UNASUR y su Centro de Estudios Estratégicos de la Defensa (CEED): ¿Rumbean a favor o en contra de los pueblos? X Elena Cedrón
Indaguemos posibles respuestas analizando sus planes y puestas en práctica (también los de países integrantes) mediante noticias y notas. Comencemos por la más reciente constitución de “la Junta de Defensa de la Unasur, el organismo que velará por la defensa territorial de todos los países de Sudamérica. La presidenta Cristina Fernández se encargó de advertir sobre la importancia de este foro, conformado por los ministros de Defensa de la región, en un tiempo que ya tiene como principal hipótesis de conflicto la puja por los recursos naturales. “Tenemos que crear un sistema de defensa que tenga como objetivos estratégicos la defensa de los recursos naturales. No debemos olvidarnos que Sudamérica tiene más del 20% de las reservas mundiales de agua potable, cuantiosas reservas de gas y mucho espacio cultivable”, recordó Cristina”. Leer
Martín Piqué continúa: “Cristina estuvo acompañada por buena parte de su gabinete, como también por los dos representantes de la Unasur que se turnarán en la secretaría general del bloque: la colombiana María Emma Mejía, actualmente en el cargo, y el venezolano Alí Rodríguez, quien la sucederá en 2012”. Es decir, ya desde la secretaría general del bloque se establece la conciliación entre procesos antagónicos e incompatibles. María Emma Mejía pertenece al gobierno que encabeza la apropiación y control militar de territorios sudamericanos por Estados Unidos y Alí Rodríguez forma parte del gobierno que declara estar construyendo el socialismo del siglo XXI.
¿Qué tienen en común países con distinta intensidad del Estado terrorista y países conocidos como progresistas? Todos los países miembros de Unasur se estructuran en base al modelo extractivo-exportador que convierte la Naturaleza en commodities para su utilización, a escala global, por los oligopolios imperialistas. El dominio externo e interno de estos últimos vuelve mentirosas las afirmaciones de inclusión social, soberanía nacional y democracia que sostienen tanto UNASUR como sus estados integrantes.
Disputas por territorios y modelo extractivo
Si estamos “en un tiempo que ya tiene como principal hipótesis de conflicto la puja por los recursos naturales”, situémonos en que la verdadera disputa por territorios se da entre diversidad de organizaciones de los de abajo y la alianza de las transnacionales con gobiernos-Estados tendientes a constituirse en plutocracias como Argentina, Brasil o con los gobiernos de Evo Morales, Correa y Chávez que confían en el poder distributivo como salida al empobrecimiento extremo de las grandes mayorías. Lo último es falso porque el modelo extractivo-exportador agrava la desigualdad e injusticia social al acumular riquezas y poder en los grandes capitales mediante total desposesión a los pueblos y sus componentes.
David Harvey nos advierte sobre la gravedad de las actuales destrucciones socioecológicas, socioeconómicas, socioculturales y los ecocidios-etnocidios. Señala: “También han aparecido mecanismos completamente nuevos de acumulación por desposesión. El énfasis en los derechos de propiedad intelectual en las negociaciones de la OMC (el denominado acuerdo TRIPS*) marca los caminos a través de los cuales las patentes y licencias de materiales genéticos, plasma de semillas, y cualquier forma de otros productos, pueden ser usadas contra poblaciones enteras cuyas prácticas de manejo ambiental han jugado un papel crucial en el desarrollo de estos materiales. La biopiratería es galopante, y el pillaje del stock mundial de recursos genéticos en beneficio de unas pocas grandes empresas multinacionales está claramente en marcha. La reciente depredación de los bienes ambientales globales (tierra, aire, agua) y la proliferación de la degradación ambiental, que impide cualquier cosa menos los modos capital-intensivos de producción agrícola, han resultado de la total transformación de la naturaleza en mercancía. La mercantilización de las formas culturales, las historias y la creatividad intelectual supone la total desposesión –la industria de la música se destaca por la apropiación y explotación de la cultura y la creatividad populares. La corporativización y privatización de activos previamente públicos (como las universidades), por no mencionar la ola de privatización del agua y otros servicios públicos que ha arrasado el mundo, constituye una nueva ola de ‘cercamiento de los bienes comunes’. Como en el pasado, el poder del estado es usado frecuentemente para forzar estos procesos, incluso en contra de la voluntad popular. Como también sucedió en el pasado, estos procesos de desposesión están provocando amplia resistencia, de esto se trata el movimiento antiglobalización. La vuelta al dominio privado de derechos de propiedad común ganados a través de la lucha de clases del pasado (el derecho a una pensión estatal, al bienestar, o al sistema de salud nacional) ha sido una de las políticas de desposesión más egregias llevadas a cabo en nombre de la ortodoxia neoliberal”. Leer
Comprobemos cómo avanza ese ataque a los bienes comunes. El 30 de mayo de este año, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y La Vía Campesina Sudamérica declaran: “La aprobación en Chile, días pasados, de la Ley de Obtentores de Semillas, a través de la cual se patentarán no solo las semillas, sino que afectará a todo tipo de vegetales, permitiendo, a la vez, ingresar al mercado los productos transgénicos, legitima el despojo a las comunidades campesinas e indígenas y violenta la soberanía alimentaria con un golpe fatal. Consideramos esto como un grave atropello legislativo y un retroceso para nuestros países porque se traduce en una amenaza latente que puede alcanzar a toda la región, conocida mundialmente por su carácter agroexportador de materias primas y producción transgénica, que no reporta beneficio alguno para la población y sólo perpetra crímenes continuos contra la biodiversidad.
Esta ley aprobada en el Congreso chileno favorece solamente a las multinacionales como Monsanto y otras, que lucran con el patrimonio y la riqueza genética de los pueblos. Con la privatización de las semillas, se crean condiciones en el país andino para extender los cultivos transgénicos y el uso indiscriminado de agrotóxicos, con todos los efectos que esto entraña: más violación de derechos campesinos, más daño irreversible contra la Madre Tierra. Es resultado de las discusiones que se desarrollan en el marco de la UPOV 91, la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, organismo intergubernamental de la que Paraguay también forma parte desde 1997. Hoy es Chile; mañana, distraídamente, el Congreso paraguayo podría emular a sus colegas andinos en esta coyuntura desfavorable de confrontación de intereses. (…)
Que en esta semana dedicada a nuestras semillas nativas y criollas no olvidemos que existe una propuesta elaborada por los movimientos campesinos e indígenas, el proyecto de ley de protección y defensa de semillas nativas y criollas del Paraguay, que será impulsada por el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) en instancias del Congreso Nacional, bajo el riesgo de la indiferencia de quienes debieran anteponer los intereses colectivos a los individuales.
