miércoles, 10 de junio de 2020

Destaquemos cómo se sigue profundizando el sistema opresor. Es hora de erradicar la impunidad de la CGT y el Ministerio de Trabajo al servicio del Capital.

Panorama político-sindical

Nuevo acuerdo CGT-UIA 

para reducir salarios

10 de junio de 2020

Por Mario Hernández (Rebelión)

“El secretario General de la CGT, Héctor Daer, remarcó que el acuerdo de reducción salarial del 25% fue «para ponerle un piso» a los recortes salariales que podían realizar los empresarios. Opinólogos y librepensadores hay siempre, nosotros tenemos que encontrar soluciones», manifestó.

El Ministerio de Trabajo avala despidos, suspensiones y rebajas salariales
El ministro de Trabajo fue acusado por la Asociación de Abogados Laboralistas de homologar acuerdos por reducciones salariales que violan los convenios laborales y los principios de irrenunciabilidad de derechos. También cuestionan el otorgamiento de las ATP sin apertura de libros contables.
La AAL asegura que «el Ministerio de Trabajo mediante el dictado de sendas normativas, no sólo favorables a la posibilidad de homologar acuerdos individuales o colectivos de suspensión con reducción de salarios, sino además creando procedimientos especiales para facilitar su tramitación, que violentan las más mínimas garantías procesales destinadas a tutelar los derechos laborales del trabajador y la trabajadora». 
Señalan la responsabilidad de la cartera laboral y del propio ministerio de Desarrollo Productivo por su aval al acta acuerdo suscripta entre la conducción de la CGT y la UIA que habilita la reducción de los haberes de los trabajadores suspendidos.
“En respuesta a lo solicitado por la UIA y la CGT, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dictó la Resolución MTESS Nº 397/2020 resolviendo que las presentaciones que en conjunto efectúen las entidades sindicales con personería gremial y las empresas para la aplicación de suspensiones conforme al art. 223 bis LCT, que se ajusten íntegramente al acuerdo celebrado por la UIA y la CGT, serán homologadas previo control de legalidad de esta Autoridad de Aplicación. De esta manera, el referido Ministerio acepta la pauta general de suspensión con reducción salarial acordada por la UIA y la CGT, no sólo homologando acuerdos que violan el orden público laboral, sino que además lo hace sin la debida comprobación previa de que la empresa en cuestión esté realmente atravesando una crisis económica que le impida afrontar el pago íntegro de los salarios. Se incumple así con la obligación de tramitar previamente el correspondiente procedimiento preventivo de crisis exigido por el art. 98 y siguientes de la ley 24.013 para todos los casos de suspensión por razones económicas, o en su defecto, el procedimiento establecido por el Decreto Nº 328/88, instancias en donde la empresa debe acreditar efectivamente la situación de crisis”, señalan los abogados laboralistas.
Pero no sólo la Resolución MTESS Nº 397/2020 resuelve homologar suspensiones con reducciones salariales solicitadas por la parte empresarial y sindical en conjunto, sino que también lo hace en el supuesto que la presentación sea realizada sólo por la parte empresaria acompañando el listado del personal afectado y la parte sindical haya guardado silencio por el plazo de 3 días luego de que se haya corrido traslado de dicha presentación. En este supuesto ni siquiera existe un acuerdo colectivo sino que se trata en realidad de una suspensión masiva sin representación sindical efectiva.

Y se lamentan porque «a esta enumeración de violaciones del orden público laboral se suma la injustificable inactividad judicial que importan la dificultad de acceso a la justicia para el trabajador o trabajadora que pretenda cuestionar la rebaja salarial que se le impuso».
Exigen la derogación de «las normativas antes mencionadas y todas las demás que permitan, faciliten o promuevan la tramitación y homologación de acuerdos individuales y colectivos de suspensión y/o de reducción salarial, por lesionar gravemente el orden público laboral, el Art. 14 bis de nuestra Constitución Nacional y normas internacionales con jerarquía constitucional que protegen a la persona que trabaja».
A lo que agrega Héctor Recalde que: “Si una trabajadora o trabajador sigue ocupado en la jornada normal tiene que seguir percibiendo la remuneración normal y habitual. Si le rebajan el ingreso se produce un verdadero enriquecimiento sin causa en términos civiles y no penales.
El artículo 179 del Código Civil y Comercial dice que “toda persona que sin causa lícita se enriquezca a expensas de otro (debería haber dicho: de otra) está obligado, en la medida de su beneficio a resarcir el detrimento patrimonial del empobrecido”.
Finalmente, merece un comentario especial la cuestionable actitud de la dirigencia sindical que aceptó firmar ese “acuerdo marco” propio de décadas pasadas y nefastas para los derechos laborales, al igual que la de los sindicatos que están suscribiendo acuerdos de reducciones generalizadas de salarios. Del mismo modo, es encomiable la postura de las organizaciones que están resistiendo la firma de esos acuerdos, en defensa de los salarios de los trabajadores y trabajadoras que representan.
Para el Secretario General de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro e integrante de la Comisión directiva de la CTA Capital, Roberto Pianelli, hay 125 empresas que se han colado y que no necesitan ATP. Frente al acuerdo UIA-CGT señaló: “Somos uno de los sindicatos que hicimos público que no estamos de acuerdo y que no vamos a aceptar ninguna rebaja. Reivindicamos el derecho de toda organización sindical a que, según la relación de fuerzas, haga negociaciones que impliquen retroceder en conquistas. Pero a un mes de iniciada la pandemia, ese marco es absolutamente equivocado. Habría que haber mantenido la lógica del primer decreto del gobierno que impedía bajar salarios y después discutir caso por caso”.
También el secretario general adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, criticó que el acuerdo alcanzado entre la CGT y la Unión Industrial Argentina (UIA) para evitar despidos de trabajadores suspendidos a cambio de un descuento salarial es una «decisión equivocada» porque «no es el momento para rebajar» sueldos.
Pablo Moyano sostuvo: «Hemos rechazado cualquier intento de los empresarios de rebajar sueldos o pagar el aguinaldo en cuotas».
«Nosotros lo rechazamos y no dejamos que ninguna empresa haga lo que firmó la UIA con la CGT»,insistió Moyano.
