El río negro de la “Justicia ”
1 de agosto de 2019
A la Justicia rionegrina le llevó
seis años confirmar lo que los abogados Sergio Heredia y Leandro Aparicio ya
sabían en 2012: que Daniel Solano fue asesinado de forma violenta por policías.
El río de la justicia provincial se volvió cada vez más negro para Gualberto
Solano (su padre) y el fallo del 1 de agosto de 2018 llegó con retardo e
incompleto: no explica por qué los policías mataron a Daniel.
Por Jessica Visotsky y Eugenia De Rossi, para ANRed.
Roipota
ko, mburuvicha reta mbaeti okañi jare toyapo jupigua….
(texto
de la familia Solano
en lengua guaraní)
Nosotros,
los de Cherenta, queremos que quienes hicieron mal paguen.
Y que
las autoridades no se olviden y hagan justicia…
A un año de la sentencia
Después de siete meses de
investigación, tras la desaparición del trabajador rural Daniel Solano, los
abogados Sergio Heredia y Leandro Aparicio ya habían resuelto prácticamente el
caso y por eso en julio de 2012 se detiene preventivamente a los siete (7)
policías acusados, quienes esperaron en prisión un juicio que nunca llegó. Así
se vencieron los plazos de la prisión preventiva y por eso los policías fueron
liberados
en 2015, para recién ser llevados
a juicio durante 2018 y ser hallados culpables, condenados a la pena máxima.
A un año de la sentencia del
tribunal que dictaminó la prisión perpetua para Sandro Berthe, Pablo Bender,
Juan Barrera, Pablo Albarrán Cárcamo, Pablo Quidel, Diego Cuello y Héctor
Martínez, todos ellos, pertenecientes a la Policía de Río Negro, siguen en
libertad hasta que la sentencia quede firme. Actualmente la Suprema Corte de
Justicia de la Nación debe dirimir respecto de los pedidos de los abogados
defensores que apelaron la decisión del tribunal, apelación que ya fue
rechazada por el Superior Tribunal de Justicia rionegrino.
Después de siete meses de investigación los abogados Heredia y
Aparicio ya habían resuelto el caso y por eso en julio de 2012 se detiene
preventivamente a los siete policías. Seis años después, la Justicia rionegrina
arriba a la misma conclusión y los condena a perpetua. Un año después de esa
sentencia, los asesinos continúan en libertad.
¿Por qué lo mataron?
El fallo del tribunal se
restringió a los fundamentos de la pena exclusivamente, con un planteo
descontextualizado de lo que sucedió aquella madrugada de noviembre de 2011 en
el boliche Macuba. Concreta y oficialmente, esa noche en Macuba había tres (3)
policías cumpliendo la función de adicionales (Muñoz, Toledo, Etchegaray); sin
embargo, más de veinte (20) testigos afirman haber visto también a Bender,
Berthe, Martínez y Barrera, vestidos con uniforme y cerca de Solano. La
presencia de estos cuatro (4) policías, que no debían estar ahí, es lo que le
permite a la querella plantear el supuesto móvil del crimen: a Daniel Solano lo
fueron a buscar.
“Si nosotros teníamos razón cuando dijimos que Solano estaba
muerto, ¿por qué no vamos a tener razón cuando decimos que Daniel Solano fue
estafado?” (Sergio Heredia, abogado de la familia Solano ).
Ese viernes 4 de noviembre de 2011
por la tarde, Daniel y sus compañeros habían cobrado y se dieron cuenta que les
estaban pagando muy poco; por eso iban a hacer un reclamo el día lunes para que
les “reintegren” lo que faltaba.
La investigación que desarrolló la querella
develó una estafa millonaria por parte de la empresa Agrocosecha
a los trabajadores del norte, estafa que podía perpetrarse, temporada tras
temporada, porque los norteños en su mayoría no tienen estudios (primarios,
secundarios) y eran disciplinados desde que llegaban hasta que se iban, intimidados
y reprimidos por las fuerzas de seguridad local que custodiaban los campos
donde trabajaban, los galpones donde vivían, las oficinas donde iban a cobrar y
los boliches a los que iban a bailar.
