jueves, 24 de enero de 2019

Sepamos "participaron la Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche, ONG Lumbanga, el Consorcio Ticca, Informativo Mapuexpress, Movimiento Acción Migrante y Observatorio Ciudadano. El documento analiza el cumplimiento por parte del Estado de Chile de sus obligaciones y compromisos voluntarios en materia de derechos humanos".

Organizaciones sociales chilenas presentan informe alternativo de DDHH en Naciones Unidas

Resumen Latinoamericano / 23 de enero de 2019 / Politika

Realizado por la “Coalición por el Fortalecimiento de los DDHH en Chile”, instancia en la que participan la Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche, ONG Lumbanga, el Consorcio Ticca, Informativo Mapuexpress, Movimiento Acción Migrante y Observatorio Ciudadano.

Este 22 de enero, la situación de derechos humanos en Chile fue evaluada a través del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. A la instancia acudieron representantes de la sociedad civil, quienes llevaron consigo un informe realizado por la “Coalición por el Fortalecimiento de los DDHH en Chile”, instancia en la que participan la Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche, ONG Lumbanga, el Consorcio Ticca, Informativo Mapuexpress, Movimiento Acción Migrante y Observatorio Ciudadano.
El documento analiza el cumplimiento por parte del Estado de Chile de sus obligaciones y compromisos voluntarios en materia de derechos humanos en el período comprendido entre el último EPU que el Consejo de Derechos Humanos (CDH) realizara de Chile, en enero de 2014, y julio de 2018.
Dentro de los aspectos valorados positivamente por el “Informe Conjunto de Sociedad Civil”, se encuentran la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas; la ratificación del Convenio N° 189 de la OIT; la conclusión del proceso de adhesión a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y a la Convención para Reducir los Casos de Apátridas de 1961, ambos de Naciones Unidas.
En esta línea, el texto destaca además la creación y puesta en funcionamiento de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos el 2017 y la creación del Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas.

Las deudas parten en la Constitución
El Informe hace hincapié en que Chile mantiene la Constitución de 1980, que fue impuesta en dictadura y que no contempla un reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, ni establece mecanismos para hacerlos exigibles. “Concibe el rol del Estado en materia económica como subsidiario, lo que restringe las posibilidades de dar impulso a políticas públicas para hacerlos efectivos”, se lee en el trabajo de la Coalición.
Las observaciones a la carta magna también apuntan al nulo reconocimiento de los pueblos indígenas, pese a que según el Censo 2017, constituyen el 12.8% de la población que habita en el país.
El documento también da cuenta del frustrado proceso constituyente iniciado en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, por lo que recomienda “impulsar un proceso transparente y participativo, incluyendo a todos los sectores de la población, en particular la sociedad civil y pueblos indígenas, para la elaboración de una nueva Constitución Política que permita armonizar el ordenamiento jurídico interno a los tratados internacionales de derechos humanos, permitiendo así el ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos”.

Pueblos indígenas vulnerados
Otra materia deficitaria del Estado chileno dice relación con los derechos humanos de los pueblos indígenas. Al respecto, el documento establece que Chile “ha impulsado un proceso de criminalización de la protesta social indígena por la reivindicación de sus derechos, a través del uso abusivo de las fuerzas policiales en contra de población indígena y ha perseguido judicialmente a los líderes del pueblo mapuche a través del uso de legislación especial, como lo es la Ley sobre Conductas Terroristas, vulnerando el espíritu excepcional de dicha legislación al utilizarla de manera ordinaria”.
En el periodo analizado por la Coalición, la Ley Antiterrorista fue invocada en contra de 23 personas mapuche, en el marco de los casos Luchsinger-Mackay, Iglesia y Huracán, procesos que, de acuerdo al diagnóstico del informe, “fueron sustentados con serias vulneraciones a las garantías del debido proceso, entre ellas, la ausencia de pruebas directas y la inclusión de pruebas con defectos insuperables, la persecución penal múltiple y sostenida en el tiempo y el abuso de la prisión preventiva”.
El texto también pone en relieve los actos de violencia policial contra los menores de edad miembros de comunidades indígenas, como el Brandon Hernández Huentecol, quien tenía 17 años al momento de recibir, en la comuna de Collipulli, un disparo de escopeta que lo dejó con un centenar de perdigones incrustados en su cuerpo. El hecho ocurrió en diciembre de 2016 y su autor es el sargento de Carabineros, Cristian Rivera Silva, quien fue condenado recientemente apenas por el delito de lesiones graves.
También ha sido materia de consideración para las organizaciones detrás del informe un episodio ocurrido el 22 de marzo de 2018, cuando tres niños mapuche, de entre 14 y 12 años, y una niña de 12 años, estudiantes de una escuela pública en la comuna de Ercilla, fueron interceptados por tres carabineros cuando regresaban a sus casas, siendo sometidos a un control de identidad y llevados a un sitio eriazo, donde les obligaron a desnudarse bajo amenazas e intimidación, ante lo cual accedieron.
Afrodescendientes, migrantes y amenaza empresarial
La falta de reconocimiento legal del pueblo afrodescendiente en Chile también ha sido incorporada al informe preparado para el EPU. La Coalición valoró el proyecto de ley sobre la materia, aprobado por la Cámara de Diputados, pero criticó “la lentitud del Congreso en su discusión y aprobación, así como la ausencia de respaldo del actual gobierno”.
Adicionalmente, las organizaciones expresaron que “Chile se ha negado a incluir en los censos nacionales, encuestas de hogares, de salud y otros instrumentos estadísticos al pueblo afrodescendiente, lo que impide su visibilización”.
Otra materia de inquietud para el informe concierne a la situación de la población inmigrante. En este sentido, el documento subraya que el Estado “aún no ha modernizado su legislación migratoria que data de 1975” y que el proyecto que se discute en el Congreso “no contiene un enfoque de derechos humanos que permita la consagración de los derechos civiles y políticos, y los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades migrantes en el país, conforme a los tratados internacionales ratificados por Chile”.

Otro tópico relevado en el informe se relaciona con los derechos humanos amenazados por la actividad empresarial. Al respecto, la Coalición manifiesta que “no se han verificado avances sustanciales para reducir los impactos de la actividad de las empresas en los derechos humanos, en particular en aquellos sectores más vulnerables, como lo son pueblos indígenas y comunidades locales. Tampoco hay avances en justicia y reparación por el deterioro ambiental generado por la actividad de empresas”.
Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/01/23/organizaciones-sociales-chilenas-presentan-informe-alternativo-de-ddhh-en-naciones-unidas/

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