sábado, 29 de febrero de 2020

Destaquemos: "La hipótesis principal del libro plantea que en el fascismo además de intensificarse la explotación del trabajo humano tal como se produce bajo el capitalismo, la relaciones laborales, que designan el lugar en que cada trabajador se sitúa en el proceso de trabajo así como las condiciones en que lo realiza, son el medio para integrar o excluir a los trabajadores en la comunidad nacional, llegando a una restauración del esclavismo y al exterminio por medio del trabajo como formas extremas de exclusión y de refuerzo de la identidad racial de la sociedad fascista.

Fascismo y organización del trabajo
Capitalismo militarizado, esclavismo y exterminio
29 de febrero de 2020

Por Alejandro Andreassi Cieri
Fuentes: Conversaciones sobre la Historia
La organización del trabajo es un aspecto clave para comprender el funcionamiento de las sociedades antiguas y modernas, los principios y valores con que se rigen y los objetivos que persiguen. Ese carácter de clave interpretativa lo es por varios motivos:
  1. El trabajo humano ha existido a lo largo de la historia de la especie humana, pero en cada fase o época ha adquirido por su carácter jurídico y/o técnico, un carácter específico que ha señalado y definido a la sociedad y a la época correspondiente. No es lo mismo hablar de trabajo esclavo, servil o libre, porque, aunque las tareas que se realizaran con cada uno de ellos fueran similares, la distinta connotación normativa y axiológica los señala como radicalmente diferentes. La forma en que se ha objetivado el trabajo ha caracterizado -obviamente junto a otras pautas simbólicas- las diferentes épocas de la historia humana.
  2. Especialmente en las sociedades modernas el trabajo es un factor trascendental en el proceso de socialización definitiva de los seres humanos, una socialización que comienza en el ámbito familiar y se complementa en el escolar formativo y culmina con la incorporación al ámbito laboral. Por lo tanto, se comporta como un elemento de integración y cohesión social.
  3. En el proceso de trabajo se verifica la naturaleza más íntima de ese momento civilizatorio al que damos el nombre de capitalismo. Es la piedra fundamental en la que se basa el sistema capitalista, donde se asegura su reproducción y donde se realiza el primum movens del capitalismo: la generación de plusvalía en base a la explotación del trabajo humano asalariado por el capital.
Este libro que aquí resumo tiene como objeto el estudio del trabajo y su organización en los fascismos italiano y alemán. La hipótesis principal del mismo plantea que en el fascismo además de intensificarse la explotación del trabajo humano tal como se produce bajo el capitalismo, la relaciones laborales, que designan el lugar en que cada trabajador se sitúa en el proceso de trabajo así como las condiciones en que lo realiza, son el medio para integrar o excluir a los trabajadores en la comunidad nacional, llegando a una restauración del esclavismo y al exterminio por medio del trabajo como formas extremas de exclusión y de refuerzo de la identidad racial de la sociedad fascista. Ello va a ocurrir en el fascismo alemán, con la utilización como esclavos a los prisioneros de los campos de concentración, así como la consumación del genocidio judío, gitano y de prisioneros políticos mediante el recurso a trabajos forzados hasta la extenuación (recordar la siniestra escalera de la muerte de Mauthausen donde fueron asesinados tantos republicanos españoles). Pero también el fascismo italiano recurrió al trabajo esclavo durante la ocupación de Etiopía, creando una clara segregación de la población autóctona condenada a la servidumbre por el ocupante italiano.
Este enfoque era la consecuencia de un principio ideológico común a los fascismos: la convicción de la desigualdad radical, de base biológica, de los seres humanos. Frente a las ideas procedentes de la Ilustración y la Revolución francesa que proclamaban la igualdad de todos los miembros de la especie humana, sin distinciones raciales ni de ningún tipo, el fascismo consideraba lo contrario y erigía esa desigualdad como principio de organización social. Simultáneamente con esa afirmación se conectaba otro núcleo fundamental de la ideología del fascismo: su negación radical de la democracia. Como la desigualdad era la condición normal de la esencia humana los fascistas deducían que la democracia era antinatural ya que esta se basa en la igualdad política de todos los miembros de la sociedad, el equi-poder de cada ciudadano, o sea la capacidad de autonomía y participación equitativa en la toma de decisiones, que colectivamente se expresa como soberanía popular.
Los fascistas consideraban que la capacidad para trabajar y la calidad del trabajo que podía realizar cualquier persona era algo predeterminado, innato, vinculado a las características raciales de cada individuo, que de este modo se transformaban en un componente de la “naturaleza” humana, en rasgos esenciales, y no en el resultado del conjunto de prácticas y de ideas generadas en el proceso de producción cultural y de devenir histórico. Las características jerárquicas de la organización del trabajo bajo el capitalismo se transformaban según la perspectiva fascista en las condiciones naturales -biológicamente determinadas- de la organización de las relaciones de producción y del proceso de trabajo.
Los movimientos fascistas surgen en Italia y Alemania inmediatamente después del fin de la Primera Guerra Mundial, y por lo tanto han sido considerados producto de la misma. Sin embargo, los elementos seminales de su ideología se conformaron mucho antes, en el último tercio del siglo XIX, acompañando la Segunda Revolución industrial con la entrada en juego de los mayores avances de las ciencias naturales y de la tecnología derivada de ellas. La guerra jugó el papel de catalizador de esas tendencias previas. Me limitaré al examen de una de ellas, tal como lo hace el libro que ahora resumo, y que es producto tanto de esa Segunda Revolución Industrial como de la lucha de clases entre capital y trabajo desarrollada a lo largo del siglo anterior. Me refiero a la llamada Organización Científica del Trabajo (OCT) especialmente en su forma inicial: la metodología y objetivos propuestos por el taylorismo (ya que su impulsor fue el ingeniero norteamericano Frederick Winslow Taylor).
El objetivo declarado por Taylor al proponer su método era el de conseguir algo que había sido perseguido por los empresarios desde el inicio de la industrialización, y que consistía en la subordinación total del trabajo al capital con el objetivo de aumentar significativamente la productividad del trabajo asalariado eliminando cualquier posibilidad de resistencia obrera, para lo cual era necesario sustraer la más mínima parcela de control del proceso de trabajo, que había sido uno de las más importantes recursos de los obreros más cualificados, herederos de las técnicas y métodos del artesanado, para negociar sus condiciones de trabajo y de salario a lo largo del siglo XIX. Para conseguir esa sumisión del trabajo al capital, Taylor proponía que debía someterse al trabajador a una serie de rutinas diseñadas por la dirección de la empresa, y esas rutinas debían basarse en la investigación y determinación “científica” de los movimientos y tiempos que debía emplear cada trabajador en el desempeño de la tarea encomendada. Era una propuesta que transformaba al trabajador en un ente heterónomo sometido a las indicaciones de gerentes, ingenieros y capataces, y por lo tanto completaba el proceso de alienación y deshumanización de la tarea que se incubaba desde los orígenes del capitalismo. Se trataba de separar no sólo física sino mentalmente las tareas de diseño y dirección de las de ejecución del proceso de trabajo, las primeras reservadas a los puestos más altos de la jerarquía empresarial, y los últimos al conjunto de trabajadores asalariados, y todo ello con la legitimación que creía otorgaba una presunta “fundamentación científica”. 
El impacto de esta propuesta anti-obrera que pretendía resolver definitivamente a favor del capital el resultado de la lucha de clases repercutió incluso en la dinámica bélica donde la optimización de procedimientos y la aceleración de ritmos de trabajo se aplicó a las operaciones militares para aumentar la potencia mortífera del armamento, ya de por sí con un poder destructivo sin precedentes, y que además permitía alargando el alcance y la potencia destructiva “desvincular ” al ejecutor de la acción bélica de los resultados de la misma, por ejemplo con la utilización de armas químicas (gases venenosos), la ametralladora o la artillería pesada; un resultado similar a la alienación completa que sufría el obrero taylorizado -obligado a realizar tareas estandarizadas que él no controlaba y cuyos resultados finales ignoraba. Además, la guerra con ese despliegue tecnológico que la transformó en la primera masacre industrializada de la historia produjo como resultado la deshumanización definitiva de una actividad de por sí anti humana como es una guerra. Esa omnipotencia destructiva y al mismo exculpatoria del agente ejecutor inauguraría en la post guerra una militarización y brutalización de la política de la que harían gala los fascismos. Por lo tanto, vemos aquí la conjunción de eventos ideológicos y axiológicos creando el contexto cultural fértil al desarrollo fascista. A ello cabe agregar la pulsación modernizadora tanto del fascismo italiano como del alemán y su preferencia por la ciencia y la tecnología más avanzadas ya que estaban convencidos que sus respectivos programas para recuperar el estatuto de grandes potencias y sus planes de expansión imperial exigían no solo una industria avanzada sino también el respaldo tecno-científico necesario para alcanzar tales objetivos.
El único ingrediente que faltaba para cerrar completar el contexto favorable al desarrollo de los fascismos era el de la crisis en su dimensión no sólo económica sino también política. En Italia se va producir en la inmediata postguerra con la llegada de Mussolini al poder en octubre de 1922, mientras que en Alemania la crisis de 1929 sería la que acabaría favoreciendo la llegada de Hitler al poder en enero de 1933. La crisis de postguerra en Alemania va a ser superada por la República de Weimar, pero el inicio de la Gran Depresión en 1929 va a ser demoledor para la democracia alemana, ya que el empresariado junto a las fuerzas de la derecha y extrema derecha van a optar por una solución autoritaria para afrontar la crisis, facilitando el nombramiento de Hitler como canciller, con la aquiescencia del presidente Hindenburg.
