miércoles, 25 de abril de 2018

"Nos declaramos en estado de alerta y movilización permanentes: convocamos a todos los vecinos y vecinas del territorio chubutense a compartir información independiente de las corporaciones y sus operadores gubernamentales y mediáticos, a discutir y organizarse en cada espacio comunitario, laboral, escolar, universitario, asambleario".

Argentina - Unión de Asambleas Ciudadanas Chubutenses: "Seguimos diciendo no a la megaminería".

25 de abril de 2018


El pasado sábado 14 de abril se llevó a cabo un encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas Chubutenses, en la ciudad de Rawson. Allí se analizó la crítica situación en la que se encuentra la provincia y la embestida minera que están impulsando los gobiernos nacional y provincial, junto a un puñado de intendentes y jefes comunales vinculados con las corporaciones extractivistas.
También se contabilizaron nuevas planillas de firmas de vecinxs de toda la provincia que exigen el tratamiento y aprobación del proyecto presentado en 2014 por iniciativa popular y se expresan en contra del proyecto de zonificación presentado recientemente en la Legislatura. Ya se han superado las 20.000 firmas y se definió que la campaña se extienda, ya que el pueblo de Chubut necesita ser escuchado por quienes deben representarlo.
A continuación, compartimos el documento construido de modo consensuado por la Unión de Asambleas Ciudadanas Chubutenses.
Documento de la Unión de Asambleas Ciudadanas de la Provincia del Chubut
Las/los vecinas/os integrantes de la Unión de Asambleas Ciudadanas Chubutenses nos reunimos en asamblea en la ciudad de Rawson el día 14 de abril de 2018, con mandatos presentes de Trelew, Rawson-Playa Unión, Comodoro Rivadavia, Río Pico, Puerto Madryn, Puerto Pirámides, Esquel y Comarca Andina. Debatimos durante doce horas y analizamos en profundidad la crítica situación que nos afecta y convoca:
El pueblo trabajador de Chubut está sufriendo un brutal ajuste impulsado por el gobierno nacional, hoy bajo la conducción de Mauricio Macri, imitado a nivel provincial por Mariano Arcioni, acompañado por intendentes y jefes/as comunales. Dicho ajuste se observa en miles de despidos y suspensiones a lo largo y ancho de la provincia, cierre de fábricas, concentración de la riqueza, mercantilización de la educación y la salud, desdoblamiento de sueldos, precarización laboral, vaciamiento de la obra social SEROS y tarifazos en los servicios públicos. Ante esta gravísima coyuntura, y en medio de esta crisis diseñada ya desde gobiernos anteriores, vuelven a intentar la instalación de la megaminería en el territorio chubutense, la cual viene siendo rechazada por la movilización popular sostenida en las calles hace más de 15 años.
Por ello, las/los vecinas/os integrantes de la Unión de Asambleas Ciudadanas del Chubut expresamos lo siguiente:
-Denunciamos la persecución, criminalización y judicialización de la protesta de trabajadores y vecinas/os que eligen luchar ante este cuadro de situación, como es el caso de las personas denunciadas por el secretario de Seguridad, Federico Massoni, por manifestarse en las puertas de Casa de Gobierno, entre quienes se encuentran dos integrantes de la Unión de Asambleas Ciudadanas del Chubut.
-Denunciamos al intendente de Paso de Indios, Mario Pichiñán; a Marcelo Aranda, presidente de la comuna rural de Gastre; a Ricardo Sepúlveda, presidente de la comuna rural de Gan Gan; a Nilda Tolosa, presidenta de la comuna rural de Las Plumas; a Mario Oviedo, presidente de la comuna rural de Los Altares; a Miguel Ancamil, presidente de la comuna rural de Lagunita Salada; y a Leonardo Bowman, presidente de la comuna rural de Telsen, quienes presentaron de manera inconsulta a la población un proyecto dictado por la “Cámara Minera”, tal cual el mensaje recibido por el diputado Muñiz en plena sesión el 25 de noviembre de 2014, en connivencia con el ministro nacional de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y con el asesoramiento del subsecretario de Desarrollo Minero, Mario Capello. Estos funcionarios impulsan la zonificación minera y el desarrollo de la megaminería, privilegiando mezquinos intereses de las corporaciones extractivistas, en detrimento de la salud de la población y contrarios al buen vivir. El proyecto presentado dice estar en concordancia con lo estipulado en la ex Ley 5.001 (XVII/68), pero al mismo tiempo propone entregar más del 60% del territorio a los intereses de las empresas trasnacionales mineras, siendo esto profundamente opuesto al espíritu de esta ley.
-Rechazamos que la presidencia de la Comisión de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente siga en manos de Alfredo Di Filippo, diputado provincial que está actuando como un ferviente lobbista pro minero.
-Advertimos del riesgo de que se sesione fuera de la legislatura, y en instalaciones del Poder Judicial, situación que sólo se daría con el acuerdo de la totalidad de los bloques políticos y que permitiría votar leyes en contra del pueblo. Consideramos que si esto sucediera se incurriría en una acción profundamente antidemocrática que no garantiza el acceso público ni la redacción taquigráfica. Frente a este peligro, nos mantendremos en estado de alerta legislativa.
-Promovemos un estilo de vida con actividades productivas genuinas, transgeneracionales y fuertemente ligadas a la identidad de los territorios, por eso vemos con asombro que otros proyectos y actividades verdaderamente productivas surgidas e impulsadas desde la Meseta Chubutense no tienen eco político, administrativo ni legislativo.
Seguimos diciendo NO A LA MEGAMINERÍA, con las razones y conocimientos que venimos acumulando desde hace más de quince años.
Exigimos el tratamiento y aprobación del proyecto presentado por las Asambleas Ciudadanas de Chubut mediante el mecanismo de Iniciativa Popular y que prohíbe la minería contaminante metalífera y radiactiva en todo el territorio.
Nos declaramos en estado de alerta y movilización permanentes: convocamos a todos los vecinos y vecinas del territorio chubutense a compartir información independiente de las corporaciones y sus operadores gubernamentales y mediáticos, a discutir y organizarse en cada espacio comunitario, laboral, escolar, universitario, asambleario.
Reconociendo al extractivismo destructivo como el motor de los conflictos mundiales, repudiamos el bombardeo al pueblo Sirio por parte de los Estados Unidos y en acuerdo con Inglaterra y Francia.
NO AL SAQUEO Y NO A LA CONTAMINACIÓN MEGAMINEROS.
NO AL
ENGAÑO DE LA ZONIFICACIÓN.
CHUBUT NO SE
VENDE, SE DEFIENDE.
NO ES NO… HACE MÁS DE 15 AÑOS LES DECIMOS “NO”.
¡¡¡NO PASARÁN, NO PASARÁN, NO PASARÁN!!!
Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut.

“Despertémonos, humanidad. Ya no hay tiempo”, dice el inicio del comunicado. Y es que así nos alertaba Berta Cáceres con sus palabras y sus acciones que le costaron la vida por luchar para oponerse a la depredación y quita de derechos de nuestros pueblos.

G-20 en la Argentina: los pueblos se organizan para resistirlo

25 de abril de 2018

El viernes pasado se inició la primera edición de la capacitación sobre el G-20, dirigida a las organizaciones populares, en la Facultad de Ciencias Sociales. Las resistencias de los pueblos también dicen presente.