¡Las semillas campesinas son dignidad, cultura y vida!
¡Por la tierra y la soberanía de nuestros pueblos! ¡América lucha!”. Leer
A su vez, el Boletín N° 426 de la Red por una América Latina Libre de Transgénicos (RALLT) se refiere a que, “en Argentina, la empresa Monsanto está obligando a los agricultores que quieren usar sus nuevas variedades de soya transgénica (que tienen genes apilados que le otorgan tanto resistencia a insectos como a herbicidas- RR2BT-), a firmar un contrato que le significará mayores ingresos para la transnacional. A más de las regalías que pagan los agricultores al momento de comprar una semilla, los agricultores deben pagar un ‘impuesto tecnológico’, que se paga por el producto de la cosecha. Monsanto impone además otras condiciones a los agricultores, como:
·Adoptar el paquete tecnológico de Monsanto junto con las semillas.
·Solamente podrán hacer uso de estas tecnologías las personas jurídicas y o físicas que hallan optado por este sistema (acuerdo privado) y lo cumplan.
·Comercializar el grano obtenido con aquellos exportadores o elevadores participantes del Sistema.
·Habrá una extensión de la propiedad intelectual más allá de la semilla, extendiéndose al control sobre la comercialización de lo producido.
·Utilizar las tecnologías BTRR2 o georeferenciar conjuntamente con Monsanto, los exportadores y elevadores del sistema los lotes del productor durante la siembra de la soja y las semillas a comercialización.
·Busca controlar el proceso productivo y a convertir al agricultor en inquilino de Monsanto.
·Podrá pagar la tecnología en el momento de comprar la bolsa, al declarar el uso propio para la siembra o al comercializar el grano en el punto de entrega.
·Cuando no se ha pagado la regalía, ésta será entregada al momento entrega de los granos al exportador/ elevador, que debe ser obligatoriamente participante del sistema, y remitido al proveedor.
La Cámara de Diputados de Argentina hizo condena al contrato”. Leer
Agua y energía
Norma Giarracca y Miguel Teubal definen: “un aspecto importante de la acumulación por desposesión está relacionado con lo que denominamos en este artículo el modelo extractivo, constitutivo de la misma. Se trata de un modelo vinculado con los recursos naturales y que impulsan, con gran ahínco, grandes empresas transnacionales que dominan sectores clave de la producción y tecnologías utilizadas en estos procesos. Si bien constituye un modelo remitido originalmente a la extracción de minerales –potenciado en años recientes por la «minería a cielo abierto»– también tiene que ver con la extracción de petróleo y con cierto tipo de agricultura como el modelo sojero y otros identificados como «agronegocios»”. Leer
Tanto la megaminería a cielo abierto como los monocultivos y pasteras de los agronegocios consumen enormes volúmenes de agua quitándosela a las comunidades locales y la contaminan arrasando ecosistemas acuáticos y enfermando las poblaciones. La megaminería a cielo abierto demuele montañas con lo que desintegra la Cordillera de los Andes con sus biodiversidades, su sistema de glaciares-periglaciares y la gran mayoría de las cuencas hidrográficas de Argentina que se originan en ese gigantesco ecosistema. También la superexplotación hidrocarburíferas compite ‘deslealmente’ por el agua con las poblaciones. En fin, la IIRSA arruina los ecosistemas acuáticos y el ciclo del agua al implicar enormes hidroeléctricas para satisfacer a las transnacionales mineras y la hidrovía Paraná-Paraguay para las pocas corporaciones que acaparan, se benefician de la agroexportación.
IIRSA y UNASUR
El 21 de agosto de 2009 se informa: La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) creará una división para coordinar la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). El Plan de Acción Estratégico 2012-2022 para IIRSA/COSIPLAN / UNASUR fue diseñado con miras a impulsar los proyectos de IIRSA que están demorando más tiempo en desarrollarse, especialmente por razones políticas y financieras.
Otra noticia: durante todo el año 2010 y el presente la USI-DRNI ha recibido como parte de su plan de asesoría técnica, entre otras, una solicitud de la Presidencia Pro-Témpore de la mencionada Iniciativa para la elaboración de un Plan de Acción Estratégico. La División de Recursos Naturales mediante la Unidad de Servicios de Infraestructura (USI), ha venido realizando una serie de actividades de asistencia técnica y cooperación para la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) en el marco de su nuevo rol como Foro Técnico del Consejo Suramericano de Ministros de Infraestructura y Planificación (COSIPLAN) de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Leer
Entonces, preguntémonos: ¿en qué consiste IIRSA? El 13 de junio de 2006 Raúl Zibechi nos aclara:“El 31 de agosto y el 1 de septiembre de 2000, durante la reunión de presidentes sudamericanos realizada en Brasilia a instancias del presidente Fernando Henrique Cardoso, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó la propuesta «Plan de Acción para la Integración de la Infraestructura de Sudamérica». Fue, de hecho, el lanzamiento de la IIRSA, un ambicioso plan para la ejecución de proyectos físicos y cambios en las legislaciones, normas y reglamentos nacionales para facilitar el comercio regional y global.
El proyecto IIRSA es un proceso multisectorial que pretende desarrollar e integrar las infraestructuras de transporte, energía y telecomunicaciones en diez años. Se trata de organizar el espacio geográfico en base al desarrollo de una infraestructura física de transporte terrestre, aéreo y fluvial; de oleoductos, gasoductos, hidrovías, puertos marítimos y fluviales y tendidos eléctricos y de fibra óptica, entre los más destacados. Esas obras se materializarán en doce ejes de integración y desarrollo, corredores que concentrarán las inversiones para incrementar el comercio y crear cadenas productivas conectadas con los mercados mundiales”.
El financiamiento del proyecto IIRSA se puso a cargo del BID, la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA), además de los importantes aportes del brasileño Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social
Raúl Zibechi termina reflexionando:“La IIRSA aparece estrechamente vinculada al ALCA, al punto que puede decirse que son dos caras de una misma moneda. El ALCA determina lo jurídico administrativo en forma más concreta y la IIRSA la infraestructura. Y ambos aparecen ligados a un proyecto más vasto del que forma parte también el Plan Puebla-Panamá.
