sábado, 21 de julio de 2018

“¿Tanto nos han golpeado, tanto se ha castigado al campo popular que la disyuntiva termina siendo apoyar o no a un presidente-empresario elegido en elecciones dentro de la legalidad capitalista? ¿Tanto hemos retrocedido que la disyuntiva se da entre si es ‘bueno’ o ‘malo’ un funcionario público que ‘hace cosas por su pueblo’?”.

Nicaragua, Nicaragüita…
21 de julio de 2018
Por Marcelo Colussi (Rebelión)

La situación en Nicaragua está al rojo vivo. Mucho se ha escrito ya al respecto, y en el campo de la izquierda las aguas están divididas: ¿apoyar o no apoyar a Daniel Ortega?
El presente texto quizá no aporte nada nuevo; en todo caso, presenta más preguntas que respuestas. Pero preguntas, en definitiva, que podrían funcionar para profundizar un debate imprescindiblemente urgente en el campo de la maltrecha izquierda: ¿tanto nos han golpeado, tanto se ha castigado al campo popular que la disyuntiva termina siendo apoyar o no a un presidente-empresario elegido en elecciones dentro de la legalidad capitalista? ¿Tanto hemos retrocedido que la disyuntiva se da entre si es “bueno” o “malo” un funcionario público que “hace cosas por su pueblo”? ¿Y los ideales socialistas revolucionarios que levantara la Revolución Sandinista hace 40 años? ¿Dónde queda aquello de poder popular, de gobierno obrero y campesino? ¿El socialismo se restringe a programas asistenciales?
Porque no hay que olvidar que el sandinismo histórico, no hay que olvidar que los valores revolucionarios que pusieran en marcha jóvenes luchadores en la década del 60 del pasado siglo cuando fundaron el Frente Sandinista de Liberación Nacional, inspirados en muy buena medida en el marxismo (Carlos Fonseca era un consumado marxista), no se restringen a un presidente atornillado en el poder (y que coloca a dedo a su esposa como vicepresidenta). No hay que olvidar que el ideario socialista en nombre del que se llevó a cabo esa gloriosa gesta que fue la revolución del 19 de julio de 1979 no se reduce a apoyar a alguien “no tan bueno” pero “mejor que lo que podrá venir”.
Quizá vale recordar los ideales del Mayo Francés, tan lejanos ahora en el tiempo que parecen utopías tontas: “¡Seamos realistas: pidamos lo imposible!”, pero imprescindiblemente necesarios. ¿Abandonamos los principios revolucionarios que permitieron las primeras revoluciones socialistas de la historia para quedarnos con la democracia burguesa y programas asistenciales? ¿Tan bajo hemos caído?
Abel Bohoslavsky, histórico militante socialista argentino, leyendo uno de tantos materiales de análisis de la situación actual de Nicaragua, se pregunta (pregunta que hago mía): Si Somoza era el hijo de puta de Roosevelt, ¿el "desastrado timonel" Ortega sería "nuestro" hijo de puta? Si ese desastrado timonel "hipotecó la tradición revolucionaria del sandinismo", tiene "desprecio por la opinión de la base sandinista" y además hizo un "pacto con los enemigos... siempre volátil y transitorio" -todo eso durante 18 años (pacto Ortega-Alemán)- ¿hay que ir a ayudarlo para que "enderece el rumbo?".

Apoyar los gobiernos progresistas que aparecieron estos últimos años en Latinoamérica abre preguntas en la izquierda: ninguno de ellos, desde la Revolución Bolivariana con Chávez al orteguismo (¡no sandinismo!) actual en Nicaragua, pasando por distintas variantes (el PT en Brasil, matrimonio Kirchner en Argentina, Evo en Bolivia, Correa en Ecuador, etc.) no cuestionó realmente las bases del capitalismo. Fueron, o son, procesos redistributivos con más justicia social que los planteos neoliberales de capitalismo feroz. Pero no tocaron los resortes últimos de la propiedad privada. ¿Es acaso el actual gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo un planteo revolucionario? Decir que mejoró un poco las condiciones generales de la población nicaragüense puede ser loable (puede ser, tampoco lo afirmaríamos categóricamente, porque ¿a qué costo las mejoró: llenando de maquilas el país con salarios bajísimos), pero eso no es el ideario de una revolución socialista. ¿O sí?
Un planteo capitalista revestido de un discurso progresista y con pirotecnia verbal antiimperialista no deja de ser capitalista, con explotación de la mano de obra, con clases sociales enfrentadas. Eso no hay que olvidarlo: ¡los procesos socialistas no pueden entenderse si no es en la lógica de la lucha de clases! ¿A quién representa Daniel Ortega: al campesinado pobre, a los trabajadores urbanos, a los subocupados del comercio informal, o a la nueva clase empresarial ex sandinista que se enriqueció con la tristemente famosa piñata cuando tuvo que dejar el poder en 1990? ¿Por qué los revolucionarios sandinistas que adversaron eso no siguieron en el FSLN?

Sin dudas en la convulsionada sociedad nicaragüense el imperialismo estadounidense está trabajando. Eso ni se discute. América Latina, lo sabemos, es la reserva estratégica de Washington, y nada de lo que aquí pase en términos políticos escapa a su control. Con absoluta seguridad hay agentes del imperio trabajando a toda máquina en Nicaragua. Pero eso solo no explica los acontecimientos actuales.

Como dice Abel Bohoslavsky: “En Nicaragua hay una insubordinación cívica elementalmente democrática (cese de la represión, cese del autoritarismo gubernamental, cese del nepotismo). Se trata de una rebelión democrática contra un régimen de origen democrático (aunque probadamente fraudulento en lo institucional) originado en el Pacto Ortega-Alemán y Ortega-Iglesia. Tiene un sentido histórico-político inverso a las guarimbas ]dadas en Venezuela[, aunque no sea ni pretenda ser revolucionario. Endilgarle ese calificativo es parte del fraude propagandístico orteguista”.
Si durante los 11 años de gobierno de Ortega-Murillo todo estuvo “tranquilo”, si el gobierno de Estados Unidos no disparó a matar como sí lo hizo con todos los experimentos progresistas de Latinoamérica, eso abre interrogantes. ¿Qué pasó ahora que se rompió el pacto del gobierno con los sectores empresariales, con la Iglesia católica, con Washington?
No está claro. Podría pensarse que la construcción del canal interoceánico por parte de capitales chinos, o la estación de investigación electrónica rusa instalada en Managua, son un peligro para la geoestrategia de Washington. ¿Todo esto es la reacción a ese “atrevimiento” de Ortega? En el patio trasero de la gran potencia nadie puede osar instalar bases militares chinas y/o rusas. ¿Esta sería la causa?
Quedarse con la idea que todo lo que se está viviendo en el país es solamente una nueva “revolución de colores” no alcanza. El orteguismo no es, precisamente, un gobierno revolucionario: es la expresión de esta nueva burocracia empresarial surgida de la lejana Revolución Sandinista, donde la figura de Daniel Ortega se consolidó como líder absoluto sacándose de encima cualquier atisbo de crítica. Y de principios revolucionarios, de socialismo, de transformación radical de la sociedad a manos de obreros y campesinos… ¡nada!

¿Hay que defender o no este proceso entonces? Difícil disyuntiva. Por supuesto que el imperio no tolera afrentas, e incluso gobiernos redistributivos de “capitalismo con rostro humano” son su enemigo. En ese sentido, si cae Ortega podrá venir un gobierno absolutamente neoliberal, suspendiendo la presencia chino-rusa en Nicaragua. Pero la situación actual en la patria de Sandino, ¿es una revolución? ¿Se trata entonces de defender lo “menos malo”? Un canal construido por los chinos, ¿es un avance para el campo popular?

La sublevación actual de la sociedad, quizá mezcla de activistas pagados por la CIA y reacción espontánea ante el nepotismo autoritario de un ex socialista (acusado de violador, por cierto), de momento está trayendo solo muertos, siempre pobres, siempre del campo popular. No hay organización alternativa, no hay proyecto superador. Los ideales revolucionarios están guardados por ahora, y los líderes históricos que se salieron (o fueron sacados) de la estructura sandinista, hoy día son marginales.

