El secreto de Perón
por HIJOS La Plata
16 de octubre de 2017
⋅
Con el
juicio a los represores Carlos Castillo y Juan José Pomares en etapa de
alegatos, nos permitimos algunas reflexiones sobre la ausencia crónica del
“Líder” en los relatos sobre la aquiescencia estatal a las bandas de la derecha
peronista para cometer delitos de lesa humanidad. El juicio está llegando a la
etapa final y se espera sentencia para mediados de noviembre. El debate
histórico sigue abierto.
La sencilla
pregunta de “¿Cuándo comenzó el último Genocidio en nuestro país?” sigue
generando hoy polémicas y debates teóricos y políticos de abordaje complejo.
A nuestro entender, este
juicio es en parte la posibilidad de reinstalar de forma amplificada hacia el
conjunto de la sociedad un debate postergado acerca de la génesis del genocidio
en la Argentina. Afirmar que su inicio tuvo lugar antes del golpe militar del 24
de marzo de 1976 es un planteo necesario, y que ha sido sostenido por muchos
familiares de víctimas de la represión, sobrevivientes, organismos de
DD.HH, militantes políticos e investigadores que han sostenido esa
convicción como denuncia, y ante la indiferencia de muchos sectores sociales y
políticos.
A lo largo
del juicio a los represores de la CNU Castillo y Pomares se han escuchado en el
debate afirmaciones y desarrollos sobre el carácter distintivo que tienen los
crímenes que allí se están juzgando. Se ha contemplado que si bien los casos
específicos que se juzgan ocurrieron entre febrero y abril de 1976, es decir
poco antes y durante la última dictadura,
ocurrieron como parte de
una sistemática y un contexto socio-político anterior al proceso iniciado el 24
de marzo de 1976. Y se ha dicho que ese contexto tendría inicio en las
postrimerías del gobierno de María Estela Martínez de Perón y bajo el filo de la
incipiente dictadura militar en marcha.
Ahora, para valorar esta especificidad, que compartimos, no creemos necesario remontarse al origen del Terrorismo de Estado en nuestro país, que bien podría compendiar apreciaciones sobre la capacidad instituyente de la “Legión Infernal” en el inicio del Estado Nación, sobre las disciplinarias exhibiciones de las cabezas de los caudillos populares en la punta de una pica de parte del Ejército de Sarmiento y Mitre, sobre el alcance civilizatorio del régimen de oferta de 1 patacón por cada par de orejas de Tehuelche en la avanzada genocida del Ejército de Roca, sobre el ejemplificador fondeo de anarquistas en el Riachuelo como práctica de la llamada“Ley Fernández Bazán” en la década infame, o bien sobre de la silenciada persecución y cárcel de militantes socialistas y comunistas en el primer gobierno peronista.
Tampoco
nos parece justo delimitar el recorte histórico en el golpe de 1955, y en las
consabidas prácticas de la Revolución Fusiladora: de la Masacre de Plaza de
Mayo, la ley marcial, los fusilamientos de José León Suárez y los Comandos
Civiles de la derecha católica. O en sus continuaciones con Plan Conintes y las
veladas intervenciones militares a la protesta obrera, como en el Cordobazo.
Entonces
el carácter distinto de los crímenes de las bandas de la derecha peronista se
comprenderá mejor si se problematiza el contexto histórico y político ESPECÍFICO
en que se desarrollaron. Y entonces, si el genocidio no empezó en el ’76:
¿empezó en el ’74?
Sucede que esa afirmación implica horadar en los secretos más profundos sobre los crímenes de Estado cometidos en el tercer gobierno peronista, y no todos los sectores políticos están dispuestos a hacerlo. En más 40 años de impunidad de esos crímenes se ha elaborado un relato desde el peronismo “oficial” que exculpa a Perón de todo compromiso con el aniquilamiento de opositores cuando ejercía la presidencia de la Nación.
Sucede que esa afirmación implica horadar en los secretos más profundos sobre los crímenes de Estado cometidos en el tercer gobierno peronista, y no todos los sectores políticos están dispuestos a hacerlo. En más 40 años de impunidad de esos crímenes se ha elaborado un relato desde el peronismo “oficial” que exculpa a Perón de todo compromiso con el aniquilamiento de opositores cuando ejercía la presidencia de la Nación.
¿Entonces cuándo comenzó en nuestro país la última experiencia del terror de
Estado? Parece haber instalado en amplios sectores políticos un pacto implícito:
si se va a fondo en la verdad más
profunda
sobre el origen y las motivaciones de la maquinaria de crímenes y
desapariciones, se termina enjuiciando la gestión de los ’70 del Partido
Justicialista, algunos de cuyos dirigentes han remozado a través de las décadas
sus funciones en cargos en el Estado, han escalado posiciones en sindicatos, o
son corriente de opinión significativa en el propio partido.
En este sentido afirmamos la importancia de desarrollar una mirada histórica
CRÍTICA del proceso político que se vivió en nuestro país entre 1973 y 1976.
Con esa
premisa diremos que las narraciones que buscan deslindar al líder de la
represión fueron abonadas en varios sentidos: que Perón trató de evitar que se
generaran las condiciones que sirvieron de excusa al posterior genocidio, pero
que su fallecimiento abortó esa iniciativa; que la violencia política con
aquiescencia estatal comenzó después del 1 de julio del `74, o como señaló la
fiscalía en su alegato “en las postrimerías del gobierno de Isabel Martínez”;
que el fuerte apego institucional del líder lo aleja de cualquier iniciativa
política ilegal; que Perón contempló acciones ilegales pero nunca violentas; o
bien que el armado y funcionamiento de la Triple A se circunscribe a un plan
ejecutado exclusivamente por López Rega y la CIA; y que el lopez-reguismo
había realizado un cerco sobre el presidente para conducir y ocultarle la
represión en curso.
