viernes, 31 de enero de 2020

"Estamos tratando ahora de ver si se abre un poco más el sistema político provincial y se logra tener más apoyo, porque, evidentemente, llegar tan solos a esa instancia de acusación es una situación compleja y se va a necesitar de apoyo fuera y de apoyo político también para llevar adelante esa acusación. Lo que queda claro es que la corporación judicial y la política no están sosteniendo la posibilidad de que se pueda investigar a quienes llevaron al fracaso la investigación y en un caso además tan público, que se convirtió en un caso de agenda. Parece bastante sintomático eso”.

El CELS sobre Luciano Arruga:

“La impunidad se construyó en los primeros momentos”

31 de enero de 2020

Para conocer detalles de la causa judicial ante un nuevo aniversario del secuestro, asesinato y posterior desaparición de Luciano Arruga, los medios comunitarios, alternativos y populares* que acompañamos a la familia, dialogamos con Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Durante la charla destacó el rol activo del grupo de Familiares y Amigos, y resaltó que la impunidad se construyó desde la justicia. Este viernes a las 18 se realizará una radio abierta frente a la Municipalidad de San Justo. El sábado, desde las 17, será la marcha desde Gral. Paz y Mosconi (Lomas del Mirador), hasta la Plaza Luciano Arruga en el Barrio 12 de octubre, donde a las 20:30 se proyectará la película «¿Quién mató a mi hermano?». 

Por Medios comunitarios, alternativos y populares.