Es cierto que la propaganda de la derecha ya puso a Ortega como “villano de la película”, igual que en su momento Chávez, o Khadafi, o Saddam Hussein. El guión ya está escrito. Sumarse a las voces de la derecha, a la prensa comercial, a los lacayos de Washington que vociferan contra la “barbarie” en marcha, es un error. Defender un gobierno empresarial que pactó con el enemigo de clase, también.
¿Quién saldrá beneficiado de todo esto? El “pobrerío” seguramente no. No hay condiciones para una real y profunda sublevación popular como la de 1979. Entonces… ¿otra vez gana el imperio?
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=244390
pple-converted-space> 1938).

El argumento de la dirección sandinista para “justificar” estos crímenes es que se trata de una “conspiración reaccionaria” contra un supuesto gobierno “progresista”. Pero los hechos muestran que se trata de una sublevación popular y juvenil contra las medidas neoliberales de un gobierno capitalista. Y en esto no hay nada semejante a lo del intento golpista contra Maduro en 2017, por más que Ortega intente arroparse en esa manta. Lo de Venezuela amerita otra discusión aparte, también crítica.
Hablando de la ofensiva reaccionaria imperialista en los años 1930 y los métodos criminales del stalinismo en la URSS, León Trotsky decía, algo que le encaja bien al gobierno de Ortega-Murillo: “Desde el punto de vista del marxismo, que expresa los intereses históricos del proletariado, el fin está justificado si conduce al acrecentamiento del poder del hombre sobre la naturaleza y a la abolición del hombre sobre el hombre… Está permitido -…- todo lo que conduce realmente a la liberación de la humanidad… el gran fin revolucionario rechaza, en cuanto medios, todos los procedimientos y métodos indignos que alzan a una parte de la clase obrera contra las otras…”.
Los fines del gobierno de Daniel Ortega y sus métodos criminales son repudiables no solo para cualquier marxista consecuente, sino para cualquier demócrata. El futuro revolucionario y socialista de Nicaragua no saldrá de la dirección del FSLN, envilecida por estos crímenes y que negocia a trastiendas con el COSEP, sino de los jóvenes universitarios y barriales, quienes deberán construir un partido revolucionario que recupere el programa de transformaciones por el que cayeron los mártires de la Revolución de 1979.

Reflexionemos en qué se convirtió el Foro de Sao Paulo al convocar a sostener la continuidad de los gobiernos progresistas.


Nicaragua
¿Dónde está la Revolución Sandinista?
21 de julio de 2018
Por Olmedo Beluche (Rebelión)
El 19 de julio de 1979 un sentimiento de euforia conmovía los corazones de la juventud latinoamericana de aquél entonces. Un grupo de jóvenes revolucionarios, organizados en el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) tomaban Managua, de donde hacía poco había huido el dictador Somoza.
La conmoción causada por el asesinato del opositor a la dictadura somocista, Pedro Joaquín Chamorro, en enero de 1978, así como la insurrección popular de Masaya y Monimbó, unos meses después, despertaron un movimiento de solidaridad continental y mundial con el pueblo de Nicaragua, en especial con su juventud revolucionaria agrupada en el FSLN.
Se organizaron brigadas de solidaridad para combatir en la patria de Sandino: por un lado, en Panamá, el gobierno socialdemócrata de Omar Torrijos promovió la Brigada Victoriano Lorenzo; por otro lado, el movimiento trotskista latinoamericano organizó la Brigada Simón Bolívar. Creo que desde la Guerra Civil Española no se veía algo así.
Veinte años después del triunfo de la Revolución Cubana, que había galvanizado las conciencias de la juventud en su momento, una nueva victoria popular llenaba de esperanza a nuestra generación, que soñaba con ver la construcción de un mundo sin opresión, ni explotación, fase inicial del socialismo.
La Revolución Nicaragüense del 79, a su vez, dio impulso a los procesos revolucionarios abiertos en El Salvador y Guatemala. Todos soñábamos con una Centroamérica unida y socialista, que hiciera realidad el sueño liberador de Bolívar. Las organizaciones revolucionarias, incluso en Panamá, se llenaron de jóvenes que luchaban con ahínco por esos sueños.

Los hechos a su vez empujaban el debate político: ¿Qué tipo de revolución había que hacer? ¿Qué medidas económicas debían tomarse? ¿Revolución por etapas o Revolución Permanente? ¿Hasta adónde debían llegar los movimientos de liberación nacional, quedarse en los límites de la democracia burguesa o expropiar a los capitalistas? ¿Lucha armada o sólo política?

La revolución que se congeló y retrocedió
Las respuestas a esas preguntas llegaron en pocas semanas y quedaron simbolizadas en el arresto y la expulsión de la Brigada Simón Bolívar, que se había propuesto impulsar la organización de sindicatos y la expropiación del gran capital. Al entregar detenidos a los dirigentes de esta brigada a las fuerzas represivas del régimen militar panameño quedó sentenciado el objetivo del gobierno de “reconstrucción” de no pasar los límites del capitalismo.
Poco después, cuando los revolucionarios soñaban aún con una Nicaragua socialista siguiendo el modelo cubano, Fidel Castro les aconsejó que “no sea otra Cuba”. Frase que algunos ilusos interpretaron como que “las revoluciones no se exportan”, lo que es cierto, pero que, en el debate de entonces, tenía un claro significado en el sentido de que NO se expropiara a la burguesía, como se hizo en la isla, que Nicaragua se quedara en los límites del sistema capitalista.
Este consejo, y su cumplimiento por parte de la dirección sandinista, implicó un bumerang contra Cuba, pues a la larga la Revolución Nicaragüense se congeló y empezó a retroceder, con lo cual el aislamiento cubano se mantuvo, creció con la desaparición de la URSS y sólo se rompió con el proceso bolivariano dirigido por Hugo Chávez.
La burguesía se dio a la tarea de corromper a muchos de los comandantes sandinistas, convirtiendo a algunos, en especial a Daniel Ortega, en prósperos empresarios millonarios, con lo cual les cambió el signo de clase.
Lo demás es historia conocida: la derrota electoral de 1990; los pactos (“tácticos”, a decir de Atilio Borón) posteriores con Arnoldo Alemán y el COSEP; la reconciliación con el archi reaccionario obispo Obando y Bravo; las rupturas por derecha e izquierda del FSLN; el cuestionado tratado sobre el Canal Interoceánico, etc. Ni hablar de las denuncias de violación de su hijastra Zoilaamérica.
Además de otros “detalles”, como que fue el primer gobierno de la región en reconocer al régimen fraudulento y dictatorial de Juan Orlando Hernández de Honduras. Su afán por salvarse de la ofensiva de la derecha y sostenerse en el poder ha sido más fuerte que ningún compromiso “progresista”. Decir, “socialista” sería un chiste de mal gusto.
Pese a ello, Daniel Ortega hizo un gobierno “progresista” aparentemente equilibrado, con base al modelo de las ayudas sociales (transferencias) que sostenía uno de los países menos desiguales de Centroamérica, aunque con una pobreza generalizada. No hay duda de que hasta hace unos meses mantenía una fuerte base social.
Pero de pronto, la crisis capitalista mundial, de la que la crisis de los gobiernos progresistas latinoamericanos es una de sus manifestaciones, lo llevó a la aplicación de reformas neoliberales a las pensiones aconsejadas por el FMI.

¿Quién expresa la continuidad de la Revolución de 1979, Ortega o los jóvenes de las barricadas?
Hoy, cuarenta años después de aquella heroica Revolución Sandinista que tanto nos entusiasmó tenemos que preguntarnos qué ha pasado. ¿Dónde está la Revolución Sandinista que apoyamos entusiastas entonces? ¿Daniel Ortega y su gobierno, aparte de las siglas del FSLN, representan la continuidad de aquellos acontecimientos? ¿O Daniel Ortega es el sepulturero de aquella revolución de 1979?
¿Quién expresa mejor los ideales democráticos de aquella generación revolucionaria fundada por Carlos Fonseca a mediados de los años 50, el régimen de Ortega o los estudiantes universitarios y los jóvenes de los barrios pobres que luchan en las barricadas, como los de Masaya de 2018?
Responder estas preguntas requiere responder previamente a los siguientes criterios metodológicos: ¿Socialmente hablando quién es Ortega y quienes son los estudiantes? ¿Cuáles son los objetivos del gobierno del FSLN y cuáles los de los estudiantes y el pueblo nica?
Las respuestas son simples y evidentes: Mientras Ortega es un millonario cuyo gobierno pretendía imponer a sangre y fuego una reforma a las jubilaciones ordenada por el Fondo Monetario Internacional, incluyendo una rebaja del 5% de las jubilaciones; por otro lado, los que pelean en las barricadas son jóvenes de los barrios pauperizados de Nicaragua, la mayoría de ellos sin empleos que luchan contra un paquete neoliberal.