Sin embargo a esta altura hay suficiente material documental para acreditar la
combinación de una política legal con una ilegal en el gobierno de Perón, que
habilitaba el uso de la violencia, como parte de su intento para disciplinar a
distintos sectores políticos, ideológicos y sociales en el marco del Pacto
Social.
En un
sentido amplio, la Argentina de la década del ’70 era consecuencia de un proceso
de transformación en las condiciones sociales que se caracterizó esencialmente
por el cambio en la dirección del desarrollo del capitalismo local, desde ser
predominantemente extensivo para pasar a desarrollarse en profundidad. Como
señalan Iñigo Carrera y Podestá este cambio, producto de la experiencia
desarrollista de los ’60, no modificó sin embargo la definición de nuestro país
como una nación dependiente, con un desarrollado capitalismo estatista, con una
clase trabajadora numerosa, y con un proletariado industrial que ocupaba el
lugar central en la actividad productiva, así como un importante papel en las
luchas sociales y políticas del momento. La proletarización de grandes masas de
la población fue, sin embargo, acompañada por la persistencia de amplios
sectores que vivían en una miseria consolidada. (cfr. en “La disposición de
fuerzas sociales objetivas”. Nicolás Iñigo carrera y Jorge Podestá. Revista “Lucha
de Clases” Nº1. 1997).
En ese marco entre el
año ’68 y ’73 se dio en nuestro país un proceso de ascenso de las luchas obreras
y crecimiento en la calidad política del desarrollo de las fuerzas populares.
Claro ejemplo de ello es el surgimiento de expresiones sindicales y políticas de
base, combativas, del clasismo, así como de organizaciones político-militares
que cuestionaban la conducción del movimiento de masas a la expresión más
tradicional que se enrolaba en el peronismo clásico.
En este sentido analizaremos las advertencias de Perón a quienes cuestionaban su
orientación política y su liderazgo. Retomaremos las palabras del propio Perón,
que encuentran valor y sentido cuando se eslabonan con otros enunciados y hechos
fácticos, entrelazamiento que demuestra cómo ante la imposibilidad de suturar
las diferencias internas del peronismo, y frente al fallido intento por promover
“la paz y no la guerra”, Perón reemplazó los iniciales llamados a la tolerancia
y prudencia por advertencias sistemáticas dirigidas a los sectores díscolos, que
desobedecían sus intentos de conducir el gobierno.
Veamos qué
pensaba Perón de la situación política mundial de bipolarismo en la Guerra Fría
y qué decía sobre el derrotero nacional para el año 1970.
En un libro
titulado “Comunismo
o Justicialismo”, publicado
por el sacerdote español radicado en nuestro país, Pedro Badanelli, Perón
prologa la obra con una carta de septiembre de 1970 escrita desde Madrid. El
texto de Badanelli es una serie de exageraciones sobre el alcance y extensión
del comunismo bolchevique (con apartados rimbombantes como “Dramatismo
biopsicológico de la conducta bolchevique” o bien “Biotipología soviética”),
para contrastarlo con la idea de un verdadero “ser
argentino”, con Perón
como su hombre y el justicialismo como su doctrina. La construcción de una “tercera
posición”, resumida en la consigna popular “Ni
yankis ni marxistas, peronistas” estaba
por entonces en su pico más alto, y el líder esgrimía una retórica
tercermundista expresada sobre todo desde su obra “La hora de los pueblos”. Pero
a la vez, no escapaba de su cosmovisión la construcción de una otredad a
combatir, donde descargar la responsabilidad de todos los males que aquejaban al
país, un elemento extraño por extranjero, por impropio, por no ser parte de la
propia cultura oficial, y por no expresar los supuestos sentimientos populares.
Perón afirma
en el texto que “el comunismo avanza en todas partes con diabólica celeridad” y
“domina tres cuartas partes del mundo, en territorio y habitantes”. Además trata
de analizar que el “Pueblo” recurriría a la idea comunista al verse acosado por
la explotación y la miseria impuesta por las “fuerzas internacionales” del
capitalismo.
Deja entrever que la
propia experiencia peronista de los ’40 había sido un esfuerzo por “una solución
anticomunista”, pero que fue truncada por:
“la
malhadada ‘revolución libertadora’ que nos arrojó violentamente de nuestro
quehacer patriótico y preparó admirablemente el advenimiento del caos actual,
que llevará al triunfo del comunismo”.
Tengamos en
cuenta que estos dichos son de 1970, es decir de un líder aún alojado en el
exilio en España y en plena constitución de la red de apoyos locales hacia
izquierda y hacia derecha, que generarían la posterior disputa de poder a la
interna del movimiento y del gobierno a su regreso al país. En la carta a
Badanelli Perón concluye profetizando: “Siempre les dije a nuestros oligarcas y
capitalistas: o triunfa el justicialismo, o los degollarán los comunistas”.
Perón era un
militar formado ideológica y políticamente en el más riguroso anticomunismo y
que conocía la historia de la Unión Soviética, China comunista y Cuba. Pero lo
interesante aquí es cómo esos conceptos van sentando las bases de un efecto
movilizador para la constitución de la amenaza comunista como otro a combatir.
