¿Quién subsidia a
quién?
17 de agosto
de 2018
Por Jonathan
Báez
ISIP
La anterior semana se aprobó la ley de fomento
productivo, denominada Ley Trole 3, un auténtico subsidio a los grupos más
poderosos del país. Este instrumento jurídico se centra en la remisión de
intereses, multas y recargos de obligaciones fiscales no realizadas; además de
una serie de exoneraciones al impuesto a la renta (uno de los principales
impuestos progresivos que disminuye la desigualdad). En ese sentido, se estima
que solo los 50 principales deudores se favorecerían del no pago de USD 1 344
millones, entre los que se encuentran grandes grupos económicos. A su vez, este
subsidio recuerda a aquellos realizados históricamente a los grupos de poder en
el país, tales como la sucretización y el feriado bancario.
En ese contexto, se está discutiendo la eliminación de los
subsidios a combustibles, específicamente gasolina, diésel y gas doméstico. Sin
embargo, dicha supresión al no plantearse como una estructura de incentivos que
busque la eficiencia empresarial, debilitará la competitividad del país y el
poder adquisitivo de las familias. De esa manera, en 2018 se presupuestó USD 3
470 millones para subsidios y aproximadamente USD 1 707 millones se destinarían
para gasolinas, diésel y gas de uso doméstico. No obstante, parece ser que la
“focalización” de la eliminación se centraría en la gasolina, que corresponden
al 34% del monto total de subsidios. Específicamente se analiza la posibilidad
de quitar el subsidio a la gasolina súper.
La decisión de enfocarse en la gasolina súper
indica que no se desea afectar el subsidio realizado a la estructura de costos
de las empresas que hacen uso de diésel y sí se desea afectar el subsidio al
consumo, especialmente al transporte. Este proceso es un desperdicio de la
competitividad sistémica generada a partir de la energía de bajo precio
generada por la construcción de varias hidroeléctricas. En ese sentido, desde
el 2015 el uso de diésel en las centrales térmicas disminuyó de 2,9 millones de
barriles a 216 mil barriles en el año anterior.
Por lo tanto, la eliminación del subsidio no tiene una estructura
de incentivos que procuren eficiencia empresarial sino que afecta la
competitividad, dado que eliminación del subsidio de la gasolina súper
aumentaría los costos de transporte (tanto de producción como de consumo),
mismos que se trasladarían a los consumidores lo que genera un aumento de los
precios relativos de la economía, disminuyendo el consumo de las familias. Esto
estrangularía la economía y profundizaría los problemas de liquidez. Los
mayores precios, a su vez, van a volver menos competitiva la producción
nacional, misma que se destina tanto al mercado interno y como al externo.
Por otra parte, de concretarse el incremento en el precio de la
gasolina súper seguramente habrá una migración de los consumidores a la
gasolina extra, con lo cual paradójicamente aumentará el subsidio que hace el
estado y generará un mayor crecimiento de los precios de los bienes y
servicios.
La disminución de los subsidios a los combustibles se realiza en
medio de generar un clima para acceder a financiamiento de organismos
multilaterales, tales como el FMI. De hecho, dada la aprobación de la ley de
fomento productivo como condición, el BID otorgará un préstamo por USD 600
millones. Financiamiento innecesario -que representa menos del 50% de la
remisión de intereses y multas- si se hubiera realizado efectivo el cobro a los
mayores 50 deudores. La cuestión es ¿Qué otras condiciones se van a realizar?
Tales como disminución de empleados y salarios en el sector público, en el
sector privado, etc.
Si bien es necesario realizar una revisión de los subsidios que
son acaparados por personas de altos ingresos, es necesario establecer las
condiciones para realizarlo y este no es el momento. Un ejemplo de ello es el
subsidio al gas. Se plantea eliminar este subsidio y aumentar al bono de
desarrollo humano el nivel de subsidio. En lugar de ello se debería pensar en
una inversión pública que implemente gas por tubería, esto permitiría generar
empleos y, al mismo tiempo, establecer un subsidio a las personas más
vulnerables y eliminarlo a quién no lo necesite, de igual manera eliminaría el
problema de contrabando. De igual manera, se puede aprovechar las
potencialidades de la matriz energética para una sustitución progresiva de las
cocinas de inducción.
En resumen, se observa que actualmente se subvenciona a los grupos
de poder y se eliminan los subsidios a la población en general. Es pertinente
potenciar las capacidades ya generadas y pensar en alternativas que permitan
generar multiplicadores en la economía y no contracciones. De esa forma, no se
subvenciona a quién se ha subvencionado históricamente y castiga a quién se ha
castigado históricamente.
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