Una disyuntiva política pero también moral
Por más cínicos o ignorantes que sean quienes a estas alturas siguen sosteniendo que el gobierno Ortega – Murillo representa en algo a aquella heroica Revolución de 1979, seguro que sienten cierta incomodidad moral, acompañada de encogimiento de hombros, ante los crímenes atroces que está cometiendo ese gobierno contra la juventud nicaragüense de 2018.
Hay que tener una costra moral muy endurecida para no sentir repugnancia por un gobierno que saca a punta de tiros a los estudiantes de una universidad y que luego los ametralla cuando se refugian en una iglesia o ver cómo se quema viva a una familia por no prestar su casa a los francotiradores del gobierno.
Los marxistas para valorar un hecho no nos guiamos por criterios morales “eternos”, “bajados de los cielos” o que responden a una “esencia humana” inmutable. Hay una dialéctica entre los medios y los fines que es la que nos permite orientarnos en cada situación. Como decía Trotsky: “El medio solo puede ser justificado por el fin. Pero éste, a su vez, debe ser justificado” (Su moral y la nuestra, 1938).
El argumento de la dirección sandinista para “justificar” estos crímenes es que se trata de una “conspiración reaccionaria” contra un supuesto gobierno “progresista”. Pero los hechos muestran que se trata de una sublevación popular y juvenil contra las medidas neoliberales de un gobierno capitalista. Y en esto no hay nada semejante a lo del intento golpista contra Maduro en 2017, por más que Ortega intente arroparse en esa manta. Lo de Venezuela amerita otra discusión aparte, también crítica.
Hablando de la ofensiva reaccionaria imperialista en los años 1930 y los métodos criminales del stalinismo en la URSS, León Trotsky decía, algo que le encaja bien al gobierno de Ortega-Murillo: “Desde el punto de vista del marxismo, que expresa los intereses históricos del proletariado, el fin está justificado si conduce al acrecentamiento del poder del hombre sobre la naturaleza y a la abolición del hombre sobre el hombre… Está permitido -…- todo lo que conduce realmente a la liberación de la humanidad… el gran fin revolucionario rechaza, en cuanto medios, todos los procedimientos y métodos indignos que alzan a una parte de la clase obrera contra las otras…”.
Los fines del gobierno de Daniel Ortega y sus métodos criminales son repudiables no sólo para cualquier marxista consecuente, sino para cualquier demócrata. El futuro revolucionario y socialista de Nicaragua no saldrá de la dirección del FSLN, envilecida por estos crímenes y que negocia a trastiendas con el COSEP, sino de los jóvenes universitarios y barriales, quienes deberán construir un partido revolucionario que recupere el programa de transformaciones por el que cayeron los mártires de la Revolución de 1979.

Sepamos en Guatemala: "hermanados en la pobreza, con atmósfera a traición, ex guerrilleros, ex patrulleros de auto defensa (PAC), ex soldados del Ejército, se encontraron con sus hermanos indígenas y campesinos en los mismos territorios. Se reconocieron. Y sin mayor rencor. Se articularon en procesos de resistencias territoriales ante el saqueo neoliberal".

Guatemala
¿Qué es la izquierda neoliberal?
21 de julio de 2018
Por Ollantay Itzamná (Rebelión)
Durante las emotivas protestas sociales del año 2015, los sectores populares acuñaron el término “izquierda neoliberal” para referirse y rechazar a los partidos políticos de izquierda, con representación parlamentaria en Guatemala (URNG, WINAG, CONVERGENCIA).
“Repudiamos a la derecha y a la izquierda neoliberal por corruptos y traidores”, eran algunas de las consignas populares, en especial provenientes del área rural e indígena, en protesta contra la corrupción.
Según las experiencias cotidianas de sectores marginados/despojados, el neoliberalismo es una etapa del capitalismo, donde la iniciativa privada (privatizaciones) es asumido como el único agente decisivos de la vida económica, política y cultural del país. Para tal fin el país es convertido en un “mercado libre”.
El neoliberalismo reduce al Estado (garante de derechos) a su mínima expresión, incluso hasta convertirlo únicamente en una gendarmería corrupta que garantiza los intereses empresariales.
El neoliberalismo, para las comunidades en resistencia, es despojo, violencia, asesinato de defensores de derechos humanos, etc.
¿Puede una organización de izquierda ser al mismo tiempo neoliberal?
Sí. Ocurre cuando las organizaciones de izquierda, lejos de interpelar y resistir al despojo violento neoliberal, apoyan con su acción u omisión (silencio) la hegemonía del sistema de la transferencia de las riquezas de un país hacia las empresas privadas.
Mucho más, cuando estas organizaciones de izquierda, en lugar de promover/fortalecer fuerzas sociales de resistencia antineoliberal (anti capitalista, ojalá), se conforman con los reducidos puestos o ventanillas públicas que el Estado criollo les “concede”. Y, en consecuencia, para “agradar” al Estado neoliberal, incluso repelen/censuran las “propuestas post neoliberales” provenientes de la izquierda social.
Izquierda neoliberal en Guatemala
La actual izquierda política en Guatemala, tiene su sociogénesis en la dolorosa historia del conflicto armado interno (1960-1996). En buena medida su horizonte “teórico/ideológico” son los contenidos de los Acuerdos de Paz (1996).
Y dichos Acuerdos de Paz (ideados en sus puntos centrales en la Embajada norteamericana) tenía como meta la instauración del sistema neoliberal en Guatemala. Caso tierra y derechos colectivos de los pueblos son más que patético.
Y, para que la hegemonía neoliberal no tuviese mayor resistencia popular, se “permitió” la participación político electoral de los comandantes de las guerrillas. Dicha participación política, en estos últimos 20 años, fue prodigiosa para los agentes neoliberal, y nefasto para los sectores populares.
¿Qué hizo la izquierda en Guatemala para merecer el adjetivo neoliberal?
URGN, WINAG, CONVERGENCIA (antes ANN), mediante sus “perpetuos” representantes, ocupan curules y/o ventanillas estatales desde hace dos décadas.
La presencia de los diputados de estos partidos en el Congreso de la Repúblico hizo creer a la comunidad internacional que el Estado criollo (post conflicto) era un Estado democrático.
Pero, ahora, con la criminalización y eliminación física de defensores comunitarios de derechos, tal espejismo se despeja.
Los diputados de izquierda, nunca cuestionaron públicamente los procesos corruptos de privatizaciones en el empobrecido país. Más por el contrario, ante las crecientes demandas populares de nacionalización de servicios, repiten eslogan como: “El asunto de la privatización ya debatimos en los años noventa. No se puede nacionalizar. No se debate más”.
Lo más doloroso para los empobrecidos territorios del país fue que aprobaron/apoyaron leyes criminales como la ocupación de los predios campesinos por antenas de telefonía. Y, al vecino que se resista: ¡cárcel!
Gracias a estos y otros diputados, en la actualidad, cada niño guatemalteco, desnutrido o no, nace con una deuda pública del equivalente de más 1,300 dólares. Respaldaron públicamente con sus hechos los gobiernos más sanguinarios y corruptos del país. Caso Otto Pérez Molina, Arzú (incluso los revolucos lloraron en la tumba de éste “su verdugo”)
Todas las leyes, mediante las cuales se entregaron los territorios del país a empresas transnacionales, fueron aprobados con el apoyo o el silencio de estos diputados de izquierda. ¡Jamás se ven a diputados de izquierda en las calles organizando u acompañando a las protestas sociales antineoliberales!
Cuando el bien portado ex Comandante Pablo Monzanto cambió de nombre a su partido por CONVERGENCIA, sectores indígenas votaron por candidatos de éste partido. Pero, estos nuevos diputados, desde su bancada, fortalecieron al insignificante partido de ex militares (FCN-Nación), hasta convertirlo, ahora, en el partido oficial más inamovible. Tampoco a estos diputados se los ve, ni en las carreteras, ni en las plazas protestando contra el saqueo sangriento del país.
Urge una izquierda por lo menos post neoliberal
Los Acuerdos de Paz y la cooperación financiera internacional (para implementar dichos Acuerdos) hizo que la vanguardia revolucionaria (comandancias) dejase tirada en los territorios a los ex combatientes de rango medio y bajo.
Así, hermanados en la pobreza, con atmósfera a traición, ex guerrilleros, ex patrulleros de auto defensa (PAC), ex soldados del Ejército, se encontraron con sus hermanos indígenas y campesinos en los mismos territorios. Se reconocieron. Y sin mayor rencor. Se articularon en procesos de resistencias territoriales ante el saqueo neoliberal.
Así se expandió geográfica e ideológicamente el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA). Hasta convertirse en la principal alternativa ideológica que sí desafía a la hegemonía neoliberal, mediante propuestas de nacionalización de bienes-Estado Plurinacional, y acciones colectivas de resistencia de facto. Y por eso, se los criminaliza y asesina a sus integrantes.
En la actualidad, CODECA, casi concluye en la fecundación de su instrumento político (Movimiento para la Liberación de los Pueblos MLP). Único e inédito, en su proceso, en la bicentenaria historia de Guatemala. Nunca indígenas y campesinos habían creado, desde sus comunidades, una organización política propia.
El objetivo de MLP es: Nacionalizar todos los servicios y bienes privatizados en el país, y construir el Estado Plurinacional mediante un inédito proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional.
Mientras los partidos políticos de izquierda neoliberal asumen que el neoliberalismo no se toca, ni se debate, MLP plantea la nacionalización de bienes y servicios, mediante revisión de contratos de concesión. Mientras la izquierda neoliberal se siente cómoda con el fracasado Estado criollo, MLP propugna la creación del Estado Plurinacional mediante proceso constituyente. Mientras los neoliberales se sienten cómodos con su excluyente democracia representativa, MLP ya practica democracia participativa-comunitaria.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=244392

