actual Gobierno sancionó “tres leyes fundamentales” para los pueblos
indígenas: Ley 26206 (de Educación Nacional) que “establece la educación
intercultural bilingüe”, la 26522 (de Servicios
de Comunicación Audiovisual) que, remarcó Gualde, “reserva frecuencias de radio
AM y FM, y de televisión” para las comunidades.
Y la Ley 26160. En
contraposición con los expositores que le antecedieron, la representante del
gobierno argentino destacó que fueron “relevadas 305
comunidades, siete provincias finalizadas, 3.270.403 hectáreas ”.
“Se han realizado
acciones positivas encontrándose en la actualidad la instrumentación de títulos
comunitarios en 4.500.000
hectáreas en todo el país”, señaló y, respecto al acceso
a la Justicia, precisó que el INAI realizó un “esfuerzo presupuestario de 8,5
millones de pesos” en un programa permanente de abogados, agrimensores y
antropólogos que han elaborado “26 proyectos que benefician a 429 comunidades”
(no precisó qué proyectos).
“Para dar una idea
de la importancia en la agenda pública, la Presidenta en la primera sesión del
Congreso de este año anunció la incorporación de la propiedad indígena en la
propuesta de modificación del Código Civil argentino”, recordó Andrea Gualde y,
siempre leyendo el discurso, aseguró que “a partir de 2003, el gobierno
nacional asumió como política de Estado no sólo la consulta a los pueblos
indígenas en todos los intereses que los afecten sino también en la
construcción conjunta de políticas públicas en relación a la instrumentación
del reconocimiento de las tierras que tradicionalmente ocupan”.
La funcionaria
habló durante poco más de diez minutos. Siempre leyó el informe. Sólo levantaba
la vista de las hojas cuando hacía pausas en la lectura, miraba a los
representantes de la CIDH, y volvía a sumergirse en las hojas A4.
Preguntas
Los comisionados de
la CIDH hicieron consultas:
-¿Efectivamente se
está cumpliendo el Convenio 169 de la OIT en lo que respecta a la consulta
previa para todo proyecto que afecte a las comunidades indígenas?
-¿Existe
reglamentación en Argentina para llevar a cabo la consulta previa a las
comunidades?
-¿Cómo se explican
los desalojos forzosos a pesar de las leyes vigentes (que los prohíben)?
-¿Cómo hay una
disparidad tan marcada entre la Argentina que ustedes señalan y la Argentina
que ellos viven? (Preguntaron mirando al sector del Estado).
-¿Qué ocurre que
“estas medidas” (las leídas por el Estado) no llegan a beneficiar a las
comunidad y aún existe criminalización y persecuciones?
-¿Por qué no
llegaron todas las provincias a cumplir con la Ley de Emergencia 26.160? (el
Estado había afirmado que, a seis años de sancionada, sólo en siete provincias
se había finalizado el relevamiento catastral)
-¿Qué mecanismo
falta para que los pueblos indígenas puedan disfrutar de los efectos de la Ley
26.160?
La CIDH otorgó
cinco minutos a cada representación.
Respuestas
Verónica Huilipan
graficó lo que se estaba viviendo en la audiencia: “Ponemos en evidencia dos
países distintos. Esta situación muestra el vacío de la política pública, sino
no tendríamos el nivel de criminalización, violencia y asesinatos por defender
el territorio”.
Explicó que el
derecho a la consulta del Convenio 169 no está reglamentado. “Por eso las
extractivas están generando un proceso de violación de territorios
tremendamente fuertes. Mineras, petroleras, forestaciones, monocultivo de soja,
están generando expulsiones tremendamente violentas de norte a sur del país, de
este a oeste”.
Silvina Zimerman,
del CELS, confirmó que el derecho a la consulta no está reglamentado, pero
subrayó que en la práctica igual se podría poner en marcha. También afirmó que
“en ningún caso (de Argentina) se pone en práctica el derecho a la consulta” a
las comunidades indígenas. Incluso remarcó que el anuncio de la Presidenta en
el Congreso (respecto al proyecto de ley para modificar el Código Civil e
incorporar la propiedad comunitaria indígena) tampoco “fue consultado con
ninguna comunidad”.
Reconoció que el
Estado argentino es pionero en la sanción de leyes y reconocimiento de
derechos, pero al mismo tiempo no los cumple. Cerró su discurso con otra
característica de las políticas públicas para los pueblos originarios:
modificar algo, para no cambiar nada. “Es curioso, la 26160 releva los
territorios pero no garantiza títulos de propiedad”, lamentó.
Silencio
Javier Salgado, de
Cancillería, explicó que habían tomado nota de todas las consultas, prometió
que consultarían a las “autoridades competentes” y que responderían por
escrito.
Aunque le sobraban
más de cuatro minutos, no respondió ninguna consulta. Tampoco la funcionaria de
la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, Andrea Gualde.
Los comisionados de
la CIDH, que moderaban la audiencia, miraron sorprendidos. Y, ante el silencio
del Estado, dieron por finalizada la jornada.
Fuente original: http://odhpi.org/2012/03/audiencia-en-la-cidh/
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=147124
No hay comentarios:
Publicar un comentario