🎤 Entrevista | Natacha Bianchi (La Retaguardia/Radio Zona Libre), Daniel Giovannini y Graciela Gurvitz (La Colectiva), Paulo Giacobbe (La Retaguardia), Paula Lorenzo (La Tribu) y Nicolás Carral.
💻 Edición | Daniel Giovannini, Fernando Tebele (La Retaguardia), Giselle Ribaloff y Nicolás Carral.
La trama de la represión estatal, deja golpes, pérdidas y también preguntas. La causa judicial de Luciano, a 11 años de su desaparición, secuestro y muerte, sigue teniendo en vilo a la familia con una respuesta en deuda. La verdad no cuenta como moneda corriente en los pasillos de la justicia. Quien acompaña la causa judicialmente hace más de 6 años es el CELS.
Es una tarde de mucho calor, típica de enero, y acordamos encontrarnos con Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en el edificio de la calle Piedras, en los bordes del centro porteño. Somos siete periodistas en total. Nos consultan si todos y todas preguntaríamos; respondimos que sí. En el segundo piso del Centro de Estudios legales y Sociales, a salvo del sol y de las calles angostas de San Telmo, prendimos los grabadores, acomodamos la cámara, y luego de casi una hora de entrevista colectiva, salió un relato con la información necesaria para dejar en claro que la lucha por verdad y justicia por Luciano no va a cesar.
La primera pregunta aparecía como obvia, ¿qué pasa con la causa judicial? Paula Litvachky, a cargo del área de Justicia y seguridad del CELS, respondió: “se están haciendo algunas medidas de prueba que estaban pendientes y en un marco de grandes dificultades para conseguir líneas de investigación que tengan alguna perspectiva de encontrar verdad y justicia. Estamos tratando de impulsar que se tomen medidas de prueba, hay que revisar lo que se hizo para encontrar líneas. Es una situación difícil y es una causa judicial difícil y muy trabada. Sobre todo por la pésima investigación, para ponerle un título que no hable del juez y las fiscales. Lo que pasó con la investigación en los primeros momentos de la desaparición de Luciano construyó las condiciones para la impunidad y para que todos estos años sea muy difícil”, indica, responsabilizando por primera vez en la charla al juez Gustavo Banco y a las fiscales Roxana Cejas y Celia Castelli. “Lo que uno puede plantear en el marco de una causa judicial siempre está muy condicionado por cómo se hicieron las cosas en su momento y cómo uno puede lograr timonear y mover las cosas dentro de la causa judicial como para que se abra un escenario que despliegue alguna posibilidad de darle respuesta a las familias y construir verdad y algún tipo de justicia y reparación”, refuerza. “Lamentablemente no tengo para decir ahora que la causa tiene una perspectiva súper optimista”.
El jury, una historia de nunca empezar
En el último tiempo, Vanesa Orieta, la hermana de Luciano, mostró su preocupación por el estado de los pedidos de enjuiciamiento contra Banco, Cejas y Castelli. Litvachky detalla cómo está esa parte de la batalla contra la justicia, un trámite que comenzó en 2012. “En paralelo a eso hay otro proceso, que no es una causa judicial sino que es el Jury de enjuiciamiento a quienes estuvieron a cargo de la investigación en los primeros momentos, en la Provincia de Buenos Aires. Eso también se viene promoviendo y es muy dificultoso. Ahí lo que tenemos es algún avance por el esfuerzo, básicamente, de la familia, de la red de amigos y colaboradores de la familia de Luciano. Y la expectativa es que durante este año podamos hacer que se abra el Jury para poder llevar a la discusión pública cómo fue la investigación de Banco, de Castelli y de Cejas. En eso sí tenemos alguna expectativa de que avance porque, con mucha dificultad y después de muchos años, logramos llegar al punto que podemos llegar a tener lo que sería un juicio, no es un juicio criminal sino que es un juicio disciplinario”. Sin embargo da cuenta también de las dificultades que se presentan: “viene un poco trabado también por otro tipo de dificultades. Por un lado, que el sistema político de la provincia de Buenos Aires en su totalidad no acompañó nunca la promoción de ese juicio político y evaluar las responsabilidades de quienes estuvieron a cargo de una investigación que llevaron directamente al fracaso. Por distintas razones, por impericia, por connivencia, por clasismo. Me parece que eso es lo que podría definir más que nada la razón por la que en su momento hicieron lo que hicieron. Y por vínculos y, bueno, relaciones con la propia policía que era el objetivo principal de la investigación”.
La referente del CELS subraya responsabilidades políticas en el encubrimiento, aunque las limita a la órbita provincial. “El sistema político de la provincia de Buenos Aires puso muchos obstáculos y muchas trabas a que ese Jury avance. Con mucho esfuerzo se logró llegar hasta este momento. Y sólo acusamos nosotros: la familia con el acompañamiento del CELS. No hubo acusación ni de la Procuración ni de la Comisión de acusación de la Legislatura provincial. Eso me parece que es todo un dato del sistema político provincial. Y además no fue noticia. No pasó nada. Sólo nosotros dijimos ‘hay que llevarlos a juicio’ para que por lo menos se conozca públicamente la acusación y que ellos se defiendan públicamente y no acompañó ni la Legislatura ni la Procuración”. Esos no son los únicos escollos sino que además se fijó un monto inaccesible para la familia de Luciano a modo de caución: “Son 250 mil pesos, que es una especie de lo que ellos dicen resguardo, porque si uno acusa y pierde, el perjuicio que les causó a las personas que acusó tiene que estar de alguna manera resguardado por ese dinero. Nosotros estamos discutiendo esa decisión y no deja de ser un obstáculo más que va a demorar que se lleve a juicio. Estamos tratando ahora de ver si se abre un poco más el sistema político provincial y se logra tener más apoyo, porque, evidentemente, llegar tan solos a esa instancia de acusación es una situación compleja y se va a necesitar de apoyo fuera y de apoyo político también para llevar adelante esa acusación. Lo que queda claro es que la corporación judicial y la política no están sosteniendo la posibilidad de que se pueda investigar a quienes llevaron al fracaso la investigación y en un caso además tan público, que se convirtió en un caso de agenda. Parece bastante sintomático eso”.
Modelo de impunidad
Sentada ante una mesa con varios grabadores, tazas de café y jarras con agua, Litvachky se apresta a repasar momentos clave de la causa impulsada por los Familiares y Amigos de Luciano Arruga, pero antes define una vez más la acción de la justicia provincial durante casi cinco años: “Es un trabajo práctico de cómo se puede frustrar construir verdad. Si uno estudia un poco qué pasó ahí, claramente se dieron las condiciones para que el caso no pueda ser investigado o sea de muy dificultosa investigación”. Los despropósitos judiciales que se fueron descubriendo con el paso de los años muestran “ cuestiones que son muy relevantes para ese análisis, porque, por ejemplo, todo lo que fueron las escuchas a la familia… eso es un indicador muy claro de que la investigación estaba siendo desviada, de alguna manera, o pensada de una forma en que nunca iba a lograr construir verdad. Y además de eso, cuando la familia planteó que eso era algo que había afectado su privacidad, que había afectado su derecho, que ellas se sentían totalmente ofendidas con lo que había hecho el Estado y demás, eso no fue nunca asumido o tomado como tal. Tan es así que para nosotros la cuestión de las escuchas es una de las cuestiones principales de la acusación y del jurado de enjuiciamiento y durante un montón de tiempo estuvimos peleando porque los acusados, el juez y las dos fiscales, pretendían que el contenido de esas escuchas se volcara al trámite del expediente del trámite de enjuiciamiento como si el contenido de esas escuchas pudiera representar alguna posible defensa para ellos. Y nuestra discusión, que hasta ahora la venimos ganando, fue todo el tiempo que eso sería revictimizar, profundizar la privación del derecho a la privacidad, que de ese contenido no hay nada que pueda salir vinculado a nada que tenga que ver a una defensa posible de una investigación. Por ahora eso venimos ganándolo”.
Yo la hago, yo la investigo
“La otra cosa central de la discusión —indica Litvachky— es cómo la Policía bonaerense estuvo metida dentro de la investigación desde el primer momento. Bueno, las escuchas, de alguna manera tuvieron que ver con eso, porque fueron parte de las recomendaciones a la primera fiscal sobre lo que había que hacer y a la segunda también, para seguir investigando. Quienes venían pensando en las posibles hipótesis de investigación eran de la propia bonaerense. Otra de las razones principales de la acusación fue no haber cumplido con la resolución 1390. Es una resolución de la provincia de Buenos Aires, del Ministerio Público, que dice que si en una causa judicial está siendo investigada una fuerza de seguridad, esa fuerza de seguridad no puede estar en la investigación. No puede tener ningún tipo de involucramiento en la investigación y menos que menos llevar adelante la investigación, meterse en la casa de la familia como se metieron,”, repasa.
—Nosotres: ¿Se investigó sólo a la familia o también a la policía, al Santojanni, a gente de la morgue?
—Paula Litvachky: En los primeros momentos de la investigación no hay investigación sobre la policía. Eso es lo que se tardó un montón de tiempo hasta que el caso finalmente se logra federalizar. Ahí es donde se empieza a pensar la hipótesis de involucramiento policial y al mismo tiempo se hace el habeas corpus y se logra encontrar a Luciano. Luego de eso escuchas no hubo, porque además, era difícil después de tanto tiempo justificar ese tipo de intervención. Sí se hicieron otras medidas de prueba, entrecruzamientos, la cuestión del ABL (rastreo de ubicación y velocidad) de los patrulleros para ver por dónde habían pasado. Es decir, varias cosas todas muy demoradas, todas muy dificultosas. O sea, ellos pueden decir en su defensa, ‘ hicimos todas estas pruebas’ El tema es cómo lo hicieron, en qué tiempo, con qué profundidad, ahí hay que discutir una cosa un poco más profunda. En el ámbito federal, ahí se lograron algunas declaraciones, pero tampoco con tanta profundidad y hay que reconstruir todo eso y eso es lo que viene muy demorado.
—N: ¿Y qué medidas de prueba son las que se podrían hacer a futuro?
—PL: Eso es parte de lo que venimos discutiendo, algunas pruebas van a dar negativas porque después de tanto tiempo va a ser muy difícil que eso… entrecruzamientos de llamadas, cosas que se pierden… Estamos pensando en algunas declaraciones nuevas que tampoco queremos poner sobre la mesa por completo.. A veces, cuando te pasa esto tenés que hacer una especie de lectura de nuevo de absolutamente todo para volver a pensar líneas que te quedaron sueltas en su momento y que ahora, ya después de descartadas algunas líneas, tenés que volver a tomar. Entonces, sobre todo, seguir explorando sobre algunos testimonios más y algunos cruces de llamadas para ver si podemos lograr alguna hipótesis distinta. Que también esa es otra dificultad, porque uno como querella tiene potestades limitadas. O sea, uno puede proponer alguna cosa, pero tiene que convencer a quien está a cargo de la investigación de las hipótesis nuevas y que todo el esfuerzo estatal se dirija hacia ese lado.
—N: Y vemos que las irregularidades son hábito, también, no pasa sólo en lo de Luciano eso.
—PL: ¿Las irregularidades policiales? Si, por supuesto. También en la de torturas, que finalmente después de muchos años se logró tener una condena que fue importantísima. Permiten abrir todo otro ámbito de cuestiones para mirar, para discutir, para denunciar, porque lo que te muestran es un trabajo absolutamente degradado de la Policía bonaerense en aquel momento y que persiste hasta hoy. Entonces, cuando vos vas y ves qué pasaba en las distintas comisarías en ese momento y mirás los libros, que están adulterados, el personal que supuestamente tenía que estar en funciones no estaba en funciones, había uno que tenía que estar en un lado y se había ido a buscar a otro…entonces, eso también hace muy difícil cualquier tipo de investigación. Para poder descartar irregularidades, funcionamiento muy, muy sospechoso, pongámosle, de quienes están involucrados en la investigación y que a vos después te dicen “no, en realidad me fui a buscar a mi amante a la estación de tren”. Entonces ¿eso estaba vinculado al desvío de la investigación y el encubrimiento o que el tipo estaba en cualquiera? No estoy diciendo que no tengan responsabilidades, lo que estoy diciendo es que todo le va agregando una cantidad de capas de dificultad, pero lo que queda en evidencia es que todo eso está construido también para garantizar impunidad, porque no hay absolutamente ningún control de la función policial. Además, la función policial está degradada, porque lo que vos ves es que hacen cualquier cosa. Y no lo vemos únicamente en la causa de Luciano. Los primeros meses de la causa de Luciano, si uno lo mira ya en términos de investigación sociológica y no tanto jurídica, puede ir sacando eso. Nosotros tenemos, y otras organizaciones también, causas en donde está involucrada la policía bonaerense: la muerte de los pibes de Esteban Echeverría por el incendio a la comisaría o la de Pergamino, y vos te acercás y pedís los libros, a ver ¿quién estaba, quién no estaba, qué estaban haciendo? El sistema anti—incendio, si estaban los patrulleros ¿llamaron o no llamaron? Y empieza a haber condiciones de posibilidad para que se cometan infinitos delitos para generar violencia y para generar impunidad. Porque no hay chances de que eso después alguien lo pueda controlar de alguna manera o pueda exigir respuesta o responsabilidad. Y si se logra, como se logró ahora en Pergamino, es por una pelea con un esfuerzo impresionante de los familiares de las víctimas y de las organizaciones que ponen el cuerpo para romper esa lógica de impunidad. Claramente ahí se ve un patrón. Se ve un patrón en el funcionamiento policial y se ve un patrón también en el modo en que el sistema de justicia responde en estos casos y donde sin duda aparece una cuestión clasista, discriminatoria, de falta de empatía total con algunas víctimas, cruzada por la violencia, por la estigmatización y por lógicas muy extorsivas. Además, generan o reproducen lógicas de violencia con quienes tienen contacto con el sistema penal. Eso mismo también mostró la causa en la que se condenó a los policías por la detención arbitraria y las torturas de Luciano.
N: Hay tres legislaturas que le han dado la espalda al Jury. Apelando a la experiencia del CELS ¿Qué habilitó en paralelo el tratamiento de la causa por torturas que pareciera haber sido ejemplar?
—PL: Yo creo que fue la lucha de la familia y la capacidad de instalar públicamente que eso estaba pasando. Logramos vencer un poco la estigmatización y la idea de que en realidad Luciano era el culpable y que era mentira lo que estaba pasando. Ahí se logró construir algún nivel de empatía y de verdad sobre que él había sido víctima. El hecho de gran éxito del caso fue que se haya considerado tortura. Logramos probar que el sufrimiento y la violencia psíquica sobre él había sido tal que el tribunal confirmó que esto podía ser considerado tortura. Cuando termina pasando esto uno puede encontrar una multiplicidad de factores que te van allanando el camino hacia un hecho positivo. Creo que tuvo que ver con cómo se construyó eso, cómo la familia movilizó para construirlo y que después de muchísimos años de luchar y batallar por la cuestión de la desaparición en sí se pudo ir por este otro lado para mostrar que esa desaparición había sido consecuencia de violencias previas que había sufrido. Bueno, se logró probar y a veces uno tiene un poco de suerte con la integración del tribunal, porque hay veces en las que uno hace más o menos lo mismo y el tribunal no hay forma de que logre vencer sus prejuicios.
