sábado, 30 de noviembre de 2019

Nos señalan: "si bien han habido avances, se ha carecido de una mirada integral respecto a la problemática estructural de la violencia contra las mujeres en las leyes y los programas, aun cuando se cuentan con datos estadísticos por parte del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE), que trabaja sobre cifras de la autonomía física respecto a “la capacidad de control sobre el propio cuerpo y la violencia contra la mujeres”con datos relevantes a nivel nacional (2010 -2018)".


Marcha 25N & Chile
25N en Santiago de Chile.
La resistencia del
movimiento feminista
30 de noviembre de 2019
Por Daniela Andrade
TribunaFeminista


Feminismo en Chile y su lucha contra la Violencia Machista.

El pasado lunes 25 de noviembre, como todos los años, se realizó la marcha por el Día internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer, la que cada vez es convocada por más organizaciones en todo el territorio nacional, para visibilizar las diferentes formas de violencias que son ejercidas sobre las mujeres en los distintos ámbitos de la vida. 

De acuerdo a la realidad chilena y adhiriendo a la definición de la Convención de Belém do Pará[1], ratificada por Chile (1996) y que es importante, por la amplitud de su definición respecto al derecho de las mujeres de vivir una vida libre sin violencia y que los Estados comprometidos deberían garantizar, de acuerdo a: 

Ar.1 Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. 

Art. 2 Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra. 

(Capítulo I). Lo que en la legislación en el país, se entrampa en el ámbito privado, por medio de la Ley nº 20.066 que establece la ley de Violencia Intrafamiliar, de 7 de octubre de 2005[2], y que en su tiempo, logró poner en evidencia la violencia contra las mujeres dentro de lo doméstico y seguir un debido proceso sobre los casos de violencia en las relaciones familiares y poder contar con cifras de las víctimas, pero en la actualidad es imprescindible tener una visión amplia de la problemática a modo de justicia social, considerando las autonomías: física, económica y en la toma de decisiones[3] que eleven la participación de las mujeres en igualdad. 

Con posterioridad, es posible observar un avance en la tipificación sobre el femicidio con la promulgación de la Ley nº 20.480 que modifica el Código Penal y la Ley nº 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar, estableciendo el “Femicidio”, aumentando las penas aplicables a este delito y reforma las norma sobre parricido, de 18 de diciembre de 2010[4] , donde se releva el aumento de las penas aplicables a este delito y en el art. 1 numeral 4) letra b) Incorpórase el siguiente inciso segundo: «Si la víctima del delito descrito en el inciso precedente es o ha sido la cónyuge o la conviviente de su autor, el delito tendrá el nombre de femicidio» y que al fin, incluye su tipificación. 

En este aspecto, es relevante mencionar el rol y la incidencia del trabajo articulado por la Red Chilena contra la Violencia hacia las mujeres[5], que con el objetivo de erradicar la violencia hacia mujeres y niñas, ha impulsado diversas acciones desde los años noventa, marchas del 25N, estudios, cifras de femicidios de forma paralela y tiene instalada a nivel nacional la reconocida campaña ¡Cuidado! El Machismo Mata (2007).
 Sin embargo, a la fecha no existe una norma apropiada sobre el tratamiento contra la violencia hacia las mujeres en el ámbito público y se espera, que prontamente se apruebe el Proyecto Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que fue presentado por la administración de la Presidenta Michelle Bachelet Jeria y a la fecha está estancado en el Senado[6]. 

Siendo que esta propuesta se alinea a lo establecido por Convención Belem do Pará y compromete a un nivel de política pública estatal, enfrentar la “violencia contra la mujer” y direccionar su tratamiento, como una “manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”. 

Por otra parte, no es menor la reciente aprobación de la Ley nº 21.153, de 3 de mayo de 2019, que modifica el Código del Penal para tipificar el delito de Acoso Sexual en espacios públicos[7], y que fue impulsada por el Observatorio de Acoso Callejero en Chile (OCAC)[8]. Lo que sin lugar a dudas, es una antesala a evolucionar en el tratamiento legal de la violencia contra las mujeres fuera de lo doméstico/familiar y pasar al cotidiano de la problemática, en lugares como el lugar de trabajo y el transitar por las calles que son parte de los espacios públicos.

En cuanto, a la legislación y la debida implementación de la política pública, se han desarrollado diversos programas desde la vuelta de la democracia y que hoy se encuentran vigentes, a través de la gestión del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, concretamente en los programas acotados a: 

(i) Prevención en Violencia contra las Mujeres;
(ii) Atención, Protección y Reparación en Violencia contra las Mujeres y; 
(iii) Línea de Violencia Extrema, Femicidios y Casos de Connotación Pública Violencia contra la Mujer. 

Los cuales son direccionados por las administraciones del gobierno de turno[9] y sujetos a las particularidades ideológicas de sus agendas, por lo que los derechos de las mujeres muchas veces no son priorizados. 

También volviendo a la genealogía del movimiento feminista, vinculante a la incidencia respecto a medidas de la violencia contra mujeres, las movilizaciones del movimiento de estudiantes fueron fundamentales en el nominado Mayo Feminista Chileno del 2018 [10], para develar las sistemáticas formas de violencia sexual en las Universidades y la estructura machista dentro del contexto educativo, con lo cual se logró que las instituciones de educación superior establecieran dentro de su orgánica institucional “unidades específicas para la igualdad género” y que un gran número de estas instituciones, cuente con los respectivos protocolos para prevenir, tratar y sancionar el acoso sexual en los distintos estamentos[11]. 

Así cabe preguntarse, en relación sobre el reconocimiento y el debido tratamiento de la violencia contra las mujeres en los espacios públicos ¿cuáles son los vacíos de las autonomías y las consecuencias del estallido social del 18 de octubre de 2019? Principalmente, ha sido un obstáculo la falta de preocupación y compromiso, de lo discursivo a lo real, por parte de las diferentes administraciones gubernamentales (1990 -2019), ya que si bien han habido avances, se ha carecido de una mirada integral respecto a la problemática estructural de la violencia contra las mujeres en las leyes y los programas, aun cuando se cuentan con datos estadísticos por parte del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE), que trabaja sobre cifras de la autonomía física respecto a “la capacidad de control sobre el propio cuerpo y la violencia contra la mujeres”con datos relevantes a nivel nacional (2010 -2018)[12]. 

Aunque se carece de una cifra oficial accesible del número de femicidios durante el 2019 y ante lo cual, se debe recurrir a los datos de la Red Chilena contra la violencia, que indican que se han registrado un total de 57 femicidios[13]. Asimismo, en este tipo de autonomía, es limitada la información oficial respecto a la capacidad de decidir de las mujeres sobre sus derechos sexuales y reproductivos, que se vincula a aplicación de la Ley nº 21.030 que regula la despenalización del embarazo en tres causales, de 23 de septiembre de 2017, y es interesante revisar al respecto, el Estudio sobre impacto de la objeción de conciencia en el acceso a la interrupción legal del embarazo de la Corporación Humanas (2018)[14]. 

De igual forma, se siguen reproduciendo estereotipos sexistas que determinan el quehacer de las mujeres a restringidos ámbitos de la vida, en especial a lo familiar y las limitaciones de la autonomía económica en el trabajo remunerado y la falta de corresponsabilidad del trabajo doméstico y los cuidados, junto a las continuas brechas salariales y de pensiones de vejez, y el llamado impuesto al útero con un cobro adicional de la seguridad social, para las mujeres en edad reproductiva. Y la autonomía en la toma de decisiones enzalda a la respectiva violencia de participación política, se traduce en la bajísima la participación política con una representación en el Congreso de un 15,8% según las últimas elecciones y que comparativamente está por debajo al promedio mundial de un 23,5%, y el promedio en las Américas de un 28,1%[15]. 