Los ataques a los trabajadores y trabajadoras no han cesado y la cifra de afectados por despidos, suspensiones y ataques al salario ya alcanzó a más de 4.7 millones de trabajadores. Al menos 744.420 trabajadores y trabajadoras perdieron su fuente de trabajo desde el comienzo del ASPO. De este total, 590.000 pertenecen al sector informal mientras que 154.420 al sector formal. Asimismo, 1.804.247 fueron suspendidos (de los cuales 1.737.509 también percibieron reducción en el salario); y 2.176.493 sufrieron ataques al salario en sus distintas dimensiones, según el Observatorio de Despidos durante la Pandemia.
Mientras tanto, el Gobierno extendió hasta fin de año la doble indemnización por despidos sin causa. La medida, que fue instaurada a principio de año, vencía esta semana.
La doble indemnización fue fijada por un Decreto de necesidad y urgencia durante el plazo de 180 días. Aquella normativa declaró la emergencia pública en materia ocupacional por seis meses y estableció que “en caso de despido sin justa causa” durante ese período los trabajadores “tendrán derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente de conformidad a la legislación vigente”. 
El Gobierno prorroga por 60 días la prohibición de despidos
En el marco de la emergencia sanitaria, el Gobierno nacional informó que se prorrogará por 60 días la prohibición de efectuar despidos sin justa causa, y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor.
Según detalla el decreto,también se extenderá la prohibición de efectuar suspensiones por los mismos motivos. No obstante, el documento aclara que quedan exceptuadas las suspensiones que sean pactadas individual o colectivamente u homologadas por la autoridad de aplicación en el marco de los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Al respecto, el ex diputado nacional y abogado laboralista, Héctor Recalde, sostuvo que: “En realidad, lo falaz es sostener que la rebaja salarial encuentre sustento en el artículo 223 bis de la ley del Contrato de Trabajo 20.744.
Esta disposición sólo habilita que en casos de suspensiones el empleador compense al trabajador con una prestación dineraria que no se considera remuneración para reducir el costo”.
La prohibición de despidos fue decretada inicialmente a fines de marzo, luego de que el presidente Alberto Fernández cuestionara públicamente a los empresarios que decidieron echar a trabajadores en medio de la pandemia y el parate económico producto de la cuarentena obligatoria.
Días antes, el Grupo Techint había intentado despedir 1.450 trabajadores de la constructora por la parálisis de la actividad (hecho que finalmente ocurrió con el aval del sindicato UOCRA y el ministerio de Trabajo) y el Presidente cargó contra Paolo Rocca, titular del holding: “Has ganado tanta plata en tu vida, tenés una fortuna que te pone entre los más millonarios del mundo; hermano, esta vez colaborá, y hacelo con los que hicieron grande a tu empresa, con los trabajadores”, le recriminó.
El tema fue analizado en una reunión de la cúpula de la CGT con la UIA donde hubo coincidencias entre empresarios y sindicalistas en mantener la suspensión de los despidos. Al mismo tiempo, el Gobierno ampliará la cantidad de empresas que recibirán ayuda estatal para pagar los sueldos de sus trabajadores. Casi ocho de cada diez empresas argentinas solicitaron asistencia para compensar las pérdidas provocadas por la pandemia lo que obligó al Gobierno a inyectar una suma equivalente a los 1.600 millones de dólares.
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, confirmó que unas 420.000 empresas se inscribieron al programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) impulsado por el gobierno argentino tras decretar la cuarentena obligatoria el 20 de marzo.
“La soga viene con mierda y hay que agarrarla con los dientes”
El histórico jefe del sindicato petrolero de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Guillermo Pereyra, viene de acordar una rebaja salarial de un 40% para unos 20.000 de sus afiliados, con suspensiones rotativas. Les pide a los trabajadores “estar tranquilos” y “no enojarse”. Reconoce que “la gente tenga bronca”, pero él tiene “miedo”.
En un audio sostiene que “la crisis se profundizó de una manera que no se sabe lo que va a pasar. No están produciendo. Los yacimientos están produciendo al 30 o 40% de su producción de petróleo. Lo único que está funcionando es el tema de los yacimientos gasíferos. Las refinerías no están funcionando porque tienen el almacenamiento lleno. Cerró la de La Plata, está cerrada la de Mendoza, los oleoductos están repletos”.
Esto no es cierto. La planta de YPF S.A. de Ensenada pasó a trabajar de un 20 a un 50% de su capacidad. En Luján de Cuyo, Mendoza, donde el oleoducto que viene desde Neuquén nunca se paró, la refinería pasó a trabajar del 45% a algo más del 60%.
Pero Pereyra continúa su mensaje afirmando que: “No hay actividad. Yo la verdad que tengo miedo. Reconozco que hay gente que tiene bronca. Pero la verdad que la situación no da para más. Estas empresas, todas estas empresas se manejan con los bancos. Siempre, siempre. Pagan con créditos bancarios, van sacando, van esto, lo otro, guita que les viene de afuera. Y ahora está todo cerrado. No hay un puto mango. Entonces, no hay que enojarse. Hay que estar buscando a ver de qué forma salimos. Pero no está nada fácil. Nosotros tenemos mucha gente en la casa, y no sé, hoy hablé con la gente de la Cámara cómo vamos a arreglar. Quiero la semana que viene tener una reunión. Estamos terminando el mes y no sabemos cómo vamos a seguir en junio. Si encaran un Procedimiento Preventivo de Crisis es para despedir, esos procedimientos son para despedir, y al 50%. Entonces acá el gremio se tiene que disfrazar no sé de qué, pero está jodido… ¿a quién le va a hacer paro? Ya está todo parado.
Está bien, hay que reclamar. ¡Pero tranquilos! Yo estoy hablando todos los días con las empresas. Acá, en Buenos Aires. ¡Hablando! No sé, el tema de los puestos de trabajo, si DLS va a despedir o no va a despedir, si va a presentar convocatoria para prescindir del procedimiento de crisis, eso lo hacen individualmente las empresas. Estoy hablando con DLS, pero la situación es la que te planteo: no tienen plata.”
Pereyra remató: “Así que así está amigo, compañero, la soga viene con mierda y hay que agarrarla con los dientes. Chau, chau…”.
Canasta básica y pobreza infantil
En Indec confirmó que en abril una familia de 4 integrantes necesitó $ 42.594 para no ser pobre. Muy por detrás de la Canasta de $ 67.372 que miden los trabajadores de ATE Indec. Y $ 17.897 para no caer en la indigencia.
¿Se puede sobrevivir con la Canasta Básica?