La llegada de los nazis al poder va a significar la destrucción de las organizaciones tanto políticas como sindicales del movimiento obrero alemán, cumpliendo con ello con una de las exigencias prioritarias del capital alemán. El empresariado quería volver a las condiciones de producción anteriores a 1918 y exigía eliminar todo el sistema de protección colectiva de los derechos laborales establecidos por la legislación de la República de Weimar, restableciendo la autoridad absoluta e incontestable del empresario sobre sus trabajadores
La formalización legal de la restitución del poder empresarial sobre los trabajadores va a ser la sanción por la dictadura nazi de la ley de organización del trabajo nacional de 20 de junio de 1934 (Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit – AOG), confeccionada con la colaboración de los representantes del gran capital. La  autoridad absoluta del empresario sobre sus empleados se restablecía mediante la figura del Betriebsführer (líder de empresa) reproduciendo a nivel de la economía la misma estructura jerárquica y autoritaria que los nazis impulsaban para reorganizar la sociedad alemana. La ley representaba los intereses generales del empresariado y los grupos conservadores alemanes y no sólo la ideología nazi, especialmente en la preocupación por eliminar al movimiento obrero, restaurar la disciplina laboral bajo la indiscutible autoridad de los patronos y alcanzar de este modo la máxima potencia productiva, así como la mayor eficiencia, situando de este modo a la empresa capitalista como el corazón del orden social. La ley otorgaba al empresario o director del establecimiento la totalidad del poder de dirección, organización, gestión, decisión y evaluación (Betriebsführer), mientras que sus empleados, el conjunto de la fuerza de trabajo, constituían el séquito (Gefolgschaft) que debía seguir fielmente las directrices de aquel, estableciendo –sin lugar a dudas- que se trataba de una relación fuertemente jerárquica en la que la fuerza de trabajo quedaba incondicionalmente subordinada al poder del patrono.
Simultáneamente los nazis esperaban que los trabajadores aceptasen esa posición subalterna a perpetuidad, ya que la eficacia que esperaban obtener mediante una dirección centralizada y vertical de las empresas aumentaría su productividad y por lo tanto la riqueza total, lo que permitiría a las mismas recompensar a sus trabajadores con adecuados salarios y servicios sociales provistos por las compañías, aumentando así la cohesión de la comunidad de empresa (Betriebsgemeinschaft)[1], que era concebida desde el punto de vista utilitario también como una comunidad de rendimiento o Leistungsgemeinschaft. Esta reorganización de las relaciones laborales era considerada por el fascismo alemán también como una condición sine qua non para recuperar el estatus de gran potencia y sus planes de hegemonía europea y expansión imperial. Ello explica la difusión de los métodos de la OCT en la economía alemana, que además de garantizar, como hemos visto, la anulación de la capacidad obrera de resistencia ante las imposiciones patronales permitía sustituir la negociación colectiva con la regulación de la relación obrero-patronal según resultados, según la eficiencia y productividad individual de cada trabajador.
En Italia va a suceder lo mismo. Mussolini va a subordinar los sindicatos italianos a la patronal, primero mediante el llamado Pacto del Palazzo Vidoni, de octubre de 1925, donde quedó muy en claro que la autoridad dentro de la empresa era detentada por el empresario, sin ningún tipo de compensación o control por parte de sus empleados. En ese pacto la patronal lograba alejar a los sindicatos de cualquier interferencia en la gestión de las empresas, a cambio del otorgamiento a los sindicatos fascistas de la exclusiva representación de los trabajadores y la capacidad de firmar convenios; ya que se liquidaban definitivamente las comisiones internas (vestigio de las movilizaciones de del bienio rojo), Esa cuestión quedó refrendada en la “constitución” laboral, la Carta del Lavoro, sancionada al año siguiente, en donde se reconocía explícitamente (art. VII) la autoridad exclusiva del empresario en la conducción de la actividad económica, a la cual debía subordinarse sin reparos el conjunto de trabajadores, y a la empresa privada “como el instrumento más eficaz y útil para los intereses nacionales”. Ese pacto significó a su vez el otorgamiento a la Confindustria de la representación oficial del empresariado como bloque único en el proyecto corporativo, al tiempo que se confirmaba y reconocía por parte de la cúpula fascista la indiscutible y exclusiva autoridad del empresario en la dirección de su establecimiento.[2]
Pero antes de alcanzarse este resultado en Italia, la colaboración entre clases que quería consolidar el fascismo, hubieron de superarse varios conflictos.  El sindicalismo fascista intentaba sustituir al sindicalismo socialista, comunista y cristiano en su papel de interlocutores de los empresarios. Estos, que habían apoyado el ascenso fascista con la expectativa de que acabaran con el movimiento obrero y se restaurara la disciplina productiva, no iban a tolerar que surgiera un nuevo poder sindical, aunque fuera patrocinado por la dictadura. Pero en atención a la búsqueda de la colaboración de clases en una relación que exigía que los trabajadores aceptaran de buen grado una posición subalterna respecto a los patronos, implicó que no se pudiera impedir que las organizaciones sindicales fascistas conservaran una cierta iniciativa y se vieran obligadas a realizar acciones en defensa de reivindicaciones laborales, aunque siempre dentro de límites estrictos que no podían poner ni en cuestión la autoridad patronal  dentro de la empresa, ni generar exigencias o expectativas obreras que trastocaran o complicaran los objetivos macroeconómicos.[3] Luego de una serie de huelgas entre febrero y marzo de 1925, especialmente en el sector de la metalurgia, que fueron prácticamente autorizadas por Mussolini y el Gran Consejo con el fin de enviar un mensaje a los patronos para que recordaran que la dictadura fascista era el árbitro que garantizaba la paz laboral que aquellos necesitaban, las huelgas acabaron con un discreto aumento salarial y los sindicatos fascistas se retiraron rápidamente del conflicto (la FIOM dirigida en condiciones de clandestinidad por los socialistas, intentó continuarlas), pero un mes después el Gran Consejo Fascista prohibió las huelgas considerándolas “acto de guerra”, que con la ley de abril de 1926 quedarían definitivamente proscriptas, junto a los lock-outs.
Alcanzada esta situación en ambas dictaduras fascistas, donde la derrota del movimiento obrero en ambos países era total, era el momento de completar la instauración de los procedimientos recomendados por la OCT. Ya se habían experimentado en las empresas durante la República de Weimar, pero habían recibido el rechazo de las organizaciones sindicales, y en Italia no se introdujeron antes de la instauración de la dictadura fascista, siendo la FIAT la primera empresa en aplicar estos métodos de “racionalización” del trabajo. La OCT era claramente funcional no sólo con las exigencias de productividad del fascismo sino también con la concepción de verticalidad y jerarquía en la organización de la sociedad, donde cada empresa era una “micro sociedad”, una réplica de la comunidad nacional.[4]
De este modo las grandes corporaciones industriales inspiraban la remodelación de la organización social. En la opinión de dirigentes e intelectuales fascistas los grandes colosos empresariales cuyo desarrollo, que consideraban estimulados por la Gran Guerra, ofrecían tanto un modelo militar de organización jerárquica como el mejor ejemplo de la capacidad productiva, eran vistos como un pilar importante de la fuerza política del estado y por lo tanto en su capacidad militar. A su vez un régimen productivista debía reunir las características de una “nación en guerra”, un régimen de colaboración entre todas las clases sociales en un orden basado en la autoridad de las jerarquías naturales.[5]  La OCT aseguraba, según consideraban Taylor y sus epígonos, la eficiencia y el aumento de la producción hasta niveles no conocidos previamente. Por ello los fascismos imponían la “razón productivista”, a la que consideraban el argumento fundamental para la recuperación de Alemania e Italia como grandes potencias con las que satisfacer sus objetivos imperiales.
Falta comentar una última característica de la organización del trabajo en los fascismos, y se trata del esclavismo, del empleo de mano de obra forzada en la producción.  Tanto la dictadura hitleriana como la mussoliniana recurrieron al trabajo esclavo. El fascismo italiano lo hizo tanto en Somalia como en Etiopía, sometiendo a trabajos forzados a la población autóctona, y que en ese momento estaban prohibidos por los tratados internacionales. La Italia mussoliniana estableció un verdadero apartheid en sus colonias con la prohibición de matrimonio o relaciones sexuales entre población autóctona e italianos, así como de la separación espacial y comercial y de servicios entre los mismos en ciudades y pueblos, por lo tanto, haciendo del racismo también un recurso para la organización del trabajo servil que era “justificado” en función de las barreras raciales establecidas. A partir de 1940 también sometió a los italianos de cultura judía a trabajos forzados como consecuencia de la persecución racial iniciada con las leyes antisemitas de 1938.  
Pero el empleo masivo de trabajo esclavo, no sólo en Alemania sino en las zonas de ocupación es un aspecto singular de la barbarie nazi. En primer término, cabe decir respecto a esta cuestión que en el caso del fascismo alemán la utilización de trabajadores forzados se vinculó no sólo a objetivos de producción relacionados con las necesidades bélicas sino también con el genocidio. La utilización de trabajadores esclavos por los nazis respondió a necesidades de mano de obra requerida por el esfuerzo bélico, pero también fue una respuesta ante la misma dictada por el racismo y el darwinismo social que constituían núcleos centrales de su ideología. La magnitud del esclavismo era tal que en 1944 los trabajadores extranjeros representaban el 21 por ciento de la fuerza total de trabajo empleada en la industria.
