sábado, 20 de octubre de 2018

"No vamos a bajar los brazos, no nos vamos a entregar así de fácil a este sistema que intenta silenciar otras voces. Acá estamos, en la calle, con nuestras armas, con nuestros libros! Te esperamos":

EDITAR, DISCUTIR, 
SEGUIR EN LA TRINCHERA...

Porque entendemos que la lectura es uno de los principales motores para hacer frente a las crisis económicas, políticas y sociales, durante estos días editamos 5 nuevos libros de la colección Cuadernos de Sudestada. Nuestras LEBACS están acá, a la vista de nuestr@s amig@s lector@s. No vamos a bajar los brazos, no nos vamos a entregar así de fácil a este sistema que intenta silenciar otras voces. Acá estamos, en la calle, con nuestras armas, con nuestros libros!

Te esperamos en nuestra Librería Sudestada, allí
*LAS BATALLAS DE FIDEL.
Biografía, de Hugo Montero
$ 400. Tamaño: 16 x 23 cm

* MAÑANA SERÁ HISTORIA. Diario
urgente de Venezuela, de Marco Teruggi
$ 400. Tamaño: 16 x 23 cm

*AHORA QUE SÍ NOS VEN.
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* 365 ILUSTRADAS- mujeres, trans
y travestis, de 365 mujeres ilustradas
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* ÉpicaUrbana (Versión extendida) de
$ 360. Tamaño: 16 x 23 cm

PROMO LIBROS SUDESTADA
PROMO #1 - 3 libros x $ 990 (incluye envío)!
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"Exigimos la puesta en marcha de políticas públicas que puedan reivindicar los derechos fundamentales indígenas y fortalecer sus tejidos comunitarios ante la gravedad de la crisis actual. Hasta la fecha, siguen sin completarse satisfactoriamente los procesos de demarcación y titulación de tierras indígenas, tal y como lo establece la constitución".

Ante la dramática situación de salud de los pueblos indígenas en Venezuela

31 de julio de 2018

·                                  
·                                  
·                                 Comunicado del Observatorio de Ecología Política de Venezuela
Los pueblos indígenas de Venezuela han sido históricamente uno de los sectores de la sociedad más marginados y desatendidos por el Estado y con una de las situaciones de salud más precarias de todo el país. En medio de la crisis multidimensional que vivimos en la actualidad, destaca en grado superlativo el acelerado deterioro de la salud pública entre los pueblos y comunidades originarias en distintas regiones y zonas de la geografía nacional, así como la casi inexistencia de respuestas institucionales eficaces por parte de las instituciones competentes.
La población indígena es la que suele tener mayores riesgos de contraer numerosas enfermedades como el sarampión o la difteria (prevenibles con vacunas); tienen mayores probabilidades de morir por estas y otros males como la desnutrición, la tuberculosis, la anemia, las parasitosis intestinales o complicaciones en los partos; tienen altos índices de mortalidad infantil (en algunos pueblos son muy elevados) y la esperanza de vida al nacer puede ser muy inferior a la media nacional.
En las últimas semanas se ha venido denunciando un brote de malaria con varios fallecidos entre los pumé-yaruro de Apure; una enfermedad desconocida pero letal entre los yukpa y barí en Perijá; sarampión entre los warao y yanomami. De acuerdo con la OPS (2018), 33 de las 44 defunciones  confirmadas por sarampión en Venezuela ocurrieron en comunidades indígenas del estado Delta Amacuro y se encuentran en investigación otras 53 muertes notificadas en comunidades yanomami. Sin embargo, los testimonios in situ señalan que la cantidad de decesos puede ser aún mayor.
Todo esto se suma al señalamiento de ya larga data sobre la presencia masiva de VIH entre los warao de Delta Amacuro; unido a severos brotes de malaria en comunidades indígenas de los estados Bolívar y Amazonas que vienen acaeciendo desde hace unos 2 o 3 años, lo cual ha provocado defunciones en comunidades joti, eñepa y wotjuja. Esta situación se despliega en diferentes grados en gran parte del territorio nacional.
Es también harto conocida la migración forzosa de miles de warao hacia Boavista, estado de Roraima, en la vecina República del Brasil: algo que no cuenta con antecedentes en toda la historia migratoria de nuestro país, aunque reconocemos que la situación anterior no era ni medianamente satisfactoria.
Otro hecho inaceptable es la fuerte militarización de las comunidades indígenas de los estados Bolívar y Amazonas entre otras, acompañada por la prédica de que todos tenemos que ofrendar nuestras vidas en caso de algún conflicto bélico, sin considerar el hecho de que nuestra población indígena no sobrepasa al 3% de la población nacional y que a una parte mayoritaria de ella no le interesa la guerra.
Estamos llegando a un punto límite: tiene que haber una respuesta inmediata y sistémica por parte del Estado, principal responsable de garantizar los derechos a la vida, salud y nutrición de toda la población. La situación descrita representa un peligro extremo para la sobrevivencia de los pueblos indígenas y de sus aportes extraordinarios –todavía poco conocidos– para un gran diálogo pluri e intercultural en pos de la salvación del Planeta.
Lejos de haberse resuelto el problema secular de los pueblos originarios, en estos últimos años se ha dado un retroceso inaceptable e injustificable, fruto de la negligencia absoluta y la falta total de voluntad política para lograr revertir una catástrofe multiétnica, cuya amenaza hace muchísimos años creíamos haber superado. Es en este contexto de progresivo deterioro general de sus condiciones de vida que se produce esta grave situación de salud.
Solicitamos, como medida de corto plazo un plan urgente de atención y vacunación, ya que peligra sensiblemente la vida de numerosos integrantes de estos pueblos y comunidades indígenas.
Exhortamos al Ministerio del Poder Popular para la Salud, el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, la Dirección General de Salud Indígena e Intercultural, la representación de OPS/OMS en Venezuela, la Defensoría del Pueblo y los demás entes gubernamentales responsables en la materia, a dar prioridad a la problemática de salud y alimentación de los pueblos indígenas e implementar con urgencia acciones adecuadas y efectivas.
Por otro lado, es fundamental contrarrestar el auge de la minería ilegal en los territorios de la región Guayana, que está amenazando no sólo sus ecosistemas sino la sobrevivencia de estos pueblos originarios. El acelerado incremento de enfermedades como la malaria está estrechamente vinculado con el crecimiento de este tipo de minería, además de generar violencia sobre las comunidades y desplazamientos forzados.
Por último, exigimos la puesta en marcha de políticas públicas que puedan reivindicar los derechos fundamentales indígenas y fortalecer sus tejidos comunitarios ante la gravedad de la crisis actual. Hasta la fecha, siguen sin completarse satisfactoriamente los procesos de demarcación y titulación de tierras indígenas, tal y como lo establece la constitución.
A las organizaciones sociales, a los académicos y a la opinión pública, invitamos a involucrarse y movilizarse ante esta grave situación en materia de salud. Los pueblos originarios constituyen una parte esencial de nuestra identidad y patrimonio como nación; son los principales defensores de las aguas y la biodiversidad del país; y encarnan modos de vida y saberes de los cuales podríamos aprender para salir de la crisis profunda que vive la sociedad venezolana en la actualidad.
Sólo la defensa de los derechos humanos, de los bienes comunes en la naturaleza y de las territorialidades que habitan los pueblos, detendrá esta catástrofe.
Observatorio de Ecología Política de Venezuela
Esteban Emilio Mosonyi
Aimé Tillet
Emiliano Teran Mantovani
Francisco Javier Velasco
Liliana Buitrago
Edgardo Lander
Juan Manuel Planas
Para adhesiones, escríbanos a ecopoliticavenezuela@gmail.com
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Fuente: http://www.opsur.org.ar/blog/2018/07/31/ante-la-dramatica-situacion-de-salud-de-los-pueblos-indigenas-en-venezuela/