Esa concepción tiene plena coincidencia con los desarrollados por el mentor de
la CNU, Carlos Di Sandro, en varias de sus obras como “La Argentina bolchevique”
editado por la Hostería Volante en 1963, o bien “El gobierno mundial y las
tensiones de la sinarquía” de la Editorial Montonera de 1971, pasando por el
texto “La
conspiración sinárquica y el Estado Argentino” de
Ediciones Independencia y Justicia de 1973. Es de hacer notar que Di Sandro
continuó su prédica sobre la sinarquía hasta mucho después de fallecido Perón y
concluido el proceso histórico que aquí analizamos. Así lo prueba la obra
síntesis de su planteo que es “Peronismo o sinarquía” editada en 1983 por ROCA
Producciones.
Como han
señalado en sus tesis sobre la derecha peronista los historiadores Juan Besoky y
Juan Luis Carnaghi, la “sinarquía” fue la idea política que buscaba explicar el
equilibrio de las más diversas realidades a partir de una lógica de
confrontación mundial en la que la política local jugaba un papel importante. De
acuerdo a las propias palabras de Di Sandro, ello significaba:
“La
convergencia radical de principios de poder que obran en el mundo desde los
orígenes de la humanidad. Esta convergencia de los principios de poder
contrapuestos, es la que nos indica que estamos en un nuevo momento de los
procesos del Gobierno Mundial (…) Los poderes visiblemente contrapuestos en el
mundo se coaligan, eso es sinarquía. La significación de la palabra es muy
importante. La traduciríamos entonces: concentración de poderes contrapuestos.”
El profesor
Carnaghi recordó en este debate las visitas del intelectual al líder en Puerta
de Hierro en 1967, la copiosa correspondencia que fluía entre ambos y la
adscripción del propio Perón al concepto de “sinarquía” para resolver la puja
existente por la identidad peronista entre las diversas corrientes del
movimiento.
Citaremos
aquí el texto del creador de la CNU llamado “Principios de una política
fundacional”, en base a una conferencia de pronunciada en Mar del Plata el 15 de
agosto de 1970. Allí afirma que:
“La Nación
es independiente respecto de las tendencias centralizadoras mundiales, y su
destino no debe someterse, por ningún concepto a los dictados de potencias
internacionales y destructivas: el dinero, la banca, la propaganda, la
tecnología bélico-política, las sectas esotéricas, etc. Cada uno de estos
factores debe ser estudiado, a fin de poder sobrellevar sus ataques y
asechanzas, ya que ellos buscan EL APLASTAMIENTO DE LA NACIÓN”.
Trata de
explicar también que una cierta “ruptura entre la tradición fundamental y el
Estado” definido éste como conciencia de la Nación y como nexo entre la Nación y
el Pueblo, esa ruptura (dice textualmente):
“se
transforma en la vía por donde se consolida el proceso revolucionario Anti-Tradicional,
que en la historia de occidente ha tomado la forma concreta del
Marxismo-Leninismo”.
Di Sandro
afirma en 1968 que “La ‘revolución leninista’ se desenvuelve ahora bajo la
conducción de la Sinarquía” y que la defensa de la Nación y del Estado “no puede
aceptar las tendencias mundialistas, promarxistas” y requiere “una correcta y
sana aplicación de los principios de la tradición”.
Como sabemos
el pasaje de la teoría a la acción no fue ajeno al ascendente de Di Sandro,
quien propuso que el poder absoluto del Estado:
“no tiene
otra solución que expresar su carácter creativo, para enfrentar la Revolución
Leninista por un acto de creación histórica (…) no por una actitud reaccionaria,
sino por un acto creador, que salva la Tradición y le incorpora el sentido
histórico moderno sin renunciar a las fuentes, ni al vínculo entre Dios y la
Nación” (“Principios de una política fundacional”).
Ahora, asoma la pregunta
de cuál ha sido la creación histórica en rescate de las tradiciones que realizó
el tercer gobierno peronista.
Veamos entonces la reseña que rescata Miguel Bonasso en el libro “El
presidente que no fue – Los archivos secretos del peronismo”. Allí
se apunta que en una visita a Perón en Madrid del dirigente peronista Oscar
Bidegain, a la postre gobernador de la provincia de Buenos Aires tras las
elecciones d marzo de 1973, la hija del dirigente escuchó en una de las
reuniones en la quinta 17 de Octubre, frente al líder de carne y hueso que venía
a conocer, que Perón se volvió hacia Bidegain y dijo: –
Lo que hace falta en
Argentina es un “Somatén”.
Bonasso
reseña entonces que el Somatén había sido una institución armada de Cataluña que
se remonta al siglo 11, que fue reflotada en 1876 por el brigadier Joaquín Mola
y los patricios de Barcelona, y cobró un nuevo impulso en 1923, cuando el
general Primo de Rivera, padre del creador de la Falange, encabezó un golpe de
Estado. En su “Manifiesto al país y el Ejército” decía el dictador Primo de
Rivera: “Queremos un Somatén reserva y hermano del Ejército…”. La sombra de
aquella charla alimentaba una sospecha que Gloria Bidegain no podría confesarse
nunca: la idea de la Triple A no había nacido de la cabeza de López Rega, sino
en la del propio Perón”.
Como señaló el profesor Besoky en el juicio a la CNU La Plata, desde Madrid Perón había alentado un doble juego con respecto al movimiento revolucionario, alentando las acciones armadas de los sectores radicalizados de la Juventud. Sin embargo, su retorno al país luego de la “Masacre de Ezeiza” de junio de 1973, marcaría el fin de la ambigüedad discursiva y una inclinación decidida hacia los sectores ortodoxos del peronismo.
