¿A costa de qué? / Juan C. Zuleta
Alianza estratégica para la
producción de biodiésel entre los agrocapitalistas cruceños y Evo
27 de
abril de 2019
- Bolivia habría deforestado en promedio alrededor de 223 mil
hectáreas al año con lo que la ampliación de la frontera agrícola podría
elevar esta cifra a límites intolerables, lo que podría representar uno de
los negocios más lucrativos para el empresariado oriental de los que
podamos tener memoria, con riesgo igual a cero. No parece difícil asumir
que detrás de esta alianza estratégica existiría una manifiesta motivación
política de cara a las próximas elecciones nacionales. ¿Estará el
consorcio conformado por el gobierno y los agroindustriales cruceños dispuesto
a rendir cuentas al país y al mundo por el daño ambiental irreversible que
estaría a punto de perpetrar?
-Juan Carlos Zuleta Calderón *
Esta es una historia de cuando el debate se basa en una
verdad a medias. Me refiero a la afirmación de que el biodiésel sustituirá al
contaminante combustible fósil importado, ignorando el hecho de que la
producción del biocombustible dará lugar a la ampliación de la frontera
agrícola en nada menos que 250.000 hectáreas , deforestación masiva de
nuestras selvas tropicales más valiosas de por medio[1].
Tal como se puede inferir del reciente informe del
Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por su sigla en inglés)[2], en los últimos tres años, el país habría
deforestado en promedio alrededor de 223 mil hectáreas al año con lo que la
ampliación de la frontera agrícola podría elevar esta cifra a límites
intolerables.
Las recientes declaraciones del representante de la FAO en
Bolivia en sentido de que la apuesta del gobierno a biocombustibles sería fatal
habrían puesto el dedo en la llaga[3], ocasionando la inmediata reacción de las
diferentes partes involucradas.
Tal vez la opinión más técnica sobre el particular
proviene del gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) quien
ha manifestado que la producción de biocombustibles significará una mayor
producción de alimentos. Su argumento se basa en las siguientes razones. En
primer lugar, “la soya de verano que se va a utilizar para producir biodiésel
rota en invierno con cultivos, como trigo, maíz, sorgo, chía, ajonjolí y
girasol”. En segundo lugar, “la torta de soya (residuo de la transformación del
grano), que el día de mañana se va a transformar en carne de res, de pollo, de
cerdo, de pescado, va a ayudar a producir leche, huevo, mantequilla, yogur,
etc.” Adicionalmente, ha sostenido que en Bolivia lo que se hará es desmontar
antes que deforestar los bosques: “Desmontar en área que tiene vocación
productiva agrícola significa tener cobertura vegetal permanente durante todo
el año a diferencia de sólo deforestar.”
Mi respuesta corta a esta suerte de alegoría al sector
empresarial de Santa Cruz vendría dada a través del siguiente par de
argumentaciones. Primero, en ausencia de estudios detallados de suelos en las
selvas tropicales del departamento, nada garantiza que las hectáreas
desmontadas o deforestadas tendrán el mismo grado de fertilidad y productividad
de las
tierras actualmente en producción con capacidad de generar
más de una cosecha al año. En esta lógica, la producción de más alimentos en
invierno podría ser más un buen deseo que una posibilidad real. Segundo, no
resulta nada claro por qué el desmonte de los bosques no generará gases de
efecto invernadero. Al parecer, el gerente del IBCE confunde cobertura vegetal
con bosques primarios capturadores de dióxido de carbono.
Este último punto requiere un análisis más profundo por
cuanto no se puede considerar trivial el costo social de la deforestación de 250.000 hectáreas
del trópico cruceño. Al respecto, es necesario reiterar el peligro que se
cierne sobre nuestro país al intentar convertirlo en una verdadera amenaza
mundial como contribuidor neto al calentamiento global y el cambio climático.
Hay que tener en cuenta que la deforestación de bosques
aportaría con nada menos que un 25% a la generación de gases de efecto
invernadero[4] a
nivel global, principal causa de dichos fenómenos. Según el estudio de
Rainforest Alliance citado en el pie de página 4, este porcentaje resultaría
de: i) La pérdida de un aliado crucial en el control del exceso de carbono en
la atmósfera; ii) la creación de mayores emisiones cuando los árboles talados
liberan el carbono que habían estado almacenando, y se pudren o queman en el
suelo del bosque; y iii) la generación de más gases de efecto invernadero por
las actividades agropecuarias que desplazan el bosque.
De este modo, otrora considerado un ejemplo de manejo
ambiental gracias a una tasa de deforestación declinante[5], el departamento de Santa Cruz se
proyectaría hoy por hoy como uno de los posibles aportantes a la emisión de
gases de efecto invernadero más importantes del país, la región y el mundo en
los próximos años.
