viernes, 28 de septiembre de 2018

Interpretemos el presente revisando no sólo la continuidad de la dictadura en la democracia sino también la agravación de la criminalización tanto de la pobreza como de la protesta durante más de una dekada extractivista.

Mercado y represión: en CABA,

la crisis tiene su propio código

28 de septiembre de 2018

El nuevo código promovido por el gobierno de Cambiemos incorpora el uso de la fuerza policial sin advertencia previa, contrariamente a lo que consigna la propia ley de seguridad de la Ciudad; formaliza el sistema de denuncias anónimas, multiplicador de causas armadas; criminaliza y persigue a quienes sobreviven con trabajos precarios en la vía pública (vendedores ambulantes, trapitos, personas en situación de prostitución, artesanos, artistas callejeros), y va frontalmente contra la protesta, con las nuevas figuras que penalizan a quienes pegan carteles o a quienes organizan actos en las calles con el eufemismo de “ruidos molestos”. Ciento veinte artículos con los que la policía podrá profundizar el control del territorio al antojo de sus mandantes.

Por CORREPI.

Si algo ha demostrado CAMBIEMOS, es su capacidad ilimitada para garantizar pobreza, inflación y recesión al pueblo trabajador.
Su política económica, de apariencia errática y sin rumbo, sin embargo ha cumplido la promesa de la revolución de la alegría… para los ricos. La más escandalosa transferencia de ingresos expoliados previamente a los trabajadores ha quedado en manos de quienes apostaron a la bicicleta financiera y de los capitales especulativos que con JP Morgan a la cabeza celebran en amarillo.
La otra, la economía real de las mayorías -trabajadorxs ocupadxs, subocupadxs, desempleadxs y precarizadxs; pequeñxs comerciantes y cuentapropistas, jubiladxs- ve caer al PBI en 2,3%; crecer a la inflación proyectada para la gestión macrista en un 32% promedio; una suba del desempleo para 2019 que los más optimistas cifran en el 12%, y todo ello sellado por el estremecedor nivel de endeudamiento público que se ubica en el orden del 87%, más alto que el PBI de 2015, más la entrega explícita de la soberanía económica a los dictados del FMI.
Si algo ha demostrado CAMBIEMOS, es su capacidad ilimitada para garantizar precariedad, desempleo y exclusión social al pueblo trabajador.
Hay vastos sectores, más o menos organizados, que resisten y resistirán, pues la conflictividad social es inherente al neoliberalismo. Pero CAMBIEMOS es además –y sólo comparable en este punto con la última dictadura genocida- un generador de población excedentaria, expulsada del circuito ciudadano, algo que el gobierno de los CEOs llama “sobrante” y para quienes reservan el lugar de la incivilidad.
Es que en la lógica del neoliberalismo, es el mercado quien entrega carta de ciudadanía: si consume sirve, si no, “sobra”.
De allí que el gobierno “le habla al mercado”, le explica al mercado, le concede al mercado. La democracia, aún en su expresión burguesa, se ve entonces completamente degradada por esa lógica. El episodio surrealista de un presidente que, por cadena nacional, habla un minuto y medio para anunciar un acuerdo que no fue, explica mejor que ningún otro el nivel de dependencia y sometimiento de la institucionalidad argentina.
Ni qué hablar de lo que puede pasar si resulta aprobado el bochornoso presupuesto con recortes de 500 mil millones en áreas que afectarán sensiblemente la cotidianeidad de las clases populares.
Los costos de esas políticas generan un clima social de mucha tensión, que inevitablemente colma las calles de cotidianos reclamos. Por ahora, y fragmentados, resultan controlados. Pero ¿hasta cuándo?
La lógica neoliberal se completa, entonces, con la apelación al otro pilar de su formulación: la represión. Gobiernan con el código penal en una mano y con el pertrechamiento sofisticado en la otra. Pero además, como ya no alcanza con el delito para hacernos ingresar al sistema penal, han actualizan y amplían viejas normas que les sirven para criminalizar la “micro ilegalidad”.
En la Ciudad de Buenos Aires, el Código Contravencional reemplaza, desde marzo de 1998, a los célebres edictos policiales. Si bien por entonces nos quisieron presentar una versión edulcorada bajo el engañoso título de “Código de Convivencia”, las sucesivas y siempre represivas reformas posteriores, como la de julio de 2004 que nos costó 17 presxs por más de un año y medio tras la movilización masiva en su repudio, dejaron claro su rol como instrumento para el disciplinamiento y control social. Hoy, el gobierno de CAMBIEMOS avanza aún más en la ampliación de facultades policiales para detener personas arbitrariamente, arma indispensable a la hora de instalar la lógica intimidatoria y neutralizante que expresan los “incivilizados que amenazan la vida de los ciudadanos”.
Lo dijimos en enero de 2016, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad dictó el fallo “Vera”, que habilitó la detención con fines identificatorios sin siquiera el ambiguo “indicio de sospecha”: Consagraron la validez sin fisuras de las detenciones arbitrarias, fuente no sólo de privación de libertad, sino, de la mano de las torturas, de riesgos bien concretos para la integridad física y la vida de los detenidos.
El nuevo código promovido por el gobierno de CAMBIEMOS incorpora el uso de la fuerza policial sin advertencia previa, contrariamente a lo que consigna la propia ley de seguridad de la Ciudad; formaliza el sistema de denuncias anónimas, multiplicador de causas armadas; criminaliza y persigue a quienes sobreviven con trabajos precarios en la vía pública (vendedores ambulantes, trapitos, personas en situación de prostitución, artesanxs, artistas callejerxs), y va frontalmente contra la protesta, con las nuevas figuras que penalizan a quienes pegan carteles o a quienes organizan actos en las calles con el eufemismo de “ruidos molestos”. Ciento veinte artículos con los que la policía podrá profundizar el control del territorio al antojo de sus mandantes.
Los códigos contravencionales, herederos de los “bandos del buen gobierno” que antaño se aplicaban contra los “vagos y mal entretenidos”, responden a la lógica de la “peligrosidad sin delito” e instalan la cultura del “sospechoso”, definición en la que caben desocupados, pobres, marginalizados, artistas populares, militantes sociales y políticos.
Si tenemos en cuenta que detrás de estas construcciones normativas hay un criterio tan arbitrario como selectivo, no es difícil imaginar a la policía de CAMBIEMOS lanzada a las calles de la ciudad para atrapar a los pobres del nuevo orden.
En CABA y el Gran Buenos Aires vive el 38% de la población del país. Cuando se gobierna como lo hace CAMBIEMOS, el control del espacio público y de la diversidad social, cercana al permanente conflicto, es un imperativo.
Hoy, de la mano de la necesidad de CAMBIEMOS de ejecutar las reglas del mercado, ese fetiche que con total frialdad impulsa el dólar hasta el cielo, multiplica la pobreza e hipoteca el futuro, se profundiza exponencialmente el recurso represivo de las faltas y contravenciones, bendecidas en su ajuste por la Legislatura. Al fin y al cabo, lo “legal” y lo “ilegal” es lo que el poder define así.
Pero las calles empiezan a unirse y la lucha organizada crece, en el duro camino de quebrar las lógicas del poder.

Fuente: http://www.anred.org/?p=104538

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