Argentina extractiva:
el cambio era la profundización
20 de diciembre de 2016
Por Darío Aranda*.
El primer año del nuevo gobierno mostró continuidad y
profundización del modelo extractivo. Beneficios para el agronegocios y la megaminería.
Desfinanciamiento , vulneración de derecho y criminalización
para campesinos, indígenas y asambleas socioambientales.
Pergamino. Corazón de la pampa húmeda, las mejores tierras
de Argentina. El presidente Mauricio Macri viajó junto a su gabinete y anunció
el quite total a las retenciones (impuesto a las exportaciones) agropecuarias y
rebaja de cinco puntos para la soja. San Juan , provincia cordillerana. El
Presidente anunció el quite total a las retenciones a la megaminería (que eran
de entre 5 y 10 por ciento). Las dos medidas fueron tomadas en el primero mes
de gobierno.
Macri, que llegó al gobierno con las promesas de “cambio”,
mostró continuidad y profundización en las políticas extractivas.
Agronegocios
Al frente del Ministerio de Agricultura nombró a Ricardo
Buryaile, propietario de estancias en Formosa, ex vicepresidente de CRA
(Confederaciones Rurales Argentinas), una de las entidades productoras de
soja. Su primera medida fue rebautizar el ministerio: pasó a llamarse de
Agroindustria. También nombró a Guillermo Bernaudo como jefe de Gabinete (de la Asociación Argentina
de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola -Aacrea-), Néstor Roulet
como secretario de Valor Agregado (de CRA), Ricardo Negri como secretario de
Agricultura (Aacrea -asociación de empresarios del agro-), Beatriz “Pilu”
Giraudo en la
flamante Coordinación de Políticas Públicas para el
Desarrollo Sustentable (presidenta de la poderosa Asociación
de Productores de Siembra Directa -Aapresid-).
Aacrea y Aapresid son engranaje fundamental del
agronegocios, empresarios mentores ideológicos y de lobby transgénico. Nunca
sus cúpulas habían formado parte del Gobierno.
A cinco días días de asumir la presidencia, Macri viajó a
Pergamino y anunció el quite de retenciones para los productos agropecuarios.
Un medida de 10.000 millones de pesos, según el gobierno. Sin embargo, desde el
diario económico El Cronista estimaron, en base a la devaluación, un cifra
distinta: 60.000 millones de pesos.
En un cambio con el gobierno kirchnerista (que estuvo
enfrentado con sectores del campo, desde 2008), el macrismo estableció alianzas
y amplió los beneficios para el agronegocio, que en Argentina toma forma de
transgénicos (soja, maíz, algodón), uso masivo de agroquímicos y concentración
de tierras en pocas manos.
Una muestra en ese sentido fue el envío de un proyecto
para nueva ley de semillas. El sector empresario exige desde hace una década
una nueva legislación, que limite el “uso propio” (práctica tan ancestral como
la agricultura, que implica cosechar, guardar parte de esas semillas y volver a
sembrar).
En 2012 el gobierno de Cristina Fernández intentó, en
acuerdo con Monsanto, modificar la ley, pero tuvo resistencias incluso dentro
del Frente para la Victoria (FPV) y
no pudo tratarla en el Congreso Nacional.
En abril pasado, la máxima autoridad de Monsanto, Brett
Begemann, viajó desde Estados Unidos directo a Buenos Aires para reunirse con
el ministro Buryaile. Reclamó el cobro de regalías extendidas (no quieren
sólo cobrar al momento de la venta, sino también cada vez que se reutilicen las
semillas). Brett Begemann destacó que “fue una buena reunión, porque tenemos
una visión común sobre el valor de las tecnologías, y tuvimos la oportunidad de
compartir la necesidad de contar con un sistema confiable para el
reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual y el cobro de regalías
por cada uso de semillas con tecnologías patentadas”.