Un grupo de investigadores de Conicet se embarcó el año pasado en un experimento llamado “Proyecto Czekalinski”. Intentaron vivir seis meses consumiendo las calorías y alimentos indicados en la Canasta Básica Alimentaria con el fin de mostrar que se trata de una medición obsoleta.
El resultado fue contundente: contar solo con los alimentos que conforman la canasta básica constituye un grave riesgo para la salud. Los voluntarios debieron abandonar el experimento a mitad de camino, a los 3 meses por recomendación del equipo médico que realizaba el seguimiento. Su estado de salud empeoró significativamente. Florencia Demarchi una de las voluntarias perdió 5 kilos en tres meses, Martín Maldonado, uno de los impulsores y responsable del proyecto, perdió 6 kilos. Anemia, deshidratación suba de colesterol, triglicéridos y el azúcar en sangre. Baja de magnesio y la vitamina B12 y bajas defensas, fueron los resultados de los laboratorios.
Un reciente informe de Unicef sostuvo que sus proyecciones de pobreza infantil en el país aumentarían de manera alarmante hacia final de año producto de la crisis. La pobreza infantil alcanzaría a 7,7 millones de niños y niñas y adolescentes y llegaría al 58,6%.
Pero los recursos del Estado siguen direccionándose en mayor cuantía a financiar exenciones a empresarios, a pagar sueldos a grandes empresas como Techint y Clarín. Incluso a pagos de deuda odiosa que en este año sumaron más de u$s 4.000 millones.
Sin cobertura
Casi cinco millones y medio de trabajadores y trabajadoras están en una auténtica encerrona. Su actividad no se halla considerada entre las “esenciales”, y no les resulta posible hacerlas desde sus hogares. Se encuentran en un estado de vulnerabilidad laboral muy fuerte que, como tantas otras cosas, quedó al desnudo a raíz de la pandemia de coronavirus y la consecuente cuarentena.
“Se trata de los segmentos más vulnerables del mercado de trabajo. En promedio, cuentan con menor calificación, se concentran en actividades como la construcción, el comercio y el servicio doméstico, pertenecen a deciles de bajos ingresos, y tienen mayor probabilidad de operar en contextos de informalidad”, indica el estudio “Políticas públicas para pensar el sendero laboral hacia la nueva normalidad post-COVID-19”, de los economistas del CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), Ramiro Albrieu y Megan Ballesty.
Los académicos apuntan que sobre ese segmento, que representa nada menos que el 45% de los 11,6 millones de personas que componen la población económicamente activa (PEA).
En el informe se divide a los trabajadores y trabajadoras por su nivel de proximidad en el ámbito laboral. “Hay alrededor de 800.000 trabajadores vulnerables que se desempeñan en actividades con bajo nivel de proximidad, o sea, con poco contacto con otras personas. De estos, 660.000 son menores de 60 años y, por lo tanto, no son parte de la población de riesgo. Se trata de un grupo particularmente vulnerable en términos económicos y sociales: el 90 % son mujeres, 60 % del grupo asalariado trabaja en la informalidad y 65 % de los que declaran ingresos se agrupa en los primeros tres deciles. En términos de rama de actividad, el 80 % trabaja en el segmento de limpieza del servicio doméstico, y poco menos del 10 % en ramas no teletrabajables asociadas a la enseñanza”, se describe.
“Las ocupaciones vulnerables de proximidad media, en tanto, engloban al 30 % de todos los ocupados, es decir, unos 3,6 millones de personas. Allí prevalecen las actividades de comercio, construcción e industria”, indica el estudio.
Por último, desde el CIPPEC puntualizan que “las actividades vulnerables de mayor proximidad abarcan a casi un millón de trabajadores. Es un sector de alta vulnerabilidad social en donde la informalidad alcanza el 55 % y las ocupaciones operativas y no calificadas comprenden al 80 % de los ocupados. El 65 % son mujeres que se desempeñan principalmente en servicios domésticos, particularmente en el segmento de cuidado de personas y servicios de sanidad no calificados. También tienen un rol importante los servicios personales, las actividades relacionadas con la enseñanza, los servicios de alojamiento y gastronomía y el comercio”, enumeran.
En tanto, subrayan que ese análisis “omite un hecho relevante, como es que los riesgos de aglomeración y la alta proximidad pueden no estar en el puesto de trabajo, sino en el transporte público”.
Día del Periodista: nada para festejar
“En este período, a la grave situación de pérdida de puestos de trabajo que arrastramos de los últimos cuatro años, con más de 4.500 despidos a nivel nacional, se le sumaron despidos ilegales a pesar del decreto que los prohíbe, como sucedió en Publiexpress y en Editorial Atlántida. Además, muchas empresas pagan el salario en cuotas, como Clarín o Diario Popular, en una de las actividades en las que más se deterioró el salario en los últimos años, con una paritaria 2019 por la que sólo se percibió un 15% por un semestre. Les trabajadores colaboradores y freelance fueron les más perjudicados en este período, en el cual se pone en evidencia lo que denunciamos desde hace años: las figuras de colaborador y freelance esconden una relación laboral fraudulenta que deja sin derechos sociales a les trabajadores.
La ayuda estatal a través de los ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción) puso en discusión los objetivos y el rol de la intervención estatal. Un informe de Agustín Espada reveló que casi todos los grandes medios recibieron la ayuda, desde multinacionales como Viacom (Telefe) hasta medios del Grupo Clarín o La Nación y Perfil. Esa ayuda recibida por los empresarios, que para muchos pequeños medios de distintas regiones del país es imprescindible para su sostén, contrasta con la poca o nula ayuda que perciben cooperativas y medios autogestivos, donde trabajan cientos de compañeres y que, lejos del lobby al que nos acostumbraron muchas corporaciones, cumplen un rol social importantísimo como garantes de la información, señala Agustín Lecchi, dirigente del SiPreBA.
Al tiempo que adelantaron algunos de los resultados de la Encuesta sobre Salarios, Teletrabajo y Condiciones Laborales 2020 que realizó en las últimas semanas en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio.
A partir de más de 700 respuestas, se dio cuenta de la preocupante situación que vive el sector en cuanto a salarios, desigualdad de género, condiciones laborales y las nuevas problemáticas surgidas de la emergencia.
En abril el 66% de las trabajadoras y trabajadores que se encuentran en relación de dependencia en empresas de prensa de CABA cobraron un salario por debajo de la Canasta Total, estimada en $53.637 por la Dirección General de Estadísticas y Censos del GCBA.