Nos comunican desde Ecuador: "Es la hora histórica de cosechar los enormes esfuerzos desplegados por las diversas comunidades que -por años- defienden la vida y resisten a las presiones de los intereses mineros transnacionales, aupados sobre todo por los recientes gobiernos".

Ecuador es vida, no minería
21 de julio de 2018
Por Alberto Acosta 
Ecuador Today


Los ojos del país están sobre la Asamblea Ciudadana por la Defensa del Agua y los Páramos de Cuenca. Es la hora histórica de cosechar los enormes esfuerzos desplegados por las diversas comunidades que -por años- defienden la vida y resisten a las presiones de los intereses mineros transnacionales, aupados sobre todo por los recientes gobiernos. Sin duda una lucha desigual, pero donde la esperanza nunca decae.
El 1 de junio de 2018, el juez Paul Serrano, atendiendo los pedidos de acción de protección y medidas cautelares de las comunidades locales, dispuso suspender las actividades mineras en Río Blanco, uno de los cinco proyectos “estratégicos” para el Estado. La razón es simple: este proyecto se impuso sin el debido proceso al no contar con la consulta previa libre e informada a las comunidades ni con su consentimiento expreso. Una situación común en la mayoría de los proyectos mineros del país.
Esta sentencia sienta un precedente jurídico histórico al defender los derechos humanos, territoriales y de la Naturaleza en el país, pues reconoce que el Estado no garantizó el derecho a la consulta previa, libre e informada de comunidades indígenas en una región que resiste a la minería por más de 20 años. Tal decisión acertada del Juez Serrano permite creer en un sistema judicial independiente a los intereses de las empresas extractivas. Sin embargo, el 23 de julio de 2018 se dará la audiencia de apelación a la sentencia, ante lo cual exigimos que en dicha audiencia la sentencia sea ratificada.
Además, como muchos otros proyectos mineros, Río Blanco se lo impulsó atropellando el Mandato Constituyente número 6, expedido en Montecristi el 18 de agosto de 2008. Allí -entre otros puntos irrespetados- se prohíbe toda minería que afecte fuentes y nacimientos de agua. Es decir, NO PUEDE HABER MINERÍA en páramos, ríos, lagos y lagunas, humedales, manglares, selvas y bosques primarios… Algo vital pues, a más de agua y biodiversidad, se juega la vida de las comunidades y el futuro del Ecuador.
No olvidemos que la apropiación de recursos naturales, extraídos atropellando los Derechos Humanos y los Derechos de la Naturaleza demanda violencia: la violencia no es consecuencia de la minería, sino una condición necesaria para su existir. Estas son actividades impuestas sin importar sus impactos nocivos (sociales, ambientales, políticos, culturales, incluso económicos). Lo vemos en otros lugares del país: Cordillera del Cóndor en Morona Santiago y Zamora Chinchipe; Intag en Imbabura; Quimsacocha en el Azuay mismo.
Así, urge desactivar los conflictos territoriales provocados por la minería y respetar los Derechos Humanos de las comunidades afectadas. Urge proteger los ecosistemas cumpliendo con los Derechos de la Naturaleza vigentes en la Constitución. Urge decir basta a la imposición de “zonas de sacrificio” bajo falsas promesas de progreso y desarrollo sostenidas con mentiras como la posibilidad de una “minería sustentable”.
Si este lunes 23 de julio se resuelve en derecho, respetando el Mandato Constituyente N° 6 y la Constitución de Montecristi, la justicia deberá ratificar lo actuado. El Estado debe cumplir y hacer cumplir los derechos constitucionales y los estándares internacionales de los Derechos Humanos, tanto como los Derechos de la Naturaleza. Y en todo caso, la ciudadanía azuaya puede impulsar una consulta popular para alejar definitivamente estas amenazas contra la vida.
Sin embargo, no olviden compañeras y compañeros que solo la acción política sostenida de ustedes detendrá el festín minero del siglo XXI y solo así se podrá construir un Ecuador democrático. Su lucha incluso es inspiración, pues nos recuerda que la palabra la tenemos todos y todas, estemos o no directamente afectados por las perversas actividades mineras. 
¡Ratifico mi solidaridad con esta lucha por la vida!


Alberto Acosta: Expresidente de la Asamblea Constituyente, exministro de Energía y Minas de Ecuador. 



Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=244418

"Estamos transmitiendo desde Brownsville, Texas, antes de una enorme protesta que tendrá lugar en el día de hoy frente a los juzgados federales que están justo detrás de nosotros, y que exigirá que el Gobierno de Trump ponga fin a la política de de «tolerancia cero» que ha separado a más de 2.000 menores de sus padres, quienes han sido acusados penalmente por cruzar la frontera".

Entrevista con Jennifer Harbury, abogada de derechos humanos
"La actual crisis de refugiados es consecuencia de las guerras sucias 
de EE.UU. en Centroamérica".
21 de julio de 2018
Por Amy Goodman
Democracy Now!


En nuestro informe especial desde la frontera entre Estados Unidos y México, conversamos con la abogada de derechos humanos Jennifer Harbury. Harbury vive en el Valle del Río Grande desde hace más de cuarenta años y participa activamente en la respuesta a la política de “tolerancia cero” del Gobierno de Trump. Su esposo, Efraín Bámaca Velásquez, era un comandante maya miembro de la guerrilla que desapareció tras ser capturado por el ejército guatemalteco en la década de 1980. Luego de una larga campaña, Harbury descubrió que EE.UU. había participado en el encubrimiento de la tortura y muerte de su esposo. Actualmente, sigue trabajando con personas que huyen de la violencia de Guatemala, El Salvador y Honduras.

