sábado, 30 de junio de 2018

Debemos oponer, desde el socialismo, una crítica de fondo a estas falsas salidas para los trabajadores. (...) No basta con remiendos en el sistema, ni con medidas que solo afectan, superficialmente, la distribución. Es necesario cuestionar el orden social existente (al pasar, si los socialistas no cuestionan al sistema capitalista cuando hay una crisis, ¿cuándo lo van a cuestionar?)".

La demanda de indexar los salarios

27 de junio de 2018



Empujada por la devaluación del peso y los tarifazos, la inflación en 2018 rondaría el 30%. Pero el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y las patronales procuran que los salarios no superen el 25%; e intentarán que la suba de los salarios estatales sea todavía menor. Los trabajadores que están en negro también tendrán aumentos menores al 25%. Es claro que la clase dominante intenta “anclar” los salarios muy por debajo de la inflación, a fin de recuperar competitividad y rentabilidad para el capital, y disminuir el gasto estatal.
En este cuadro, los dirigentes sindicales que presumen de “combativos” exigen la introducción de “cláusulas gatillo” en los convenios. Esto significa, en principio, indexar los salarios de acuerdo al aumento de los precios. Algunos grupos de izquierda también hacen eje en esta exigencia.
Se plantea entonces la cuestión de si la indexación salarial es la respuesta adecuada frente a la caída del salario que se está operando vía devaluaciones e inflación. Nuestra respuesta es que no existen experiencias, ni en Argentina, ni en otros lugares, en las cuales los salarios reales no hayan quedado atrás frente a una alta inflación, a pesar de las tan invocadas indexaciones. La razón es que en períodos de alta inflación –o sea, de desvalorización continua de la moneda- los capitalistas tienden a trasladar a precios los aumentos salariales, impulsando así renovadas depreciaciones de la moneda, y más aumentos de precios.
Para ilustrar esta dinámica repasemos lo ocurrido a fines de los 1980, bajo el gobierno de Alfonsín.  En aquellos años el movimiento obrero tenía una relativa capacidad de respuesta en el plano de la lucha económica. Y el gobierno radical aplicaba un plan “de ajuste”, ortodoxo, en acuerdo con el FMI (Alfonsín intentaría incluso impulsar privatizaciones).
Pues bien, a comienzos de 1988 se restablecieron las convenciones colectivas de trabajo (o sea, las paritarias), y los sindicatos lograron aumentos nominales de los salarios. Sin embargo, los empresarios trasladaban inmediatamente esos aumentos a precios. En consecuencia, se  desembocó en una nueva y fuerte devaluación de la moneda en febrero de 1989. A partir de ahí la inflación se disparó a niveles altísimos. Así, en el período de febrero a agosto de 1989 el tipo de cambio aumentó 3639,7%; el costo de vida 2576,9%; pero los salarios nominales aumentaron 1772,2%. O sea, la caída del salario real fue del 30% (dato citado por M. Rapoport, “Una revisión histórica de la inflación argentina y sus causas”,http://www.mariorapoport.com.ar/uploadsarchivos/la_inflacio__n_en_pdf.pdf). De manera que, a pesar de los paros y manifestaciones (13 en total bajo el gobierno de Alfonsín), la CGT no pudo frenar la caída del salario real (tampoco el aumento de la desocupación: en 1983 era del 3,9% y en 1989 estaba en 7,1%).
Pero además, y dado que ninguna sociedad capitalista puede mantenerse con semejantes tasas de inflación –llega un punto en que lla reproducción del capital se hace imposible- se impuso la salida del menemismo, con su programa de Convertibilidad, privatizaciones y disciplinamiento de la clase obrera vía desocupación. Por eso, en 1989-1990 hubo una derrota estratégica del movimiento obrero. Decimos estratégica porque no existió un programa alternativo, creíble a los ojos de las mayorías populares, y la clase obrera terminó en un callejón sin salida, a pesar de sus muchas movilizaciones sindicales. Naturalmente, en ese clima social y político se impuso la consigna “no hay alternativa” (al ajuste y a la salida capitalista de la crisis), difundida por el menemismo, y el partido Justicialista. Pocas veces se hicieron tan evidentes las limitaciones del economicismo tradeunionista burgués, al que adhería la conducción de la CGT. 
Volviendo al presente, es cierto, sin embargo, que el gobierno de Macri no quiere que se indexen los salarios. Además, la indexación, al menos formalmente, está prohibida desde el gobierno de Menem. Por eso su introducción significaría una derrota del gobierno y de la clase capitalista (FMI incluido). Pero esto no implica que indexar los salarios sea suficiente para que haya una salida progresista de la crisis. Es que si a las recuperaciones salariales le siguen mayores devaluaciones, y cada vez más rápidas, y nuevas alzas de precios, la derrota de un plan económico no se traducirá en una victoria de las posiciones de la clase obrera. Naturalmente, la dirigencia sindical “combativa” (los gremialistas colaboracionistas aceptan que los salarios suban menos que la inflación) es consciente de esto, pero no lo dice porque sabe que sus intereses, en última instancia, están del mismo lado que los del capital y su Estado.
El socialismo, sin embargo, debe oponer una crítica de fondo a estas falsas salidas para los trabajadores. Máxime si la inflación se desarrolla en un contexto de recesión y aumento de la desocupación, como está ocurriendo en estos momentos. Por eso, cuando se trata del ingreso global de la clase obrera frente al ingreso global de los propietarios del capital, lo que se plantea es, objetivamente, un enfrentamiento de clase contra clase. Pero entonces es necesario presentar alternativas programáticas globales. No basta con remiendos en el sistema, ni con medidas que solo afectan, superficialmente, la distribución. Es necesario cuestionar el orden social existente (al pasar, si los socialistas no cuestionan al sistema capitalista cuando hay una crisis, ¿cuándo lo van a cuestionar?). Limitar el reclamo a la indexación del salario es allanar el camino para que la clase dominante imponga nuevas derrotas a los trabajadores.
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La demanda de indexar los salarios

Fuente: https://rolandoastarita.blog/2018/06/27/la-demanda-de-indexar-los-salarios/

"Al permitirnos analizar la realidad objetivamente, nos muestra el camino para la transformación del mundo de base: la lucha de clases, sin perder la perspectiva de género, nacional y ecológica, porque Marx no pudo predecir las luchas del siglo XXI, pero sabía sobradamente que si no se acaba con la condición de existencia de la explotación (la apropiación del valor excedente), no se puede poner fin a la explotación: esa es la razón por la que centró su estudio en la producción del valor excedente, con todas sus consecuencias, de clase, de género, nacionales y ecológicas."