El 14 de octubre, el Ministerio de Agroindustria anunció:
“El proyecto de ley de semillas ingresó al Congreso”. Afirmó que se busca
“garantizar la investigación, tecnología y productividad”. El Ministerio
remarcó que “desde el Estado Nacional se trabajó en alcanzar los consensos
necesarios con todos los actores del sector público y privado, con el objetivo
de regularizar el mercado de semillas”.
No fueron convocados ni se escuchó la opinión de
organizaciones campesinas, pueblos indígenas, académicos críticos al modelo ni
de consumidores.
En el Congreso Nacional no se logró acuerdo para su
tratamiento. Incluso organizaciones del agronegocios (como CRA y Sociedad Rural
Argentina) rechazaron que las grandes semilleras quieran cobrar las regalías
extendidas.
Se conformó la Multisectorial contra la Ley Monsanto de
Semillas. Se trata de medio centenar de organizaciones sociales, campesinas,
ambientales y académicas que cuestiona que el proyecto enviado por el
Ministerio de Agroindustria “es producto de las negociaciones entre el gobierno
de Macri, las corporaciones transnacionales y los grandes productores”.
En 2003, cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia, la
superficie con soja era de 12 millones de hectáreas. En 2015 fue de 20
millones, un crecimiento geométrico. La estimación oficial para 2017 marca un
aumento a 20,6 millones. El maíz pasó de tres millones de hectáreas (2003) a
6,9 millones (2015). Para 2017 se aumentará a 7,3 millones. El trigo pasó
de 6,3 millones en 2003
a (sojización mediante) 4,4 en 2015. Las proyecciones
para 2017 es aumentar a 5 millones. En todos los casos hay uso masivo de
agroquímicos y el aumento de la superficie (“corrimiento de la frontera
agropecuaria”) implica avance sobre campesinos, indígenas y desmontes masivos
(en Argentina se desforestan un promedio de 32 hectáreas por
hora).
Campesinos
En la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF –área
dedicada a la agricultura campesina e indígena–) fue nombrado Oscar Alloatti.
Despidió 250 trabajadores en diez meses y realizó (bajo la órbita del ministro
Buryaile) un ajuste económico que dejó el área sin financiamiento. Renunció en
octubre. Y el área aún sigue acéfala.
“Hemos vivido un año durísimo y muy negativo por el embate
continuo del sector empresarial hacia nuestros territorios, con mucha violencia
e impunidad, notando mayor intensidad que años anteriores. Se nota el gran
envalentonamiento a raíz del gran apoyo que sintieron del actual gobierno
nacional, que ha respaldado al agronegonegocio y a la megaminería en desmedro
del sector campesino-indígena”, afirmó Roger Almaraz, del Movimiento Campesino
de Santiago del Estero (Mocase).
Ciencia
El Gobierno confirmó en sus cargos al ministro de Ciencia,
Lino Barañao, y al director de Biotecnología, Martín Lema, hombre clave en la
aprobación de transgénicos en el país. Barañao es reconocido promotor y aliados
de las empresas de transgénicos y agroquímicos. Llegó a afirmar que el “el
glifosato es como agua con sal” y, otra de sus máxima en defensa del herbicida,
fue en diciembre pasado: “De acuerdo con el prospecto de los plaguicidas, no
hay peligro”.
Lema está al frente de la Comisión Nacional
de Biotecnología (Conabia), espacio fundamental para autorizar las nuevas
semillas transgénicas (en base a estudios de las propias empresas). En 2016
aprobaron seis transgénicos de soja y maíz. Las empresas beneficiadas fueron
Syngenta, DowAgroSciences, Pioneer y Monsanto.
Minería
Por decreto número 160/2015, el 21 de diciembre de 2015 el
Presidente eliminó las retenciones a las exportaciones mineras. El diputado
nacional del Pro Eduardo Cáceres, vicepresidente de la Comisión de Minería de
Cámara de Diputados, había adelantado la medida luego de una reunión con el
ministro de Energía, Juan José Aranguren (ex CEO de Shell): “Esto le abre la
puerta de par en par a las inversiones mineras”. Y aclaró que entre los proyectos
en carpeta sobresalen Agua Rica (Catamarca) y Potasio Río Colorado (Mendoza).