Fue en su sede de M. T. de Alvear, con una asistencia que llegó en nombre de distintas organizaciones. En el mes de mayo se anuncia el 1º Encuentro Preparatorio (Inter) Nacional de lucha contra el G20 y un encuentro de capacitación previo. Para concientizar y organizarse para enfrentar y resistir las estrategias del neoliberalismo y construir la agenda de los pueblos. Mientras tanto, en una de las primeras reuniones de uno de los Grupos de Afinidad, Civil20, el delegado del gobierno argentino, que preside la cumbre G-20, expresó que no es el espacio para discutir derechos humanos, lo que generó el repudio de un amplio arco de organizaciones de la región.
“Despertémonos, humanidad. Ya no hay tiempo”, dice el inicio del comunicado. Y es que así nos alertaba Berta Cáceres con sus palabras y sus acciones que le costaron la vida por luchar para oponerse a la depredación y quita de derechos de nuestros pueblos.
Mejor Sin TLC
Para responder preguntas y ayudar a multiplicar las conciencias que se apropien del significado de las deliberaciones del G-20 la Asamblea Argentina Mejor Sin TLC realizó una capacitación en la Facultad de Ciencias Sociales, donde confluyeron representantes de distintas organizaciones para empezar a entender de qué se trata. Por ejemplo saber que un foro del poder global, G-20, no es lo mismo que la Organización Mundial del Comercio, OMC, que tiene una estructura institucional definida que depende de la ONU, pero se parece bastante por la gravitación que tiene sobre las políticas públicas, y muchas otras cosas de mayor o menor complejidad en un encuentro que tendrá repetición y profundización.
La Asamblea Argentina Mejor Sin TLC emitió un comunicado (con agenda) para invitar al 1º Encuentro Inter-Nacional, donde explica cual es el objetivo del G-20: “abordar los grandes desafíos globales y buscar generar políticas públicas que los resuelvan”, y agregan que por el contrario “los pueblos tenemos la certeza de que son estos mismos gobiernos y sus políticas los principales culpables de la crisis civilizatoria profunda que atravesamos y de la que se desprenden los problemas que ahora dicen querer resolver”.
El G-20 es un club de los 20 países geopolíticamente más influyentes del mundo que representan el 85% del producto bruto global, que van a sesionar durante dos días, hacia fines de año, 30 de noviembre y 1º de diciembre de 2018. Habrá más de 60 reuniones previas de ministras y ministros, delegadas y delegados y sherpas (delegadas y delegados presidenciales) que discutirán con una agenda que toma: mercado laboral y educación funcional a sus necesidades; infraestructura para el desarrollo, es decir, para la acumulación de capital; y seguridad alimentaria es decir la producción industrial y tecnologizada de alimentos. Para esas reuniones se conformaron de los llamados Grupos de Afinidad (Buisness20, Woman20, Labour20, Think20, Science20, Youth20, Civil20), que son espacios oficiales creados para la participación de actores no estatales y forman parte del proceso del G-20 (y que son bastante afines a las políticas de gobierno). Una de las curiosidades es que el grupo de afinidad sobre trabajo, Labour20, estaría presidido por la UOCRA de Gerardo Martinez. Así se fueron desmenuzando las significaciones en el encuentro del viernes pasado en Sociales.
Entre las y los representantes de las organizaciones con base territorial se compartieron algunos estados de situación. Por ejemplo en Rosario diariamente diez buques, de gran tonelaje, que cargan soja, tienen un tamaño que exceden las posibilidades de los ríos que los tienen que transportar, así que traen sus propias cargas de agua para desplazarse, produciendo el consiguiente daño y modificación en el ecosistema. O que en la misma Rosario se produjo hace pocos días el primer Re-Mate de Soja que no solo estableció el valor de la cotización de la soja sino que también le puso precio al daño a la vida que produce y que impulsó la movilización callejera. También otro de los delegados presentes contó sobre el Acuerdo Federal Minero que en San Juan hace que la Barrick digite los planes de estudio en función de las necesidades del extractivismo minero. Un sinnúmero de situaciones se hallan invisibilizadas y los encuentros colectivos no solo permiten socializar el conocimiento, sino también compartir los estados de situación local.
Derechos Humanos, una exigencia de los pueblos
Las deliberaciones de la cumbre del G-20 que tienen lugar en la Argentina durante todo este año y esta presididas por la Argentina que es el país convocante y quien establece la agenda del año. En esta oportunidad el sherpa o delegado presidencial es Pedro Raúl Villagra Delgado. En el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que fue sede del encuentro de organizaciones de la sociedad civil, Civil20, que se realizó en el marco del G-20, el delegado presidencial expresó que “el G-20 no es el espacio para discutir sobre derechos humanos, ya que existen otros foros para hacerlo”, poniendo como ejemplo el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.
Un gran número de organizaciones de la región se expresaron a través de un comunicado donde afirman su preocupación y rechazo a estas declaraciones “es sumamente grave la tajante escisión de los derechos humanos en favor de los asuntos financieros y económicos.
Particularmente, las afirmaciones esgrimidas por Villagra Delgado son inconsistentes por ir en contra de la misma agenda de los grupos de trabajo del C20, que está directamente relacionada a los derechos humanos, involucrando temas y problemas que van desde la Anticorrupción, Empleo, Seguridad Social, Educación Pública, Salud, Infraestructura, Género, Ambiente, Energía, Cambio Climático, entre muchos otros”. Para finalizar expresaron su preocupación por profundizar la perspectiva de derechos humanos que es transversal a las agendas económicas y financieras. Además exigieron la rectificación del mensaje que cuestiona y deslegitima los derechos conquistados, como condición de posibilidad para encausar los debates del C20 y G-20 por la senda de los derechos humanos.
Tal como contamos en Marcha hace unos meses, el G-20 nace como respuesta a la crisis financiera global en 1999, para enfrentarla y salvar el capital a costa de los pueblos. Hoy encuentra un impulso renovado en la región y especialmente en nuestro país que intenta construir su liderazgo en favor de los capitales financieros internacionales, con uno de los mayores ajustes de nuestra historia, que se produce sin disimulo alguno. Sin embargo los pueblos se organizan y se movilizan para resistir al renovado impulso del neoliberalismo por eliminar políticas públicas y restar los derechos más elementales. “Despertémonos, humanidad. Ya no hay tiempo”, dijo Berta Cáceres.
Vivian Palmbaum – @vivi_pal

Reflexionemos: "No es casual ni banal, que en los alzamientos insurreccionales uno de los blancos privilegiados son las cárceles y mazmorras, porque éstas corporizan el poder político y lo simbolizan. En la actualidad, el culto a la democracia burguesa, esa mascarada política que aspira a edulcorar la explotación capitalista, tiene como divisa distintiva la afirmación de un sistema judicial punitivo, objetivo e impersonal. Ascético, como si los tribunales al pronunciar sus condenas no estuviesen ejerciendo un acto político, sino que materializando el ideal de justicia".

Hannah Arendt y el castigo penal como
expresión de poder político de clase
24 de abril de 2018