Esta transcripción es un borrador que puede estar sujeto a cambios.
AMY GOODMAN : Estamos transmitiendo desde Brownsville, Texas, antes de una enorme protesta que tendrá lugar en el día de hoy frente a los juzgados federales que están justo detrás de nosotros, y que exigirá que el Gobierno de Trump ponga fin a la política de «tolerancia cero» que ha separado a más de 2.000 menores de sus padres, quienes han sido acusados penalmente por cruzar la frontera. En un minuto conversaremos con la persona que ayudó a alertar sobre esta crisis cuando compartió un audio con el medio ProPublica en el que se escuchaba llorar a varios menores detenidos en un centro de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Se estima que los menores tenían entre 4 y 10 años, y se les puede escuchar llorando y gritando “¡Mami!” y “¡Papi!”. 
AMY GOODMAN : La persona que hizo esa grabación pidió no ser identificada por temor a represalias. Y el audio pudo ser compartido gracias a la ayuda de nuestra próxima invitada, Jennifer Harbury, abogada de derechos humanos y conocida activista. Ella ha vivido en el Valle del Río Grande durante más de 40 años, y ha participado activamente en las manifestaciones en contra la política de “tolerancia cero”. Su esposo, Efraín Bámaca Velásquez, fue un comandante guerrillero maya en la sierra alta de Guatemala, que desapareció después de que fuera capturado por el ejército en la década de 1980. Después de una larga campaña, Harbury descubrió que EE.UU. había participado en el encubrimiento del asesinato y la tortura de su marido. Hablaremos de esto en otra parte de esta entrevista que publicaremos en nuestra página web. Harbury trabaja con personas que huyen de la violencia en Guatemala, El Salvador y Honduras, para venir a Estados Unidos y obtener asilo político. Jennifer, le agradecemos que esté aquí con nosotros. El tema del asilo político, ¿qué tan importante es en este momento? ¿Qué es lo que la gente no está entendiendo sobre lo que está pasando aquí?
JENNIFER HARBURY : Hay, por supuesto, dos categorías de personas que intentan ingresar a EE.UU., y Trump los está mezclando. Una categoría sería la gente de los carteles. Ellos tienen suficiente dinero para comprar un aeropuerto, un avión jumbo y tantos pasaportes y visas como quieran. No los veremos cruzando el río a nado. La categoría más importante son los refugiados, que están escapando del mundo de violencia extrema y explotación que ha sido establecido por los cárteles en todo Centroamérica y en la mayor parte de México. También tenemos muchas personas que vienen de África, huyendo del genocidio contra su minoría étnica, o, por ejemplo, un joven de Ghana que es gay y que estuvo a punto de ser linchado por una muchedumbre y casi es deportado la semana pasada.
AMY GOODMAN : Cuéntenos lo que está sucediendo en estos casos y en los casos que usted conoce bien en América Latina, América Central, Honduras, El Salvador y Guatemala. ¿Cuál es el papel de Estados Unidos? La gente dice: “¿por qué deberíamos permitir el ingreso de estas personas, si sus países están sacudidos por la violencia? ¿Por qué debemos hacernos responsables de eso?”
JENNIFER HARBURY : Número uno: inmigrantes somos todos, nuestros padres y abuelos lo son, ¿verdad? Vinimos aquí. Mi padre fue un refugiado a los 11 años. Llegó a la Isla Ellis huyendo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, número uno, es algo que todos hemos heredado. Pero, número dos, Estados Unidos tiene mucho que ver con la creación de los monstruos que están llevando a los refugiados hasta nuestra frontera. Están huyendo de los cárteles. ¿Quiénes son los jefes de los cárteles? Después de que terminaron las guerras sucias, que incluyeron genocidios y actos diarios de tortura y terror, según afirman las Naciones Unidas, tras eso esas personas cambiaron sus uniformes y se convirtieron en los jefes de los cárteles. Son extremadamente ricos. Tienen una experiencia militar muy completa, por eso una pandilla de jóvenes es capaz de detener un autobús con tanta precisión. Y tienen acceso ilimitado a armamento y lo que sea que necesiten. ¿Quiénes eran las personas a la cabeza de la inteligencia militar, por ejemplo, en Guatemala? Esas personas fueron entrenadas en Estados Unidos y trabajaron muy de cerca con las agencias de inteligencia de Estados Unidos durante todo el genocidio. Y fuimos, por supuesto, severamente criticados por eso por la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, y el presidente Clinton se disculpó. 
Doscientas mil personas fueron asesinadas por esos escuadrones de la muerte. Los que sobrevivimos a esa época, recordamos los tipos de tortura y mutilaciones que se podía ver en los cuerpos cuando los encontrábamos en la calle. Y son las mismas torturas que se realizan ahora. Lo que pasa es que los líderes de los cárteles son las mismas personas que trabajaron mano a mano con Estados Unidos. Fueron armados por Estados Unidos. Fueron entrenados por Estados Unidos. Estados Unidos les vendió sus equipamientos. Y en gran medida, todavía están siendo protegidos por nuestras agencias de inteligencias. No publicarán documentos clave sobre el genocidio que involucren a personas que solía trabajar con ellos. Por ejemplo, uno de los torturadores de mi esposo, el coronel Alpirez, fue protegido en Estados Unidos después de las revelaciones, vivió cerca de la CIA con toda su familia durante casi 10 años, y cuando me enteré, cuando me avisaron, él huyó a Guatemala. Esa persona fue entrenada en la Escuela de las Américas. Participó directamente en el genocidio. Fue un agente a sueldo de la CIA . Eso significa, que a cambio de dar información, recibió dinero de la CIA . Fue un informante pagado.
AMY GOODMAN : Y ahora tenemos mujeres y niños tratando de cruzar estos puentes fronterizos para solicitar asilo político, ¿y les dicen que no hay espacio? ¿Es esto legal?
JENNIFER HARBURY : No, es completamente ilegal. Describiré muy brevemente lo que está sucediendo. No se puede solicitar asilo político fuera de Estados Unidos. Tienes que llegar aquí de alguna manera, incluso si es solo a un centímetro de la frontera, Puedes cruzar el río. Con suerte, tu hijo no se ahogará. Serás capturado si tratas de huir con niños pequeños. Y luego te quitarán a tus hijos. ¿Cómo hacerlo mediante la vía legal? Caminas por el puente, como lo establece la ley. Tocas la puerta del puesto fronterizo y dices: “Hola. Estoy aquí para pedir asilo político. Estoy en peligro”. Luego deben enviarte a una entrevista de “miedo creíble”. No es opcional. Y si pasas tu entrevista de “miedo creíble”, que la mayoría de la gente pasa, comienzas tu proceso ante un juez de inmigración. Ha habido grandes cambios en este procedimiento desde que el presidente Trump asumió el cargo. En otras palabras, estamos cerrando ambas puertas. Lo que sucede con Trump es que comenzaron a devolver a solicitantes de asilo en el puente, diciéndoles: “Trump es el presidente ahora. Ya no hacemos eso”. Una de mis clientas era una mujer que había huido de los traficantes en Guatemala, estaba en un situación terrible cuando llegó a Reynosa. Su hija fue asesinada, y ella horriblemente herida. Cruzó el puente con la ayuda de un andador, recién recuperada de una fractura en la pelvis, tras dos meses en el hospital. Los oficiales la rechazaron. Y en la base del puente, de vuelta en México, fue secuestrada. Esa práctica se detuvo brevemente, pero ahora se está realizando de nuevo. La segunda parte de una petición de asilo ocurre cuando logras cruzar, lo que es bastante complejo estos días. Los solicitantes son enviados a centros de detención, que operan como terribles prisiones. No hay particiones entre los inodoros. No puedes tocar a nadie, ni si quiera si tu compañero de celda acaba de descubrir que su hijo fue asesinado. No recibes comida decente, etc.
AMY GOODMAN : Diez segundos…
JENNIFER HARBURY : Este gobierno ha convertido el proceso en algo insoportable. Y en este momento la gente está en estas cárceles durante dos o tres años. Es por eso que el sistema está, como dicen los oficiales en la frontera, “colapsado” porque no estamos haciendo lo que legalmente tenemos que hacer, que es dejarlos en libertad condicional.
AMY GOODMAN : Vamos a continuar esta discusión y la publicaremos en democracynow.org. Jennifer Harbury, abogada de derechos humanos y activista aquí en Brownsville, hablando con nosotros desde la frontera.
Traducido por Lissette Favorite. Editado por Igor Moreno Unanua y Democracy Now! en Español.
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=244417 


Hoy nos movilizamos contra el acuerdo con el FMI, repudiando su presencia y la de ministros del G20. Y convocamos a una Campaña Nacional e Internacional para decirles ¡Nunca Más al FMI, la Deuda fraudulenta y el G20!