Sin embargo, la IIRSA tiene una particularidad: es un tipo de integración nacida en el Sur, gestionada en gran medida por las elites del Sur, pero que beneficia a los sectores mejor insertos en el mercado internacional. El énfasis en las obras de infraestructura aparece vinculado a la necesidad de los mercados mundiales de conseguir un flujo sostenido y en aumento constante de las exportaciones de materias primas y recursos naturales. Y hacerlo de modo ‘competitivo’, o sea reduciendo los costos. Es evidente que este tipo de desarrollo generará más pobreza y mayores desigualdades, aumentará la concentración de la riqueza a escala local y global y tendrá profundos impactos ambientales. Entre otras consecuencias negativas, la deuda externa de los países de la región seguirá creciendo y la sobreexplotación de los recursos puede llevar a que en algunas décadas los países que cuentan con petróleo o gas como su principal riqueza, acaben por agotarla sin haber obtenido ninguna ventaja.
Por último, y éste es uno de los aspectos más preocupantes de la IIRSA, la forma como se está implementando es muy grave, ya que los proyectos se están llevando adelante en silencio. Así como en todo el continente hay un amplio debate sobre el ALCA y los TLC, los proyectos vinculados a la IIRSA se vienen realizando sin participación de las sociedades civiles ni de los movimientos sociales, sin información por parte de los gobiernos. Este estilo induce a pensar que se busca evitar el debate. En paralelo, se están construyendo los proyectos en partes para más tarde enlazarlos, lo que impide la vigilancia y control de las poblaciones afectadas y facilita que se burlen las leyes ambientales. Formalmente, la IIRSA nació en el año 2000, pero buena parte de los proyectos vienen de los años 90. El aspecto más perturbador es si la creación de esta enorme red de infraestructura no conseguirá, finalmente, imponer los mismos objetivos del ALCA pero sin ese nombre, sin debate, de modo vertical por parte de los mercados y las elites. Si esto fuera así, tal vez en unas décadas se haya consumado, de forma invisible, un gigantesco proyecto que remodela todo el continente y afecta a todos sus habitantes. Porque las elites saben, como lo muestra la experiencia reciente, que un debate abierto de sus planes, los condena al fracaso”. Leer
Indaguemos posibles respuestas analizando sus planes y puestas en práctica (también los de países integrantes) mediante noticias y notas. Comencemos por la más reciente constitución de “la Junta de Defensa de la Unasur, el organismo que velará por la defensa territorial de todos los países de Sudamérica. La presidenta Cristina Fernández se encargó de advertir sobre la importancia de este foro, conformado por los ministros de Defensa de la región, en un tiempo que ya tiene como principal hipótesis de conflicto la puja por los recursos naturales. “Tenemos que crear un sistema de defensa que tenga como objetivos estratégicos la defensa de los recursos naturales. No debemos olvidarnos que Sudamérica tiene más del 20% de las reservas mundiales de agua potable, cuantiosas reservas de gas y mucho espacio cultivable”, recordó Cristina”. Leer
Martín Piqué continúa: “Cristina estuvo acompañada por buena parte de su gabinete, como también por los dos representantes de la Unasur que se turnarán en la secretaría general del bloque: la colombiana María Emma Mejía, actualmente en el cargo, y el venezolano Alí Rodríguez, quien la sucederá en 2012”. Es decir, ya desde la secretaría general del bloque se establece la conciliación entre procesos antagónicos e incompatibles. María Emma Mejía pertenece al gobierno que encabeza la apropiación y control militar de territorios sudamericanos por Estados Unidos y Alí Rodríguez forma parte del gobierno que declara estar construyendo el socialismo del siglo XXI.
¿Qué tienen en común países con distinta intensidad del Estado terrorista y países conocidos como progresistas? Todos los países miembros de Unasur se estructuran en base al modelo extractivo-exportador que convierte la Naturaleza en commodities para su utilización, a escala global, por los oligopolios imperialistas. El dominio externo e interno de estos últimos vuelve mentirosas las afirmaciones de inclusión social, soberanía nacional y democracia que sostienen tanto UNASUR como sus estados integrantes.
Disputas por territorios y modelo extractivo
Si estamos “en un tiempo que ya tiene como principal hipótesis de conflicto la puja por los recursos naturales”, situémonos en que la verdadera disputa por territorios se da entre diversidad de organizaciones de los de abajo y la alianza de las transnacionales con gobiernos-Estados tendientes a constituirse en plutocracias como Argentina, Brasil o con los gobiernos de Evo Morales, Correa y Chávez que confían en el poder distributivo como salida al empobrecimiento extremo de las grandes mayorías. Lo último es falso porque el modelo extractivo-exportador agrava la desigualdad e injusticia social al acumular riquezas y poder en los grandes capitales mediante total desposesión a los pueblos y sus componentes.
David Harvey nos advierte sobre la gravedad de las actuales destrucciones socioecológicas, socioeconómicas, socioculturales y los ecocidios-etnocidios. Señala: “También han aparecido mecanismos completamente nuevos de acumulación por desposesión. El énfasis en los derechos de propiedad intelectual en las negociaciones de la OMC (el denominado acuerdo TRIPS*) marca los caminos a través de los cuales las patentes y licencias de materiales genéticos, plasma de semillas, y cualquier forma de otros productos, pueden ser usadas contra poblaciones enteras cuyas prácticas de manejo ambiental han jugado un papel crucial en el desarrollo de estos materiales. La biopiratería es galopante, y el pillaje del stock mundial de recursos genéticos en beneficio de unas pocas grandes empresas multinacionales está claramente en marcha. La reciente depredación de los bienes ambientales globales (tierra, aire, agua) y la proliferación de la degradación ambiental, que impide cualquier cosa menos los modos capital-intensivos de producción agrícola, han resultado de la total transformación de la naturaleza en mercancía. La mercantilización de las formas culturales, las historias y la creatividad intelectual supone la total desposesión –la industria de la música se destaca por la apropiación y explotación de la cultura y la creatividad populares. La corporativización y privatización de activos previamente públicos (como las universidades), por no mencionar la ola de privatización del agua y otros servicios públicos que ha arrasado el mundo, constituye una nueva ola de ‘cercamiento de los bienes comunes’. Como en el pasado, el poder del estado es usado frecuentemente para forzar estos procesos, incluso en contra de la voluntad popular. Como también sucedió en el pasado, estos procesos de desposesión están provocando amplia resistencia, de esto se trata el movimiento antiglobalización. La vuelta al dominio privado de derechos de propiedad común ganados a través de la lucha de clases del pasado (el derecho a una pensión estatal, al bienestar, o al sistema de salud nacional) ha sido una de las políticas de desposesión más egregias llevadas a cabo en nombre de la ortodoxia neoliberal”. Leer
Comprobemos cómo avanza ese ataque a los bienes comunes. El 30 de mayo de este año, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y La Vía Campesina Sudamérica declaran: “La aprobación en Chile, días pasados, de la Ley de Obtentores de Semillas, a través de la cual se patentarán no solo las semillas, sino que afectará a todo tipo de vegetales, permitiendo, a la vez, ingresar al mercado los productos transgénicos, legitima el despojo a las comunidades campesinas e indígenas y violenta la soberanía alimentaria con un golpe fatal. Consideramos esto como un grave atropello legislativo y un retroceso para nuestros países porque se traduce en una amenaza latente que puede alcanzar a toda la región, conocida mundialmente por su carácter agroexportador de materias primas y producción transgénica, que no reporta beneficio alguno para la población y sólo perpetra crímenes continuos contra la biodiversidad.
