La política indígena de Macri
es asesinar mapuches
4 de diciembre de 2017
Una serie de medidas administrativas al comienzo del gobierno, parecían prever que Cambiemos traería nuevos aires a la política estatal indígena. Dos años después esos aires se transformaron en un humo que dejó una estela de represiones, desalojos y juicios, configurando una “chilenización” de la política indígena. Acá repasamos las principales medidas de Macri contra el Pueblo Mapuche que terminan con Santiago Maldonado y Rafael Nahuel asesinados.
Por Felipe Gutiérrez Ríos*, para Mapuexpress.
La noticia fue como
una bomba que hizo implosionar al movimiento indígena. El 3 de noviembre de
2015, tres semanas antes de la segunda vuelta presidencial, Mauricio Macri era
recibido por Félix Díaz en el acampe indígena que a esa altura llevaba nueve
meses instalado en el centro de Buenos Aires.
La foto era mucho más
que un simbolismo, Félix Díaz qarashé (autoridad) del pueblo qom, es uno de los
principales referentes indígenas de las últimas décadas en Argentina y había
sostenido una férrea oposición al gobierno de Formosa y, por extensión, al de
Cristina Fernández. En torno a él se había articulado el grueso del movimiento
indígena en oposición al kircherismo a partir de 2010, fortaleciendo sus lazos
con la izquierda.
Por eso el triunfo
electoral de Macri fue un verdadero parteaguas en el movimiento indígena que
aún hoy no supera la fragmentación en pequeños espacios sin capacidad de
articularse nacionalmente, como había logrado hacerlo durante el segundo mandato
de Cristina Fernández.
A partir de ese
encuentro, Macri estableció una serie de acuerdos con el sector originario que
se mantuvo junto a Díaz. Los más importantes fueron la constitución de una Mesa
de Trabajo y Diálogo cuyo carácter supuestamente vinculante, prometía ser el
nuevo rector de las políticas indígenas. De paso, el Instituto de Asuntos
Indígenas (INAI) fue traspasado desde el Ministerio de Desarrollo Social a la
Secretaría de Derechos Humanos, cumpliendo una antigua demanda indígena,
mientras que la Secretaría de Ambiente de la nación -organismo clave en la
disputa de los pueblos originarios- tomó rango ministerial.
Hasta ahí parecía que
el gobierno de Cambiemos iba a llevar adelante una acelerada reforma de
abordaje neoliberal de la cuestión indígena, centrada en el reconocimiento de
una serie de aspectos culturales que son folclorizados sin una perspectiva de
derechos. En otras palabras: la reivindicación de una serie de prácticas (como
bailes, vestimentas e idiomas tradicionales) como elementos de una diversidad
cultural que “enriquecen a la Argentina” pero sin entregar derechos concretos
para que los pueblos puedan ejercerlas y mantenerlas. Ni hablar del territorio.
Los países de la costa
del Pacífico, como Chile, Perú, Colombia y en particular México, son las
principales referencias del tratamiento neoliberal de la cuestión indígena,
usualmente denominada como multiculturalismo. Esto es, el reconocimiento de la
existencia de culturas diferentes en una sociedad, sin que ello signifique que
desde el Estado se tomen decisiones políticas para romper la asimetría derivada
de la colonización.
La chilenización de la política indígena
Además del
multiculturalismo otra característica que destaca, en este caso en el modelo
chileno, es la
represión. Enfrentado de manera directa con las comunidades
que se oponen al desarrollo principalmente de empresas extractivas, los
distintos gobiernos chilenos han diseñado una verdadera política de Estado que
trasciende a los sectores políticos que lo administran. De una parte, la
política focalizada en extrema pobreza sobre comunidades que son intervenidas e
integradas a distintos sectores del mercado; de la otra, represión a las que no
quieren ser parte de ese proceso. Zanahoria y garrote. “Combate a la pobreza” o
represión.
No sabemos bien en qué
momento la administración macrista, asumió el garrote como una posibilidad real
sabiendo que la represión lo alejaba de su principal objetivo inicial que era
no irse de la Rosada en helicóptero. En ese sentido, es posible que la
chilenización de la política indígena no haya sido programada sino que sea una
consecuencia, por ejemplo, de la importancia que tomó en el gabinete el sector
duro de la política policial, representado en la figura de Patricia Bullrich. O
tal vez, fue envalentonada por el buen desempeño electoral en plena crisis por
la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
Otra posibilidad es
que surgiera de los buenos consejos, por ejemplo, en la reunión de Macri con
Bachelet en junio, donde probablemente hablaron de los conflictos con el pueblo
mapuche. O en la reunión de Bullrich con el Subsecretario del Interior chileno
Mahmud Aleuy, encargado de la seguridad en ese país, donde el conflicto mapuche
fue el único tema en discusión.
El caso es que la
estrategia de la zanahoria de desvaneció en actos administrativos que no fueron
ni un caramelo en comparación con la quita de retenciones a la minería y los
productos agroindustriales y el sostenimiento de los altos precios del barril
interno del petróleo, todas políticas de alto impacto en los territorios
indígenas.