Respecto, a las consecuencias del estallido social, se pueden ver reflejadas en las cifras publicadas por el Instituto de Derechos Humanos el pasado 12 noviembre[16], en que se han reportado 93 víctimas de violencia sexual: 40 de ellas son mujeres, incluso una embarazada, y 16 niñas, como consecuencia de la violencia política. Y según lo que señala, la Red chilena contra la Violencia hacia las mujeres, en parte de su Declaración #NosotrasMarchamos25nov[17], las mujeres que viven violencia explícita quedan más expuestas, puesto que “las policías concentradas en reprimir cancelan sus funciones habituales y es así, como se dejan de tomar denuncias por violencia y agresiones sexuales, se paralizan los juicios en curso, dejan de funcionar las ya ineficientes medidas cautelares… y cuestionan ¿qué Estado puede existir cuando es el mismo aparato el que avala la continua vulneración de derechos humanos?”. 
 Fuentes

[1] Convención Interamericana para prevenir , sancionar y erradicar la violencia contra la contra la mujer «Convención Belem do Pará«https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html

















 Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=263003

"Unirnos, organizarnos, dejar la apatía y la obediencia ciega, salir a las calles, con la cacerola, la pancarta o el megáfono, exigir, movilizarnos y presionar no solo que se detengan estas políticas, sino que el presidente Duque y su gabinete renuncien, en una muestra de respeto con el pueblo colombiano, que durante décadas ha luchado por la vida, la soberanía y la dignidad en sus territorios."

Noviembre 21, termómetro de la lucha social en Colombia
29 de noviembre de 2019
Por Congreso de los Pueblos
Prensa Rural

Es apenas justo tomar consciencia, unirnos, organizarnos, dejar la apatía y la obediencia ciega, salir a las calles, con la cacerola, la pancarta o el megáfono, exigir, movilizarnos y presionar no solo que se detengan estas políticas, sino que el presidente Duque y su gabinete renuncien.
Evidente es que el capitalismo está en crisis, el permanente estado de guerra que afecta a las diversas naciones evidencia el afán de unos países y grandes empresarios por terminar de raspar la olla para quedarse con lo poco que han dejado luego de miles de años de explotación, y Colombia en ese mapa no es la excepción.
El actual gobierno colombiano, al igual que los anteriores, es un subordinado, casi que un perro faldero, obediente y arrodillado de los grandes poderes económicos a nivel internacional, aplica al pie de la letra todas las “recomendaciones” que le llegan de organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, o sea, de los grupos económicos que tienen a unos pocos con toda la riqueza del mundo mientras a unos muchos nos mantienen hundidos en la pobreza, la guerra y la contaminación.
Hay quienes dicen que en Colombia estamos en un desgobierno, que el presidente Duque es un títere, o que aquí no hay autoridad. Sin embargo, lo cierto es que sí hay gobierno, lo que pasa es que gobierna con los intereses de un pequeño grupo de ricos y terratenientes que siempre ha estado en el poder, no gobierna pensando en solucionar los problemas del pueblo trabajador, por ende no es títere, sino que también sabe lo que hace, también tiene sus planes, que aunque nos parezcan irracionales o tontos, son los planes de quienes manejan el país.
Por algo las grandes asociaciones empresariales lo han denominado como “uno de los mejores gobiernos”, y claro que hay autoridad, pero una autoridad de sangre y fuego, de fuerza contra cualquier brote de protesta o resistencia, por algo se ha mantenido en la política de asesinato a líderes sociales, comunidades indígenas y excombatientes mientras siempre reprime la protesta social, en la que varios jóvenes y adultos han resultado mutilados e incluso muertos a manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).
El resultado de un gobierno de este tipo solo puede llevarnos a una crisis, porque mientras se mantiene la política de hacer a los ricos más ricos y a los pobres más pobres, la olla va cogiendo presión hasta que un día revienta, porque el pobre aguanta hasta que llega a un punto en que no puede amarrarse más el cinturón y le toca alegar, a continuación, algunos ejemplos de esas políticas que nos motivan a unirnos, organizarnos y movilizarnos contra este gobierno:
1. En materia laboral, ya vienen adelantando una reforma, que estará lista en diciembre cual regalo de navidad, que incluye, entre otras: la aplicación de salario mínimo -por debajo del mínimo del 75% para menores de 25 años, el fortalecimiento de la indigna contratación por horas, la creación de un injusto salario por regiones, con el que las regiones que están en la miseria terminarán de morir de hambre, la eliminación de las horas extras, el recargo nocturno, dominicales y festivos, sin contar la eliminación del pago de las cesantías. Como quien dice, la ley del embudo, lo ancho pa ellos y lo angosto pa uno.
2. En materia pensional, una reforma que incluye el aumento de la edad de pensión, elimina el derecho a pensionarse, fortalece los subsidios bimensuales de los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), que terminan siendo aportes cuentagotas, privatiza Colpensiones dejando las pensiones en manos del grupo Aval, aumenta las semanas de cotización para pensión y seguridad social, mejor dicho el salario de los jóvenes no va a rendir y los ancianos estarán condenados a morir trabajando o en la miseria. De todas formas el ministro ya dijo que nos vamos a pensionar con lo que alcancemos a ahorrar.
3. La aprobación de la Ley de Financiamiento, que no pretende más que bajarle los impuestos a los más ricos y subirlos a los trabajadores, y algo que ya nos aplicaron con el Plan Nacional de Duque, el aumento del 35% en servicio de energía eléctrica para pagar la deuda de los corruptos de Electricaribe.
4. Por otra parte, una cantidad de medidas que han llamado el “holding financiero”, que no es más que privatizar todo lo poquito de público que queda, y dejarlo en manos de los empresarios sanguinarios que manejan todo a su acomodo, fusionando empresas estatales y acabando con veinte mil empleos, quitándole el control financiero del Estado a empresas como Ecopetrol, Cenit y regionales dejándolas a la deriva en las bolsas de inversiones, generando una inestabilidad financiera del Estado que nos puede llevar a una crisis económica sin precedentes, sin contar que subastarán el espectro electromagnético, es decir, todo lo que tenga que ver con comunicación y medios electrónicos pertenecerá a quien más tenga para pagar, seguramente una empresa multinacional.
5. Finalmente, no se puede olvidar que esto es lo que viene, y algo de lo que han podido aplicar, pero en este gobierno, con su corto tiempo de ejecución, ya nos hemos dado cuenta de sus lesivas políticas: construye un puente y se le cae, construye una represa que puede ser el mayor desastre ambiental de Latinoamérica, permite la caza de tiburones, destruye el medio ambiente con las grandes industrias multinacionales que invaden nuestros territorios de minería e hidrocarburos, está hundido en escándalos de corrupción y criminaliza todo lo que suene a protesta social, por medio de amenazas, represión, cárcel y muerte.
Tampoco se puede dejar de mencionar los miles de incumplimientos que este gobierno y los anteriores han tenido con paros pasados, entre ellos el paro agrario de 2013, la minga nacional de la Cumbre Agraria en 2014, las movilizaciones de 2015 y 2016, y el paro estudiantil de 2018.
No podemos permitir que nuestro país siga en manos de esta política tan nefasta y criminal. Es apenas justo tomar consciencia, unirnos, organizarnos, dejar la apatía y la obediencia ciega, salir a las calles, con la cacerola, la pancarta o el megáfono, exigir, movilizarnos y presionar no solo que se detengan estas políticas, sino que el presidente Duque y su gabinete renuncien, en una muestra de respeto con el pueblo colombiano, que durante décadas ha luchado por la vida, la soberanía y la dignidad en sus territorios.
Esta jornada unitaria de movilización del 21 de noviembre ha sido un termómetro en el que se están midiendo fuerzas y capacidades, que, de ser posible, nos llevarán a la construcción de la huelga y paro general del pueblo colombiano en contra del gobierno Duque. Por eso, en las calles y carreteras seguimos.
Congreso de los Pueblos – Capitulo Boyacá – Casanare