Esta ley aprobada en el Congreso chileno favorece solamente a las multinacionales como Monsanto y otras, que lucran con el patrimonio y la riqueza genética de los pueblos. Con la privatización de las semillas, se crean condiciones en el país andino para extender los cultivos transgénicos y el uso indiscriminado de agrotóxicos, con todos los efectos que esto entraña: más violación de derechos campesinos, más daño irreversible contra la Madre Tierra. Es resultado de las discusiones que se desarrollan en el marco de la UPOV 91, la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, organismo intergubernamental de la que Paraguay también forma parte desde 1997. Hoy es Chile; mañana, distraídamente, el Congreso paraguayo podría emular a sus colegas andinos en esta coyuntura desfavorable de confrontación de intereses. (…)
Que en esta semana dedicada a nuestras semillas nativas y criollas no olvidemos que existe una propuesta elaborada por los movimientos campesinos e indígenas, el proyecto de ley de protección y defensa de semillas nativas y criollas del Paraguay, que será impulsada por el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) en instancias del Congreso Nacional, bajo el riesgo de la indiferencia de quienes debieran anteponer los intereses colectivos a los individuales.
¡Las semillas campesinas son dignidad, cultura y vida!
¡Por la tierra y la soberanía de nuestros pueblos! ¡América lucha!”. Leer
A su vez, el Boletín N° 426 de la Red por una América Latina Libre de Transgénicos (RALLT) se refiere a que, “en Argentina, la empresa Monsanto está obligando a los agricultores que quieren usar sus nuevas variedades de soya transgénica (que tienen genes apilados que le otorgan tanto resistencia a insectos como a herbicidas- RR2BT-), a firmar un contrato que le significará mayores ingresos para la transnacional. A más de las regalías que pagan los agricultores al momento de comprar una semilla, los agricultores deben pagar un ‘impuesto tecnológico’, que se paga por el producto de la cosecha. Monsanto impone además otras condiciones a los agricultores, como:
·Adoptar el paquete tecnológico de Monsanto junto con las semillas.
·Solamente podrán hacer uso de estas tecnologías las personas jurídicas y o físicas que hallan optado por este sistema (acuerdo privado) y lo cumplan.
·Comercializar el grano obtenido con aquellos exportadores o elevadores participantes del Sistema.
·Habrá una extensión de la propiedad intelectual más allá de la semilla, extendiéndose al control sobre la comercialización de lo producido.
·Utilizar las tecnologías BTRR2 o georeferenciar conjuntamente con Monsanto, los exportadores y elevadores del sistema los lotes del productor durante la siembra de la soja y las semillas a comercialización.
·Busca controlar el proceso productivo y a convertir al agricultor en inquilino de Monsanto.
·Podrá pagar la tecnología en el momento de comprar la bolsa, al declarar el uso propio para la siembra o al comercializar el grano en el punto de entrega.
·Cuando no se ha pagado la regalía, ésta será entregada al momento entrega de los granos al exportador/ elevador, que debe ser obligatoriamente participante del sistema, y remitido al proveedor.
La Cámara de Diputados de Argentina hizo condena al contrato”. Leer
Agua y energía
Norma Giarracca y Miguel Teubal definen: “un aspecto importante de la acumulación por desposesión está relacionado con lo que denominamos en este artículo el modelo extractivo, constitutivo de la misma. Se trata de un modelo vinculado con los recursos naturales y que impulsan, con gran ahínco, grandes empresas transnacionales que dominan sectores clave de la producción y tecnologías utilizadas en estos procesos. Si bien constituye un modelo remitido originalmente a la extracción de minerales –potenciado en años recientes por la «minería a cielo abierto»– también tiene que ver con la extracción de petróleo y con cierto tipo de agricultura como el modelo sojero y otros identificados como «agronegocios»”. Leer
Tanto la megaminería a cielo abierto como los monocultivos y pasteras de los agronegocios consumen enormes volúmenes de agua quitándosela a las comunidades locales y la contaminan arrasando ecosistemas acuáticos y enfermando las poblaciones. La megaminería a cielo abierto demuele montañas con lo que desintegra la Cordillera de los Andes con sus biodiversidades, su sistema de glaciares-periglaciares y la gran mayoría de las cuencas hidrográficas de Argentina que se originan en ese gigantesco ecosistema. También la superexplotación hidrocarburíferas compite ‘deslealmente’ por el agua con las poblaciones. En fin, la IIRSA arruina los ecosistemas acuáticos y el ciclo del agua al implicar enormes hidroeléctricas para satisfacer a las transnacionales mineras y la hidrovía Paraná-Paraguay para las pocas corporaciones que acaparan, se benefician de la agroexportación.
IIRSA y UNASUR
El 21 de agosto de 2009 se informa: La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) creará una división para coordinar la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). El Plan de Acción Estratégico 2012-2022 para IIRSA/COSIPLAN / UNASUR fue diseñado con miras a impulsar los proyectos de IIRSA que están demorando más tiempo en desarrollarse, especialmente por razones políticas y financieras.
Otra noticia: durante todo el año 2010 y el presente la USI-DRNI ha recibido como parte de su plan de asesoría técnica, entre otras, una solicitud de la Presidencia Pro-Témpore de la mencionada Iniciativa para la elaboración de un Plan de Acción Estratégico. La División de Recursos Naturales mediante la Unidad de Servicios de Infraestructura (USI), ha venido realizando una serie de actividades de asistencia técnica y cooperación para la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) en el marco de su nuevo rol como Foro Técnico del Consejo Suramericano de Ministros de Infraestructura y Planificación (COSIPLAN) de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Leer
Entonces, preguntémonos: ¿en qué consiste IIRSA? El 13 de junio de 2006 Raúl Zibechi nos aclara:“El 31 de agosto y el 1 de septiembre de 2000, durante la reunión de presidentes sudamericanos realizada en Brasilia a instancias del presidente Fernando Henrique Cardoso, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó la propuesta «Plan de Acción para la Integración de la Infraestructura de Sudamérica». Fue, de hecho, el lanzamiento de la IIRSA, un ambicioso plan para la ejecución de proyectos físicos y cambios en las legislaciones, normas y reglamentos nacionales para facilitar el comercio regional y global.