Dice Besoky
en su tesis:
“Su discurso
transmitido en cadena nacional al día siguiente de los acontecimientos omitió
mencionar a los sectores responsables del enfrentamiento, pero no dudó en
señalar la infiltración”.
Aquel donde
Perón afirmó:
“Los que
ingenuamente piensan que pueden copar nuestro movimiento o tomar el poder que el
pueblo ha reconquistado, se equivocan (…) Por eso deseo advertir a los que
tratan de infiltrarse en los estamentos populares o estatales, que por ese
camino van mal.”
La
advertencia fue clara y directa. Y tuvo consecuencias. Mencionaremos a
continuación una sucinta cronología de hechos ocurridos como parte del
despliegue de violencia desatada con aquiescencia estatal sobre grupos de
izquierda desde junio de 1973, y que contribuyen a registrar la violencia
paraestatal producida durante la gestión interina de Raúl Lastiri.
Por
mencionar sólo algunos de los hechos ocurridos entre la “Masacre de Ezeiza” y la
asunción de Perón, recordamos el asesinato en junio del ’73 en San Nicolás del
militante de la JP Benito Spahn, previamente amenazado por adeptos a la CGT y
ultimado por Tomás Roberto Cardozo, guardaespaldas de José Ignacio Rucci. La
detención y posterior asesinato de ex presos políticos liberados el 25/5/73 en
el Devotazo como Eduardo Jiménez del PRT en Rosario. El secuestro y torturas a
militantes que apoyaban las gestiones de gobernadores de la tendencia, como
Cirilo Heredia, militante de la JP de Mendoza, adepto al gobernador Martínez
Baca. El asalto de locales de la JP al grito de “fuera
bolches”, como El Ateneo de Estudios “Juan Pablo Maestre” en Buenos
Aires.
El
ametrallamiento de locales como el “Ateneo 20 de junio”, de la JP en Buenos
Aires el de la JP en Moreno. Atentados como el cometido por el Comando de
Organización de Alberto Brito Lima en el comedor universitario de Resistencia,
Chaco.
Secuestros y
torturas como las sufridas por Oscar Suárez, cometidas por Héctor García Rey,
jefe de la policía santafesina, empleado en el Ministerio de Bienestar Social y
luego del Navarrazo designado a cargo de la policía cordobesa junto al
interventor Lacabanne.
Atentados con armas como el sufrido por el abogado Roberto Raúl Catalá en Rosario, que se adjudicaron comandos “antimarxistas”.
Atentados con armas como el sufrido por el abogado Roberto Raúl Catalá en Rosario, que se adjudicaron comandos “antimarxistas”.
Asesinatos
como los del dirigente peronista de izquierda Horacio M. Oróstegui en Campana, y
el del docente en la Facultad de Ciencias Exactas y miembro del Consejo de la JP
Zona Norte, Enrique Grymberg.
La
desaparición en Buenos Aires del obrero gráfico Sergio Joaquín Maillman
secuestrado en un auto del Ministerio de Bienestar Social.
Para septiembre de 1973 entonces, Perón planteará la necesidad de volver al orden legal y constitucional acabando con las movilizaciones y disputas existentes. Las “formaciones especiales” ya habían cumplido su función y el monopolio de la violencia por parte del Estado no debía ser cuestionado. Se necesitaba entonces una nueva alianza para gobernar.Esa construcción de un nuevo aliado para el proyecto político puede verse en la relación que el líder tejió con las burocracias sindicales. Asumido el poder por Perón el 12 de octubre de 1973, quedaba atrás la tolerancia y la inclusión de los sectores de izquierda que había caracterizado a la fugaz gestión de Héctor Cámpora, pero esencialmente cambiaban las condiciones políticas en que se había dado una ofensiva de la clase trabajadora desde el ’68-’69, y salían a la luz los esfuerzos y tentativas oficiales por poner bajo control la movilización obrera.
Desde la
gestión de Cámpora,
en junio de 1973 se
había puesto en práctica el Pacto Social, consistente en suspender por 2 años
las discusiones salariales en convenciones colectivas.
La
iniciativa se había implementado en un contexto generalizado de conflictos
laborales que entre junio septiembre de 1973 llegaron (según reseña Juan Carlos
Torre en “Los sindicatos en el gobierno ‘73-’76) a más de 120 conflictos, las ¾
partes en empresas privadas y el resto en el Estado. Al no poder discutirse
convenios, los reclamos versaban mayormente sobre retrasos en pagos y
reincorporación de cesantes o suspendidos. Esta dinámica enfrentó a las bases
obreras con los aparatos sindicales, más ocupados en sostener su cuota de poder
ante el gobierno que de encabezar los reclamos. El último trimestre del ’73
conllevó distintas pujas de poder entre el Estado y los jefes sindicales,
determinadas por los vencimientos de los convenios colectivos de trabajo
vigentes desde 1972.
En todo el
período la cartera laboral estuvo ocupada por, Ricardo Otero, hombre de Augusto
Vandor y secretario de la delegación de la Capital federal de la UOM hasta antes
de asumir como ministro en la gestión Cámpora.
La CGT
apostaba a que, si el caudillo había tomado distancia de los sectores juveniles
de izquierda del movimiento, podía desembarazarse también del ministro de
economía José Ber Gelbard, que era tildado de izquierdista. Así se devolvería la
conducción de los asuntos económicos a un peronista, se abriría la paritaria y
se volvería a la época dorada del distribucionismo populista.
