martes, 5 de febrero de 2019

"Queremos más espacios para las infancias y las juventudes dignas, queremos espacios en donde puedan elegir, encontrarse, organizarse, expresarse, jugar, bailar, hacer deporte, tocar música o lo que les guste, queremos más y mejores escuelas, que no sean discriminadxs nunca, queremos para ellxs, toda la ternura. Asimismo como organizaciones sociales, tenemos la tarea de intentar promover otros sentidos comunes alternativos al policiamiento, al punitivismo y a la criminalización de las infancias y juventudes".

Los Lucianos
31 de enero de 2019

*Por Noelia Luque, Especial para Contrahegemonía Web
Luciano y los Lucianos
El 31 de enero de 2009, Luciano Arruga con 16 años salía de su casa, ubicada en el barrio 12 de octubre de la localidad de Lomas del Mirador, para ir a lo de su hermana Vanesa Orieta.

Desde ese día, estuvo desaparecido durante la intendencia de Fernando Espinoza y la gobernación, a nivel provincial, de Daniel Scioli. Desaparición sin rastros, cuerpo ausente y el terror de la incertidumbre. La policía bonaerense le había puesto los ojos en la nuca, ofreciéndole robar para el destacamento policial de Loma del Mirador, con armas y garantías. Pero Luciano les dijo que no.

A los cinco días de su desaparición, la familia presentó el primer habeas corpus pero fue rechazado por el Juez Gustavo Banco y la fiscal Roxana Castelli. Dos meses después, la fiscal es desplazada por irregularidades en la investigación tales como delegar la búsqueda de Luciano a los mismos policías señalados por torturarlo y desaparecerlo, desoír las denuncias de la familia sobre la policía, y tomarle declaración a Vanesa con uno de los policías acusados a sus espaldas. A la fiscal Roxana Castelli la reemplaza Celia Cejas Martin.

En enero de 2013, el Juez Gustavo Banco se declara incompetente y la causa, ahora a cargo del Juez Salas, pasa al fuero federal, cambiando la carátula de “averiguación de paradero” a “desaparición forzada de persona”, dándole veracidad a lo que la familia venía denunciando desde un principio. Diez meses después de este hecho, se demuestra que la fiscal Cejas  (autorizada por el Juez Banco) había intervenido los teléfonos de la hermana, mamá y abuela de Luciano durante más de un año.

En abril del año 2014, el Juez Salas rechaza el segundo hábeas corpus presentado, aunque meses más tarde es aceptado por la Cámara Federal de Casación Penal. El 17 de octubre de 2014, el cuerpo de Luciano aparece enterrado como NN en el Cementerio de Chacarita tras haber sido atropellado por un auto en Mosconi y Av. Gral Paz. Días más tarde, la familia pide el juicio político para las fiscales Castelli y Cejas Martin y para el Juez Banco.

Otra vez, la impunidad judicial se refleja en la perversidad del Estado de entregarle a la familia restos óseos, cinco años y ocho meses después de la desaparición. A Luciano finalmente su familia pudo reconocerlo por una fractura en las costillas, provocada en septiembre de 2008, cuando fue detenido ilegalmente y torturado durante diez horas en el mismo destacamento de Lomas del Mirador. Por aquel hostigamiento fue sentenciado a diez años, el policía bonaerense Julio Diego Torales, el único preso en la causa.

Actualmente, el Juez acusa a la familia de presentar testigos “falsos”, casualmente son quienes hablan de Luciano golpeado y encerrado en el destacamento de Lomas del Mirador. Además, hay otros dos testigos importantes, por un lado quien atropelló a Luciano que confesó que corría desesperado, escapando de algo o de alguien; y, por otro lado, un testigo que vio un patrullero de la Bonaerense sobre la colectora, yéndose con luces bajas en ese momento.
A Luciano lo recordamos como el negro villero que se negó a robar para la policía, pero si hubiese robado, también lo recordaríamos. No hay pibes más importantes que otros, todos son igual de imprescindibles. Luciano duele, por él y por todos los Lucianos. La vida para los Lucianos sabe de finales abruptos y feroces, devoradores de presente y futuro. Después de 35 años de democracia, el Estado se muestra ante los Lucianos en forma de tortura, secuestro, asesinato y desaparición. De esta manera, el Estado se presenta en su forma más horrorosa, junto a la exclusión y la marginalidad, la represiva.  Sigue siendo, éste, un país de invisibles, de personas que el Estado elige no ver, que la sociedad no ve, a la que se le cierran las puertas constantemente. Y que cuando se hacen visibles, por necesidad o sobrevida, les mandan a la policía.