Por Gustavo Burgos (Rebelión)
Roberto Arlt cuenta en sus memorias que su padre le anunciaba que el día de mañana a primera hora, lo iba a castigar. Recuerda este hecho porque sentía que el castigo anunciado es la peor tortura, que dormirse esperando la mañana del castigo es, en sí mismo, una pena superlativa. Nadie como Arlt, un explotado célebre y preclaro, para sintetizar esta experiencia y patetizar uno de los rasgos más intensos del poder, el poder de castigar, de someter, de inferir sufrimiento y dolor a aquél que ha infringido una norma. No es casual ni banal, que en los alzamientos insurreccionales uno de los blancos privilegiados son las cárceles y mazmorras, porque éstas corporizan el poder político y lo simbolizan.
En la actualidad, el culto a la democracia burguesa, esa mascarada política que aspira a edulcorar la explotación capitalista, tiene como divisa distintiva la afirmación de un sistema judicial punitivo, objetivo e impersonal. Ascético, como si los tribunales al pronunciar sus condenas no estuviesen ejerciendo un acto político, sino que materializando el ideal de justicia. En Chile, la implacable persecución al movimiento de liberación nacional mapuche, con sus montajes, agentes encubiertos y testigos protegidos, constituye una clara demostración de que el accionar del llamado Poder Judicial es –ante todo- Poder Político. Paradigma de este problema es el llamado juicio de Nüremberg, que pretendió ajusticiar a los máximos responsables del genocidio del III Reich.
En efecto, cuando Hannah Arendt comenzó la publicación de los textos que luego serían su “Eichmann en Jerusalén” la quisieron quemar. Había dicho que Adolf Eichmann era un imbécil, un ser humano sin más atributos que su “incapacidad de pensar” o cuyo pensamiento se construía mediante el encadenamiento de un número limitado de topoi, de fórmulas lingüísticas, de tópicos, es decir, un idiota normal y corriente de los paridos por el siglo XX, un “hombre masa”. No era ni siquiera uno de esos bohemios en armas, un lumpen de los que había producido la Gran Guerra y que Hitler encarnó mejor que nadie. Tampoco era un jovial delincuente como Göring o un sádico pervertido como Reinhard Heydrich; sólo era un zafio oficinista que cumplía diligentemente con sus obligaciones, un hombre normal; y esto, para la jauría de los otros imbéciles, era intolerable pues el “nazi” tenía que ser un monstruo, una anomalía, una aberración, un psicópata sanguinolento.
Los sionistas que se ensañaron contra Arendt por esta afirmación, no repararon en la identidad de argumento y propósito de sus diatribas, con la forma en que Alemania - un país en el que después de 1945 nadie había sido nazi y todos decían haber sido emigrantes interiores - eludía su responsabilidad por el exterminio. Tampoco repararon en la coincidencia de lo que decían con la historiografía general sobre la Segunda Guerra Mundial, una historia que, por sistema, considera el universo concentracionario como una extravagancia en la racionalidad que la economía, el gobierno y la propia guerra, imponían en todas partes, también al tirano. Sin embargo sí hubo nazis en Alemania, sí hubo complicidad de gran parte de la comunidad con el exterminio, y el sistema concentracionario, como experimento de un modo de dominio total, no fue una anomalía inducida por un psicótico y sus secuaces, sino la manifestación central, contrarrevolucionaria (en el sentido de hecho, sin precedentes que desmenuzaba e invertía cualquier acto y relación humana) de una novísima forma de poder.
Hoy en día esto no debería estar en discusión, sobre todo después del libro de Christopher R. Browning, Ordinary Men (“Aquellos hombres grises”) o incluso, después del muy criticado texto de Daniel Goldhagen: “Los verdugos voluntarios de Hitler”, pero, por lo que se ve, lo está y la jauría de los idiotas se revela contra la posibilidad de convivir con la fría normalidad del mal absoluto, con el hecho de que en su normal idiotez exista la posibilidad del mal absoluto, con el hecho de que ese mal nazca de la opción que todos ellos tienen entre saber e ignorar y de que, ante esa elección, ellos prefieran la confortable y banal templanza en la que viven los ignorantes.
Pero lo que hizo que los detractores de Arendt dejaran de ladrar para ponerse a aullar, fue otra cosa, a saber: que órganos administrativos judíos creados por los nazis en los guetos colaboraron activamente en el exterminio. Se gritó que, en esta apoteosis de su traición de renegada, la judía Hannah Arendt equiparaba a las víctimas con los verdugos, a los hombres buenos con los monstruos, a los sometidos a una compulsión radical, con los asesinos. En realidad, culpaban a Hannah Arendt de un descubrimiento que no era suyo y que ella nunca quiso atribuirse, porque el libro es profusamente citado en el “Eichmann”. El colaboracionismo diligente de los Judenräte (Consejos Judíos) con el exterminio está detalladamente documentado en la monumental, exhaustiva e irrebatible obra de Raul Hilberg: “La destrucción de los judíos de Europa”, pero no pueden aceptar que la condición de víctima no santifique, que los canallas, los cobardes, los tontos, los serviles, los malvados, los parásitos, los ventajistas, los sinvergüenzas, los depredadores o las alimañas, también pueden ser víctimas y que en las situaciones límite en las que las condiciones más elementales de la vida se rarifican hasta el extremo, esta miseria humana emerge y envenena más que en ninguna otra situación. Sin embargo, la compulsión no es bastante como para negar la existencia real, verbigracia, de un individuo como Mordechai Chaim Rumkowski, que estaba al frente del Consejo Judío del gueto de Lodz.
Es verdad que el caso de Rumkowski es extraordinario en su grotesca pompa, pero también es cierto que a los nazis nunca les faltaron “administradores” judíos, policías judíos, soplones judíos, canallas judíos. La víctima es pura en su condición de víctima, no en su condición humana, sin embargo esta distinción parece excesiva para quienes siempre es mejor negar los hechos si así su virtud prevalece.
También se escupió veneno contra Hannah Arendt a causa de las cuestiones jurídicas planteadas, cuestiones que siguen vivas en la dogmática penal y que aparecieron, por primera vez, con los procesos de Nüremberg: la posibilidad de la aplicación retroactiva de un derecho penal nuevo, la obligación de castigar hechos no tipificados en ninguna ley, porque eran hechos sin precedentes, pero de tal condición que hacían imposible la impunidad, la definición de la autoría en un contexto en el que, por sistema, esa autoría del delito se diluía en múltiples hechos, la mayoría de ellos inocuos, cometidos por distintos sujetos dentro de una cadena administrativa organizada al modo de las modernas fábricas capitalistas, la contradicción entre un delito en el que, cuanto más cerca se está de la víctima, menor es la responsabilidad del autor, el derecho de Israel a secuestrar y a ejecutar a Eichmann en tanto que Estado judío, o la causa de la que los jueces de Eichmann disponían para mandarlo a la horca, la causa de su condena.
Al plantear todas esta preguntas, todas estas cosas que estaban en cuestión, Hannah Arendt sólo resumió los problemas jurídicos a que nos sigue enfrentando el exterminio, problemas que están abiertos y siguen buscando una solución. El punto de partida, ineludible, y es aquello en lo que Arendt falla al moralizar el problema, es en dilucidar una cuestión previa: el carácter de clase del Estado y la Justicia que éste administra.
La justicia burguesa, justicia de clase para preservar los intereses y el orden social de la clase que la sustenta, puede llegar al extremo de encarcelar a Mamo Contreras de por vida o a a Corbalán o a Krassnoff. Todos, contradictoriamente, son distinguidos sirvientes del orden capitalista y no obstante ello, están tras las rejas.
El régimen y sus escribas y paniaguados, pretenden señalar que tales condenas son un signo inequívoco de la imparcialidad de los tribunales, de su objetividad y racionalidad. Como si lo que estuviese en juego fueran bienes jurídicos abstractos y que su operatoria se desarrollara en el procedimiento penal y en sus laberintos procesales de pruebas y alegaciones.
El Tribunal Oral y lo que hagan las Cortes y demás intervinientes en estos procesos, como en todo proceso penal, es la materialización –en el sentido de justicia material- de los intereses de la propia burguesía, la que persigue con esta escenificación dotar a su propio poder de un aura moral, democrática y constitucional, a lo que en realidad es su mero arbitrio.
La Justicia –con mayúscula como se dice, no sin ironía- no es otra cosa que una dimensión del poder político y el castigo es su epítome: es la advertencia que realiza el régimen, al conjunto de la nación oprimida, sobre lo ilimitado que es su propio poder. En este último sentido las condenas a los genocidas, sólo en una mínima medida constituyen conquistas democráticas. Lo que domina en ellas, políticamente, es el constituir actos de poder político, el aporte de Hannah Arendt en esta materia es de gran valor y contribuye a la desmistificación de la justicia.
En este curso de ideas se enfrentan los intereses de clase antagónicos, no se trata de la superficialidad procesal o de la dimensión del garantismo. Se trata del choque programático entre el aparato burocrático del Poder Judicial y el desafío de hacer Justicia con Tribunales Populares. Aquí no hablamos de otra cosa más que del poder.

"Decimos, el comportamiento de Gustavo Petro no nos extraña, si tenemos en cuenta algunos de sus antecedentes".

