miércoles, 29 de julio de 2020

Aclarémonos: "Las élites económicas y políticas intentan ya en la pandemia reposicionarlo y legitimarlo como un ‘salvador’ de la economía, por lo que la disputa por los caminos que debemos transitar para ‘salir de la crisis’ será muy intensa. Muy al contrario de ideas como estas, este es un tiempo propicio y necesario para el post-extractivismo. Nos encontramos en una encrucijada como región y como planeta, y la opción no puede ser retomar o insistir en esa ‘normalidad’ expoliadora y depredadora".

Los ritmos de la nueva normalidad coordenadas del extractivismo en la pandemia en América latina.

26 de julio de 2020

Por Emiliano Teran Mantovani*
Observatorio de Ecología Política de Venezuela

(...)Las precarias democracias no pueden respirar: securitización de la pandemia, continuidades del estado de excepción y vulneración de lo público

El surgimiento de la pandemia se produce cuando en América Latina, en el marco del fin del llamado ‘período progresista’, fue tomando determinante fuerza la presencia de lógicas del estado de excepción y el incremento de la violencia extractivista. Este nuevo estado de emergencia no sólo abre una nueva fase de este proceso de excepcionalidad, reorganizando y redefiniendo las gobernanzas, sino también, de una u otra forma, se va articulando con el avance estratégico y reposicionamiento del extractivismo. La serie de nuevas reformas, proyectos de inversión, ajustes y reestructuraciones en curso, intentan también apoyarse en los nuevos regímenes de poder de la pandemia, en nuevas biopolíticas, cosa que además evoluciona en un escenario que es y será más conflictivo.
En este sentido, conviene examinar cómo se configuran los marcos generales de este proceso, así como las políticas y dinámicas en los territorios. En relación a lo primero, además de una generalización de las declaraciones formales de estado de emergencia y/o de excepción en los países de la región, podríamos afirmar que nos encontramos ante un proceso de securitización de la pandemia. Esto tiene múltiples y profundas implicaciones, entre las que es importante resaltar una militarización de cada vez más ámbitos de la vida; mayor potestad de los Estados sobre los cuerpos, sus movilidades y su clasificación; una mayor politización de los criterios de bioseguridad; una mayor cabida a enfoques neo-darwinistas y/o neo-malthusianos; o el manejo a conveniencia de narrativas sobre la emergencia y la tipificación de amenazas por parte de los Estados y las corporaciones. La crisis que va dejando la pandemia, se ha traducido en una mayor debilidad de las instituciones, mientras que los espacios de deliberación y participación política van quedando relegados –destacando la postergación del plebiscito sobre la reforma constitucional en Chile y de las elecciones presidenciales en Bolivia. Del mismo modo se va generando una vulneración del ámbito y el espacio público, el cual va perdiendo contrapesos y formas de escrutinio, mientras la población y sus derechos van quedando más expuestos ante diversas formas de violencia oficial y extralegal. Todo esto configura un escenario enrarecido que ha servido para impulsar mayores formas de control social y de justificación de las mismas, al tiempo que estas han venido siendo aprovechadas en pro de un avance estratégico y reposicionamiento del extractivismo.
En lo que se refiere a las políticas y dinámicas que se expresan en los territorios, el marco descrito supone severas dificultades para los defensores y líderes sociales, así como para organizaciones de derechos humanos y de defensa del ambiente. En los tiempos de pandemia hemos visto cómo en Perú, desde fines de marzo, el gobierno de Vizcarra aprobó la anteriormente promulgada «Ley de Protección Policial», que permite el uso de fuerza letal, con total impunidad, por parte de la policía y el ejército[59]; en Guatemala, El Salvador y Honduras se imponen toques de queda y se endurecen sanciones a quienes rompen la cuarentena, siendo que en este último país se señala un incremento del hostigamiento policial y de las detenciones ilegales[60], algo también denunciado en México en contra de defensores del territorio[61]. En Bolivia, el gobierno de Añez ha aumentado la represión ante las protestas sociales por la crisis, ha encarcelado decenas de opositores políticos y restringido seriamente la libertad de información, a través del decreto supremo 4.200 del 25 de marzo[62]. En Venezuela, el presidente Maduro y otros actores estatales han criminalizado a los migrantes venezolanos que entran al país por pasos fronterizos irregulares, acusándolos de ser parte de un plan foráneo para ‘contaminar’ a Venezuela[63], siendo que el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada llegó a calificarlos como “bio-terroristas”[64]. Y en tiempo de pandemia, persisten los dramáticos asesinatos de líderes sociales en Colombia (así como de excombatientes de las Farc)[65]; cosa que también se replica en Honduras, y con periodistas y activistas en México[66].

Sorteando la cuarentena, defendiendo la vida: contrapesos y re-existencias populares y comunitarias