—N: La sentencia de Torales, ¿se toma en cuenta en la causa federal?
—PL: Se lo tomó en cuenta para que se califique el hecho de modo tal que pueda ir a federal. Esa concatenación de violencias daban verosimilitud o indicios para que se pueda decir ‘esta desaparición tiene que ser investigada en el ámbito federal’. Lo que pasa es que hasta ahí llegamos y uno después tiene que construir y conseguir más prueba para demostrar qué fue lo que pasó en ese momento concreto y ahí ya no sirve y lo que hayamos logrado probar en los momentos previos. Pero sí para poder haber llegado hasta acá. Sin duda, va a servir para el Jury, porque, entre otras cosas, esos funcionarios judiciales que intervinieron en ese momento no hicieron las denuncias que tenían que hacer sobre esos hechos. Eso es otro punto para nosotros que habla de la mala intervención que tuvieron, lo que sería técnicamente la violación de sus deberes funcionales, que es la razón por la que están sometidos al Jury de enjuiciamiento.Es una información muy relevante de contexto que una vez que tenés que investigar exactamente los hechos no te alcanza para abrir y decir “voy a imputar a tal persona, voy a avanzar en la investigación”.
Un silencio se interpone entre cada pregunta y cada respuesta. Un ping-pong de miradas sobre la mesa que reúne a los medios populares, alternativos y comunitarios con la directora del área de Justicia y Seguridad del CELS. Nos encuentra atentos y atentas a cada detalle de lo que se desliza en esta entrevista. Todo conduce a lo fundamental de la verdad.
—N: Pasados tantos años ¿Se puede llegar a la verdad, a qué realmente pasó con Luciano?
—PL: Yo sólo puedo decir que sí. Hay que mantener ese nivel de esperanza, de expectativa, porque no somos nosotros quienes tenemos que bajar los brazos. Además, nuestra historia de lucha por verdad y justicia en crímenes de Terrorismo de Estado también muestra que en ese sentido la pelea no se abandona. Después uno se enfrenta a obstáculos y a problemas con el Estado. A veces la causa judicial tiene impacto en la construcción y en la construcción política y de agenda, y uno tiene frustración o dolor porque no tiene un resultado muy concreto de la causa judicial, pero en el proceso ése va construyendo un montón. Eso es lo que uno admira también de la familia de Luciano, la fortaleza en momentos cuando nadie hablaba del tema. Ahora está más instalado, está más abierto, tienen mayor conocimiento público. En ese momento era una situación muy cerrada.Cuando uno mira para atrás todos estos años y ve el recorrido de Vane, el recorrido de la mamá de Luciano y cómo fueron convirtiéndose en figuras públicas y fueron haciendo de su vida también una militancia, eso es absolutamente admirable y tiene mucho que ver con la Argentina, en ese sentido. Pero eso a veces no necesariamente se traduce en que uno va a tener una respuesta judicial con la que esté satisfecho. A veces pasa, a veces no pasa. Pero ese proceso, ese camino de construcción por fuera de lo judicial es impresionante.Para nosotros es central ver que logramos con el Jury de enjuiciamiento porque hay una gran discusión sobre la responsabilidad estatal en la desaparición y hay una gran discusión también sobre la responsabilidad estatal en la impunidad. Y la discusión sobre la impunidad es una discusión sobre el poder judicial. Entonces tienen que dar respuesta, se tienen que sentar ahí a responder qué es lo que pasó.
—N: Hablabas de impunidad y un tema que me parece que aparece en la causa de Luciano y aparece en muchísimas otras causas es el tema morgues. Recuerdo parte del documental Antón Pirulero que trata mucho la temática¿Cómo ve el CELS un tema que nos parece que representa no solamente la causa de Luciano, no solamente la inundación de La Plata, sino también causas de lesa humanidad de la última dictadura cívico-militar?
—PL: Es un tema determinante también en los casos de desaparición de mujeres. Es de los primeros en importancia para nosotros, en la agenda política y en la agenda judicial y de la agenda institucional. Y hay que trabajar para construirlo socialmente, porque me parece que lo que le pasó a Luciano, lo que le pasó a la familia, de encontrarlo a él después de tantos años (enterrado como NN en el Cementerio de Chacarita) muestra cómo funcionan las instituciones en ese sentido, las irregularidades, la ausencia de una política en serio de búsqueda de personas desaparecidas. Eso no alcanza únicamente a la discusión sobre la violencia policial o únicamente sobre cuestiones de femicidios, que tienen mucho que ver a veces, o cuestiones de lesa. Cruza varias agendas. La Provincia de Buenos Aires tiene un problema gigantesco de irregularidades sobre cómo funcionan los cementerios o como funciona ese circuito, sobre lo que hay que prestar mucha atención. Y a nivel nacional, también muy importante, cómo se busca personas desaparecidas. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) trabaja y piensa mucho sobre este tema, que tiene que ver con algo central también construido en Argentina sobre el derecho a la verdad. Y la incapacidad de las instituciones. De nuevo, por connivencia, por irregularidades, por desidia, por falta de presupuesto. Porque no se generan ámbitos estatales que se pongan a hacer las cosas como se tienen que hacer y a pensar seriamente el trabajo vinculado a desaparición, a personas enterradas que no se sabe quiénes son ni dónde están. Se cruzan prácticas históricas de violencia policial, de violencia estatal. En la medida que no podamos designar alguna de esas cosas, siempre todo va a quedar como enmarañado, turbio y sospechoso. Lo que le pasó a Luciano, muestra todas estas cosas, y tendríamos que poder trabajar para intervenir también en estos aspectos, sobre la cuestión de la morgue, de los cementerios, de la búsqueda de personas, los hospitales, los certificados, los poderes judiciales que tienen causas y que entierran personas sin que se haga la más mínima averiguación de nada. Con una desidia que en general, de nuevo, voy a ser repetitiva, está cruzada por la clase. Es un pobre que no le importa absolutamente a nadie. Ahí hay una madre que estaba buscando a ese chico…
¿ Quién mató a mi hermano?
En la película que se estrenó el año pasado, dirigida por Ana Fraile y Lucas Scavino, salió a la luz un informe médico forense realizado por la Dra. Virginia Creimer. En él se da cuenta de que Luciano estaba vestido con prendas que no eran suyas al momento de haber sido atropellado en la Av. Gral Paz, mientras “corría desesperado, como escapando de alguien”, según relató el joven que conducía el vehículo que lo embistió. La familia se sorprendió cuando tuvo acceso a ese informe, durante el proceso de investigación de la película. Quienes han podido ver la película también sufren el impacto de una prueba del sadismo que debió haber sufrido Luciano en sus últimas horas de vida. “Fue la bonaerense”, asegura Creimer que pensó apenas vio las fotos del cuerpo de Luciano.
—N: El año pasado salió una película que se llama ¿Quién mató a mi hermano? Sobre el final del documental que cuenta la historia de Luciano, sobre todo la lucha y la búsqueda de la familia, habla la perito Virginia Creimer. Allí cuenta cómo encuentran a Luciano sobre un peritaje que ella hace y habla sobre la vestimenta, ciertas lesiones ¿Ustedes tuvieron acceso a eso? Los medios por lo menos quedamos impactados porque ese dato no lo teníamos.
—PL: ?Te referís al análisis que hace ella misma en el marco cuando trabajaba en el Ministerio Público Fiscal? Bueno eso no está incorporado formalmente al expediente. Eso es parte de lo que estamos trabajando ahora para ver cómo se puede incorporar.
—N: ¿Hay una razón política de por qué no se incorporó?
—PL : No sé. Estamos en conversación con la familia para pensar cómo se va a incorporar y qué validez va a tener eso una vez incorporado. Si pasa a ser una cosa como parte del trabajo del Ministerio Público Fiscal o es algo incorporado de la familia que lo hizo una perito con experiencia. Pero al mismo tiempo habrá que discutir entonces qué validez jurídica va a tener eso en el marco del expediente.
—N: ¿Pero sí lo vieron?
—PL: Yo lo leí, sí, sí
—N: ¿Y qué opinión tenés?
—PL: Es una opinión muy técnica sobre ciertas lesiones que ella pudo constatar a partir de evaluar los restos, que tiene que ser sometida a discusión y validada con otros elementos de prueba en el marco de la investigación. No es que únicamente eso se puede analizar en sí mismo, es algo que tiene que ir concatenado con otros elementos que estén también en la causa y que puedan armar nuevas hipótesis. Lo que te da es algún elemento para evaluar si Luciano tenía esas heridas como producto del supuesto accidente o si esas lesiones eran previas y que pueden estar dando cuenta de la violencia que pudo haber sufrido. Es medio una evaluación de peritos, no de abogados sino de peritos.
—N: ¿Los policías están en funciones?
—PL: Estaban en funciones algunos. No tengo ahora la información si todos, porque posiblemente alguno quizá no lo está por alguna otra razón. Lo que sí te puedo decir es que ninguno se fue de su función por esta causa.
—N: A Luciano querían obligarlo a robar para la policía, pero quizás esos mismos policías no se quedaban con todo lo robado, tal vez que eran parte de un eslabón de otra cadena ¿Algo de eso surge en el expediente?
—PL: Lo que nosotros podemos decir es que es una lógica que se repite en otros casos, sobre extorsión a los pibes, redes ilegales dentro del barrio que son policías, no policías y que viven un poco de esa situación de extorsión. Y que esa recaudación a veces tiene que ver con las lógicas de la propia policía, con lógicas también de algún tipo de la política local. Eso en general se puede ver en términos de lógicas que se repiten. No aparece este tema en el expediente o en la causa judicial con nombre y apellido. Lo que aparecen son algunos testimonios de algunos amigos de Luciano. Testimonios que fueron tomados en situaciones muy conflictivas, y eso es parte de las irregularidades de la causa también. Allí aparecen dichos de ellos mismos o que ellos mismos sabían de situaciones de Luciano en donde esa interrelación y la extorsión estaban. Lo que no está es la información y la evaluación sobre quienes dirigían eso ni para donde iba esa recaudación. A veces es recaudación y a veces es…lógicas de funcionamiento territoriales de disciplinamiento. Esto se vio más que en esta, en la causa de torturas. Las razones por las que lo detenían, lo que le pedían hacer y lo que no, la idea de que podía caminar por el barrio pero no por otros lugares. Que lo levantaban en un lugar o en otro. Estos antecedentes de la causa de Torales pasan a la causa federal, pero no hay elementos ahí para seguir tirando del hilo. Para eso se necesitaría también una investigación de distinto tipo y condiciones políticas y sociales para que la gente quiera decir. Para que las declaraciones sean distintas. Eso es muy difícil de romper. Eso fue parte de la conversación siempre con Vane y con la familia: la situación de vulnerabilidad tan, tan fuerte de los amigos y de quienes tenían que ser llamados a declarar. Qué garantías pone el Estado para que esas personas vayan a declarar y declaren todo lo que saben y aporten realmente a la verdad de la causa en la situación de riesgo y de vulnerabilidad en la que están. Ese es un tema central, también, de las investigaciones de las redes territoriales. Si en esas redes no se da una mínima garantía de que las personas van a tener contención, seguridad, protección, esas redes son muy difíciles de romper. Para eso, quienes investigan tienen que generar un nivel de confianza que en general no está dado. Es una responsabilidad estatal construir las condiciones para que eso pase.
—N: ¿Qué incidencia tiene la Policía Federal en la muerte de Luciano?
—PL: Formalmente asisten a una situación de un hecho vial. Llaman al SAME en una intervención porque la General Paz es interjurisdiccional.
—N: Además del Santojanni y la morgue, ¿qué otros actores participaron de la red de encubrimiento?
–PL: A mí me es difícil decirles que existe una red de encubrimiento porque me van a venir a decir mostrame los papeles y no te voy a poder mostrar los papeles. Lo que uno tiene son algunos indicios y la experiencia de otros casos, la experiencia de las irregularidades de lo que pasa ahí. Si vemos qué instituciones o qué actores tienen incidencia en la construcción de impunidad y que pueden tener que ver en que no se sepa la verdad, aparecen la policía bonaerense, el sistema político provincial de distinto modo, en distintos momentos, en algunas veces se abrió más, en algunas veces se abrió menos. En los primeros momentos estuvo muy cerrado, ya lo sabemos, en la gobernación de Scioli. Los actores judiciales locales, muy claramente en su interrelación, también, con la policía bonaerense con la que conviven todo el tiempo, pero también los responsables. Cuando íbamos a la Suprema Corte a decir que estaba pasando algo, no están investigando, eso no se abría. A veces porque tienen solidaridades corporativas, no necesariamente podemos decir que estaban encubriendo el caso concreto porque sabían quién había sido, sino más bien por una lógica de protección de la corporación y una falta de empatía absoluta sobre que esa persona de la que le estaban hablando era una víctima. Las víctimas están en otro lado, les pasan otras cosas y nos debemos a esa otra clase, para, en todo caso, ser demandados por responsabilidad.Sin duda el sistema de salud (forma parte de la red de encubrimiento). La morgue, los hospitales, el circuito burocrático, todo eso, también tienen responsabilidad sobre eso. La justicia de la Ciudad de Buenos Aires, en ese expediente en el que decidió sin ninguna responsabilidad de lo que estaba haciendo, sin hacer ninguna investigación, sin determinar realmente la identidad de esa persona… nadie preguntó nunca qué pasó ahí, por qué… la responsabilidad funcional también de hacer eso (enterrar a una persona como NN), que además no es en el único caso, es una cosa que se repite, es una práctica. Ahí hay que hacer mucho para que eso deje de ser así y hay incluso, algunas propuestas, que sobre todo surgen, y me parece que esto es importante también pensarlo por como los temas se van instalando políticamente a partir de las discusiones sobre los femicidios y como se fue instalando socialmente ese tema. A partir de que mujeres aparecen también enterradas sin saber quienes son, aparecieron algunas demandas y algunas propuestas de que los responsables judiciales que tienen causas de personas que se encuentran y no se saben quienes son, no puedan disponer un entierro sin saberlo. O sea que tienen que hacer mínimamente algunas cosas y tienen un procedimiento que se está discutiendo y hay que trabajar para que eso se instale. De nuevo; se construyó socialmente eso, se instaló el femicidio apoyado socialmente que cruza las clases sociales y eso puede que sea un motor para que se den algunos de estos cambios. Si lo que se trata en realidad es de violencia policial en barrios pobres, bueno, eso no mueve el amperímetro social y no genera esos cambios que estamos pensando.
A 11 años de la desaparición forzada de Luciano Arruga, este sábado 01/02 se realizará una nueva marcha exigiendo Justicia, por la condena a los policías responsables y por el Jury al juez y las fiscales cómplices.El sábado 1 de febrero desde las 17hs comienza en Av. Mosconi y General Paz, hasta la plaza Luciano Nahuel Arruga en Pringles y Perú, Lomas del Mirador.