El problema era que ello implicaba romper el Pacto Social vigente. Perón
desarrolló una maniobra política que le aseguró la lealtad de los jefes
sindicales para su nueva gestión: realizó una reforma de la ley de Asociaciones
Profesionales Nº 14.455, que incrementó la centralización de las estructuras
sindicales y brindó mayor fortaleza jurídica a las posiciones burocráticas de
los jefes sindicales.
Como señala
Torre se dispuso que no podía existir más de un sindicato por rama de actividad,
se ilegalizó los sindicatos por empresa, se facultó a los gremios a intervenir
sumariamente sus filiales y se otorgó el poder de suprimir los mandatos de
delegados de fábrica. A su vez se amplió el mandato de las conducciones
gremiales de 2 a 4 años y se equipararon los fueros sindicales con las
inmunidades parlamentarias. (cfr en Juan Carlos Torre – Los sindicatos en el
gobierno 1973-1976). No es menos significativo que la reforma fue elaborada por
el mismo ministro de Trabajo Ricardo Otero, que ocupó la cartera durante las
gestiones de Cámpora, Lastiri, Perón y Martínez de Perón. De esta manera las
representaciones de base de los trabajadores, sobre todo si no comulgaban con el
signo político peronista, perdían terreno en la representación gremial y eran
confinadas a expresiones pretendidamente marginales.
En este
sentido se hace central la definición que ha aportado en el debate el
historiador de la UNLP, Juan Luis Carnaghi, que aportó su mirada histórica a
través de los conceptos de su tesis doctoral “Nacionalistas,
católicos y peronistas. Auge, afianzamiento y reconfiguración de la CNU La
Plata, 1955-1974”.
Carnaghi
definió que para el año ’73 la CNU se reconfigura en lo que denomina un “Cártel
político sindical”, un concepto que toma de la definición “power
cartel” que el
historiador británico Ian Kershaw realizó analizando el fenómeno del ascenso del
nazismo. En ese nucleamiento distintos actores políticos, en este caso CNU, UOM, Juventud
Sindical Peronista y 62
Organizaciones, coincidían
en la acción por tener un ideario común en el catolicismo ortodoxo y el
anticomunismo y ciertos objetivos compartidos, centralmente hacer prevalecer el
ala derecha del movimiento peronista en el proceso político. Recordemos que en
el juicio a la CNU La Plata el Indio Castillo reconoció que su banda tenía
postas sanitarias ubicadas en los sindicatos metalúrgicos y de la construcción,
para hacer frente a urgencias producto de los operativos que realizaban. En ese
sentido puede entenderse la evolución del grupo inicial de la CNU, el
crecimiento de sus acciones violentas desde los hechos de Ezeiza en junio de
1973 y su vinculación desde 1974 con el Estado provincial, ahora en manos de un
hombre de la UOM como Victorio Calabró, para cumplir un rol represivo.
En la concepción de Carnaghi Perón realiza una opción por ese “Cártel político-sindical” y desacredita al sector de la Tendencia revolucionaria, a los que tacha de “infiltrados, apátridas o falsos peronistas”, sobre todo desde la puesta en práctica de Documento Reservado del Consejo Superior Peronista de octubre del ’73 que obliga a “denunciarlos y combatirlos por todos los medios”. Tal opción puede verse en el derrotero de Perón respecto a las ideas del marxismo, que según Carnaghi “primero lo desaprueba, luego en el exilio alienta a los sectores de izquierda del movimiento, pero finalmente ya en 1973 termina condenando la idea de quienes pugnaban por construir un socialismo nacional”.
Efectivamente, ha quedado probado a esta altura que la CNU desplegaba su accionar como patota o grupo de tareas interviniendo violentamente en asambleas universitarias y en los procesos del movimiento obrero más combativo de la ciudad de La Plata, por ello se puede desprender que la mayoría de los casos que aquí se investigan tenían actividad político sindical en clara oposición a la burocracia sindical imperante en la época y a las políticas impartidas por el gobernador Victorio Calabró.
Calabró fue
un dirigente forjado bajo el ala del secretario general de la Unión Obrera
Metalúrgica (UOM) Augusto Timoteo Vandor, asesinado en junio de 1969. Al
comenzar la década del setenta, Calabró fue tesorero de la UOM nacional y a su
vez secretario general de la filial Vicente López. Se ha pretendido mostrarlo
como opositor a la conducción de Lorenzo Miguel en la UOM, y como promotor de un
sector “antiverticalista” contra la conducción del movimiento peronista a manos
de Isabel Perón,
aunque la confluencia de
intereses señala a todos estos actores como parte del núcleo duro de la derecha
peronista.
Una vez
electo vicegobernador, Calabró se encargó de mostrarse como “el hombre fuerte”
en la gobernación y hasta llegó a decir que en dos meses “se lo morfaba a
Bidegain”. Desde temprano mostró su afán por controlar desde la vice-gobernación
a sectores clave como el Hipódromo de La Plata, la Policía Provincial y el Banco
de la Provincia. La práctica de la negociación espuria la arrastraba desde sus
inicios en el gremio,
donde cumplió el rol de descabezar cuerpos de delegados y
recibir dádivas a cambio de desactivar conflictos para incrementar un patrimonio
personal que incluía participaciones en empresas, hipódromos y la propiedad de
campos en la provincia. Calabró se apoyaba en su base gremial y en su control de
la Legislatura, donde convergieron en designarlo como sucesor de Bidegain el
FREJULI, la UCR, la Alianza Popular Revolucionaria y el Partido Renovador.