Veamos la justicia desde los de abajo teniendo presente a un emblema de la “ciencia digna”, en contraposición de los académicos que trabajan para las grandes corporaciones.

Carrasco, 
un científico que hizo escuela
19 de octubre de 2018
Por Darío Aranda
Página12
Una secundaria lleva el nombre del investigador que denunció los efectos del glifosato
La Escuela Secundaria 5 de Saladillo fue bautizada en honor al investigador que en 2009 alertó sobre las consecuencias letales del herbicida. Andrés Carrasco murió en el año 2014.
La Escuela Secundaria 5 de Saladillo, en la provincia de Buenos Aires, fue bautizada con el nombre de Andrés Carrasco, en honor al científico que en 2009 denunció los efectos letales del herbicida glifosato y que le implicó una campaña de desprestigio por parte de empresas del agronegocio, medios de comunicación y del ministro de Ciencia, Lino Barañao. Carrasco, fallecido en 2014, cuestionó también a la ciencia hegemónica, al servicio del sector empresario y alejada de las necesidades del pueblo. El nombre fue elegido por votación de la comunidad educativa.  
La Escuela Secundaria 5 está ubicada en uno de los extremos de la ciudad, frente a campos que supieron ser de soja y fumigados con agrotóxicos. En 2016 asumió la dirección Luis Fernández y comenzó un proceso de búsqueda de identidad de la escuela en diálogo con docentes, alumnos y padres. Elegir un nombre fue parte de esa búsqueda.
En agosto de 2016 se presentó la terna René Favaloro, Luis Alberto Spinetta y Andrés Carrasco (propuesto por la organización socioambiental Ecos de Saladillo). El 9 de septiembre se votó. Carrasco obtuvo 99 votos, Favaloro 59 y Spinetta 31.
Desde la Dirección de Educación provincial se advirtió que, por ley, debía llevar más de diez años de fallecido. Las autoridades de la escuela justificaron que fue elegido democráticamente y que Carrasco fue un emblema de la “ciencia digna”, en contraposición de los académicos que trabajan para las grandes corporaciones.
Dos años llevó el trámite y finalmente fue aprobado en la resolución 250/2018 de la Dirección General de Cultura y Educación. En junio pasado fue la celebración en el patio de la escuela. Allí estuvieron alumnos, padres, autoridades municipales, familiares de Carrasco y organizaciones socioambientales.
“Andrés Carrasco sembró semillas de libertad”, resumió el director, Luis Fernández. La escuela también cuenta con una huerta orgánica que incluye el trabajo de diversos docentes. El de matemáticas propuso los perímetros de siembra en base a cuadros, círculos y triángulos. Los de geografía e historia trabajaron acerca de la soberanía alimentaria y la historia de los pueblos. Los de práctica de lenguaje e inglés, junto al de plástica, abordaron la construcción de conocimientos y saberes respecto a los alimentos.
En 2016 la escuela tenía poco más de 100 estudiantes y ahora cuenta con 210 alumnos. Participó con un corto documental en el último Festival de Cine Ambiental, tiene integración con la escuela especial (asisten chicos hipoacúsicos) y fue sede del último encuentro de pueblos fumigados de Buenos Aires. En todo el proceso contó con el apoyo de la inspectora escolar Cecilia Bustamente.
Andrés Carrasco fue director del Laboratorio de Embriología Molecular de la Facultad de Medicina de la UBA, docente de la misma universidad y presidente del Conicet, mayor ámbito de ciencia de Argentina. Fue parte de la élite científica desde la década del 80 y hasta 2009, cuando publicó en este diario su investigación sobre glifosato.
“No descubrí nada nuevo. Digo lo mismo que las familias que son fumigadas, sólo que lo confirmé en un laboratorio”, explicó.
Nunca un científico de su talla se había expedido sobre el herbicida pilar del modelo transgénico. Casafe (la cámara que nuclea a las grandes empresas transgénicas) llegó hasta el laboratorio de la UBA y, amenazas mediante, exigió el estudio. Algunos medios comenzaron una campaña de difamación sobre Carrasco. El ministro de Ciencia, Lino Barañao, siguió la misma línea y minimizó la investigación de Carrasco. “Son hipócritas, cipayos de las corporaciones, pero tienen miedo. Saben que no pueden tapar el sol con la mano. Hay pruebas científicas y, sobre todo, hay centenares de pueblos que son la prueba viva de la emergencia sanitaria”, respondió Carrasco.
El director de la escuela, Luis Fernández, celebró que en diciembre de 2018 egresarán los primeros alumnos de la Escuela Andrés Carrasco. Y recordó emocionado el stencil escolar que se hizo canción en los encuentros de pueblos fumigados: “Se siente, se siente, Carrasco está presente”.

Un nombre convertido en bandera
En agosto de 2010, la investigación de Carrasco fue publicada en la revista científica estadounidense Chemical Research in Toxicology (Investigación Química en Toxicología). La campaña de difamación nunca terminó. El Conicet le prohibió una charla en la Feria del Libro, la Facultad de Exactas de la UBA no permitió su seminario sobre ciencia crítica y el Conicet presidido por Roberto Salvarezza le negó su promoción. Muchos científicos “reconocidos” le dieron la espalda a Carrasco. Al mismo tiempo, Carrasco recorrió territorios en resistencia contra el extractivismo, desde Esquel a Chiapas. Su nombre se transformó en bandera en decenas de organizaciones campesinas y familias fumigadas. “Habría que preguntar ciencia para quién y para qué. ¿Ciencia para Monsanto y para transgénicos y agroquímicos? ¿Ciencia para Barrick Gold y perforar toda la Cordillera? ¿Ciencia para fracking y Chevron? El Conicet está absolutamente consustanciado en legitimar todas las tecnologías propuestas por corporaciones”, denunció Carrasco en abril de 2014.
https://www.pagina12.com.ar/149472-carrasco-un-cientifico-que-hizo-escuela

 Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=247925

"Tenemos un modelo de desarrollo que depende de la llegada de capitales extranjeros como componente central. Y eso, sin dudas, nos coloca en una situación de debilidad estructural".