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Nos dice: “yo tengo 69 años y 43 de médico y hablo de desnutrición, deshidratación, porque al no poder tener agua para sembrar, cosechar y regar plantas, no pueden hacer nada. La tierra es muy fértil, pero sin agua no hay nada”. Para el médico “forma parte del plan de genocidio. Las balas son caras. Hay que matarlos con cuchillos, como decía un general de la campaña del desierto".

El lento genocidio wichí:

catástrofe humanitaria

Por Silvana Melo

(APe) 29 Enero 2020

 Son siete los niños wichí que no llegaron a vivir dos años y que se murieron de hambre y de sed en este enero. El agronegocio desmontó, en los últimos diez años, 1.200.000 hectáreas. Y desalojó a cien mil mujeres, hombres y niños que vivían, comían y se curaban bajo su techo frondoso. La frontera agropecuaria se empuja y se corre e irrumpen la soja y la transgénesis donde estaba el monte. Un pueblo entero entre los árboles queda desnudo e inerme. Y se va muriendo, poco a poco. Con decenas de niños en la frontera de la vida y de la muerte. Ante la dimensión de la catástrofe, los médicos Medardo Avila (lo adelantó en esta Agencia), Carlos Trotta y Emilio Iosa elevaron el pedido a Médicos Sin Fronteras para instalar una misión humanitaria en un territorio donde la presencia del estado elige a quiénes abandona.