El mismo mes, el 42% cobró un salario por debajo de los $41.994 indicados como línea de pobreza (según INDEC para abril).
En los medios privados, el 63% no recibe pago por trabajar horas extras, algo cada vez más frecuente con la extensión compulsiva del horario laboral producto del teletrabajo.
El 39% de les trabajadores de Prensa en relación de dependencia tuvo problemas para cobrar su salario en tiempo y forma durante la cuarentena.
Antes del aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno menos del 10% del total de les trabajadores de Prensa que trabajan en relación de dependencia hacía alguna forma de teletrabajo. Actualmente el porcentaje de trabajadores que teletrabajan asciende al 75%.
En las actuales condiciones, lejos de las supuestas ventajas de ahorrar tiempo, viáticos y pasar tiempo en casa, se encuentra latente una flexibilidad desreguladora.
La encuesta también da cuenta de la precarización y la transferencia de costos fijos de las empresas a les trabajadores: para ilustrar el caso, si antes una empresa pagaba el alquiler de oficinas, luz, gas, agua, internet, cable y otros servicios, ahora son les trabajadores quienes se hacen cargo de esos costos para poder trabajar.
El 97% de quienes hacen teletrabajo afirman que su empleador no le paga por el uso de internet en su domicilio. Al 74,1% su empleador tampoco les provee una computadora para teletrabajar, obligados a usar la suya propia, muchas veces compartida con otros miembros del hogar.
Al consultar por la provisión de otras herramientas por parte del sector patronal, el 86% afirma que no recibe ninguna otra herramienta para teletrabajar.
Otro dato relevante sobre las condiciones reales en las que actualmente se ejerce el teletrabajo es que el 82,5% no cuenta con el mobiliario adecuado para teletrabajar. Debido a esta carencia en la infraestructura provista por el sector empleador el 35,3% afirma que tuvo que hacer alguna inversión extra para poder trabajar desde casa.
Hay problemas que se repiten con frecuencia en las respuestas. “Trabajo más horas”, “No hay límites en los horarios”, “Se mezcla el trabajo con el tiempo de descanso”, problemas que muestran la sobrecarga que sufren les trabajadores. “Me piden cosas fuera de hora”, “No se respeta el horario laboral”, dicen otras respuestas.
“Cuando puedas ves esto, si no te jode, sé que es temprano, pero…”, frases que suenan cada vez más seguido por parte del personal jerárquico, son otra muestra de la necesidad de una nueva legislación que tenga en cuenta la desconexión como derecho, necesidad preexistente que se agudiza con el teletrabajo.
“El gremio de Prensa fue uno de los más castigados por el ajuste macrista. Sin lograr reponernos de esos cuatro años de despidos masivos, cierre de medios, ajuste salarial y sobre nuestros derechos, la pandemia volvió a servir de excusa a empresarios que se sienten impunes ante la ley para avanzar nuevamente.
La intervención del Estado se hace más necesaria que nunca. Pero fundamentalmente, la organización colectiva de les trabajadores en cada lugar de trabajo, para defender las condiciones laborales, regular las nuevas situaciones generadas por este nuevo contexto y pelear por recomponer nuestros salarios, una tarea urgente”, concluye la encuesta.
La Justicia del Trabajo dictaminó la nulidad de los despidos en la Revista Pronto. El fallo puso de manifiesto que Publiexpress S. A., la empresa que la edita, llevó a cabo los despidos ilegales durante los primeros días de abril, violando así el DNU presidencial que prohíbe los despidos durante la pandemia del Covid-19. De esta manera, ordenó la reinstalación inmediata de seis de sus trabajadores en sus puestos.
El 15 de abril, en plena vigencia del DNU 329/2020 de prohibición de despidos, la Editorial Atlántida que publica las revistas Gente, Para ti, Paparazzi y Billiken les comunicó a 44 trabajadores que estaban despedidos.
Las indemnizaciones ofrecidas por la empresa, además de ser ilegales por violar el DNU, incumplen con lo establecido por el Estatuto del periodista y el plan de pagos es de hasta 18 cuotas mensuales.
Como si esto fuera poco, en mayo el gobierno pagó el 50% de los salarios de la mayoría de los trabajadores y la empresa les informó a los despedidos que ese dinero sería tomado a cuenta de lo fijado en la indemnización.
La Comisión interna y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) pidieron la inmediata intervención del Ministerio de Trabajo para dejar sin efectos estos despidos ilegales y exigieron la regularización del pago de salarios y aportes.
El 30 de mayo será el primer plenario nacional de delegados de prensa de todo el país convocado por la nueva conducción de FATPREN que tiene a Carla Gaudensi, compañera de SiPreBA, como primera mujer Secretaria General en la historia de la organización. Será una buena instancia para discutir el rol de los medios de comunicación así como el sentido de la ayuda estatal que hoy los sostiene.
Trabajadores de la Salud
El 9 y 10 de junio realizarán Jornadas Nacionales y Provinciales de Lucha los trabajadores de la salud por bono para todxs, no a la persecución judicial, impuesto a la riqueza y derogación de Ganancias.
El 10, CICOP, gremio de los 13.000 profesionales de la salud bonaerense, hará una Radio Abierta con rueda de prensa en el Obelisco, a las 12:00.
El pasado jueves renunciaron directores de Hospitales de 7 ciudades de Chubut. Se trata de los directivos de Rawson, Trelew, Paso de Indios, Las Plumas, Gaiman, Camarones y Dolavon. La medida es encausada por la falta de certeza en el pago de haberes al personal de Salud.
El sector de salud que tendría que ubicar un rango de prioridad en la agenda de gobierno, es bastardeado cada vez que se le presenta la oportunidad al gobernador de #Chubut Mariano Arcioni relegándolos pese al decreto de Necesidad y Urgencia que los ubica en lo más alto de la pirámide de prioridades.
Las y los trabajadores de la salud del HOSPITAL MOYANO realizarán una actividad de protesta junto a otros trabajadores de la salud de hospitales públicos por las precarias condiciones en la que están enfrentando al coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires. Será el miércoles 10 a las 12:00 en el playón central del Hospital.