Pero el mayor exponente público de la minería no provino
del Ministerio de Energía (donde depende la actividad). “La minería es una
actividad productiva que el gobierno nacional apoya y desarrolla. Las
posiciones extremas terminan politizando y desprestigiando actividades
productivas que, cuando se hacen seriamente, traen bienestar para la
comunidad”, señaló el ministro de Ambiente, Sergio Bergman.
Durante todo el primer semestre el Ministro de Ambiente
visitó ciudades claves en el rechazo a la megaminería: Chubut (Esquel, Trelew,
Rawson, Pirámides), Catamarca (Andalgalá), San Juan (Jáchal) y La Rioja
(Famatina y Chilecito).
En todas las provincias Bergman repitió el mismo libreto.
Propuso “debates serios, diálogo” sobre minería y señaló que el problema era la
“falta de controles”. Rosario Carranza, de la Asamblea El Algarrobo
de Andalgalá, explicitó cómo se define a Bergman en las asambleas
socioambientales: “Es un lobbista de las mineras”.
En 2003, cuando el kirchnerismo llegó al poder, había en
Argentina 40 proyectos mineros en estudio. En 2015, antes de dejar el gobierno,
el ministro de Infraestructura, Julio De Vido, celebró que existían 800
proyectos en estudio.
El nuevo Gobierno mantiene la misma línea e impulsa la
puesta en marcha de una decena de proyectos mineros. De extracción de litio en
Jujuy y Salta, Pascua Lama (San Juan), San Jorge y Potasio Río Colorado
(Mendoza), Suyai y Navidad (Chubut), Agua Rica y Filo Colorado (Catamarca),
entre otros. En todos los casos, existen rechazos de las comunidades locales.
“La política extractiva se mantiene. La minería es
política de Estado. Los funcionarios siguen jugando para las mineras”, resume
Aldo Flores, de la
Asamblea El Algarrobo de Andalgalá. Hace veinte años que allí
está instalada Minera Alumbrera y no ha cumplido con ninguna de las promesas
(trabajo, desarrollo local, cuidado del ambiente). La población no quiere más
minería y rechaza un nuevo proyecto (llamado Agua Rica), tres veces más grande
que Alumbrera y a sólo 17
kilómetros de la ciudad, donde nacen las fuentes de
agua.
En 2010 cerraron el paso a los camiones de Agua Rica. Una
feroz represión cayó sobre los habitantes de Andalgalá y sobrevino una
pueblada. Luego un juez local suspendió el proyecto minero y la causa escaló
hasta la Corte Suprema
de Justicia de la Nación (con dos acampes de los asambleístas en Buenos Aires,
para que los jueces no duerman la causa). En septiembre pasado, el Concejo
Deliberante de Andalgalá prohibió la megaminería en la localidad.
“Las mineras ahora tienen perfil bajo acá, saben que no
son queridas, pero aparecen los políticos y dan la cara por ellos, son títeres
adictos a la corrupción que les proponen las mineras. Ahí anda la gobernadora
(Lucía Corpacci) diciendo que Agua Rica se hará sí o sí”, cuestiona Flores,
pero antes de terminar la llamada avisa: “Acá estamos decididos a defender el
territorio. Nos van a reprimir, lo sabemos, pero no van a pasar”.
En Esquel, lugar emblemático donde en 2003 el 80 por
ciento de la población votó en contra de la actividad, y aún se mantiene en
lucha. Corina Milán es parte de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados Esquel y
de la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut, no tiene dudas del accionar del
gobierno nacional en su primer año: “Muy negativa”. Cuestionó la quita a las
retenciones y destacó el “cambio de estrategia” al enviar al ministro de
Ambiente, Bergman, “que repite slogans coucheados por publicistas, tratando de
plantear que ‘la minería es una actividad productiva'”. Recordó que en Esquel
llegó a reconocer que su objetivo era “sacarlos de la calle (a las asambleas)”.