Dice el cacique Modesto Rojas que los muertos son nueve. Seguro que tiene razón. Nadie habla con ellos. Dicen las autoridades que hay otros siete muy graves. Dice el cacique Modesto Rojas que son más de veinte los niños que tienen la vida colgando de un hilito, como una llama que se sopla y se va. Y seguro que tiene razón. Nadie habla con los caciques. “Vino Arroyo y no quiso hablar con nosotros”, dice. Apenas habían muerto tres cuando el Ministro de Desarrollo Social pasó por Salta y, de la mano del Gobernador, paseó por donde lo llevaron. Lejos de lo terrible. Con las tarjetas alimentarias como panacea. Para un pueblo en extinción, puesto a morirse lo antes posible para usarles la escasa tierra en la que todavía dejan caer sus huesos por las noches.

Dice el médico Rodolfo Franco, desde las comunidades Misión Chaqueña y Carboncito, a APe: “en mi comunidad no ha muerto ninguno, las dos pertenecen a Embarcación, departamento San Martín. Son Hollywood mis comunidades porque todavía tienen monte para poder enfrentar el hambre. Las del norte son castastróficas”.

En 2009 el diario Crítica publicaba una investigación sobre los vínculos de la familia y de los funcionarios del entonces gobernador de Salta , Juan Manuel Urtubey, con las empresas del desmonte en esa provincia. Urtubey gobernó 12 años. Y la semana pasada se fue a vivir a España.

“Vengo advirtiéndolo desde hace años. He avisado al hospital que hay mucha desnutrición. Pero es un plan premeditado: se trata de sacarles la tierra y para eso primero los tienen que matar; es feo matarlos a balazos. Entonces lo hacen con hambre, con mala educación, con mala salud”. La Organización Mundial de la Salud, dice Franco a esta Agencia, “sostiene que es necesario un médico cada 600 personas. Yo atiendo dos pueblos con 4000 y 2000. A veces mandan algún refuerzo esporádicamente, pero vienen apurados y se van apurados. Yo estoy atendiendo sin parar y los dos ganamos lo mismo obviamente. Los sueldos están muy relegados”.

Dice Octorina Zamora, líder wichi. “¿Tengo la culpa de morirme de hambre cuando me sacaron mi hábitat, me sacaron el monte? En Salta que no haya casi algarrobos, que es alimento principal. Cuando yo era chica no había chicos desnutridos. Entonces ¿qué culpa? Donde había algarrobos no hay nada”. Le habían dicho que el problema era cultural. Que los wichí se llevaban los enfermos y los escondían en el monte. ¿Qué monte?.

Mientras los ex gobernadores se marchan a Europa y los ex presidentes presiden fundaciones del fútbol mundial, desde hace diez años los niños muertos se pueden contar de a racimos, como decía Alberto Morlachetti. Y anotarlos en las listas de los crímenes sociales más crueles, con culpables concretos, con nombres, rostros e historias.

De enero a junio de 2011 murieron trece niños en Embarcación, Pichanal y Tartagal. De desnutrición y de enfermedades parientes del hambre en la Salta que Urtubey había heredado de Juan Carlos Romero. En 2016 se fue un niño por mes en el norte terrible, en la Salta y el Chaco que comparten el desmonte y el desprecio. El último en Rivadavia, una de las parcelas más castigadas de la provincia de los urtubeyes que partieron buscando nuevos horizontes. El verano de 2017 se devoró a 21 niños wichis en Santa Victoria Este, ahí donde la Salta se acaba, como cayéndose en Paraguay. Doce bebés en ese verano brutal de Santa Victoria Este nacieron muertos porque sus madres languidecían de hambre y de sed. Cercadas por el abandono y la desidia.

2020 amanece con otro racimo de niños que se mueren. Mientras el ex gobernador se va y el ex presidente asume en la Fundación FIFA. Ambos responsables de abrir las puertas al exterminio. Ambos responsables, al menos, de no evitarlo.

Mientras se apunta el pánico hacia el coronavirus de la China los niños se mueren de hambre y de sed en el verano feroz sin árboles ni agua del chaco salteño desmontado, desguazado y expoliado.

“Salieron a prohibir la palabra desnutrición al principio, pero no se pudo –sostiene Rodolfo Franco a APe-. Siempre la restringen en los certificados de defunción, no hay que poner síndrome febril, hay que poner otra causa” pero “yo tengo 69 años y 43 de médico y hablo de desnutrición, deshidratación, porque al no poder tener agua para sembrar, cosechar y regar plantas, no pueden hacer nada. La tierra es muy fértil, pero sin agua no hay nada”. Para el médico “forma parte del plan de genocidio. Las balas son caras. Hay que matarlos con cuchillos, como decía un general de la campaña del desierto”.

Modesto Rojas, cacique, habla de “una mujer que murió en Santa María por dar a luz. Fallecieron ella y el bebé”. Para el conteo oficial ya serían siete los niños muertos. Para el de Modesto, casi una decena.

Santa Victoria Este tiene un secretario de relaciones Institucionales de origen diaguita calchaquí, Antonio César Villa. El intendente es wichí. “Lo que más se dificulta es el acceso al agua. En este momento tenemos una sequía que está devastando la región, se nos están muriendo todos los animales que ni siquiera se pueden comer porque muchos de ellos están enfermos”, dice Villa. Mientras tanto el Pilcomayo acecha. “Llega cada vez más caudaloso y en cualquier momento comienza a desbordar en medio de esta sequía”. Es que el río, que baja por los cerros de Bolivia y serpentea por la frontera con Argentina y el sur de Paraguay está tapado en algunos sectores “por el lodo acumulado por inundaciones anteriores; año tras año bajan aludes y se producen inundaciones cada vez más frecuentes, debido al desmonte”, relata Villa con ojos de quien lo vio de cerca.

Las muertes, una por una

Uno. Fue el 7 de enero. No le reconocieron la desnutrición. Tenía un año y dos meses. Era de la comunidad wichí de La Mora, departamento de San Martín. Pegadito a Tartagal.

Dos. Tenía dos años. Murió el 11 de enero en su casita. Era de Misión El Quebrachal. Tenía, dicen, bajo peso.

Tres. El mismo día en Santa Victoria Este. Tenía dos años y era de la comunidad de Rancho El Ñato. Deshidratación por vómitos y diarrea, decía el informe. Insuficiencia orgánica.

Cuatro. El 17 de enero. La nenita tenía dos años y 8 meses. Murió tras ser trasladada de Morillo (en Rivadavia Banda Norte) al hospital de Orán. Tenía diarrea. Culparon a los padres.

Cinco. Fue el 21 de enero en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal. Era de la comunidad Las Vertientes, Santa Victoria Este. Lo trasladaron en un vuelo sanitario. Culparon a los padres.

Seis. Tenía desnutrición crónica. Lo llevaron a Morillo, desde la comunidad El Tráfico. Lo derivaron al Hospital de Orán y murió en la ambulancia, que se detuvo por fallas mecánicas.

Siete. Murió la mamá en el parto. Y, dice Modesto Rojas, cacique wichí, el bebé también. Ella era de la Misión Santa María y tuvo su parto número doce en su casita sin asistencia. Intentaron trasladarla al hospital pero murió en el camino.

 Mientras tanto los doctores Carlos Trotta, (ex presidente de Médicos Sin Fronteras para América Latina), Medardo Avila Vazquez, (Red de Médicos de Pueblos Fumigados), y Emilio Iosa (ex Presidente de Fundación Deuda Interna) elevaron formalmente el pedido de una misión humanitaria que se instale en el NEA ante el horror sanitario que están viviendo los pueblos originarios sobrevivientes en el norte más profundo. “La situación sanitaria es gravísima, el hambre y el estrés del despojo para un pueblo tan manso es terriblemente traumatizante, la desnutrición es generalizada, y niños con marasmo y kwashiorkor (enfermedades derivadas de la desnutrición) al estilo africano se detecta en casi todas las comunidades, la tuberculosis y el chagas tiene índices de incidencia altísimos, la mortalidad materna se sospecha que es muy elevada también”, dice el documento.

La respuesta del estado nacional y provincial ha sido totalmente insuficiente para ayudar a los pueblos nativos despojados de sus bosques. Incluso el gobierno de Urtubey siguió autorizando desmontes a favor de grandes grupos sojeros en el lugar y sus equipos de salud en el terreno son muy escasos y no cuentan con recursos suficientes ni capacidad para enfrentar la crisis humanitaria”. Los médicos Medardo Avila, Carlos Trotta y Emilio Iosa están convencidos de que “la única posibilidad es que una organización humanitaria honesta, eficiente e imparcial como MSF se instale en la zona y desarrolle acciones de contencLa muertión sanitaria y de infraestructura básica, hasta que los argentinos podamos reconocer y dar una respuesta al problema que nuestro sistema productivo está generando a esta población que se estima entre las distintas etnias de casi 100.000 personas”.