Para las familias y amigxs de los Lucianos, las respuestas también son las mismas: desgaste, hostigamiento, amedrentamiento, criminalización, generar miedo y terror para que no sigan luchando.

Criminología mediática
Los medios masivos de comunicación marcan diariamente la agenda periodística. Cuando miramos la televisión apenas comienza el día o leemos algún portal o diario mientras viajamos en algún transporte público, vamos al encuentro directo con significaciones que aportan a construir nuestra realidad cotidiana, ofreciéndonos una mirada de cómo entender al mundo. Desde ya que nada ni nadie nos obliga a aceptar lo que los medios nos afirman. Sin embargo, ocupan un rol importante al momento en que imaginamos nuestra realidad.
Los Lucianos suelen aparecer en medios masivos sólo desde miradas estigmatizantes y criminalizantes, en términos de “menores de edad” y nunca como “niños” o “jóvenes”.
Los medios-portales de alcance masivo como Clarín e Infobae suelen valerse de narrativas que responden a sostenes de la criminología mediática que no es un fenómeno aislado sino que hay que enmarcarla en la política general. En los pueblos latinoamericanos, es necesaria para el desbaratamiento del estado de bienestar. En particular, en Argentina, surge a partir del retorno a la constitucionalidad, cuando ya no era posible el retorno a dictaduras militares. Se caracteriza fundamentalmente por legitimar desde los medios todas las medidas represivas hacia la población excluida con la particularidad de presentarse como medidas que evitan el caos. Tal es así que la desaparición de Luciano, tanto en Clarín como en Infobae, apareció como noticia meses después de aquel 31 de enero de 2009.

Para muestra de la criminología mediática, hace falta un botón. El momento de mayor cobertura mediática que tuvieron los familiares y amigos de Luciano Arruga por parte de estos medios masivos, fue el 17 de octubre de 2014,  cinco años y ocho meses luego de que hayan desaparecido a Luciano, cuando su cuerpo aparece enterrado como NN en el Cementerio de Chacarita. Pero la cobertura no fue alrededor de un desaparecido en democracia sino como una víctima de un accidente, atropellado por un automóvil en una avenida.

Uno de los sostenes de la criminología mediática es la construcción de un ellos, separado del resto de la sociedad por ser un conjunto de diferentes y malxs. Lxs ellxs funcionan como chivos expiatorios, aunque suelen variar según el lugar y el tiempo. Suelen ser amplios sectores de la población de los que provienen todos los implicados en la violencia del poder punitivo. Para formar lxs ellxs, se seleccionan los delitos más cargados “violencia gratuita” y los demás se minimizan o se muestran de formas distintas porque no son funcionales. En la construcción que se hacía para ese entonces de Luciano por estos medios, no era tan notoria la construcción del ellxs debido a que la violencia se había cometido contra quien generalmente es construido como quien la propicia. Luciano era la víctima pero esto no cuadraba para la tirada masiva quien quiso solapar su desaparición. Tal es así que Clarín publicaba “Durante todos estos años, su familia acusó directamente a policías de un destacamento de Lomas del Mirador de haberlo asesinado y hecho desaparecer porque el chico se negaba a robar para ellos. Pero ahora el caso tuvo un giro inesperado y revelador: ayer se descubrió que el adolescente fue atropellado por un auto el día de su desaparición y que tres días después fue enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita. El caso era hasta ahora un emblema de las peores prácticas de la Policía Bonaerense. Antes de su desaparición, Luciano había sido detenido sin motivo por agentes de Lomas del Mirador (La Matanza) en al menos dos oportunidades y había sufrido apremios ilegales. Pero ayer su familia fue informada por la Justicia de que su final habría sido ajeno a todo esto.”[1] e Infobae no se quedaba atrás titulando “Luciano Arruga fue atropellado el día de su desaparición y enterrado como NN”[2] o afirmando que “Los médicos que hicieron la autopsia no describieron signos de tortura en el cuerpo”[3]

La criminología mediática puede más que la voz de la familia. Vanesa, en la conferencia de prensa en la que anunciaban que habían encontrado a Luciano, anticipó lo que luego varios medios harían: “ustedes pueden informar que fue un pibe que cruzó la autopista y lo atropelló un auto y ya. Pero van a estar mintiendo. Porque la familia denunció que hubo acoso policial. Que está confirmado que el 22 de septiembre de 2008 fue víctima de una golpiza. Y que cuando mi hermano desaparece, hubo peritajes positivos que arrojaron que Luciano había estado en un patrullero, había estado en un descampado, que los patrulleros se salieron de la cuadrícula. Esto no cierra con un pibe que cruzó la autopista. Hay que saber la verdad”.