En el 200 aniversario de su nacimiento
Marx, ¡volvemos!
30 de junio de 2018
Por Alfredo Iglesias Diéguez (Rebelión)
En recuerdo de Paloma López Dema, la maestra que me animó a leer el Manifiesto hace 40 años
En el mes de febrero de 1848, un joven Karl Marx que cumpliría 30 años el 5 de mayo y que a pesar de su juventud ya era doctor en Filosofía y ya había publicado varios textos de carácter filosófico y económico y tenía una amplia trayectoria política e intelectual (había que tenido que abandonar su país de origen y fuera expulsado de París para instalarse en Bruselas), recibió el encargo, de manos de la Liga de los Comunistas, de redactar un texto que sirviese para la acción y la toma de conciencia del proletariado en un momento en que una ola revolucionaria empezaba a sacudir las principales ciudades europeas: París, Fráncfort, Viena, Milán, Praga… Ese texto, que redactó junto con Friedrich Engels, es el Manifiesto comunista.
En el Manifiesto, Marx y Engels sostienen que la estrategia a seguir, frente a todas las corrientes socialistas anteriores -que propugnaban la aniquilación de las máquinas o la fundación de comunidades utópicas al margen de la sociedad-, es la lucha, la conquista del Estado por la clase trabajadora. Los tiempos de la transformación del mundo de base habían llegado, el tiempo de la contemplación eran cosa del pasado, había dejado escrito en su undécima Tesis sobre Feuerbach en 1845.
Ahora bien, en el momento en que Marx concluye que el camino es la lucha, porque sin lucha no hay conquistas, se hace necesario identificar el objetivo de la lucha…, porque si se confunde el objetivo, se puede acabar sufriendo traumáticas derrotas. Por esa razón, a partir de ese momento, Marx comprometió todo su esfuerzo intelectual en averiguar el origen de la explotación. En este sentido, pues, Marx actúa como un científico, pero no un científico que habita en una torre de marfil, sino como un científico que quiere poner el conocimiento al servicio de la revolución y no de la opresión.
Es entonces, a partir de ese momento, cuando Marx comienza a analizar las causas económicas de la explotación. Ahí están, en ese sentido, algunos de sus trabajos de ese tiempo: Trabajo asalariado y capital (1849),Contribución a la crítica de la economía política (1859), Salario, precio y ganancia (1865) y, finalmente, El capital(1867), su principal contribución en esa búsqueda científica.
Efectivamente, en esos textos, que siguen siendo obras de combate destinadas a un público trabajador, Marx muestra un descubrimiento fundamental para la comprensión del mundo. Esto es, que en el salario, que el trabajador o la trabajadora percibe a cambio de su trabajo (entendido como mercancía, es decir, como fuerza de trabajo), durante la jornada laboral, se esconde un proceso de apropiación del valor excedente (plusvalía), producido por el trabajador o la trabajadora en el tiempo de trabajo suplementario, en tanto que tiempo que excede el tiempo necesario para producir el equivalente al valor del salario, ¡que es la condición que hace posible a explotación de clase capitalista! Ese es el principal descubrimiento de Marx: la apropiación de la plusvalía por el poseedor de los medios de producción.
Consecuentemente, para justificar esa tesis, Marx elaboró todo un ensayo coherente y lógico alrededor del capital(ismo) que nos permite comprender su estructura, génesis y desarrollo. En este sentido, gracias a Marx sabemos que el capitalismo tiende a la proletarización de todas las actividades productivas, a la pauperización de la clase trabajadora, a la concentración de la riqueza…, que para sobrevivir necesita que exista un ejército de desempleados…, que surge como consecuencia de un proceso de acumulación en el que juega un papel fundamental la desposesión de medios de producción por la clase trabajadora, la explotación de la naturaleza –fuente de toda riqueza, como recordaba en 1875 en su Crítica al programa de Gotha-, del esclavismo, de la colonización, del sometimiento de la mujer… No en vano, Marx recordaba que ‘el capital viene al mundo chorreando sangre y lodo por todos los poros, desde los pies hasta la cabeza’. Además, al tiempo que descubre los mecanismos de la explotación, propone, por coherencia lógica, que el fin de la explotación sólo puede ser posible como resultado de la propiedad colectiva de los medios de producción y de la conquista del poder político por la clase trabajadora, esto es mediante la radicalización de la democracia socialista y el control obrero de la producción.
Ahora bien, a esa conclusión no sólo llega analizando la génesis y el desarrollo del capitalismo y su estructura, sino que es la expresión de sus luchas políticas, de su compromiso con la transformación de la realidad. Ahí están, como muestra de su compromiso con el movimiento obrero y la acción, su participación en la fundación de la Asociación Internacional de Trabajadores (1864), la I internacional, o su apoyo a la fundación del Partido Obrero Socialdemócrata Alemán en 1869 y a su unificación en el año 1875 con los lasallistas para fundar el renovado Partido Socialista Obrero Alemán (refundado en 1890 como Partido Socialdemócrata Alemán). Ahí están, también, los textos de carácter histórico, que le sirven para identificar los aciertos y los errores de la estrategia del movimiento, entre los que destacan La lucha de clases en Francia (1850), que le sirve para extraer lecciones de los acontecimientos de París en 1848-1850, durante la proclamación de la II República; El 18 Brumario de Luis Bonaparte (1852), una prolongación texto anterior coa que pretende profundizar en el análisis del golpe de Estado de Napoleón en la jornada del 13 de junio de 1849; y el análisis de los sucesos relacionados con la Comuna de París (1871), que expuso en su texto La guerra civil en Francia (1871).
Marx, Moro, el eterno rebelde, como se definió en la traducción de la apasionante biografía que Paquita Armas Fonseca le dedicó al luchador de Tréveris (Laiovento, 1996), fue un revolucionario que pensó radicalmente, yendo a la raíz de las cosas. ¡Fue un hombre apasionado que, junto con su compañera Jenny, sus hijas Jenny, Laura y Eleanor y la pareja formada por Engels y Helene Demuth, supero situaciones de pobreza, enfermedad y ostracismo social luchando permanentemente a favor de un mundo mejor! Siendo esa pulsión vital lo que le llevó a construir una obra intelectual y política con coherencia y lógica, aunque también llena de contradicciones y paradojas, que no se puede releer cómo se fueran textos sagrados de una nueva religión, sino como lo que son: prosas de combate, experiencias de lucha, que nos ofrecen un extraordinario punto de partida para continuar lo que él comenzó: el análisis objetivo de la realidad, de la situación concreta, que haga posible la transformación del mundo, la construcción de otro mundo posible y el fin de la explotación.

Clases, géneros y naciones en la historia: una perspectiva materialista
La historia se construye con perspectiva de clase: las clases dominantes, las vencedoras del proceso histórico, construyen la historia como un discurso legitimador de su posición de clase; mientras, las clases subordinadas ven como sus luchas, sus experiencias, son olvidadas o tergiversadas por la clase dominante; lo decía el periodista y militante montonero Rodolfo Walsh con gran claridad: ‘Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las cosas’. En este sentido, se puede afirmar que cada grupo social que figura en el discurso histórico como sujeto, lo es en la medida en que conquistó el derecho a la existencia política: el pueblo, las mujeres, las minorías, los indígenas…, tan sólo aparecieron en la historia en la medida que con su lucha conquistaron el derecho a la igualdad, que hizo visibilizar su existencia.

No obstante, frente a los discursos históricos de las clases dominantes, subyace la realidad histórica, que nos permite reconocer la existencia de grupos sociales que tienen una existencia objetiva, independiente de nuestra voluntad, aunque haya sido gracias a la lucha que llegamos a reconocer su existencia. Esas entidades objetivas, perfectamente reconocibles en la historia, son las clases, que se definen según sus miembros se apropien del trabajo excedente o lo produzcan; las naciones, que se construyen alrededor de identidades históricas y políticas; y los géneros, definidos en un contexto heteropatriarcal alrededor de la cuestión de la reproducción sexual. Ahora bien, en la medida en que en todas esas entidades de carácter social son identificables al menos dos grupos antagónicos (burguesía y proletariado, hombre y mujer, colono y colonizado…), se establece una relación de dominio-dependencia; no obstante, a pesar del discurso de las clases dominantes, esta situación de dependencia ni es eterna ni fruto de nuestra naturaleza: es fruto de la historia y tiene su origen en el proceso de producción de los alimentos por las sociedades postneolíticas y en la génesis de las desigualdades sociales. De hecho, la única razón que justifica que a lo largo de la historia los ‘nadie’ de Galeano fuesen, en diferentes momentos y lugares, conquistando su derecho a la existencia, es el hecho de que a pesar de todos los discursos ideológicos (sean de base histórica, teológica, filosófica o biológica), que pretenden legitimar las desigualdades, siempre, en todo momento y lugar, las víctimas de la explotación, las personas que sufrieron y sufren la explotación, se reconocieron y reconocen como iguales: esa, la conquista de la igualdad negada por los opresores, es la razón de la rebeldía y de nuestra esperanza en otro mundo posible.