Solano no era un líder gremial ni
fue mentor de un reclamo colectivo por salarios o estafa; simplemente era un
trabajador que pudo leer su recibo de sueldo, identificó una liquidación mal
realizada, compartió esto con sus compañeros y se dispuso a realizar el planteo
ante la patronal, con todo lo que implicaba en términos de opresiones y de
control en ese contexto laboral. Hacer un reclamo por lo adeudado claramente
podía implicar el develamiento de la estafa millonaria que estaba por detrás.
La hipótesis de la querella es que los siete (7) policías condenados ejecutaron
a Solano por orden de miembros de una asociación ilícita conformada por
empresarios, funcionarios judiciales y agentes de la policía de Río Negro, para
encubrir la estafa laboral a Daniel y a cientos de trabajadores golondrinas.
Hay más de 25 causas conexas a la principal, con otras
desapariciones y muertes de trabajadores del norte.
El río negro de Expofrut y Pichetto
Trata de personas, narcotráfico,
estafa, apremios ilegales, encubrimiento policial, amenazas a testigos, desvío
de la investigación, asociación ilícita… La investigación de la desaparición de
Daniel provocó un efecto ‘caja de pandora’ y hay más de veinticinco (25) causas
conexas a la principal con otras desapariciones y muertes de trabajadores del
norte ligados a Expofrut. Los casos de Pedro Cabañas Cuba, Hector Villagrán,
Andres Cuyebay, Luis Miguel Orias y Roque Peradillo, se suman al río negro de
casos impunes en la región y son parte de la parálisis judicial. Hay más
involucrados que deberían estar imputados: Tomás Vega (el octavo policía que
también fue señalado por varios testigos como presente esa noche en Macuba y en
las oficinas de Agrocosecha mientras los trabajadores cobraron), el dueño del
boliche Macuba, los hermanos Lapenta y Mercado de Agrocosecha y la cadena de
responsabilidades hacia los directivos de Expofrut.
Los casos de Pedro Cabañas Cuba, Hector Villagrán, Andres
Cuyebay, Luis Miguel Orias y Roque Peradillo, se suman al río negro de casos
impunes en la región vinculados a Expofrut.
Vale recordar el nombramiento del
director de Expofrut, Fernando Oris de Roa, como embajador de Argentina en
EE.UU. en la actual gestión de Mauricio Macri y, actualmente, la alineación del
senador Miguel Angel Pichetto como compañero de fórmula del presidente. La
ascensión de CEOs de empresas que pasan a tener cargos públicos, que
caracterizó a todo el gobierno de Cambiemos, se corona con un salto camaleónico
del senador rionegrino que debe leerse en clave corporativa, para tomar
dimensión de todas las aristas que abarca este caso.
Gualberto Solano falleció el 3 de abril de 2018, apenas iniciado
el debate judicial por el homicidio de su hijo.
La justicia demorada es justicia denegada (y mata)
Hay otra muerte vinculada a la
asquerosa lentitud de la justicia y es la de Gualberto Solano.
Gualberto vivió más de cinco años en Choele Choel, en un acampe, en la iglesia,
haciendo huelgas de hambre y debiendo encadenarse frente al juzgado para que la
Justicia avance. Murió de dolor y tristeza, buscando a su hijo. Hoy la
comunidad de Cherenta sigue pidiendo justicia y lo hace en su lengua. Los
abogados Aparicio y Heredia, el Padre Cristian Bonin (el párroco de la iglesia
que albergó a Gualberto, a Sergio Heredia y a las fojas y fojas de la causa) y
lxs compañerxs de Choele Choel también siguen esperando la sentencia firme que
dictamine que estos policías no estén más en libertad. Cruzarlos en las calles
de Choele Choel, en el supermercado, tomar un remis y que el chofer sea uno de
los policías asesinos, son solo algunas de las situaciones que les toca vivir.
Sin Daniel y sin Gualberto, la familia Solano
desde Salta y los abogados siguen impulsando acciones orientadas a encontrar
los restos del cuerpo de Daniel para que pueda ser enterrado junto a su padre.
Con todos los expediente ahora en Tartagal, se van a impulsar acciones civiles
contra la provincia de Río Negro y todos los civiles, policías y funcionarios
judiciales vinculados con la causa por acción o negligencia; deberán responder
por cifras millonarias y serán indemnizaciones por
daños y perjuicios.
Imagen de portada: obra del
artista rionegrino Chelo Candia.
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Fuente: https://www.anred.org/?p=119574
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