8 junio 2020
Leandro Lutzky
Solo entre el 15 de marzo y 31 de mayo se
desmontaron más de 14.900
hectáreas, lo que equivale a tres cuartas partes de la capital. El Gobierno
de Alberto Fernández decretó que la actividad es “esencial” en medio de la
cuarentena.
La pandemia del coronavirus frenó casi todo
en Argentina, pero no la deforestación. Solamente entre el 15 de marzo y
31 de mayo se desmontaron más de 14.900 hectáreas, según el monitoreo de
Greenpeace, un espacio similar a tres cuartas partes de la Ciudad de
Buenos Aires. Dicho de otro modo, el Estado permitió que durante la emergencia
sanitaria más importante del tiempo reciente se arrasara con casi 200 hectáreas de bosque al día.
A poco tiempo de haberse iniciado la crisis
del coronavirus en el país sudamericano, el Gobierno peronista de Alberto
Fernández dispuso la cuarentena obligatoria desde el 20 de marzo para todo el
territorio, medida que sigue vigente en las zonas más afectadas por el
covid-19. También deprisa, el 3 de abril, el Ejecutivo lanzó un decreto aclarando que
las “actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización
forestal” estaban incluidas dentro de las tareas permitidas, y quedaron exentas de las restricciones.
Así, según la Decisión
Administrativa 450/2020, Presidencia considera que cortar
árboles es un trabajo esencial durante la emergencia sanitaria.
Pero, veamos las fechas. Antes de la publicación en el Boletín Oficial,
las topadoras ya estaban limpiando todo vestigio de naturaleza: entre el 15 y el 31 de marzo se barrieron 2.172 hectáreas,
un promedio de 128 diarias. Y, más allá de días exactos, desde la ONG
ambientalista le dicen a este medio que apenas se lanzaron las primeras medidas
de aislamiento social, igualmente se deforestó de forma continua.
Las provincias más afectadas son Santiago del Estero, Formosa, Salta y Chaco,
todas en el norte argentino. “El problema no es de ahora, es de siempre”,
señala Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de la organización no
gubernamental. “Es una actividad destructiva, que no da grandes riquezas a las
regiones. Los beneficios económicos no quedan en
la zona impactada”, acota.
Con ese marco, el mapa argentino se divide en
tres colores:
·
Verde:
está permitido desmontar, es decir, avanzar con maquinarias unidas por una
inmensa cadena en el medio, para limpiar el terreno.
·
Amarillo:
se habilita un “uso sustentable” de la naturaleza. Está
prohibido desmontar, pero sí se pueden hacer otras tareas más selectivas, como
la tala.
·
Rojo:
son las áreas protegidas, no se puede —o no se debería— alterar la vida
silvestre.
Sin embargo, la experta alerta que en algunas
provincias se cambian los colores de cada sector, según la necesidad o vocación
de explotar los recursos naturales. A su vez, en terrenos amarillos
también se registraron incendios no controlados, junto a otras maniobras
que Cruz califica como “desmontes encubiertos”.
Pueblos
originarios, entre motosierras y topadoras
Obviamente, destruir el medio ambiente afecta
a las comunidades indígenas y su estilo de vida ancestral: “La tala perjudica la provisión de alimentos y medicinas.
También los lugares sagrados, que son bienes insustituibles a nivel espiritual”,
subraya Cruz.
Para la entrevistada, la situación de los
desmontes es mucho más grave, porque termina corriendo a los aborígenes de sus
territorios habituales: “Son desplazados.
No tienen manera de vivir en un lugar desmontado, donde se siembra pasto o soja.
Y si se quedan cerca, son víctimas de fumigaciones, entonces la mayoría de las
veces se van”.
Así, se producen migraciones desde el bosque
hasta las periferias de las ciudades, en algunos casos explicado por la
contaminación o escasez de un recurso tan básico como el agua, todo en nombre
del trabajo y el progreso.
“Vamos
a poner nuestro propio cuerpo para frenar el desmonte”, le dice a RT el cacique
Sabino Benítez, de la comunidad myba guaraní de
Ka’a Kupe. Se trata de un territorio que abarca más de 5.600 hectáreas en la localidad
de Campo Grande, provincia de Misiones, donde viven 126 personas.