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=262969&titular=noviembre-21-term%F3metro-de-la-lucha-social-en-colombia-

"Nos parece que el pueblo colombiano quiere honrar el Bicentenario de la Independencia con mayores y más consistentes jornadas de emancipación social, de transformación democrática y de construcción de autonomía y soberanía política, que sean la base real y material para el logro de la justicia social, el bienestar económico y la realización cultural de las grandes mayorías de la Nación".

El paro nacional,
la protesta social autoconvocada
y el precariado movilizado
30 de noviembre de 2019

Por Fernando Dorado (Rebelión)

El 21N emergió en Colombia una forma diferente de expresión política y de protesta social al calor de un paro nacional convocado por las Centrales Obreras, sindicatos y organizaciones sociales, protagonizada por lo que muchos llaman “clases medias” pero que en verdad es el “precariado colombiano” que empieza a despertar y a auto-descubrirse. 

Por el marcado contraste que presenta este fenómeno con las marchas que programan casi como una tradición religiosa los dirigentes del movimiento sindical –estilo procesiones o desfiles–, pareciera un gran estallido que algunos comparan con lo que sucede en Chile u otros países de la región y el mundo, pero, en verdad, es solo una brizna de lo que puede estarse acumulando en las profundidades de la sociedad y que va a explotar más adelante con una potencia inimaginable. 

Antes de avanzar con la descripción de los hechos y presentar un análisis parcial e inicial del proceso y movimiento en desarrollo, señalo en forma sintética algunas de las características más notorias de la protesta social y política que se ha desarrollado en Colombia en forma continua en los últimos 7 días del mes de noviembre a partir del 21N. 

- Nuevos sectores sociales citadinos, especialmente jóvenes y mujeres, aprovecharon la convocatoria al paro nacional para manifestar en forma masiva, creativa y festiva, su inconformidad con un gobierno inepto pero, también, para expresar otra serie de aspiraciones que se vieron reflejadas en sus consignas, marchas periféricas, plantones, cacerolazos, pancartas, performances, grafitis, velatones, bailetones, besatones, desfiles de motociclistas y ciclistas, bloqueos de vías y demás expresiones culturales llenas de rebeldía y alegría. 

- El acumulado de frustraciones y de necesidades expresadas en estos días de protesta están relacionados con aspectos estructurales de la sociedad colombiana como la enorme desigualdad, la injusticia e iniquidad, la prepotencia de las castas dominantes y de sus operadores políticos, el desempleo estructural, la destrucción de nuestro medio ambiente, la corrupción político-administrativa, el frustrado proceso de paz, etc., que hasta el momento –a pesar de los esfuerzos que se han hecho en el marco de la institucionalidad– no han obtenido la más mínima solución real. El modelo de desarrollo está allí detrás, pero pocos lo señalan. 

- El clamor general que se ha expresado durante todas las jornadas se ha centrado en denunciar y enfrentar la incapacidad de un gobierno que no tiene liderazgo y que cada que actúa comete graves errores que lo hacen ver débil, incompetente, incapaz y, además, fantoche y ridículo, al querer mostrar una fortaleza que no tiene. Las mayorías de protestantes movilizados saben que estos gobiernos no pueden resolver los grandes problemas del país pero manifiestan su inconformidad haciéndose ver, encontrándose con sus pares y siendo parte de una masa social que recién empieza a dar sus primeros pasos de autonomía y rebelión. 

- Se nota la enorme desconexión entre la dirigencia del “Paro” y los nuevos actores sociales de las protestas. Mientras las gentes en las calles están expresando un interés general de tipo político, los líderes del Comando de Paro estaban más preocupados por el diálogo y la negociación con el gobierno (que es lo que siempre han hecho) alrededor de los puntos del llamado “paquetazo”, y no lograban conectarse con el sentir y la evolución del movimiento. Esa desconexión han sido un factor de desmovilización y frustración, mucho más frente a la estrategia de guerra material y psicológica (terrorismo de Estado) que implementó el gobierno que no ha tenido una respuesta contundente y consecuente de los directivos sindicales, quienes creen estar al frente de la protesta pero en realidad se quedaron rezagados desde el principio. 

- Es indudable que la influencia de los movimientos sociales y protestas que ocurren en el mundo y en Latinoamérica también jugó un papel importante en Colombia, sumada a la torpe actitud del gobierno y de Uribe que quisieron impedir la realización de la protesta con argumentos que solo ellos se creían (supuestas acciones del Foro de Sao Paulo, el complot desestabilizador de los castro-chavistas, etc.) lo que motivó a muchas personas a participar activamente por el solo hecho de llevarle la contraria al gobierno. 

- En el caso de Bogotá se pueden diferenciar cinco grandes clases de manifestantes y protestantes: a) Los trabajadores sindicalizados (docentes, trabajadores de servicios, etc.) que marchan tradicionalmente en orden y por un día; b) Los estudiantes que se agrupan alrededor de sus organizaciones y combos, pero que a partir del segundo día (22N), en el caso de los que son de estratos 1 y 2, y viven en el sur u occidente, se organizaron para bloquear estaciones de TransMilenio y después marchar hacia el centro; c) Los pobladores de ciudades pequeñas que están ubicadas alrededor de Bogotá (Soacha, Madrid, Mosquera, Cajicá, Chía, etc.) que se organizaron para asistir a las marchas y concentraciones en la capital el primer día, y han seguido realizando marchas y otras actividades en sus cabeceras municipales; d) Los profesionales precariados y otros sectores medios, que se manifestaron alrededor de sus conjuntos residenciales e iniciaron el cacerolazo, ubicados principalmente en el norte y occidente de la ciudad. e) Los jóvenes “radicalizados” de diferentes estratos sociales, algunos con mensaje político, otros de “barras bravas” de equipos de fútbol, y muchos más que han acumulado grandes frustraciones, y les encanta la confrontación con la policía y otras formas de violencia, como un medio de expresar su grito desesperado de que están vivos, que son personas, y que la sociedad debe tenerlos en cuenta. A otros muchachos, ni eso les interesa. 

Los hechos: desde el 21N hasta el 27N 

- El 21N se movilizaron aproximadamente dos millones y medio de personas en más de 550 municipios de Colombia.[1] 

- En solo Bogotá participaron en marchas aproximadamente 350 mil personas, y en las horas de la noche intervinieron en los cacerolazos más de un millón de personas, especialmente de barrios de “clases medias”, en el centro, norte y occidente de la ciudad. 