Campaña  NUNCA MAS FMI contra el acuerdo con el FMI, la deuda y las políticas del G20
Repudiamos la visita del FMI, los ministros del G-20 y los organismos internacionales de crédito en nuestro país

Cristine Lagarde, directora general del FMI, está en la Argentina para supervisar el cumplimiento del gobierno de Macri de las graves clausulas de ajuste contra el pueblo trabajador que exige el reciente acuerdo firmado con el Fondo. Se reúne también con los ministros de finanzas del G20 y los representantes del Banco Mundial, del BID y de la OCDE, que avalan esta política de sometimiento a las demandas del sistema económico capitalista imperialista. Juntos son los máximos responsables de las políticas de explotación y la crisis que atraviesan nuestros pueblos, del creciente empobrecimiento y desigualdad mundial y de la depredación de la naturaleza.

Quienes estamos aquí movilizados denunciamos que el acuerdo Macri-FMI consagra la entrega de nuestra soberanía a la dictadura del Mercado. Con él sólo se beneficiarán los poderes económicos locales y extranjeros que operan a través de él, que pase lo que pase continuarán cobrando sus abultados intereses sobre la Deuda pública y profundizando el desguace de la Nación. Como ya sucedió con los acuerdos firmados por la Junta militar genocida en 1976 y por varios de los gobiernos constitucionales que le sucedieron, este acuerdo tampoco cerrará sin represión.

La deuda contraída por la Dictadura es una Deuda odiosa que se nutrió del genocidio, la bicicleta financiera, la desindustrialización del país y la captura del Estado al servicio de los grandes intereses económicos privados como de las familias Macri, Blaquier, Roca, etc., junto a la banca y demás empresas trasnacionales.

Es una Deuda ilegítima que seguió matando y creciendo a lo largo de las décadas del ’80 y ‘90 causando el estallido de 2001. Después siguió siendo un enorme lastre para el país pese a los abultados pagos realizados durante la década pasada.  Una Deuda que el gobierno Macri ha aumentado escandalosamente, sumando más de 100.000 millones de dólares en lo que va de su gestión. Una Deuda a perpetuidad cuyo tributo, los intereses que pagamos con la baja de nuestros salarios y jubilaciones, con el aumento de la leche, el pan, el gas, la luz y el transporte, es el rubro del presupuesto nacional que más crece.

Una Deuda que ningún gobierno, Parlamento  ni Poder Judicial de los últimos 30 años ha querido investigar ni cuestionar, a pesar incluso del fallo en la Causa Olmos, del año 2000, que constató la comisión de más de 477 actos ilícitos en su primera fase de acumulación. Una Deuda que el pueblo argentino No Debe, porque está al servicio ajeno. En realidad los pueblos de la Argentina son Acreedores, por todas las deudas históricas, sociales, ecológicas y económicas que su cobro ilegítimo ha provocado para con nosotros.

Una Deuda que el Acuerdo Macri-FMI viene a seguir engrosando a costa nuestra, para el beneficio de unos pocos especuladores y empresas que coinciden con el nuevo presidente del Banco Central cuando dice con sinceridad que “es lo mejor que nos puede haber pasado” – sólo que piensan en sus bolsillos, y no en nosotres.

Los compromisos con el FMI ratifican un modelo de país más dependiente, basado en el dominio de los monopolios y la explotación de su pueblo y sus bienes naturales, el estímulo a la especulación financiera y el extractivismo, la privatización de todo y mayor endeudamiento. 

Su costo será más pobreza, menos empleo, salarios y jubilaciones, mayor depredación, saqueo y pérdida de control territorial, menos inversión en derechos humanos fundamentales como el agua, la salud, educación, vivienda y transporte para  empezar. Ni que decir de la pérdida directa de nuestro derecho a la autodeterminación y de herramientas claves de cualquier política económica soberana.

La abrupta devaluación y la inflación desatada, la agresión a las y los jubilados como la devolución a los especuladores del Fondo de Garantía de las jubilaciones, el recorte de 300.000 millones de pesos del “gasto” público sobre la base de congelar las vacantes en el estado y el despido de miles de agentes, de los cuales los cientos de despidos de TELAM son un ejemplo, el achicamiento y privatización de la obra pública, entre otras medidas, son parte de una política recesiva que favorecerá la mayor concentración del capital, aumentará la desocupación, la precarización del empleo  y la desigualdad social a niveles históricos.

La voracidad del saqueo incluye la venta de tierras públicas que seguramente serán apropiadas por corporaciones internacionales, siguiendo el ejemplo de Grecia donde se han puesto en venta islas enteras, y la reforma de la Carta del Banco Central para que éste no pueda financiar el Tesoro, aumentando la dependencia financiera externa.

El Acuerdo Macri-FMI impulsa el desguace de la salud y la educación pública, lo que entre otras consecuencias, redunda en mayor explotación de las mujeres ya que son quienes se cargan muy desproporcionadamente con la economía del cuidado.  Mientras tanto el G20 propone una quimera de igualdad, fomentando el emprendedorismo individualista.

El Acuerdo Macri-FMI no hace mención alguna a los Derechos Humanos. El delegado principal del gobierno argentino en el G20 ha declarado que ese no es el ámbito adecuado para tratar la problemática. Queda patente que ni el gobierno Macri, ni el FMI o el G20 tienen interés en defender nuestros derechos, los derechos de todos los pueblos a la soberanía y la autodeterminación, una vida digna y el control sobre las decisiones que nos afectan. Denunciamos además que ni el Parlamento, ni el Poder Judicial han sido capaces de levantar sus voces en contra de esta entrega y recolonización de nuestro país.


El Acuerdo es parte de una política que favorece la instalación de bases militares estadounidenses en Argentina, la intromisión creciente de Israel y los esfuerzos para comprometer a las FF.AA. en la seguridad interna.  Un ejemplo de esta política represiva es el enorme presupuesto de “seguridad” destinado a las reuniones del G20 con el objetivo de enfrentar la movilización ciudadana. 

Otro camino es posible. Para empezar, hace falta parar los despidos, clausurar la fuga de capitales, cobrar impuestos a quienes más tienen y dejar de pagar la Deuda hasta completar una investigación integral que permita constatar su legalidad y legitimidad. Porque es la Deuda y su pago, lo que constituye el mayor factor “desequilibrante” y de riesgo. Se puede aprender del camino de Islandia, entre otros, que, en medio de la debacle económica mundial desatada en el 2008, investigó los grandes bancos y prestamistas, desoyó las demandas del FMI y del G20 y rehusó pagar los reclamos que consideró fraudulentos. Echó sin reparos al Primer Ministro nombrado en los Panamá Papers. 

En una nueva coyuntura mundial en la cual el desarrollo del endeudamiento público se hace cada vez más agresivo, es necesario unir a todos los pueblos oprimidos en un rechazo común a las deudas impuestas y las políticas hambreadoras y coloniales del FMI y el G20.

Denunciamos que el gobierno está buscando el “consenso” político y social necesario para aprobar en la próxima sanción del Presupuesto 2019 y las reformas laboral y previsional, un plan de gobierno que ajuste nuestra economía, especialmente al pueblo trabajador, a las exigencias del Fondo y aumente la capacidad represiva. 

Llamamos a seguir movilizándonos contra este acuerdo con el FMI contrario a los intereses de  nuestro pueblo y a repudiar la presencia de los funcionarios y ministros del G20 en la Argentina. Repudiamos la presencia de estos usureros imperialistas y reclamamos su retiro de nuestro país.

Al mismo tiempo adherimos y convocamos a una Campaña Nacional e Internacional para decirles ¡Nunca Más al FMI, la Deuda fraudulenta y el G20!. Una acción sostenida que exprese en distintas iniciativas nuestro repudio y decisión de detener los manejos de sumisión que impulsan y ejecutan estos instrumentos de las corporaciones transnacionales.

Llamamos a todos los pueblos de Argentina, América Latina y el mundo entero, a movilizarse en rechazo de la deuda, el ajuste, la represión y los gobiernos que los aplican. Llamamos a constituir un bloque independiente de pueblos y países por el no pago y reparación de las deudas cobradas ilegítimamente. Convocamos a todas las centrales sindicales, a las mujeres, a la juventud, al  campesinado, a todos y todas a realizar una gran campaña con paros y acciones de lucha y de consulta a los pueblos en todos los países frente a esta ofensiva del gran capital.