Un sistema permanente que transcurre a través de los gobiernos, vena por la que circula el poder real. El que determina quiénes serán parte del mundo que viene y quiénes tendrán que quedar inexorablemente en el camino. La condena ancestral es para aquellos que se hermanaron con la naturaleza para comérsela y bebérsela, para volver a ella como abono y espirituarse como mariposas en el cielo de los algarrobos. Un genocidio que hace cinco siglos y medio que no se detiene.


 https://www.pelotadetrapo.org.ar/2013-09-05-12-30-19/2020/5312-el-lento-genocidio-wich%C3%AD-cat%C3%A1strofe-humanit


https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2020/01/31/argentina_el-lento-genocidio-wichi-catastrofe-humanitaria/

III. Veamos cómo se asume y profundiza el legado del 23 de marzo de 2003 en Chubut

Días de unión y lucha en Chubut, en defensa del agua y la tierra

Mientras el poder político se reúne lejos de los vecinos y vecinas de esa provincia, lejos de los efectos mortales de la contaminación que produce la megaminería, en Chubut el encuentro de sus pobladores se produce casi a diario.
Tanto en Trelew, como en Esquel, en Rawson y en Puerto Madryn, se reúnen en asambleas para trazar nuevas estrategias contra el poder político que avasalla sus derechos, contra el lobby minero que pretende comprarlos.
Comenzó la semana con una Intervención artística en Esquel, un conversatorio en Trelew con los vecinos y vecinas que fueron a Gan Gan, (en la meseta patagónica) donde se realizó una asamblea, marcha con sus pobladores y feria de productores.
El martes se realizó una conferencia de prensa en Puerto Madryn, movilización en Buenos Aires manifestándose en la reunión del Secretario de Minería con autoridades de provincias en donde se quieren modificar leyes para propiciar proyectos megamineros.
El miércoles se realizó, en la plaza Independencia, en Trelew, una ronda ambientalista y marcha ( donde participaron habitantes de la meseta), el jueves una asamblea en Puerto Madryn y hoy se concretará una en Esquel, con habitantes también de Trevelín.
Muchos encuentros, unidos en una lucha por los bienes comunes, en contra de la contaminación y a favor de otros proyectos productivos, para cambiar realmente la matriz productiva de la provincia, divulgando las mentiras del lobby minero, y las contradicciones en que incurren tanto intendentes, diputados, gobernador y hasta el propio presidente de la Nación.
Diputados que dicen que están en contra de la megaminería y a los dos días que “hay que dar un debate serio”, gobernador que se contradice, intendentes que no saben como sostener que la minería va a dar miles de puestos de trabajo y va a pagar las deudas de la provincia. Y un presidente de la Nación, que en una reunión con la Asociación Empresaria Argentina, aseguró que “en Chubut hemos logrado que en la zona de la meseta podamos explotar oro y plata”, lo que está prohibido por la ley 5001, lograda con el esfuerzo de los vecinos y luego de un largo debate. Está ley es la que se pretende modificar, a espaldas de la mayoría de la población, que sostiene que “la meseta no es zona de sacrificio” para contaminar y saquear.
Las afirmaciones del Presidente generaron un profundo malestar y preocupación en los pobladores de Chubut, y en la Unión de Asambleas Comunitarias de Chubut (UACCH) se decidió colectivamente el envío masivo de cartas documento a Alberto Fernández, para que se retracte de sus dichos.
Señor Presidente de la Nación Alberto Fernández
El 15 de diciembre de 2019 la Unión de Asambleas Comunitarias de Chubut – UACCH adoptó el siguiente documento público: GAN GAN, MESETA DEL ZUNGUCURA – PROVINCIA DEL CHUBUT – 15 DE DICIEMBRE DE 2019.
Reunidas en la localidad de Gan Gan, territorio Mapuche Tehuelche, donde sucedió en 2011 la desaparición, aún impune, de Reimundo Pino y en alianza efectiva con la lucha de las comunidades Mapuche Tehuelche y gente de este pueblo, la Unión de Asambleas de Comunidades del Chubut expresamos que:
Denunciamos y repudiamos la profanación y traslado, en 2005, del Chenque (enterratorio ancestral indígena), en este territorio de la meseta, para actividades de exploración minera del proyecto Navidad, afectando gravemente el equilibrio espiritual del territorio.
Queremos recalcar que seguiremos defendiendo el acuífero Sacanana, por ser parte componente de un sistema más amplio del cual las comunidades somos parte, así como cada cuenca hídrica en la meseta Chubutense y denunciamos que, en este sentido, ya se observan las consecuencias de la fase de exploración minera, puesto que se han secado aguadas y otras fuentes de este importante bien natural, en muchos campos aledaños al lugar donde se desarrolló tal actividad.
A su vez, conocemos el accionar criminal de Pan American Silver (PAS), en diferentes lugares del continente, con muertes, desapariciones y otras vejaciones a pueblos de México y Guatemala. Ante esto y por los terribles daños ambientales, sociales y culturales que generan sus actividades, exigimos y trabajaremos para la expulsión de PAS del territorio del Chubut, denunciando que su accionar no sería posible sin la complicidad de los sucesivos gobiernos, incluido el actual gobierno Nacional de Alberto Fernández, el gobierno provincial de Mariano Arcioni y jefes comunales de la meseta que no respetan la voluntad del pueblo.
Sabemos de los conflictos en diferentes territorios del Abya Yala, con hechos de represión, asesinato, violación y desaparición, como consecuencia directa de las resistencias al sistema capitalista, consumista y extractivista que tanto ha flagelado a nuestros pueblos. Como parte de esas resistencias, repudiamos la militarización de nuestros territorios y la violencia desplegada contra quienes luchamos por el agua, la tierra, el aire, la vida.
¡¡No más muertxs por luchar!!
Repudiamos y denunciamos enérgicamente la represión, detención y tortura por parte de la policía del Chubut contra asambleístas que se encontraban protestando contra la Mega Minería y defendiendo la Mapu, en Legislatura, el pasado 6 de diciembre a la madrugada, cuando se acababa de aprobar una ley que crea un ministerio para regular la actividad minera, la cual está prohibida por la Ley Provincial XVII-N° 68 (ex – Ley 5001).
Abrazamos a los pueblos en lucha de Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy, Río Negro entre otras provincias, que enfrentan a políticas y empresas que buscan saquear nuestros territorios y bienes comunes, especialmente a quienes en la meseta están en resistencia por el NO a la Mega Minería y el Sí a la Vida.
En este sentido, uno de los objetivos de este encuentro fue poder visibilizar las actividades productivas que ya existen en la meseta y que han sido invisibilizadas y boicoteadas desde el Estado y por PAS, nos reunimos en el marco de la Feria de Actividades Productivas de la Meseta, actividad que fue realizada desde y por gente del lugar, quienes se organizan de manera autónoma y tienen plena conciencia de las consecuencias de la Mega Minería.Demandamos la libertad del Longko Facundo Jones Huala preso político mapuche y la absolución de Lautaro González Curruhuinca, testigo principal del asesinato de Rafael Nahuel a manos de Prefectura.
¡NO ES NO! ¡NO PASARAN!
¡FUERA PAN AMERICAN SILVER! ¡FUERA LAS MINERAS DE LOS TERRITORIOS! ¡LA MESETA NO ES ZONA DE SACRIFICIO!
Consideramos al menos irresponsables sus dichos frente a empresarios, replicados por la prensa, que indican que en Chubut hay explotación de oro y plata activa. En primer lugar, porque la actividad está prohibida por la Ley XVII-N° 68. En segundo lugar, si así fuera, se estarían violando la Constitución Nacional y tratados internacionales por falta de consulta previa al Mundo Indígena, estudios de impacto ambiental y audiencias públicas previas.
En tercer lugar, porque Ud. estaría en conocimiento de la comisión de crímenes de lesa humanidad y de lesa naturaleza y habría omitido denunciarlos. Esta conducta le haría cómplice. Le exigimos que se retracte por los mismos medios de manera inmediata. Le exigimos que adopte medidas urgentes para respetar nuestros derechos humanos y de la naturaleza en todo el territorio.
Ante su silencio o respuesta evasiva, procederemos como mejor convenga a nuestra dignidad.
Queda Ud. debidamente notificado.
Convocatoria (…)

Fuente: https://www.anred.org/2019/12/20/dias-de-union-y-lucha-en-chubut-en-defensa-del-agua-y-la-tierra/

II. Veamos cómo se asume y profundiza el legado del 23 de marzo de 2003 en Chubut


En cada rincón se escucha «No a la mina»

30 de enero de 2020
El miércoles 22 de enero, miembros de las Asambleas de Esquel y Trevelin, decidimos extender nuestro mensaje de oposición a la megaminería y hacer conocer nuestra lucha por medio del emblemático Viejo Expreso Patagónico «La Trochita». Para ello, un grupo de vecinos representando las distintas generaciones que conforman las asambleas realizamos el viaje entre las estaciones de Esquel y Nahuel Pan, en una resistencia que va a trascender nuestras propias vidas. Durante el trayecto, se realizó una producción fotográfica en el interior del vagón N° 762 ocupado por 24 vecinos y desde el exterior se registraron imágenes por quienes fueron acompañando el viaje por la ruta. 

