jueves, 30 de enero de 2020

Anticipemos hacia dónde conduce el capitalismo imperialismo observando Colombia: "el avance del militarismo, la instalación de nuevas bases y operativos militares y paramilitares se dan en paralelo al crecimiento de la inversión extranjera, de la implementación de un modelo económico a favor de las empresas transnacionales, que se han instalado a sangre y fuego en contra de los derechos de los pueblos a la soberanía y al territorio. Esto se materializa con la incursión de Colombia en las grandes corrientes comerciales mundiales a partir de los Tratados de Libre Comercio, como el firmado recientemente con EE.UU."

Sentencia del Tribunal del Juicio Ético a las Transnacionales

10 de noviembre de 2011

Opinión


Consideraciones generales

El Juicio Ético Popular a las Transnacionales es un proceso político pedagógico de comunidades en lucha promovido por el proyecto “Resistencias Populares a la Recolonización del Continente” que comprende, junto al Centro de Investigación y Formación de los Movimientos Sociales Latinoamericanos (CIFMSL) y al Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, diversos colectivos y organizaciones populares, organismos de derechos humanos e intelectuales de Nuestra América.

El Juicio Ético Popular enjuicia a las corporaciones transnacionales, por ser operadoras centrales del extractivismo, del despojo de los bienes de la naturaleza y de los derechos de las poblaciones, y al sistema capitalista patriarcal, neocolonial, del que son eslabones claves.
El proceso de investigación-acción en el que se constituyeron los fundamentos de este Juicio Ético Popular, se articuló en las audiencias previas de:

- Trelew – 16 y 17 de septiembre del 2011 – Audiencia del Juicio Ético en Patagonia

- San Miguel de Tucumán– 23 al 25 de septiembre del 2011 – Audiencia del Juicio Ético en el Noroeste Argentino (NOA).

- Wanda– 30 de septiembre y 1 de octubre del 2011 – Audiencia del Juicio Ético en la Triple Frontera

En estas audiencias fueron juzgadas: Minera La Alumbrera YMAD UTE, Minera Agua Rica, Barrick Gold Corporation, Grupo Monsanto, Repsol, Ledesma SA., Río Tinto – Vale S.A. y PRC S.A. (Potasio Río Colorado SA), Proyecto Navidad (Pan American Silver), Pan American Energy, Grupo Cargill, Alto Paraná.

Ledesma S.A.A.I., corporación de capitales de origen argentinos, fue incluida en este Juicio por sus vínculos y sociedades con las corporaciones transnacionales, porque reproduce sus métodos productivos y estilo empresarial, y porque es un caso emblemático -como grupo de poder económico civil-, en su complicidad con la desaparición, tortura y asesinatos de luchadores sociales cometidos por la dictadura cívico militar de 1976-1983, así como con la represión y criminalización de los movimientos populares en la actualidad.

En la última audiencia, la fiscalía pidió que se agregue la condena a corporaciones transnacionales productoras de agrotóxicos, sumando a Monsanto, a las empresas Novartis, Syngenta, Bayer, y a las empresas farmacéuticas comoBig Pharma, por la realización de investigaciones clínicas de sus nuevos productos con la sangre, el dolor y la vida de más de 50.000 argentinos y argentinas.

Por qué un Juicio Ético Popular

En el sistema jurídico actual, las leyes y códigos están puestos al servicio de la defensa de la propiedad privada, de la ganancia capitalista, del orden patriarcal y racista, antes que del cuidado de las personas, de las poblaciones, de las generaciones futuras y de los territorios que sufren las consecuencias de dicho orden.

Esa “justicia” criminaliza sistemáticamente a los y las pobres, a quienes protestan ante las injusticias, a quienes se organizan y se rebelan. Cuestionarla desde la ética es señalar los límites de su accionar y los intereses a los que sirve.

Es desde esa perspectiva, basada no en los marcos actuales de legalidad sino en el concepto profundo de legitimidad, de reivindicación histórica de los derechos del pueblo y de la naturaleza, que se ha constituido este Tribunal Ético Popular.