También cuestionó que el Gobierno incluyó en el
presupuesto 2017 la construcción de una planta de uranio en Chubut, sin tener
en cuenta que está vigente la ley 5001 que prohíbe esa actividad.
Pasteras
Una lucha socioambiental que marcó la última década se dio
en la ciudad de Gualeguaychú (Entre Ríos) y motivó un conflicto binacional. En
febrero de 2005, el gobierno uruguayo autorizó la construcción de una
planta de celulosa de la empresa finlandesa Botnia (luego UPM) en el margen del
río compartido con Argentina. La población entrerriana rechazó el
emprendimiento, con numerosas pruebas de la contaminación de ese tipo de plantas.
En enero de 2006, miles
de entrerrianos desbordaron el puente General San Martín (que une los dos
países). La marea de gente sorprendió a los propios vecinos de la tranquila Gualeguaychú.
El “conflicto por las papeleras” encontró su punto alto en la
agenda nacional y la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú
comenzó un corte en el puente.
El presidente Néstor Kirchner visitó Gualeguaychú el 5 de
mayo de 2006. En el escenario del Corsódromo, ante unas 35.000 personas, el
Presidente prometió: “Es una cuestión ambiental que atañe a todo el país”.
Cuestionó a los países de primer mundo por trasladar sus industrias
contaminantes: “No pueden traernos como solución a la pobreza la creación de
puestos de trabajo a costa de nuestra degradación ambiental”.
El Gobierno fue tomando distancia del reclamo y pactó
“controles” conjuntos con Uruguay. La Asamblea de Gualeguaychú cuestionó al
Ejecutivo Nacional (primero a Néstor Kirchner, luego a Cristina Fernández) por
haber negociado con Uruguay y los acusaron de darle la espalda a los
entrerrianos.
En diciembre de 2011, la Asamblea de Gualeguaychú emitió
el comunicado “1500 días de Botnia”. El subtítulo fue “con las emisiones
tóxicas, se va confirmando lo anunciado”. Puntualizó doce ítems de
contaminación, derrames, dioxinas, vertidos al Río Uruguay, emisiones de gas
sulfhídrico, daños en flora y aumento de la temperatura de los efluentes, entre
otros.
La última escalada gubernamental fue en 2013, cuando
Uruguay autorizó a UPM-Botnia a aumentar la producción a 1,2 millones de
toneladas anuales (cien mil toneladas más de pasta de celulosa al año).
Argentina retrucó el mismo día. El canciller Héctor Timerman hizo público el
informe de científicos que confirmaba la contaminación de la pastera en el Río
Uruguay. Altas temperaturas de efluentes, exceso de fósforo en el agua (36
veces más de lo permitido), pesticidas, cromo y fenoles (400 por ciento más de
lo establecido por ley). El estudio era responsabilidad de la Comisión Administradora
del Río Uruguay (CARU), integrada por uruguayos y argentinos.
Con seis años de funcionamiento, el Gobierno aseguró que
la pastera contaminó con fenoles, fósforo, níquel y cromo. Y precisó que volcó
por día 61 millones de litros de efluentes que superan en un 60 por ciento la
temperatura permitida (32 grados sobre los 20 grados del río). Y recordó lo
insólito de la manera de controlar a Botnia: las autoridades deben avisar a la
empresa y, recién diez días después, los científicos podían visitar la planta.
La asamblea de Gualeguaychú apuntó contra ambos gobiernos
y UPM-Botnia. Cuestionó que se hayan ocultado durante cuatro años los estudios
que confirman la contaminación.