“En el personal de salud la curva de contagios se viene incrementando, ya muchos trabajadores/as de hospitales se contagiaron y/o fueron aislados. Ante esta situación y la continua falta de respuesta suficiente por parte del gobierno porteño, necesitamos visibilizar los reclamos por los que venimos luchando desde los inicios de la pandemia: entrega de equipos de protección personal en tiempo y de calidad; promoción y cumplimiento estricto de protocolos de bioseguridad; ingreso de personal para reducir la sobrecarga laboral; aumento salarial acorde al esfuerzo y riesgo laboral; y testeo de trabajadores/as y pacientes”, reclaman los trabajadores.
El Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud, SIPRUS–Fesprosa de Santa Fe, realizó un paro el pasado jueves y va hacia una jornada provincial de lucha el martes 9 y miércoles 10 de junio. En Rosario, se manifestaron frente al Nodo Salud y exigieron reapertura de la paritaria, condiciones dignas y seguras de trabajo, devolución de descuentos, pago de deudas y pase a planta camino a erradicar la precarización laboral en el sector.
“Además de aplausos necesitamos condiciones de trabajo y salarios dignos”, dijeron las y los profesionales de la salud en una nueva protesta. “Estamos muy atrasados en lo salarial y condiciones de trabajo, pues desde 2013 no hay pases a planta”, explicaron e instaron al Ejecutivo Provincial a establecer diálogo con el gremio y a los legisladores les exigieron “que piensen en este sector postergado”.
“No se devolvieron los descuentos del bono provincial de 3.000 pesos, no nos convocan a discutir condiciones de trabajo ni salarios, exigimos el pago a profesionales que hace 8 meses que no cobran el sueldo y sostienen el sistema de salud en medio de la crisis sanitaria y queremos que se ponga fin a la precarización laboral”, enumeraron desde SIPRUS.
Ley exime del Impuesto a las Ganancias a trabajadores esenciales
El Gobierno promulgó la ley que exime -de manera transitoria- el pago del Impuesto a las Ganancias al personal de la salud y de las Fuerzas Armadas, entre otros, por la emergencia sanitaria.
Se trata de la ley 27.549, que había sido sancionada por el Congreso Nacional el 21 de mayo último. Así, quedaron exentas de Ganancias -desde el 1° de marzo de 2020 y hasta el 30 de septiembre de 2020- las remuneraciones devengadas en concepto de guardias obligatorias (activas o pasivas) y horas extras, y todo otro concepto que se liquide en forma específica y adicional en virtud de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.
El beneficio alcanza a profesionales, técnicos, auxiliares (incluidos los de gastronomía, maestranza y limpieza) y personal operativo de los sistemas de salud pública y privada; el personal de las Fuerzas Armadas; las Fuerzas de Seguridad; de la Actividad Migratoria; de la Actividad Aduanera; Bomberos, recolectores de residuos domiciliarios y recolectores de residuos patogénicos, que presten servicios relacionados con la emergencia sanitaria establecida por Decreto N° 260/2020.
La misma ley estableció una pensión graciable de carácter vitalicio para los familiares de los trabajadores alcanzados por la norma, que hubieran fallecido entre el 1° de marzo y el 30 de septiembre de 2020 como consecuencia de haber contraído coronavirus.
Entrevista a Rubén, miembro de la Comisión Interna del Frigorífico Penta
A nosotros nos deben arriba de 100.000 pesos a cada uno
M.H.: Fueron agredidos el martes pasado.
R.: Exactamente. Estábamos haciendo una asamblea en la puerta del frigorífico como todos los días hace 80 días y desde adentro una patota empezó a insultarnos, a gritarnos cosas, que nosotros no teníamos nada que ver con el frigorífico, que el frigorífico era de ellos, como cargándonos. La gente se enojó, respondió de la misma manera, tiraron unos piedrazos, la gente respondió con piedras y empezaron a mostrar armas de fuego. Se puso tenso, tiraron 6 disparos, la gente corrió, un compañero hizo la denuncia en la comisaría 5ª de Quilmes y quedó hasta ahora todo ahí. El viernes nos encontramos en el frigorífico y fuimos hacia el Puente Pueyrredón con la intención de cortarlo para visibilizar nuestra situación.
Difundir esto, que alguien del gobierno se acerque, nosotros hemos entregado un petitorio a Máximo Kirchner, hablamos con Kicillof, le pedimos que tome cartas en el asunto, que ponga a ese empresario en su lugar porque no puede hacer lo que está haciendo. Nosotros como Cuerpo de delegados nos corremos para que entre la gente a trabajar. Tenemos gente enferma del corazón, de pulmón, de diabetes y están en la calle con nosotros, desesperados porque no pueden llevar comida a la casa, sin obra social con esta pandemia. Es inentendible que nadie nos dé respuesta. Fuimos a la Casa Rosada, le entregamos un petitorio al Presidente y esperamos respuesta de parte del gobierno, que es el gobierno de los trabajadores pero nosotros acá seguimos, hace 80 días ya.
M.H.: Y esa gente qué estaba adentro del frigorífico ¿quiénes son?
R.: Siguen ahí adentro todavía. Es una patota pagada por el señor Ricardo Bruzzese, presidente de la Cámara del sector, se sienta en la mesa del Consejo contra el Hambre que preside Victoria Tolosa Paz con la misma cara que se presentaba como “amigo” de María Eugenia Vidal y fundaba “Carne para Todos” en tiempos de Guillermo Moreno. Por eso es que hay mucha complicidad y nadie dice nada.
Nosotros hicimos la denuncia, el ministerio de Seguridad nos dijo que estaban por mandar un allanamiento para sacarlos y no pasó nada. Al otro día hicimos una asamblea ahí y vimos que siguen estando, nos miran desde los techos, duermen ahí, todo.
M.H.: O sea que esta vez Sergio Berni no fue como cuando los reprimieron.
R.: Cuando nos reprimieron sí estuvo. Esa vez las fuerzas policiales habían lastimado a un chico de 19 años que estaba en negro, que cobraba 80 pesos la hora. Ahí apareció porque a ese chico casi lo matan a palazos, estuvo internado, Berni lo fue a visitar y después no lo llamó más. Se hizo ver para las cámaras.
M.H.: ¿La situación sigue igual? ¿Ustedes siguen despedidos?