Ciertamente tenemos ante nosotros un escenario muy complejo en el que vemos cómo las lógicas de expolio, racismo, explotación, despojo, colonialismo y precariedad entran en una nueva fase con la pandemia, planteándonos extraordinarios desafíos. Como hemos visto, el extractivismo se moviliza, reacomoda y reposiciona en América Latina ante la situación. Sin embargo, no debemos de ninguna manera asumir este movimiento y ajuste extractivista como un proceso unilateral, estable, lineal e irresistible. La crisis en la que nos encontramos es de tal profundidad que no se trata sólo de si un sector económico se hunde y otro emerge o se fortalece. Lo que enfrentamos es una crisis del orden histórico civilizatorio, en la que se revela no sólo la inviabilidad del sistema capitalista global, con sus contradicciones a nivelmo, sino también el que hayamos alcanzado un punto de degradación de los ecosistemas del planeta Tierra que está poniendo en serio peligro la vida tal y como la conocemos. La pandemia es no sólo un síntoma de esta profunda crisis, sino que está representando un punto de inflexión para que muchas cosas ya no vuelvan a ser como eran hasta ahora.
Si asumimos pues que se están moviendo las placas tectónicas del orden histórico civilizatorio, esto impacta, como hemos mencionado, no sólo a los pueblos sino incluso a las élites económicas y políticas, a la viabilidad de sus proyectos económicos, a la perdurabilidad de sus particulares sistemas de dominación. La volatilidad y la incertidumbre son la marca de la normalidad actual y futura. Nada está garantizado y absolutamente todo está en disputa.
Así que, quedan ciertamente vías y caminos abiertos. Es en este sentido que se ha afirmado que la pandemia nos abre también oportunidades. Pero el aprovechamiento de dichas oportunidades y la emergencia de nuevas alternativas societales que tributen a los pueblos y a la vida en la Tierra, no surgirán espontáneamente. Muy al contrario, requerirá de los pueblos en movimiento y la organización social, grandes esfuerzos y lucha.
En este sentido, si el extractivismo se va volviendo cada vez más autoritario y agresivo, entonces hay que resaltar la fuerza de las masivas movilizaciones sociales en América Latina, las cuales no sólo nos revela el descontento de las poblaciones de la región ante el estado actual de cosas, confronta a los crecientes procesos de neoliberalización, cambia favorablemente la correlación de fuerzas, sino también potencia procesos democratizadores, abre caminos para posibilitar y expandir las democracias. Las causas que originaron los malestares, rabias y las extraordinarias movilizaciones que se vieron en Latinoamérica en 2019 siguen estando ahí, sin resolverse. El 2020 también nos ha mostrado que los pueblos siguen en las calles, buscando reformular la expresión de sus descontentos ante estos tiempos de pandemia, mientras que buscan adaptarse a las nuevas situaciones y encontrar nuevos sentidos de lo político. A pesar de los confinamientos, la impunidad, el estado de excepción y la constante inyección de miedo a la población, al profundizar la crisis e intensificar todos los males del sistema imperante, la pandemia también está generando las condiciones para más y nuevas protestas y estallidos sociales.
Pero si ponemos la mirada en la especificidad de los territorios en este período, también presenciamos movilización, organización y resistencia. En Argentina, ante los intentos de imponer nuevos proyectos mineros en la provincia, la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut rompió con la cuarentena para movilizarse, al ver que extractivismo no la estaba cumpliendo. A partir de ahí lanzaron una propuesta más fuerte, que convoca a más de 20 localidades: el proyecto de ley de Iniciativa Popular (IP) 2020, una herramienta legislativa planteada para proteger a la provincia de la avanzada minera en los territorios[67]. En Chile se ha producido una situación similar en Putaendo (provincia de San Felipe de Aconcagua), cuando los vecinos se han movilizado desde abril para manifestar contra las nuevas pretensiones de la minería (Vizcachitas Holding) en sus territorios y en defensa del agua[68]. En la Amazonía peruana, pueblos indígenas como el Awajún, en territorios que han sido muy afectados por la minería informal, cerraron sus comunidades desde inicios de la pandemia al ingreso de otras personas[69]. En México, desde el 21 de abril 290 organizaciones, colectivos, comunidades y personas de varios estados del país han exigido mediante diversas acciones legales (como demandas de amparo y medidas cautelares) el cese de las actividades del proyecto del Tren Maya por riesgo sanitario, además de solicitar las garantías de participación equitativas para las comunidades afectadas, lo que finalmente se tradujo en una orden de paralización del proyecto a fines de junio[70]. Y en Venezuela, comunidades de Maripa, en el estado Bolívar, ha protestado en contra de la instalación de nuevas plataformas para la explotación minera en el Río Caura –en el marco del Arco Minero del Orinoco–, además de la situación de precariedad de los servicios públicos en la zona.
El cuestionamiento al extractivismo en América Latina sigue siendo fuerte. Las élites económicas y políticas intentan ya en la pandemia reposicionarlo y legitimarlo como un ‘salvador’ de la economía, por lo que la disputa por los caminos que debemos transitar para ‘salir de la crisis’ será muy intensa. Muy al contrario de ideas como estas, este es un tiempo propicio y necesario para el post-extractivismo. Nos encontramos en una encrucijada como región y como planeta, y la opción no puede ser retomar o insistir en esa ‘normalidad’ expoliadora y depredadora. Es fundamental crear y promover espacios de confluencia de las diferentes luchas en las que se puedan tejer redes de acción, compartir visiones estratégicas y establecer algunos horizontes comunes. Espacios como el Pacto Eco-social del Sur[71] permiten hacer confluir propuestas e iniciativas congregadoras para la región, tales como la solicitud de la condonación de la deuda externa –que contribuye no sólo a frenar la debacle que produce la pandemia sino también al extractivismo, que se sustenta en dicho endeudamiento–, una transformación tributaria solidaria o la construcción de economías y sociedades postextractivistas. Por su parte, la Asamblea Mundial Amazónica, realizada desde el 17 de julio, ha permitido articular organizaciones de varias partes del mundo con el fin de generar movilizaciones urgentes ante la situación de esta delicada biorregión[72].
El extractivismo es hoy, más que nunca, una opción de muerte y destrucción. Quienes defienden la vida están convocados a oponerse a ello, reivindicando su derecho a existir y a re-existir.


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