Entrevista a la investigadora Ana María Vara 
sobre el avance de la ciencia y sus consecuencias ambientales
El precio del progreso
18 de octubre de 2018
Por Pablo Esteban
Página 12
 Las controversias involucran un polo poderoso, representado en los grupos privados que sólo persiguen el lucro y, también, un polo más débil, encarnado en los grupos sociales desfavorecidos que buscan proteger sus recursos naturales y su salud. ¿Para dónde patean los científicos?  
Mirar a la ciencia por la cerradura de la política permite, entre otras cosas, comprender por qué el –bien ponderado– “progreso” no siempre implica mejorar la calidad de vida de las personas. La llamada Conquista al desierto pero, también, la megaminería y la incorporación de los agrotóxicos a la vida rural responden a un modelo productivista nacional –con tramas históricas– que debe problematizarse. La sociedad quiere el progreso pero: ¿qué precio estamos dispuestos a pagar? ¿El del genocidio de los pueblos originarios, el del agua y su derroche incontrolable, el del glifosato y sus efectos devastadores? Por supuesto que no. Envilecidos bajo el reflector del relato celebratorio y espectacular de la ciencia, nos volvemos incapaces de desmenuzar un escenario plagado de tensiones y poder. Ana María Vara, docente-investigadora de la Universidad Nacional de San Martín, define qué es el “no-conocimiento”, devela el rol que juegan las corporaciones en las controversias ambientales y explica en qué consiste su perspectiva latinoamericanista.
–¿Qué es el no-conocimiento y por qué es tan importante para el avance de las ciencias?
–En épocas recientes, en el marco de la sociología, se le ha otorgado un lugar preponderante al no-conocimiento, concepto cuya emergencia estuvo vinculada al ambientalismo. Implica una perspectiva que propone un punto de quiebre al reflexionar sobre la ciencia pero de manera crítica. Sin ir tan lejos, son los éxitos científicos y tecnológicos los que han provocado transformaciones de una magnitud tal que, a lo largo de la historia, nos han colocado frente a consecuencias imprevisibles e imprevistas. Por ejemplo, era imposible prever que la emisión del dióxido de carbono, un gas imprescindible para la fotosíntesis y la vida y emitido localmente, causara el cambio climático que, actualmente, impacta a nivel global. De este modo, cada vez que se produce conocimiento se produce no conocimiento; de la misma manera que, con cada respuesta, surge una multiplicidad de nuevas preguntas.
–Son las grandes industrias las que utilizan esa producción de no conocimiento en su favor, para protegerse de acusaciones e incrementar sus márgenes de ganancias.
–Por supuesto, las reacciones feroces de la industria tabacalera ante los primeros indicios que señalaban que fumar producía cáncer de pulmón son ilustrativos al respecto. Para 1950 ya existían estudios epidemiológicos serios que exhibían esta relación causal y, en efecto, las grandes empresas se concentraban en desviar la atención del público. ¿Cómo? A través de la generación de no-conocimiento y del empleo de artimañas muy hábiles de divulgación científica. Así, se publicaban estudios con el deliberado propósito de confundir; de aquí el concepto de agnotología como “la ciencia del no-conocimiento”. Algo similar puede señalarse de la industria petrolera respecto al cambio climático, la megaminería, o bien, de las corporaciones productoras de agroquímicos y las consecuencias en la salud de la población.
–En este sentido, ¿de qué manera se vincula el no conocimiento con el concepto de controversia que usted también investiga?
–Las controversias son situaciones en que los distintos grupos no se ponen de acuerdo respecto a un conflicto de implicancias sociales, por caso, a la conveniencia o no respecto de la implementación de una nueva tecnología. Frente a ello, las respuestas del sentido común invariablemente se orientan en el sentido de: “La ciencia resolverá el conflicto”; “Los que se oponen a las pasteras no quieren el beneficio del país”; o bien, “Aquellos que critican el empleo indiscriminado de agrotóxicos se oponen al desarrollo tecnológico y no entienden nada”.
–El problema es de enfoque: la ciencia no está por fuera de las controversias sino que participa directamente.
–Exacto. Además, hay una situación clave: cuando nos encontramos frente a una controversia, la mayor parte del conocimiento necesario es producido por el polo promotor, es decir, por los actores interesados en fomentar tal o cual tecnología. Si pensamos en la soja transgénica y el glifosato, por ejemplo, dentro del eje que fomenta su uso se encontrarán los grupos transnacionales de semilleras y agroquímicos, con Monsanto como emblema, un sector del gobierno nacional, a través de la secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que cuenta con un mandato productivista y promueve la incorporación de transgénicos, áreas del periodismo agropecuario y cámaras vinculadas al sector, y también, actores rurales locales que buscan aumentar su productividad y no reciben subsidios. Como es tan heterogéneo este grupo, vale la pena que intentemos comprender sus lógicas de pensamiento.
–Se trata de un polo promotor que tiene el capital y la capacidad de producir conocimiento.
–Correcto. De este modo, los dos polos de la controversia no se hallan en una posición simétrica. Las personas que se ven afectadas por la fumigación del glifosato tienen que realizar un enorme esfuerzo para conseguir que sectores del complejo científico los ayuden a confirmar todo lo que el químico produce: malformaciones, cáncer y otras enfermedades. Por eso resulta tan fundamental que la esfera pública, a partir del periodismo científico y la comunicación pública de la ciencia, pueda estar al tanto de esta situación. El caso de Andrés Carrasco fue emblemático pero no es el único, pues también existen redes de conocimiento que se tejieron desde la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Nacional de Córdoba para estudiar el impacto negativo del glifosato en la salud y el ambiente.
–En el capitalismo quien tiene el dinero cuenta con la libertad de utilizarlo a su antojo.
–Esa situación inclina la cancha. Además, en las democracias occidentales tal cual las conocemos, existe un sesgo muy palpable, casi un mandato, que lleva a los gobiernos a responder primero, y a veces únicamente, a las necesidades de las elites.
Sin embargo, ¿cuál es el precio del progreso?
–Esa es la pregunta que la comunidad científica necesita realizarse. Lo que le falta a muchos científicos es la toma de conciencia política respecto de las funciones sociales que deben desempeñar, más allá de las pautas que el sistema impone. Volviendo al ejemplo, la actitud de Carrasco al compartir su investigación en el diario, incluso, antes de publicarla en cualquier revista científica tiene que ver con una decisión ética perfectamente meditada. Sabía que se exponía pero tenía la conciencia tranquila de haber realizado un buen trabajo y confiaba en que los resultados a los que había arribado debían comunicarse lo antes posible. Como asunto fundamental, vale destacar que no era ningún improvisado sino que era un investigador que se había desempeñado como presidente del propio Conicet y que en ese momento (2009, cuando se puso en contacto con el periodista Darío Aranda para divulgar sus experimentos) asesoraba al Ministerio de Defensa.
–Pero Carrasco pertenecía al sistema, así que no podemos decir que absolutamente todos los científicos están desenganchados de las preocupaciones sociales.
–Eso es cierto, hay muchos investigadores, sobre todo jóvenes, que ponen su talento al servicio de mejorar la vida de los grupos más desfavorecidos. Además, por otra parte, no podemos esperar que todos los científicos sean expertos en política científica, pero sí tienen el derecho y la obligación fundamental de participar de los debates públicos vinculados a la sociedad de la que forman parte.
–Por último, sus producciones son construidas desde una perspectiva “latinoamericana y latinoamericanista”. ¿Qué implica ello?
–Ese enfoque puede aplicarse, por ejemplo, al conflicto de las pasteras que emergió allá por 2005. Los primeros que comenzaron a movilizarse fueron colectivos uruguayos que, tras reconocer el problema de contaminación y al advertir que su gobierno no respondía a la demanda, fueron en busca de apoyo de los activistas argentinos. Para que esa colaboración se sostuviera en el tiempo, en momentos en que la controversia se presentaba en los medios como un conflicto binacional, con un Uruguay “productivista” y una Argentina “ambientalista”, era fundamental la construcción de un discurso latinoamericanista con reminiscencias en el querido Galeano y sus venas abiertas. Eso me permitió, en el marco de la investigación, dejar de comprender el problema como una disputa entre naciones vecinas para comenzar a interpretarlo como un problema de la región.
–¿A qué se refiere?
–El conflicto dejaba entrever cómo América Latina se ubicaba, una vez más, como una víctima del intento de despojo perpetrado por naciones desarrolladas, instrumentalizado a partir del traslado de una industria contaminante a la región. En la actualidad, sin ir más lejos, tenemos un modelo de desarrollo que depende de la llegada de capitales extranjeros como componente central. Y eso, sin dudas, nos coloca en una situación de debilidad estructural.
Ana María Vara es docente-investigadora de la Universidad Nacional de San Martín.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/149260-el-precio-del-progreso