Para los nazis los prisioneros en sus campos de concentración y exterminio, tanto las víctimas de la represión en Alemania a partir de 1933, opositores políticos (comunistas, socialdemócratas, anarquistas, pacifistas), los considerados “racialmente alógenos” (alemanes de cultura judía y gitana, principalmente) y los considerados “asociales” (todos aquellos ciudadanos que no se adecuaban al modelo de comportamiento exigido por la dictadura[6]), así como los cautivos procedentes de los países ocupados así como los prisioneros de guerra era “material consumible”, cuerpos humanos a disposición del régimen nazi para cumplir sus objetivos, pero al mismo tiempo, especialmente en el caso de judíos y gitanos, planificaban y aplicaban el trabajo forzado realizado en las condiciones inhumanas inimaginables uno de los métodos de su exterminio, que fundamentaban en sus propias convicciones social-darwinistas al considerar que de este modo forzarían una especie de “selección natural” durante al cual los primeros en caer serían los más débiles. Sus convicciones racistas les inducían a establecer una especie de clasificación jerárquica en la cual los judíos, gitanos y soviéticos ocupaban el escalón inferior, respecto a los demás prisioneros.  Antes que en los campos se había comenzado con esa utilización de trabajo esclavo en los guetos donde habían recluido a los judíos que iban deportando desde toda la Europa ocupada, donde la distribución de los escasos comestibles disponibles dentro del gueto eran distribuidos desigualmente diferenciándose entre población “productiva” e “improductiva”, por lo tanto se utilizaba el trabajo de los cautivos como fuente de producción y como un medio de “seleccionar” en la población sometida a los que podían continuar siendo explotados y los que debían ser exterminados. Cuando comenzaron las deportaciones masivas a los campos de exterminio mantuvieron la clasificación de las víctimas en función de su carácter “productivo” o “improductivo”, enviando primero a los campos de la muerte a estos últimos mientras que se les extraía a los primeros hasta la última gota de su rendimiento laboral.[7]
Pero no se trató sólo de la explotación el trabajo esclavo mediante la aplicación de la fuerza bruta, sino que esta se combinó con las fórmulas más ortodoxas de la OCT, como métodos que podían aumentar el rendimiento de los trabajadores forzados. Los trabajadores alemanes más cualificados fueron destinados a los trabajos de supervisión de los obreros no cualificados, y de los trabajadores forzados en general, en aquellas empresas donde se habían aplicado métodos de OCT, con lo cual se fragmentó y se impidió la solidaridad intra-clase que podrían haber surgido en circunstancias normales, por la diferente condición jurídica de cada grupo de trabajadores. Las relaciones y condiciones políticas a las que se vieron sometidos unos y otros crearon las barreras suficientes para que los mecanismos de cohesión no funcionaran salvo en contados casos individuales. No sólo se trataba de la fundamental diferencia entre trabajadores libres y esclavos, sino de las jerarquías anexas a estas condiciones. Por ejemplo, como las que establecían que un trabajador judío o un prisionero de guerra ruso obviamente no podía desempeñar tareas de supervisión y estaban destinados a la escala más baja de la jerarquía laboral independientemente de su calificación previa.
Los proyectos de explotación de mano de obra esclava comenzaron a formularse entre 1937 y 1939, debido a la gran absorción de mano de obra disponible en la industria armamentística y complementaria durante la ejecución de las diferentes fases del Plan Cuatrienal. Sin embargo el impulso que generalizó la utilización de trabajo esclavo, forzado tanto de los prisioneros de los campos de concentración como de prisioneros de guerra o civiles obligados a trabajar para Alemania en los territorios ocupados, fue la transformación de la Blitzkrieg en guerra total y prolongada entre 1941 y 1942. Todos los autores coinciden en señalar que el motivo fue la exacerbación de esa escasez de mano de obra multiplicada no sólo por las exigencias de hombres por el ejército a medida que se ampliaban y prolongaban las operaciones militares, sino también por las exigencias de la producción de guerra que crecía en paralelo con las actividades militares. Las primeras empresas que adoptaron tal iniciativa fueron las pertenecientes al área estatal o coparticipadas por el estado, como la Volkswagen, perteneciente al DAF y dirigida por Ferdinand Porsche; la fábrica de aviones Heinkel, la empresa Steyr – Daimler – Puch, dirigida por Georg Meindl –especialista en economía y ciencia política y miembro de las SS. Pero rápidamente se unieron empresas privadas de la importancia de la IG Farben, Mercedes Benz y Henschel, que pasaron a constituir casos paradigmáticos de la moderna industria capitalista que combinaba técnicas avanzadas de fabricación con la utilización de mano de obra esclava. Puede afirmarse con rotundidad que en su gran mayoría –las escasas excepciones confirman la regla- los empresarios no fueron obligados por el estado a utilizar trabajo esclavo, sino que su utilización respondió a la iniciativa de los hombres de negocios y dirigentes industriales, a medida que la guerra dificultaba el empleo de trabajadores libres. Vale la pena reproducir estas dos declaraciones, la primera de Robert Antelme, miembro de la resistencia francesa y deportado a los campos deBuchenwald y Dachau; y del un un ejecutivo de la fábrica de motores de aviación de Daimler-Benz, las que  evocan a un mercado de esclavos:
… nos han reunido delante de la iglesia, y unos civiles han venido a buscar a los que eran capaces de trabajar en la fábrica. Hemos visto aparecer bajo los uniformes a rayas a un tornero, a un dibujante, aun electricista, etc. Después de haber seleccionado a todos los especialistas, los civiles han buscado a otros tipos que pudieran hacer trabajos en la fábrica. Para ello han pasado por delante de los que quedaban. Han mirado nuestros hombros, también nuestras cabezas. Los hombros no bastaban, había que tener una cabeza, tal vez una mirada digna de los hombros. Permanecían un momento delante de cada uno. Nos dejábamos mirar. Si lo que veía le gustaba, el civil decía: Komm! El tipo salía de la fila e iba a reunirse con el grupo de los especialistas. Algunas veces el civil se partía de risa ante un compañero y lo señalaba con el dedo a otro civil. El compañero no se movía. Daba risa, pero no gustaba. Los SS se mantenían alejados. Habían traído la carga, pero no seleccionaban, eran los civiles los que seleccionaban. Cuando un compañero contestaba al oír grita su oficio: tornero, el civil aprobaba con la cabeza satisfecho, y se volvía hacia el SS señalando al tipo con el dedo. Ante el civil el SS no entendía de inmediato; él había traído su carga; no había pensado que pudiese contener torneros [….] A los que tenían que trabajar en la fábrica se los aislaba de los demás. Los civiles se ocupaban de ellos con los capos que anotaban sus nombres. Los dos SS los habían abandonado y habían vuelto hacia nosotros, los que quedábamos y no sabíamos hacer nada. Liberados de los civiles que habían hecho una discriminación de valores entre nosotros con la conciencia tranquila, los SS recuperaban a sus verdaderos presos, aquéllos acerca de los cuales no se habían equivocado. Campesinos, empleados, estudiantes, camareros, etc. No sabíamos hacer nada; como los caballos, trabajaríamos afuera acarreando vigas, tablones, construyendo los barracones en los que el kommando se instalaría más tarde. La elección que acababa de producirse era muy importante. Los que iban a trabajar en la fábrica se librarían en parte del frío y de la lluvia. Para los del zaun-kommando, kommando de los tablones, el cautiverio no sería el mismo. Por eso, los que iban a trabajar afuera no iban a dejar nunca de perseguir el sueño de entrar en la fábrica. [8]
Observo a los judíos de acuerdo a su condición física. Generalmente escojo los más jóvenes, porque pienso que serán los más aptos física y mentalmente para nuestro trabajo con las máquinas […] Inevitablemente los separo de sus familias. Se suceden escenas desgarradoras […] Los judíos llevan con ellos sus pertenencias. Los hombres de las SS están provistos de bastones de madera y golpean con ellos a los judíos. [9]
  Por ello los empresarios, enfrentados con la necesidad de utilizar mano de obra esclava no dudaron en hacerlo, aportando a las autoridades del régimen y especialmente a las SS, responsables del aprovisionamiento de trabajadores, las soluciones tanto de seguridad como las medidas técnicas y de organización del trabajo que permitieran un adecuado rendimiento de esa fuerza de trabajo, al tiempo que supieron extraer enormes beneficios de su explotación. [10]
El gran salto hacia el uso habitual y masivo de trabajo forzado se produjo tras la asunción por Albert Speer de las responsabilidades como ministro de Armamentos, en 1942. Pocos días después de su designación se aprobaron los decretos que establecían el reclutamiento obligatorio de trabajadores en los territorios ocupados del este lo que daría, junto con la utilización de los prisioneros de los campos de concentración, esa dimensión enorme al uso de trabajo esclavo en la industria alemana, constituyendo un hecho sin precedentes en las modernas sociedades industriales. El modelo impulsado y generalizado por Speer se basó en la experiencia anticipada por las grandes empresas, acordando con las SS las cuotas de trabajadores forzados necesarios y la instalación de las fábricas junto o en el perímetro de los campos de concentración. El compromiso mostrado por gerentes y técnicos en la explotación de mano de obra esclava no estuvo sólo marcada por la inmediata necesidad de fuerza de trabajo provocada por las insaciables exigencias de la producción bélica, sino que se erigía como un proyecto sistemático y de largo alcance para su aplicación en la posguerra y en tareas civiles.[11] Pero en lo inmediato el factor más importante fue el propio desarrollo de las hostilidades, especialmente cuando entre finales de 1941 y comienzos de 1942 comenzó la reacción del Ejército Rojo y los primeros reveses alemanes en la URSS, lo que exigía un refuerzo de los contingentes llamados a filas para cubrir esas bajas.[12] Para otros autores también fue determinante la intención de evitar el empleo masivo de mujeres para sustituir a los hombres que debían marchar al frente.[13] Todo ello hizo apremiante el utilizar a los internos en los campos de concentración creando una dependencia mutua entre Speer y la administración de la industria armamentistas y las SS, quienes se encargaban de proveer la fuerza de trabajo forzada.
Notas: (…)
Alejandro Andreassi Cieri

