jueves, 26 de septiembre de 2019

También con el progresismo "dependemos del exterior para abastecernos de los granos que conforman la base de la alimentación mexicana, mientras exportamos otra clase de productos de segundo orden, es lo que ha causado esa crisis en el campo y en la procuración de la Soberanía Alimentaria. (...) Lo que está en juego es el futuro de nuestros pueblos y la soberanía alimentaria."

¿Soberanía o seguridad alimentaria?
el matiz de la 4T
26 de septiembre de 2019

Por Ricardo García Jiménez (Rebelión)


Partamos de la distinción de estos dos términos para comprender cuáles son los caminos o rutas que sigue la implementación de políticas y acciones públicas por parte de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en relación al abastecimiento y aseguramiento de la alimentación del pueblo mexicano, así como de los intereses y visiones que se encuentran inmiscuidos en estas dos perspectivas sobre el derecho alimentario.
Comencemos señalando que la Soberanía Alimentaria es el derecho de los pueblos, comunidades y naciones a definir sus propias políticas alimentarias que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas a sus circunstancias, reclamando a la alimentación como un derecho humano.
En esa línea necesariamente se introduce aquellos elementos y lógicas del trabajo y la convivencia comunitaria, expresada culturalmente en el “vivir bien” y en armonía con los entornos naturales, vinculada al acceso y disfrute de los bienes materiales y de la realización efectiva, subjetiva, intelectual y espiritual del contexto territorial que envuelve a las comunidades y pueblos originarios a decidir sobre qué producir para subsistir. En esta conceptualización se enfatiza en el encuentro y la contribución horizontal y la convivencia entre lo plural y diverso del proceso de producir sus propios alimentos.
En contra posición la definición de soberanía alimentaria se encuentra confrontada con la Seguridad Alimentaria, misma que fue acordada y definida por los países en la Cumbre Mundial de 1996 que está asociado a un proceso de industrialización alimentaría en manos de las grandes compañías alimenticias trasnacionales.
Pero fue en 2007 que otros actores sociales como las organizaciones sociales, los pueblos originarios, campesinos, sociedad civil y organizaciones no gubernamentales redefinieron y ampliaron el concepto y acuñaron el término de Soberanía Alimentaria, el cual se basa en cinco pilares que pueden sintetizarse en:
  1. Priorizar los alimentos como una necesidad y un derecho humano;
  2. Énfasis en valorar a los proveedores de los alimentos y sus medios de vida;
  3. Remarca la importancia que los alimentos sean de origen regional, promoviendo los sistemas producción alimentarios locales para acortar distancias entre productor y consumidor;
  4. Reconocimiento y respeto a los saberes y la preparación de alimentos tradicionales, rechazando la ayuda alimentaria inapropiada;
  5. Se asume la compatibilidad y protección de la naturaleza, priorizando tecnologías conservadoras de los recursos y reduciendo el uso intensivo de insumos para la producción.
Por lo tanto, la Soberanía Alimentaria sería definida, según el parlamento de los pueblos originarios latinoamericanos como: “el derecho de un país a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos, que garanticen el derecho a la alimentación sana y nutritiva para toda la población, respetando sus propias culturas y la diversidad de los sistemas productivos, de comercialización y de gestión de los espacios rurales”.
Por su parte, para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Seguridad Alimentaria está vinculada a la capacidad de las personas a tener acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias, concepto ligado al libre mercado; de esta manera, si las familias no cuentan con piso mínimo económico para acceder a los alimentos, simplemente, no comen. En el discurso del poder prevalece el concepto de Seguridad Alimentaria como la panacea para acabar con el hambre en el mundo.
El juego de las palabras y las cifras alegres
Luego entonces, desde que Andrés Manuel López Obrador comenzará dos décadas atrás su eventual campaña por la presidencia de la república, declaró una y otra vez que durante su mandato rescataría al campo con miras de recuperar la soberanía alimentaria de México. Esta demagogia de campaña manifestaría el reconocimiento y la intensión de regresar a los pueblos originarios la capacidad auto-organizativa para producir, distribuir y consumir sus propios alimentos cultivados, que garantizaran el derecho a una alimentación sana y nutritiva para toda la población, respetando sus propias culturas y la diversidad de los sistemas productivos y de comercialización.