viernes, 19 de octubre de 2018

"Debemos superar las lógicas verticales y las direcciones componedoras de los y las comisionistas del poder que buscan administrar la lucha de clases para perpetuar sus beneficios de casta, de los gestores y las gestoras de lo dado".

“La unidad que posee más valor es la unidad interior de los y las de abajo”.

19 de octubre de 2018

Por Miguel Mazzeo


Presentamos una entrega del dossier “Alternativas populares en debate” donde luchadores sociales e intelectuales críticos comparten su mirada, el análisis y su pronóstico para el ciclo de luchas necesario para una transformación profunda de la sociedad. Compartimos las opiniones de Miguel Mazzeo *
4) ¿Con qué ejes políticos y con quienes debería articularse el movimiento popular para enfrentar a la derecha y poner en pie una alternativa anticapitalista? ¿Podría mencionar medidas y/o propuestas concretas?
En primer lugar habría que realizar un balance de las experiencias progresistas. Si no se reconocen las limitaciones congénitas del pacto progresista, peor aún, si esas limitaciones se erigen en horizonte político, se corre el riesgo de asumir posiciones fatalistas y conformistas. Un primer eje sería romper con los sueños estandarizados y las fantasías políticas enlatadas.
Más allá de las articulaciones defensivas más amplias, de la acción unitaria contra las políticas de ajuste, entrega y represión, será fundamental construir la unidad política popular en torno a un proyecto y unas prácticas que impulsen cambios de fondo. Construirla en torno a la lucha, la imaginación, la democracia de base y la autonomía popular. Si la unidad gira en torno a la construcción colectiva de un proyecto antiimperialista, anticapitalista y antipatriarcal, seguramente se podrá enfrentar a la derecha en las mejores condiciones posibles y, sobre todo, se podrá construir una base más sólida (un sentido, una visión histórica) para encarar el ciclo subsiguiente.
La unidad que posee más valor es la unidad interior de los y las de abajo. La unidad que coloca al conflicto en un piso más alto y no la que busca conjurarlo. Ese es un momento disruptivo y estimulante de la unidad que promueve las relaciones más genuinas y productivas. La unidad que se presenta como superior al conflicto es un a unidad abstracta y está hecha a la imagen y semejanza del poder.
En cuanto a las propuestas concretas, mencionamos sólo algunas en un sentido muy general:
1) Salirse de la serie que hilvana falsas opciones: modelo neoclásico o modelo keynesiano, modelo neoliberal o modelo neo-desarrollista, capitalismo off-shore o capitalismo pos-neoliberal, gestión directa de los asuntos de las clases dominantes o gestión mediada y negociada de los mismos.
2) Reconocer el carácter sistémico de la crisis del capital, asumir que lidiamos con un sistema que incrementará sus rasgos depredadores.
3) Superar los condicionamientos estructurales y frenar el círculo vicioso reproductor de la dependencia. El Estado deberá asumir un rol clave en el desarrollo y el control de áreas estratégicas: servicios básicos, infraestructura, comercio exterior e interior, etc., al tiempo que deberá impulsar la consolidación de una amplia red de economía popular y espacios reproductores de la vida, restauradores de los bienes comunes y de una cultura material no capitalista y ecosocialista. Aunque se minimice el predominio en la industria de sectores concentrados a manos del capital extranjero, aunque se pase por alto su marginalidad en las cadenas globales de valor, aunque invada la amnesia respecto de los compromisos extractivistas de los modelos neo-desarrollistas, las políticas económicas del pacto progresista estuvieron muy lejos del antiimperialismo y el nacionalismo que, en algunos casos, declamó. El peso adquirido en las últimas décadas por el gran capital transnacional muestra que estos gobiernos también se apartaron del “nacionalismo empresarial”, o que en todo caso, este resultó impotente frente a las tendencias macro-económicas globales.
4) Realizar profundas reformas en los planos agrario, tributario, financiero y comunicacional; reformas que modifiquen las relaciones de propiedad y las viejas lógicas. Se trata de reformas que, seguramente, exigirán algo muy parecido a una revolución.
5) Priorizar la distribución primaria del ingreso por sobre la redistribución secundaria, el acceso masivo a los bienes sociales (tierra,  vivienda, alimentación, salud, educación) más que el acceso a los bienes de consumo individual.
6) Avanzar en una revolución cultural, en la educación-emancipación política del pueblo, con el fin de liberar a las conciencias de la colonización que les impone la mercantilización, el consumismo, el utilitarismo y la individuación egocéntrica. Recuperar las energías cognitivas del pueblo y la “plusvalía política” succionadas por el capital. Vale tener presente que el capitalismo es un molde epistémico, es decir: también es una forma de pensar el mundo, de aprehender la realidad y de concebir la acción.
7) Auspiciar las culturas materiales y los vínculos solidarios y cooperativos que se erigen en disidencias prácticas frente a la economía capitalista y sus lógicas productivas, favoreciendo las formas del protagonismo social directo y de la autonomía popular.
8) Asumir los ítems de la agenda propuesta por el movimiento de mujeres: aborto legal, seguro y gratuito; separación de la iglesia del Estado, etc.; con el fin de conquistar derechos civiles plenos y para recortar los espacios materiales y simbólicos del heteropatriarcado. Las reivindicaciones del movimiento de mujeres poseen carácter político estratégico dado que nos convocan a desprivatizar y desenajenar.
9) Deslastrarse de las elites políticas que se constituyen en intermediarias de un sistema al consideran definitivo e incuestionable y para quienes la política se reduce a un debate en torno al grado de agresividad de un mismo patrón de acumulación. Esto es, debemos superar las lógicas verticales y las direcciones componedoras de los y las comisionistas del poder que buscan administrar la lucha de clases para perpetuar sus beneficios de casta, de los gestores y las gestoras de lo dado. Para esto se requiere organizaciones y políticas que estén a la altura del desafío del proyecto civilizatorio propio y alternativo (que asuman la cuestión del poder). Sólo así las experiencias de los y las de abajo será auténtica praxis popular y no mero activismo plebeyo. Con la mediación de punteros, fiolos, narcos y especies similares será imposible avanzar en un proyecto popular. No son, precisamente, instancias creadoras de comunidad ni favorecen los procesos de “empoderamiento” de los y las de abajo.