- En Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla, Pasto, Popayán, Neiva, Armenia, Manizales, Tunja, Ibagué, Santa Marta, Sincelejo, Buenaventura y muchas otras ciudades, se realizaron marchas multitudinarias que son un hito histórico de la protesta ciudadana y popular. 

- Aunque se presentaron confrontaciones con la fuerza pública (Esmad) en muchas ciudades, como lo que ocurrió en Bogotá en donde se atacó con gases lacrimógenos a la multitud concentrada en la Plaza de Bolívar aprovechando la actuación de jóvenes encapuchados (algunos infiltrados de la policía), se debe destacar lo ocurrido en Cali, en donde la misma fuerza pública promovió saqueos a comercios y utilizó grupos de “vándalos” para generar en urbanizaciones y conjuntos residenciales un clima de pánico y de terror mediante una campaña de medios, redes sociales y montaje de ataques a residencias y apartamentos, situación que al otro día se replicó en Bogotá. 

- A lo largo de los siguientes 6 días se han realizado múltiples actividades de protesta hasta el 27N donde se realizó el segundo paro nacional con una participación menos numerosa, pero con hechos nuevos como el bloqueo de la carretera panamericana en el Cauca por parte del movimiento indígena. 

- La falta de dirección del movimiento, la estrategia de represión y de violencia manipulada por parte del gobierno, y la cercanía del mes de diciembre, atentan contra el fortalecimiento y la continuidad de la protesta, pero deja ver la potencialidad de los nuevos sujetos sociales hacia el futuro. 

El precariado[2] colombiano: nuevo actor social en la protesta 

Son sectores sociales conocidos como parte de las “clases medias”; habitan en las grandes ciudades en conjuntos residenciales y urbanizaciones, y son en su mayoría lo que identifico como “profesionales precariados”. Unos son asalariados de empresas o instituciones privadas o públicas; otros son pequeños y medianos “emprendedores” que prestan servicios de diversa clase; y, unos más, que posiblemente sea el sector que participó con mayor fuerza en las protestas, está compuesto por profesionales y técnicos que viven del “rebusque de cierto nivel”, subsisten de pequeños contratos o negocios, y sufren la precariedad laboral en medio de las presiones familiares y sociales. Hacen grandes esfuerzos por lograr el nivel de vida de los profesionales asalariados y/o de los “emprendedores”, pero están más cerca del desempleo estructural, de la informalidad permanente, la migración y la pauperización social. Este sub-sector social seguirá fortaleciéndose con los nuevos profesionales que salen graduados año a año de universidades públicas y privadas, sin que el aparato productivo cree las condiciones necesarias para ofrecerles empleos formales o las condiciones mínimas para que sus pequeños y medianos emprendimientos logren prosperar y construyan una verdadera estabilidad y sostenibilidad económica. 

En el caso de Bogotá este sector social se había manifestado en agosto de 2013 en solidaridad con los pequeños y medianos productores de papa, leche y otros productos de Cundinamarca y Boyacá que estaban protagonizando una emocionante y beligerante lucha en el marco del Paro Agrario. Ellos y ellas, jóvenes precariados, llenaron la Plaza de Bolívar en horas nocturnas, sin líderes visibles, casi sin pancartas y sin banderas pero con un enorme espíritu de lucha, rechazando beligerantemente la actitud arrogante y soberbia del presidente Santos que había lanzado su famosa y provocadora frase de que “el tal paro nacional agrario no existe”[3]. 

Después de las 6 pm del jueves 21 de noviembre, los jóvenes precariados se sumaron al paro nacional, realizando marchas en diversos barrios y zonas de Bogotá, especialmente en el norte y occidente de la ciudad, y desencadenaron un bullicioso “cacerolazo” que tuvo réplicas en el resto de la capital, en Medellín, Cali y otras ciudades. Su participación fue alegre, pacífica, con un sentido periférico que no se corresponde con la centralidad de las marchas que se dirigieron desde las horas de la mañana hacia el centro de la ciudad, la carrera séptima y la Plaza de Bolívar. [4] 

El día siguiente, 22N, el gobierno implementó durante todo el día una estrategia de confrontación abierta con los manifestantes que siguieron movilizándose, a pesar que algunos integrantes del Comando de Paro salieron a desautorizar la continuidad de la protesta, argumentando que el paro nacional se había programado para un solo día (24 horas), pero rápidamente tuvieron que rectificar ante la evidencia de que la gente se iba a mantener en la lucha, tanto con marchas y bloqueos del transporte como con otro cacerolazo y marchas periféricas. 

Ya en las horas de la tarde y las primeras horas de la noche, entre el gobierno nacional y distrital ejecutaron la misma estrategia que se había utilizado en Cali para engañar a la población y generar terror utilizando la amenaza de supuestos “vándalos” que iban a atacar urbanizaciones y conjuntos residenciales. La policía había contratado delincuentes y jóvenes descompuestos para desde temprano destruir las estaciones de TransMilenio, realizar saqueos en comercios, y filmar falsos ataques a casas de habitación, para desde las redes sociales y teléfonos móviles, impulsar una campaña de pánico colectivo, utilizando a los medios de comunicación para crear el desconcierto y la alerta general, usando también a los mismos grupos de “vándalos” en sitios estratégicos para hacer más real la parodia y la pantomima del ataque generalizado. 

El mismo gobierno distrital en cabeza del alcalde Enrique Peñalosa tuvo que reconocer al filo de las 11 pm del viernes 22N, que se había tratado de una campaña mediática para generar terror, pero lo hizo señalando a “sectores politiqueros y oportunistas que quieren destruir nuestra ciudad y nuestra democracia”, palabras que fueron reafirmadas con el presidente Duque[5]. Ellos mismos, actuando en llave, decretaron ese día el toque de queda en toda la ciudad a partir de las 9 pm para darle mayor credibilidad al supuesto vandalismo, que fue coordinado desde la jefatura de la policía como lo demuestran los numerosos videos, fotografías y testimonios, que dejan ver que todo el operativo se planeó para desvirtuar y debilitar la protesta social, poniendo a la gente a exigir mano fuerte, legitimar la militarización de la ciudad y del país, y derrotar el movimiento. 

No obstante en los siguientes días, sábado 23 y domingo 24, el movimiento se mantuvo en Bogotá y en otras ciudades, con grandes marchas, concentraciones, velatones, cacerolazos y actividades culturales al aire libre, en donde las cacerolas eran utilizadas de diversa manera como símbolo de la protesta. En el norte de la ciudad capital, más de 3.000 jóvenes rodearon la casa de Duque, gritando consignas de “inepto”, “incapaz” y hasta de “asesino”, como reacción a la agresión sufrida por el joven protestante Dilan Cruz a manos de un integrante del Esmad, quien le disparó a menos de 10 metros un proyectil letal que lo mandó de inmediato al hospital y que le causó la muerte que finalmente se produjo el martes 26 de noviembre.[6] 

Que los jóvenes precariados bogotanos hayan obligado al presidente Duque a trasladarse al Palacio de Nariño para evitar la presión de las diarias manifestaciones alrededor de su casa de habitación, es un pequeño triunfo del movimiento social, que la prensa ha minimizado pero que simbólicamente tiene un gran valor. Al fin y al cabo, este sector social ha expresado de diferentes formas que su inconformidad gira alrededor de la incapacidad e ineptitud de un gobernante que todos saben que es “sub-presidente”, que no es autónomo, que es manejado desde Washington, desde la hacienda “El ubérrimo” del presidente Uribe o desde la oficina principal del Grupo Aval que maneja el mayor multimillonario del país, Luis Carlos Sarmiento Angulo. 