Pero apoyándose en las cifras del comportamiento de la balanza agroalimentaria, enero-abril 2017, que contempla las dimensiones de Balanza Agropecuaria y Agroindustrial, según Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) en ese periodo de referencia hubo un superávit de 2,603 MDD. Donde la balanza de bienes agrícolas, en los primeros cuatro meses de 2017, el superávit fue de 2,038 MDD, este saldo se debió a que las exportaciones fueron 64.7% mayores que las importaciones, las exportaciones al mes de abril de 2017 se incrementaron 6.1%, respecto del mismo periodo de 2016, mientras que las importaciones disminuyeron 1.0%.
Por su parte la balanza de bienes agroindustriales también para el primer cuatrimestre de 2017, registró un superávit de 697 MDD, el comportamiento positivo de la balanza se debe a que las exportaciones al mes de abril fueron 14.9% mayores a las importaciones, como resultado del crecimiento en las exportaciones en 15.7% respecto del mismo periodo de 2016, incremento superior a las compras realizadas al mercado externo (4.9%).
Estas cifras dentro la macro economía platearían un incremento en las exportaciones de productos agrícolas y agroindustriales, lo que hablaría de una rentabilidad de los productos obtenidos del campo y la industrialización alimentaria bajo la lógica capitalista. Sin embargo, el programa modernizador del campo que comenzó con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, marco desde noviembre de 1991 una debacle del campo y el campesinado mexicano cuando se reformó el artículo 27 constitucional, con el supuesto fin de modernizar el sector agrario en consonancia a una nueva realidad demográfica, económica y social de la nación, donde el régimen de propiedad del campo, debería cambiar para hacerlo más eficiente, según Salinas de Gortari. Pero en realidad en ese entonces se dio por terminada la política del reparto agrario incorporando al ejido al régimen del libre mercado en el que podrían participar también los extranjeros para la propiedad de tierras. Ese viraje respecto a la política agraria en la materia había finiquitado con los casi 100 años del reparto de la tierra hacia el campesinado después de la Revolución Mexicana de 1910.
Estos cambios en la constitución en el periodo salinista posibilito la creación de unidades agrícolas de mayor tamaño, donde podían intervenir inversionistas extranjeros y nacionales en actividades agropecuarias y la comercialización de los productos del campo bajo una supuesta “modernización” en la que a nivel industrial y en procesamiento y manufactura de alimentos se introducirían insumos químicos aseguraran una alta producción y rentabilidad orientación hacia el mercado.
Pese a las promesas de la modernización del campo por Carlos Salinas la capacidad de producción y calidad de los alimentos resulto nula, pues la realidad es otra, nos volvimos mucho más dependientes de las importaciones de todo tipo de productos alimenticios procesados.
Así lo demuestra el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados el cual afirma que: “a 22 años de la reforma salinista y 20 de la entrada en vigor del TLCAN, la dependencia agroalimentaria del país pasó del 10 al 43%, resaltando el aumento en las importaciones en relación con su consumo a nivel nacional en productos altamente sensibles como el maíz (17 a 33%), trigo (34 a 65%), arroz (60 a 85%), porcinos (3.1 a 40%), aves (3.1 a 13.2%) y bovinos (1.1 a 19%). Lo anterior supuso entonces un aumento en las importaciones del sector agroalimentario del país de 1.8 a 21.4 mmdd entre 1994 y 2013.”
No obstante, el saldo positivo de enero de 2019, disminuyó 27.2% (177 MDD), en comparación con similar mes de 2018, debido al aumento en mayor medida de las importaciones en 9.7% (209 MDD), respecto de lo exportado en 1.1% (32 MDD).
Balanza de bienes ganaderos y apícolas: Para el mes de enero de 2019, el déficit fue de 68 MDD, y significa que es 2 millones de dólares mayor que el saldo negativo reportado en el mimso mes de 2018 (66 MDD). Si bien el comercio total se incrementó 23 millones 967 mil dólares (12.6%), al pasar de 190 millones dólares en 2018 a 214 millones de dólares en 2019. El incremento del déficit de la balanza se debe a que las importaciones fueron 93.1% mayores que las exportaciones en enero de 2019, derivado del incremento en las compras al exterior respecto de 2018, principalmente en grasa butírica deshidratada 10.1 MDD (77.8%), tripas, vejigas y estómagos de animales 6.6 MDD (32.0%), caballos 1.1 MDD (25.5%), leche de bovino 0.9 MDD (9.2%), huevos de ave fertilizados para incubación de la especie gallus domesticus 0.9 MDD (6.7%) y huevo para plato 0.9 MDD (43.2%).