Alejandro Andreassi Cieri, Profesor jubilado del Departamento de Historia Contemporánea de la Universitat Autònoma de Barcelona

Fuente: https://rebelion.org/fascismo-y-organizacion-del-trabajo-capitalismo-militarizado-esclavismo-y-exterminio/

Tomemos conciencia: "el terrorismo de Estado y la dictadura no fueron producto de alguna falencia institucional sino el producto de una política promovida, avalada o consentida por la clase dominante argentina. Es que en una sociedad basada en la explotación del trabajo, el Estado y sus fuerzas represivas siempre van a reprimir en tanto la lucha de clases amenace más o menos seriamente esa explotación. Y lo harán sin importar a qué extremos lleguen".

¿Inconductas o políticas de clase?

29 de febrero de 2020

Por Rolando Astarita
En ocasión de un acto realizado el 21 de febrero en Campo de Mayo, el presidente Fernández, en referencia a la dictadura 1976-1983, manifestó: “Argentina debe dar vuelta una página, una página que nos distanció mucho tiempo por las inconductas de algunos”.
Casi inmediatamente Nora Cortiñas, de Madres de la Plaza de Mayo Línea fundadora, dijo que “los dichos de Fernández sobre la dictadura son un gesto negacionista”. Fernández se disculpó: “no quise causar el más mínimo dolor. Veo que no usé las palabras pertinentes. Disculpas por ello. … no quiero que nadie dude de mi compromiso con la verdad y la justicia”.
De todas formas, Hebe de Bonafini y Estela Carlotto salieron a defender a Fernández. Carlotto sugirió que Cortiñas no estaba lúcida (“los años la pueden hacer equivocar”). Y Bonafini, en nombre de Madres de Plaza de Mayo, dijo estar de acuerdo con el Presidente: “Sus expresiones fueron muy claras en cuanto a la reivindicación de las Fuerzas nuevas, renovadas, que crearon Néstor, Cristina y Nilda Garré con su modificación de los planes de estudio y formación militar, y que ya nada tienen que ver con la dictadura, ya que están integradas por personas que nacieron hace 20, 25, 35 años”. También: “Estamos de acuerdo con reconocer y reivindicar a esas nuevas Fuerzas Armadas, porque si no nunca las vamos a tener de nuestro lado, al lado del pueblo”. Pocos días antes Alberto Fernández había afirmado que “la totalidad de la oficialidad de nuestras FFAA ha surgido en democracia”.
A todo esto el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia rechazó lo dicho por Fernández. Sostuvo que no se puede dar vuelta la página con instituciones que ocultan el destino de 400 hijos de desaparecidos; que los archivos de la represión continúan cerrados; y que al hablar de la “inconducta de algunos” se está negando la participación “del conjunto de las FFAA en la represión del pueblo”.
Días después Fernández recibió a Cortiñas, y al premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel. Al salir de la reunión Cortiñas manifestó que el tema estaba superado, y que no volvería a usar el término “negacionista”.
 FFAA y naturaleza de clase
 Coincidiendo con el comunicado de Encuentro Memoria, Verdad y Justicia en lo referente al involucramientode conjunto de las FFAA en la represión entre 1976 y 1983, quisiera precisar, sin embargo, que las FFAA hicieron lo que hicieron porque obedecieron a una lógica de clase, inherente a la naturaleza social del Estado del cual constituyen un pilar fundamental. Esto es, el terrorismo de Estado y la dictadura no fueron producto de alguna falencia institucional (del tipo “faltó educación democrática”), sino el producto de una política promovida, avalada o consentida por la clase dominante argentina.
Es que en una sociedad basada en la explotación del trabajo, el Estado y sus fuerzas represivas siempre van a reprimir en tanto la lucha de clases amenace más o menos seriamente esa explotación. Y lo harán sin importar a qué extremos lleguen. Responde a una determinación de clase. Digamos también que la dictadura contó con la colaboración activa de otros gobiernos capitalistas de América Latina; con el “dejar hacer”, por lo menos, de las principales potencias; y con la protección, en los organismos internacionales de derechos humanos, de la URSS y de Cuba.  

Es claro entonces que no se puede explicar semejante conjunción de fuerzas e intereses por las “inconductas de algunos”. ¿”Inconductas” de las cámaras empresarias que saludaron el golpe? ¿“Inconductas” de los cientos de políticos de partidos burgueses que colaboraron ocupando cargos oficiales desde 1976 en adelante? ¿”Inconducta” de Washington cuando recomendaba a Videla hacer rápidamente el “trabajo sucio”? ¿“Inconductas” de los gobiernos del Cono Sur al instrumentar el plan Cóndor? ¿Y qué decir del apoyo del castrismo, y de la burocracia soviética, a Videla? ¿También “inconductas”?   

 La historia enseña
 Contra lo que dice Fernández sobre dar vuelta a la página del período 1976-1983, toda la historia muestra, en lo que atañe a los cuerpos represivos, que sus rasgos de clase terminan imponiéndose por sobre cualquier otra consideración.  
 Por ejemplo, se sugiere que las FFAA no serán golpistas ya que “la totalidad de la oficialidad ha surgido en democracia”. Pero, ¿acaso las oficialidades de las FFAA chilenas y uruguayas que dieron el golpe en sus respectivos países no habían surgido también “en democracia”? ¿O es que esta historia no le dice nada al presidente Fernández?  

Se afirma asimismo que los “nuevos” militares argentinos no van a reprimir al pueblo porque se han formado con nuevos planes de estudio de Garré y los Kirchner. Sin embargo, la alta oficialidad que encabezó la dictadura de 1976 a 1983 recibió su formación en los tiempos “de la revolución nacional y popular”. El mismo Videla hizo el curso de oficial de Estado mayor entre 1952 y 1954 (y entre 1942 y 1944 en el Colegio Militar). Algo similar se puede decir de Bignone, Viola, Galtieri. Por lo tanto, ¿qué diríamos de alguien que hubiera asegurado que la formación patriótica-popular de estos personajes garantizaba su alineamiento con los trabajadores?

 Pero hay contraejemplos de la tesis que estoy criticando mucho más cercanos. Por caso, recordemos la acusación –avalada, entre otras, por Nora Cortiñas- de que en 2012 Gendarmería montó un operativo para infiltrarse en manifestaciones obreras y populares e identificar a los cabecillas (véase Página 12, 17/02/12). ¿No eran esos gendarmes “productos genuinos de la democracia”? ¿O puede explicar el asunto la “experta” en formación democrática, Garré?
   
 Tomemos ahora el “negacionismo” (negar que hubo terrorismo de Estado). ¿A quién se le ocurre que el mismo sea producto de fallas en la educación de los “negacionistas”? Por ejemplo, gran parte de la intelectualidad progresista, nacional y democrática mira para otro lado cuando recordamos a la Triple A y sus responsables políticos e ideológicos. Es una “negación” que abarca al ejecutivo nacional y a los ejecutivos provinciales; a los legisladores nacionales y provinciales; y a cantidad de dirigentes políticos, sindicales, sociales y estudiantiles. Ninguno de estos personajes, amantes de la memoria, verdad y justicia, pidió, ni pide, que se investigue el tema. Peor aún, cuando las denuncias adquieren alguna relevancia, las acallan con un prepotente “no jodan con Perón”. ¿Se debe a que les falta de “educación democrática”? Si ese es el caso, ¿se solucionará la falla con más tiempo en “democracia”? ¿Cuánta décadas les falta todavía para no ser “negacionistas” de la vinculación Perón – Triple A? ¿O van a decir, de nuevo, que se trata de “inconductas”?

 Para terminar con este listado de “casos”, recuerdo que una alta funcionaria del actual gobierno, también experta en democratización de FFAA, hace unos años abogaba para que los militares cursaran carreras en las universidades públicas. Su argumento era que así “afianzarían sus convicciones democráticas” (sospecho que sigue con la misma idea). En cualquier caso, pregunto, ¿oyó hablar esa funcionaria de Concentración Nacional Universitaria? Para aquellos que no vivieron los 1970 les cuento que CNU fue una organización terrorista de ultraderecha, vinculada a la Triple A. Como su nombre lo indica, tuvo origen universitario. Y varios de sus miembros parecen haberse integrado a los grupos de tareas de la dictadura. Pero además, algunos de los que integraban esos grupos de tarea cursaban en la UBA (nos consta a varios que estuvimos secuestrados en Coordinación Federal, en 1976). Y los represores que nos interrogaban -muchas veces picana mediante- no parecían en absoluto incultos. ¿No tiene nada que decir al respecto la “experta en democratización de FFAA”?

En definitiva, no hay manera de hacer entrar la tesis “FFAA no represivas gracias a la educación democrática” en la cruda realidad del Estado capitalista y de la sociedad dividida en clases. Pero a los apologistas del “nuevo Ejército” (y de los Milani, dicho sea de paso; véase aquí) esto los tiene sin cuidado. Y en este asunto no hay inocentes. Saben perfectamente qué están diciendo cuando afirman que la dictadura militar y el terrorismo de Estado se debieron a las “inconductas de algunos”, y aconsejan “dar vuelta la página”. Todo sirve para que la gente no saque las conclusiones que se derivan de un estudio objetivo de los hechos (posmodernos abstenerse). Para colmo, a ese repugnante e hipócrita discurso se lo quiere hacer pasar como de izquierda y progre.
Descargar el documento: varios formatos siguiendo el link, opción Archivo/Descargar Como: ¿Inconductas o políticas de clase?