Por No a la Mina.

Chubut es una extensa, diversa y maravillosa provincia. Sin embargo, sus riquezas minerales como oro, plata y uranio, se han convertido en el objeto de la codicia de empresas multinacionales ávidas por extraerlas hasta su agotamiento utilizando el método de la minería contemporánea a gran escala o megaminería.
En el año 2002, frente al intento de explotación del proyecto minero Cordón Esquel, los vecinos nos informamos acerca los riesgos e implicancias de dicha actividad. La concientización y el consecuente esfuerzo por garantizar la difusión de los impactos negativos de la megaminería han hecho que 17 años después la oposición a la actividad se extienda a todo Chubut.
Esta lucha contra las multinacionales mineras derivó en la conformación de asambleas locales que confluyen en la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses (UACCH). Esta forma de democracia participativa visibiliza y se enriquece con la diferencia, y se ha transformado en una nueva forma de relacionarnos que hoy inspira a otras comunidades.

Desde el 2002, el “lobby” minero no tuvo descanso. Con la complicidad de los distintos gobiernos de turno, las empresas mineras han tratado de obtener la licencia social. Hoy, pretenden «zonificar» la provincia y convertir a la meseta en «zona se sacrificio»; pero  las asambleas ya están en todos lados, desde pequeñas poblaciones a las ciudades más importantes. El «No a la Mina» aparece en carteles y murales tanto en Comodoro Rivadavia como en Yala Laubat.
Las actividades de difusión para proteger nuestra Ley ex-5001 se multiplican: marchas, bicicleteadas, festivales musicales, carreras, panfleteadas, campañas de firmas o fotográficas. Los slogan: «No a la Mina», «El agua vale más que el oro», «No a la megaminería en todo Chubut», «No es No», «La 5001 no se toca», «Los estamos observando» se pueden ver en afiches, pancartas, murales, remeras y en las redes sociales.
Esta intervención en «La Trochita» fue una forma más de visibilizar una lucha silenciada por los medios hegemónicos. Tuvo una notoria aceptación por parte de los turistas que se sumaban a cánticos y fotos grupales. Pudimos conversar con visitantes de diferentes regiones del país y dialogar con vecinos de Mendoza que participaron de las marchas en defensa de la Ley 7722. Entregamos folletos informativos y gratamente observamos que los artesanos y quienes prestan servicios en Nahuel Pan tienen nuestras mismas convicciones.
Los vecinos hemos transformado nuestra cosmovisión, aprendiendo de los pueblos originarios entendimos que los humanos debemos vivir en armonía con la naturaleza. Somos conscientes de todas las formas de extractivismos que invaden América Latina dejando territorios desvastados y que sólo la unión de los pueblos permitirá resistir. Por todo ello, siempre buscaremos oportunidades para encontrarnos, comunicarnos y transmitir conocimientos sobre la megaminería y sus mentirosas promesas de progreso y desarrollo.

https://noalamina.org/esquel-chubut/item/39841-sin-parar-15-anos-por-el-no-a-la-mina
Fuente:
https://www.anred.org/2020/01/30/en-cada-rincon-se-escucha-no-a-la-mina/ 

I. Veamos cómo se asume y profundiza el legado del 23 de marzo de 2003 en Chubut

Cuando Esquel dijo no

23  de marzo de 2013

El 23 de marzo de 2003, el 81 por ciento de los votantes rechazó la explotación de una mina de oro y plata en las afueras de la ciudad. Habrá actos para recordar la fecha.
Por Darío Aranda
El 23 de marzo de 2003 fue la primera gran derrota de la megaminería en Argentina. En una votación sin precedentes para el país, el 81 por ciento de los votantes de Esquel rechazó la explotación de un yacimiento de oro y plata. A diez años del plebiscito, ninguna empresa minera pudo explotar yacimientos en Chubut y la resistencia a la megaminería creció a lo largo de la cordillera. Alejandro Corbeletto, de la Asamblea de Vecinos, explicó que “la lucha de Esquel es una muestra más de que el pueblo junto, organizado y en la calle puede discutir el modelo productivo y puede frenar a transnacionales y gobiernos”. Muestras de fotos, charlas sobre las consecuencias sociales y ambientales del extractivismo, proyección de películas y una marcha serán parte de las celebraciones por los diez años del histórico “no a la mina”.
A fines de 2000 ya circulaba en Esquel la versión de una empresa minera en la zona. En enero de 2001, la comunidad mapuche Huisca Antieco denunció que una minera había ingresado en su territorio sin respetar los derechos indígenas. En julio de 2002, la minera Meridian Gold oficializó la compra de un proyecto, ubicado a diez kilómetros de la ciudad. Contaba con apoyo explícito del gobernador José Luis Lizurume (radical) y del intendente Rafael Williams (Partido Justicialista).
Distintos grupos de vecinos comenzaron a organizarse. En octubre de 2002 confluyeron en una asamblea en la Escuela Normal. Los primeros días de noviembre se repitió la asamblea, ya con una concurrencia masiva y nació la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina. Y decidieron fecha para la primera marcha: 24 de noviembre.
El gobierno provincial había fijado que el 4 de diciembre sería una audiencia pública sobre al proyecto minero. Paso formal para que comenzara la construcción.
La marcha del 24 de noviembre sorprendió a todos. Cientos de esquelenses se volcaron a las calles. La consigna era una: “No a la mina”.
Al día siguiente, el gobierno provincial informó la suspensión de la audiencia pública. Fue leído por los asambleístas como una primera victoria. El 4 de diciembre fue una nueva marcha. Más concurrencia, miles de personas.
Las asambleas en la Escuela Normal ya eran semanales. El 5 de febrero, el Concejo Deliberante aprobó la consulta popular. El intendente Williams la promulgó de inmediato. “Verano de 2002, la desocupación hacía estragos y ellos prometían trabajo. Pensaron que el ‘sí a la mina’ ganaba”, recordó Corbeletto.
Contra todo el aparato del radicalismo y del Partido Justicialista, los vecinos redoblaron las charlas, muestras de cine, pintadas de murales. La minera y el gobierno repartieron chapas, zapatillas y alimentos en los barrios más humildes. “El gobierno provincial y el intendente trataron de desactivar cualquier posibilidad de cuestionamiento hacia el proyecto minero, instaló en los medios la idea de que la mina se hacía sí o sí”, explicó Gustavo Macayo, militante y uno de los abogados de la asamblea, y pidió no olvidar que hubo “muchos vecinos por el ‘no’ que fueron agredidos, perseguidos por patotas, víctimas de espionaje y amenazas”.
El 23 de marzo, Esquel votó. El 81 por ciento eligió el “no” a la minería. También se realizaron consultas populares en los municipios vecinos de Trevelín, Lago Puelo y Epuyén, donde más del 90 por ciento también rechazó la actividad extractiva. Marta Sahores, asambleísta, afirmó que el plebiscito fue “un éxito de ciudadanía y compromiso” y destacó el eslogan de hoy: “La montaña sigue en pie gracias a su gente”.
Sobrevino la ley 5001 (que prohíbe la actividad en la provincia), nacieron asambleas en todo Chubut (Madryn, Rawson, Trelew, Comodoro Rivadavia y, sobre todo, en Gan Gan, donde confluyeron comunidades tehuelches y vecinos no indígenas para rechazar la explotación de plata y plomo impulsada por la poderosa Pan American Silver). Y nació a nivel nacional la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), con un centenar de asambleas socioambientales de todo el país.
Las celebraciones por los diez años comenzaron ayer con charlas que, además de megaminería, trataron sobre el impacto de los hidrocarburos no convencionales, los desafíos frente al extractivismo y la criminalización de la lucha socioambiental. Hoy a la mañana habrá nuevas charlas, actividades musicales y finalizará con una marcha (que se espera multitudinaria) por las calles de Esquel.
La asamblea señaló al menos dos hechos que los mantiene en guardia. En 2007 el proyecto minero fue adquirido por Yamana Gold (que mantiene la intención de extracción) y el gobernador Martín Buzzi impulsa la derogación de la ley 5001, para dar luz verde a la megaminería en Chubut.
Marilú D’Orazio, también de la asamblea, afirmó que en Esquel “hubo un cambio de conciencia que ya no posibilita el avance minero” y aportó la mirada nacional: “Hay cien asambleas en todo el país que luchan contra el extractivismo, que articulan y que se dan fuerza unas a otras. Eso también celebraremos hoy en Esquel”.