Las ZEE’s
Aunado al argumento anterior, existe además de forma abierta un apoyo por parte de AMLO y una parte de su equipo de gobierno por continuar impulsando el desarrollo de las Zonas Económicas Especiales hacia el sur del país. Uno de los principales impulsores de este proyecto es Alfonso Romo Garza, titular del Grupo Económico Pulsar, que tiene empresas agroindustriales en el sur del país. Romo Garza fue quien se designó como Coordinador de Presidencia en el Gobierno de López Obrador, fue el responsable de la elaboración de su "Proyecto de Nación", el cual tiene una idea muy clara de seguir manteniendo vigente el actual artículo 27 constitucional e impulsar la seguridad alimentaria del país, bajo el modelo agroindustrial capitalista.
En declaraciones recientes realizadas por Gerardo Gutiérrez Candiani, Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE), señaló que “… hay una visión muy importante [ entre AMLO y la AFDZEE ] porque al final las prioridades del sur-sureste del nuevo presidente y de su gobierno son muy claras, coinciden en lo fundamental con las Zonas Económicas Especiales (ZEE); hay algunos temas pendientes que se pueden perfeccionar”, dijo Gerardo Gutiérrez Candiani, titular de la AFDZEE en declaraciones al diario El Economista.
Recordemos que 01 de junio del 2016 se publico en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (LFZEE), que su propósitos busca asegurar “… el crecimiento económico sostenible que, entre otros fines, reduzca la pobreza, permita la provisión de servicios básicos y expanda las oportunidades para vidas saludables y productivas, en las regiones del país que tengan mayores rezagos en desarrollo social, a través del fomento de la inversión, la productividad, la competitividad, el empleo y una mejor distribución del ingreso entre la población”.
Estos propósitos se engarzan al proceso de implementación de las declaratorias y la creación de la siete ZEE que son: el Puerto Chiapas (Chiapas), Lázaro Cárdenas-La Unión (Michoacán-Guerrero), Coatzacoalcos (Veracruz), Salina Cruz (Oaxaca), Progreso (Yucatán), Seybaplaya (Campeche) y Dos Bocas (Tabasco).
Posterior a esta declaratoria, fue la publicación, en el Diario Oficial de la Federación, de los Lineamientos para el Otorgamiento de Permisos, Asignaciones y Autorizaciones, los cuales establecen los procedimientos y criterios que deberán seguir los interesados en obtener un permiso como administrador integral o una autorización como inversionista, en alguna de las siete ZEE.
Entre los criterios para el otorgamiento de permisos para el uso en tierra privada, durante los primeros cinco años, destacan: inversión de por lo menos 90 millones de dólares; superficie desarrollada de al menos 20 hectáreas, y generación de, mínimo, 800 empleos directos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Así la LFZEE define al administrador integral como “la persona moral o entidad paraestatal que, con base en un permiso o asignación, funge como desarrollador-operador de la zona y en tal carácter tiene a su cargo la construcción, desarrollo, administración y mantenimiento de la misma, incluyendo los servicios asociados o, en su caso, la tramitación de éstos ante las instancias correspondientes”.
Esta nueva la ley indudablemente afectará al menos a 5 mil 866 ejidos, a 37 mil 877 localidades en 266 municipios y 12 estados. Además, el proyecto pretende formar zonas exclusivas para el capital, con excepcionalidad arancelaria, libres de impuestos, tribunales autónomos e independientes con competencia exclusiva sobre las mismas, donde en estas zonas se podrá adoptar un sistema o jurisprudencial conforme a las prácticas que dicten los tribunales locales.
Los proyectos de las ZEE contarán también con reglas laborales propias, donde los incrementos salariales de los trabajadores se determinarán por criterios de productividad y de las decisiones unipersonales de los propietarios de los medios de producción.
Todas estas medidas que se han creado aseguran a las industrias el despojo y la destrucción de los territorios donde se asentaran mediante la protección del andamiaje legal, fiscal y administrativo que provee la ley de las ZEE y las llamadas reformas estructurales. Se avizora una nueva oleada de devastación para el Istmo de Tehuantepec y para las demás entidades involucradas. El capital internacional, la nueva burguesía emergente y la élite política mexicana y oaxaqueña mostraran su verdadera avaricia, avidez y rapacidad.