El proyecto IIRSA es un proceso multisectorial que pretende desarrollar e integrar las infraestructuras de transporte, energía y telecomunicaciones en diez años. Se trata de organizar el espacio geográfico en base al desarrollo de una infraestructura física de transporte terrestre, aéreo y fluvial; de oleoductos, gasoductos, hidrovías, puertos marítimos y fluviales y tendidos eléctricos y de fibra óptica, entre los más destacados. Esas obras se materializarán en doce ejes de integración y desarrollo, corredores que concentrarán las inversiones para incrementar el comercio y crear cadenas productivas conectadas con los mercados mundiales”.
El financiamiento del proyecto IIRSA se puso a cargo del BID, la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA), además de los importantes aportes del brasileño Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social
Raúl Zibechi termina reflexionando:“La IIRSA aparece estrechamente vinculada al ALCA, al punto que puede decirse que son dos caras de una misma moneda. El ALCA determina lo jurídico administrativo en forma más concreta y la IIRSA la infraestructura. Y ambos aparecen ligados a un proyecto más vasto del que forma parte también el Plan Puebla-Panamá.
Sin embargo, la IIRSA tiene una particularidad: es un tipo de integración nacida en el Sur, gestionada en gran medida por las elites del Sur, pero que beneficia a los sectores mejor insertos en el mercado internacional. El énfasis en las obras de infraestructura aparece vinculado a la necesidad de los mercados mundiales de conseguir un flujo sostenido y en aumento constante de las exportaciones de materias primas y recursos naturales. Y hacerlo de modo ‘competitivo’, o sea reduciendo los costos. Es evidente que este tipo de desarrollo generará más pobreza y mayores desigualdades, aumentará la concentración de la riqueza a escala local y global y tendrá profundos impactos ambientales. Entre otras consecuencias negativas, la deuda externa de los países de la región seguirá creciendo y la sobreexplotación de los recursos puede llevar a que en algunas décadas los países que cuentan con petróleo o gas como su principal riqueza, acaben por agotarla sin haber obtenido ninguna ventaja.
Por último, y éste es uno de los aspectos más preocupantes de la IIRSA, la forma como se está implementando es muy grave, ya que los proyectos se están llevando adelante en silencio. Así como en todo el continente hay un amplio debate sobre el ALCA y los TLC, los proyectos vinculados a la IIRSA se vienen realizando sin participación de las sociedades civiles ni de los movimientos sociales, sin información por parte de los gobiernos. Este estilo induce a pensar que se busca evitar el debate. En paralelo, se están construyendo los proyectos en partes para más tarde enlazarlos, lo que impide la vigilancia y control de las poblaciones afectadas y facilita que se burlen las leyes ambientales. Formalmente, la IIRSA nació en el año 2000, pero buena parte de los proyectos vienen de los años 90. El aspecto más perturbador es si la creación de esta enorme red de infraestructura no conseguirá, finalmente, imponer los mismos objetivos del ALCA pero sin ese nombre, sin debate, de modo vertical por parte de los mercados y las elites. Si esto fuera así, tal vez en unas décadas se haya consumado, de forma invisible, un gigantesco proyecto que remodela todo el continente y afecta a todos sus habitantes. Porque las elites saben, como lo muestra la experiencia reciente, que un debate abierto de sus planes, los condena al fracaso”. Leer
Lucha contra el monopolio Clarín e IIRSA
Leandro Renou( Tiempo Argentino) nos comunica: “En pleno debate por los elevados precios de la TV por cable y la posición monopólica de Cablevisión, se empezó a moldear en las últimas semanas una alternativa que promete revolucionar el mercado con una tarifa mensual que equivale a la tercera parte del precio que ofrece Cablevisión en el mercado. Según pudo saber Tiempo Argentino, las telefónicas están avanzando para acordar con el gobierno un plan para sumar su servicio de videoclub en línea al servicio gratuito de Televisión Digital Terrestre (TDT). De esta manera, se complementaría la oferta de canales de aire, actualidad, noticias y fútbol que presta la iniciativa estatal, con el paquete de cine pago Video On Demand (ver recuadro) que Telefónica actualmente les vende a sus usuarios de Internet. Esto tendría dos efectos: por un lado, abriría la competencia en un mercado hoy monopolizado por la cablera del Grupo Clarín, a la vez que provocará un shock económico positivo. Es que, si se concreta este acuerdo, los usuarios tendrían un servicio de TV digital completo por sólo $ 40 mensuales, correspondientes al servicio prestado por Telefónica (la TDT es gratis); una tarifa infinitamente más económica que, por ejemplo, los más de $ 120 que Cablevisión cobra por mes por el servicio de TV por cable.
‘Estamos convencidos de que es un complemento ideal, porque la TDT pública presenta una oferta muy completa de contenidos en más de 40 grandes ciudades, si nosotros le sumamos películas, es inmejorable’, dijo a este diario una fuente de la empresa, y destacó que ‘ya hemos charlado informalmente este tema y no sería muy difícil de implementar’.