"Confirmamos el 3 de enero de este año que el país responsable del terrorismo de Estado a nivel mundial es EE UU cuando se produjo el asesinato preventivo de un alto militar iraní.

Entrevista a Renán Vega Cantor de la Universidad Pedagógica Nacional (Bogotá)
"El Estado colombiano es una punta de lanza del terrorismo de EEUU contra los pueblos latinoamericanos"
31 de enero de 2020


Por Mario Hernández (Rebelión)

M.H.: ¿Qué ha significado la pasada jornada nacional de movilización en Colombia, el martes 21, que ha contado con tu Universidad Pedagógica Nacional como uno de los espacios de encuentro?
R.V.C.: Colombia es un país que no tiene una tradición de realizar movilizaciones y luchas significativas en los meses de diciembre y enero, es una tradición histórica de décadas, que se ha roto el año pasado y este, puesto que al final del año anterior hubo importantes movilizaciones hasta el 20 de diciembre y ahora ésta un mes después aunque no ha sido tan contundente y masiva como la del año anterior, sobre todo que la del 21 de noviembre y las posteriores. Pero sí es importante, teniendo en cuenta esta tradición, que no suelen haber movilizaciones en este momento del año, pero además hay que agregar el factor de miedo y represión sistemática que se viene dando en el país.
Hay un hecho que seguramente no se conoce fuera de las fronteras colombianas, y es el sistemático asesinato de lo que aquí se llaman líderes sociales, aquellas personas con algún compromiso en sus comunidades, barrios, juntas comunales o algún tipo de asociación. Es un genocidio el que estamos viviendo. En lo que ha corrido del año hay más asesinados que el número de días que han transcurrido. Se están realizando asesinatos diarios de una persona por lo menos en promedio. Es una política de miedo que por supuesto incide en los niveles de movilización.
Y el segundo elemento es la propaganda mediática generando terror y miedo, azuzando a que no se realice ningún tipo de movilización. Se difunden noticias diciendo que las protestas están financiadas por Rusia. Mike Pompeo ha reafirmado aquí en Bogotá denuncias que había hecho la Vicepresidenta del país. Lo cual afirma que seguimos viviendo en el ámbito de la Guerra Fría, como si el mundo no hubiera cambiado, para decir que no hay razones fundamentales para la movilización.
M.H.: En el transcurso de este año han muerto 23 líderes y lideresas entre los cuales se registran tres firmantes del Acta del acuerdo de paz entre las FARC y el Estado colombiano en estos primeros días de 2020, según el reporte de Indepaz. Pero en tu país paralelamente se ha desarrollado la denominada “Cumbre mundial contra el terrorismo” con la presencia de Juan Guaidó y del secretario de Estado de EE UU, Mike Pompeo.
R.V.C.: Eso lo que indica, y es algo que produce vergüenza, es que hoy Colombia, y en particular Bogotá es una de las capitales mundiales del terrorismo internacional. Porque cuando estos países hablan de terrorismo lo que están haciendo es impulsar el terrorismo de Estado. Y si algún país es responsable del terrorismo de Estado a nivel mundial es EE UU. Lo confirmamos el 3 de enero de este año cuando se produjo el asesinato preventivo de un alto militar iraní.
Colombia está inscripta en esa misma lógica, que es la misma de Israel y Medio Oriente. Y aquí la clase dominante se enorgullece en decir que somos el Israel de Sudamérica. Colombia y Bogotá y el Estado colombiano es una punta de lanza del terrorismo de EE UU contra los pueblos latinoamericanos. Y que se reúnan en Bogotá es simplemente reafirmar ese carácter terrorista. Porque en Colombia también hay una serie de cuestiones internas que se han desenmascarado en las últimas semanas, que tienen que ver con la reactivación oficial de persecuciones, escuchas telefónicas, seguimiento a muchas personas, incluso liberales, antiguos funcionarios y eso ha sido planeado y realizado directamente por el Ejército, por oficinas de Inteligencia y Contrainteligencia.
También el Ejército está implicado en asesinatos y desapariciones. Me imagino que en Argentina ha sido noticia el caso del padre del futbolista Quintero que juega en River Plate, que fue desaparecido hace 25 años y el responsable de la desaparición acaba de ser nombrado por el presidente Duque como jefe del Ejército. Y ese hecho tuvo alguna noticia hace unas semanas porque el futbolista tiene alguna fama, y eso hizo que Duque se refiriera al caso de manera demagógica. Pero eso es algo reiterado, estamos hablando de miles de desaparecidos que no tienen la suerte de Quintero de posar en los medios de comunicación porque tienen algún reconocimiento público. Estamos asistiendo a este tipo de cosas.
Acaban de dar noticias mundiales que dicen que Colombia es el país más corrupto del mundo y la corrupción se da en los altos niveles del Estado, en el sector privado, en el Ejército, en el manejo de los dineros del Plan Colombia, en las relaciones con el gobierno espurio de Juan Guaidó, donde se utilizan a los paramilitares, a Los Rastrojos, a criminales para que pase las fronteras y todo eso se tapa con esta cumbre anti terrorista donde EE UU reafirma su política de derrocar al gobierno legítimo de Venezuela y para eso cuenta con su principal socio que es el gobierno colombiano.
Eso es lo que se ha reafirmado aquí en Bogotá hace pocos días, donde Pompeo ha dicho en forma descarada que Guaidó es el elegido, como si hubiera ganado alguna elección, con los EE UU incluso violando todos los procesos de la democracia liberal, como se ha dado en la Asamblea Nacional de Venezuela, donde ni siquiera tuvo la fuerza para ser reelecto. Pero aquí se reafirma ese carácter golpista que se apoya directamente desde Colombia y que cuenta con el respaldo de los EE UU. Y ahora cuenta con nuevos socios, porque muy pocos gobiernos de Sudamérica respaldan al gobierno de Nicolás Maduro. Se agregan al bloque opositor Uruguay y Bolivia que acaba de vivir un golpe de Estado.
M.H.: El Comité Nacional del Paro ha propuesto una mesa de diálogo social con una agenda de 13 puntos presentada al gobierno colombiano ¿cuáles han sido los resultados?
R.V.C.: Los resultados en términos de logros no han sido muchos. Los principales han sido en términos de la movilización, del despliegue de colombianos por primera vez. Que muchos sectores han perdido el miedo a la movilización. Pero el gobierno incluso ha dado muestras de no atender para nada las reivindicaciones porque, por ejemplo, el año anterior se aprobó la reforma tributaria que era uno de los puntos originales de la movilización y este año se anuncia, y se reafirma con la venida de Pompeo, que se va a reanudar la política de lucha contra los cultivos mal llamados ilícitos usando glifosato. Esa es una de las cosas que se habían acordado en La Habana que no se iban a volver a realizar.
El gobierno da por sentado que la protesta no existe, que las reivindicaciones no tienen importancia, incluso se burla, a pesar que esas reivindicaciones han ido incorporando el sentir de muchos sectores de la población, más allá incluso del pliego original, ahora se llegan a puntos donde se incluyen cuestiones estratégicas como cambiar la doctrina militar, renunciar al fracking, desmontar los aparatos represivos del Estado. Estamos hablando de cosas de fondo que requieren de movilización social y política y es lo que estamos viendo si se logra consolidar en el curso de los próximos meses.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=265017