Del
Cordobazo a la dictadura
Las rebeliones
populares del Cordobazo/Rosariazo de 1969 pusieron en
jaque al gobierno militar de la “Revolución Argentina ”.
En 1974 Nuevo Hombre sostiene que estas
rebeliones son “el faro revolucionario que guiará al triunfo indiscutible
contra la reacción y forjará una patria sin explotadores, ni explotados, la Patria Socialista ”.
Si en el 1900 los sindicalistas revolucionarios vieron en la huelga general el
mito fundacional de una nueva sociedad, en los 70 el mito se transforma en la
insurrección de masas, y su posible continuidad en la guerra popular, en donde
la huelga se subordina a formas más combativas.
A lo largo de los años
1969-1976 el simbolismo de la protesta recorrió desigualmente los territorios,
las clases y los grupos de la sociedad argentina. En comparación con la
extraordinaria ola huelguística de 1959 (fundamentalmente porteña), en el ciclo
del Cordobazo participaron estudiantes, intelectuales,
sacerdotes, campesinos y pequeños empresarios. Además, este ciclo incorpora el
giro peronista de 1973. Esta heterogeneidad de identidades sociales, políticas
e intereses materiales signará la activación setentista.
En esta activación los
sindicatos enfrentaron el descontento activo de las bases a lo largo de estos
siete años de movilización. La CGT queda descolocada por su apoyo al golpe de
estado de 1966, consonante con el “desensillar hasta que aclare” emitido por
Perón desde el exilio en Madrid. Defraudados, específicamente con la política
económica liberal a manos de Krieger Vasena, los dirigentes sindicales
convocaron a una huelga general en 1967 que en parte fracasó por su propia
inconsecuencia y encontró una represión más dura, la ilegalización e
intervención a los fondos gremiales. Esta ruptura con el estado privaba a la
estructura sindical del canal para desempeñar la estrategia vandorista del
“golpear y negociar”, que debilitaba su papel de vocero político de los
trabajadores, con el peronismo todavía excluido.
El fantasma del “poder
obrero” recorría la
Argentina. Teniendo su centro en Córdoba, paulatinamente se
irá extendiendo hacia Buenos Aires. Desde Córdoba, tanto las siglas
SITRAC-SITRAM como los nombres Agustín Tosco y René Salamanca personificaron
las nuevas corrientes en el movimiento obrero. Los trabajadores automotrices
cordobeses de FIAT protagonizaron la mayor radicalización en las formas de
acción y en la identidad de clase de su discurso como referentes del
“clasismo”. El luzyfuerzista Tosco expresó, en cambio, una alianza política
ideológica más amplia llamada sindicalismo de liberación, que intentó con
bastante éxito articular a los sectores peronistas combativos con los
militantes marxistas en la CGT cordobesa. En un sentido que procuraba superar
la falta de alianzas propia del primer clasismo, encontramos tanto Salamanca en
el SMATA, como también a Alberto Piccinini en la UOM Villa Constitución.
En
1973, ya con la asunción del Gobierno de Héctor Cámpora, se produjo una ola de
ocupaciones de establecimientos administrativos públicos, educativos y medios
de comunicación. Estas ocupaciones fueron vistas como expresión del conflicto laboral. Pero más bien fueron
el escenario de la puja de fuerzas entre la izquierda y derecha del peronismo
por el control del gobierno, antes que la continuidad del movimiento laboral
combativo.
La rebelión sindical
continuó en conflictos laborales en empresas importantes y en localidades
obreras, de gran impacto cualitativo más que por la cantidad de trabajadores
involucrados. Ejemplos fueron Philips, General Motors, Terrabusi, Molinos Río
de la Plata, Astarsa (Tigre), Pasa (San Lorenzo-Santa Fe), Acindar (Villa
Constitución). En todos ellos los trabajadores de base se enfrentaron
simultáneamente a las patronales y a la estructura sindical nacional, en
sectores industriales estratégicos. En la Petroquímica Pasa
el colectivo obrero practicó la autogestión durante dos meses. Pero se trató de
una experiencia de vanguardia. El Villazo de marzo de 1974 marcó
el pico en la radicalización de estas confrontaciones, esta vez en el seno de la misma Unión Obrera
Metalúrgica. Aquí a la protesta laboral se sumó la solidaridad activa de toda la localidad. Su
respuesta desde el aparato estatal, en el que se había incorporado
conflictivamente la estructura sindical, fue la cruenta represión de marzo de
1975.
Pero
el escenario de 1975 había cambiado significativamente respecto de 1969. Desde
entonces sectores del gobierno de la Revolución Argentina
replantearon, no sin vaivenes, sus relaciones con los sindicatos, el peronismo
y la oposición. La
crisis de integración de los sindicatos en el estado, más la proscripción
peronista, abría una alternativa insurreccional expresada en el
Cordobazo-Viborazo. Para desactivar este rumbo, las Fuerzas Armadas propiciaron
la apertura del régimen democrático con la aceptación del peronismo,
especialmente a partir de la presidencia de Lanusse (1971).