¿Cómo nace esta iniciativa conjunta? El diagnóstico de los que llevan adelante la idea es que lo que la gente hoy necesita ver es un plan económico a medida, es decir, el consumidor quiere pagar sólo lo que consume. Un estudio preliminar del sector al que accedió Tiempo grafica la situación al apuntar que un usuario medio de TV paga sólo ve entre 10 y 15 canales; y que el 60% de los televidentes de cable ven, principalmente, canales de aire y fútbol. De hecho, desde la compañía de capitales españoles reconocen que ‘sin la estatización del fútbol, esta idea sería mucho menos atractiva’. Si bien la relación entre las compañías telefónicas y el gobierno es fluida, todavía no hay fecha concreta para cerrar un acuerdo de este tipo. De todos modos, ambos actores están en contacto directo casi diario, ya que colaboran con Ar-Sat (la empresa satelital nacional) en la expansión de la red de fibra óptica.“Lo que queremos demostrar es que se puede ampliar la oferta de contenidos audiovisuales sin violar la Ley de Medios, que es lo que se le quiere hacer creer a la gente estos días”, aseguró una fuente empresaria, y explicó que ‘el servicio que Telefónica sumaría a la TDT es un servicio de valor agregado de Internet, que no avanza ilegalmente en ningún aspecto’. Aunque la compañía prefiere la mesura, la referencia es un claro tiro por elevación a las cableras grandes, manejadas políticamente por Cablevisión, que en el último congreso de la actividad en Mar del Plata denunciaron que el On Video de Telefónica es ilegal. Este esquema mixto favorecerá a ambos actores y al usuario. Le permitirá al Plan Nacional de TV Digital sumar oferta de cine a un ambicioso plan de contenidos en vivo; mientras que Telefónica que hoy tiene el 33% del mercado de la banda ancha (1,5 millones de clientes), logrará más penetración de su nuevo producto, que en un par de meses ya fue pedido por más de 1000 clientes. En el caso del usuario, tendrán un solo decodificador en lugar que los dos que hoy necesitarían para Speedy y la tevé digital, con el plus de que verán lo quieran y cuando quieran, y pagarán un valor justo por el servicio”. Leer
Veamos antecedentes de este favoritismo por Telefónica: “El gobierno de Néstor y Cristina Kirchner pretende borrar con el codo aquello que escribió con la mano tan solo unos meses atrás. La reglamentación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que decretó el Ejecutivo contradice los alcances de la misma ley. El Ejecutivo pretender concederle a Telefónica de Argentina un beneficio que la norma sancionada el año pasado le había quitado. La normativa habilita a la compañía telefónica a quedarse con Telefé hasta el año 2025 pese a que la ley se lo prohíbe en forma explícita. Aunque el ministro de Planificación, Julio de Vido, se esfuerce en convencer a su audiencia que las últimas medidas que dictó en materia de medios y telecomunicaciones no benefician a las empresas telefónicas, las normas que propone su Gobierno indican lo contrario. La reglamentación que se publicó esta semana sobre la Ley de Medios pretende eximir a Telefé del requisito de ser argentino para ser propietario de una licencia de medios audiovisuales. Esa exigencia no es un capricho opositor, sino un requerimiento de la propia ley que sancionó el kirchnerismo el año pasado. Leamos: cuando se sancionó la ley que reemplazó la normativa de la dictadura, el Gobierno propuso que, para ser licenciatario de un medio, no se debe “tener vinculación jurídica societaria ni sujeción directa o indirecta con empresas de servicios de comunicación audiovisual extranjeras”. Es sabido: Telefé es propiedad de Telefónica de Argentina, subsidiaria de Telefónica de España”. Leer
Ya Javier Posse (Revista En Marcha) nos anticipó en “Lo que viene, lo que viene”. Dijo: “Cuando la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner eliminó del proyecto oficial de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) -hoy convertido en ley- el artículo que les permitía a las empresas telefónicas convertirse en operadores de televisión paga, despejó dudas respecto a si la nueva normativa reemplazaba un monopolio encabezado por el Grupo Clarín por otro liderado por Telefónica y Telecom. (…) Pese a que la anterior y la nueva ley de radiodifusión lo impiden, Telefónica y Telecom comenzaron a ofrecer TV paga en algunos puntos del país, pero a través de alianzas con DirecTV. Esos acuerdos les permitieron a las telefónicas conformar una oferta de Triple Play, pero híbrida, ya que funciona sobre distintas infraestructuras; telefonía e Internet sobre su red de banda ancha y la TV paga mediante la tecnología satelital ajena. (…)
Asimismo, Telefónica y Telecom han realizado pruebas de IPTV con sus empleados. Telecom lo ha hecho en AMBA por ejemplo en Nordelta, barrio privado de la zona norte. Allí testeó un servicio convergente, que incluyó la transmisión de telefonía, video conferencia, Internet de 5 megas, video on demand (VoD) y TV. En la demostración se pudo conocer que todos los servicios se pueden utilizar simultáneamente y que transmiten en un rango de entre 11 y 13 Mbps, de acuerdo con la configuración de cada casa. Telefónica, por su parte, realizó pruebas en Caballito y Barrio Norte, entre otros puntos de alto poder adquisitivo de la Capital Federal.
Debido a que no es posible lanzar comercialmente el nuevo servicio por las trabas regulatorias, una de las posibilidades de las telefónicas sería lanzar VoD. Sin embargo, desde la perspectiva de Telecom el caso de negocio no cierra con esta modalidad exclusivamente ya que se entraría a competir con el video club que suele tener títulos y derechos antes de que estén disponibles para IPTV.
Distinta sería la postura que tomaría Telefónica. Luego de que se eliminara del entonces proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual la posibilidad de que las telefónicas brindaran TV paga, la empresa española anunció que ofrecerá video on demand a partir de marzo de con Speedy, su compañía vinculada de Internet.
Cooperativas
La nueva ley de medios prohíbe a las telefónicas dar IPTV, pero sí aprueba el ingreso de las cooperativas de servicios públicos, una posibilidad que también molesta a los emporios mediáticos que no quiere ceder ni un pedacito de la enorme torta de TV paga que manejan.El sector cooperativo, que luchó durante mucho tiempo por una nueva ley de radiodifusión que permitiese su ingreso al mercado de la televisión paga, ya comenzó el despliegue de IPTV(…)”. Leer
Leandro Renou( Tiempo Argentino) nos comunica: “En pleno debate por los elevados precios de la TV por cable y la posición monopólica de Cablevisión, se empezó a moldear en las últimas semanas una alternativa que promete revolucionar el mercado con una tarifa mensual que equivale a la tercera parte del precio que ofrece Cablevisión en el mercado. Según pudo saber Tiempo Argentino, las telefónicas están avanzando para acordar con el gobierno un plan para sumar su servicio de videoclub en línea al servicio gratuito de Televisión Digital Terrestre (TDT). De esta manera, se complementaría la oferta de canales de aire, actualidad, noticias y fútbol que presta la iniciativa estatal, con el paquete de cine pago Video On Demand (ver recuadro) que Telefónica actualmente les vende a sus usuarios de Internet. Esto tendría dos efectos: por un lado, abriría la competencia en un mercado hoy monopolizado por la cablera del Grupo Clarín, a la vez que provocará un shock económico positivo. Es que, si se concreta este acuerdo, los usuarios tendrían un servicio de TV digital completo por sólo $ 40 mensuales, correspondientes al servicio prestado por Telefónica (la TDT es gratis); una tarifa infinitamente más económica que, por ejemplo, los más de $ 120 que Cablevisión cobra por mes por el servicio de TV por cable.
‘Estamos convencidos de que es un complemento ideal, porque la TDT pública presenta una oferta muy completa de contenidos en más de 40 grandes ciudades, si nosotros le sumamos películas, es inmejorable’, dijo a este diario una fuente de la empresa, y destacó que ‘ya hemos charlado informalmente este tema y no sería muy difícil de implementar’.