Del mismo modo, aunque Marx no fue muy explícito en textos ecologistas, de la atenta lectura de su obra de manera coherente, se desprende un naturalismo ecologista evidente, una necesidad de preservar la naturaleza, no solo como fuente de riqueza, sino como ‘condición inalienable de existencia y reproducción de las generaciones humanas que se suceden unas a otras’, que redactó Engels a partir de unas notas de Marx en el III tomo de Capital.

En conclusión, la importancia de la obra de Marx, radica en que fue capaz de elaborar una potente herramienta analítica que, al permitirnos analizar la realidad objetivamente, nos muestra el camino para la transformación del mundo de base: la lucha de clases, sin perder la perspectiva de género, nacional y ecológica, porque Marx no pudo predecir las luchas del siglo XXI, pero sabía sobradamente que si no se acaba con la condición de existencia de la explotación (la apropiación del valor excedente), no se puede poner fin a la explotación: esa es la razón por la que centró su estudio en la producción del valor excedente, con todas sus consecuencias, de clase, de género, nacionales y ecológicas.

"Estamos frente a elecciones cubiertas de sangre, con militares y paramilitares (crimen organizado) con control político y territorial, y su ley de seguridad interior, sin que nadie en la partidocracia reflexione seriamente sobre el significado profundo de esta situación".

Necro-elecciones
30 de junio de 2018
Por Gilberto  López y Rivas (La Jornada)

Las elecciones  del próximo domingo se llevarán a cabo en el contexto de los mayores grados de violencia que se rememora en el México contemporáneo, después del conflicto armado revolucionario de 1910 a 1917.
En este mes de junio se registra la cifra más alta de homicidios dolosos en los 20 años de que el gobierno federal reporta la incidencia de delitos, con 2 mil 234 personas ejecutadas extrajudicialmente, mientras 114 candidatos a cargos de elección popular han sido asesinados, y forzados a renunciar más de un centenar.
Asimismo, destacan los 110 periodistas ultimados del año 2000 a la fecha y el nivel de impunidad de estos atentados contra la libertad de expresión, de acuerdo con la CNDH, que resulta en 90 por ciento de los mismos.
Igualmente, República 32 advierte que: en los cuatro primeros meses de 2018, se han registrado 226 feminicidios, un aumento de 15 por ciento en relación con el mismo periodo del año pasado, y 116 por ciento más en comparación con hace tres años (http://republica32.com/feminicidios-en-cifras-rojas-2018-peor-ano-nina-mujer-en-mexico/).

Además de las ejecuciones extrajudiciales, que ya rebasaron las 200 mil personas desde que se declaró la supuesta guerra contra el narcotráfico, es necesario considerar los crímenes de Estado y lesa humanidad acumulados por décadas, todos impunes, y los más recientes, igualmente sin castigo, que se expresan en las desapariciones forzadas, cuyo caso paradigmático, los 43 estudiantes de Ayotzinapa, se encuentra en el pantano de un Estado delincuencial que niega la justicia y la presentación con vida de los más de 40 mil desaparecidos forzados. Estos miles de desaparecidos tampoco podrán ejercer el derecho al voto en las necro-elecciones próximas, que lejos están de las condiciones de paz social que debieran caracterizar al ejercicio efectivo del derecho de los ciudadanos a votar y ser votados, que garantiza el artículo 35 de la Constitución.

Por el contrario, el proceso electoral se desarrolla en el contexto de una guerra social de exterminio. El reputado Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres (IISS), que monitorea conflictos armados en el ámbito planetario y que dio seguimiento al caso mexicano durante una década, señaló, en el año 2017, que México sufreun conflicto armado no reconocido y lo considera el segundo país más letal en el mundo, después de Siria, especificando los criterios para discernir entre conflicto armado y altos niveles de criminalidad violenta. Los factores claves para su caracterización son, según el IISS: La duración y el tiempo. Aquellos en los que la violencia se mantiene durante muchos años y con una intensidad constante tienden a calificar como conflictos armados; aquellos que experimentan picos periódicos de violencia no son considerados. En segundo lugar, ¿la violencia es una amenaza para el Estado, así como para el ciudadano? ¿El gobierno mantiene control territorial? Y, finalmente, ¿el Estado ha reconocido la amenaza en estos términos y ha respondido en consecuencia?

Tristemente, México cumple con todos estos criterios. Otros países latinoamericanos, como Brasil, pueden verse afectados por altos niveles de violencia criminal, pero sus gobiernos tienen un mayor control territorial y la violencia aumenta y disminuye (https://www.iiss.org/).
Este conflicto armado no reconocido es la dimensión represiva de lo que William I. Robinson denomina acumulación militarizada, cuya finalidad es la recolonización integral de los territorios rurales y urbanos para el saqueo y el despojo de recursos naturales y estratégicos, mediante la violencia exponencial que caracteriza esta configuración actual del capitalismo globalizado. “El sistema ha abandonado –afirma Robinson– a amplios sectores de la humanidad, que están atrapados en un circuito letal de acumulación-explotación-exclusión. El sistema ni siquiera intenta incorporar a esta población excedente, sino más bien trata de aislar y neutralizar su rebelión real o potencial, criminalizando a los pobres y a los desposeídos, con tendencias hacia el genocidio en algunos casos” (Una Teoría sobre el capitalismo global, Siglo XXI, 2013, p. 11).

El proceso electoral, por otra parte, se encuentra marcado por los mayores índices de ilegitimidad, corrupción y carencia de credibilidad del conjunto de la clase política; por la comprobada ineficacia, inoperancia y parcialidad de los árbitros electorales, el INE y el Tribunal Federal Electoral y por la guerra sucia de la propia campaña, factores que, indudablemente, presagian otra elección de Estado y los poderes fácticos, que nada tiene que ver con un ejercicio democrático ciudadano, libre y trasparente.
Al final, estamos frente a elecciones cubiertas de sangre, con militares y paramilitares (crimen organizado) con control político y territorial, y su ley de seguridad interior, sin que nadie en la partidocracia reflexione seriamente sobre el significado profundo de esta situación.

"Nos lleva a una preocupación mayor, sobre las otras consecuencias que traerá el cambio climático, que en la medida de sus impactos agudizará la escasez de recursos, lo que generará estrategias de seguridad militar para hacerse con dichos recursos a través del control del territorio. Hay ciertos rasgos de esta norma que hacen presumir ello, sentando las bases legales que permitan la entrada de corporaciones transnacionales para controlar recursos y territorio; además de promover la quema de fósiles, la deforestación y seguir contribuyendo al calentamiento global".