Como señala Antúnez, Calabró asumió el poder afirmando “que se hacía cargo de la gobernación en cumplimiento de una disposición constitucional, apelaba a la doctrina justicialista y prometía ajustar su futuro gobierno a los planes trazados desde el gobierno nacional, que a su entender conducían a la patria justicialista” en clara oposición a la anteriormente denominada por la Tendencia como la “patria socialista”.(Damián Antúnez – “El gobierno bonaerense de Victorio Calabró: entre la intervención federal y el golpe de Estado” – UNdeC 2013)
Calabró se
dedicó a reforzar su poder político y mejorar su interlocución de con el
gobierno nacional y al propio Movimiento Peronista ante la inminencia de la
desaparición física de Perón. Logró acuerdos con el empresariado a través de su
ministro de economía Ramón Miralles, hombre de la CGE, y con el campo a través
de Pedro Goin, ministro de Asuntos Agrarios. También sumó apoyos intercediendo
en crisis políticas municipales, como con el ascenso irregular del entonces
concejal Eduardo Alberto Duhalde al cargo de intendente de Lomas de Zamora.
Duhalde le aportó un hombre clave en al armado del esquema irregular represivo
integrado por patotas sindicales y grupos armados como la CNU: Alberto Bujía,
apodado “El Negro”, un hombre con pasado en bandas de delincuentes y afín a las
patotas de la UOM, fue secretario privado de Calabró.
En ese
contexto de gestión de la derecha sindical en el gobierno de la provincia desde
febrero de 1974, es que se explica la afinidad de intereses entre Calabró y la
CNU. La inserción de varios integrantes de la banda en distintas dependencias de
la provincia ha sido relata por varios de los testigos en este debate. Así, se
los ha descrito en su rol represivo como parte de la persecución de activistas
opositores a la gestión de Calabró.
Este es el
derrotero político de una gestión que se sirvió de la capacidad de movilización
del ala izquierda del movimiento para terminar desechándolo y desatando sobre
ese sector una maquinaria de represión combinada: métodos legales de represión
subsumidos en grupos de acción y procedimientos al margen de la ley.
“Muchas
veces me han dicho que creemos un ´batallón de la muerte´ como el que tienen los
brasileños, o que formemos una organización parapolicial para hacerle la
guerrilla a la guerrilla. Pienso que eso no es posible ni conveniente”, dijo
Perón en diciembre de 1973, cuando en realidad ya era para todos conocida la
actuación de la Triple A. (cfr en Sergio Bufano – Perón y la Triple A – Revista
Lucha Armada en la Argentina Nº 3, 2005).
Aquí es donde adquiere importancia trascendental el llamado “Documento Reservado” del Consejo Superior del Movimiento Nacional Justicialista del 1 de octubre de 1973, hecho político en respuesta al asesinato del secretario general de la CGT José Ignacio Rucci, producido poco tiempo antes. Su efecto legalizador de la represión ilegal lo analizaremos más adelante. Diremos, aquí que esa iniciativa se dio en el órgano político central del peronismo, donde tenían expresión las ramas política, juvenil, sindical y femenina del movimiento. Y en la reunión de acuerdo del Documento estuvieron presentes Raúl Lastiri (en ese momento presidente interino de la Nación); los ministros del Interior, Benito Llambí, y de Bienestar Social, José López Rega, los gobernadores y vicegobernadores y el senador nacional y secretario general del PJ, José Humberto Martiarena. En lo que aquí interesa, el Documento significó la aceleración del proceso de “depuración ideológica” del peronismo. De hecho no se podía actuar sin la expresa autorización del Consejo Superior: se prohibieron las unidades básicas mixtas, se clausuraron todas las unidades y organismos de la rama femenina, y se reformó la Carta Orgánica, por la que se prorrogaba el mandato por dos años a los congresales hasta tanto lo determinara un nuevo Congreso partidario.
Es muy
significativo el dato de que para entonces el vicepresidente segundo del Consejo
Superior peronista era, Duilio Brunello, a su vez secretario de Estado de
Previsión Social, viceministro de Bienestar Social de la Nación e interventor
federal en Córdoba entre marzo y agosto del ’74 tras los hechos del Navarrazo.
Señalamos en este sentido que entre la intervención federal de marzo del ’74 y
el golpe de Estado de marzo del ’76, la provincia de Córdoba tuvo 3
interventores y nunca recuperó la institucionalidad democrática.
En otras palabras, se creó a la vista de toda la sociedad un Estado al margen de la ley dentro del propio estado de derecho. Porque además el Documento resultó una carta abierta a la cacería de todo aquel militante que no encuadrara en las definiciones del momento, definiendo la situación como “estado de guerra”, estableciendo directivas específicas en tareas de inteligencia y delación de los denominados “infiltrados” o “marxistas”, extendiendo los medios de lucha a la violencia armada y determinando acciones precisas y conjuntas tanto de los integrantes del movimiento peronista como de funcionarios del gobierno.
En el juicio
a la CNU La Plata y durante su ampliación de indagatoria, el Indio Castillo leyó
la famosa carta de Juan Perón a los efectivos de la Guarnición de Azul, tras el
ataque del ERP a esa sede en enero del ‘74. Allí Perón les aclara que les habla
“como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y soldado experimentado” y los
felicita “por el heroico y leal comportamiento con que han afrontado el
traicionero ataque”. La intencionalidad de Castillo iba al punto donde
Perón afirma que “la
lucha en que estamos empeñados es larga y requiere en consecuencia, una
estrategia sin tiempo” para lo cual recomienda “actuar profundamente sobre las
causas de la violencia y la subversión quedando la lucha contra los efectos, a
cargo de toda la población, las fuerzas Policiales y de Seguridad, y si es
necesario de las Fuerzas Armadas”, y donde sentencia que “el reducido número de
psicópatas que van quedando, sea exterminado uno a uno para bien de la
República”.