¿Cómo nace esta iniciativa conjunta? El diagnóstico de los que llevan adelante la idea es que lo que la gente hoy necesita ver es un plan económico a medida, es decir, el consumidor quiere pagar sólo lo que consume. Un estudio preliminar del sector al que accedió Tiempo grafica la situación al apuntar que un usuario medio de TV paga sólo ve entre 10 y 15 canales; y que el 60% de los televidentes de cable ven, principalmente, canales de aire y fútbol. De hecho, desde la compañía de capitales españoles reconocen que ‘sin la estatización del fútbol, esta idea sería mucho menos atractiva’. Si bien la relación entre las compañías telefónicas y el gobierno es fluida, todavía no hay fecha concreta para cerrar un acuerdo de este tipo. De todos modos, ambos actores están en contacto directo casi diario, ya que colaboran con Ar-Sat (la empresa satelital nacional) en la expansión de la red de fibra óptica.“Lo que queremos demostrar es que se puede ampliar la oferta de contenidos audiovisuales sin violar la Ley de Medios, que es lo que se le quiere hacer creer a la gente estos días”, aseguró una fuente empresaria, y explicó que ‘el servicio que Telefónica sumaría a la TDT es un servicio de valor agregado de Internet, que no avanza ilegalmente en ningún aspecto’. Aunque la compañía prefiere la mesura, la referencia es un claro tiro por elevación a las cableras grandes, manejadas políticamente por Cablevisión, que en el último congreso de la actividad en Mar del Plata denunciaron que el On Video de Telefónica es ilegal. Este esquema mixto favorecerá a ambos actores y al usuario. Le permitirá al Plan Nacional de TV Digital sumar oferta de cine a un ambicioso plan de contenidos en vivo; mientras que Telefónica que hoy tiene el 33% del mercado de la banda ancha (1,5 millones de clientes), logrará más penetración de su nuevo producto, que en un par de meses ya fue pedido por más de 1000 clientes. En el caso del usuario, tendrán un solo decodificador en lugar que los dos que hoy necesitarían para Speedy y la tevé digital, con el plus de que verán lo quieran y cuando quieran, y pagarán un valor justo por el servicio”. Leer
Veamos antecedentes de este favoritismo por Telefónica: “El gobierno de Néstor y Cristina Kirchner pretende borrar con el codo aquello que escribió con la mano tan solo unos meses atrás. La reglamentación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que decretó el Ejecutivo contradice los alcances de la misma ley. El Ejecutivo pretender concederle a Telefónica de Argentina un beneficio que la norma sancionada el año pasado le había quitado. La normativa habilita a la compañía telefónica a quedarse con Telefé hasta el año 2025 pese a que la ley se lo prohíbe en forma explícita. Aunque el ministro de Planificación, Julio de Vido, se esfuerce en convencer a su audiencia que las últimas medidas que dictó en materia de medios y telecomunicaciones no benefician a las empresas telefónicas, las normas que propone su Gobierno indican lo contrario. La reglamentación que se publicó esta semana sobre la Ley de Medios pretende eximir a Telefé del requisito de ser argentino para ser propietario de una licencia de medios audiovisuales. Esa exigencia no es un capricho opositor, sino un requerimiento de la propia ley que sancionó el kirchnerismo el año pasado. Leamos: cuando se sancionó la ley que reemplazó la normativa de la dictadura, el Gobierno propuso que, para ser licenciatario de un medio, no se debe “tener vinculación jurídica societaria ni sujeción directa o indirecta con empresas de servicios de comunicación audiovisual extranjeras”. Es sabido: Telefé es propiedad de Telefónica de Argentina, subsidiaria de Telefónica de España”. Leer
Ya Javier Posse (Revista En Marcha) nos anticipó en “Lo que viene, lo que viene”. Dijo: “Cuando la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner eliminó del proyecto oficial de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) -hoy convertido en ley- el artículo que les permitía a las empresas telefónicas convertirse en operadores de televisión paga, despejó dudas respecto a si la nueva normativa reemplazaba un monopolio encabezado por el Grupo Clarín por otro liderado por Telefónica y Telecom. (…) Pese a que la anterior y la nueva ley de radiodifusión lo impiden, Telefónica y Telecom comenzaron a ofrecer TV paga en algunos puntos del país, pero a través de alianzas con DirecTV. Esos acuerdos les permitieron a las telefónicas conformar una oferta de Triple Play, pero híbrida, ya que funciona sobre distintas infraestructuras; telefonía e Internet sobre su red de banda ancha y la TV paga mediante la tecnología satelital ajena. (…)
Asimismo, Telefónica y Telecom han realizado pruebas de IPTV con sus empleados. Telecom lo ha hecho en AMBA por ejemplo en Nordelta, barrio privado de la zona norte. Allí testeó un servicio convergente, que incluyó la transmisión de telefonía, video conferencia, Internet de 5 megas, video on demand (VoD) y TV. En la demostración se pudo conocer que todos los servicios se pueden utilizar simultáneamente y que transmiten en un rango de entre 11 y 13 Mbps, de acuerdo con la configuración de cada casa. Telefónica, por su parte, realizó pruebas en Caballito y Barrio Norte, entre otros puntos de alto poder adquisitivo de la Capital Federal.
Debido a que no es posible lanzar comercialmente el nuevo servicio por las trabas regulatorias, una de las posibilidades de las telefónicas sería lanzar VoD. Sin embargo, desde la perspectiva de Telecom el caso de negocio no cierra con esta modalidad exclusivamente ya que se entraría a competir con el video club que suele tener títulos y derechos antes de que estén disponibles para IPTV.
Distinta sería la postura que tomaría Telefónica. Luego de que se eliminara del entonces proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual la posibilidad de que las telefónicas brindaran TV paga, la empresa española anunció que ofrecerá video on demand a partir de marzo de con Speedy, su compañía vinculada de Internet.