Perú
Promoviendo la industria de hidrocarburos para acelerar el desastre climático
29 de junio de 2018
Por Luis Hallazi
 Rebelión
El cambio climático tiene origen antropogénico, es decir la acción humana la ha acelerando de manera desmedida los últimos 40 años, donde la quema de petróleo constituye una quinta parte de los gases de efecto invernadero (IPCC) sin contar todos los impactos ambientales que conlleva su extracción, donde muchas veces termina en un desastre ecológico contaminando agua, suelo y aire. Solo entre 2016 y lo que va del 2018 la Amazonía peruana enfrentó más de 15 derrames de petróleo.

A contra corriente de esa realidad y de la reciente aprobación de la Ley Marco de Cambio Climático, Ley 30754, el Congreso de la República está a punto de aprobar la Ley de Promoción de la Industria de Hidrocarburos (PL 2145-2017-PE) una propuesta legislativa retrograda a iniciativa de la ex ministra de energía y minas Cayetana Aljovín. Al parecer gran parte del Poder Ejecutivo y Legislativo se siguen equivocando al pensar que debilitando el marco de protección de derechos ambientales y sociales van a promover un mayor flujo de inversión, hasta el momento no hay evidencia de que ello ocurra y a mediano y largo plazo esto solo nos llevará a tener la inversión más sucia de la región.

Desde esa lógica perversa, promover la inversión a estas alturas es sinónimo de vulnerar derechos fundamentales, adquiridos y conquistados históricamente, incluso a costa de muchas vidas. El proyecto de ley pretende realizar una serie de modificaciones a la legislación actual, que representan serios retrocesos para la institucionalidad gubernamental, que en un gobierno republicano están diseñadas para equilibrar el exceso de facultades de un sector sobre el otro o de una autoridad fiscalizadora sobre la propia actividad. Sin embargo, la norma le otorga al Ministerio de Energía y Minas (Minem) una serie de prerrogativas que quiebran la institucionalidad y concentran el poder para asegurar únicamente la promoción de la inversión de hidrocarburos.
El Minem desplaza la intervención de actores importantes, como el Ministerio del Ambiente, Ministerio de Cultura, el Ministerio de Agricultura y Riego, y limita competencias de los Gobiernos Regionales; incluso interferiría en el rol de entes fiscalizadores como OEFA y OSINERMIG eliminando o restringiendo sus funciones reguladoras. Además, flexibiliza los procedimientos administrativos proponiendo el uso de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) como instrumento para la evaluación de actividades de exploración sísmica, en lugar de instrumentos ambientales que den mayor seguridad sobre los impactos de la actividad, como son los Estudios de Impacto Ambiental.
El proyecto va más allá, afectando la soberanía territorial y energética del Estado al prorrogar los plazos para las actividades de exploración y explotación de lotes de hidrocarburos hasta los 80 a 100 años; disminuyendo incluso las regalías; pero además el inversor puede realizar cualquier tipo de construcción de infraestructura sin la necesidad de ningún permiso, licencia ni fiscalización y para hacerlo con total tranquilidad el proyecto de ley dispone que el Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior brinden al contratista la seguridad para realizar sus operaciones.

Lo cierto es que el proyecto no ha sido discutido ampliamente y no contó con la participación de actores cuyos derechos serán afectados como es el caso de los pueblos indígenas, además de no tener las opiniones de sectores importantes para llevar a cabo esta reforma. Por todo lo mencionado, este proyecto atenta contra la Constitución Política del Estado, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la soberanía nacional en materia energética y control del territorio, pero además quiebra la institucionalidad, vulnera el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado y atenta contra los derechos colectivos de los pueblos indígenas, contraviniendo tratados y acuerdos internacionales que promueven la protección de derecho fundamentales como el Convenio 169 de la OIT y recientemente el Acuerdo de Paris sobre el Cambio Climático.

Este tipo de normas nos lleva a una preocupación mayor, sobre las otras consecuencias que traerá el cambio climático, que en la medida de sus impactos agudizará la escasez de recursos, lo que generará estrategias de seguridad militar para hacerse con dichos recursos a través del control del territorio. Hay ciertos rasgos de esta norma que hacen presumir ello, sentando las bases legales que permitan la entrada de corporaciones transnacionales para controlar recursos y territorio; además de promover la quema de fósiles, la deforestación y seguir contribuyendo al calentamiento global. 

Luis Hallazi es abogado- investigador. 

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=243521

"Lo que vemos hoy es la continuación del golpe del 2009, donde la élite nacional, el capital transnacional y la política corrupta llevan adelante el mismo proyecto acaparador y saqueador, que tiene la institucionalidad por el suelo. Para lograr sus objetivos, esta estructura de poder se vale de la imposición de un modelo neoliberal extractivista, la criminalización y judicialización de la protesta, el uso y abuso del poder mediático, la impunidad, la militarización de los territorios y el populismo para debilitar la protesta".

Entrevista con Bertha Oliva, 
coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos
"La estructura de poder que dio 
el golpe sigue intacta"
29 de junio de 2018
Por Giorgio Trucchi
Rel-UITA


El 28 de junio de 2009, Honduras sufrió una agresión en su orden constitucional que se ha profundizado en el transcurso de estos años. Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), con quien nos une un largo camino de labores y resistencia, recuerda aquel día y analiza la situación del país nueve años después de aquel funesto día.

A pocas horas de llevarse a cabo una consulta popular no vinculante, para sondear el interés de la población en ser consultada sobre la necesidad o no de realizar reformas constitucionales, decenas de militares irrumpían disparando en la casa del entonces presidente Manuel Zelaya.

El mandatario fue capturado, obligado a subirse a un avión militar y desterrado a Costa Rica.

Aquella madrugada marcó un parteaguas en la historia reciente de Honduras.

El primer golpe del nuevo siglo, orquestado por los grupos fácticos nacionales con el apoyo de las fuerzas armadas y el beneplácito de Washington, derrumbaron la institucionalidad del país.

Nueve años después, Honduras sigue sumisa en una profunda crisis política, económica, social e institucional que está muy lejos de resolverse.

-¿Cuáles son tus recuerdos de aquel día?
-El golpe cívico-militar marcó mi vida y la del pueblo hondureño. Para mí es imposible olvidar la escalada que vivimos en los días previos a la ruptura del orden constitucional.

Percibíamos que el enfrentamiento desigual entre instituciones podía conducir a algo que nos haría retroceder varias décadas. El día 27 de junio el ambiente estaba saturado de tensión.

Zelaya destituyó al jefe de las fuerzas armadas y el ministro de Defensa había renunciado. Además, acompañado por el pueblo, rescató de la base de la Fuerza Aérea el material de la consulta popular (Cuarta Urna).

Las organizaciones sociales estábamos alerta, acompañando el proceso y defendiendo el derecho del pueblo a expresarse.

Esa noche me fui a acostar con una gran inquietud.

-¿Cuándo te diste cuenta de lo que había pasado?

-Me desperté temprano y encendí la radio. Escuché voces acaloradas y disparos. Me dije: “¡Hay golpe!”. Mi familia trató de calmarme, pero sabía que mi deber era estar en las calles.

Comencé a recibir llamadas. La primera fue de Carlos H. Reyes (miembro del Comité Ejecutivo Latinoamericano de la UITA y presidente del Stibys).

Junto a mi hijo y a mi hija nos movilizamos hacia la sede de Cofadeh y luego a Casa Presidencial.

La gente estaba conmocionada. No había electricidad. Nadie conocía el paradero del presidente Zelaya.

La casi totalidad de los medios había comenzado a levantar un cerco mediático para ocultar la verdad y confundir a la opinión pública nacional e internacional.