R.: Nosotros no estamos despedidos, no sabemos nuestra situación. Hace 80 días Ricardo Bruzzese no acató la conciliación obligatoria, ni de Nación ni de Provincia, hemos tenido muchas audiencias, tampoco acordamos nada, porque ellos nos acusan de delincuentes y el único delincuente acá es él porque no paga los sueldos adeudados, no tenemos obra social, tenemos gente enferma, tenemos que andar pidiendo en la calle para darle medicación a la gente, para darle para la garrafa. Así como el abogado de él sale a hablar por todos lados diciendo que somos delincuentes, la gente está con nosotros, ellos andan buscando firmas para presentar en el Ministerio y sacarnos a nosotros o que la gente nos dé la espalda, y la gente no lo hace. Llaman a los compañeros y ellos responden que abran la empresa y que entremos todos.
Yo escuché que el abogado andaba diciendo que para volver a abrir la empresa quería que los tres delegados nos corramos, nosotros hablamos con el sindicato de la carne y les dijimos que si había una negociación y nosotros nos teníamos que quedar del lado de afuera, siempre y cuando se respete a todos los compañeros, entren todos y les paguen los sueldos, yo me quedo afuera, no tengo ningún problema. Pero ellos dicen que no deben nada y están debiendo cinco quincenas. Es lamentable la situación.
M.H.: Mencionaste que la patronal no acató la conciliación obligatoria, me imagino dictada por el ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.
R.: Las dos, la de Nación tampoco. Una de Nación y otra de Provincia, nosotros nos sentamos con la ministra de provincia, también estuvimos con Mayra Mendoza, intendente de Quilmes, pero nadie nos da respuesta, nadie sabe nada. Ahora nos dieron los 10.000 pesos de la IFE y con eso nos quieren calmar. A nosotros nos deben arriba de 100.000 pesos a cada uno. Lo que no entiendo es que Bruzzese ni el decreto presidencial acató, para él no hay ley. Vive por fuera de la ley. Porque las conciliaciones las dejó de lado, sé que cuando la conciliación de Nación se terminó le hicieron una multa de 9 millones y medio de pesos y no sé si la pagará o no. La de provincia será otro tanto. Pero las puertas del frigorífico siguen cerradas.
Docentes
El martes 26 de mayo se realizó en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, una jornada de protesta frente a la Casa de Gobierno provincial. Es la primera acción realizada en esta ciudad por trabajadorxs de la educación en el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).
El 20 de mayo trabajadores de distintas direcciones dependientes de la Dirección de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires se manifestaron frente a la Casa de Gobierno en La Plata. Sus contratos no fueron renovados y se encuentran sin percibir ningún salario, por lo que exigieron que se les renueven los contratos.
Un severo deterioro de las condiciones laborales en el marco de la emergencia sanitaria, con falta de los recursos mínimos necesarios para emprender las tareas educativas y graves consecuencias sobre la salud física y mental, son algunas de las realidades que emergen del relevamiento organizado por el gremio docente Amsafe Rosario junto a las delegaciones de los partidos de Caseros, General López y Belgrano de la provincia de Santa Fe que realizaron una encuesta en la que participaron más de 5.000 docentes.
En el marco de la pandemia del Covid-19, los gremios de docentes de Tierra del Fuego y Neuquén, anunciaron que llevaron a cabo una protesta de manera virtual.
“Es indignante atravesar otros seis meses más de congelamiento salarial después de cuatro años en que vivimos la misma condición”, afirmó Javier Mastrocolo, secretario de Prensa del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (Sutef). Es su segunda protesta en lo que va de la cuarentena contra el gobierno de la provincia exigiendo la implementación de un aumento salarial acordado a comienzos de año.
En tanto, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (Aten) se sumó al apagón por una serie de reclamos al gobierno provincial y lo informaron en un comunicado:”El jueves y viernes apagaremos nuestras computadoras para no realizar ninguna actividad vinculada a lo escolar” y llamó a “docentes, estudiantes y familias a participar de la medida con imágenes, fotos o videos para visibilizar la problemática socioeducativa en toda la provincia”.
Por resolución de la Asamblea Extraordinaria de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Luján, pararon por 48 horas exigiendo inmediata apertura de paritarias para negociar licencias, designaciones, reintegro de gastos y condiciones específicas de trabajo.
Representantes de los cinco gremios docentes nacionales participaron el jueves pasado de una videoconferencia junto al ministro de Educación, Nicolas Trotta, y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. En la misma se determinó mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la educación a través del derecho a la desconexión digital y el derecho a la intimidad. Desde CTERA se lo definió como un triunfo y desde los sindicatos vinculados a la CGT se reclama también una compensación salarial.
Entre los principales puntos del convenio se destaca la incorporación del derecho a la desconexión digital que estará vigente hasta la finalización de la cuarentena. El mismo comprende que los docentes no pueden estar disponibles en cualquier horario y que deben tener garantizado un tiempo para descansar y estar tranquilos respetando la carga horaria en la que han sido designados. También el derecho a la intimidad para preservar su exposición y la de su familia a la hora de dictar clases en sus hogares.
Por su parte, el Ministro de Educación Nicolás Trotta se comprometió a colaborar con material tecnológico para garantizar el teletrabajo a través de la entrega de computadoras o de créditos para que los docentes puedan comprarse una.
En cuanto al retorno de las clases, se acordó que se llevará a cabo con el consenso de los gremios y que deberán tomarse los recaudos necesarios para que las condiciones de higiene y salubridad de las escuelas sean las adecuadas. 

Transporte

En Tucumán la UTA realizó un paro de dos semanas en reclamo de atrasos salariales de casi 4.000 trabajadores. «Estamos en la segunda quincena de mayo y todavía no podemos cobrar abril», explicó el secretario general de la seccional local de UTA, César González.
También se han visto grandes movilizaciones de choferes en el interior del país como ocurrió en Córdoba, Rosario y en muchas localidades del Conurbano bonaerense por despidos y rebajas salariales. Además, quienes se desempeñan en el servicio de corta distancia, considerado esencial, no cuentan con los elementos de seguridad e higiene pertinentes; así es como ha empezado a elevarse el número de personal con diagnóstico positivo de coronavirus.
El miércoles pasado por la mañana, los trabajadores de la empresa 18 de Mayo S.R.L, de transporte urbano, realizaron una caravana por el centro de la ciudad de Gral. Roca/Fiske Menuko. Reclamaron una respuesta por parte de la empresa, que desde hace 20 días está virtualmente cerrada, sin brindar el servicio ni garantizar la fuente de trabajo de 80 familias.
