A quiénes sirve
la privatización del agua
18 de febrero de 2018
El
Agua es un bien natural finito y vulnerable, esencial para la vida. En el año 2004 el
Pueblo DECIDIÓ. “El agua no es una mercancía es un derecho humano fundamental.”
Firmemos para derogar la Ley de Riego, privatizadora, mercantilista y
contaminante.
Extractado
de la revista Caudal (Enero
de 2018), órgano oficial de FFOSE.
Es
sabido que disponemos de importantes fuentes de agua dulce en el país, integran
estas ríos, arroyos, lagunas, cañadas y dos importantes acuíferos, el Guaraní
que abarca 1:200.000 kilómetros cuadrados correspondiéndonos 5% (58.545 Km2)
de la extensión, que compartimos con Brasil (70% / 840.245 Km2.),
Argentina (19% / 225.424 Km2.) y Paraguay (6% / 72.540 Km2.),
y el acuífero Raigón, al sur del departamento de San José, con una extensión de
1.800 Km2.
Nos
hemos caracterizado por la excelente calidad de las fuentes de agua dulce
superficiales y subterráneas. Los casos de degradación del agua estuvieron relacionados
con el desarrollo urbano y, en alguna medida, con la contaminación industrial,
concentrándose particularmente en Montevideo, Canelones y Paysandú. Salvo raras
excepciones en algunos casos puntuales de erosión, históricamente el sector
agrícola no fue un actor relevante en sus impactos sobre el agua dulce.
Sin
embargo, hace una década esta realidad ha venido cambiando. El paulatino
deterioro de las fuentes de agua tanto superficial como subterránea vinculada
al cambio del uso del suelo ha mostrado sus consecuencias. Hoy estamos pagando
una “tasa ambiental”, que significa el 7,3 % más en el cargo fijo del servicio
de agua, para mitigar el impacto que han sufrido las fuentes de agua donde OSE
tiene las tomas (Rio Santa Lucia, Laguna del Sauce, Laguna del Cisne).
En el
plebiscito de 2004 en defensa del agua y de la vida se enfrentaron dos
concepciones; la que sostenía que el agua dulce era una mercancía, y por lo
tanto tenía un valor comercial, y los que sosteníamos que el agua era un bien
común esencial para la
vida. Esta contienda se dirimió con el voto de más de
1:400.000 ciudadanos (64,7% del padrón electoral) que decidieron que el agua no
es una mercancía sino un bien común esencial para la vida, por tanto no forma
parte del mercado. Sin embargo, esta voluntad del pueblo es ignorada y
violentada.
Basta
con ver hoy como se pretende burlar la voluntad del pueblo con esta Ley de
Riego cuyo único objetivo es intensificar el uso del agua a niveles nunca
vistos, al servicio del agronegocio y vinculada exclusivamente a los mega
emprendimientos agrarios, sin ningún miramiento de las condiciones de las
aguas, ni medidas que garanticen su cuidado.
Para
entender las causas del paulatino deterioro en las aguas fruto del modelo
productivo vigente tenemos que remontarnos a unas cinco décadas atrás.
En la
segunda mitad del Siglo XX se introdujo en la agricultura mundial la denominada Revolución
Verde , consistente en el desarrollo de variedades de semillas
de alto rendimiento (principalmente para cultivos de cereales: arroz, maíz,
trigo y soja), acompañado de paquetes de fertilizantes, plaguicidas y
herbicidas y de maquinaria apropiada. La Revolución Verde
sentó las bases de la agricultura a gran escala del presente, basada en
extensos monocultivos, la aplicación masiva de insumos químicos, manipulación
genética y altos niveles de mecanización.
El uso
de la misma variedad de semillas durante períodos prolongados y las grandes
extensiones de monocultivos reducen la biodiversidad, lo que implica una
disminución de su resistencia a las plagas. Como resultado, se incrementa el
uso de plaguicidas y fertilizantes, generando un impacto negativo en el suelo,
provocando el agotamiento y salinización del mismo, así como su compactación
por la maquinaria utilizada.
El uso
creciente de plaguicidas y fertilizantes da lugar a una alta concentración de
nutrientes en los cursos y espejos de agua, comenzando a generarse problemas de
eutrofización e híper-eutrofización en las fuentes de agua.
Socialmente
este modo de producción agrícola excluyó más que incluyó gente, desaparecieron
pequeños y medianos productores, cuyas tierras pasaron a ser ocupadas por
monocultivos en manos de grandes empresas quedando las tierras en poder de unos
pocos.
En
este tipo de agricultura el productor se vuelve dependiente de los proveedores,
ya que las semillas cosechadas (híbridas o transgénicas) no pueden ser usadas
para una nueva siembra y, además, deben ir acompañadas de un paquete de
plaguicidas y fertilizantes, así como de costosa maquinaria agrícola. Está
basada, asimismo, en el desarrollo de cultivos exportables, de forma tal que
cada vez se destinan menos tierras a aquellos cultivos locales y tradicionales,
con menor interés de exportación.