¿Dignidad o votos?
La postración de Gustavo Petro
24 de abril de 2018

Por Renán Vega Cantor (Rebelión)

“Bienaventurados sean los perdedores, y malditos sean quienes confunden el mundo con una pista de carreras y lanzados a las cumbres del éxito trepan lamiendo hacia arriba y escupiendo hacia abajo”.
Eduardo Galeano

La altura moral, el compromiso ético, el desprendimiento, la solidaridad y el amor a la justicia de una persona, cualquiera que ella sea, se demuestran en los instantes de dificultad, cuando hay que enfrentar retos y desafíos apremiantes, que exigen claridad meridiana y muestran la real estatura de un ser humano. Esos atributos que, además deberían caracterizar a un político que se reclama de izquierda, no pueden estar sujetos al vaivén de un certamen electoral, algo efímero y circunstancial.
Uno de esos momentos críticos es el que ahora estamos viviendo en Colombia, a raíz del montaje orquestado entre la DEA y el Estado colombiano contra el dirigente de las Farc, Jesús Santrich, quien fue hecho prisionero el 9 de abril por el régimen de Juan Manuel Santos. Este acontecimiento ―y cualquiera con dos dedos de frente entiende que es una infamia para darle la patada final al fallido acuerdo entre el Estado colombiano y las Farc­― requiere de circunspección, para no creer las mentiras de los Estados Unidos, a través de una agencia nocivas y criminal, la DEA, en mutuo acuerdo con sus vasallos de la Fiscalía y el gobierno de Santos.
Se esperaría, no por oportunismo político, sino por dignidad –algo que parece estar en vías de extinción en Colombia y el mundo– que Gustavo Petro, como candidato a la presidencia que dice encarnar un programa alternativo, hubiera tomado una distancia prudencial frente a las mentiras, engaños y embustes que se han propalado en estos días sobre Jesús Santrich. Pero no, Gustavo Petro ha dicho las mismas estupideces que los otros candidatos del establecimiento, como lo podemos constatar al leer algunos de los mensajes de twitter que envió el 10 de abril. En uno primero, con una pésima redacción dijo: “Por lo delicado de la situación en que queda el proceso de paz y la división de la sociedad respecto a él. El Fiscal General debe personalmente mostrar a la opinión todas las evidencias respecto al caso Santrich para que no quede ninguna duda de los procedimientos a seguir”.
Aquí empieza la cadena de irresponsabilidades. ¿Acaso se le puede pedir seriedad a un personaje como el Fiscal General ―una ficha de Uribe, Santos y Vargas Lleras, es decir, de la felonía y la impunidad― y avalar como pruebas indiscutibles los inventos proporcionadas por Estados Unidos? Por favor, no nos crea tan ingenuos de aceptar que lo que diga el Fiscal y las falsas pruebas que muestre –que, recordemos, se las envió la DEA y una corte de los Estados Unidos– son elementos suficientes y creíbles para considerar como normal lo que se está haciendo contra Santrich y contra lo poco que quedaba del agónico acuerdo. Con esa lógica tan pobre y elemental, ¿deberíamos creer a pie juntillas, en la misma dirección, y para refrescarle la memoria a Gustavo Petro, la mentira que se inventaron en la Embajada de los Estados Unidos al otro día de la toma del Palacio de Justicia (8 de noviembre de 1985), al decir que esa acción fue ordenada y financiada por el criminal Pablo Escobar para recuperar sus expedientes por narcotráfico, mentiras que el gobierno de Belisario Betancur y sus sirvientes mediáticos se encargaron de reproducir? ¿Debemos creer, entonces, el infundio de que la toma del Palacio de Justicia, organizada por el M-19, del que era militante en ese entonces Gustavo Petro, fue auspiciado económicamente por el Cartel de Medellín, simplemente porque eso lo dijeron funcionarios de los Estados Unidos? ¿Ese es el tipo de pruebas, proporcionados por Estados Unidos, que debemos aceptar y validar en el caso de Jesús Santrich, sin cuestionarlas de ninguna manera?
Ese mismo día, 10 de abril, Petro envió otro mensaje de Twitter en el que afirmó: “ De la dirección de las Farc esperamos no un espíritu de cuerpo en defensa de su integrante sino el bien superior de Colombia: la Paz. La comunicación con sus bases para impedir el retorno a las armas y la evaluación sería se (sic) los retos que demanda su compromiso con el país”. Es decir, la dirección de las Farc debe aceptar, como parece que lo está haciendo, que se condene por anticipado a uno de los suyos, se le envié a una mazmorra de los Estados Unidos, con unas pruebas inventadas y además les digan a sus militantes que todo está bien, que no hay nada de qué preocuparse, aunque los empiecen a extraditar. Y, para rubricar, Petro dice que se les debe pedir a las bases de las Farc que aguanten lo que hace la DEA y el Estado colombiano, todo a nombre dizque de su compromiso con la paz y el país. ¿Y dónde queda el dolor y el sufrimiento de un ser humano, de todos los ultrajes, humillaciones y mentiras que soporta, dentro de la cárcel en dónde está y fuera de ella? ¿Eso no importa, a nombre de unos valores etéreos como el tal “compromiso con el país”? ¿Un político que habla a nombre de otro proyecto de país no debería haber pedido la libertad inmediata de Jesús Santrich y denunciar lo que verdaderamente representa ese hecho, como declaración de guerra? Además, como lo de Santrich es un mensaje amenazador que se les está enviando a quienes se acogieron al proceso de paz, ¿qué confianza en el Estado colombiano se les puede pedir?, ¿Dónde quedó la pretendida seguridad jurídica del acuerdo?, ¿Quién garantiza su vida y sus derechos? ¿Acaso Petro no les está pidiendo a los militantes de las Farc que esperen tranquilamente a que los maten o extraditen, que al fin y al cabo es otro tipo de asesinato?
En otro de los mensajes de ese día, Petro agregó: “Será la sección (sic) dd (sic) la JEP la que le notificará a la sociedad colombiana si los hechos ocurrieron después de la firma del acuerdo. Solo así surtirá el tratado de extradición. La JEP mostrará ente (sic) Colombia su pertinencia y el Presidente debe contar con todo el apoyo de Colombia”. Dejando de lado la ortografía y escritura, que parece el twitter permite eludir, digamos que Petro ya acepta la condena proferida contra Santrich desde los Estados Unidos, dando por supuesto que los hechos existieron y que solamente se debe corroborar si fueron antes o después de la firma del acuerdo del Colón. Qué estrechez de miras, aceptar de buenas a primeras lo que se dice en Estados Unidos y que tanto gravita sobre el presente y el futuro de nuestro país, para aceptarlo como válido. ¿Por qué Petro no pide que primero se indague cómo fue el montaje y cómo se hizo, a quien beneficia, en lugar de aceptar las infamias contra Santrich?
Y, como no podía faltar, remató sus mensajes de ese día 10 de abril en twitter con una perla, la que el establecimiento, la derecha y los arrodillados querían escuchar, y a los que él satisfizo con plenitud: “Queda (sic) a prueba las instituciones de la Paz. Si la JEP confirma los hechos cometidos después de la firma de los acuerdos y yo soy el Presidente de Colombia, el señor Santrich será extraditado”.
Es decir, Petro termina siendo igual a los candidatos de derecha y de centro derecha –como los inefables Sergio Fajardo o Humberto de la Calle– en lo relativo a un punto tan álgido como lo es el de la extradición y las relaciones con los Estados Unidos. En efecto, Petro no cuestiona de ninguna forma la imposición de los intereses de los Estados Unidos en su orquestada Guerra contra las Drogas, ni se pregunta qué hace una agencia como la DEA en Colombia, moviéndose en nuestro territorio como si este fuera un barrio de los Estados Unidos, ni tampoco menciona el tema de fondo, el de la soberanía colombiana. Todo lo acepta como un buen alumno de la sumisión, con el único y exclusivo fin, de ganar votos. ¿De quién? El supone, con optimismo, que así la extrema derecha le endosara sus votos y luego lo dejará gobernar, ante un hipotético triunfo en las próximas elecciones. ¡Soñar no cuesta nada! ¡El problema es que Colombia no es un país de sueños, sino de macabras pesadillas!
Por nuestra parte, nos parece que no debe endosarse la dignidad por afanes electorales de ocasión, porque nunca hemos creído en la supuesta virtud transformadora de las elecciones, y además pensamos que lo mejor es hablar claro y a tiempo, sin temor de afectar a esta o aquella campaña. Por eso, decimos, el comportamiento de Gustavo Petro no nos extraña, si tenemos en cuenta algunos de sus antecedentes. Entre ellos puede mencionarse su contribución a la escogencia de un personaje siniestro, Alejandro Ordoñez, como Procurador General de la Nación, el haber agenciado una política contrainsurgente desde la dirección del Polo Democrático, presentar información adulterada sobre títulos universitarios, haberse aliado con Juan Manuel Santos, renunciando a la movilización popular cuando era Alcalde, para que sencillamente no fuera destituido…
Hacia el futuro inmediato y lejano, y cuando se haya decantado este bochornoso montaje, lo que va a quedar no es la búsqueda de votos, sino la postura vergonzosa de todos aquellos que no fueron capaces de distanciarse de las mentiras y de las calumnias propaladas en esos momentos contra Jesús Santrich y que se limitaron a repetirlas como loros mojados y a secundarlas. Y Gustavo Petro estuvo entre ellos, no fue diferente, no tuvo una postura ética a la altura de las circunstancias, se plegó a los dictados del establecimiento y del bloque de poder contra-insurgente. Su pequeñez, su falta de dignidad, eso es lo que quedara como legado para la historia de este momento transcendental de la vida colombiana, y eso no importa ni depende del resultado de las elecciones que se avecinan. Esa mancha ya quedó en su biografía, de manera indeleble, y forma parte de la indignidad que se ha generalizado en la vida colombiana. Como bien lo dijo Eduardo Galeano, finalmente “el mundo se divide entre indignos e indignados, y ya sabrá cada quien de qué lado quiere o puede estar”.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=240760

Pensemos si Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrados pueden obrar distinto a los otros gobiernos progresistas.