El Juicio Ético Popular tiene un sentido preciso y profundamente humano: la salvaguarda de la vida y su reproducción actual y futura en todas sus dimensiones e implicancias.

El criterio de discernimiento de lo más ético o lo menos ético radica en la vida: antiético es lo que aniquila o tiende en el mediano y largo plazo a aniquilar la vida. Partimos de una interpretación de la vida deudora de la relación que los pueblos originarios mantienen con la naturaleza,  la idea de “buen vivir”.

El peligro mayor para la supervivencia humana está hoy en la globalización fundamentalista de los mercados preparada por las sangrientas dictaduras militares, que continuó en democracia con los mismos argumentos de “favorecer el desarrollo y el progreso”.

A más de 500 años de colonización y recolonización del continente, este Tribunal sostiene que no es lo mismo vivir “de” la naturaleza que vivir “con” y “en” la Naturaleza. Sin embargo, en defensa de los cometidos insaciables de las empresas transnacionales, y en un marco de profundización de la lógica capitalista y de expansión de las fronteras de explotación, se destruye el medio ambiente y se tiende a acabar a pueblos enteros, a comunidades indígenas y criollas campesinas que hoy parecen ser consideradas “poblaciones sobrantes” de la sociedad.

Si la enajenación de la Justicia forma parte de la expropiación estructural del orden neocolonial capitalista, un Juicio Ético Popular contra sus principales operadores -en el contexto de los Bicentenarios independentistas de Nuestra América-, tiene por finalidad apoyar las luchas contra-coloniales, y abrir nuevas brechas de emancipación.

Este Juicio afirma su carácter popular por los intereses que defiende, por las luchas de las que nace, y porque está hecho por y para los movimientos que reivindican la capacidad del pueblo y de sus organizaciones para ejercitar sus propias maneras de valorar lo justo y lo injusto.

Afirmado como propuesta de justicia de los oprimidos y oprimidas, este Tribunal Ético Popular hará llegar los informes sobre los casos juzgados y las sentencias a las comunidades en lucha, para compartir los aprendizajes, los conocimientos creados colectivamente, y utilizarlos en respaldo a las demandas. Los hará llegar también a los poderes políticos y judiciales, a los medios de comunicación y a la sociedad, para fortalecer las resistencias de los movimientos populares que sufren de modo especial las consecuencias de estas políticas.

Algunas consideraciones sobre el modo de acumulación capitalista actual

En Nuestra América, el actual modelo de desarrollo responde a una nueva fase de acumulación del capital, producto de la división del trabajo territorial y global, a partir del cual nuestros países han sido designados como proveedores de materias primas y bienes de consumo a los países del Norte y a las potencias emergentes (China, India, y el propio Brasil). Como en otras épocas históricas, América Latina aparece como continente exportador de bienes de la naturaleza, lo cual reconfigura negativamente nuestros territorios, destruye formas de vida, y genera nuevos modelos de dominación a una escala nunca antes pensada.

A medida que se fueron ampliando la cantidad de proyectos extractivos y las superficies territoriales intervenidas, los conflictos provocados por los mismos no han cesado de crecer. Cada proyecto desencadena un conflicto que no termina, ni aún cuando sea momentáneamente paralizado, o cuando se hubiere agotado el ciclo de vida de la explotación. La conflictividad tiene, como los pasivos ambientales, una sobrevida que excede largamente la del período de explotación.

Algunas de las características de este modo de acumulación capitalista, basado en un modelo de desposesión, extractivista, reprimarizador son:

- La importanteconcentración del capital -tanto en el plano de la producción y comercialización de las materias primas, como en el de la comercialización y distribución de sus productos- a través de un proceso de fusión y absorción en unas pocas grandes empresas.