No al acuerdo Macri – FMI
Por el no pago de la deuda fraudulenta.
Basta de ajuste y saqueo, de despidos, precarización laboral y tarifazos
No a la represión, las bases militares extranjeras y el uso de las FFAA en tareas de seguridad interna
Fuera Lagarde, FMI y el G-20 de la Argentina
Por un bloque independiente de pueblos y países por el no pago

-Buenos Aires, 21 de julio de 2018


viernes, 20 de julio de 2018

"Nos cuenta que lo más importante es lograr articularse a nivel nacional, para poder hacer efectivos los pliegos elaborados, y poder así desarrollar un poco más del trabajo participativo, junto con todas las comunidades y asociaciones que se encuentran en el territorio nacional".

Colombia. Campesinos del Meta continúan jornadas de formación con el fin de crear consciencia de poder para defender su territorio

Resumen Latinoamericano / 19 de julio de 2018 / Trochando Sin Fronteras
Con la realización del tercer taller con la temática -luchas campesinas en Colombia- los trabajadores rurales de la Uribe y Guamal – Meta buscan articular las luchas históricas, con sus luchas locales para generar una plataforma que les permita solucionar las problemáticas de su territorio.
Juan García campesino del municipio de Uribe, nos relata sus expectativas frente al desarrollo del taller.
Por Informativo Centro Oriente
Audio Juan Garcia
Don Jorge Gómez, campesino participante de esta jornada de formación, nos cuenta para los oyentes del informativo centro oriente, que el taller se organizó para concienciar más a los campesinos del sector de cómo luchar contra la petrolera y la minería, que quieren apropiarse de las tierras productivas del municipio.
Jorge resalta que en estos espacios se enseña el respeto a la agricultura y el respeto a los Derechos Humanos, el respeto a la mujer, brindando a los campesinos las herramientas y conocimientos para organizarse.
Por Informativo Centro Oriente
Audio jorge gomez
Una de las expectativas de los campesinos de Guamal Meta, y de las veredas que hacen parte de estos talleres, es que los puntos que se han tratado tengan trascendencia, Y tratar de llevarlos a un buen término y se materialicen, nos comenta don Álvaro Góngora, campesino participante de las jornadas de formación.
Por Informativo Centro Oriente
Audio Alvaro Gogora
En este recorrido con los campesinos y campesinas participantes dialogamos con doña Luz Dary Rojas, quien nos dice que es un gusto participar de estos  encuentros con los campesinos en el municipio Uribe, donde lo primordial fue  construir un pliego de peticiones que fuera elaborado por ellos mismos, y con sus expectativas que  afectan el territorio. Al mismo tiempo cuenta que  lo más importante es lograr articularse a nivel nacional, para poder hacer efectivos los pliegos  elaborados, y poder así desarrollar un poco más del trabajo participativo, junto con todas las comunidades y asociaciones que se encuentran en el territorio nacional.
Por Informativo Centro Oriente
Audio Luz Dary Rojas
Por Informativo Centro Oriente

Poema campesino

Nos proponen: "la creación de comunas autogestionarias federadas. O sea, la creación desde la base de la sociedad de un Estado que a la vez sea un no-Estado, un mero administrador de las cosas y no de las personas hasta su futura desaparición como relación social".

¿Dónde estamos actualmente?
20 de julio de 2018


Por Guillermo Almeyra (Rebelión)


Estamos en un valle en medio de una densa niebla y se puede escuchar cómo los contendientes se mueven en la bruma tomando posiciones para enfrentarse en cuanto aclare.
En esta guerra de maniobras pesa en favor del gran capital el hecho de que el 1 de julio todos los votantes (salvo un puñado que anuló su voto) lo hicieron por partidos que quieren conservar intacto el sistema o, en el mejor de los casos, reformarlo para que funcione más eficazmente. Nadie puso en cuestión la explotación del trabajo ajeno que a todos les parece natural.
Los mexicanos, en su inmensa mayoría, aún confían en el Estado, buscan reformas y no una revolución y creen posible un capitalismo “bueno”, democrático, más justo. La ideología y la cultura capitalistas dominan ampliamente las mentes de casi todos y muy particularmente en la Academia, los medios de (des)información y la tecnocracia y sólo unos pocos trabajadores, indígenas y estudiantes se declaran anticapitalistas y tratan de construir relaciones autonómicas y autogestionarias. Con eso cuenta la gran burguesía para intentar colonizar desde adentro al gobierno futuro y cooptarlo porque ella comparte con el presidente que debería instalarse en diciembre y con Morena no sólo los valores capitalistas y la confianza en las instituciones del capital sino también la aceptación plena de este capitalismo dirigido por el capital financiero internacional.
En contra del capital, en cambio, dentro y fuera de MORENA, militan las experiencias y las movilizaciones que durante décadas ha realizado algunos sectores populares, como las autodefensas, las policías comunitarias, la elección de autoridades municipales por asambleas o la comprensión –a partir sobre todo de Ayotzinapa- de que el asesino, represor y enemigo no es tal o cual político sino el Estado del capital. Pero el peso de la dominación ideológica y cultural de la burguesía es todavía muy superior a los avances realizados en la vía de la conquista de la independencia política. Por eso quienes votaron por López Obrador para que la situación no se degrade aún más y, también, para evitar un proceso revolucionario que podría ser muy costoso deberán hacer su experiencia con el nuevo Madero cuando se movilicen para reclamar cambios concretos y urgentes.
Hoy AMLO, desde aquí a diciembre, puede agitar ante sus partidarios un cheque redentor que recién podrá cobrar –si lo hace- dentro de tres meses. Por lo tanto, al mismo tiempo que la tendencia a esperar y a confiar se afirma entre sus votantes, aparece también la esperanza, en otros sectores, a subirse al carro de los ganadores para ver si así pueden mejorar algo su situación. De ahí la brutalidad y la grosería de la carta de “Moisés” al padre Solalinde que efectuaba un sondeo oficioso en la nutrida ala zapatista-católica que considera posible y positiva una alianza AMLO-EZLN-CIG.
Al tratar de cortar de raíz esa opinión, el dúo “Moisés”-“Marcos-Galeano” margina del EZLN a ese sector sinceramente preocupado por el aislamiento creciente del zapatismo y pone también una enorme piedra en el camino hacia la independencia política y el anticapitalismo de los sectores más avanzados que votaron por MORENA. Porque hoy, por el contrario, es indispensable tender puentes hacia éstos, compartir con ellos movilizaciones y exigencias y discutir juntos cómo concretar ya mismo los objetivos que se plantean.
Al mismo tiempo, en el EZLN y en CIG es necesario igualmente hacer un balance de la campaña de Marichuy que, a pesar de su carácter fundamentalmente étnico, no logró el apoyo sino de pequeños núcleos indígenas y no obtuvo el sostén popular que podría haber tenido si hubiese superado su carácter sectorial indigenista además de su carencia de reivindicaciones nacionales y de planteos dirigidos a los trabajadores y campesinos mestizos.
Para que los votantes honestos de MORENA puedan avanzar son necesarios sin duda los militantes anticapitalistas, que deben aprender de sus errores, dejar de considerarse líderes iluminados de un proceso que les pasa al lado y buscar aprender también de otros sectores en lucha. Para que progrese políticamente la parte fundamental de la base de AMLO se necesita un núcleo anticapitalista unificador que incluya al EZLN-CIG si éstos superan el sectarismo, un bloque con un programa claro y una estrategia fácilmente comprensible.
Porque el capitalismo no es regional ni nacional sino internacional y los Estados son cada vez más represivos y antidemocráticos y pierden consenso y porque la concentración mundial y nacional del capital y el control del mundo por pocos miles de personas disuelve en la práctica muchas de las atribuciones de los Estados y empuja hacia la creación de comunas autogestionarias federadas. O sea, la creación desde la base de la sociedad de un Estado que a la vez sea un no-Estado, un mero administrador de las cosas y no de las personas hasta su futura desaparición como relación social. 
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=244353


"¿Cómo construimos la integración? Un primer paso mencionado por las organizaciones es el identificarse como clase trabajadora sin perder las identidades culturales, para tener una visión conjunta de la lucha y del desarrollo que se quiere como pueblos y de los proyectos que realmente son prioridad para mejorar la vida de la gente".