10) Promover cambios sustanciales en las relaciones de fuerza, para que las posiciones conquistadas por la clase trabajadora y el pueblo adquieran solidez y sirvan de tarima para otras conquistas, para que sean impermeables a las lógicas clientelares y prebendales desde arriba y para que no queden atadas a los buenos oficios de una gestión sensible y piadosa.
5) ¿Qué rol juega la institucionalidad democrática actual en la construcción de alternativas populares?
Cada vez son más claros los signos que presentan a la institucionalidad vigente  como una trinchera de la reacción. Por eso es cada vez más absurdo profesar el institucionalismo abstracto. Ciertas instituciones se tornan monolíticas, se van delineando como espacios donde se reproduce el verticalismo, el clientelismo, y los formatos mercantiles, de este modo, disminuye su porosidad en relación a los intereses populares. Se puede identificar una contradicción cada vez mayor entre las instituciones y la democracia, entre la democracia como forma de gobierno y la democracia como Política. Las instituciones típicas de la democracia liberal son cada vez menos democráticas. Los parlamentos, el poder judicial, los medios de comunicación, las estructuras sindicales, etc., se han consolidado como trincheras de los grupos de poder, de la derecha, que puede darse el lujo de ser profundamente antidemocrática invocando los procedimientos de la democracia. Por eso es fundamental plantearse una transformación radical de las instituciones para hacer posible la lucha por la democracia y el desarrollo de una institucionalidad paralela para hacer posible la democracia.  Hablamos de una democracia radical, sustantiva, que modifique la racionalidad del sistema de dominación.
El desarrollo de una democracia participativa y protagónica, la conformación de un movimiento popular que ejerza el autogobierno desde abajo, será uno de los pilares de la resistencia popular y el punto de apoyo de otras iniciativas vinculadas a la democratización de la economía, el control popular de los medios de producción, la construcción de sistemas económicos comunales, etc..
Para desplegar una auténtica política nacional-popular y democrática es una condición necesaria ir más allá de las instituciones del Estado liberal. Los “golpes blandos” o las injusticias perpetradas por el poder judicial, las operaciones destituyentes de los grandes monopolios que se escudan en la “prensa libre”, demuestran que esas instituciones se vuelven en contra de cualquier proceso popular, aunque sea tibio y moderado.
*Miguel Mazzeo. Profesor de Historia y Doctor en Ciencias Sociales. Docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en la Universidad de Lanús (UNLa). Escritor, autor de varios libros publicados en Argentina, Venezuela, Chile y Perú. Participa en espacios de formación de movimientos sociales y organizaciones populares de Argentina y Nuestra América. Colaborador de los portales Contrahegemoníaweb, Resumen Latinoamericano, Rebelión y La Haine, entre otros.
Fuente: http://contrahegemoniaweb.com.ar/la-unidad-que-posee-mas-valor-es-la-unidad-interior-de-los-y-las-de-abajo/

"Aprendimos que sostener una pedagogía popular, dialógica, con los actores territoriales también transforma nuestra modalidad de docencia con lxs estudiantes universitarios que nos acompañan. Ellxs también nos abren nuevas preguntas, interrogan nuestros saberes y se involucran mucho más en el debate teórico a partir de la experiencia".

27/10/2018

 Jornadas “10 años del CIDAC” DE-FORMAR EN TERRITORIO

Difundimos Actividades: 
En el marco de las Jornadas “10 años del CIDAC” (Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción Comunitaria), el equipo de Barrilete Cultural, espacio de promoción de derechos de jóvenes de la Cátedra Libre de Derechos Humanos y el CIDAC, realizaremos el Taller “De-formar en Territorio”Pueden ver el programa de toda la Jornada e inscribirse en:http://www.cidac.filo.uba.ar/evento/jornadas-10-años-del-cidac   
 DE-FORMAR EN TERRITORIO
COORDINADORAS: Silvia Viñas, Laura Macri y Soledad Muñeza

En estos diez años del CIDAC aprendimos que sostener una pedagogía popular, dialógica, con los actores territoriales también transforma nuestra modalidad de docencia con lxs estudiantes universitarios que nos acompañan. Ellxs también nos abren nuevas preguntas, interrogan nuestros saberes y se involucran mucho más en el debate teórico a partir de la experiencia.Formar universitarixs en territorio nos hace pensar en la función “de formar” profesionales desde una concepción integral del sujeto cultural, social y políticamente inserto en las vivencias, potencias y necesidades de la comunidad de la que se comprende parte. Formar sujetos que abracen lo colectivo, que reconozcan las desigualdades y los procesos de exclusión para trabajar en su transformación. Un universitario que se sepa colectivo y sea crítico del modelo mercantilista neoliberal que propone meritocracia, liderazgos individualistas, inacción en las políticas públicas y ensalzamiento de las evaluaciones, particularmente en políticas educativas, con el objetivo de denostar el importante rol del Estado en garantizar y restituir los derechos de todos y todas. Centrarnos en esta función “de formar” en territorios, nos permite reivindicar la posibilidad de “deformar” la clásica educación de claustro en un sentido de transformación. En Filosofía y Letras se ha logrado curricularizar parte de las prácticas que se realizan desde Extensión a través de los seminarios de Prácticas Socioeducativas Territorializadas (PST). Esto significa, además del reconocimiento de una docencia que permanecía invisibilizada, una excelente oportunidad para lxs estudiantes de acceso al campo de prácticas. Este taller convoca a compartir experiencias territoriales curricularizadas tanto de Filosofía y Letras como de otras facultades y universidades, para tratar de analizar qué aportes sustantivos, efectos y transformaciones produjo su implementación tanto para los equipos, como para lxs estudiantes y para el propio espacio territorial.

