miércoles, 22 de abril de 2020

Nos urge, en el Abya Yala, solidarizarnos entre nosotres y sobre todo con Colombia que demuestra hacia dónde avanza el sistema mundo capitalista y sus locales en su afianzamiento de la expropiación de nuestros territorios.

Militarización, paramilitarización y negación al amparo del estado de emergencia económica y social
20 de abril de 2020
Boletín Especial sobre Derechos Humanos Nª 2
  


Las condiciones generadas por la  declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el  territorio nacional (Decreto presidencial 417 del 17 de marzo de 2020) y la imposición de severas medidas a la  población como el aislamiento obligatorio con el fin de prevenir la propagación de la pandemia del coronavirus  no han impedido la continuidad de graves violaciones a los derechos humanos y la represión a diversas  manifestaciones de la inconformidad ciudadana. Desde el 6 de marzo, fecha en que se confirmó el primer caso d e  Covid - 19 en el país al menos  10 excombatientes que firmaron la paz han sido asesinados en Sucre, Putumayo,  Chocó, Tolima y Meta 1 . Durante el mismo periodo, 21 líderes sociales fueron asesinados, generalmente en sus  casas, o sacados de ellas mientras se  resguardaban por la cuarentena para aparecer luego asesinados en otros  lugares por los habituales “desconocidos” o “sicarios indeterminados”, quienes sí han podido moverse  libremente en medio de las restricciones de movilidad impuestas 2 . 

La represión  violenta de la Fuerza Pública a sectores que protestan en diversas ciudades y regiones acosados  por el hambre o por la destrucción de sus medios de subsistencia tampoco se ha detenido, especialmente por la  intensificación en este período de la denominada “ guerra” contra las drogas, que se ha centrado en la represión a  miles de familias que han venido reclamando la sustitución concertada de cultivos ilícitos y planes alternativos  para la subsistencia económica, reclamos para los que el Gobierno no muestra vo luntad y dice no tener los  recursos, mientras sigue incumpliendo en gran parte los compromisos asumidos con cerca de 90.000 familias  que lograron ser incluidas en los programas de sustitución de cultivos acordados en el marco del Acuerdo Final  de Paz entre el Gobierno y las Farc. En este contexto, los grupos paramilitares y el sector de las denominadas “disidencias” articuladas al  narcotráfico y funcionales a la estrategia paramilitar han aprovechado el aislamiento obligatorio para expandir  su control mili tar y su accionar a diversas regiones, imponer confinamientos por espacio de muchos días a  comunidades indígenas, imponer o reforzar los “toques de queda” en distintas regiones con el pretexto de la  cuarentena para favorecer sus actividades de narcotráfico o, inclusive, para buscar casa por casa a  excombatientes en municipios con alta presencia de la Fuerza Pública, como sucedió el 13 de abril en el casco  urbano del municipio de Argelia en el Cauca.  De otra parte, llama poderosamente la atención que el co nfinamiento por combates entre los paramilitares de  las AGC y el ELN se desarrolle precisamente en Bojayá, que es justo uno de los 43 municipios priorizados para la  presencia integral de las fuerzas militares, al ser incluido dentro de las “Zonas Futuro”,  y que la respuesta de mando militar ante las denuncias luego de varios días sea la de declararse sorprendido y prometer que harán  presencia en la zona para confirmar o desvirtuar las denuncias de las comunidades .  Varios días antes voceros tanto de Naci ones Unidas como de la Iglesia, habían alertado sobre esta situación, al  igual que se habían denunciado confinamientos, restricciones a la movilidad de las comunidades y  desplazamientos, recientemente, en Carmen del Darién, Alto Baudó, Sur de Córdoba, Baj o Cauca, Roberto Payán  y Tumaco por enfrentamientos y terror de estructuras ilegales sobre las comunidades. Pero como se ha vuelto  costumbre, las autoridades siempre parecen ser las últimas en enterarse, a pesar del gigantesco aparato y  presupuesto destina do a la inteligencia militarse, y limitan a declarar que harán presencia en la zona para  verificar las denuncias.  A comienzos de abril la Defensoría del Pueblo constató la consumación de riesgos en contra de la población civil  de los municipios de Fronti no y Urrao por la llegada y copamiento de estructuras de los paramilitares de las AGC  a estos municipios donde están asentados excombatientes de las Farc . Esta misma semana desde el Espacio  Regional de Construcción de Paz de los Montes de María, se denunc ió el resurgimiento de grupos armados  ilegales en esta región del norte del país, que abarca municipios de los departamentos de Bolívar y Sucre  .  Igualmente, el Proceso Social de Garantías para la labor de las y los defensores de derechos humanos de  Anti oquia denunció la perpetración de hechos violentos como efecto del “avance paramilitar contra las veredas  de El Carmen, la Cristalina, el Piñal, Lejanías y Mina Nueva del Municipio de Segovia” Antioquia y sus alrededores  en el contexto de la crisis de salu d pública por el coronavirus . Y las denuncias por hechos similares se repiten  por diversas regiones de la geografía nacional, evidenciando que la militarización en el contexto del encierro  obligatorio ha estado acompañada del copamiento intensivo de las regiones por parte de las estructuras  paramilitares y las denominadas “disidencias” que se articulan con esta estrategia. La situación se ha vuelto repetitiva en las mismas regiones, igual que las respuestas de las autoridades centradas  en los mismos pretextos, que de tanto repetirse han dejado de ser creíbles y expresan más claramente una  situación de connivencia con la expansión de las diversas modalidades de la estrategia paramilitar y una  situación de delegación en estas estructuras del combate y confrontación a las insurgencias y del control y  disciplinamiento de las comunidades en dichas estructuras paramilitares. Las alertas tempranas sobre los  riesgos para las comunidades del Chocó han sido declarados reiterativamente por parte de la Defensoría del  Pueblo. Ante esta situación la Ministra del Interior se ha limitado a declarar recientemente que  “en el Chocó entre  los años 2018 y 2019, se han emitido ya 21 alertas tempranas, de las cuales la respuesta rápida ha sido dar traslado  al Ministerio de Defensa , el Director de la Unidad Nacional de Protección, el Comandante General de las Fuerzas  Armadas, el Director de la Policía Nacional, de la Unidad de Víctimas y demás autoridades departamentales y  municipales para posteriormente hacer el seguimiento” La respuesta nunca es rápida ni se evidencia efectividad en el seguimiento ni por parte del Gobierno ni de los  organismos de control y judiciales. Ante los llamados por las situaciones de confinamiento en Bojayá y el Alto  Baudó que persistieron por varias semanas desde fines del año pasado y comienzos del presente sin respuesta  alguna por parte de la Fuerza Pública, el Comandante de las Fuerzas Militares General Luis Fernando Navarro,  aseguró, ante los medios de comunicación que la seguridad de los habitantes d e esta región estaría garantizada y  que  “la presencia militar será permanente” . 