La encrucijada de los “gobiernos progresistas” de América Latina
¿Cómo combinar la acción “desde abajo” y “por arriba”?
25 de abril de 2018

Por Fernando Dorado (Rebelión)
 “Una tarea impuesta por la necesidad histórica será realizada con el individuo o contra él”. Oswald Spengler
Algunos gobernantes, dirigentes y analistas políticos de la cuerda de los gobiernos “progresistas” y/o de “izquierda” de América Latina tratan de negar, desconocer o minimizar el hecho de que los llamados “procesos de cambio” de nuestra región entraron desde hace varios años en una fase de declive, debilitamiento, retroceso o, incluso, de posibilidad de una derrota estratégica [1].
Los hechos lo comprueban. En vez de rechazar lo evidente, hay que identificar las causas y diseñar soluciones sobre todo ahora que en Colombia y México, los candidatos de movimientos democráticos como Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador, tienen grandes posibilidades de ser elegidos a la Presidencia en sus respectivos países. ¡Es urgente aprender!
Filosofía, ilusión, fantasía y realidad
Dice Slavoj Zizek en su texto primigenio “El sublime objeto de la ideología”:
“Hemos dado ahora un paso decisivo hacia adelante: hemos establecido una nueva manera de leer la fórmula de Marx, “ellos no lo saben, pero lo hacen”; la ilusión no está del lado del saber, está ya del lado de la realidad, de lo que la gente hace. Lo que ellos no saben es que su realidad social, su actividad, está guiada por una ilusión, por una inversión fetichista. Lo que ellos dejan de lado, lo que reconocen falsamente, no es la realidad, sino la ilusión que estructura su realidad, su actividad social real. Saben muy bien cómo son en realidad las cosas, pero aun así, hacen como si no lo supieran. La ilusión es, por lo tanto, doble: consiste en pasar por alto la ilusión que estructura nuestra relación efectiva y real con la realidad. Y esta ilusión inconsciente que se pasa por alto es lo que se puede denominar la fantasía ideológica.” [2]
Cito al filósofo esloveno porque es necesario reflexionar sobre nuestra propia mirada, sobre la validez de nuestros enfoques, que tal vez, no sean los que orientan nuestra acción sino que sirven para justificar esa acción. Recitemos con él una nueva fórmula: “Lo sabemos, pero lo hacemos”.
Es bueno precisar que esta reflexión se plantea no para desanimar a nadie sino para entusiasmar en forma diferente. Claro que hay que luchar por sacar de los gobiernos a corruptos y criminales para colocar allí gente, por lo menos, decente y con sensibilidad social. Pero sabemos que no basta. No es suficiente como lo comprueba la experiencia.
Seguimos entrampados con el problema del “poder”; trataremos de mostrarlo en este escrito. No avanzaremos con consistencia si seguimos actuando como si creyéramos en la omnipotencia de la ley y del Estado; como si creyéramos que el Presidente (cualquiera que sea) encarnara la voluntad del pueblo; como si creyéramos que gobierno es lo mismo que Poder.
Tenemos que caer en la cuenta que todo es cuestión de fuerza real; o sea, de relaciones de dominación o de emancipación; de poder efectivo de coerción para neutralizar a las fuerzas contrarias o de ausencia/debilidad de esas fuerzas. Y ese poder –parece paradójico decirlo– es algo simbólico que se materializa en fuerza organizada, aparato, “cosa”, burocracia y ejército, etc. Para quienes luchamos por la autodeterminación de los pueblos y la emancipación de los trabajadores, entender esa relación entre lo simbólico y lo “cosificado”, es muy importante.
Si no construimos hegemonía de nuevo tipo basada en legitimidad social, política y cultural, estaremos condenados al fracaso; nuestra gestión al frente del “Estado heredado” en favor de los excluidos y marginados será flor de un día y llevaremos agua al molino del gran capital. ¿Cómo hacerlo? Ese es el punto cardinal en cuestión. Primero, veamos algo de la experiencia vivida; luego, abordaremos las posibles salidas o propuestas de solución aclarando que existen interesantes pistas, avances, teorías y prácticas que hay que revisar, revalorar y contextualizar.