Fuente: https://rolandoastarita.blog/2020/02/29/inconductas-o-politicas-de-clase/

"Esperar soluciones del Estado nos condena a vegetar en su cadáver podrido. No olvidar que la ley del lucro, que determina todas las leyes del sistema, consiste en recuperar con una mano lo que se ha dado con la otra. Hablar con el Estado es entrar en la boca del monstruo".

Por la Comuna

29 de febrero de 2020

Por Raoul Vaneigem

Una insurrección popular se propaga por el mundo. Se extiende a un número creciente de países. A pesar de las diferencias de condiciones, de motivaciones, de culturas y de mentalidades, todos tienen un punto en común: el pueblo ya no quiere un gobierno que pretenda imponerle su presencia y su autoridad. Es la lucha de los de abajo contra los de arriba.

Estamos en el inestable equilibrio del statu quo. El poder opresivo se mantiene firme, se niega a ceder un solo centímetro. Teme un cambio de rumbo. Este cambio está al alcance de la rebelión popular que burla al Estado y, con la firmeza de una justa cólera, afirma su determinación de proseguir sin descanso su lucha.

De inicio, el statu quo favorece al Estado y a sus patrocinadores. La intransigencia de los gobernantes tiene por objeto divulgar en la opinión pública la imagen de una fortaleza inamovible que nada conseguirá sacudir. Su propaganda agita el espectro de la desesperación que sigue atormentando la memoria de las revueltas perdidas. Apuestan por la fatiga, cuentan con el amargo « ¿ de qué sirve ?» para enviar al nicho los insurrectos. ¡Nuestros enemigos se equivocan dos veces!

La solidez del Estado es sólo superficial. Su poder de decisión es falso, está en manos de una potencia financiera mundial que poco a poco lo sustituye. Muchos ciudadanos franceses acusan a la Comisión Europea y la hacen responsable de sus desgracias. Se le reprocha que imponga a los gobiernos «democráticamente elegidos» restricciones presupuestarias que arruinan el sector público, empobrecen, matan. Es olvidar que las propias instancias europeas no son más que un instrumento de las mafias financieras internacionales. Ellas son nuestro verdadero enemigo, como lo reveló a los chilenos el asesino económico Milton Friedman. Sin embargo, por temibles que sigan siendo, los administradores de un mercado del que son a la vez dueños y esclavos están demostrando cada vez menos poder real y más poder ficticio, una autoridad cuya puesta en escena está destinada a fascinarnos como la serpiente fascina a su presa. Pero hemos demostrado que ya no somos presas y que estamos revocando la depredación. Ellos, en cambio, se dedican a guerras de vendedores viajantes. A la vez presas y depredadores, se agotan en rivalidades competitivas y se desgarran por un hueso donde pronto no quedará nada que roer. Porque el Estado y las instancias supranacionales se ven agobiadas por el derrumbe ineludible de un sistema en el que el dinero circula en círculos, sólo se reproduce a sí mismo, es sólo una forma virtual llamada a devorarse a sí misma, devorándolo todo a su paso.

Dirigentes cada vez más estúpidos, insurrectos cada vez más inteligentes. La quiebra rentabilizada del sistema mercantil no sólo provoca la destrucción de la tierra y de sus especies, sino que provoca un deterioro mental que, año tras año, debilita a los administradores del deterioro universal. Han sido incapaces de impedir que una formidable ola de insurrecciones rompa el asalto de sus empresas mortíferas. ¿Se preguntan cuál es el efecto de pasar del viejo mundo al nuevo? Se está produciendo lentamente ante sus ojos. Jefes de Estado y gobernantes van siendo ganados por la senescencia a medida que su nervio de la guerra se va esclerosando, mientras que la insurrección popular y la desobediencia civil demuestran día a día una inteligencia que la apertura hacia la vida no para de estimular.

Cuando la cúspide se pudre, los de abajo reviven. Los individuos autónomos muestran una creatividad que conduce la ofensiva desde dos ángulos. Mientras que los análisis críticos, las batallas jurídicas, los sabotajes, el acoso por medio del ridículo denuncian las estafas de un Olimpo de opereta, a la base se multiplican y se amplían asambleas locales y regionales directamente confrontadas con el problema de la generosidad humana en una sociedad del cálculo egoísta. Esta lucha a la vez plural y unitaria alimenta la resolución de los insurgentes, su determinación de «no abandonar nada». Aquí es donde la vida reivindica su prioridad absoluta sobre la economía del lucro.

La creación de nuevas condiciones de vida es una prioridad. La ruina de nuestros logros sociales y los dictados que el capitalismo y su democracia totalitaria nos imponen dan una idea del caos en el que pretende precipitarnos. Recordemos lo que pasó en Grecia. El gobierno griego de Tsipras a pesar del apoyo de una mayoría popular que le instaba a abandonar la Unión Europea, dio marcha atrás, tomó una decisión contraria a la voluntad popular. Cedió a un chantaje abiertamente declarado: « Si no aceptáis las medidas de austeridad que preconizamos, abandonaréis Europa, no dispondréis de dinero, no tendréis más dinero para pagar los salarios, mantener las escuelas, los transportes, los hospitales. ¡Después de nosotros, el diluvio! ». Tsipras tuvo que ceder porque nada preparaba a la sociedad griega para evitar el cataclismo programado. ¿No es inquietante que no aprendamos las lecciones de este desastre anunciado? ¿No debería dedicarse nuestra energía principalmente a sentar las bases de microsociedades capaces de responder a los desafíos del caos y de la devastación absurda viendo el anticipo que nos da la situación en el que se encuentran el sector hospitalario, alimentario y energético ?

El mayor peligro para nosotros es que faltemos de audacia. El peligro es no confiar en nuestras propias capacidades, subestimar nuestra inventiva. Esperar soluciones del Estado nos condena a vegetar en su cadáver podrido. No olvidar que la ley del lucro, que determina todas las leyes del sistema, consiste en recuperar con una mano lo que se ha dado con la otra. Hablar con el Estado es entrar en la boca del monstruo.
Lo que importa no es que lo golpeemos, sino que lo sustituyamos por un conjunto de microsociedades humanas en las que la libertad de vivir se esfuerce por experimentar las riquezas de su diversidad y armonizar sus opciones contradictorias.

La estafa del referéndum. En Francia, las insurrectas y los insurrectos exigen un referéndum de iniciativa ciudadana (RIC). El Gobierno no quiere oír hablar de ello, salvo bajo la forma de lo que denomina referéndum de iniciativa compartida (RIP), que obviamente controlaría. Al mismo tiempo, el mismo Gobierno muestra su desprecio por los referendúms al rechazar una petición de más de un millón de opositores a la venta de Aéroports de Paris (ADP) al sector privado. En Chile se prepara la misma estafa. El Gobierno propone sustituir la constitución de Pinochet recurriendo a la farsa electoral y a sus manipulaciones habituales. ¿El objetivo? Imponer a través de las instancias superiores una constitución que servirá para legalizar el dominio del capitalismo sobre los recursos del país. ¿No estamos cansados de asistir una vez más a este truco de prestidigitación que, en nombre del pueblo, confiere plenos poderes al mercado? ¿Cómo ratificar una constitución popular que no está, ni mucho menos, redactada directamente por el pueblo, por asambleas de barrios y aldeas?

La lucha por la calidad de la vida se burla de la dictadura de las cifras, de la medida, del número. La cifra es la medida del poder. Reina por la cantidad porque reina sobre objetos, sobre un cúmulo anónimo de mercancías. Hoy descubrimos una perspectiva inversa. La calidad anula la dictadura del número. La calidad de vida se ríe de las cuentas presupuestarias que la reducen a un elemento lucrativo. La calidad es la autenticidad vivida. Es como tal que puede marcar su interés hacia lo que la concierne y su desinterés por las guerras entre mafias globalizadas. Nuestro interés consiste en contrarrestar las consecuencias de esas guerras, cuyas víctimas siguen siendo los de abajo.

En sus aspectos más visibles, la guerrilla pacífica moviliza a cientos de miles de partidarios de la desobediencia civil. Aunque la bazofia mediática anuncia que los manifestantes se están agotando, que su número disminuye, ni Francia, ni Chile, ni Líbano, ni Sudán, ni Argelia, ni Irán ceden en el frente de las reivindicaciones. No se equivocan de enemigo, su voluntad no decae. El adversario es la máquina del lucro que destroza la vida, el combate es el de la vida que se niega a ser aplastada.

El fenómeno está creciendo y gana en profundidad, afectando las formas de pensamiento y comportamiento. Un número cada vez mayor de personas redescubre las alegrías de la solidaridad y toma conciencia de que la realidad vivida no tiene nada en común con la realidad contable, presupuestaria, estadística elaborada en las cúspides, que de hecho no son más que los callejones sin salida del mercado.

Ni gobernantes ni representantes autoproclamados. Además de los jefes, las asambleas autoorganizadas excluyen a los aparatos políticos y sindicales y a los que serían delegados por ellos. Los miembros de las asambleas están dispuestos, en cambio, a dialogar a título personal con todos los individuos, militantes y no militantes, independientemente de sus opiniones religiosas e ideológicas. En efecto, consideran que la lucha social por una sociedad más humana y más generosa prevalece sobre las representaciones del mundo que cada persona construye por su historia particular. Las asambleas no llaman a renunciar a las convicciones personales, sino a superarlas, es decir, a resituarlas en condiciones que permitan negarlas en su forma antigua y conservarlas en su forma nueva. Tolerancia hacia todas las ideas, intolerancia hacia todo acto inhumano.