- Los gobiernos abren las puertas de los países a las inversiones del gran capital extranjero, y hasta las subsidian con el presupuesto nacional, colocando el aparato del Estado al servicio de éstas. Las facilidades que viabilizan el saqueo, se han convertido en “políticas de Estado”. La normativa jurídica y la política fiscal (fundamentalmente la exención de impuestos), son fuentes que favorecieron su expansión y consolidación.

- La Iniciativa de Integración Regional Sudamericana (IIRSA)  provee gran parte de la infraestructura necesaria para interconectar las periferias con los puertos exportadores, proveyendo los caminos más cortos para el traslado de los bienes comunes naturales. Con ese fin se destruye la cordillera, se hacen navegables los ríos para el traslado de grandes cargamentos, provocando daños irreversibles en el ecosistema y en su biodiversidad irrepetible, en función de favorecer el comercio y obtener grandes ganancias. Se construyen faraónicas usinas de energía para uso extractivista de las corporaciones, que endeudan aún más a los países del Sur e impactan de manera degradante en el medio y en las poblaciones, generando gigantescas diásporas sociales. Son las nuevas venas abiertas que delinean “las vías del saqueo”.

- La alta concentración de las tierras. A través de grandes inversiones agrícolas, forestales, mineras, el capital se apropia de grandes extensiones de tierra y fuentes de agua, muchas veces a costa de la expulsión de poblaciones del interior, pueblos originarios y comunidades campesinas.  Como ejemplo denuncia la fiscalía popular de Alto Paraná que: “La compañía que concentra la mayor cantidad de tierras es Alto Paraná, propietaria de 230 mil hectáreas de tierras en Misiones. A esa cantidad deben sumarse los territorios explotados por medio de testaferros, arrendamientos de tierra y otros tipos de manejo de la tierra, con lo que la firma trasandina supera las 280 mil hectáreas, lo que equivale al 10 por ciento de la superficie total de la provincia de Misiones”.

- La consolidación del agronegocio implica la presencia de una cadena de corporaciones transnacionales,cuyos roles abarcan desde la provisión de semillas hasta la venta de productos en los hipermercados, incluyendo la construcción de la infraestructura necesaria que permite el traslado de las materias primas hacia los países importadores. La amplia variedad de inversiones que realizan las empresasse puede ejemplificar con la transnacional Cargill, que se dedica al procesamiento y comercialización de oleaginosas y de cebada, y  que a su vez ha construido frigoríficos y molinos harineros, además de puertos, caminos, hidrovías (parte de la Iniciativa IIRSA) así como una extensa red de acopios. Informa la fiscalía popular de Monsanto que: “A este creciente control sobre un proceso determinado en la cadena del agronegocio, se agrega el hecho de que las mayores transnacionales participan a la vez en varias de estas etapas, logrando ampliar su control sobre el sistema global y, por ende, acaparando un mayor volumen de negocios, obteniendo más ventas e incrementando exponencialmente sus ganancias”.

-  El control de las semillasy de los plaguicidas asociados a ellas ha impuesto un paquete tecnológico que incluye la producción, la venta, el control y la imposición de semillas transgénicaspor parte de unas pocas compañías transnacionales, entre las que merecen  destacarse además de la estadounidense Monsanto que tiene un control del 23% del comercio de semillas a nivel mundial, las empresas Novertis, Syngenta y Bayer.

Monsanto patentó variedades de cultivos -soja y algodón transgénicos, maíz BT y colza modificada genéticamente- con el fin de controlar los mercados, generando un alarmante proceso de mercantilización de la vida y de destrucción de la biodiversidad, desconocido hasta hace unas décadas.

- El desarrollo de los monocultivos cuyo destino es fundamentalmente la exportación, no sólo somete a los pueblos a la dependencia del monopolio de semillas, sino que además atenta contra la soberanía alimentaria, al provocar que muchas tierras que se destinaban a la producción de alimentos, ahora se utilicen para cultivos de exportación. En un momento en el que en el mundo hay mil millones de seres humanos padeciendo hambre, se reduce la producción de alimentos, se destinan tierras al cultivo de agrocombustibles, se encarece el precio de los alimentos y crecenlas ganancias extraordinarias de las corporaciones transnacionales.