Con varios compañeros y compañeras decidimos reunirnos en las inmediaciones de Casa Presidencial para elaborar un primer comunicado. Ya había mucha gente. Fue ahí que nació el Frente Nacional contra el Golpe de Estado, que luego se convertiría en el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP).

Este movimiento espontáneo aglutinó a un sinnúmero de organizaciones sociales, populares, políticas, sindicales. Una experiencia increíble que luego desembocaría en la conformación del Partido Libertad y Refundación (Libre).

A partir del día 29 de junio comenzó la represión brutal contra quienes nos oponíamos al golpe. Una represión que, lejos de bajar de intensidad, se ha profundizado y diversificado durante estos 9 años.

A pesar de tanta violencia, represión y muerte, el movimiento social no ha dejado un solo instante de exigir la devolución del orden constitucional. 
Nueve años después
No hay democracia
 

-Honduras sigue sin recuperar su institucionalidad democrática…
-Lamentablemente estamos muy lejos de volver a la normalidad. Nadie cree en las instituciones.

El golpe lo dieron los grupos fácticos y las élites oligárquicas que controlan la política y la economía del país.

El objetivo era detener la apertura de Honduras hacia gobiernos y movimientos progresistas del continente latinoamericano, y llegar a tener el control absoluto del país, sus instituciones y bienes comunes.

Lo que vemos hoy es la continuación del golpe del 2009, donde la élite nacional, el capital transnacional y la política corrupta llevan adelante el mismo proyecto acaparador y saqueador, que tiene la institucionalidad por el suelo.

Para lograr sus objetivos, esta estructura de poder se vale de la imposición de un modelo neoliberal extractivista, la criminalización y judicialización de la protesta, el uso y abuso del poder mediático, la impunidad, la militarización de los territorios y el populismo para debilitar la protesta.

-¿Cómo se revierte esta situación?

-Hay que reconstruir el país a través de la organización del pueblo hondureño, de cara a la exigencia de restituir los derechos perdidos.

El mejor libro se escribe en la calle, con la experiencia y la sabiduría del pueblo.

Un ejemplo es el trabajo que estamos desarrollando con la Convergencia contra el Continuismo. También hay otros espacios que están enfocados en ese objetivo.

Hoy, más que nunca, es necesario reencontrarnos, reorganizarnos y volver a las calles.

http://www.rel-uita.org/honduras/golpe-civico-militar-nueve-anos-despues/

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=243522

"Exhortamos al gobierno de Senegal a: •Aumentar su nivel de inversión en el sector agrícola priorizando la agricultura familiar en el respeto de los compromisos de Malabo. •Acabar la reforma territorial con el fin de proteger las tierras de las explotaciones familiares y preservar el patrimonio territorial y los recursos naturales para las generaciones futuras. •Poner en práctica su estrategia nacional de consumo local facilitando el acceso a los productos agrícolas senegaleses, sanos y ecológicos por la puesta en marcha de cadenas de valores centradas en los explotadores familiares, el fortalecimiento de las capacidades en producción agroecológica y centrándose en los jóvenes".

Carta de interpelación enviada al Gobierno de la República de Senegal, a los países miembros del G7 y a la Unión Africana.
29 de junio de 2018
Por Umoya