Los jóvenes precariados, muchos de los cuales están entre los 28 y 45 años, tienen plena conciencia de que Duque no puede resolver ningún problema. No le creen y empiezan a sentir una especie de fobia por el presidente, por cuanto éste trata de ocultar su debilidad con falsas poses, discursos y propuestas en las que nadie cree (“economía naranja”, “digitalización de la administración pública”, etc.), y ha intentado ser histriónico cayendo en situaciones ridículas que lo hacen ver como un payaso. Y además, todavía no ha cambiado la actitud de la campaña electoral, proponiendo proyectos y soluciones a problemas que no tiene bien identificados, esquivando las verdaderas iniciativas que tienen que ver con darle continuidad al proceso de paz, cumplir una serie de compromisos adquiridos con diversos sectores sociales (campesinos, indígenas, pequeños y medianos productores, etc.), y por sobre todo, liberarse de la carga de Uribe que es quien realmente –desde la sombra– le impone su agenda. 

Es él quien lo comprometió con la campaña para derrocar a Maduro y “liberar” a Venezuela del “castro-chavismo”, operación en la que perdió más de 6 meses de gobierno, viajando por EE.UU., Europa y América Latina para realizar el “cerco diplomático” que lo llevaría a conseguir un triunfo internacional para tapar sus falencias y debilidades internas. Fue Uribe quien le impuso al ministro de defensa Libardo Botero, un personaje oscuro y reaccionario que tenía como obsesión limitar y regular la protesta social, que fue utilizado para revivir el espíritu uribista dentro de las fuerzas militares, en las que se nombraron generales troperos que tenían la tarea de revivir la política de los “falsos positivos” (asesinato de civiles haciéndolos pasar por guerrilleros dados de baja) y sabotear desde adentro lo poco que queda del llamado “proceso de paz”. El descubrimiento del asesinato de 18 niños reclutados por grupos armados ilegales mediante un bombardeo indiscriminado, que había sido ocultado y fue denunciado en el Congreso en un debate de control político, obligó al ministro de defensa a renunciar y dejó todavía más debilitado a Duque, luego de que su partido (Centro Democrático) había sufrido una sonora derrota en las elecciones del 27 de octubre. 

Los profesionales precariados, especialmente los jóvenes recién salidos de las universidades y que no encuentran oportunidad de trabajo, van a engrosar las fuerzas populares en lucha, y pueden ser un sector muy dinámico e influyente en las movilizaciones venideras. Lo más importante es que ya se están reconociendo dentro del campo de los explotados y oprimidos, y están en proceso de entender que su verdadero enemigo ni siquiera es nacional o gubernamental, que detrás de las empresas o entidades en las que trabajan está el poder de la Gran Burguesía Financiera Global, que está representada en Colombia por los bancos e instituciones financieras, las grandes transnacionales y los poderosos grupos económicos, que subordinan a todos los “emprendimientos” (pymes) a sus intereses capitalistas mediante préstamos onerosos, monopolio de la propiedad intelectual y tecnológica, y muchas otras formas, y son la verdadera causa de su cada vez más difícil situación. En la medida en que lo entiendan, su contribución a las luchas populares va a ser fundamental, por cuanto son personas con mayor formación intelectual, vínculos globales y acceso a la información, y pueden ayudar al resto del pueblo a avanzar por nuevos caminos, más creativos y transformadores de la realidad. 

Constatar que un sector de las “clases medias” en Colombia, especialmente en las grandes ciudades, empezaron a movilizarse en esta coyuntura de protestas sociales, nos debe obligar a reflexionar sobre por qué en países con gobiernos progresistas dichos sectores fueron canalizados hacia proyectos políticos de “derechas”, como ocurrió en Brasil, Ecuador y Bolivia. ¿No será que las izquierdas y gobiernos progresistas no hicieron ningún esfuerzo por ganarse a dichos sectores sociales, y después de que los derrotaron en elecciones (incluyendo a Petro en Bogotá), plagiaron la teoría del “síndrome o complejo de Doña Florinda” para echarle la culpa a la gente, por “arribista” y “desagradecida”, con la intención de justificar sus errores? 

El problema es que esas “clases medias” están compuestas por nuevos sectores sociales, entre ellos, el “precariado del siglo XXI”, que son actores críticos del asistencialismo y de invertir la mayor parte de los recursos estatales en subsidios improductivos, muchos de los cuales –como hizo Uribe en Colombia– son utilizados para hacer clientelismo de nuevo tipo, en vez de invertir en la industrialización de nuestras materias primas apoyándose en esos “emprendedores” y en los pequeños y medianos productores (“clases medias”), lo que sería parte de la solución a los problemas estructurales de dependencia de nuestros países con respecto a la economía de las potencias híper-industrializadas. Este es un tema a explorar y desarrollar. 

Conclusiones 

A manera de conclusión podemos afirmar que: 

- La protesta social y ciudadana que está todavía en desarrollo rebasó los objetivos inicialmente propuestos por el Comando Nacional de Paro; 

- Esa situación se presentó porque algunos puntos sobre reforma laboral y pensional fueron concedidos por el gobierno aún antes de realizarse el paro nacional (así fuere de palabra), y los dirigentes no reaccionaron para recomponer el pliego de exigencias convocando a otros sectores, sentires y necesidades de la población movilizada y no movilizada; 

- La movilización ciudadana centró sus principales exigencias en lograr cambios sustanciales y efectivos en la actitud del gobierno frente a la manera de administrar los intereses colectivos. “Escuche presidente”, “libérese de Uribe”, “cambie Duque”, eran las solicitudes previas a la protesta, pero en medio de la protesta se iba transformado en “renuncie Duque”; 

- La dirigencia del Comando de Paro no estuvo a la altura del reto que le colocaron los nuevos sectores movilizados. Mientras la gente quería fortalecer el movimiento y ampliar su impacto político (no partidista), la cúpula de las centrales obreras le rogaban al gobierno para que se sentara a negociar con ellos mostrando plenamente su perfil puramente reivindicativo; 

- La agresión guerrerista y militarizada contra la protesta social planteó nuevas prioridades al movimiento. Exigir la destitución o renuncia de la cúpula de la Policía y deslegitimar a Duque como interlocutor creíble y confiable del movimiento social, era la actitud que tendría que haber asumido la dirigencia del “Paro” para fortalecer el movimiento; 

- Por todo lo anterior, se requiere el impulso y desarrollo de un proceso de organización y participación que se corresponda con el espíritu de concurrencia democrática que exigen amplios sectores de la sociedad colombiana que no se sienten incluidos ni representados por las formas tradicionales de acción política y no confían en la institucionalidad existente; 

- Se necesitan con urgencia nuevos y más amplios canales de participación para desarrollar un verdadero Diálogo Social, que sea amplio, incluyente, participativo y transversal, que no solo incluya a sectores sociales y gremios sino que abra amplios y plenos espacios para las nuevas generaciones, las mujeres y las nuevas identidades de género, y desarrolle procesos y prácticas interculturales y pluriétnicas vinculadas con el cuidado de la vida y de la naturaleza. 