La Comuna es el lugar de la vida recuperada. Es un ágora de libertad en la que todas las opiniones tienen la ventaja de expresarse, ser escuchadas y concretarse en decisiones colectivas. ¿Por qué? Porque de inicio reúne a un pequeño número de personas que se conocen o aprenden a conocerse. Tienen el privilegio de ocupar un terreno que les es familiar, donde están en mejores condiciones de intervenir con conocimiento de causa. Tienen la ventaja de estar en una proximidad a la que la federación de las comunas presta una distancia crítica, una conciencia afinada.

Cada municipio es la base de una multitud de entidades similares. Su federación formará un tejido social capaz de suplantar a un Estado que está deteriorando las condiciones de existencia. Es aquí, en el terreno de nuestra existencia cotidiana, donde nuestra creatividad tiene más posibilidades de derrotar al imperialismo estatal y mercantil. El ser humano siempre se ha doblado sin romperse. Se acabó lo de agachar la cabeza, se acabó el mundo donde, como lamentaba Chamfort, el corazón sólo tiene la opción de romperse o endurecerse.

El combate de la Comuna es el de la generosidad humana contra la dictadura del lucro. No toleraremos que el capitalismo global y el cálculo egoísta contaminen nuestro medio ambiente y nuestra conciencia humana. La ayuda a los más desfavorecidos depende de las asambleas populares, no de la fría jurisdicción estatal, y de sus partidarios xenófobos, racistas, sexistas. El impulso de la solidaridad lleva a una sensación irreprimible e insólita: la vida va tan rápido que ya no tenemos tiempo para morir. La insurrección es un bálsamo y una curación.

La mujer está a la vanguardia de la lucha por el ser humano. Ahí reside su unidad. Es una unidad reivindicativa que amenaza la tradición machista y el resurgimiento patriarcal. No es sorprendente de que el poder intente dividirla en categorías para enfrentarlas unas contra otras y «dividir para reinar». Tratar a la mujer como una abstracción permite que asuma papeles y funciones reservados en otros tiempos al patriarcado. El sentido humano no está presente con la misma intensidad en la policía, la torturadora, la comerciante, la militar, la mafiosa, la autócrata y en la insurrecta que lucha por una igual emancipación del hombre y de la mujer. Pero dondequiera que el núcleo de la humanidad no haya desaparecido del todo, ¿por qué no confiar en la vida para acabar con el carapacho opresivo?

La Comuna es nuestro territorio, nuestra existencia es legal. A esta legalidad natural, el Estado ha sustituido una legalidad que nada nos obliga a reconocer. ¿No ha caducado el contrato social por el que se comprometía, a cambio de gravámenes fiscales, a garantizarnos escuelas, hospitales, transportes, medios de subsistencia? A ello se añaden las medidas arbitrarias que atentan contra la dignidad humana y que su totalitarismo democrático está multiplicando. ¿No es evidente, pues, que estamos en la legalidad y que el Estado, de hecho, está en una ilegalidad que, desde el punto de vista de sus propias leyes, nos autoriza a desterrarlo ? Sin embargo, la estructura municipal que ha implantado sigue existiendo. Convierte al alcalde en un funcionario sometido a su autoridad. Atrapado entre la representación del Estado y la representación de la población local, navega entre la honestidad, la corrupción, la modestia del portavoz y la arrogancia del edil entronizado. ¿Cómo pueden las asambleas de autogestión coexistir, sin renegarse, en el marco de una organización municipal vinculada al Estado? A cada territorio en vías de liberación, sus propias formas de lucha.

¿Qué relación con el ayuntamiento tradicional? Nadie ignora que la experiencia de la democracia directa marca una ruptura con los métodos de votación que nos impone el ritual electoral. A diferencia de la votación organizada por el clientelismo político, el municipio es la emanación de asambleas de proximidad. Los problemas que abordan son problemas concretos que se plantean a la población de una aldea, de un barrio urbano y de la región circundante, donde su federación presta una visión global, mundial, de las decisiones adoptadas a nivel local. Provienen de un entorno en el que todos están involucrados y saben de lo que están hablando. Concretizan una práctica de vida, no una práctica de la ideología. El Ayuntamiento es una antena, no está a la escucha de los ciudadanos, sino del Estado que los gobierna. Para nosotros, la Comuna es un mundo llamado a erradicar la mundialización del lucro.

El tambor de la unidad resuena por doquier. ¿Qué unidad? Llamar a la unidad y a la convergencia de las luchas es tomar las cosas al revés. Las declaraciones abstractas, por muy generosas que pretendan ser, son engañosas. Toman el viejo camino de las buenas intenciones. La esperanza no cesa de tropezar de triunfalismo en derrotismo. ¿Vamos a alistarnos una vez más en esos frentes que supuestamente movilizan la energía de todos contra lo que se limita a llevar una de las máscaras de la opresión global? Durante la Revolución Española, Berneri lanzó esta advertencia: «Sólo la lucha anticapitalista puede oponerse al fascismo. La trampa del antifascismo significa el abandono de los principios de la revolución social. » Y añadía : «La revolución debe ganarse en el campo social y no en el militar. » ¿A qué se debe la fuerza poética de los Chalecos amarillos y las asambleas auto-organizadas? Al hecho de que pongan en primer plano problemas económicos, sociales y psicológicos a los que nadie escapa en estos tiempos de mutación (permacultura, prohibición de los pesticidas, bloqueo de los circuitos comerciales, erradicación de las nocividades petroquímicas y nucleares, exploración energética, revivificación del tejido rural y urbano, ruptura con el fetichismo del dinero, reconstrucción de la enseñanza, guerrilla llevada a cabo según el principio de «Nunca destruir a un hombre, pero nunca parar de destruir lo que lo deshumaniza »).

La verdadera unidad es la lucha por un vivir mejor.
La desobediencia civil es un derecho inalienable dondequiera que impere el derecho a oprimir. La redacción de una carta por las Comunas y sus asambleas podría garantizar sus principios y sentar las bases para la legalidad de una democracia cuya poesía práctica libere para siempre del dominio estatal y mercantil. ¡Abajo la república de los negocios! ¡Viva la república del sentido humano!

Texto enviado a título informativo y en forma de posible contribución a los debates sobre la comuna
Raoul Vaneigem
– Traducción José Rupérez

Fuente original: kaosenlared.net/por-la-comuna

Fuente: https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2020/02/29/por-la-comuna/

III. Analicemos como un proyecto sectorial que parece más realista que la reforma agraria integral, en verdad, es funcional a que el país siga hundiéndose en ecogenocidios. En tercer lugar la UTT cree en propiedad de la tierra y en trabajar aunque siga el acaparamiento oligopólico de bienes comunes y devastación legalizados y promovidos según PEA 2

Opinión > Extranjerización de la tierra y
Plan Estratégico Agroalimentario

Debatir el modelo

25 de septiembre de 2011

Legislar sobre la extranjerización de la tierra no afecta ningún interés de los ganadores del actual modelo de agronegocios, donde la soja es sólo su cara más visible.
 
Por Darío Aranda
La compañía internacional Benetton posee en la Patagonia 970 mil hectáreas. ¿Sería mejor si estuvieran en manos del bonaerense Gustavo Grobocopatel? ¿O quizá del salteño Alfredo Olmedo? ¿O es preferible que las maneje la Mesa de Enlace, con todos dirigentes nacidos y criados en Argentina? En el país no existen datos confiables sobre la extranjerización de tierras. Sólo hay casos emblemáticos, que suelen repetirse como si fueran los principales responsables de los males del país y del modelo extractivo.
Legislar sobre la extranjerización de la tierra no afecta ningún interés de los ganadores del actual modelo de agronegocios, donde la soja es sólo su cara más visible. Y no beneficiará a los sectores populares de la Argentina rural. Los principales problemas de campesinos, pueblos originarios y de poblados cordilleranos es el corrimiento de la frontera petrolera, el avance de la exploración de la megaminería (900 por ciento en los últimos siete años), el crecimiento del monocultivo forestal y, sobre todo, la concentración de la tierra en muy pocas manos.
El Censo Agropecuario de 1988 revela que había en el país 422.000 explotaciones agropecuarias, que disminuyeron a 318.000 en 2002, un 24,6 por ciento menos. La investigación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria La tierra en Argentina, de Marcelo Sili y Luciana Soumoulou, resume que “desde el punto de vista de la estructura agraria, la distribución de la tierra es sumamente inequitativa”. Revela que el 2 por ciento de las explotaciones agropecuarias controla la mitad de la tierra del país, mientras que el 57 por ciento de las explotaciones cuenta sólo con el 3 por ciento de la tierra.
En los últimos años la concentración aumentó, pero todavía no existen datos oficiales. En 2008, en plena disputa con la Mesa de Enlace, se realizó el Censo Agropecuario que aportaría datos luego de seis años de falta de estadísticas oficiales. Pero ese censo no abarcó todo el territorio nacional y nunca se presentaron todos los datos relevados. Los científicos sociales no lo toman como válido y, a su pesar, deben seguir manejándose con el Censo 2002.
En el 56 por ciento de la tierra cultivada hay soja (19 millones de hectáreas), un record. “Corrimiento de la frontera agropecuaria”, festejan los técnicos y funcionarios. Esto implicó desalojos tan violentos como masivos, la gran mayoría de las veces impulsados por argentinos. El Movimiento Nacional Campesino Indígena estima en 200 mil las familias expulsadas de sus territorios en la última década.
El último Inventario Nacional de Bosques Nativos de la Secretaría de Ambiente de la Nación revela que en el período 2002-2006 en el país dejaron de existir 1.108.669 hectáreas de bosques. Esa dependencia pública remarca que la deforestación se produce para destinar esas superficies a la agricultura, principalmente soja. La Red Agroforestal relevó 7,8 millones de hectáreas en conflicto en seis provincias del chaco argentino, con 950 mil personas afectadas, principalmente indígenas y campesinos. El grueso de los conflictos (89 por ciento) se inició a partir del 2000. “Coincide con el impulso del modelo agroexportador”, se menciona en el informe.
El Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados –red de profesionales de las provincias agrícolas– estima que se utilizan por año 300 millones de litros de agrotóxicos. Denuncia el incremento de casos de cáncer, abortos espontáneos y malformaciones. Y el panorama no es alentador. El Plan Estratégico Agroalimentario apuesta a aumentar la producción de soja, entre otros productos, en 20 millones de toneladas. El Ministerio de Agricultura envió el 28 de junio una gacetilla alentadora para el complejo de agronegocios: “Existen excelentes posibilidades para aumentar la producción (...) Hay un conjunto de factores que funcionan como impulsores de la demanda alimentaria, entre los que se destaca el aumento del consumo en los países desarrollados y la generación de biocombustibles”. El Ministerio reconoce que la soja aumentará en área sembrada. Pretende, para 2020, llegar a 160 millones de toneladas de granos, 60 por ciento más que en la última cosecha. Ese incremento granario multiplicará las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias.
 