La artimaña
Bajo el matiz de palabras como “progreso, desarrollo y empleo” que la retórica gubernamental emplea, se trata de engañar a los pueblos originarios, comuneros y campesinos en cada una de estas regiones, bajo la fórmula de que los proyectos detonaran el crecimiento económico de esos ricos territorios. Lo que vemos desde hace 5 años es el incremento en la destrucción, robo y explotación de los recursos naturales, pero que con el cuento gubernamental de que en cada lugar donde se desarrollen las ZEE, éste ayudará revertir la pobreza y marginación que según dicen viven los pobladores del sur país.
Si bien es cierto, por una parte, que los números de Sagarpa respecto al sector arrojan un mejor momento para el sector agropecuario y agroindustrial en últimos 25 años, el dato por sí mismo no resulta contundente ni definitivo. Ya que cuando se revisan a detalle las cifras es posible apreciar que existen un total de 26 productos en los que México se ha especializado y conforman el núcleo duro de nuestras exportaciones, entre los que destacan aguacate, jitomate y maíz. Pero producción se desarrolla en manos de monopolios agroindustriales que se alejan a la pequeña producción de los campesinos que escasamente llegan a sacar una cosecha al año.
La reorientación del sector con fines mercantiles supuso la sustitución del concepto “soberanía alimentaria” por el de “seguridad alimentaria”: mientras el primero implica asegurar la capacidad del país para producir los alimentos que necesita su población; en el segundo basta con garantizar la suficiencia presupuestaria para adquirirlos en el mercado externo. La diferencia entre ambos conceptos es de primer orden pues en el segundo escenario el país se vuelve muy vulnerable a los choques y cambios externos asociados a fenómenos meteorológicos o especulativos, o incluso a posibles chantajes de carácter político.
Y si bien la misma FAO reconoce que es prácticamente imposible que un país pueda producir el 100% de los alimentos que consume, por lo menos debe asegurar un piso mínimo de 75% asegurando para el caso mexicano, este debe mínimo producir sus granos básicos como el maíz, frijol y arroz para su propia subsistencia.
En resumen, dependemos del exterior para abastecernos de los granos que conforman la base de la alimentación mexicana, mientras exportamos otra clase de productos de segundo orden, es lo que ha causado esa crisis en el campo y en la procuración de la Soberanía Alimentaria.

Cierre
Finalmente, y para entender la complejidad de la situación y el impacto en seguridad y defensa de la soberanía nacional, el manejo de los conceptos de Seguridad Alimentaria y Soberanía Alimentaria en la retórica del discurso obradorista, tendría que ser entendida como una matización de los intereses ya establecidos con el capital internacional, que resultaría muy difícil de volcar a una contra-reforma del artículo 27 constitucional, con sentido nacionalista, para que los pueblos, comunidades y tribus de nuestro país pudieran tener la seguridad jurídica y constitucional para poder ser ellos los productores, distribuidores y comercializar bajos sus usos y costumbres, la producción de los alimentos.
Ello sería un riesgo para el capital internacional que platearía un sistema proteccionista burdo ante los ojos de las grandes industrias alimenticias, más si Estado intervenía en el mercado para fijar precios de garantía. Esto pondría nerviosos a los grandes monopolios de la industria en la materia que provocarían una virtual intervención militar y económica por los intereses trasnacionales en juego en nuestro país. Por lo que, AMLO sólo le queda jugar con las palabras y la retórica para simular su compromiso con los sectores del campesinado y productores en micro, pequeño y mediano de los alimentos.
Como se pudo leer a lo largo de esta reflexión, quienes son los artifices de estos proyectos sus intenciones son evidentes y claras, donde la rápida creación de nuevos parques eólicos, subestaciones eléctricas y líneas de transmisión, siderúrgicas, gasoductos y terminales de gas, presas hidroeléctricas, la construcción de vías férreas y carreteras son medios para continuar con el saqueo a los territorios del sur de México y de los países centroamericanos, saqueo que comenzó en desde 1492. Lo que está en juego es el futuro de nuestros pueblos y la soberanía alimentaria.
Bibliografía
Ricardo García Jiménez. Profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Tecnológica de la Mixteca (UTM). Profesor por asignatura de las materias de Victimología y Sociología Criminal en CADIT-UPAV. Presidente de la Asociación de Periodistas Independientes de la Mixteca A. C. (APIM). Colaborador para diferentes periódicos en la entidad y sitios electrónicos.
 Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=260826

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