El 31 de mayo de 2018 tuvo lugar en Dakar un taller de reflexión sobre "la NASAN en Senegal: balance y perspectivas” conjuntamente organizado por El Grupo de reflexión sobre la seguridad alimentaria (GRSA) y el IPAR. El encuentro pretendía dar a conocer los resultados de un estudio del GRSA, realizado por una investigadora asociada al IPAR.
En esta ocasión se reunieron más de 35 personas, entre ellas representantes del gobierno senegalés, canadiense y estadounidense, miembros de la sociedad civil canadiense y senegalesa, del movimiento campesino senegalés, personal senegalés, institutos de investigación y cargos del mundo rural con el fin de discutir sobre los resultados de la Nueva Alianza para la seguridad alimentaria y la nutrición (NASAN) y de generar perspectivas de futuro.
Al término del taller, la sociedad civil senegalesa se movilizó con el fin de elaborar una carta de interpelación destinada a los miembros del G7, al gobierno senegalés y a la Unión Africana y de promoción para el apoyo a la agricultura familiar.
Reconocimiento de fracaso para la NASAN en Senegal: la sociedad civil llama a los responsables políticos a poner la agricultura familiar en el corazón de las estrategias de seguridad alimentaria y de la Nutrición
La Nueva
Alianza para la seguridad alimentaria y la nutrición (NASAN) fue impulsada en 2012 por el G8, como consecuencia del aumento de los precios de los productos alimenticios sobrevenido en 2010-2011 y de una ola de sequía en el cuerno de África que afectaba a las poblaciones africanas. La NASAN también es consecuencia de los esfuerzos de la Iniciativa de L’Aquila para la seguridad alimentaria (IASA). Mientras que la Iniciativa de L’Aquila incitaba a los gobiernos a invertir fondos públicos en la seguridad alimentaria, la NASAN movilizaba a las empresas del sector privado extranjero y a las multinacionales – a ” realizar un crecimiento agrícola sostenido e inclusivo así como a sacar a 50 millones de personas de la pobreza en el transcurso de los diez próximos años ” en África.
La sociedad civil y el movimiento campesino senegalés celebran el compromiso tomado en 2012 por los países miembros del G7 en favor de la agricultura en el continente africano, pero lamentan el enfoque y la puesta en marcha de la NASAN. Apelan a los países del G7, a los gobiernos africanos y a la Unión Africana (UA) a apoyar primero la agricultura familiar y la agroecología, garantes de una seguridad alimentaria y nutricional sostenible, tal como se estipulaba en el foro 2018 de la FAO sobre la agroecología.
Desde su creación, la NASAN ha levantado temores por parte de la sociedad civil en relación con los riesgos de acaparamiento de las tierras y de privatización de las semillas. Aunque en Senegal, la NASAN no haya engendrado las consecuencias negativas anticipadas, no por eso ha respetado sus promesas. En efecto, una evaluación independiente de la NASAN en Senegal, conducida con el apoyo del Grupo de reflexión para la seguridad alimentaria (GRSA), ha permitido comprobar que la Nueva Alianza visiblemente no ha alcanzado su objetivo principal de mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición a través del aumento de las inversiones privadas en agricultura. Tampoco ha llevado a reformas políticas significativas ni a una mejor alineación o un aumento de la ayuda internacional por parte de los miembros del G7.
La NASAN ha sido impulsada sobre la hipótesis de que la seguridad alimentaria y nutricional puede ser mejorada gracias a una mayor aportación del sector privado. Sin embargo, la experiencia en Senegal demuestra que la NASAN ha efectuado una identificación inadecuada de las empresas que han formado parte en la NASAN, por los plazos muy cortos concedidos por el G7. La falta de comunicación sobre los objetivos de la NASAN, la falta de preparación de las partes adheridas para desempeñar su papel y la ausencia de marco estricto han creado un déficit de compromiso de la sociedad civil y las Organizaciones de productores.
La NASAN trata a los pequeños productores esencialmente como beneficiarios de empleos y de servicios proporcionados por las agroindustrias más que como actores económicos en sí. Ahora bien, los empleos creados por el negocio agrario siguen siendo precarios y temporales, poco remunerados, generalmente sin servicio social y médico y su número está ampliamente por debajo de lo esperado por las poblaciones. En contraste, cuando se considera la aportación del sector privado al desarrollo agrícola y a la seguridad alimentaria y nutricional, las explotaciones familiares representan de un modo conjunto a los inversores más importantes en agricultura, contribuyen a abastecer el empleo y preservan el patrimonio territorial. La NASAN no los ha tenido en consideración lo suficiente.
En un contexto de cambio climático, de escasez de los recursos hídricos y de pérdida de biodiversidad, hay urgencia para los gobiernos de efectuar una transición hacia modos de producción agrícola más sostenibles y resistentes. Ahora bien, la NASAN más bien ha favorecido a empresas convencionales y a las multinacionales que utilizan modos industriales de producción orientados hacia el monocultivo, exigentes en agua y dependientes de insumos químicos.
Mientras que la NASAN señalaba una voluntad de mejorar la suerte de las poblaciones pobres, y de las mujeres en particular, comprobamos que las mujeres han sido ampliamente ignoradas. Ninguna estructura de producción o cooperativa agrícola administrada por mujeres formaba parte de las empresas participantes de la NASAN y los empleos creados han sido ocupados en su mayoría por los hombres.
La NASAN ha sufrido una falta de implicación y de concertación previa con la sociedad civil. Igualmente, más que respaldar la realización de las prioridades de Senegal en agricultura, la NASAN ha llevado a un efecto de redundancia y de esparcimiento de los actores y de las iniciativas en un contexto donde existían varios proyectos y programas nacionales. Habría sido más indicado reforzar directamente estos marcos en lugar de desarrollar una iniciativa paralela que tenía pocas posibilidades de triunfar.
Respecto al sitio esencial que ocupa la agricultura en África, la sociedad civil senegalesa considera que este sector debe ser sostenido por un compromiso constante, más que por una intervención puntual. Es en este sentido que nosotros, actores de la sociedad civil y del movimiento campesino, apelamos al G7 a renovar su apoyo a la agricultura, pero colocando la agricultura familiar y sus reivindicaciones en el corazón de toda iniciativa que pretende mejorar la seguridad alimentaria.
Llamamos al G7 a reconocer que:
•La seguridad alimentaria en África está asegurada por las explotaciones familiares, que deben ser sostenidas por las políticas públicas para favorecer y asegurar el acceso a la tierra, al agua, a las semillas campesinas.
•Las explotaciones familiares son generalmente tan perfectas como las granjas agroindustriales, produciendo más empleos, de mejor calidad, y produciendo de manera más sostenible.
•Las mujeres son la piedra angular de modos de producción sostenibles y las pioneras de estrategias para asegurar la seguridad alimentaria.
Les exhortamos también a:
•Mantener su apoyo a la agricultura y a la seguridad alimentaria en el continente africano tomando en consideración la visión de la agricultura de la sociedad civil y del movimiento campesino.
•Asegurar que toda nueva iniciativa del G7 este realmente armonizada con los planes, programas e iniciativas nacionales existentes en el respeto del Acuerdo de París y de los compromisos de Malabo.
Exhortamos al gobierno de Senegal a:
•Aumentar su nivel de inversión en el sector agrícola priorizando la agricultura familiar en el respeto de los compromisos de Malabo.
•Acabar la reforma territorial con el fin de proteger las tierras de las explotaciones familiares y preservar el patrimonio territorial y los recursos naturales para las generaciones futuras.
•Poner en práctica su estrategia nacional de consumo local facilitando el acceso a los productos agrícolas senegaleses, sanos y ecológicos por la puesta en marcha de cadenas de valores centradas en los explotadores familiares, el fortalecimiento de las capacidades en producción agroecológica y centrándose en los jóvenes.
•Reforzar las reagrupaciones, las redes y las organizaciones de mujeres rurales con el fin de que puedan tener más influencia sobre la elaboración de políticas agrícolas y alimentarias.
•Apoyar a las mujeres rurales en la transformación, la conservación y puesta a la venta de sus productos en los mercados locales.
•Poner en marcha derechos de los campesinos tales como lo inscrito en el TIRPAA.
•A reconocer las semillas campesinas en la legislación y a apoyar los sistemas productores de semillas administrados por los campesinos.
Finalmente, pedimos a la Unión Africana, en lo sucesivo responsable de la puesta en marcha de la NASAN:
•Favorecer más a los agricultores familiares y reconocerles como primeros inversores privados en los programas de apoyo agrícola y de seguridad alimentaria.
En conclusión, a la luz de este reconocimiento de fracaso de la NASAN en Senegal, la sociedad civil y los movimientos campesinos llaman a los responsables políticos a poner la agricultura familiar en el corazón de las estrategias de seguridad alimentaria y nutricional. Así, apelamos al G7, al gobierno de Senegal y a la Unión Africana a apoyar fuertemente la agricultura familiar, incluidas las prácticas agroecológicas y la promoción de las mujeres para el desarrollo de sistemas de producción más sostenibles que alimentan a las poblaciones locales.
Signatarios:
1. Marco de Concertación y de Cooperación de los Rurales (CNCR)
2. Iniciativa Prospectiva Agrícola y rural (IPAR)
3. ActionAid Sénégal (AAS)
4. Asociación para la promoción de la Mujer Senegalesa (APROFES)
5. Asociación de los productores del Valle del Río Gambia (APROVAG)
6. Red Africana para el Derecho a la alimentación (RAPDA)
7. Consejo de las Organizaciones No Gubernamentales De apoyo al Desarrollo (CONGAD)
8. Marco de Concertación de los productores de Cacahuete (CCPA)
9. Coalición para la protección del Patrimonio Genético Africano (COPAGEN – SENEGAL)
10. Alianza para la Soberanía Alimentaria en África (AFSA)
11. Fahamu África
12. Somos la Solución (NSS): un movimiento de mujeres rurales para la soberanía alimentaria.
13. Consejo de los Animadores para el desarrollo de Djirnda (CADD)
14. Eco Citoyen
15. Enda Pronat
16. GIPSWAR
17. Periódico Agropasteur
18. Innovación, Medioambiente y Desarrollo en África (IED-Afrique)
19. Carrefour International
20 Activista Sénégal
21. Foro social Senegalés (FSS)
22. Organización de la Juventud Panafricanista (OJP)
23. Panafricana Para la Educación y el Desarrollo Sostenible (PAEDD)
Traducido para UMOYA por María Isabel Celada Quintana

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=243492

Observamos que la tecnocracia del capitalismo gestionada por Barañao considera estratégico investigar para la mayor eficiencia mercantil de los extractivismos. De ahí nuestro desafío de construir la Ecología de saberes.

Argentina - CONICET: 

Tecnocracia o Ecología de Saberes

2 de marzo de 2017
El conflicto en torno al CONICET se desató en diciembre frente al anuncio de la reducción en el número de ingresos a la carrera de investigador. Sin embargo, las últimas novedades refuerzan un diagnóstico: no se trata de un mero ajuste económico, sino de un recorte ideológico de qué se puede investigar en el organismo. La política de priorizar los llamados "temas estratégicos" pone en evidencia la visión del Ministro de Ciencia, Lino Barañao, de apoyar las tecnociencias -como la biotecnología- cuyas utilidades se derivan al modelo extractivo y en particular al agronegocio.