- La dinámica de movilización social y ciudadana que se ha desencadenado en Colombia requiere una nueva coordinación social y política de mayor cobertura y alcance, que consiga armonizar tres objetivos básicos: 

a) Fortalecer y ampliar la movilización y protesta ciudadana, generando procesos de auto-organización y representación amplia y democrática en localidades, regiones y a nivel nacional en todo el territorio colombiano; 

b) Identificar con precisión las principales exigencias de la ciudadanía movilizada, que respondan a intereses generales pero, a la vez, que sean propuestas concretas y realizables a corto y mediano plazo; 

c) Construir los mecanismos, procedimientos y formas efectivas para desarrollar el Diálogo Social, sin dejarse condicionar por las dinámicas gubernamentales, que por un lado, quieren dilatar los tiempos para desgastar el movimiento, y por otro lado, tratan de reducir el diálogo y la negociación a cúpulas excluyentes, para finalmente no cumplir los compromisos firmados como lo han demostrado las negociaciones y falsos procesos de participación realizados por éste y anteriores gobiernos. 

Se pueden promover y organizar “Asambleas Auto-convocadas” en barrios y veredas, localidades y municipios, y organizar a partir de ellas, “Cabildos Ciudadanos y Populares” que sesionen en forma permanente con carácter constituyente. 

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Lo ocurrido hasta ahora es el inicio del despertar. En Colombia el conflicto armado manipulado por las castas dominantes durante 6 décadas impidió el desarrollo pleno de las luchas sociales y populares. Además, una casta de dirigentes burocráticos se apoderó de la dirección de las organizaciones sociales y se ha constituido en una traba para su desarrollo político. También, se deben tener en cuenta dos factores que han impedido que la situación económica sea todavía más crítica: por un lado, la inyección de recursos provenientes de las economías ilegales (narcotráfico, minería ilegal, otras) representa el 2,5% del PIB, y las remesas en dinero que llegan del exterior corresponden al 1,9% del PIB, que alivian necesidades materiales de importantes sectores de la sociedad y son un factor muy importante para sostener el crecimiento económico y evitar la recesión que sufren casi todos los países de América Latina. 

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Tal parece que el pueblo colombiano quiere honrar el Bicentenario de la Independencia con mayores y más consistentes jornadas de emancipación social, de transformación democrática y de construcción de autonomía y soberanía política, que sean la base real y material para el logro de la justicia social, el bienestar económico y la realización cultural de las grandes mayorías de la Nación. 

Notas 

[1] La Silla Vacía (2019). Crónica en vivo: Así se vivió el 21N en 10 ciudades del país. Crónica del 21 de noviembre de 2019. Ver: https://lasillavacia.com/cronica-vivo-asi-se-vivio-21n-10-ciudades-del-pais-74606 

[2] Precariado: Término inventado por Guy Standing para definir lo que es una nueva clase social, similar al proletariado, pero que tiene nuevas características.
Ver: http://www.scielo.org.co/pdf/rcs/v38n1/v38n1a11.pdf

[3] Alai.net (2013).
Paro nacional agrario: saltos cualitativos en el movimiento social. Ver:https://www.alainet.org/es/active/66829

[4] Ese sentido periférico pareciera rechazar la simbología tradicional del “poder”, concentrado alrededor de la Plaza de Bolívar donde está el Capitolio, la Corte Suprema de Justicia, la Catedral Primada y la alcaldía. Los jóvenes del norte de Bogotá prefirieron acosar directamente a Duque protestando varias veces frente a su casa. Ver: https://www.pulzo.com/nacion/videos-cacerolazo-frente-casa-ivan-duque-PP804285 

[5] El Tiempo (2019). Alcalde denunció un complot para generar terror en Bogotá y el país. Artículo de 23 de noviembre de 2019. https://www.eltiempo.com/bogota/el-complot-que-descubrio-la-alcaldia-para-desatar-el-caos-y-el-vandalismo-en-bogota-436614

[6] Video del cacerolazo frente a la casa de Duque: https://twitter.com/i/status/1197841402425688064 
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=263009&titular=el-paro-nacional-la-protesta-social-autoconvocada-y-el-precariado-movilizado-


"Quienes nos reconocemos como ecologistas tenemos que construir un proyecto de sociedad con propuestas políticas claras que puedan hablar a la gran mayoría de los y las ecuatorianas, especialmente a jóvenes, estudiantes, feministas, campesinas y campesinos, trabajadores y trabajadoras, defensores y defensoras de derechos humanos, etc. En este sentido, el ecosocialismo es una urgencia y una apuesta política no sólo para salvaguardar a la naturaleza y la biodiversidad, sino para garantizar el sostenimiento digno de la vida de los seres humanos y no humanos que habitamos esta tierra".

Llamamiento para la creación de un Movimiento 
Ecologista Ecuatoriano
30 de noviembre de 2019


Los incendios en la Amazonía y en Siberia, las temperaturas altas del verano europeo, los diferentes informes científicos internacionales sobre el estado de la biodiversidad, la sexta extinción masiva de especies (primera por obra humana), el acelerado deshielo en los polos, entre otros, representan eventos que evidencian la alarmante crisis ecológica en nuestro planeta. El cambio climático es parte de las discusiones a nivel internacional desde hace casi 30 años (Cumbre de Río en 1992) y desde hace una década se ha convertido en un tema central en las cumbres internacionales. La huella de los seres humanos sobre las ecologías de nuestro planeta es indiscutible, a tal punto que los geólogos han determinado que nos encontramos en una nueva era geológica, el Antropoceno, en la cual el ser humano se ha convertido en una fuerza geológica responsable de un cambio sin precedente en la Tierra y sus ecosistemas, tal como lo muestra el calentamiento climático evidenciado en los últimos años. Sin embargo, está claro que no todos los seres humanos tenemos la misma responsabilidad frente a esta crisis climática.
Esta disrupción ambiental es parte de una crisis multidimensional que se expresa en lo económico y financiero desde 2008 pero también en lo ecológico, alimentario, energético, hídrico, cultural, político, moral. Estas crisis están interconectadas y sus efectos cuestionan de manera profunda los fundamentos y los valores sobre los cuales se ha construido la sociedad capitalista basada en un productivismo y consumismo insaciable, así como en una relación utilitarista entre el ser humano y la naturaleza. Existe también una fuerte disminución de las reservas de todos los recursos naturales; una contaminación generalizada del agua, del suelo, del aire; un aumento de la deforestación y de la pérdida de hábitats y extinciones de especies; una crisis de pérdida de fertilidad de los suelos.
La crisis multidimensional hace que las empresas nacionales y transnacionales busquen expandirse a lugares cada vez más alejados, frágiles y profundos, así como a territorios en los cuales el capital aún no había penetrado, coincidiendo generalmente con territorios pertenecientes a campesinos, poblaciones afrodescendientes o pueblos indígenas. Una de las consecuencias de esta feroz extensión del capital es el aumento de las amenazas y la cantidad de los conflictos socio-ambientales que en el Ecuador se ha agravado por el avance de la frontera extractivista sea minera, petrolera o agroindustrial. Sin embargo, los debates alrededor de la ecología quedan relegados de la escena política nacional, a pesar de tener una Constitución con avances como el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, del agua como derecho humano, la prohibición de la apropiación privada de servicios ambientales, el territorio libre de transgénicos, entre otros avances ecológicos importantes.
Frente a este contexto y con el objetivo de influir en la política nacional y regional, llamamos a la creación de un gran Movimiento Ecologista Popular en Ecuador.
Es evidente que el Estado ecuatoriano está apostando claramente por políticas neoliberales y extractivistas que no toman en cuenta ni el tema social, ni lo ambiental, como es el caso de la minería a cielo abierto y a gran escala y la profundización y expansión de la explotación petrolera. Así, frente a la pobreza del debate ambiental es imperativo construir un ecologismo que rebase el campo de las ONG y abandone el sectarismo; un ecologismo interseccional que abarque las luchas clasistas, antineoliberales, feministas, culturales, antiespecistas, etc. Un ecologismo que no se sea sólo una cultura de resistencia frente a los desastres ambientales sino también un proyecto de sociedad con propuestas políticas claras y precisas de transformación económica, social, ecológica y cultural. En suma, un ecologismo que tenga como objetivo la emancipación individual y colectiva y que trascienda las nociones particularistas y meramente instrumentalistas del entorno ecológico hacia una sociedad en armonía con la naturaleza.
Es evidente que en un país como el Ecuador no es fácil hablar desde la ecología debido a la importancia que tiene el extractivismo en la economía, el espacio que ocupa el petróleo en el Estado rentista ecuatoriano, o el sentido común de la población frente a este modelo económico. Sin embargo, frente a la expansión agresiva de la minería, cuyas consecuencias van a ser desastrosas, es necesario hoy en día replantear un debate ecológico y social que busque responder a la siguiente interrogante:
¿Cómo vincular lo ecológico y lo social en un país con un gran porcentaje de su población que ni siquiera tiene sus necesidades básicas satisfechas, con una alta biodiversidad –natural y cultural – y cuyo régimen de acumulación está basado en la explotación y exportación de sus recursos naturales?
En otras palabras: ¿cómo se puede defender los derechos de la naturaleza, luchar contra su degradación y al mismo tiempo buscar el bienestar de su población, la extensión de los derechos sociales y el fin de la pobreza?
La salida del extractivismo es compleja y por lo mismo debería estar en el centro de los debates políticos. La discusión sobre alternativas a este sistema explotador es una oportunidad para construir un proyecto político renovado cuyo objetivo es ir hacia una sociedad más justa, más equitativa, más ecologista.
A partir de estas premisas, proponemos construir un ecosocialismo ecuatoriano que tenga los siguientes principios:

1.    Un ecosocialismo que vuelve a pensar la emancipación individual y colectiva poniendo en el centro la satisfacción de las necesidades humanas, de los animales no humanos y de la naturaleza. El ser humano es un ser social dependiente de su entorno natural. Crear más sociedad y respetar los ciclos de reproducción de la naturaleza deben ser centrales para esta emancipación.
2.    Un ecosocialismo necesariamente anticapitalista que busque articular la justicia social y la justicia ambiental como bases de una sociedad post-extractivista. La ecología no es compatible con el capitalismo y sus valores (acumulación de capital, consumismo, productivismo). Un ecosocialismo que luche contra todo tipo de opresión, desigualdad e injusticia, a favor de la redistribución de la riqueza y de cambiar los hábitos de producción y consumo.
3.    Un ecosocialismo feminista ya que la explotación de la naturaleza es igual de perversa que la explotación de las mujeres, en sus cuerpos y sus roles de cuidado asignados y perpetuados por el sistema patriarcal que sostiene el sistema capitalista. El feminismo debe ser transversal a esta lucha para dar espacios seguros de militancia a las mujeres, visibilizarlas como actoras políticas legítimas y reconocer sus formas de resistencia como válidas para pensarnos fuera de lógicas utilitarias y mercantiles.
4.    Un ecosocialismo antiespecista que reconozca a los animales no humanos no sólo como parte de un ecosistema sino también como seres sintientes que deben ser protegidos y dejar de ser considerados como objetos, materia prima de todo tipo de industrias (sobre todo la cárnica, principal causa de la destrucción de la Amazonía), o daño colateral de políticas extractivistas y neoliberales.
5.    Un ecosocialismo profundamente participativo que implique una ética democrática que no deje el futuro de la sociedad y las decisiones importantes en manos de la oligarquía o de tecnócratas. Estas decisiones democráticas deben tomarse a partir de los objetivos de la sociedad, las metas y las necesidades de la población.
6.    Un ecosocialismo popular, anti-clasista y no sectario. Hay que romper con la idea de que la ecología no es para todo el mundo, que está reservada a las clases medias y altas: ser ecologista no debe ser un privilegio social puesto que las personas más afectadas por los problemas ambientales son las más pobres. Para esto, hay que construir un nuevo sentido común, partir de la vida cotidiana de la gente y articularla con problemas nacionales y globales.
7.    Un ecosocialismo plurinacional, anti-racista y anti-colonialista que reconozca y denuncie el racismo ambiental del sistema capitalista. El cambio climático es y será responsable de un nuevo tipo de migración, la migración climática, que ya está generando refugiados climáticos. No se pueden cerrar las fronteras. La solidaridad con todos los tipos de migraciones es un principio fundamental del ecosocialismo, como también lo es el rechazo de todo tipo de xenofobia y racismo.
8.    Un ecosocialismo que apuesta por la rearticulación de los territorios, con énfasis en las zonas rurales y urbanas. Repensar los territorios y sus dinámicas para lograr la soberanía alimentaria y energética, el desarrollo de economías que tomen en cuenta a la naturaleza y a las diferentes prácticas eco-culturales de cada espacio, y que apunte hacia una organización descentralizada del territorio nacional. Como parte de esta lógica, vemos como necesaria una reforma agraria cuyo eje central debería ser la redistribución equitativa de las tierras, del agua y la agroecología.
9.    Un ecosocialismo que busca articular el desarrollo de experiencias locales y la toma del poder nacional para cambiar las estructuras del poder. Las experiencias locales son fundamentales para formular y avanzar alternativas al capitalismo que no se queden como experiencias periféricas, lo que requiere la transformación del Estado y de las estructuras de poder.
10.                      Un ecosocialismo internacionalista e integracionista. Para un país como el Ecuador, que es muy dependiente de la geopolítica internacional, no es factible salir del capitalismo solo. Para salir del extractivismo es necesario retomar el camino de la integración regional latinoamericana que vaya más allá de la integración económica y el libre-mercado. La integración regional debe fundarse en la cooperación entre países y no la competencia. También se debe apoyar el reconocimiento de una Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza que sea al mismo nivel que la de los Derechos Humanos como pilar de una paz internacional.
El ecologismo – como un marco de principios éticos, políticos, sociales, culturales y económicos – debe organizarse, incidir y participar en la política nacional ecuatoriana. No se puede sólo denunciar la inacción del Estado y de los diferentes actores políticos y sociales. Tampoco podemos conformarnos con el llamamiento a que actúen solamente quienes tienen el poder de decidir. Además de develar las correlaciones de fuerzas que se disputan el poder político materializado en el Estado, quienes nos reconocemos como ecologistas tenemos que construir un proyecto de sociedad con propuestas políticas claras que puedan hablar a la gran mayoría de los y las ecuatorianas, especialmente a jóvenes, estudiantes, feministas, campesinas y campesinos, trabajadores y trabajadoras, defensores y defensoras de derechos humanos, etc. En este sentido, el ecosocialismo es una urgencia y una apuesta política no sólo para salvaguardar a la naturaleza y la biodiversidad, sino para garantizar el sostenimiento digno de la vida de los seres humanos y no humanos que habitamos esta tierra.
Este llamamiento es solo el inicio en la conformación de un Movimiento Ecologista Popular , un espacio amplio de acciones y debates alrededor de los temas tratados más arriba con el objetivo de incidir en una transición social, ecológica, cultural hacia otro tipo de sociedad. Para esto, llamamos a las personas interesadas a juntarse con nosotras y nosotros, así como a militantes y organizaciones sociales y políticas a participar en el encuentro nacional que organizaremos los días 14 y 15 de diciembre en Quito.
Correo electrónico de contacto: movep@pm.me
Primeras firmas
Lisseth Castañeda
Matthieu Le Quang
Luis Medina
Sofia Torres
Christian Contreras
Bolívar Lucio
Adriana Mejía
Diana Vela Almeida
Natalia Cordero
Gabriel Lucio
Melissa Moreano
Tamia Vercoutère
Gonzalo Criollo
Antonio Malo Larrea
Jeremy Rayner
Verónica Vivar
Mohamed El Khatib
Camilo Martínez I.
Andrés Román Morales