A semejante confesión del empleo de la fuerza estatal en prácticas terroristas,
se montó Castillo para esgrimir la tesis de que Perón se estaba defendiendo
legítimamente. Dijo Castillo que
“El estado
no puede ser terrorista porque ejerce el poder de la mayoría, y el terrorismo es
la acción de una minoría contra la mayoría. El concepto de Terrorismo de Estado
es un concepto fallido”.
De la misma
manera, trató de justificar que:
“Hay estados
que hasta habilitan los interrogatorios de 3er grado, es decir con violencia
física, psicológica y moral”.
Conocía bien
entonces el Sr. Castillo las directivas que emanaban desde el poder nacional
para actuar como actuaron.
En ese mismo discurso
citado, desde la Residencia Presidencial de Olivos, Perón definió que:
“aniquilar
cuanto antes este terrorismo criminal es una tarea que compete a todos los que
anhelamos una ‘Patria
justa, libre y soberana’, lo que nos obliga perentoriamente a
movilizarnos en su defensa y empeñarnos decididamente en la lucha a que dé
lugar”.
Pero además,
en febrero del ’74, durante una reunión con los dirigentes de la Juventud
Peronista en Olivos, Perón les dice que el problema de su espacio político está
exclusivamente en los dirigentes y reclama que hay muchos dirigentes que:
“son
cualquier cosa menos justicialistas. ¿Entonces, qué hacen en el Justicialismo?
Porque si yo fuera comunista, me voy al Partido Comunista y no me quedo ni en el
Partido ni en el Movimiento Justicialista”.
Tres meses
más tarde, en un mensaje al Congreso Nacional Justicialista en reunión realizada
en el Teatro Nacional Cervantes, el líder va más allá y echa mano de la típica
metáfora biologicista para explicar las diferencias políticas. Dice:
“Es
necesario vivir vigilantes (…) No porque tengamos autodefensas vamos a estrechar
y a compartir con los que están enfermos de una enfermedad contagiosa. Es
necesario mantener cierta prudencia para evitar las infecciones (…) Tengamos
cuidado con los gérmenes. Y desinfectárnoslos a tiempo será siempre saludable
(…) Nuestro movimiento tiene sus autodefensas, las que se manifiestan
inmediatamente que se detecta la presencia de un germen patógeno”.
Esta
conformación de una alteridad a la que se define preciso combatir tuvo
consecuencias concretas en centenares de hechos represivos ocurridos durante la
tercera presidencia de Perón y en vigencia del citado Documento reservado del
Consejo Superior Peronista. Hechos concretos entre octubre del ’73 y julio del
’74 como los ataques armados a militantes y con bombas a locales de diversos
partidos, sindicatos y agrupaciones de la amplia gama de militancia de ala
izquierda en todo el país. Atentados a domicilios de legisladores, como los
casos de Fausto Rodríguez y Miguel Marcattini, y del senador Tejada en Córdoba.
Asesinatos como los de Nemesio Aquino, miembro de la JP en General Pacheco, o
del militante de la JP Constantino Razzeti en Rosario.
El armado de
comisiones policiales antisubversivas como en Tucumán, al mando de del jefe de
la policía, Héctor Luis García Rey. La creación de listas de “bolches” a
perseguir en las regionales de la CGT.
El ataque
conjunto a la facultad de Derecho de la Universidad de Mar Del Plata por la CNU,
el Comando Universitario Peronista de Derecho (CUPDED), la Legión Revolucionaria
Peronista, los Grupos de Acción Peronistas (GAP), el Movimiento Universitario
Nacional (MUN) y otras organizaciones derechistas realizado con el apoyo de la
CGT local y con cobertura policial.
El ataque
armado a la Escuela de Información en Córdoba por el “Comando
de las 62 Organizaciones”, que
al ser detenido llevaban credenciales selladas por la policía provincial,
libretas con direcciones y teléfonos del Ministerio de Bienestar Social de la
Nación, y documentos del Ministerio de Bienestar Social de la Nación y de la
Unión Obrera de la Construcción de Córdoba.
El
fusilamiento de los obreros Oscar Dalmacio Mesa, Antonio Moses y Carlos Domingo
Zila cerca de Tortuguitas, luego de ser secuestrados por una banda armada en el
local de PST en El Talar, en General Pacheco
Siempre en
1974: Los asesinatos por la Triple
A de Silvio Frondizi,
Carlos Mujica en mayo, Rodolfo Ortega Peña en julio y Julio Troxler en
septiembre. Y en diciembre el secuestro y asesinato de Jorge Fischer y Miguel
Bufano, militantes de Política Obrera, integrantes de la Comisión Interna de la
fábrica Miluz.
Los hechos
represivos de la derecha peronista con la anuencia estatal se profundizaron con
la muerte de Perón, ya que la disputa por su legado no reconocía límites y hasta
registra un caso en los propios funerales del líder: El secuestro y asesinato de
Eduardo Romero, de 25 años, secuestrado el 3 de julio del ’74 por “matones” de
la UOM cuando salía de la columna de JP que esperaba para ver en el Congreso el
cuerpo de Perón. Al día siguiente apareció su cadáver a nueve cuadras del lugar
del secuestro con una bala en la cabeza.