Por Eduardo Soler
En la última protesta protagonizada por Jóvenes Científicos Precarizados (JCP) en las puertas del CONICET (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) -el 15 de febrero, durante la reunión del Directorio- se escucharon por primera vez cantos que asociaban la figura del ministro Barañao con Monsanto. La vinculación también había aparecido una vez en las alocuciones de la última asamblea que decidió levantar la toma del Ministerio, el 23 de diciembre. En aquel entonces, desde los "afectados" directos por el recorte, se solicitó quitar del acuerdo su posible incorporación a empresas privadas, en tanto que esto podía resultar una transferencia directa a corporaciones como Monsanto.

Sin embargo, la consigna lanzada en aquel momento presenta dos puntos de vista. Por un lado, la denuncia a la política del Ministerio de privatizar o subsidiar indirectamente el presupuesto público en el sector de "investigación y desarrollo" de grandes empresas transnacionales. Por otro lado, el hecho de que parte de las investigaciones realizadas en el CONICET pudieran ser útiles para fines como la expansión del agronegocio. Se trata, por supuesto, de una tensión ya existente, en tanto hemos publicado en este medio la intervención directa del Ministro Lino Baraño, desde el año 2008, en frenar las investigaciones críticas sobre la inocuidad del glifosato (agroquímico patentado por Monsanto) lideradas por Andrés Carrasco.

En ese marco, Barañao llegó a afirmar que “no está probado" que el glifosato sea perjudicial a la salud, como denuncian los pueblos fumigados. Y declaró incluso: "Hay gente que se ha tomado un vaso de glifosato para suicidarse y no le ha pasado nada, concluyendo en que el glifosato puede causar el mismo daño que agua con sal”. Recordamos que en 2015 un organismo técnico de la Organización Mundial de la Salud evaluó investigaciones científicas independientes (no financiadas por Monsanto y otras corporaciones del agronegocio) y llegó a conclusiones en la línea de lo dicho por Carrasco. No obstante, el Ministro no se rectificó por sus dichos ni por la campaña de desprestigio iniciada.

El tema no es para nada menor. Barañao es un conocido tecnócrata, defensor de la biotecnología aplicada a la producción agropecuaria. En su propia carrera profesional, la aplicó a la clonación de vacas, con el fin de introducir en la leche transgénica la hormona de crecimiento humano. En septiembre del año pasado, expresó que Argentina tiene el potencial de convertirse en una "especie de Silicon Valley de la biotecnología", en tanto se trata de un país que desarrolló animales clonados y variedades transgénicas de todo tipo. Es cierto que en este punto Barañao no cambió, ya que su visión siempre apuntó hacia este sentido; por ejemplo, se fomentó la vinculación entre el CONICET y Bioceres, empresa donde participan los Grobo, llamado el "rey de la soja" en Argentina.


Lo estratégico según Barañao
Si el pensamiento de Barañao no se modificó, en todo caso ahora "difiere el contexto" político y económico, por el cual el tecnócrata-burócrata quiere tener una mayor injerencia en el destino del CONICET. Es decir, una institución federal donde trabajan investigadores científicos con líneas de trabajo autónoma en cuatro grandes áreas del conocimiento. De hecho, en una conferencia de prensa ofrecida en el Polo Científico y Tecnológico expresó que este momento de crisis es propicio para impulsar un cambio institucional que ya se consideraba necesario.

¿A qué se refiere con esto? En 2011, Barañao dejaba en claro su perspectiva de que la investigación debía ser "útil", entendiendo por ello que pueda formar el núcleo de las "empresas tecnológicas". En la misma charla publicada por ComAmbiental, el Ministro difundió que como política científica buscaba priorizar tres tecnologías particulares: “la Nanotecnología, la Biotecnología y las Tecnologías de la Información y la Comunicación”. Es decir, un criterio meramente tecnocrático que acota la innovación a ciertos enfoques científico-tecnológicos, con una visión sesgada del conocimiento científico.

Como destaca Laura Rovelli, se trata de una tendencia de los últimos años: "A partir de la década de 1990, las políticas de Ciencia y Tecnología (cyt) dan un importante giro en la gestión del sector en nuestro país, observable a partir de la introducción de las nociones de «innovación» y de «sistema nacional de innovación»". Recordemos que en los noventa se patentó la famosa frase de que los científicos vayan a "lavar los platos", referida a una investigadora en ciencias sociales crítica del gobierno.

La política que Barañao impulsó en los últimos años se orientó hacia la creación de un área de "temas estratégicos" definidos por el Ministerio. La primer convocatoria en que apareció una comisión especial fue en el año 2012. Ya un año después el propio CONICET informaba que en las postulaciones a la Carrera del Investigador para temas estratégicos "el total fue de 194, superando a la Comisión asesora en Ciencias Biológicas, que es la más grande del organismo". Se marcaba el inicio de una tendencia en CONICET.
En este punto, la decisión que tomó el Ministerio para la convocatoria de este año 2017 es preocupante: acotar la incorporación de investigadores a 450 (la mitad de los que corresponden por la tendencia) y, a su vez, destinar el 50 por ciento de las vacantes previstas a los "temas estratégicos" decididos por la gestión. Un número muy superior al que contaban hasta la última convocatoria. Barañao se refirió a estos como las "investigaciones más útiles" y en una entrevista reciente aclaró cuál es su postura sobre la utilidad de la ciencia. "Aquellas investigaciones que contribuyan a la generación de riqueza", afirmó.

Si bien los llamados "temas estratégicos" no apuntan todos al mercantilismo, existe un claro sesgo hacia aquellos relacionados con tecnología para el modelo extractivo. Por caso, en el sector de agroindustria la mayoría apunta a la biotecnología. En el sector de energía se incluyen varías líneas para las "tecnologías para el petróleo y el gas", recordando que el Ministerio trabajó con YPF para fomentar el fracking. En el Sector Salud los temas no se orientan a la prevención de enfermedades, como podría ser un apoyo a las investigaciones sobre la toxicidad de los agroquímicos (agrotóxicos) utilizados en el campo.

Por último, existe un sector de "Ambiente y Desarrollo Sostenible" pero nuevamente el enfoque resulta tecnocrático y poco abierto a perspectivas interdisciplinarias que incluyan la participación activa de las comunidades en las investigaciones. En el área ambiental se incluyen tecnologías para sistemas de información sobre el clima, el manejo de recursos hídricos por la vía ingenieril (y no mediante bosques y humedales), la remediación ambiental (pero no el énfasis en cómo detener la contaminación) y en el reciclado se habla incluso de la "valorización energética" (la incineración) antes que estudiar los modos de cambio en las formas de producción y consumo.