El MNCI elaboró un duro documento donde alertó sobre la profundización del modelo agropecuario, advirtió sobre el aumento de los desalojos, desmontes y mayor uso de agrotóxicos. Remarcó que el actual modelo de agronegocios consolida a la Argentina como productor de materias primas en el marco de un “saqueo transnacional” que implica subordinar al país en un esquema colonial. “Aumentar a 160 millones de toneladas de granos, forrajeros y no alimentarios, es sumar otras diez millones de hectáreas a las 20 millones que se cultivan de soja. Y no tiene otra forma de hacerse que a partir de los desalojos de las familias campesinas”, advirtió el MNCI. Para concluir que “plantear que debemos redoblar las exportaciones en el marco del modelo actual genera claras contradicciones con las aspiraciones de un desarrollo industrial armónico con justicia social y con las políticas de derechos humanos”
Fuente:  https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-5478-2011-09-25.html
 

Críticas al

modelo extractivo

16 de abril de 2012
Una resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias declara “discrepancias con los lineamientos generales del PEA”. Sostiene que tendrá impacto negativo al consolidar el modelo de los agronegocios y la industria extractiva.
Por Darío Aranda
El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) fue presentado el año pasado por el gobierno nacional. Prevé metas productivas para los próximos diez años, entre ellas insta a aumentar un 60 por ciento la producción granaria e incorporar nuevos territorios al modelo de agronegocios. “El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata declara su discrepancia con los lineamientos generales del PEA”, destaca la resolución 048/2012 de la Facultad y advierte: “El Plan Agroalimentario tendrá un profundo y negativo impacto en el complejo sistema productivo de nuestro país, al consolidar el modelo de país agroexportador basado en la agricultura industrial, pools de siembra, agrotóxicos, monocultivos, despoblamiento rural y enormes ciudades insustentables.”
El PEA está plasmado en 160 carillas, repleto de estadísticas, cuadros y gráficos. Fue presentado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en septiembre ultimo en Tecnópolis. Contó con el apoyo de gobernadores y empresas del sector. En la página 15 figuran las 43 “unidades académicas” que “participan en la elaboración” del PEA, entre ellas Agronomía de La Plata –una de las referentes en la formación de profesionales e investigadores de la Argentina rural.
En la resolución, el Consejo Superior de la Facultad identifica al “modelo dominante” en el país como “agro-minero exportador” caracterizado por “una fuerte intervención del capital financiero en la actividad, uso indiscriminado de insumos derivados del petróleo, contaminación, exclusión de pequeños productores y pérdida de biodiversidad”. Afirma que, en el modelo vigente, las ganancias “formidables son para las cada vez más grandes empresas”.
“La agricultura industrial tiene un fuerte impacto negativo sobre el ambiente, por merma de nutrientes en el suelo, reducción de biodiversidad, uso indiscriminado de agroquímicos y la introducción del riego en zonas donde el agua es un recurso escaso. Se genera un modelo de agricultura sin agricultores”, alerta la resolución.
Y precisa respecto al plan oficial que “el PEA lejos está de promover políticas que vislumbren modificaciones a las tendencias actuales del modelo productivo”, Explicita que el Gobierno pretende aumentar la superficie sembrada de 32 millones de hectáreas a 41 millones (27 por ciento más) y, en línea con organizaciones campesinas, cuestiona que “Avanzará la frontera agrícola hacia territorios donde hoy las comunidades campesinas e indígenas están resistiendo desalojos”.
“Todo indica que el modelo antes descripto tenderá a profundizarse”, advierte la Facultad. Precisa que el PEA promueve que la soja transgénica ocupe no menos del 45 por ciento de la superficie a sembrar y que el maíz sea utilizado para producción de agrocombustibles. “Ambas medidas están absolutamente enfrentadas a la defensa de la soberanía y seguridad alimentaria de nuestro pueblo”, asegura la resolución, fechada el 23 de marzo último (la sesión fue el 20 de diciembre), y que, en su parte resolutiva, crea una comisión interclaustro para diseñar un “PEA alternativo”.
Augusto Calandrelli, consejero superior por el claustro estudiantil, explicó que las universidades participaron de debates y realizaron propuestas para la confección del PEA, pero aclaró que “ninguno de los aspectos críticos al modelo” fueron tenidos en cuenta por “la mesa chica del Ministerio de Agricultura” que redactó el documento final. “El PEA no es una síntesis debatida con universidades ni con organizaciones de la agricultura familiar, sino que es una decisión de funcionarios del Gobierno”, explicó.
“La resolución de nuestra Facultad es un primer paso para cuestionar un modelo de producción que mantiene profundas continuidades con el neoliberalismo de los años ’90”, avisó el consejero superior. La Facultad de Agronomía de La Plata, fundada en 1906 y referente entre las casas de estudios, se sumó a las facultades que cuestionan el modelo extractivo. La Universidad Nacional de Córdoba y la de Río Cuarto alertaron, en 2009 y 2010, sobre los efectos ambientales y económicos de la megaminería. La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario denunció, en marzo pasado, al modelo extractivo por sus “consecuencias comprobadas” en el ambiente y en la salud de las poblaciones. Y la Universidad de Buenos Aires también cuestionó la megaminería, el miércoles pasado, en una declaración de apoyo del Consejo Superior (el más alto espacio político de la UBA): apuntó a los efectos ambientales, pero también a la represión y violación de derechos que padecen las poblaciones que rechazan la cuestionada actividad (puntualizó casos de Catamarca y La Rioja).
“En las últimas semanas, han sido vulnerados derechos constitucionales de ciudadanos y ciudadanas de las regiones en conflicto al ser violentamente reprimidos por las fuerzas de seguridad del Estado en los cortes selectivos contra la Minera Alumbrera en las localidades de Belén, Amaicha del Valle y Tinogasta”, denunció la UBA y coincidió con Agronomía de La Plata respecto de los agronegocios: “Este modelo productivo extractivo-exportador está íntimamente asociado con el avance de la frontera agraria a costa del despojo de la tierra a campesinos y el desmonte y deforestación, con la utilización excesiva de agrotóxicos en las fumigaciones”.

II. Analicemos como un proyecto sectorial que parece más realista que la reforma agraria integral, en verdad, es funcional a que el país siga hundiéndose en ecogenocidios. En segundo lugar la UTT se basa en concepciones erróneas por mistificar al Estado burgués como: coexistencia de la agricultura industrial con la agricultura y soberanía alimentaria gracias al Estado y colaboración con éste como política desde abajo.

Por una Argentina sin hambre

Un Ministerio de Alimentación para que el pueblo tenga alimentos sanos, soberanos y a precios justos es la iniciativa que impulsa la UTT para un país que produce materias primas de exportación y también estómagos vacíos. Una mirada a las mesas argentinas, entre el lobby empresario, la economía mundial y las organizaciones campesinas en el Día Internacional de Acción por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos, que se celebra este 16 de octubre.

En la Argentina hay siete grandes cadenas de supermercados (seis de ellas de origen extranjero) que controlan el grueso de la venta de alimentos. Hay también unas 50 millones de hectáreas que se destinan a la producción de soja para exportación con uso intensivo de productos químicos. Y hay, además, un tercio de la población por debajo de la línea de pobreza (la mitad de los niños y las niñas del país son pobres).

Aunque parezcan asuntos distintos, el hambre del pueblo es un hecho inseparable de un esquema productivo en el que se prioriza la concentración de la riqueza en pocas manos y la exportación de materias primas producidas en los campos que podrían dar de comer a toda la sociedad.
El país que les tocará a las próximas generaciones no puede ser pensado por fuera de un tema que es tan obvio como urgente: el alimento. Las preguntas sobre quiénes son dueños de la tierra, qué se produce allí, bajo qué sistema productivo, cómo se distribuyen los alimentos y a qué precios llegan a las mesas argentinas tienen que estar en la agenda pública nacional.
Para la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), una de las organizaciones integrantes del Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular, la solución de fondo debe ser superadora de los abordajes coyunturales: hace falta un Ministerio de Alimentación en la Casa Rosada. Lo explica Nahuel Levaggi, coordinador general de la UTT: “La alimentación, como la salud o el trabajo, es una necesidad básica de toda la población, no importa la clase social a la que pertenezcas. El Estado Argentino debería tener una política totalizadora para un tema fundamental como la alimentación”.