Hechos
En forma sintética detallo los hechos sin que el orden de presentación determine su importancia:
1. Derrotas electorales nacionales y locales en diversos países y eventos eleccionarios [3].
2. Golpes de Estado de diferente naturaleza contra gobernantes democráticos sin que el movimiento popular haya podido revertir sus efectos [4].
3. La corrupción político-administrativa permeó a los gobiernos progresistas de la región [5].
4. Divisiones importantes en la cúpula dirigente de los partidos o movimientos que lideran dichos procesos [6].
5. Enorme debilitamiento del movimiento social que fue el soporte de los procesos de cambio [7].
6. No aplicación, parálisis, retroceso o debilitamiento de las políticas anti-neoliberales y sociales aprobadas en los programas de gobierno o en asambleas constituyentes [8].
7. La integración regional está paralizada, en retroceso y en crisis [9].
8. Se han presentado diversas formas de deriva y tendencias autoritarias en algunos gobiernos progresistas y/o de izquierda [10].
9. Franco estancamiento del debate y la producción teórica de los movimientos y partidos políticos “progresistas” y de izquierda [11].
Causas
He revisado numerosos estudios, análisis, artículos y opiniones que se han elaborado sobre el tema y agrupo los argumentos sobre las causas del declive o retroceso en estos rubros:
a. Los que centran su argumentación en el poderío del enemigo imperial y de las oligarquías;
b. Los que se concentran en los errores político-coyunturales cometidos;
c. Los que identifican debilidades estructurales de nuestras sociedades;
d. Los que ubican falencias ideológicas y políticas de la dirigencia de los procesos de cambio;
e. Los que presentan un análisis de conjunto con énfasis en alguno de los factores.
Es indudable que un fenómeno como el que estamos abordando es de una enorme complejidad y se requiere un análisis detallado y particular de cada experiencia y país, pero también es evidente que existen elementos comunes que pueden ser identificados para encontrar algunas guías y pistas para avanzar. Entre los elementos comunes resalto los siguientes:
i. Todos nuestros países –en mayor o menor grado– tienen economías dependientes del poder financiero internacional, de la exportación de materias primas, y tienen bajos niveles de industrialización y de desarrollo tecnológico. La presencia y el poder de grandes transnacionales es determinante y los niveles de informalidad son apabullantes. Los Estados como estructura son –unos más que otros– burocráticos, ineficientes y endebles.
ii. Todos los “procesos de cambio” que formalmente empezaron en 1999 (Venezuela) utilizan medios y herramientas institucionales para impulsar transformaciones en sus países y región.
iii. Todos los programas políticos se han planteado superar o derrotar las políticas neoliberales.
iv. El eje de las ejecuciones de los gobiernos “progresistas” y/o de izquierda se ha centrado en la mayor inversión social en programas de educación, salud, servicios públicos y vivienda.
v. Todos los “procesos de cambio” colocaron como su principal actividad política la de administrar el aparato estatal a todos los niveles (nacional, departamental o estatal-regional, y local-municipal), consagrando a sus principales “cuadros” en esas labores.
vi. En todos los “procesos de cambio” el nivel de organización de los partidos y/o movimientos políticos era relativamente precario. Eran partidos o movimientos nuevos, sumatoria de grupos y liderazgos diversos, sin cohesión interna, sin experiencia administrativa, sin una teoría consolidada y sin una formación ideológica y política unificada y consistente.
vii. En todos estos procesos el papel del dirigente o líder principal ha sido determinante (Chávez, Lula, Correa, Kirchner, Evo). No se ha construido democracia interna, ni equipos cualificados con peso decisorio y división del trabajo, nunca se estimuló a las organizaciones sociales para que defiendan su autonomía y espíritu crítico y, no se promovió la organización de centros de pensamiento para influir en las decisiones gubernamentales.
viii. En todas estas experiencias político-administrativas, los partidos de gobierno han utilizado las inversiones del Estado para lograr el apoyo electoral de la población. Esta situación fue forzada por el hecho de tener que disputar casi en forma permanente el control de los gobiernos frente a las fuerzas de derecha financiadas o apoyadas por las oligarquías y el imperio euro-estadounidense. Ese ha sido el comportamiento generalizado y es un factor determinante para el surgimiento de un nuevo tipo de clientelismo basado en el paternalismo asistencial. Para hacerlo se han utilizado subsidios de diversa clase (“auxilios monetarios condicionados” según la definición del BM) y ello se constituyó en una camisa de fuerza a la hora de priorizar la inversión social dedicándola principalmente a programas de gran impacto pero inmediatista (salud, educación, vivienda, infraestructura, etc.). Esa práctica se convirtió en un limitante fundamental para invertir recursos económicos importantes en la financiación de un verdadero y nuevo modelo de desarrollo productivo, que tuviera como base a los productores organizados de la Nación (pequeños, medianos y grandes). Incluso, las grandes inversiones hechas en los programas sociales, al tener que hacerse bajo el modelo existente (neoliberal), han terminado fortaleciendo, por un lado, a poderes burocráticos incrustados en el aparato estatal, y por el otro, a intermediarios, contratistas y capitalistas dueños de los medios de producción, de bancos y de empresas proveedoras de los materiales y servicios necesarios para sacar adelante esos programas y proyectos.
ix. En todos estos procesos que se han desarrollado en Latinoamérica, el movimiento social y las organizaciones populares han sufrido enormes problemas de diversa naturaleza que los ha debilitado, dividido, cooptado, dispersado y hasta derrotado, en su relación con los “gobiernos del cambio”. Dichas experiencias deben ser estudiadas a fondo. Por un lado, el hecho de que muchos de sus dirigentes fueran integrantes de los partidos y movimientos políticos que accedieron al gobierno e instancias administrativas, los colocó inmediatamente ante el reto de participar en el gobierno en forma directa, perdiéndose el control de sus bases, o en permanecer al interior de sus organizaciones y jugar un papel desde allí, que también se ha intentado pero sin mayores resultados [12] . No obstante, esa decisión no resuelve el problema de la cooptación y el burocratismo que fácilmente se desencadena cuando los intereses y privilegios que ofrece el aparato estatal (“heredado”, que “no es el nuestro”) se hacen presentes en la vida cotidiana. Es, indudablemente, un problema que refleja la madurez o no de los movimientos sociales, que tienen que mantener su autonomía pero, a la vez, influir en las políticas y el comportamiento de los gobiernos que ellos mismos ayudaron a elegir. En ello hay mucho por aprender y se deberían promover encuentros para debatir a fondo estos temas a fin de contribuir a recuperar la iniciativa política en la región.

Problemas identificados
Es un hecho que las revoluciones y los procesos de cambio siempre nos van a coger con los “pantalones abajo”. Es inevitable que ello sea así porque las clases sociales oprimidas o “subalternas”, como dicen ahora, nunca van a poder estar completamente preparadas para esos cambios intempestivos que son muy difíciles de prever. No obstante, para intentar afrontar esa inexperiencia y los limitantes inherentes a los cambios reales, los dirigentes y organizaciones deben hacer esfuerzos por sistematizar los conocimientos adquiridos con base en las experiencias anteriores para orientar sus prácticas e intentar acertar y avanzar lo máximo posible. Allí juega un papel importante la teoría y la capacidad política para reaccionar a los nuevos retos.
Entre los problemas más importantes que se pueden identificar en esta especie de balance (o plan de balance) tenemos los siguientes:
1. Pareciera que, a pesar de todos los diagnósticos elaborados sobre el nivel de poder del capital financiero global, las intricadas relaciones e intereses de las oligarquías locales y globales, los grados de control sobre nuestras economías, sociedades y culturas, y otros aspectos relacionados con el poder real y los límites para incidir en esa realidad por parte de los Estados “nacionales”, al acceder a los “aparatos de Estado” no hubiéramos sido lo suficientemente conscientes de nuestra debilidad inmediata, pero a la vez, de la potencialidad de las fuerzas sociales y del momento. Ese desconocimiento nos llevó a idealizar el poder electoral representado en los gobiernos y a creer en la simple fuerza de la “Ley”, llevándonos a querer realizar cambios estructurales sin contar con una fuerza contundente y organizada de los trabajadores y de las comunidades en general. Mientras se contó con recursos de la bonanza de precios internacionales del petróleo, gas y otras materias primas se “avanzó” en algunos aspectos denominados como “la lucha contra la pobreza” usando los mismos criterios y parámetros del FMI y el BM, una supuesta “distribución de la riqueza social” (limitada al presupuesto estatal) y la ampliación de la cobertura de los “programas sociales”, pero no se construyó un verdadero movimiento de transformación estructural que involucrara a la población y a sus movimientos sociales.
2. No hemos podido combinar la acción “desde arriba” con el trabajo permanente “desde abajo”. En la totalidad de los “procesos de cambio” fue la acción institucional desde el “Estado heredado” lo que absorbió la mayor parte de nuestros esfuerzos y nos cooptó (y captó) totalmente, llevándonos a las actuales circunstancias de pérdida de iniciativa política; en otros casos, algunas organizaciones y sectores no se interesan en la acción “desde arriba” permitiéndole a toda clase de “trepadores” y burócratas monopolizar el aparato del Estado que es un poder –real y efectivo– que bloquea, obstaculiza, aísla y agota los esfuerzos “desde abajo”. Lograr una combinación de ambos espacios en donde “lo de abajo” tenga la suficiente coherencia y consistencia para determinar (o subordinar) “lo de arriba”, sería lo ideal. Pero ello implica tener claro un camino estratégico frente a la necesidad de construir Hegemonía Política y Cultural.
3. No hemos logrado construir movimientos u organizaciones en donde existan diversos niveles de democracia y, a la vez, una capacidad real para actuar como colectivos. No hemos superado en la práctica, el eterno problema de combinar centralismo y democracia. Los liderazgos caudillistas se han impuesto y con su ímpetu arrollador (posiblemente bien intencionado) anulan la posibilidad de construir diversos niveles de trabajo y decisión, que a su vez, desarrollen prácticas absolutamente conectadas con organizaciones de base, movimientos sociales y amplias redes (flexibles pero reales) de la población. Ello requiere una teoría consistente sobre las democracias posibles como pueden ser: la representativa pero no burocrática (delegación limitada y sin privilegios); directa pero no democratera (asambleas, foros, consultas, etc.); ilustrada pero no tecnocrática (consejos de sabios y ancianos, equipos de expertos, etc.); deliberativa pero no demagógica; plebiscitaria pero no al servicio de autoritarismos; y otras que son parte de la vida (“gobierno de los bienes comunes”).
4. Estamos también en deuda en la comprensión de los fenómenos ideológicos producidos por la dinámica real de nuestras sociedades. La preponderancia de la economía crematística llevada a niveles superlativos, el consumismo obsesivo y desenfrenado, el control mediático del comportamiento de las personas, los cambios acelerados en la estructura de la sociedad y de las clases sociales, el surgimiento de una casta financiera global con características impersonales, la globalización capitalista neoliberal y los fenómenos de migración de diversos tipos, la lumpenización de los capitalistas y el fortalecimiento de las economías criminales, la crisis del socialismo del siglo XX y la incertidumbre sobre el futuro del planeta y de la humanidad, las tendencias cínicas en el mundo del pensamiento y la academia, pero también, la aparición de movimientos anti-globalización, ambientalistas, contra la discriminación de género, étnico o cultural, y diversas formas de resistencia “de los de abajo”, algunos de ellos muy fuertes y masivos a nivel planetario, y otros esporádicos y excepcionales (“indignados”, neo-zapatistas, etc.), dejan ver que al interior de la sociedad existen sectores que son conscientes de esos problemas y que están en la búsqueda de nuevos caminos. Se requiere una mirada local y, a la vez, regional y global de estas experiencias para poder incidir.
La resolución de estos problemas y otros muchos requiere un trabajo sistemático, integral y colectivo en el terreno de la filosofía, la ciencia, la economía, la política y demás áreas relacionadas, en medio del trasegar y la lucha, no teoricista ni academicista, que a la vez nos permita a todos desarrollar un proceso de re-educación para enfrentar los retos inmediatos y del futuro. No implica renunciar a todo el bagaje teórico elaborado por anteriores pensadores y luchadores del mundo entero pero si nos exige un gran esfuerzo por generar nuevos conceptos y nuevas herramientas para poder responder a las nuevas condiciones que vive la sociedad humana del siglo XXI.