- Ladeforestación del monte nativo. La abrupta expansión de las fronteras del capital verificada en las últimas décadas se ha realizado a costa de sacrificar el monte nativo. La expansión de la superficie sojera, minera y forestal ha implicado una gravosa pérdida de bosques nativos y la consecuente pérdida de biodiversidad y desplazamiento de poblaciones cuyas estrategias de vida están íntimamente ligadas al monte. Un caso particularmente engañoso es la promoción de programas de forestación que terminan implantando grandes extensiones de monocultivos forestales.En la mayoría de los casos la “forestación” implica deforestación previa de monte nativo. Informa la fiscalía de Alto Paraná: “En Misiones se talan más de 30 hectáreas de monte por día y desaparecen 12 mil hectáreas cada año”.

- Ladestrucción de la agricultura campesina y familiar. El modelo de agronegocios presenta un carácter excluyente, pues su avance vertiginoso, su expansión descontrolada, desborda cualquier frontera e impide que las comunidades campesinas e indígenas desarrollen sus formas tradicionales de cultivo.

- A través de un proceso de integración vertical de los distintos rubros de inversiones, se haimpuesto un modelo agroalimentario hegemónico, en el que la alimentación transformada en mercancía es un mecanismo de control de nuestras vidas por parte de las grandes corporaciones transnacionales, que dominan la producción, comercialización y distribución de alimentos a escala mundial, determinando qué, cómo, cuánto, dónde, para qué y para quién se va a producir.

- La articulación entre diferentes explotaciones extractivas permite consolidar el modelo económico imperante. Un ejemplo es el acuerdo Vale-Repsol para la provisión del gas necesario para explotar el Proyecto Potasio Río Colorado. A lo largo de este juicio se ha podido constatar que dicho emprendimiento tiene como objetivo abastecer a las producciones de soja, caña de azúcar y palma aceitera en Brasil, contribuyendo, de este modo, al desarrollo de los agronegocios y la tendencia al monocultivo, en especial de la producción de agrocombustibles. Así, este proyecto contribuye activamente al desmonte de la región amazónica y el Matto Grosso y, junto con ello, a la desertificación de uno de los pulmones del planeta.

- Laexpansión de la frontera de la explotación hidrocarburífera y minera configura un escenario que favorece a las operadoras privadas, acentúa las asimetrías ya existentes, aumentando su capacidad de negociación y chantaje frente a las poblaciones. Desde el año 1993 hasta la fecha asistimos, en Argentina, a la cristalización de un modelo altamente favorable al capital extranjero, gracias a la consolidación de un marco legal que transfirió nuevas prerrogativas a las provincias, política prácticamente inédita y a contramano de la tendencia a nivel mundial. De esta manera, se  agigantó la capacidad de negociación de las operadoras privadas.

Profundizando las políticas extractivistas del sector, en los últimos años han comenzado las explotaciones no convencionales, entre las cuales se destaca el shale gas o gas de pizarra que se obtiene a partir de la explotación del esquisto, una roca sedimentaria formada a partir de depósitos de lodo, cieno, arcilla y materia orgánica. Este tipo de explotaciones han cobrado relevancia a partir de un contexto económico favorable, producto del aumento del precio de los hidrocarburos, la irreversible declinación de las reservas tradicionales, y los avances tecnológicos que hacen posible la utilización de técnicas más sofisticadas. Las explotaciones no convencionales implican un mayor despliegue territorial y la utilización de compuestos químicos que son fuente de contaminación. 