Hoy de nuevo las comunidades se encuentran en confinamiento y  ante las narices de las fuerzas militares, son los paramilitares de las denominadas Autodefensas Gaitanistas de  Colombia los que confrontan militarmente a los frentes del ELN en la región Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, pueda acordar, poner en marcha y dar seguimiento al plan para el  desmantelamiento de dichas estructuras.  En vez de ello el programa de protección colectiva piloto acordado para Bojayá otorga mayor poder a las Fuerzas  Militares asentadas en la región, pues termina por incluir a Bojayá dentro de las Zonas Estratégicas de  Intervención Integral, mediante las cuales se subordina tanto a las autoridades locales como a las organizaciones  sociales al poder del mando militar en la zona, tanto en la provisión de asistencia humanitaria como en los  distintos rubros del desarrollo económico y social, incluido el control y direccionamiento de los fondos de  cooperación internacional. En efecto, recientemente la Presidencia informó que “el municipio de Bojayá (Chocó)  será incluido en la estrategia de Zonas Futuro,  en cumplimiento del compromiso asumido por el Presidente  Duque en su visita del 11 de enero a esa región” .  Las Zonas Estratégicas de Intervención Integral, reeditan las anteriores Zonas de Consolidación y Rehabilitación  que otorgaron facultades exorbitantes para limitar la democracia y las libertades fundamentales en diversas  zonas afectadas por el conflicto, por lo que fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional en el año  2003, Ante esto la Presidencia decidió simplemente cambiarles el nombre pasando a denominarlas “Zonas  Futuro”. 

Es evidente que, al estar ubicadas en las regiones donde los nexos de Fuerza Pública y las  estructuras de narco - paramilitares están más consolidadas, estas Zonas están condenadas al fracaso y no frenarán  los abusos a los Derechos Humanos ni la persecución a los líderes y organizaciones que se oponen a los  propósitos de unos y otros.  La respuesta del Gobierno y la Fiscalía frente a los reclamos sigue siendo la de mostrar que lo que pasa no es tan  grave, o que no pasa nada o pasa muy poco. El 3 de marzo la Ministra del Interior Alicia Arango  en la Mesa por la  Vida celebrada en Puerto As ís (Putumayo), anunció una hoja de ruta para la efectiva protección de líderes  sociales desde los departamentos, iniciativa conjunta de la sociedad civil, los gobernadores departamentales y la  Procuraduría General. Pero en el mismo momento expresó que era mucho más grave el fenómeno del robo de  celulares que el del asesinatos de líderes sociales, y al día siguiente se lamentaba ante los medios porque  “todos  chillan por los líderes sociales y no por otros muertos” expresando el desprecio y desagrado que le merecen las  personas que dedican su vida a la defender los derechos de las comunidades más marginadas. Dos semanas más  tarde fue asesinado Marco Rivadeneira, en Puerto Asís, quien era el más destacado líder de las comunidades  campesinas del Putumayo. 

Hasta ahora, no se ha generado ni una sola muestra de rechazo o de condena a dicho  asesinato por parte de la Ministra y las demás autoridades del Alto Gobierno.  En los debates citados en el Congreso por esta situación, la Ministra volvió, apoyada en registros la Fiscalía, a  minimizar la situación de los líderes y lideresas, expresando que eran solo 8 y luego sólo 13, los líderes  asesinados entre el 1 de enero y el 10 de abril, mientras el Programa Somos Defensores tiene registrados 62  líderes asesinados e Inde paz exhibe un registro de 72 asesinatos durante ese periodo. Es más, la Misión de  Verificación de las Naciones Unidas ya había reportado 56 denuncias de asesinatos de líderes y lideresas sociales  entre el 1 y el 24 de marzo con datos de la Oficina de la Al ta Comisionada de las Naciones Unidas para los  derechos Humanos.   

Fuente: https://rebelion.org/wp-content/uploads/2020/04/1-3.pdf

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