Reflexionemos: "La historia del capitalismo y en especial la del imperialismo no sería la que conocemos sin los estados y los ejércitos que lo han reforzado. (...) Hoy el capital requiere de todos los mecanismos del estado para la plena actividad de los mercados".

Bolsonaro y la derecha chilena
19 de octubre de 2018
Por Paul Walder (Rebelión)

Tras el holgado triunfo de Bolsonaro en la primera vuelta en Brasil, la primera reacción del presidente Sebastián Piñera fue elogiar su propuesta económica. Un programa que reinstala el modelo neoliberal desde sus bases más puras y fundamentales. Es el camino correcto, comentó un Piñera exultante, que sólo más tarde tuvo que matizar al explicar que su apología no se extendía al resto del discurso del exmilitar.
La reacción de Piñera es la expresión más directa de la base del corazón del capitalismo: sólo con plenos y libres mercados es posible lograr altas tasas de crecimiento, variables hoy en día acotadas a guarismos sin duda insuficientes para inversionistas y sus promotores. Aun así, bajo el gobierno del multimillonario Piñera la tasa de crecimiento del PIB chileno no sube más que un cuatro por ciento ni hoy ni en las proyecciones de corto plazo. Factores externos de alta complejidad y otros internos un poco más claros contienen la actividad económica.
Chile, que tiene posiblemente la mayor continuidad y pureza del modelo instalado durante la dictadura por los discípulos de la Escuela de Chicago, ha logrado mantener no solo estadísticas, sino una sociedad que expresa muy bien la gran escena del mercado. Con todas las actividades económicas entregadas a las grandes corporaciones y los grupos financieros, ha conseguido, con el orgullo de todas las elites y sus gobernantes de los últimos 45 años, el mayor PIB per cápita de la región, el que proyecta mantener para los próximos años. El último World Economic Outlook estima que la economía chilena cerrará el año en curso con un PIB según paridad de poder de compra (PPP) de US$ 25.891, en tanto el 2022 alcanzaría los 30.000. Chile sería la primera economía latinoamericana en hacerlo, y se ubicaría entre las estadísticas de países de otras latitudes (sólo como comparación, Portugal tiene un PPP de 31.000 y la Unión Europea en promedio más de 40.000).

Un logro estadístico para fruición de inversionistas, controladores de las corporaciones, las elites y sus gobernantes. Porque en Chile son otros los números que condicionan la vida diaria. Lidera el ranking de desigualdad, junto con México, de los países de la OCDE. Hablar de “progreso”, de “desarrollo” en Chile es simple retórica de las cúpulas políticas. El alto crecimiento de la economía ha avanzado con la misma velocidad y dirección que la desigualdad. El libre mercado, en el país que fue levantado como modelo del Fondo Monetario, el Banco Mundial y agencias de inversión y calificación, ha sido incapaz de resolver los problemas básicos de gran parte de la población.

Los salarios promedio de los trabajadores son una muestra palmaria. Según estudios independientes sobre datos oficiales, más de la mitad de las personas que trabajan ganan menos de 450 dólares, el 78 por ciento menos de 750 dólares y sólo un 13 por ciento más de mil dólares. Un salario que no resiste relación con el PIB per cápita del 25 mil dólares anuales.

Por qué Piñera elogia con tanto énfasis la política económica propuesta por Bolsonaro. Porque un Brasil neoliberal sin duda que pesará sobre el resto de Sudamérica. Porque el mercado, bien sabemos, ha de contar con gobiernos y un aparato estatal que lo sostenga. 

La historia del capitalismo y en especial la del imperialismo no sería la que conocemos sin los estados y los ejércitos que lo han reforzado.
Bolsonaro, como otros políticos, si es que puede recibir este calificativo, han sido apoyados sin ningún titubeo por el capital financiero e industrial. Un soporte que no se desliga del resto de su discurso porque hoy, como en tantas otras ocasiones, el capital requiere de todos los mecanismos del estado para la plena actividad de los mercados. La represión y el estado policial o militarizado desembozado y bajo apariencia democrática está en el programa neoliberal. De qué otra forma amparar las ganancias corporativas y contener la frustración y la injusticia inherente al modelo mercantil.
El fascismo del siglo XXI, mal llamado o atenuado bajo la denominación de populismo, contiene las caras más temibles del capitalismo. La crueldad de los mercados con rasgos monopólicos y la no menos perversidad de la amplificación de sus mecanismos de control. Un modelo llevado hasta las últimas consecuencias durante el Chile de Pinochet, época y figura admirada sin matices por Bolsonaro.

Pero no sólo por él. El miércoles 17 de octubre Jacqueline van Rysselbergue, presidenta de la ultraderechista UDI, partido que forma parte de la coalición del gobierno de Piñera, viajó a Brasil para reunirse y darle el apoyo al candidato citado. Un soporte nada extraño: la UDI nació en plena dictadura, la que reivindica, en tanto su mentor espiritual e intelectual es Jaime Guzmán, el asesinado, o ajusticiado, según se quiera, brazo político de Pinochet.
La historia latinoamericana se escribe a toda prisa en estos días.
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=247907

jueves, 18 de octubre de 2018

"Estamos ante un gobierno que se ha desviado de su camino y tiene poco que ver con el proyecto inicial de las bases populares del chavismo, que tenía una orientación emancipadora y propuso una transición alternativa. Ese bloque debe recuperar su agenda social involucrando demandas relacionadas con el trabajo y el salario, junto con reclamos relacionados con el género, los derechos indígenas y la tierra".

“El Arco Minero es hoy, 

una política de ajuste”. 