Estado de implosión policíaca y punitiva
Diez años pasaron desde aquel 31 de enero en que a Luciano lo desaparecían. Afirmamos que Lucianos los hay, así, en plural y muchísimos. Entonces, desde el Estado, ¿algo cambió desde aquel día?
Cada etapa histórica genera ideas que son respuestas a fenómenos sociales, producto de cambios en el orden social. El abordaje de estas ideas, sólo tienen coherencia dentro de los contextos culturales, políticos, sociales, económicos e ideológicos en los que surgieron. Todos los discursos se construyen en determinados contextos, es impensable un discurso sin su contexto de surgimiento. En este sentido, el discurso sobre lo punitivo y sus prácticas, no escapan a mencionada premisa.
El poder punitivo es detentado por el aparato estatal. Es un poder fortalecido en una discursividad compleja. Es por esto que resulta imposible pensar lo punitivo por fuera de la categoría del Estado. Tal como afirma Federico Arnedo “puede uno identificar un modelo punitivo para cada modelo de Estado y así habrá uno para el inquisitivo, otro para el capitalista incipiente, otro para el modelo capitalista en crisis, otro para el estado de bienestar y finalmente uno para el modelo del capitalismo financiero, de los servicios, las comunicaciones y las tecnologías”[4]. Específicamente, desde mediados de los 70´, se han producido una serie de cambios tanto en los modelos de Estado como en sus estructuras sociales. Estas transformaciones han sido fruto de otras dadas en el marco del mercado mundial y en las modalidades de producción industrial.
Todos estos cambios son producto de la incesante tendencia del capitalismo por concentrarse y expandirse cada vez más, se trata de un proceso de globalización como aceleración expansiva del capital. Y esto trae aparejada la internacionalización de la economía, la interacción creciente entre los distintos países y una homogeneización de lógicas sociales. En el marco de esa misma homogeneización, se genera también la coexistencia de un sector pequeño de riqueza y modernización junto a miseria, explotación, pobreza y marginación de las mayorías. Se abre lugar así, a un mercado globalizado e internacional que intercambia bienes pero que fundamentalmente se aboca al mercado de capitales (inversiones que controlan las unidades productivas en economías extranjeras e inversiones especulativas de corto plazo)

Con el desarrollo del neoliberalismo se reorientan las formas de control social en la sociedad capitalista. La novedad es que la clase social que aparece como hegemónica no es una clase nacional sino una clase transnacional que surge de la articulación e integración de diversas burguesías nacionales formada por los sectores más dinámicos del capitalismo globalizado (financiero, tecnologizado, de las comunicaciones y los medios masivos).

Al nuevo modelo económico, dentro de los márgenes del sistema capitalista, le corresponde un modelo político que ante su incapacidad de dar respuestas a la conflictividad social, subordina su esencia democrática, constitucional y de derecho, quedando así su poder limitado a una simple formalidad y cediendo, en los hechos, todo el espacio de las instituciones al dominio exclusivo del estado de policía. Este fenómeno es el que Arnedo denomina “de implosión policíaca y punitiva” o “de irracionalidad estatal descontrolada”.

Esta situación es la que necesita el poder transnacional hegemónico para lograr imponer sus reglas de mercado afianzando el paradigma de exclusión, pobreza, e indigencia. Asimismo, este modelo de Estado se caracteriza por instaurar un paradigma de seguridad que intenta mostrarse como el objetivo que justifica la violencia detentada en nombre del propio Estado. Así, el planteo de la “seguridad” es el cohesionante y dinamizante de nuestras sociedades globalizadas. No obstante, la “seguridad” que se busca es la defensa de los mercados económicos y financieros, nacionales y transnacionales.
Para lograr esta “seguridad”, el poder hegemónico construirá un discurso tendiente a disfrazar el verdadero problema (de la imposibilidad de la obtención del mayor beneficio económico con el mínimo costo o con costo cero), y reorientarlo a problemas de naturaleza local como la “inseguridad”. Allí es donde se instrumentan discursos de sociedad en riesgo y control, y donde las corporaciones de comunicación cumplen su rol de constructores de realidad y manipuladores del imaginario social.