- La expansión de la megaminería a cielo abierto es otra característica del actual modelo de acumulación. La existencia cada vez más limitada de minerales de superficie y de alta ley, ha generado la utilización de un método de extracción que permite obtener el mineral diseminado, mediante la llamada “minería a cielo abierto”, que implica la realización de enormes perforaciones (“open pif”) a través de voladuras con explosivos, grandes maquinarias para la extracción y trituración de las rocas, el transporte del mineral y la utilización de sustancias tóxicas que permiten separar (lixiviar) y obtener el mineral. Es un método altamente destructivo que utiliza ingentes volúmenes de agua y de energía, en detrimento de regiones que padecen sequías y éxodo poblacional. Se trata de minería a gran escala, de megaemprendimientos, una actividad que consume enormes cantidades de agua y energía, y por ende compite por tierra y recursos hídricos con otras actividades económicas (agricultura, ganadería, turismo). En cuanto al consumo de energía, por ejemplo, informa la fiscalía de Minera Alumbrera que ésta “utiliza casi el doble de la energía (175%) que el total de la energía consumida por todo concepto por la provincia en su conjunto. Las familias catamarqueñas utilizan sólo el 21 % de la energía consumida por Minera Alumbrera. Esta situación se viene traduciendo en cortes de energía sistemáticos, sumados a problemas de tensión y a restricciones en el consumo en las épocas de mayor demanda energética, generalmente en los días de temperaturas extremas en los inviernos, y en especial en los rigurosos veranos de la zona”. Dada la envergadura de los emprendimientos, éstos tienden a desestructurar y reorientar la vida de las poblaciones desplazando economías regionales pre-existentes. Por ende, es una actividad económica claramente asociada con el saqueo, la contaminación y la destrucción de los territorios, que viene expandiéndose en nuestro país y en otros muchos de nuestro continente.

El control de la palabra y de la comunicación

La dominación de los capitales transnacionales y la creación de hegemonía política del bloque de poder que sustenta al modelo se constituyen a través del control de la palabra, de los mecanismos de “construcción de verdad”, de la comunicación y difusión de mensajes que promueven el consumismo, la exaltación del mercado, la violencia, en medios de uniformar las maneras de ver el mundo. Es alarmante la difusión de imágenes degradantes de las mujeres, la reproducción de estereotipos sexistas, la proliferación de la pornografía a través de las nuevas tecnologías informáticas, que aumentan la capacidad de maniobra de las redes de trata y de prostitución.

Este Tribunal considera necesario llamar la atención sobre el papel de las corporaciones de la comunicación y de la informática, alertando que:

- A pesar de sus inmensas ganancias, el derecho a la comunicación no está garantizado para los sectores populares excluidos de la sociedad.

- Algunas de las grandes corporaciones de la comunicación y la informática actúan en el mundo como aliadas del poder global militarizado, de sus servicios de inteligencia y de información, e incluso están constituidas por empresas creadas desde estos centros. Gran parte de la tecnología que utilizan, por ejemplo el sistema de mapeo, de reconocimiento facial, el desarrollo de un software de prospección de redes sociales, fueron desarrolladas por empresas que recibieron financiamiento de la CIA. Muchas de las informaciones, comunicaciones e imágenes que estas corporaciones circulan, fueron puestas al servicio de los procesos de criminalización de los movimientos sociales y de control de las protestas.

- En el espacio virtual, todos los sistemas de redes sociales utilizan mecanismos para la detección de lo que llaman tendencias y sentimientos. Estamos asistiendo a un proceso de profundas transformaciones en nuestras relaciones de comunicación y en la cultura. Desde hace mucho tiempo el espacio público ha sido el espacio central de la construcción política. Ahora asistimos a una privatización del espacio público. El control en el espacio inmaterial, en el ciberespacio, está fundado en la posibilidad de detectar y anticipar lo que va a suceder, donde coinciden los intereses de control de los estados con los de las corporaciones.

- Las corporaciones de la comunicación tienen las actitudes características de toda empresa monopólica: crear estándares propios, garantizar obsolescencia programada, profundizando los marcos del actual modelo de consumo. Tienen mecanismos para  garantizar que su clientela quede cautiva.