Entrevista a Emiliano Teran Mantovani

 18 de octubre de 2018

 

Teran concibe la nueva serie de megaproyectos como la aceleración desastrosa de una lógica extractivista aceptada sin críticas. Sostiene que hay alternativas a una economía basada en la extracción que, aparte del daño ambiental y social que produce, no ha logrado resultados en términos de acumulación de capital y desarrollo.
Por Cira Pascual Marquina (Venezuelanalysis)
 Emiliano Teran Mantovani, miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela, ha seguido de cerca el surgimiento del Arco Minero del Orinoco. Teran concibe esta nueva serie de megaproyectos como la aceleración desastrosa de una lógica extractivista aceptada sin críticas. En esta entrevista, sostiene que hay alternativas a una economía basada en la extracción que, aparte del daño ambiental y social que produce, no ha logrado resultados en términos de acumulación de capital y desarrollo.
CPM: Existe una trágica falta de conocimiento sobre el Arco Minero en Venezuela. ¿Puede, muy brevemente, decirnos algo sobre cuándo comenzó el proyecto, su escala, alcance e impacto ambiental?
ETM: El Arco Minero fue propuesto no hace mucho, en 2011, por Hugo Chávez. Pero me gustaría agregar lo siguiente: en realidad, lo que sería posteriormente el Arco Minero surgió durante el segundo gobierno de Rafael Caldera, en el cual hubo un conflicto ambiental que resonaría en la opinión pública a finales de los 90. Fue entonces cuando Caldera presentó un decreto que desregulaba la Reserva Forestal Imataca para introducir la minería allí. Es donde están hoy las minas de oro que son el foco principal de la minería en el Arco Minero. La movilización en contra fue tal que ese decreto se mantuvo de alguna manera neutralizado. No fue derribado, pero si neutralizado. No pudieron completarlo. Es con Chávez que este decreto finalmente se formaliza, lo que permitiría llevar a cabo la minería en esa reserva forestal.
Es importante contar esa historia, porque proviene de toda una lógica de (re)colonización del Sur, una lógica que ha sido parte de los proyectos de desarrollo contemporáneos en Venezuela durante mucho tiempo. De hecho, todos los proyectos desarrollistas y progresistas recientes (como el proceso bolivariano) siguieron esa lógica.
En 2011, en el gobierno de Chávez, se anunció el Arco Minero de Guayana o el Arco Minero del Orinoco. Luego se habló de incluso un proyecto conjunto, el Plan Estratégico conjunto con la Faja Petrolífera del Orinoco, que ahora añadía una serie de proyectos mineros en toda la extensión del territorio al norte del estado Bolívar. Estamos hablando de una extensión de 111.800 kms cuadrados, 12 por ciento del territorio nacional, que es aproximadamente del tamaño de Cuba, para tener una idea de la escala. Los proyectos propuestos son la extracción de oro y diamantes, coltan, bauxita y hierro.
Esto implica reabrir y dar un nuevo impulso a minas ya existentes. No es que todas las minas serían nuevas. Minas ya existentes recibirán un nuevo impulso (como las dos grandes minas de oro), pero todo esto también va implicar el abrir nuevas minas. Por ejemplo, la extracción de coltán es totalmente nueva en Venezuela y significa penetrar el bosque de Parguaza y abrir grandes minas de coltán allí. También se abrirían nuevas minas en Imataca para la extracción de oro, formalizar minas de diamantes en el oeste del estado Bolívar y expandir la extracción de bauxita y hierro, que es antigua en Venezuela.
CPM: El Arco Minero del Orinoco implica una nueva legislación que, en efecto, coloca a la zona fuera del estado de derecho y la Constitución. Incluso se podría hablar de un régimen de excepcionalidad, desterritorialización y pérdida de soberanía. ¿Puede decir algo sobre el conflicto entre la soberanía popular y las necesidades de la acumulación capitalista global?
ETM: Eso es muy importante. Al principio, para el gobierno de Chávez, la Faja Petrolífera del Orinoco y lo que hoy conocemos como Arco Minero del Orinoco fueron iniciativas dirigidas a superar el agotamiento del modelo tradicional de acumulación rentista petrolera. Antes de Chávez, el enfoque era fundamentalmente la extracción de crudos livianos y medianos en el estado Zulia (frontera occidental) y en oriente del país, pero esos pozos están en franco declive. Entonces, dentro del modelo extractivista, con Chávez hay un cambio que le da mayor presencia a la extracción de petróleo no convencional en la Faja Petrolífera [también en el oriente del país]. Esto, por supuesto, tiene un impacto ambiental mucho mayor y un mayor costo. Por lo tanto, el Arco Minero sigue la misma lógica, dando nueva vida y oxigenando a un modelo en crisis.
Digo esto porque, si durante el gobierno de Chávez el Arco Minero tuvo un carácter de desarrollismo expansivo, una especie de reformulación del modelo extractivista, bajo el gobierno de Maduro este proyecto asume la naturaleza de una política de ajuste. Es un ajuste radical, aunque no es el típico ajuste macroeconómico, que trataría de redistribuir los excedentes monetarios de abajo hacia arriba.
Este ajuste tiene que ver directamente con la territorialización –es decir, con la apropiación, intervención, modelamiento y administración de los territorios del país– y la penetración radical de la soberanía nacional basada en varios mecanismos. Primero, desde 2016, Venezuela ha estado bajo un estado de excepción formal y declarado, de hecho y de derecho. Este estado de excepción se encuentra en el contexto de una ‘emergencia económica’.
Luego, hay otro instrumento: las Zonas Económicas Especiales. Siguen el formato del neoliberalismo chino, una forma de desregulación radical de los territorios, en la que se elimina cualquier obstáculo para el rápido desarrollo del capital: impuestos, aduanas, permisos, leyes laborales, restricciones ambientales, lo que sea. Este estado de excepción incluso significa asignar un tipo de gobernador ad hoc al territorio en cuestión.
El Arco Minero del Orinoco fue finalmente formalizado, en su encarnación actual, en febrero de 2016 con el Decreto Presidencial 2.248. Fue declarado Zona Económica Especial (o llamada Zona de Desarrollo Estratégico Nacional). Como tal, se constituye como un territorio de desregulación total, de modo que el capital pueda desarrollarse libremente a cualquier precio. Eso presupone la eliminación de derechos de todo tipo: consulta democrática, derecho al trabajo, derecho a la vida, derecho a un medio ambiente limpio y sano, etc.
El régimen de excepción se implementó de la mano de una zona militar especial. Entonces, el Arco Minero es tanto una zona minera especial como una zona militar especial. Tiene un régimen militar especial. El Decreto 2.248 establece que los grupos que se oponen a él se oponen a los “intereses nacionales”, y al oponerse a los intereses nacionales ejercerían en una especie de crimen contra el propio Estado. Eso se dice muy claramente en el Decreto 2.248.