Cooperativas
La nueva ley de medios prohíbe a las telefónicas dar IPTV, pero sí aprueba el ingreso de las cooperativas de servicios públicos, una posibilidad que también molesta a los emporios mediáticos que no quiere ceder ni un pedacito de la enorme torta de TV paga que manejan.El sector cooperativo, que luchó durante mucho tiempo por una nueva ley de radiodifusión que permitiese su ingreso al mercado de la televisión paga, ya comenzó el despliegue de IPTV(…)”. Leer
Defensa del territorio por el gobierno CFK
La presidenta Cristina Kirchner encabezó, en Resistencia, el acto oficial por el 25 de Mayo que compartió con el gobernador Jorge Capitanich quien acababa de entregar tierras del Impenetrable a árabes sauditas en cumplimiento con la oferta de Cristina en Qatar a principios de 2011. Conmemoró la Revolución de Mayo de espaldas a quienes defienden el Impenetrable chaqueño y relatan: “La protesta en Castelli Estamos acampando en la rotonda de acceso a la comuna de Juan José Castelli, entre la ruta 9 y la 95. Somos pueblos originarios de distintas comunidades rurales de la zona de El Impenetrable chaqueño. Vinieron compañeros de Villa Bermejito, de Pampa del Indio, de General San Martín, etc. El miércoles 18 de mayo realizamos un acto con compañeros wichis, qom y de organizaciones urbanas de Castelli con la Corriente Clasista y Combativa (CCC), confluyendo en un reclamo único que hace a los pueblos originarios, que es la propiedad de la tierra, la puesta en producción de la poca tierra que tenemos, vivienda, salud, educación, alimentación; todos problemas irresueltos. (…)La falta de tierras El problema principal es el de la tierra. Se nos va la vida en la tierra, queremos seguir viviendo en nuestras tierras, y que nuestros jóvenes lo hagan también. Capitanich hizo un convenio con empresarios árabes saudíes para explotar tierras dentro del Impenetrable con la excusa de que son ociosas, sin tener en cuenta que ancestralmente viven allí comunidades wichis, y criollos pobres. Para el gobierno es un negocio, pero para nosotros significa subsistir.Se habla de un crecimiento económico del 15% en el Chaco, de 8 años de crecimiento del país, con 52 mil millones de dólares de reserva, y uno se pregunta por qué el problema de los pobres y los originarios no se acaba”. Leer
El impulso a las relaciones con China hace a la expansión del modelo de soja transgénica y a la circulación del Belgrano Cargas. También que China ocupe directamente al territorio de Argentina mediante petroleras, mineras y el acaparamiento de tierras. Respecto a esto último, GRAIN responde a la pregunta: “¿Qué significa que una de las más poderosos conglomerados agroalimentarios chinos esté buscando arrendar miles de hectáreas en la provincia de Río Negro, en Argentina, y tenga mucho interés en producir allí soja, trigo, colza, para enviar de regreso a China? ¿Cuáles serán las repercusiones para las comunidades indígenas y en general para la población campesina que habita la región, que ni siquiera fueron consultadas, en relación con estas inversiones y acuerdos comerciales? ¿Por qué el gobierno de la provincia está tan deseoso de pavimentar con todo tipo de privilegios (en beneficio de los inversionistas chinos) el camino de la negociación, sin considerar siquiera la urgente soberanía alimentaria de la región?
Manual de instrucciones: de esta forma designó el Foro Permanente por una Vida Digna de la Provincia de Río Negro al Acuerdo que el gobernador de la Provincia firmó hace pocas semanas durante su viaje a China 1 y que entrega miles de hectáreas a la empresa estatal china Beidahuang para la producción de soja, trigo y colza, entre otros cultivos.
La tierra se arrendará para que allí la firma instale sistemas de irrigación y en una primera etapa, Beidahuang invertirá 20 millones de dólares para irrigar y producir en 3 mil hectáreas. Pero el proyecto consiste en llegar a una inversión de 1 450 millones en 20 años, en 320 mil hectáreas. Lo que busca Beidahuang es asegurarse alimentos por 20 años (…)”. Leer
La presidenta Cristina Kirchner encabezó, en Resistencia, el acto oficial por el 25 de Mayo que compartió con el gobernador Jorge Capitanich quien acababa de entregar tierras del Impenetrable a árabes sauditas en cumplimiento con la oferta de Cristina en Qatar a principios de 2011. Conmemoró la Revolución de Mayo de espaldas a quienes defienden el Impenetrable chaqueño y relatan: “La protesta en Castelli Estamos acampando en la rotonda de acceso a la comuna de Juan José Castelli, entre la ruta 9 y la 95. Somos pueblos originarios de distintas comunidades rurales de la zona de El Impenetrable chaqueño. Vinieron compañeros de Villa Bermejito, de Pampa del Indio, de General San Martín, etc. El miércoles 18 de mayo realizamos un acto con compañeros wichis, qom y de organizaciones urbanas de Castelli con la Corriente Clasista y Combativa (CCC), confluyendo en un reclamo único que hace a los pueblos originarios, que es la propiedad de la tierra, la puesta en producción de la poca tierra que tenemos, vivienda, salud, educación, alimentación; todos problemas irresueltos. (…)La falta de tierras El problema principal es el de la tierra. Se nos va la vida en la tierra, queremos seguir viviendo en nuestras tierras, y que nuestros jóvenes lo hagan también. Capitanich hizo un convenio con empresarios árabes saudíes para explotar tierras dentro del Impenetrable con la excusa de que son ociosas, sin tener en cuenta que ancestralmente viven allí comunidades wichis, y criollos pobres. Para el gobierno es un negocio, pero para nosotros significa subsistir.Se habla de un crecimiento económico del 15% en el Chaco, de 8 años de crecimiento del país, con 52 mil millones de dólares de reserva, y uno se pregunta por qué el problema de los pobres y los originarios no se acaba”. Leer
El impulso a las relaciones con China hace a la expansión del modelo de soja transgénica y a la circulación del Belgrano Cargas. También que China ocupe directamente al territorio de Argentina mediante petroleras, mineras y el acaparamiento de tierras. Respecto a esto último, GRAIN responde a la pregunta: “¿Qué significa que una de las más poderosos conglomerados agroalimentarios chinos esté buscando arrendar miles de hectáreas en la provincia de Río Negro, en Argentina, y tenga mucho interés en producir allí soja, trigo, colza, para enviar de regreso a China? ¿Cuáles serán las repercusiones para las comunidades indígenas y en general para la población campesina que habita la región, que ni siquiera fueron consultadas, en relación con estas inversiones y acuerdos comerciales? ¿Por qué el gobierno de la provincia está tan deseoso de pavimentar con todo tipo de privilegios (en beneficio de los inversionistas chinos) el camino de la negociación, sin considerar siquiera la urgente soberanía alimentaria de la región?
Manual de instrucciones: de esta forma designó el Foro Permanente por una Vida Digna de la Provincia de Río Negro al Acuerdo que el gobernador de la Provincia firmó hace pocas semanas durante su viaje a China 1 y que entrega miles de hectáreas a la empresa estatal china Beidahuang para la producción de soja, trigo y colza, entre otros cultivos.
La tierra se arrendará para que allí la firma instale sistemas de irrigación y en una primera etapa, Beidahuang invertirá 20 millones de dólares para irrigar y producir en 3 mil hectáreas. Pero el proyecto consiste en llegar a una inversión de 1 450 millones en 20 años, en 320 mil hectáreas. Lo que busca Beidahuang es asegurarse alimentos por 20 años (…)”. Leer
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