Su enemiga es CARBA, una empresa que
tras ser autorizada por el Ministerio de Ecología local está cortando árboles a
diestra y siniestra. “Ya sacaron muchísimos, es explotación masiva. Por eso
estamos reclamando, es nuestro territorio”, destaca el referente,
rememorando los tiempos de la conquista en pleno siglo XXI.
Para un citadino
puede resultar difícil dimensionar la relevancia de estos espacios en la cosmovisión
aborigen, pero Benítez lo resume bastante bien: “Nos afecta porque somos parte
de la naturaleza. La cultura indígena, la
salud, educación y realización personal, están dentro del monte. Es
vida”
Roxana Rivas, la abogada que representa a la
comunidad, le dice a este medio que las
autoridades desoyeron todas las negativas que plantearon
ante el avance de la
deforestación. Esa letrada subraya que, aunque la compañía
sea titular dominial de las tierras, se debe consultar a las comunidades que viven allí
adentro antes de actuar.
“Mientras se discute nuestro recurso de
reconsideración, no tiene que tocarse ningún árbol”, sostiene, aunque la
realidad es bien distinta. Por eso, Rivas denuncia que hay “connivencia” entre el Estado provincial y la
empresa, y “denegación de justicia” para los
indígenas.
Según esa integrante del Equipo Nacional
de Pastoral Aborigen (ENDEPA), la falta de acceso a los tribunales “es un
problema sistemático” en las comunidades: “No tramitan las denuncias y no impulsan los procesos”,
alerta la defensora. En
medio de la angustiante lentitud, presentaron un amparo solicitando, como
medida cautelar urgente, que se frene el desmonte mientras se discute la
presentación anterior. Y ya pasó un mes: “No lo decretaron, lo que
significa que al momento en que se les ocurra resolverlo, ya no habrá árbol que
defender”.
Frente a este
engranaje elusivo, lanzaron un pedido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para
que, de forma veloz y con carácter preventivo, se frene la deforestación del
lugar, y están aguardando la
respuesta. Por ahora, impera la ley del más fuerte.
También hubo otros planteos
judiciales en estos días: la asamblea Somos Monte Chaco, provincia donde
continúa la cuarentena, pide una medida cautelar para no considerar a la
actividad forestal como actividad esencial. Además del conflicto
ambiental, aparece “el
riesgo de contagio” por los camiones que van y vienen en
aquella jurisdicción, explica Riccardo Tiddi, referente de la
organización.
Como trasfondo, remarca “el
interés de empresas agrarias para convertir bosques nativos en pampa”.
Además, cambiar las condiciones naturales del suelo puede contribuir en inundaciones,
que ya son parte de la realidad chaqueña.
Saqueo garantizado, gobierne quien gobierne
En la zona del Gran
Chaco —compuesta por Argentina, Bolivia y Paraguay— entre 2010 y 2017
se perdieron unas 4 millones de hectáreas, “que significa una superficie grande como Suiza”,
señala Tiddi. Y solo en la provincia argentina, dice que durante el último
tiempo se desmontó un promedio de “40.000 hectáreas
cada año”.
Generalmente, esta barrida
territorial se usa para la industria del carbón y la expansión del agro, con la ganadería, el cultivo de soja y el maíz como
actividades principales. Se trata de productos típicos de la exportación
argentina, con poco valor agregado.
Por su parte, Global Forest Watch
registró la pérdida de cobertura arbórea entre 2001 y 2019.
VER PÉRDIDA DE COBERTURA ARBÓREA EN ARGENTINA:
A su vez, entre elecciones y
disputas políticas, el año pasado se desmontaron 80.938 hectáreas en todo
el país, publicóGreenpeace en
enero. Si bien la cifra se está reduciendo desde 2014, un tercio pertenece a
sitios resguardados por la legislación. De hecho, desde 2007, cuando se
sancionó la Ley de Bosques, se desmontó casi un millón de hectáreas que debían
estar protegidas. Así las cosas, la actividad continúa.
¿Para quién es esencial?
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