UNASUR: Organizaciones sociales cuestionan el sentido y el impacto de la integración Suramericana

¿Qué es UNASUR?, ¿Cuál es la importancia de la IIRSA para la constitución de UNASUR?, ¿A qué intereses responde el Consejo de Infraestructura y Planificación COSIPLAN, dependiente de UNASUR? ¿Toma en cuenta los derechos de los pueblos y comunidades donde se ejecutan sus proyectos? ¿Cuál es el rol de las transnacionales y el capital financiero internacional en los proyectos de UNASUR? ¿Tienen los mismos beneficios en la integración Bolivia y Brasil?
Bajo estas cuestiones reflexionaron diversos representantes de organizaciones sociales indígenas, originarias y campesinas de los valles, el altiplano y la amazonia; sindicatos y organizaciones vecinales de Bolivia que dieron respuesta a estos interrogantes en el taller de reflexión “UNASUR y COSIPLAN: sus impactos y su financiamiento” (1) llevado a cabo en la ciudad de Cochabamba organizado por la Coalición Regional (2) de la que forma parte el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario – CEDLA
¿La integración al servicio de quién?
El coordinador del Programa Urbano, Carlos Revilla explicó que UNASUR y la idea de crear una comunidad de naciones suramericanas fue impulsada por el Brasil desde el año 2000. Dicha comunidad se basaba en tres ejes: la integración económica, el fortalecimiento de la democracia, y la creación de una red de infraestructura regional de transporte, energía y comunicaciones que contempla proyectos como carreteras, hidrovías y represas con un importante impacto sobre el ambiente y las comunidades. Para llevar a cabo esta red, Brasil creó el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social -BNDES- que da créditos para la construcción de carreteras con la condición de que sean sus empresas quienes ejecuten dichos proyectos. Empresas como Odebrecht a cargo de la carretera de Palos Blancos y OAS en el caso TIPNIS
En el taller con las organizaciones sociales se reflexionó sobre los intereses implícitos de las construcciones de infraestructura de transporte regional. Geovane Sousa, representante de los afectados de las represas de Brasil, apuntó que su país necesita exportar su producción de soya de manera más rápida y con menor costo, por lo que la infraestructura vial no responde a un desarrollo para los pueblos sino a los intereses de bancos y transnacionales.
Según Revilla, la trayectoria de UNASUR no sostiene una integración política real, debido a que existen tensiones entre los países integrantes en temas por ejemplo territoriales y de liderazgos. “Lo que mantiene unida a UNASUR es el financiamiento de Brasil a través de IIRSA y los créditos de estos bancos”. IIRSA es la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana), que actualmente es impulsada por COSIPLAN.
¿IIRSA/COSIPLAN es integración social y política?
El término de integración se ha reducido a hablar de obras de infraestructura para la conexión física (transporte, energía, comunicaciones, marcos regulatorios), explicó Silvia Molina, investigadora del CEDLA a tiempo de dar a conocer las características y la relación entre el IIRSA y COSIPLAN.
Molina resaltó que la cartera de proyectos del COSIPLAN se concentra en un 88,2% en transporte, 10,01% en energía y 1,7% en comunicaciones y que el 74,5% de estos proyectos es financiado por el sector público.
En este sentido Molina preguntó ¿Hay transparencia, información y participación? ¿Quién decide, quién se beneficia y quién paga en los proyectos IIRSA/COSIPLAN? ¿Hay representación de la sociedad civil? ¿Hay mecanismos de rendición de cuentas?
Irineo Tancara de la Federación Intercultural de Comunidades Ecológicas del Alto Beni área VII – FICEAB, mencionó al respecto: “Para mi somos un país de paso y no nos beneficia (…) en la Constitución dice que los derechos de tierra y territorio son un asunto Estatal y el Convenio 169 de la OIT nos da un derecho de que debemos ser consultados (…) los pueblos por los que pasan esas carreteras tampoco se van a beneficiar, van a pasar los tráiler y no va consumir”.
Por su parte Abrahan Cuellar, investigador que trabajó con diversas organizaciones sociales en Bolivia, señaló: “No hay mecanismos de difusión de información sobre los recursos. Hay una imposición de política pública y de proyectos de desarrollo regional. La sociedad tiene derecho a decidir qué tipo de desarrollo o en qué va invertir sus recursos”.
“Agua y energía con soberanía, distribución de la riqueza y control popular”
Geovane Sousa, representante de los afectados por las represas en Rondonia – Brasil, manifestó “Son aproximadamente 1700 familias afectadas por las represas. Los estudios no se hicieron de manera adecuada y otras personas también fueron afectadas indirectamente, los suelos ya no se pueden cultivar y el agua está contaminada. La lucha de los afectados es para que sus derechos sean respetados por el Estado”
Sousa señaló que quienes manejan el capital financiero para este tipo de proyectos son los que manejan las leyes beneficiando a los capitales transnacionales y no a las personas que necesitan energía.
“Creemos que el problema central de la energía es la política y el modelo de energía. La clase obrera quiere discutir y decidir sobre la política energética, el control de las fuentes, la planificación, la producción y la distribución de la energía y la riqueza generada allí. El problema no es la cantidad de energía, el problema es para quién se genera energía, es para mantener el sistema capitalista y no para la población” concluyó Sousa.
Participación traspasando la institucionalidad vigente
Jorge Zanafria, del Centro de Derechos Económicos y Sociales – CDES de Ecuador, planteó las condiciones ofrecidas por los gobiernos para efectivizar el plan de integración de infraestructura del COSIPLAN. Por un lado, el debilitamiento del marco normativo tributario para atraer inversión extranjera, y las facilidades ofrecidas con el fin de que los recursos naturales sigan siendo extraídos en grandes cantidades. Afirmó que América Latina sigue siendo una región proveedora de materias primas, postergándose la industrialización. El ecuatoriano resaltó que este proceso de modernización del capitalismo en Bolivia, Ecuador y Brasil supone sacrificar nuestras culturas, ecosistemas, formas de vida y derechos, justificado con el mito del desarrollo (fetiche=carreteras). Concluyó haciendo un llamado a la participación social, más allá de los márgenes establecidos por la institucionalidad oficial, para construir una integración social desde las organizaciones sociales.
¿Cómo construimos la integración?
Un primer paso mencionado por las organizaciones es el identificarse como clase trabajadora sin perder las identidades culturales, para tener una visión conjunta de la lucha y del desarrollo que se quiere como pueblos y de los proyectos que realmente son prioridad para mejorar la vida de la gente. “Para ello debemos reconocer contra quienes nos enfrentamos. Es importante no concentrarnos en temas puntuales sino en las causas”, manifestaron.
Las organizaciones sociales presentes en el evento plantearon cómo construir una integración desde los pueblos con las siguientes propuestas:
• Generar más espacios y foros de debate para la construcción de una visión conjunta de desarrollo.
• Que los Estados inviertan en generar condiciones para el desarrollo productivo enfocado a los pequeños productores.
• La generación de energía debe estar enfocada para el beneficio de las comunidades y no para la especulación financiera.
• Control social y fiscalización de nuestros recursos naturales: la vida no se negocia, el medio ambiente no se negocia.
• Compensación a las comunidades afectadas por los impactos negativos de los megaproyectos.
• Modificación profunda del sistema financiero.
• Desarrollo nacional con una visión desde las necesidades de la gente: priorizar la salud y educación.
• Recuperar la agenda de octubre de 2003 y una verdadera nacionalización de las empresas estratégicas.
• Establecer mecanismos de información y difusión sobre el manejo de los recursos.
• Derecho a decidir sobre el desarrollo que queremos.
• Derecho a la consulta previa, libre, informada y vinculante.
(1) El evento fue co- organizado por el Programa NINA y el Programa Urbano de la red UNITAS.
(2) La Coalición Regional está conformada por Asociación Ambiente y Sociedad (AAS) de Colombia, Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) de Bolivia, Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE) de Brasil, Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) de Ecuador, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) del Perú.
Fuente: fp-fip.org/es/unasur-organizaciones-sociales-cuestionan-el-sentido-y-el-impacto-de-la-integracion-suramericana/