El 6 de enero de 2016, Macri se reunió con su par
uruguayo, Tabaré Vázquez y le propuso “dar vuelta la página” en el conflicto
por las pasteras. Acordaron un “monitoreo medioambiental de ríos y espacios
comunes”. Vázquez anunció “la creación de un laboratorio de última generación
de control medioambiental”.
En julio, el presidente de Uruguay Tabaré Vázquez anunció
la instalación de una nueva planta de pasta de celulosa en la zona del río
Uruguay. Y en noviembre se dio a conocer un informe conjunto, entre Uruguay y
Argentina (de la
Comisión Administradora del Río Uruguay –CARU–) que confirma
que Botnia-UPM contamina pero también señala que “Gualeguaychú contamina más”.
Así lo divulgó el discurso oficial (de ambos gobiernos) y así lo replicaron los
grandes medios de comunicación de
Buenos Aires.
Horacio Melo, ex delegado argentino en la Comisión Administradora
del Río Uruguay (entre 2005 y 2016), rechazó el informe por “inconsistente”.
Explicó que el trabajo difundido “hizo “desaparecer el 90 por ciento de las
exigencias” vigentes en materia de control ambiental y denunció que ambos
gobiernos “utilizaron normas uruguayas dictadas exclusivamente para la empresa UPM-Botnia ”.
Denunció que la delegación del gobierno argentina (en la
CARU) prestó acuerdo para archivar decenas de denuncias sobre emanaciones
gaseosas contaminantes por parte de UPM, que se tramitaron a través de la
Comisión. “Desde Uruguay se insiste con anuncios en continuar el modelo
extractivo con nuevas plantas celulósicas, y desde el gobierno argentino lo
miran hasta con cierta envidia. La depredación nunca cesó, pero hoy muestra los
dientes por la calle sin ninguna vergüenza”, afirmó Rivollier.
Criminalización
Corina Milán, de la Asamblea de Esquel, destacó la
preocupación por “el escenario de criminalización de la protesta social que se
está planteando y que debe ser leído en sintonía con la avanzada extractivista
que se promueve”.
En el mismo sentido, un centenar de organizaciones de
derechos humanos y de pueblos indígenas emitió un comunicado conjunto en
noviembre. “La lucha indígena no es delito. Estigmatización y persecución al
pueblo mapuche”, es el título del documento emitido por Amnistía Internacional,
el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), la Asamblea Permanente
de Derechos Humanos (APDH) y organizaciones pueblos originarios.
Es una respuesta al Ministerio de Seguridad de la Nación,
que en su informe de gestión acusó a los pueblos indígenas de la Patagonia de
delitos federales y los responsabiliza de hechos delictivos (sin aportar
pruebas).
“Manifestamos profunda preocupación por el tratamiento de
los reclamos del pueblo mapuche. El ministerio de Seguridad coloca a las
reivindicaciones territoriales mapuches como amenazas para la seguridad
social”, denunció el comunicado de los organismos de derechos humanos. También
denunciaron la situación en la formación petrolera Vaca Muerta (provincia de
Neuquén), una de las mayores reservas de hidrocarburos no convencional del
mundo. “El Estado privilegia los intereses de las petroleras y criminaliza al
pueblo mapuche”, cuestionan Amnistía Internacional, APDH, la Confederación Mapuche
de Neuquén y el Parlamento Mapuche de Río Negro, entre otras organizaciones.
El gobierno nacional había acusado a los mapuches de
“armar comunidades indígenas y tomar tierras en zonas petroleras”. El
ministerio de Seguridad hizo propio el discurso de las empresas petroleras, que
argumentan la “usurpación” que realizarían comunidades indígenas sobre campos
de hidrocarburos.
“El pueblo mapuche es preexistente a la conformación de
los Estados, de acuerdo a lo reconocido por la Constitución Nacional
(artículo 75, inciso 17). Son las petroleras, mineras y grandes estancias las
que se han instalado, muchas veces por la fuerza, en territorios comunitarios,
profundizando el despojo”, denuncian las organizaciones de derechos humanos y
pueblos originarios.