Punitivismo como demagogia electoral
Llegadxs a este punto, es necesario volver la mirada a la actualidad. Cambiemos está pasando por una crisis de confianza. En este contexto y de cara a las elecciones de este año, el gobierno necesita desplazar el centro de atención y mantener el apoyo que lo llevó a la presidencia en elecciones anteriores. Es por esto, justamente que, cuando no se puede hacer campaña con el empleo, la salud, la educación, la vivienda, etc., sólo resta echar mano en otros aspectos nodales para el entramado social. Y uno de los pocos lugares que les queda para revalidarse es la “seguridad”.
De esta forma, se publicó la Resolución 956/2018 (“Reglamento general para el empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales de seguridad”) que permite el fusilamiento en manos de las fuerzas federales, se anunció del Programa Restituir que impulsa el reingreso a las fuerzas  de seguridad federales de agentes que cursaron procesos judiciales por exceso en el uso de la fuerza, se compraron armas como las Taser para torturar, etc.

En esta profundización de las políticas de mano dura, se enmarca también el proyecto de bajar aún más la edad de punibilidad a 15 años, medida defendida por Miguel Ángel Pichetto, Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y Sergio Berni. Este proyecto, que cuenta con el aval del ministro de Justicia, Germán Garavano, y con el de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich,  es el caballito de batalla de este y de anteriores gobiernos. Fue el propio gobierno de Cristina Kirchner, quien en acuerdo con la oposición, en 2009 el que impulsó la baja de edad de punibilidad de 16 a 14 años, impulso que recibió media sanción en el Senado. Nada puede empeorar aún más la vida de los Lucianos y sus familias que penarlos con cárcel. En los lugares de encierro se viven condiciones infrahumanas, con niveles de hacinamiento y sobrepoblación sin precedentes a nivel nacional, y en particular en la provincia de Buenos Aires. Lxs detenidxs y presxs en Argentina padecen torturas sistemáticas, desatención de la salud, muertes por enfermedades curables, hambre y escasas posibilidades de trabajar o acceder a la educación. Y acá es necesario retomar a Alberto Morlachetti, quien decía “¿A qué edad imputamos a un pequeño? ¿A los 14 años? Parece no ser suficiente. ¿Quizás a los 12? ¿Hay discernimiento en esas edades? ¿Sabe un niño diferenciar lo bueno de lo que no lo es? ¿Lo prohibido de lo permitido? Manuel Ossorio, hombre de prestigio del derecho, dice que “quien obra sin discernimiento absoluto no puede darse cuenta del alcance, del valor ni de las consecuencias de las acciones que realiza”. El discernimiento puede estar disminuido por varias causas, las anímicas, el miedo, la ofuscación y ese príncipe de las tinieblas llamado paco. ¿No está mutilado un niño que sufre hambre, abandono, que ha sido violentado, que vive a la intemperie? ¿No está afectado el niño que no tiene los insumos básicos de la crianza humana: la familia, la ternura, el abrigo, el pan?
Es entonces que dentro del ámbito del Derecho Penal los niños, afectados por la ausencia de derechos que nunca le otorgaron, no pueden discernir plenamente la índole delictiva del acto que realizan, porque no pueden diferenciar entre el bien y el mal.
Invocar discernimiento precoz es condición, pero no suficiente. Entonces invocan las figuras más nefastas del oscurantismo penal, nos recuerdan la concepción positivista del “delincuente natural”, las genéticas irreparables de nuestros niños.
Responsabilidad penal juvenil para los de “otra raza”, los pobres que no lo pueden disimular: tienen que robar gallinas para comer.”[5]

Se inicia así un período, previo a las elecciones, de medidas irresponsables y demagógicas (cuanto menos), de mayor incidencia en el menoscabo de derechos. Siguiendo este camino, se logra el “policiamiento” de la conflictividad social y tal como exponía Arnedo, se subordina la esencia democrática, constitucional y de derecho, quedando así su poder limitado a una simple formalidad y cediendo, en los hechos, todo el espacio de las instituciones al dominio exclusivo del estado de policía. Al subordinar la esencia democrática, el Estado propuesto a los Lucianos es penal, nunca un Estado social.
 