Finalmente, la FATAP, la UTA y el Gobierno firmaron un acta que garantiza el 100% de los salarios. La oposición al titular de la UTA, Miguel Bustinduy, había lanzado una medida de fuerza en solidaridad con el interior, que hubiera afectado a más de 80 líneas de colectivos en el AMBA. El gobierno nacional aceptó producir una asistencia financiera “indispensable” para afrontar el inmediato pago de los salarios.
Además, a través de la cartera que conduce Mario Meoni otorgó un subsidio excepcional de $500 millones a un centenar de empresas de transporte de larga distancia, para suplir la baja de ingresos en medio de la emergencia sanitaria.
Esta medida se formalizó a través de la resolución 122/2020 del Ministerio de Transporte publicada este miércoles en el Boletín Oficial, que le concede el subsidio a 99 empresas de todo el país, por un total de 3.529 coches, a razón de $141.683 por unidad.
En la mañana del viernes, choferes de larga distancia se autoconvocaron en las puertas de la empresa Platabus, ubicada en las calles 31 y 522 de la ciudad da La Plata, denunciando que la empresa dejó en la calle a 140 familias, 70 de la base de La Plata, desde el 31 de marzo, violando el decreto presidencial sobre prohibición de despidos. La medida fue tomada luego de que el presidente extendiera hasta finales de junio el aislamiento preventivo, social y obligatorio. Choferes de Plusmar y ERSA se acercaron a brindar su solidaridad.
Córdoba
La Unidad Fiscal de Emergencia sanitaria imputó a 13 directivos del Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) por incumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio. La Fiscalía, a cargo de Andrés Godoy, consideró que los dirigentes violaron el decreto del Poder Ejecutivo Nacional en prevención por la pandemia de Covid-19 cuando protestaron frente al Concejo Deliberante.
Los trabajadores municipales de la ciudad de Córdoba se movilizaron para manifestar su rechazo contra el proyecto que recorta la jornada laboral y reduce los salarios. La ordenanza fue aprobada en soledad con votos del oficialismo en una sesión virtual.
La cuarentena ofició de excusa perfecta para que el Intendente Llaryora dé un paso adelante en concretar el viejo proyecto de atacar las condiciones laborales del sector, un objetivo común de todas las gestiones desde 1983 a esta parte. Está claro que es el ensayo de una avanzada más general de ataque al conjunto de los estatales y trabajadores del sector privado, que ya están sufriendo rebajas salariales. 
La jornada en que las y los trabajadores municipales se movilizaron en rechazo al ajuste, cerró a la noche con una caravana de pibas y pibes de las aplicaciones de deliverys denunciando la represión que sufrieron el día anterior y exigiendo aumento y medidas de seguridad e higiene ante la pandemia.
Ellxs también están en la primera línea garantizando el traslado de comida y son imprescindibles para el funcionamiento urbano, aunque parten de mucho más atrás en sus condiciones laborales que los municipales. Son el símbolo de un modelo de híper-flexibilización del trabajo que va mucho más allá de ese sector y afecta en distintas modalidades a cientos de miles que trabajan en condiciones precarias. 
El 29 de mayo, aniversario del Cordobazo, se realizó una Jornada en toda la Provincia con ollas populares, reuniones en los lugares de trabajo, concentraciones públicas, acciones en redes, etc.
Reclamaron acciones concretas de todos los niveles de los Estados, en todos los ámbitos de la vida social:
1. Renta Básica Universal para todas y todos lxs trabajadorxs del País – independientemente sean estxs ocupadxs o desocupadxs-.
2. No al pago de la Deuda Externa odiosa, ilegitima, ilegal, fraudulenta;
3. No a la criminalización de la pobreza y la protesta social ni a la militarización y al disciplinamiento social por parte de las Fuerzas Represivas del Estado;
4. Inmediata aprobación del impuesto a la Riqueza;
5. Ratificación de la lucha de lxs Estatales (Nacionales, Provinciales, Municipales) por:
  • Reapertura urgente de paritarias. Salario por encima de la canasta básica total;
  • Reincorporación de lxs trabajadorxs despedidxs por Macri en el Estado Nacional;
  • Estabilidad Laboral (pase a planta permanente);
  • Mayores cuidados para nuestra primera línea de la Salud Pública;
6. Ratificación de la lucha del Sector Privado:
  • No a la reducción salarial;
  • Basta de despidos;
  • Conformación de comités mixtos de Seguridad e Higiene Laboral;
  • 4. Regulación del Teletrabajo.
7. Inmediata reunión con los máximos responsables de los Ministerios de Empleo y Economía Familiar de la Provincia; Ministerio de Desarrollo Social; Ministerio de la Mujer de la Provincia de Córdoba, para resolver de manera urgente:
a. Mantenimiento de los programas de empleo suspendidos en la Provincia (especialmente el Mujeres Por Mí, pero también el PILA, PPP, PIP, entre otros).
b. Nuevos programas de trabajo acorde a nuestra realidad. Que reconozcan aquellos trabajos que ya venimos realizando las promotoras de salud y las de género, las compañeras a cargo de las tareas de cuidados en los espacios comunitarios, así como programas que garanticen la realización de obras de infraestructura en nuestros barrios y la producción de alimentos en pos de la seguridad alimentaria.
c. Entrega de los alimentos adeudados a nuestros merenderos y comedores comunitarios y la duplicación de lo entregado previo a la pandemia;
d. Ejecución inmediata del Programa de Economía Popular promulgado por la provincia;
e. Pago inmediato de lo adeudado con les trabajadores textiles, cuadrillas de mantenimiento preventivo, servidores urbanes y demás trabajadores de la economía popular.
f. Abordaje urgente a la emergencia sanitaria de los barrios populares, garantizando sin demora el acceso al agua potable, que haga posible los cuidados elementales de limpieza e higiene de nuestres compañeres.
g. Implementación inmediata de la ley de agricultura familiar.
Por los gremios y las fábricas
La seccional Salta de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) se declaró en estado de alerta y movilización en rechazo de 700 despidos de trabajadores que cumplen tareas en las obras de reparación del trazado ferroviario del Belgrano Cargas, entre Nuestra Señora de Talavera y Pichanar de esa provincia.
La construcción sufrió un desplome del 75,6% interanual en abril y acumula una destrucción de 100.000 puestos de trabajo en el último año.
Trabajadores y trabajadoras de la empresa Trento, ubicada en la localidad de Malvinas Argentinas, resisten el intento de la empresa de vaciamiento y defienden sus puestos laborales.