Andrei Hidrovo
Joaquín Martínez
Valeria Sánchez

Geovanna Lasso
Juan Sebastián Martínez
David Suárez Ch.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=262995

Generalicemos la conciencia de que "casi 400 años después de ese primer mítico Día de Acción de Gracias, los pueblos indígenas están a la vanguardia de la lucha contra el catastrófico cambio climático. Por ello, les damos las gracias".

Es hora de dar gracias por
la resistencia indígena
30 de noviembre de 2019
Por Amy Goodman y Denis Moynihan
Democracy Now!


El Día de Acción de Gracias es uno de los grandes mitos fundacionales de Estados Unidos. Un encuentro entre miembros de una comunidad indígena y colonos ingleses que tuvo lugar en 1621 en Massachusetts fue convertido en uno de los mayores lavados de cara del genocidio en la historia mundial. Ya para ese entonces, los indígenas de todo el hemisferio occidental habían sufrido terribles hechos de violencia durante más de un siglo a manos de Cristóbal Colón y otros exploradores europeos que intentaban esclavizarlos y explotar los vastos recursos de la región. El Día de Acción de Gracias se ha convertido en un evento que celebra la familia, la abundancia y el fútbol americano, ​​un día de descanso antes de la avalancha comercial de las compras navideñas (aunque el frenesí de ventas del “Black Friday” o “Viernes Negro” también ha invadido el día de Acción de Gracias). En este feriado de Acción de Gracias deberíamos reflexionar sobre la verdadera historia estadounidense y sobre la notable resistencia indígena a la colonización, que continúa hasta el día de hoy.

No mucho después de ese mítico primer Día de Acción de Gracias, los colonos acudieron en masa a Nueva Inglaterra, llegando a sumar más de mil en 1630 y más de 10.000 en 1640. La ambiciosa demanda de tierras y recursos condujo a la Guerra Pequot en 1636, en la que cientos de indígenas fueron masacrados por las milicias de los colonos, seguida de la Guerra del rey Felipe en 1675, en la que se estima que los colonos asesinaron a 3.000 indígenas.

Una de las primeras proclamas en las que se caracteriza a la festividad del Día de Acción de Gracias, realizada en 1723 por William Dummer, entonces gobernador de la Bahía de Massachusetts, agradece a Dios por permitirles a los colonos “derrotar en alguna medida los reiterados intentos del enemigo indio contra nosotros y defender muchas de nuestras plantaciones fronterizas de su ira y su furia”. Poco más de 50 años después aparecieron expresiones racistas similares en la Declaración de la Independencia, en la que se condena a “los despiadados salvajes indios”.

El genocidio continuó, desde el desplazamiento forzado de los cherokee y otras naciones indígenas en lo que se recuerda como el Sendero de las Lágrimas, hasta la implacable expansión hacia el oeste bajo la doctrina racista del Destino Manifiesto y la imposición del sistema de reservas, seguido por los internados indígenas que separaron a niños y niñas nativos de sus familias, prohibiéndoles hablar su lengua materna y forzando la asimilación, a menudo bajo condiciones criminales de abuso. Varios presidentes firmaron tratados que siempre fueron rotos. Como dijo el líder de la tribu Oglala Lakota, Red Cloud: “Nos hicieron muchas promesas, más de las que puedo recordar, pero solo cumplieron una: prometieron que iban a tomar nuestra tierra y lo hicieron”.

En el otoño de 1969, un grupo de activistas indígenas estadounidenses ocupó la prisión federal abandonada de la isla de Alcatraz en la bahía de San Francisco. Su manifiesto utilizó el recurso del sarcasmo y exigía que el gobierno federal les entregara Alcatraz porque poseía todas las cualidades de una reserva indígena:
·         1. Está aislada de instalaciones modernas y no tiene medios de transporte adecuados.
2. No tiene agua corriente potable.
3. Cuenta con instalaciones de saneamiento inadecuadas.
4. No se contemplan derechos por extracción de petróleo o minerales.
5. No hay industrias y el desempleo es muy grande.
6. No hay centros de salud.
7. El suelo es rocoso e infértil y la tierra no es apta para la cacería.
8. No hay centros educativos.
9. La población siempre ha excedido la capacidad del territorio.
10. La población siempre ha sido retenida como prisionera y dependiente de terceros.
La ocupación de 19 meses de duración involucró a miles de personas e inspiró a los pueblos indígenas de toda América del Norte a exigir justicia. Se fundó el Movimiento Indígena Estadounidense, lo que condujo a la ocupación en 1973 de la ciudad de Wounded Knee, en la Reserva Pine Ridge, en Dakota del Sur y dio impulso a la solidaridad internacional por los derechos indígenas.
En el Día de Acción de Gracias de 1970, miembros de la nación Wampanoag organizaron el primer Día Nacional de Luto en Plymouth, Massachusetts, con marcha, vigilia y ayuno. El evento, que ahora se acerca a su 50º aniversario, se afianzó como “un día de recuerdo y conexión espiritual, así como una protesta contra el racismo y la opresión que los indígenas estadounidenses siguen experimentando”.
En 2016, los jóvenes de aquella época, ahora ancianos, se unieron a miles de jóvenes indígenas protectores del agua en la Reserva Sioux de Standing Rock, en Dakota del Norte, para oponerse a la construcción del oleoducto Dakota Access. Entre esos jóvenes activistas se encontraba el historiador Nick Estes, de la tribu Sioux de Lower Brule. En una entrevista para “Democracy Now!”, Estes recordó el Día de Acción de Gracias de 2016:
“Realizamos una marcha de oración en el centro comercial de Bismarck, en Dakota del Norte, para llamar la atención sobre la lucha de Standing Rock durante un evento de compras del Black Friday. [La marcha] fue recibida por policías armados con rifles AR-15, que luego comenzaron a dar golpes de puño y patadas a los protectores del agua que estaban haciendo una oración en el centro comercial Bismarck. Fue un estremecedor contraste entre el pasado y el presente, si bien se puede decir que existen diferencias entre la masacre de los pequots en Massachusetts y la lucha contemporánea contra un oleoducto”.
Ahora, casi 400 años después de ese primer mítico Día de Acción de Gracias, los pueblos indígenas están a la vanguardia de la lucha contra el catastrófico cambio climático. Por ello, les damos las gracias.

© 2019 Amy Goodman
Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.
http://www.democracynow.org/es/2019/11/29/es_hora_de_dar_gracias_por

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=262994