- La dirección en que va apuntada la demanda y el consumo sobre estos bienes inmateriales, se relaciona con la dilapidación de recursos materiales. Esto impacta en el mundo material y en la vida de la gente. El óxido de tantalio que está en cada celular cuesta vidas humanas. Las guerras de baja intensidad en el África Occidental se producen por conseguir este tipo de recursos. Las corporaciones de lo inmaterial tienen sus raíces puestas en el mundo material, y profundizan nuestra dependencia hacia modelos de consumo insostenibles.

Militarización, intervencionismo, golpes de estado

Las corporaciones transnacionales promueven la militarización de los territorios en los que están actuando, el intervencionismo y las invasiones armadas, la desestabilización de los gobiernos, los golpes de estado, los conflictos entre países, las acciones de inteligencia y contrainteligencia, las guerras de baja, media y alta intensidad, anulando la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.

Ha sido evidente la posición de las corporaciones petroleras, farmacéuticas, hidroeléctricas, del agronegocio, compañías fruteras, mineras, de la telefonía celular, junto con los monocultivos de la palma africana, la conspiración de las maquilas, en el golpe de estado de Honduras. La dictadura cívico militar que emergió del mismo, recibió y continúa recibiendo el respaldo de los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, el BID, y las instancias financieras de la Unión Europea.

El golpe de estado se propuso restaurar los privilegios de las corporaciones, sacando a Honduras del proceso de integración en el ALBA e incluyéndola en las iniciativas de integración subordinadas al poder norteamericano y europeo como los Tratados de Libre Comercio y el Plan Mérida. Desde entonces, sigue creciendo la militarización, el paramilitarismo, las agencias de seguridad, el narcotráfico, el sicariato, la intervención de militares colombianos y salvadoreños en operativos represivos, la presencia militar norteamericana a través del incremento de las bases militares y de la participación directa en operativos de represión. Todos los días se producen asesinatos, torturas y otras formas de agresión, especialmente contra las comunidades campesinas, indígenas, garífunas, negras. En los años posteriores al golpe de estado, han crecido brutalmente los femicidios, la violencia contra las mujeres, los y las jóvenes, el asesinato de integrantes de la comunidad lgttbi. Hay una especial agresión contra la libertad de expresión, que se manifiesta en los asesinatos de periodistas y los ataques a las radios comunitarias.

Estos hechos siguen en total impunidad y se agrava la represión que sufre el pueblo hondureño. Tienen responsabilidad, en esta situación, los gobiernos que han votado por el reingreso de Honduras a la OEA, a las instancias de integración centroamericana, dando una imagen de retorno a la “normalidad”, que no se condice con la grave situación que vive este pueblo.

En Colombia, el avance del militarismo, la instalación de nuevas bases y operativos militares y paramilitares se dan en paralelo al crecimiento de la inversión extranjera, de la implementación de un modelo económico a favor de las empresas transnacionales, que se han instalado a sangre y fuego en contra de los derechos de los pueblos a la soberanía y al territorio. Esto se materializa con la incursión de Colombia en las grandes corrientes comerciales mundiales a partir de los Tratados de Libre Comercio, como el firmado recientemente con EE.UU.

Algunos de los impactos generados por las corporaciones transnacionales en Colombia son: privatización de los servicios públicos, precarización del trabajo (se denunció que hay 30.000 trabajadores precarizados en la industria petrolera), concentración de la tierra (64,7% de la tierra está en manos del 0,4% de los terratenientes), destrucción del medio ambiente y la biodiversidad. Es alarmante la denuncia sobre las violaciones de los derechos humanos: 4 millones de desplazados (10% de la población), 50.000 desaparecidos en los últimos cinco años, 7.500 detenidos y detenidas políticas.

Este Tribunal Ético Popular ha analizado las denuncias y los testimonios presentados, ha considerado las sentencias regionales, ha recogido los aportes del proceso de investigación–acción realizado en los años previos desde el proyecto de Resistencias Populares a la Recolonización del Continente y, valorando los saberes populares así como los aportes académicos, dicta la sentencia que a continuación reproducimos(...)

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