“Nuestra propuesta es que el Estado, a través de un Ministerio de Alimentación, pueda tomar decisiones sobre qué alimentos se producen, qué come la población y a qué precio llegan los alimentos. Cuando nosotros ponemos la alimentación en agenda, estamos pensando en una alimentación sana, justa y soberana para el pueblo”.

— ¿Qué rol cumpliría ese Ministerio?
— Aplicar una política integral vinculada con la alimentación en todas las etapas, desde la producción hasta la comercialización. Para eso es necesario, primero, democratizar la matriz productiva que ahora está profundamente concentrada. ¿Qué rol cumple hoy el Ministerio de Agroindustria? Favorecer el agronegocio. En todo caso, organizar la producción de materias primas desde una perspectiva comercial, pero no hay una preocupación por los alimentos. Es mentira eso de que Argentina produce toneladas de alimentos para dar de comer a millones de personas; lo que produce Argentina son materias primas para exportación.Desde la UTT creemos que tiene que haber un Ministerio que promueva la producción de alimentos sanos a precio justo para el pueblo.
— ¿Cuál es el primer paso para conseguir ese objetivo?
— Lo que hay que lograr es democratizar la matriz productiva, ir al fondo de la cuestión. También sería necesario generar mercados integrales de proximidad, es decir, como si fuesen mercados concentradores pero que garanticen la distribución de alimentos mediante la compra a los pequeños productores, las pymes y la agricultura familiar. Si vos tenés varios de estos mercados testigos, por llamarlos así, podés hacer un acuerdo de precios que beneficie a los productores y también a los consumidores. ¿Qué hace falta para eso? Primero, salir del dólar, quitar la dolarización de la cadena productiva.
— ¿Es posible democratizar también el mercado?
— Como toda iniciativa de interés público, lo que hace falta es voluntad política. Hoy en día todo el mercado de alimentos está manejado por grandes corporaciones, desde la producción de la materia prima hasta la comercialización. Están totalmente concentrados, tanto la matriz de producción de alimentos como los circuitos de comercialización.
Eso se ve claro en la producción de semillas y agrotóxicos, que son el corazón de la agroindustria. También pasa en las industrias agroalimentarias como las carnes y los lácteos. La concentración en pocas manos se fue profundizando con los años, y la intervención del Gobierno fue, a lo sumo, acordar con algunas de estas grandes empresas para tener un control de precios.

El hambre del pueblo es un hecho inseparable de un esquema productivo en el que se prioriza la concentración de la riqueza y la exportación de materias primas.

Agrotóxicos, China y los chanchos

“La alimentación es un tema estratégico para el país que se viene”, plantea Levaggi. Desde su mirada, “uno de los problemas que va a enfrentar el próximo gobierno es cómo va a comer la gente, porque no hay plata en el bolsillo de las personas”. El “Plan Argentina contra el Hambre” que presentó Alberto Fernández la semana pasada, tiene tres ejes centrales: el acceso a la canasta básica de alimentos, una política para erradicar la malnutrición y una articulación federal para trabajar junto a las provincias y los municipios.
“Celebro y acompaño la convocatoria pública a resolver colectivamente la mayor vergüenza nacional: el hambre del pueblo argentino (incluyendo la malnutrición en todas sus formas)”, escribió Marcos Filardi tras haber participado en la presentación del Plan impulsado por el Frente de Todxs. El fundador del Museo del Hambre e integrante de la Red de Abogadas y Abogados por la Soberanía Alimentaria, destacaba que “la propuesta es ambiciosa” y “tiene componentes verdaderamente transformadores, sobre todo para la agricultura familiar, campesina e indígena y para la economía social y popular”.
Sin embargo, Filardi alertaba sobre los puntos grises de la convocatoria: “Que en el ‘todxs’ de la propuesta se incluya, en un lugar (doblemente destacado) a Syngenta-Chemchina –empresa transnacional que es la segunda fabricante a nivel mundial de transgénicos, agrotóxicos y semillas comerciales– y en un lugar destacado a la Coordinadora de Industrias de la Alimentación (COPAL) –que nuclea a la industria alimentaria más concentrada que comercializa los objetos comestibles ultraprocesados– enciende una alarma sobre el potencial transformador de la propuesta”.
Sergio Arelovich, economista y docente en la Universidad Nacional de Rosario, aporta: “Desde el ’83 en adelante, ningún Gobierno se propuso alterar la matriz concentrada que hay en la Argentina”. Eso se debe, en parte, a un condicionamiento real: “Hay grandes jugadores, como los agroexportadores, a los que no podés volar de un plumazo porque tienen un rol importante en la economía”.

Agrotóxicos, China y los chanchos

“La alimentación es un tema estratégico para el país que se viene”, plantea Levaggi. Desde su mirada, “uno de los problemas que va a enfrentar el próximo gobierno es cómo va a comer la gente, porque no hay plata en el bolsillo de las personas”. El “Plan Argentina contra el Hambre” que presentó Alberto Fernández la semana pasada, tiene tres ejes centrales: el acceso a la canasta básica de alimentos, una política para erradicar la malnutrición y una articulación federal para trabajar junto a las provincias y los municipios.
“Celebro y acompaño la convocatoria pública a resolver colectivamente la mayor vergüenza nacional: el hambre del pueblo argentino (incluyendo la malnutrición en todas sus formas)”, escribió Marcos Filardi tras haber participado en la presentación del Plan impulsado por el Frente de Todxs. El fundador del Museo del Hambre e integrante de la Red de Abogadas y Abogados por la Soberanía Alimentaria, destacaba que “la propuesta es ambiciosa” y “tiene componentes verdaderamente transformadores, sobre todo para la agricultura familiar, campesina e indígena y para la economía social y popular”.
Sin embargo, Filardi alertaba sobre los puntos grises de la convocatoria: “Que en el ‘todxs’ de la propuesta se incluya, en un lugar (doblemente destacado) a Syngenta-Chemchina –empresa transnacional que es la segunda fabricante a nivel mundial de transgénicos, agrotóxicos y semillas comerciales– y en un lugar destacado a la Coordinadora de Industrias de la Alimentación (COPAL) –que nuclea a la industria alimentaria más concentrada que comercializa los objetos comestibles ultraprocesados– enciende una alarma sobre el potencial transformador de la propuesta”.
Sergio Arelovich, economista y docente en la Universidad Nacional de Rosario, aporta: “Desde el ’83 en adelante, ningún Gobierno se propuso alterar la matriz concentrada que hay en la Argentina”. Eso se debe, en parte, a un condicionamiento real: “Hay grandes jugadores, como los agroexportadores, a los que no podés volar de un plumazo porque tienen un rol importante en la economía”.
Sobre lo que viene, dice que es clave el rol que ocupa China en el mapa económico global. Por un lado, “es el gran financiador serial por fuera del FMI y del Banco Mundial”, pero también tiene a COFCO, la empresa estatal que se ha convertido en uno de los líderes del agronegocio.
COFCO, que también compró a los gigantes Noble y Nidera, es una de las principales agroexportadoras de Argentina. Sólo en 2017 envió al exterior 11.006.563 toneladas de productos agrícolas y facturó 48.499 millones de pesos. China, plantea Arelovich, puede seguir concentrando mucho más el mercado mundial si se lo propone.

¿Es posible alimentar al pueblo argentino sin quedar atrapados en el mercado internacional? “Lo que produce Argentina, principalmente, son alimentos para chanchos y biocombustibles”, explica. Desde su perspectiva económica, ningún plan de gobierno puede desarrollarse si no se revisa la legislación vigente: “Hacen falta políticas de largo plazo y normas que regulen el funcionamiento de las empresas y el rol de la banca y el capital extranjero”.


Y agrega: “Los pilares jurídicos de la Argentina vienen de años de dictadura y neoliberalismo. No se puede seguir sosteniendo ese marco regulatorio, que propicia la situación actual de alta concentración y extranjerización de la economía”.

Una salida por abajo

El Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular, que elaboró en el mes de mayo un paquete de propuestas desde abajo para avanzar en políticas públicas destinadas a los sectores más relegados del campo y la economía productiva, también alertó sobre la presencia de las corporaciones en la lucha contra el hambre. En un comunicado reciente, las organizaciones participantes expresaron: “Syngenta junto a un puñado de corporaciones, entre las que se destaca también Bayer-Monsanto, es responsable de la expulsión de miles de campesinas y campesinos a las grandes ciudades durante las últimas décadas y ellos son uno de los principales sectores que padecen el crimen que significa el hambre que hoy azota a la Argentina”
En un país con 14 millones de pobres y 3 millones de indigentes, el Foro propone tres ejes principales de intervención:
1. El desarrollo de un modelo productivo alternativo, no extractivista, sobre la base de la Soberanía Alimentaria y entendiendo a la Tierra como Hábitat y Territorio.
2. Políticas públicas específicas por sector, que a su vez se encuadran en la misma base que mencionamos anteriormente.
3. Una institucionalidad basada en un Estado planificador para garantizar la Soberanía Alimentaria de nuestro pueblo, con la articulación participativa y descentralizada entre el Estado, las organizaciones de productorxs y otras organizaciones del sistema agroalimentario y atendiendo particularmente a las reivindicaciones de los pueblos originarios, las mujeres y los jóvenes.
El documento concluye así: “Comprometidos a seguir colaborando para terminar con el hambre en nuestro país nos ponemos a disposición para avanzar en estas acciones urgentes y en la implementación de las políticas necesarias para lograr las transformaciones estructurales que nuestro país necesita”.