Ahora, cuando se observa esto desde el punto de vista de las consultas populares y consultas previas, lo cual, en un proyecto de esta magnitud, debe hacerse no sólo porque está establecido en la Constitución Bolivariana de Venezuela, sino también (en el caso de las consultas a los pueblos indígenas) por el derecho internacional, el proceso se ha llevado a cabo de forma muy irregular, con mucha manipulación y cooptación. Para dar un ejemplo, indígenas se han quejado de las apariciones en televisión de capitanes cooptados que no los representan, y estos jefes cooptados estaban respaldando el proyecto minero.
Adicionalmente, los estudios de impacto ambiental están notablemente ausentes. Han sido anunciados, pero nadie sabe dónde están. Nadie sabe nada de ellos. Agrega a esto que los ciudadanos tienen derecho a ser informados sobre el carácter y el alcance de los acuerdos que se han hecho, pero siguen siendo un misterio total. Toda la información que tenemos se basa en las promesas gubernamentales del ecosocialismo y la supuesta “minería ecológica”, pero sabemos, basado en estudios académicos y la experiencia acumulada en América Latina, que la mega-minería es una de las actividades industriales más devastadoras de todas. Así que, claramente el Arco Minero representa un régimen de excepción siguiendo una política de ajustes del tipo más radical, un camino neoliberal muy radical.
CPM: Una posición radicalmente anti-extractivista parece injusta. ¿Cómo avanzarán las naciones del Sur Global cuando, a corto y mediano plazo, sus únicas posibilidades de desarrollo parecen ser la extracción de materias primas? Muchos países del Norte Global pasaron de las economías extractivas a las industriales en los tiempos modernos. Entonces, ¿no sería injusto negar esa posibilidad a las naciones del Sur Global? ¿No es injusto hacer que las naciones del Sur Global soporten la carga de la crisis ambiental del planeta?
ETM: No estoy seguro de estar de acuerdo con algunas de esas afirmaciones. Primero, los últimos quince años de gobiernos progresistas en América Latina se han caracterizado por una lógica más bien de profundizar el extractivismo. Estas no fueron decisiones tomadas por la gente; la decisión vino desde arriba. Los vimos jugar esa carta, como si no hubiera otras opciones.
Repasemos uno de los argumentos típicos: “Necesitamos abrir esta nueva mina, necesitamos abrir un nuevo pozo de petróleo, necesitamos iniciar nuevos proyectos de monocultivo de soja”. ¿Y por qué necesitamos hacer esto? Porque necesitamos divisas para el desarrollo.
Uno de los problemas aquí es que no hay ninguna discusión sobre cómo distribuir el excedente ya existente. Las razones para abrir nuestro territorio a la minería son las mismas: se necesita captar divisas. Pero si observamos los diez años anteriores a 2014 (ese año bajó el precio de las materias primas), en esos diez años de auge, unos 500 mil millones de dólares ingresaron a las arcas del Estado venezolano. Entonces, antes de abrir una nueva mina, la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿qué pasó con todo ese dinero?
Para entender el capitalismo rentista venezolano, se debe entender la arquitectura de la distribución de la renta del petróleo. Esa arquitectura da forma a toda la economía nacional. La distribución de la renta petrolera determina las estructuras de poder y las diversas formas de consumo doméstico. En otras palabras, si por ejemplo el Estado tiene un subsidio eterno a la gasolina, como es el caso de Venezuela, eso fomentará un tipo específico de consumo. Va a determinar la forma en que las personas van de un lugar a otro y promoverá la práctica generalizada de importar vehículos.
Además, cuando hablamos de distribuir las ganancias del petróleo, también tenemos que hablar de impuestos. Según datos de la CEPAL, Venezuela y Chile son los países del continente donde los ricos pagan menos impuestos. En Venezuela, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), es un impuesto regresivo, que además ha aumentado y cae sobre los hombros de los pobres.
¿Cómo podemos conectar esto con el extractivismo? Te voy a dar un ejemplo. Uno de los mayores debates sobre el extractivismo en América Latina fue sobre el Parque Nacional Yasuní en Ecuador. Si aumentara en un 1,6 por ciento el impuesto sobre las 200 empresas más grandes y las familias más ricas del país, eso traería a las arcas del Estado la misma cantidad de dinero que aportaría 25 años de extracción de petróleo en la reserva de Yasuní.
Este es el caso de cualquier país latinoamericano. En lugar de abrir el debate sobre el tema de la distribución desigual de la riqueza, la única solución que aparece en el discurso es explotar más los ‘recursos naturales’: abrir nuevos campos, nuevas minas, etc. Luego, cuando los precios de las materias primas bajan, entonces este discurso más bien se engrandece: más iniciativas extractivistas deben impulsarse porque hay una crisis y, por supuesto, la única solución es extraer o perforar más pozos, minas, etc. Sin embargo, resulta que nos metimos en la crisis actual entre otras cosas porque la lógica extractivista estuvo inflada durante la última década y media.
Adicionalmente, conviene decir que actividades como la minería tienen un impacto en otros tipos de sectores económicos, ya que afecta por ejemplo la generación eléctrica. En Venezuela la mayor parte de la electricidad proviene de plantas hidroeléctricas. La minería que ocurre en Bolívar afecta los cauces de los ríos, lo que en el caso del río Caroní afecta sensiblemente la potencia de su caudal, siendo el río que alimenta la represa Guri, la principal fuente de electricidad en el país. Así se ha afectado la generación de electricidad. Eso tiene un efecto adverso en la economía, incluso en las refinerías de petróleo existentes y otros sectores de la industria petrolera.
Desafortunadamente, los debates sobre minería y extractivismo son silenciados. Entonces, resulta que el Arco Minero va a terminar afectando adversamente la productividad y la vida en Venezuela, y eso incluye la propia producción de petróleo, que es la que genera los principales ingresos para la nación.
CPM: ¿Qué pueden hacer las personas que quieren monitorear, protestar o simplemente mantenerse informados sobre el Arco Minero?
ETM: Es necesario volver a movilizar a las personas, y esa movilización debe ser autónoma e independiente. Estamos ante un gobierno que se ha desviado de su camino y tiene poco que ver con el proyecto inicial de las bases populares del chavismo, que tenía una orientación emancipadora y propuso una transición alternativa. Ese bloque debe recuperar su agenda social involucrando demandas relacionadas con el trabajo y el salario, junto con reclamos relacionados con el género, los derechos indígenas y la tierra.
Hay una crisis ambiental muy grave en Venezuela y la agenda ambiental debe ser asumida por todos, centrándose particularmente en la lucha contra esta nueva forma deextractivismo de ajuste que se ha vuelto dominante. Hay alternativas, y el movimiento popular tiene que forjar un proyecto: un camino diferente al de la actual devastación que estamos presenciando en Venezuela. Eso, a su vez, requiere un proceso de construcción y debate autónomos, que nos permita superar la lógica actual de devastación social y ambiental.

Entrevista original en inglés: aquí
Traducción: OEP
Publicado por OCMAL

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Documentos/El-Arco-Minero-es-hoy-una-politica-de-ajuste-.-Entrevista-a-Emiliano-Teran-Mantovani