Otros Saberes
En este punto, hasta aquí las mayores críticas al nuevo plan de Barañao para el CONICET partieron del área de las ciencias sociales, en tanto la "utilidad" medida en términos mercantilistas (como generar patentes) choca de lleno con la construcción de conocimientos. Del mismo modo, podemos destacar que entre las 500 personas que se nuclearon en la "Red Federal de Afectados" directos por el recorte en el CONICET existe postulantes que trabajaron en su tesis la Ley de Bosques en Salta o el saneamiento del Riachuelo desde perspectivas sociológicas.
Del mismo modo, también debe remarcarse que esta reorientación de la mitad de los ingresos a las "áreas estratégicas" repercutirá también al interior de las áreas ligadas a las ciencias naturales, ya que condicionarán las líneas de investigaciones con un sentido utilitario. Eso mismo alentó Barañao en declaraciones periodísticas. Por caso, en los temas definidos como "prioritarios" por el Ministerio no incluyen las investigaciones en el área de la agroecología, que proponen un modelo diferente para trabajar la agricultura, y que también necesitan de la articulación entre ciencia y producción.
Del mismo modo, como explicamos el área ambiental tiene un claro sesgo tecnocrático. Por el contrario, cuestiones de alta relevancia en torno a la defensa de los bosques, glaciares y humedales como fuentes de agua dulce no se consideran "estratégicas". A pesar de que son necesarias para cumplir las Leyes sancionadas por el Congreso Nacional. Y en estos casos se necesitan investigaciones no sólo del área de las ciencias naturales, sino también interconectadas con las sociales, por ejemplo para abordar el modo en que los pueblos indígenas se vinculan con los bosques como territorio identitario.
Hoy en todo el país -en el marco del paro de investigadores y científicos- desde la Red Federal de Afectados se lanzó la campaña #TodxsSomosCONICET que podría llevar la discusión sobre el modelo de ciencia en Argentina, con la realización de Ferias de Ciencias en espacios públicos. Por caso, desde la Feria de Ciencias en Córdoba, llaman a pensar en una "ciencia al servicio del pueblo", y se adherirán a las 18 horas a la marcha por la Ley de Bosques. Acaso si el conflicto sirviera para algo, discutir al CONICET como institución científica, sería relevante que se lo hiciera en un sentido contrario al que se propone profundizar Barañao como burócrata y tecnócrata.
Así, la perspectiva de la Ecología de Saberes aparece como un paradigma renovador, en tanto valora el conocimiento científico que pueda interactuar con otros saberes (campesinos, popular-urbano, indígenas, entre otros). A partir de esta interrelación el investigador puede abordar los problemas sensibles para las comunidades y proponer soluciones que pueden incluir alguna tecnología pero que no se acoten a este nivel. El caso de las inundaciones es uno que muestra el fracaso de la visión ingenieril y para ser abordado necesita incorporar nociones como la percepción del riesgo y los modos de vida en el territorio.

Enfrentamos una acumulación gran capitalista que, en todo este siglo, ha intensificado los extractivismos trayendo desertificación, muerte o genocidios silenciosos y ruina de las economías regionales.

Argentina: Emergencia ambiental (I, II y III)

11 de abril de 2017
La situación del país se puede analizar desde diferentes puntos de vista. Aquí un conjunto de observaciones críticas desde la perspectiva de la ecología política. Para repasar y unir puntos centrales de los desastres por temporales, la contaminación compulsiva de Barrick Gold y la profundización del modelo del agronegocio exportador.

Por Eduardo Soler
I. La situación de desastres originado por temporales (tormentas copiosas) es muy grave en Comodoro Rivadavia por la acumulación de lodo en zona árida. Pero también hubo desbordes en 11 provincias, incluyendo Tucumán, Provincia de Buenos Aires y Mendoza. El cambio climático global no puede seguir usándose como excusa sino que es un dato de la realidad. El Estado debe hacerse responsable frente a esta situación. Se necesitan políticas climáticas de adaptación.

Por el contrario, los procesos de agricultura extractiva producen desmontes en el norte del país y desertificación en la Patagonia. Es necesario cumplir la Ley de Bosques e impulsar la Ley de Humedales. Sobre todo el caso de las últimas horas en Mar del Plata, ya que -como advirtió en su momento la bióloga bióloga María Gabriela Pujol- la ciudad en sí también fue edificada sobre un humedal. Es necesario restaurar y resguardar algunos espacios claves. 

II. A casi dos semanas del cuarto derrame "sincerado" -aunque minimizado- por Barrick Gold, no hay una decisión fuerte para el cierre de la mina Veladero. Los gobiernos provincial y nacional se pronunciaron por la suspensión. Mientras, la venta de la mitad de las acciones a la corporación china Shandong Gold no hace que poner más incertidumbre a esta situación. Enrique Viale había expresado en este punto que "Veladero debe cerrar y la empresa debe hacerse cargo de las remediaciones correspondientes en la zona”.

Mientras tanto, la Ley de Glaciares sigue sin cumplirse mientras todavía exista el emprendimiento binacional Pascua Lama, entre otros que afectan las reservas de agua dulce en la Cordillera de los Andes. Por el contrario, en los útimos meses trascendieron rumores de que el actual gobierno nacional busca "flexibilizar" la normativa para favorecer justamente a la megaminería. Allí el Ministerio de Ambiente debería buscar resguardar y aplicar la norma. Pero quien más podría avanzar en el asunto es la instancia judicial a través del Juez Casanello para cerrar Veladero.

III. El modelo agroexportador se impone en su versión del agronegocio tecnocrático. El cambio de gobierno en este punto profundizó los rasgos extractivos en la economía, reforzando la opción de la reprimarización en Argentina. Las consecuencias de las medidas del gobierno de Mauricio Macri implican así un avance de la sojización como concentración de tierras y de riqueza. Y la consecuente pérdida de trabajos acentuada en el rubro industrial, porque se pretende usar las divisas del agro para comprar afuera los productos manufacturados (considerados "caros" para fabricarse en nuestro país).

En una línea similar, el desfinanciamiento sistemático de la educación pública y el desguace del sistema científico también van en la línea de pensar al país como el "super-mercado del mundo", buscando actualizar el paradigma del "granero del mundo". Si bien hemos criticado ya la visión de una ciencia y tecnología atada a la economía del agronegocio, la tendencia de la nueva gestión de Lino Barañao es acentuar el rasgo mercantilista bajo la excusa de la utilidad y de lo estratégico. Esta semana será clave también para saber el lugar que el conocimiento toma en la sociedad.

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Portada_Principal/Documentos/Argentina_Emergencia_ambiental_I_II_y_III

"Las cosas debemos llamarlas por su nombre y los venenos de uso agrario deben llamarse agrotóxicos en forma genérica".

El consumo de agrotóxicos en Argentina aumenta continuamente

24 de junio de 2013


Por Medardo Ávila Vazquez

Existe una deliberada intención comercial de ocultar la peligrosidad de estos productos. Imponer la convicción de que no son dañinos o que son “poco tóxicos” predispone a su utilización cotidiana y generalizada. Desgraciadamente esta intención también se verifica en ámbitos académicos, con esa artera finalidad se los denomina como “productos defensivos”, cuando no hay nada más “agresivo” para la naturaleza y su biodiversidad; o “fitosanitarios” como si propendieran a la salud vegetal o rural cuando sus efectos son claramente biocidas, lejos de algo sanitario.

Las cosas debemos llamarlas por su nombre y los venenos de uso agrario deben llamarse agrotóxicos en forma genérica. Recordemos que Monsanto e incluso el mismo Ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Dr. Lino Barañao, afirman que se puede tomar un vaso lleno de glifosato (roundup) sin ningún peligro, aunque está demostrado científicamente que todas las personas que lo hicieron fallecieron(2).

La evolución del consumo de agrotóxicos
El año pasado, en que volvió a aumentar el gasto en dólares correspondiente a agrotóxicos, las Cámaras del sector afirmaron que disminuyó levemente el volumen utilizado (un 5%), porque se vendieron preparados con mayor concentración de los principios activos, sobre todo para reemplazar a la dilución habitual de glifosato, ya que al no ser efectiva la concentración habitual, se requieren dosis más altas (concentración al 66 y 74%).
El glifosato es el agrotóxico más utilizado en Argentina, concentra el 64% del total de las ventas y se aplicaron 200 millones de kg/l de glifosato en la última campaña agraria.
Para acceder al documento (formato Word) haga clic en el enlace a continuación y descargue el archivo:
El consumo de agrotóxicos en Argentina aumenta continuamente (416,00 kB) Leer