La defensa de este
modo de producción agrícola a nivel internacional ha estado asociada con el
slogan de la “lucha contra el hambre”. La realidad demuestra lo
contrario, enormes extensiones de tierras productoras de alimentos se destinan
a monocultivos de caña de azúcar, soja y maíz transgénico, arroz y eucaliptos,
cuyo destino principal no es luchar contra el hambre, sino abastecer la demanda
de insumos por los países industrializados.
¿Hacia
donde va Uruguay?
En
Uruguay, los monocultivos de soja transgénica y de eucaliptos -de pinos en menor
media- ocupan más de 2:000.000 de hectáreas, muchas de ellas en las mejores
tierras, antes destinadas a la producción de alimentos. También aquí, la Revolución Verde
sirvió para expulsar a pequeños y medianos productores rurales, con la
consiguiente concentración de la tierra que continúa hasta el presente.
Este
modo de producción agroindustrial o agroexportador ha sido el responsable de
que muchos cuerpos de agua dulce del país (incluyendo importantes reservas de
agua potable, como las cuencas de la Laguna del Sauce y el río Santa Lucía)
sufran una creciente eutrofización y presencia de residuos de plaguicidas.
A 13
años del pronunciamiento popular por la enmienda del agua, los gobiernos han
venido desconociendo, en beneficio del lucro y del gran capital, lo que la
ciudadanía estableció en la
Constitución. La promoción del cultivo de eucaliptos sin
tener en cuenta las fuentes de cosecha del agua, la instalación de dos plantas
industriales de celulosa y la proyección de una tercera planta; el intento de un
emprendimiento minero a cielo abierto en el centro del país y la no prohibición
del ‘fracking’ para la eventual explotación petrolera, hacen comprender que
lejos están de la política de aguas establecida en la Constitución.
Nadie
puede negar, en estos últimos años, el impacto negativo que ha causado en las
fuentes de agua el cambio de la matriz productiva y con ella el cambio del uso
del suelo. Basta con mencionar tres episodios ocurridos en el país. En marzo de
2013 en el Rio Santa Lucia fuente de agua que abastece a la mitad de la
población radicada en la
capital. En marzo de 2015 en Laguna del Sauce en el
departamento de Maldonado donde se encuentra el centro turístico más
importante, Punta del Este. Y en el Depto. de Canelones en la Laguna del Cisne
en el 2016. Todos a causa del cultivo de soja transgénica en sus cuencas.
El
país vive un proceso de degradación ambiental y social asociado con ese modelo
de agricultura, además de gastar millones de dólares en importar fertilizantes
y plaguicidas. Este sistema productivo no sólo provoca la eutrofización y
contaminación de las aguas, sino que además conlleva la pérdida de
biodiversidad en general y agrícola en particular, así como la degradación de
los suelos.
Agravamiento
del deterioro
Aunque
el ex ministro de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), Tabaré Aguerre, decía
que la Reforma de 2004 sólo hizo mención al agua potable, para sostener sus
argumentos en defensa de la Ley de Riego y su corte privatizador, en realidad,
no hacía más que demostrar su ignorancia o la falta de argumentos frente a la
evidente violación a la disposición de la Constitución.
La
iniciativa de Reforma Constitucional de 2004 se llevó a cabo precisamente para
impedir la apropiación privada o la desposesión por contaminación de las fuentes
de agua que se estaba implementando por aquellos entonces en la región.
Con la
aprobación de la
Política Nacional de Aguas (Ley N° 18.610) en 2009, se avanzó
sustancialmente en la implementación práctica de la reforma constitucional.
Allí se estableció una serie de instrumentos para trabajar y gestionar los
“recursos hídricos” a nivel de cuencas hidrográficas. Se definieron tres
niveles de trabajo: el Consejo Nacional de Agua Ambiente y Territorio, los
Consejos Regionales de Recursos Hídricos y las Comisiones de Cuencas, con
participación del gobierno, los usuarios y la sociedad civil en cada uno.
La Ley
de Riego promulgada el 27 de octubre de 2017, que pretende basarse en la
recolección del agua de lluvia mediante embalses multiprediales para uso de riego
agropecuario, contradice la normativa constitucional vigente no solo porque
privatiza y agrava la contaminación del agua, sino porque además no prevé la
participación en la gestión de los usuarios y la sociedad civil.
Las
modificaciones aprobadas a la Ley de riego para favorecer y garantizar la
producción del monocultivo de soja transgénica, agravan el impacto negativo
sobre las fuentes de agua. La construcción de represas gestionadas por privados
configura una amenaza potencial a la calidad del agua superficial,
contraviniendo el principio de gestión sustentable y la preservación del ciclo
hidrológico, establecidos en la Constitución. Ponen en riesgo además el consumo
humano como derecho fundamental y prioritario consagrado en la misma.
El
escenario que proyecta esta ley y las políticas asociadas profundizará la
expulsión de los pequeños productores que quedan aún en el campo debido a las
exigencias económicas que por medio de gravámenes e hipotecas dejarán a los
productores a merced de los gestores privados del sistema de riego. Por lo
tanto, tenderá a agravar la concentración y la extranjerización de la tierra.
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