A dos años del inicio
del gobierno macrista se dio la lógica: no hubo ni una sola política en favor
de los pueblos indígenas. La promesa de que el INAI fuera traspasado a los
dirigentes originarios no se cumplió, la mesa vinculante no vinculó nada y la
ley de emergencia territorial indígena, que supuestamente prohíbe los desalojos
en comunidades, fue prorrogada a regañadientes para luego cajonearla. O quizás,
en el mejor de los casos, hacer lo que hizo el kirchnerismo con ella:
subejecutarla.
Enumerar, en cambio,
las políticas antindigenas del macrismo resulta mucho más fácil.
Derechos cercenados: de Guatemala a Guatepeor
En sintonía con la
histórica política de Estado argentino, el macrismo no avanzó en reconocimiento
de derechos elementales de los pueblos indígenas, como la efectivización del
consentimiento previo, al que se comprometió en 2000 con la aprobación del
Convenio 169 de la OIT. Por
el contrario, ha habido un inédito retroceso de derechos, los que de por sí ya
estaban en un nivel muy bajo de aplicación durante el kirchnerismo.
Es el caso del
aniquilamiento de la Ley de Medios, que coartó el desarrollo de nuevos medios
de comunicación indígenas, o la eliminación de la modalidad de Educación
Intercultural Bilingüe, una de las medidas de la “nueva Campaña del Desierto educativa” del ex Ministro Esteban Bullrich. Aún
más grave es el desconocimiento de una serie de derechos territoriales, fuente
de más de 200 conflictos a lo largo de todo el país.
Represión, desalojos y criminalización al
“enemigo interno”
En noviembre de 2016
el periodista Horacio Verbitsky hizo público en Página/12 una presentación interna del
Ministerio de Seguridad que analizaba la “problemática mapuche”. El documento
hacía explícita una búsqueda por situar a las “reivindicaciones territoriales
mapuches de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut como amenazas para la
seguridad social”, según denunciaron organizaciones indígenas y de Derechos
Humanos en un comunicado.
Se importó así, otra
política chilena: la construcción de ese enemigo público, el “mapuche
terrorista”. Esta supuesta amenaza interna, trae posibilidades
de convenios en políticas del combate al terrorismo con países como Estados
Unidos e Israel. Algo que representa una jugosa caja que se justifica con la
imperiosa necesidad de combatir a ese enemigo interno construido, inducido,
fabricado.
En este caso, la
construcción del enemigo interno se centró en la criminalización de un sector
del movimiento mapuche principalmente en torno a la figura de Facundo Jones
Huala y las comunidades en conflicto con Benetton en Chubut; y los Lof
emplazados sobre la megaformación Vaca Muerta en Neuquén.
En Chubut, tras la
primera liberación de Facundo Jones Huala cuyo juicio de extradición fue
anulado en agosto de 2016, se avanzó con la represión hacia la Pu Lof en Resistencia de
Cushamen, que dejó brutales escenas de violencia en enero de este año. En junio
fue nuevamente detenido Facundo Jones Huala para iniciarle un nuevo proceso de
extradición y el 1 de agosto, durante un corte de ruta exigiendo la libertad
del referente mapuche, fue asesinado Santiago Maldonado por parte de la
Gendarmería y ocultado por el Gobierno durante casi 80 días.
La represión se
extendió entonces a los grupos que se solidarizaban con Facundo y Santiago,
totalizando 50 detenciones en marchas en Mendoza, Buenos Aires, Bariloche y Cushamen. Varias de las personas
detenidas fueron posteriormente procesadas. La persecución “antiRAM” incluyó
también el allanamiento de casas de militantes sociales en Neuquén y Cipoletti,
debido a supuestas amenazas de bomba en dos pozos petroleros. Además de los
allanamientos en Cushamen, han sufrido intentos de desalojos las comunidades
Fuxa Trayen, Campo Maripe y Raquituwe (Neuquén) y la quema de una casa en el
Lof Vuelta del Río (Chubut).
Este combo represivo y
criminalizador, tomó características nacionales, con casos como las detenciones
de Milagro Sala en Jujuy y Agustín Santillán en Formosa, y el desalojo de la Comunidad Lule Vilela ,
Sin Fronteras, en Santiago del Estero.
En definitiva el
gobierno de Macri no mostró la cara de una derecha renovada sino que tuvo los
elementos más clásicos del rancio conservadorismo. Macri se transformó en una
especie de Gildo Insfran, pero de la política nacional. Argentina es su feudo.
El problema es que ya se vislumbra este avance represivo como una avalancha que
debe ser frenada ahora, porque mañana es tarde.
Mientras tanto en el
sur, en el Wallmapu, estas dos nuevas muertes que prueban, una vez más, la
resilencia, la solidaridad, la capacidad de lucha y supervivencia del pueblo
mapuche. Dos vidas que cayeron al lado de un leufú y un lafken, un río y un
lago, espacios trascendentes para el mapuche. Quizás una metáfora de ese nuevo
torrente que circulará por las venas de la resistencia indígena.
*Investigador del
Observatorio Petrolero Sur, miembro de la Corriente Social
y Política Marabunta. Edición: Martín Álvarez y Mario Quinteros.
Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article15572
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