Esta política aisló a
la izquierda revolucionaria. La reapertura constitucional no impidió el proceso
de militarización de la violencia social, pero marcó un cambio en sus formas y
actores. Cuantitativamente los hechos de violencia se duplicaron entre 1969-
1976 y triplicaron durante la dictadura. Desde 1969 a 1972 la violencia
contra el régimen tuvo amplio consenso en todos los sectores sociales (obreros,
medios y altos). Las ocupaciones fabriles con rehenes, o de universidades, y
los enfrentamientos callejeros con las fuerzas represivas eran tan frecuentes,
como las acciones armadas de las vanguardias revolucionarias, y ambas se
solidarizaban contra la
dictadura. Además de la participación directa, la solidaridad
se expresaba en la simpatía popular. En 1972 más de la mitad de la población
aprobaba la violencia desde abajo, con mayor simpatía aún en los sectores
medios y altos que bajos, y en el interior que en Buenos Aires. La reapertura
política replanteó la relación entre violencia y política, aislando a los
revolucionarios armados de sus bases. Las acciones armadas pasaron de la
protesta social a ser protagonizadas por las organizaciones revolucionarias y
los grupos paraestatales y estatales de represión. Si bien estos últimas
impusieron su fuerza militar a través del terrorismo, actuaron de parte del
gobierno peronista de base popular y sindical.
Como parte de las
concesiones posteriores al Cordobazo, el gobierno decreta la Ley 18.610 de
Obras Sociales que otorga los fondos a los sindicatos. Aunque no reanudó la
negociación colectiva, reivindicación que motivó recurrentes paros nacionales
por la vigencia de la Ley 14.250. Empero, el plan de apertura de Lanusse
adelantó el marco económico y político para el Pacto Social de 1973 por el que
la CGE, CGT y Gobierno acordaron congelar precios y salarios. A pesar del
aumento de salarios inicial, el congelamiento de las paritarias entre 1973 y
1975 creó un frente de conflictividad inmanejable para Perón e Isabel Perón que
desembocaría en el Rodrigazo. Ocurrió que el Pacto
Social no impidió que los empresarios subieran los precios, o crearan mercados
negros, provocando la demanda salarial. También data de Lanusse cierto
nacionalismo económico (Ministerio Aldo Ferrer), expresando de hecho la
imposibilidad que el juego de las fuerzas sociales trajo a los planes
neodesarrollistas de los primeros años 60.
El
retorno de Perón, sobrevolando la masacre de Ezeiza el 20 de Junio de 1973,
simbolizaba contradictoriamente los derechos obreros, el capitalismo con
justicia social, y el freno contra la subversión marxista en la “comunidad
organizada”. Su candidatura era sentida como propia por los trabajadores,
aquello por lo que lucharon durante 18 años, por esto Agustín Tosco evitó
competir electoralmente con el FREJULI.
Durante
estos años se fortaleció social e institucionalmente el poder de los
sindicatos, al mismo tiempo que lanzó la represión ilegal terrorista contra los
activistas y dirigentes clasistas, combativos u opositores, mediante
asesinatos, interviniendo seccionales y sindicatos. El gobierno nacional
desplazó por la fuerza policial y parapolicial a los gobernadores provinciales
cercanos a la Tendencia revolucionaria (izquierda peronista), incluyendo
Córdoba y Buenos Aires. En estos operativos participaron grupos armados del
aparato de la CGT (Juventud Sindical Peronista).
Después
de la gestión de Cámpora, el Gobierno censuró a la prensa escrita, la
televisión, y el cine. La Universidad de Buenos Aires, llamada Universidad
Nacional y Popular de Buenos Aires durante el período de hegemonía peronista
revolucionaria, fue intervenida con violencia de igual modo que sindicatos y
provincias.
Un último gran ascenso
de las movilizaciones laborales de base fue catalizado por la paralización
general del trabajo durante los meses de Junio y Julio de 1975 como respuesta a
la política de shock neoliberal denominada Rodrigazo. Pero esta vez la
movilización empujó a las conducciones de la CGT las que mantuvieron la
representación al canalizar la
protesta. En este tramo, florecieron las Coordinadoras
Gremiales, que articulaban una gran parte de las comisiones internas y
seccionales combativas, desafiando la conducción cegetista. Estas Coordinadoras
surgieron en Córdoba, Gran Buenos Aires, y en la zona industrial de La Plata. Las Coordinadoras
de Buenos Aires representaron unos 130.000 trabajadores, manifestando una
importante capacidad de la izquierda de base sindical, con más peso de la Juventud
Trabajadora Peronista.
Luego
del Rodrigazo, el alejamiento del Gobierno de Isabel Perón de sus distintas
bases sociales (de los de arriba, pero también de los de abajo) decidió a los
grupos dominantes que había terminado el ciclo del Cordobazo y volvería, de una
manera mucho más radical, la etapa represiva. El golpe de estado del 24 de marzo
de 1976 no fue un acto irracional de las Fuerzas Armadas, sino una estrategia
de la clase dominante en alianza con una parte de los sectores “democráticos”
de las clases medias.
Fuente original: Acción.
En defensa del cooperativismo y el país, No. 1058, pp. 24-25
Fuente: http://contrahegemoniaweb.com.ar/del-cordobazo-a-la-dictadura/
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