Se precisan Lucianos para amanecer
Como decíamos al principio, la historia de Luciano es también la historia de tantísimos otros Lucianos igual de imprescindibles. De Lucianos cuyas vidas son arrebatadas en última instancia por la represión estatal. Pero cuando hablamos de represión estatal es necesaria una aclaración. No suponemos un Estado en términos de un todo homogéneo u homogeneizado, ni un sistema cerrado. No es “algo” que se toma, acumula o pierde. Por el contrario, entendemos al Estado como una constelación de relaciones contradictorias y desiguales de poder, complejas y cambiantes. Son partes relacionadas alrededor de una razón y organizadas según un mando en particular.
Concebir al Estado como dispositivo es suponer elementos muy distintos como discursos, imaginarios sociales, juicios morales, instituciones, rutinas sociales, etc, enmarcados en la arena de las relaciones de poder. Esta aclaración es necesaria para pensar al Estado represor no sólo en las distintas fuerzas de seguridad sino que podemos encontrarlo desde el momento en que como sociedad pensamos con valores y criterios punitivistas. Tal como expresa Estaban Rodriguez Alzueta “el policiamiento no es una política que define la agenda del Ministerio de Seguridad -solamente-, es también las maneras de pensar, sentir y obrar de la comunidad que tienen como telón de fondo el imaginario social que se expresa en el sentido común y se rastrea en las habladurías del barrio”[6]
Entender al Estado como dispositivo también nos permite suponer que donde hay disputa de poder, hay resistencia y líneas de fuga. En definitiva, el Estado tiende a estabilizar lo que se corre de lugar, imprime regularidad a las palabras y a las acciones. Pero esa estabilidad no es ni única ni para siempre, y ahí está el rol de la lucha organizada.
Queremos más espacios para las infancias y las juventudes dignas, queremos espacios en donde puedan elegir, encontrarse, organizarse, expresarse, jugar, bailar, hacer deporte, tocar música o lo que les guste, queremos más y mejores escuelas, que no sean discriminadxs nunca, queremos para ellxs, toda la ternura.
Asimismo como organizaciones sociales, tenemos la tarea de intentar promover otros sentidos comunes alternativos al policiamiento, al punitivismo y a la criminalización de las infancias y juventudes. Y para esto, también es fundamental, acompañar a las familias de todos los Lucianos, en las luchas y disputas que cada familia se proponga, que en cada pelea por sus hijos/hermanos/sobrinos se cargan de profunda tristeza. Tenemos pendiente acompañar a todas las familias, a las que lograron convertir su dolor en organización y a las que por ahora no encontraron la forma de estar acompañadas y organizarse.
Por último, otra de nuestras tareas, como organizaciones es continuar construyendo espacios donde lxs pibxs puedan encontrarse y saberse capaces de tomar decisiones acerca de su propia vida, desde sus propios símbolos y lenguajes (tan propios de sus identidades) y desde ahí, fomentar su participación y organización junto a otrxs.
[1] https://www.clarin.com/policiales/buscaron-anos-enterrado-tumba-nombre_0_HJlb0KO5v7x.html
[2] https://www.infobae.com/2014/10/17/1602460-luciano-arruga-fue-atropellado-el-dia-su-desaparicion-y-enterrado-como-nn/
[3] https://www.infobae.com/2014/10/17/1602526-que-determino-la-autopsia-que-le-realizaron-luciano-arruga-2009/
[4] Arnedo, F. Estado, poder punitivo y seguridad: una posible explicación de cómo la abusiva práctica de encarcelar personas en forma preventiva se construye como única respuesta a la conflictividad social multifactorial.
[5]https://www.pelotadetrapo.org.ar/2013-09-05-12-30-19/2017/3527-penalizaciones.html?fbclid=IwAR2hqXLLPeK4ad9kqtKScCx4ESSfz8ZTD2lKulWPn0qmsSdsWzy_KyE86_o
[6] Rodríguez Alzueta, E.(2014) Temor y control: La gestión de la inseguridad como forma de gobierno. CABA, Argentina. Editorial Futuro Anterior.
 
*Militante Corriente Popular Juana Azurduy


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