El análisis anterior nos lleva a indagar los motivos por
los cuales los empresarios cruceños habrían cerrado filas con el gobierno para apostar
a este emprendimiento. Me atrevo a sugerir los siguientes. Para empezar, que
éste podría representar uno de los negocios más lucrativos para el empresariado
oriental de los que podamos tener memoria y, para concluir, que tendría riesgo
igual a cero.
Efectivamente, lo más probable es que se cree algún
mecanismo financiero que permita a los empresarios incorporarse en el programa,
usando como garantía el mercado cautivo doméstico creado por el propio gobierno
a partir de la obligatoriedad del consumo del nuevo combustible tanto por el
transporte público masivo de las principales urbes bolivianas como por el
transporte pesado interdepartamental e internacional, sin dejar de lado la
maquinaria pesada de la propia agroindustria cruceña. Atrás quedarían asimismo
las inconveniencias de tener que lidiar con el mercado externo y los precios
internacionales de la soya de exportación debido a que toda la comercialización
del producto sería interna; o las plagas o sequías por cuanto se les sería
permitido introducir semilla transgénica capaz de enfrentar con éxito ambas
eventualidades.
Sería absurdo pensar, sin embargo, que la alianza
estratégica del gobierno con el empresariado cruceño se circunscribe al simple
deseo de lucro de los emprendedores agroindustriales y/o al supuesto beneficio
de producir más alimentos. En realidad, se podría agregar a todo ello un efecto
multiplicador derivado de la producción de 100 millones de litros de aceite de
soya en la economía local, en términos de generación de empleo en el campo y la
agroindustria, así como en términos de dinamización del transporte, las
comunicaciones y la hotelería (entre otros servicios), aspectos sobre los
cuales el gerente del IBCE no ha dicho mucho, pero que, a los ojos del
ciudadano de pie, representaría una apuesta decidida del gobierno al
crecimiento de Santa Cruz.
En este contexto, no parece difícil asumir que detrás de
esta alianza estratégica existiría una manifiesta motivación política de cara a
las próximas elecciones nacionales. Cabe preguntarse, de todos modos, si el
consorcio conformado por el gobierno y los agroindustriales cruceños estará
dispuesto en un futuro no muy lejano a rendir cuentas al país y al mundo por el
daño ambiental irreversible que estaría a punto de perpetrar.
En el cierre, la población cruceña y el país todo no
deberían quedarse con la idea dicotómica de que aquí se trata de ejecutar este
proyecto o no recibir nada de parte del gobierno por cuanto podría haber una
alternativa, con tantos o más réditos políticos para el gobierno y beneficios
para la población en general aunque, claro, quizás en desmedro del sector
empresarial de la región más pujante de Bolivia. Me refiero a la negociación de
un acuerdo de moratoria de la deforestación de las 250.000 hectáreas
de selvas tropicales en Santa Cruz, a cambio de una compensación monetaria de
parte de algún país consciente del daño ambiental que se podría ocasionar de no
adoptarse ninguna medida. Es el camino que habría recorrido Brasil entre 2008 y
2015 y que estarían siguiendo al presente Indonesia, Perú, Guyana y Liberia en
el marco de sendos acuerdos suscritos desde 2008 y 2010, respectivamente, con
Noruega[6]. Según el informe del WRI, citado
anteriormente, Brasil se ubica en el primer lugar de los países que perdieron
bosques tropicales primarios en 2018, seguido de la República Democrática
del Congo, Indonesia, Colombia, Bolivia, Malasia y Perú. Se sabe que en 2015,
el país europeo completó el pago de 1.000 millones de dólares al Brasil[7] y
que en febrero de este año anunció que realizará el primer pago a Indonesia en
el marco de un compromiso por el mismo monto total compensatorio[8].
* Economista
[1] Véase:http://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_03/nt190319/politica.php?n=24&-luz-verde-para-ampliar-la-frontera-agricola.
[2] Véase: https://www.wri.org/blog/2019/04/world-lost-belgium-sized-area-primary-rainforests-last-year.
[3] Véase: http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190417/fao-califica-fatal-apuesta-del-gobierno-biocombustibles.
[4] Véase: https://www.rainforest-alliance.org/articles/relationship-between-deforestation-greenhouse-gas-emissions).
[7] Véase
la referencia en el pie de página 6.
[8] Véase: https://www.globalcitizen.org/en/content/norway-payments-indonesia-cutting-forest-emissions/
Fuente: https://www.bolpress.com/2019/04/27/alianza-estrategica-para-la-produccion-de-biodiesel-entre-los-agrocapitalistas-crucenos-y-evo/
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