Luchas
La comunidad mapuche Campo Maripe lleva seis meses de
bloqueo a YPF-Chevron en Vaca Muerta. En un contexto de criminalización (e
invisibilización) exigen el cumplimiento de los derechos indígenas (consulta
previa y consentimiento libre, previo e informado). El gobierno impulsa la
llegada de nuevas empresas, donde viven más de veinte comunidades mapuches.
Anuncio de mayor conflictividad para 2017.
Entre el 8 y el 11 de diciembre se realizó en La Rioja el
27 Encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), espacio que reúne a
organizaciones de todos el país que luchan contra el extractivismo (muchas
vinculadas a la megaminería, pero también contra el agronegocios, pasteras y
contaminación urbana). “En el mundo se consolidan gobiernos de derecha que ya
no ocultan la decisión de destruir y saquear nuestros bienes comunes como
países periféricos, pero al mismo tiempo también avanza nuestra resistencia y
nuestras propuestas para construir ese mundo que queremos. Nosotros nos
constituimos como una alternativa a partir de otra manera de organizarnos”,
explicó Cecilia Matta, integrante de la Asamblea Riojana Capital.
Participaron más de 300 asambleas y organizaciones
sociales, remarcaron los logros de este año, entre ellos el sostenimiento de la
Ley 7722, que protege el agua en Mendoza (y que las empresas extractivas
intentaron dar de baja), el freno a las compañías mineras en La Rioja y la
paralización del proyecto Agua Rica en Catamarca. El encuentro de la UAC,
considerado una “asamblea de asambleas”, finalizó con un documento que invita
al optimismo: “Se potencia la construcción de una forma diferente de hacer
política, impulsando la defensa del territorio y el derecho a decidir”.
Quizá el mayor hito de las luchas de 2016 de Argentina
provenga de la localidad de Malvinas Argentinas (en Córdoba). En 2012, la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner había anunciado la llegada de Monsanto,
con su mayor planta de maíz transgénico del continente. Los vecinos comenzaron
a organizarse, nació la Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida y
rechazaron la instalación de Monsanto.
Fueron cuatro años de resistencia, medio docena de
represiones, judicialización, amenazas y bloqueos al predio de treinta
hectáreas de la
empresa. Desde 2014 estaba suspendida por un fallo judicial
(solicitado por los vecinos) y por el rechazo (por parte de la Secretaría de Ambiente
de Córdoba) del informe de impacto ambiental presentado por la compañía. Pero Monsanto
insistía en el proyecto, con apoyo del Municipio, la Provincia y Nación.
En septiembre circularon versiones sobre la partida de la compañía. En
noviembre, la intendenta, Silvina González, confirmó que la empresa AMG Obras
Civiles había adquirido el predio de Monsanto.
El 4 de diciembre hubo festejos en Malvinas Argentinas. La
invitación destacaba: “Luchamos, resistimos, triunfamos. Llegó el momento de
celebrar”. No es para menos. Los vecinos de la pequeña localidad cordobesa
lograron lo que parecía imposible: derrotar a la mayor empresa del agronegocio
del mundo.
Sobre el autor
Darío Aranda, periodista argentino especializado en
extractivismo. Trabaja en el diario Página/12, la cooperativa de comunicación La Vaca y las radios FM Kalewche (Esquel), laCooperativa
La Brújula (Rosario) y Los
Ludditas (FM La
Tribu).
Colaboró con el Observatorio de Derechos Humanos de
Pueblos Indígenas (Odhpi).Escribe en el diario La Jornada de México
(suplemento “Del Campo”) y es consultor deAmnistía Internacional.
Las opiniones vertidas en este artículo pertenecen
exclusivamente a su autor.
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Fuente: http://www.opsur.org.ar/blog/2016/12/20/argentina-extractiva-el-cambio-era-la-profundizacion/
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