Los trabajadores también denuncian que desde fines del año pasado la empresa tiene manejos irregulares con ingresos que no se vuelcan a la producción ni a atender la demanda habitual de los clientes. “La empresa está en condiciones de abrir las puertas y que todos volvamos a trabajar, pero ha realizado un lock-out para presionarnos y desconoce las decisiones judiciales y del Ministerio de Trabajo que la intiman a reconocer nuestros derechos. La empresa dice que no le dan los permisos para trabajar pero nosotros hemos averiguado con el municipio y los permisos están. Lo único que falta es que el empresario se presente en la Municipalidad y firme, nada más. Cosa que no hace porque nos chantajea con el 75% del sueldo”, aseguró el dirigente de SATIVA-CTA-A y referente de la Comisión Interna de Trento, César Aguilera. “Nosotros decimos queremos volver a trabajar pero con todos los trabajadores adentro y esta es la posición que vamos a llevar el martes a la reunión que tenemos en el Ministerio de Trabajo con la empresa”, afirmó Aguilera.
Los trabajadores abrieron una cuenta bancaria para un Fondo de huelga y poder recibir el aporte solidario de trabajadores y trabajadoras de todos los sectores:
CBU: 1430001713007634100014
N° Cuenta: 13007634410001

Los trabajadores textiles de la empresa Sedamil, ubicada en la ciudad chubutense de Trelew, reclamaron «el cobro de los salarios adeudados» y repudiaron «el accionar de la patronal» que no deposita los haberes, informó el titular del sindicato, Hugo Benítez.
Benítez explicó que Sedamil adeuda un mes y medio de ingresos a los 150 operarios, que tuvieron que romper el aislamiento social, preventivo y obligatorio para protestar frente a la sede de la compañía.
Una grave denuncia recae sobre una sucursal de la heladería Cremolatti, ubicada en pleno centro cordobés, en Bv. San Juan al 511, aunque sospechan que pasaría lo mismo en otras sucursales debido a que varias de ellas responderían a la misma persona: Germán Rocca.
La seguidilla de mensajes de Whatsapp empiezan con una frase insólita: «Estamos haciendo el esfuerzo por mantenerles a todos el trabajo así que tienen que saber aceptar las medidas que se tomen».Luego vienen las indicaciones prácticas: «En primer lugar, hagan la inscripción en lo del plan del ANSES (se refiere al Ingreso Familiar de Emergencia) para ver si son o no beneficiarios, ya que ese monto formará parte de su sueldo.» 
Al mismo tiempo, los conminan a enviar una captura de pantalla con la respuesta de ANSES a si lo van a cobrar o no y además les piden los datos personales para rastrearlos en los listados del organismo.
Como si fuera poco, los amenazan con 75 días de suspensión sin goce de sueldo que les «otorga la ley» pero aseguran que no quieren «llegar a eso».
Los trabajadores municipales de Bariloche cobraron 2.000 pesos menos. Son los que el gobierno de Gustavo Gennuso había otorgado como suma fija y a cuenta de futuros aumentos, ante la imposibilidad de cerrar una paritaria.
La seccional Río Negro de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) repudió esa decisión de la comuna, mucho más en el actual contexto de la pandemia de coronavirus.
El Sindicato de la Industria Cinematográfica definió la situación de sus representados como de «emergencia absoluta», debido a la imposibilidad de acceder tanto al seguro de desempleo como a los beneficios que dispuso el Gobierno por el freno total de la actividad que dispuso producto de la pandemia.
«Esta situación se da como en otras actividades en las que la persona que no es contratada no cobra y no trabaja, no como en otras industrias donde son suspendidos. Tampoco son informales, porque tienen un contrato por tiempo determinado con todos sus aportes», aclaró el secretario general del sindicato, Guido Valerga.
Al menos 46 rodajes fueron cancelados desde el inicio de la cuarentena en la industria audiovisual argentina por la pandemia del coronavirus, por lo que autoridades del SICA calculaban que 2.000 puestos de trabajo y alrededor de 50 millones de pesos en concepto de salario se perdieron sólo durante el primer mes de la medida.
El Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID) repudió la decisión de la empresa Pol-Ka Producciones SA de no abonar en tiempo y forma los salarios de las trabajadoras y los trabajadores y la intención de Canal 13 Artear y el Grupo Clarín de desentenderse de más de 300 personas que allí realizan sus tareas.
La deuda que mantiene la empresa además del sueldo de mayo, es un 30% de salarios del mes de abril. También subrayan desde el gremio que “la empresa es beneficiaria de la asistencia estatal mediante los ATP para el pago de los salarios de los meses de abril y mayo”.
¡LIBERTAD A SEBASTIÁN ROMERO!
El 30 de mayo Sebastián Romero, obrero de la General Motors de Rosario y militante del PSTU, fue detenido en la República Oriental del Uruguay. Sebastián es perseguido político desde el 18 de diciembre de 2017 por haber participado junto a miles de trabajadores y trabajadoras de la movilización contra la reforma previsional que implicó un brutal robo a los jubilados y jubiladas. El entonces gobierno de Mauricio Macri y su ministra de Seguridad Patricia Bullrich en la figura de Sebastián intentaron demonizar la legítima movilización popular contra el ajuste. Solo por movilizarse para defender a los jubilados, Sebastián hace 29 meses que no puede ver a su familia, ni a sus amigos y amigas, ni a sus compañeras y compañeros de trabajo en la General Motors y de militancia del PSTU. Por lo mismo, su compañero Daniel Ruiz estuvo 13 meses injustamente detenido en el penal de máxima seguridad de Marcos Paz. Hoy Sebastián es un preso político, lo cual es inadmisible en una sociedad que se pretende democrática. Exigimos al Gobierno de Uruguay, presidido por Luis Lacalle Pou, el envío de forma inmediata de Sebastián a su país y aquí debe ser inmediatamente liberado por la justicia argentina como muestra de que el país recupera parámetros democráticos imprescindibles para dejar atrás el Macrismo y su destrucción social planificada. Con Presos políticos no hay democracia.
Firman organismos de DD HH, sociales y políticxs: Foro por la democracia y la libertad de lxs presxs políticos, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Centro de Estudios Legales y Sociales, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos–La Matanza.
Fuentes: ACTA-CTA, Red Eco Alternativo, Tiempo Argentino, Clarín, Anred, Resumen Latinoamericano, APU, Infogremiales, argentina.indymedia, Infobae, Página12.

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