La
sistematicidad de los ataques y la cobertura estatal a través de la estructura
policial, política o sindical fue palmaria. Recodaremos a modo de ejemplo que,
tras el golpe de Estado policial en Córdoba, entre febrero y Marzo del ’74, se
activaron grupos de civiles armados, comandados por la Juventud Sindical
Peronista, identificados con brazaletes amarillos, celestes y blancos, que
persiguieron y detuvieron a dirigentes políticos, sindicales y estudiantiles que
apoyaban el gobierno de Obregón Cano.
Como señalan
Bufano y Teixidó (Perón y la Triple A. Las veinte advertencias a Montoneros) una
revisión honesta de este período histórico necesariamente echa por tierra el
“mito” que le asigna a López Rega la creación de la Triple A y deja a Perón al
margen de su génesis. El presidente estaba en el centro de una escena que fue
configurando activamente con discursos frente a diferentes auditorios,
reportajes e intervenciones públicas, argumentos que al mismo tiempo
constituyeron la argamasa ideológica de la represión paraestatal. Y la
cooperación de Perón con esa las organizaciones de la derecha peronista no fue
sólo ideológica, incidental o fruto de una “tolerancia culposa”.
Se brindó
protección a todos los que eran acusados de integrar esos grupos represivos
ilegales, con su respaldo político público.
En efecto, muchos de los señalados
como responsables de las acciones sangrientas ilícitas contra el campo popular
fueron promovidos a puestos partidarios o nombrados para cumplir funciones en el
Estado: la designación de Julio Yessi, secretario de López Rega, presidente del
Instituto Nacional de Acción Cooperativa y dirección de la Juventud Peronista de
la República Argentina, como representante de toda la Juventud Peronista ante el
Consejo Superior del Partido Justicialista fue uno de los casos paradigmáticos.
El trato amable y preferencial de Perón con Yessi y también con Alejandro
Giovenco, representante de la CNU, ni siquiera se vio mellado cuando ambos
comunicaron que “pasaban a la clandestinidad” para combatir a la izquierda:
fueron recibidos en audiencia oficial con posterioridad al anuncio que los
situaba ostensiblemente fuera de la ley. Los nombramientos y ascensos en las
primeras líneas del sistema represivo de Alberto Villar, Luis Margaride, Juan
José Morales, Rodolfo Eduardo Almirón, Benigno Balbuena y López Rega son otra
prueba concluyente de esto. Como bien alegan Bufano y Teixidó, gozaban de las
designaciones directas de Perón y todos ellos fueron personajes que nadie dudaba
en considerarlos sinónimos de la “guerra
sucia”.
Precisamente
para entender la particularidad de esta denominada “guerra”, así denominada en
los documentos políticos de época que hemos analizado, retomamos los planteos
del
filósofo León Rozitchner en su obra “Perón,
entre la sangre y el tiempo” y
que asume la compleja tarea de desentramar algunas preguntas, a saber:
¿De qué manera
el Estado de derecho se transforma en una maquinaria de represión parapolicial
de aquello que no puede contener por vía de la política, ni del andamiaje
legal-formal? O mejor aún, ¿Cómo el líder que representó durante 40 años para
las masas populares la transformación social pudo convertirse en agente político
de la represión oficial sobre esas masas? Y en definitiva, ¿Cómo la guerra
convencional, entendida como dominación del extraño se transforma en guerra
interna, en represión de la disidencia política, en aniquilamiento de un enemigo
interno construido a imagen y semejanza de las necesidades políticas del
momento?
Parte de las
respuestas las aporta León Rozitchner en esta obra escrita desde el exilio y
publicada en 1979. Desde la conocida fórmula del militar prusiano Carl von
Clawsewitz de que “La
guerra es la continuación de la política por otros medios”,
Rozitchner demuestra que Perón lee a Clausewitz al revés: podría decirse que
para él la política es la continuación de la guerra por otros medios. El
análisis del autor no se reduce a la concepción individualista y monista de la
guerra como dominación, conquista y aniquilamiento de los ejércitos
convencionales. Va más allá. Trata de explicar la inserción social que esos
conceptos tienen como lógica de dominio.
En lo que
aquí importa rescatamos la siguiente afirmación:
“Con el
correr del tiempo y el incremento de la resistencia popular la doctrina de una
‘nación en armas’ pasará de la hipocresía al cinismo: se convertirá en doctrina
de la ‘seguridad nacional’. El enemigo exterior será suplantado directa y
claramente por el propio pueblo a reprimir convertido explícitamente en enemigo
interior. Perón es el primero que plantea el problema de la seguridad nacional
como ‘política’, para obtenerlo por las buenas o como ‘guerra’, para obtenerlo
por las malas”.
Como señala
Rozitchner, no se trata de dejar de lado las reales transformaciones que a nivel
económico, político y social la clase obrera alcanzó por mediación de Perón,
sino que:
“esto, que
representa un “progreso”, fue también para la burguesía
nacional una necesidad:
la de consolidar y negociar su propio poder. Al mismo tiempo que se reconocían
derechos a los trabajadores, y se los organizaba, en ese mismo proceso se los
ataba profundamente a los límites del sistema para que no fueran más allá.
Riesgo, es evidente, que las fuerzas armadas como guardianas del sistema tenían
que asumir, porque estaba inscripto en la lógica de la economía y de la
política: es una constante en el desarrollo histórico del capital”.
En otras
palabras, el secreto mejor guardado de Perón: la lucha de clases.
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