Sugerencias teóricas
Hace poco resalté el hecho de que el candidato a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro, publicó un tuit donde mencionaba a los pensadores que les servían de base teórica y de inspiración para sus programas de gobierno. Entre otros, menciona a Nicholas Georgescu-Rogen, Jeremy Rifkin y Paul Mason. El primero, fue un importante pero no tan reconocido economista rumano-estadounidense que aportó las bases teóricas para relacionar en forma creativa la física (entropía) con la economía, dándole serios y consistentes fundamentos al pensamiento ecológico científico. En ello coincido con el candidato y, respetuosamente, sin desconocer a los teóricos revolucionarios clásicos y a importantes pensadores actuales con orientación y militancia de izquierda como David Harvey, Boaventura de Souza Santos y muchos otros, resalto el aporte de dichos estudiosos de la realidad del siglo XXI.
El segundo autor, Rifkin, fue alumno de Georgescu y en la actualidad desarrolla un trabajo destacado en relación a la valoración de la actual revolución tecnológica (cibernética, comunicaciones digitales y energías limpias), el surgimiento de las economías colaborativas y el “prosumidor”, el impacto de la tendencia decreciente en los costos de producción en lo que él denomina el “eclipse del capitalismo”, y el papel que puede jugar el “pro-común colaborativo” [13] en el diseño de nuevas formas de auto-gobiernos paralelos al Estado existente. Rifkin es un prolífico escritor, conferencista, activista ecológico y asesor de gobiernos en todo el mundo.
El tercer pensador, Paul Mason, es un periodista británico de orientación marxista, estudioso de los procesos revolucionarios y socialistas del siglo XX. Autor del libro “Postcapitalismo”. Al igual que el anterior autor, nos presenta el panorama a futuro sobre el hecho de que la humanidad tendrá que lidiar con un proceso en donde la lucha entre el capitalismo y el “post-capitalismo” será de largo plazo, en donde el Estado y nuevas formas de poder ciudadano y comunitario podrán jugar un papel regulador (de presión) sobre las fuerzas sociales y económicas dominantes, por un lado, para luchar por evitar cataclismos ambientales, nucleares, epidemias o catástrofes globales de gran impacto y de desconocidas naturalezas, y por el otro, para generar en medio de una “competencia entre sistemas”, nuevas relaciones de reciprocidad entre las personas a fin de construir un mundo más justo y vivible. El enorme desarrollo de las fuerzas productivas –como lo avizoró el teórico Carlos Marx hace 150 años– ha creado esas condiciones objetivas pero se requiere la acción organizada de los seres humanos para poder superar el imperio del capital.
Sé que en la actualidad es imposible que surja un Marx (un único y gran pensador) que desarrolle el pensamiento revolucionario y nos ofrezca una “guía para la acción” que nos ilumine el camino. Sin embargo, soy optimista frente al enorme desarrollo de la ciencia y del pensamiento teórico que recoge los numerosos y valiosos conocimientos de estudiosos de todo el mundo, de las diversas civilizaciones occidentales, orientales y amerindias, y de todas las épocas de la humanidad. Lo que me parece importante y resalto es que surjan “políticos” y dirigentes sociales que estudien y se apoyen en la teoría para gobernar y para orientar sus procesos de lucha social y política. Las nuevas generaciones tienen ante sí un legado de pensamiento y un inmenso patrimonio de luchas que les va a permitir avanzar sobre lo ya construido y superarnos en muchos sentidos en beneficio de la vida humana y no humana.
Pero, es indudable que frente a los retos actuales la tarea más importante es la construcción de conceptos y herramientas metodológicas totalmente nuevas. La revolución del pensamiento nunca ha sido más urgente y necesaria.

Notas
[1] Las derrotas políticas que acumulan las fuerzas progresistas de la región latinoamericana a manos de las oligarquías y el imperio (USA-EU) empiezan a constituirse en una masa crítica que crea condiciones para una derrota estratégica. Una intervención armada imperial tipo Libia o Siria se alcanza a visualizar en el horizonte, para nuestra desgracia.
[2] Zizek, Slavoj (1982). “El sublime objeto de la ideología”. p. 75
[3] En Venezuela, legislativas de 2015; en Argentina, presidenciales de 2015; en Bolivia, referendo de 2016; en Ecuador, locales de 2014; en Brasil, locales de 2016; en Chile y Perú las derechas recuperaron los gobiernos.
[4] Golpes duros y blandos oficializados por bancadas parlamentarias de derechas: Paraguay, Honduras, Brasil.
[5] Los casos más visibles y escandalosos son los de Brasil, Ecuador, Venezuela y Nicaragua pero en casi todos los países ese fenómeno corruptor se ha presentado a todo nivel.
[6] Los más visibles son los de Venezuela y Ecuador, pero en todos los procesos existen fisuras y resquebrajamientos. En Venezuela el gobierno del presidente Maduro ha enjuiciado y encarcelado a importantes dirigentes de la era Chávez, y otros ex-ministros y dirigentes son hoy sus opositores. En Ecuador el ex –presidente Correa es el más férreo opositor del actual presidente y sucesor Lenin Moreno. Alianza País, partido de gobierno está dividido.
[7] Pérdida de autonomía, divisiones internas, cooptación, burocratismo, entre otros fenómenos.
[8] Después del auge de los precios de las materias primas (commodities y petróleo), todos los gobiernos en mayor o en menor grado tuvieron que retroceder en ese terreno. Unos más que otros. Además, se ha llegado a reprimir las protestas sociales como en Brasil, Bolivia, Ecuador y Venezuela.
[9] UNASUR no ha podido reemplazar al secretario general y 6 países ya solicitaron su retiro; MERCOSUR redujo su acción; la CELAC está semi-bloqueada frente a los diversos conflictos regionales; la OEA ha vuelto por sus fueros pro-imperiales e intervencionistas en manos de su actual secretario Luis Almagro; el ALBA y otros organismos de cooperación muestran debilidad y dependencia económica de Venezuela.
[10] Los casos más dramáticos son los de Venezuela y Ecuador, aunque se quieran justificar por los ataques del Imperio y las oligarquías reaccionarias y anti-democráticas.
[11] El debate ideológico-político se ha debilitado. Solo en fases iniciales de los gobiernos se estimuló la crítica y la participación. Se ve reflejado en los medios de comunicación alternativos, algunos de los cuales han empezado a practicar la censura siguiendo el criterio de que “en época de ataque del enemigo, cualquier crítica es traición”.
[12] Este es uno de los temas más conflictivos que se han vivido con los “gobiernos del cambio”. Los más estudiados y referenciados son los de Bolivia (sindicatos mineros, fabriles, docentes, etc.) y los de Ecuador (organizaciones indígenas y sindicatos estatales), en donde no siempre la razón ha estado de parte de las organizaciones sociales. También los gobiernos han tenido que enfrentar espíritus y concepciones corporativistas y sectorizadas, dirigencias burocráticas y corruptas, interferencia de partidos políticos de derecha y de izquierda. En Venezuela ha sido todavía más difícil; el hecho de que las centrales sindicales estuvieran controladas por dirigentes patronales que colaboraron con el golpe de 2002 contra el gobierno bolivariano hizo que Chávez desde un principio no permitiera la más mínima autonomía del movimiento sindical.
[13] Una importante estudiosa de lo que se denomina el “pro-común colaborativa” es la economista (qepd) Elinor Ostrom, premio Nobel de Economía 2008, autora del libro “El gobierno de los bienes comunes”. 


Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=240802

Reflexionemos: "El odio sembrado por las elites y mejor instalado en la conciencia de buena parte de la sociedad alienta el embrujo criminal, para que la paz sea un imposible por tratarse de un derecho humano con alcance universal, es decir, para todos sin excepción, pero también para que unos asalten los gruesos recursos públicos y entren al reino de la impunidad y otros se aprovechen de la inocencia y la decencia para robarle a las calles su sentido de lucha por la vida y la democracia y las conviertan en lugares de asalto y muerte cotidiana por un celular, unos tenis, una bicicleta o simplemente por nada......De abajo saldrá la nueva democracia..."

El apreciable desde abajo 
para defender de la vida
25 de abril de 2018

Por Manuel Humberto Restrepo Domínguez (Rebelión)
Duelen los muertos y las terribles secuelas mentales, físicas y morales de la guerra, pero duele más, que a pesar de los inagotables esfuerzos del pueblo, las elites usen su poder para impedir que la paz sea el nuevo destino del país. Ponerle trampas a la paz, inventar bandidos, crear nuevos enemigos, falsear la verdad, querer meter a los vecinos en la tragedia, es una ignominia, una crueldad sin nombre, una traición a los pactos y a la patria misma que dicen defender. El Estado esta siendo moldeado para que permanezca inamovible actuando con la misma lógica de la guerra, en la que las conquistas son de los poderosos y las derrotas de las mayorías de población, llamadas a votar por los predestinados candidatos que de día ponen las trampas y de noche recogen sus trofeos. En 1789, al firmar el pacto de derechos en Paris, las elites impusieron para sí el derecho a la propiedad y el pueblo el derecho de resistencia y rebelión, para prevenir la tiranía. Casi Doscientos treinta años después se firmó en Colombia un acuerdo para la paz estable y duradera y las elites volvieron a ratificar a la propiedad como su sagrado derecho humano y los insurgentes solo pidieron a cambio cumplir cabalmente la constitución de 1991, en especial sobre derechos y libertades, sin embargo el estado se niega a materializar lo pactado, que retóricamente dice reconocer, pero que se resiste a implementar. 

El Estado permanece desmantelado por las elites que homologan como suyos a los que consienten sus actuaciones (legales e ilegales) y denigran y persiguen a los que disienten, fracturan la sociedad haciendo creer que solo esta hecha de amigos y enemigos, unos de izquierda y otros de derecha y promueve la desconfianza y el interés individual para impedir la solidaridad social. Crea la sensación de que los poderosos fueron enviados y son protegidos por la divina providencia y a quienes no se deslumbren y los adulen los llama comunistas, guerrilleros, anarquistas, ateos, negros, indios, travestidos y desobedientes, porque aborrece a intelectuales, sindicalistas, obreros, magistrados o disidentes en sus propios partidos (que no están partidos si no temporalmente divididos para obtener mejores dividendos). Las elites en todo momento cuando hablan de paz mienten y conspiran, porque la traición al pacto ya esta decidida, a las elites les interesaba desarmar a los armados y al gobernante obtener un premio nobel (y mucho mas por supuesto). Traicionada la paz, en veremos la sociedad de derechos y en el limbo el estado social de derecho, solo se pueden esperar ajustes de procedimientos o retardos de efectos lesivos de la traición, pero no impedirla, salvo que las elites no estén en el poder.

Los muertos de la paz, los falsos positivos judiciales, con los que se hace populismo penal de derechas, es decir, de elites, y se instaura el perverso modelo de castigar no por lo que se ha hecho si no por lo que es la persona vinculada, es decir, no por hechos ilícitos, si no por la identidad sea racial, política o religiosa (casos recientes de Feliciano Valencia, Santrich, A. Castilla), con lo cual se violenta el principio de igualdad que excluye del estricto derecho toda discriminación por condiciones personales y sociales y de (igual) dignidad de las personas, dando lugar a una formula inquisitoria de legalización (con ultra ratificación mediática) de un (ilegal) delito cobijado con la figura de la persona ilegal [1] , todo ello producto del eslabón roto hace tiempo de la división e independencia de poderes, que mantiene activa la mas alta impunidad y la mas baja capacidad de la justicia.

Las reivindicaciones por la paz y las protestas de las mayorías olvidadas que reclaman respuestas a sus demandas por derechos no cuentan para la deficitaria democracia, sea la que interpreta Santos, Uribe, Vargas Lleras, Duque o Vivian, sencillamente porque todos, uno a uno o en grupo, pertenecen a la única matriz de la real política del país, que tiene en común su propia y egoísta necesidad de supervivencia a partir de conservar su statu quo, su poder y privilegios sin oposición. Todos ellos, sus partidos, movimientos y casas familiares de poder, tienen convertido al país en un territorio “envenenado por el miedo, por el odio a los diferentes y el desprecio a los débiles”. Han sembrado minas de temor a los negros, a los indios, a los LGTB, a los gitanos, a los campesinos, a los inmigrantes, a los de izquierda, a los estudiantes, a los trabajadores y sindicalistas, a los profesores, a los intelectuales, a los artistas, a los universitarios, a las mujeres que se niegan a ser victimas del patriarcalismo y en general a los empobrecidos, a los despojados, a los que por construir paz les incuban la semilla de nuevas guerras, a los que nacieron en la Colombia profunda del Sur o del Choco o el Catatumbo, y a las nuevas clases medias que subieron en el estrato medido por inversionistas sin escrúpulos, que se quedan con los subsidios y con las ganancias pagan los sobornos a alcaldes y concejales. Todos ellos hacen parte de la otra matriz, la de los olvidados, la que implica peligro para el statu quo de los que nunca han aceptado construir la vida y la democracia desde abajo y con mas igualdad y libertades.

Los medios de comunicación hacen parte de esas elites, modulan la conciencia, repiten los mensajes del pensamiento fraudulento y ganan raiting con la difusión de contenidos para mantener la ignorancia, horas y mas horas de chismes, realitys y shows y noticias cuya falsedad se conoce y no corresponde al pensamiento que construye reflexiones, bienestar, afectos y solidaridades, si no odios, machismos, resentimientos y sensaciones de venganza. Los medios, esos medios, tampoco están allí donde el pueblo se junta para resistir, porque la gente que sufre no hace parte de sus objetivos, las cadenas de radio, televisión, prensa y redes, están tomadas por las mismas elites y son propiedad privada de poderosos contratistas del estado (Ardilla Lule, Sarmiento Angulo, otros) que convierten las desdichas en oro y violentan el derecho a recibir información, la manipulan y ponen en decadencia la moral publica, hacen de la información una fabrica de consensos basados en falsedades y mentiras, en encuestas controladas y argucias que impiden el derecho a recibir informaciones y opiniones verdaderas (art. 19 DUDH y Art. 19 del pacto de DESC de 1966), que atentan contra el derecho a la misma libertad de pensamiento y de conciencia, sobre la que se levanta la política que realmente atiende las cuestiones de interés publico
El proceso electoral en favor de las elites, vuela como cometa, aunque esta corrompido por encuestas, estratagemas (de prófugo como JJ Rendón y otros genios de la maldad) conducidas regionalmente por las clientelas del todo vale, que saltan de un partido a otro, que convierten al dolor, la carencia y la precariedad en su fuente de ganancia electoral. El odio sembrado por las elites y mejor instalado en la conciencia de buena parte de la sociedad alienta el embrujo criminal, para que la paz sea un imposible por tratarse de un derecho humano con alcance universal, es decir, para todos sin excepción, pero también para que unos asalten los gruesos recursos públicos y entren al reino de la impunidad y otros se aprovechen de la inocencia y la decencia para robarle a las calles su sentido de lucha por la vida y la democracia y las conviertan en lugares de asalto y muerte cotidiana por un celular, unos tenis, una bicicleta o simplemente por nada......De abajo saldrá la nueva democracia...
Nota

[1] Notas basadas en la lectura de poderes salvajes de Luigi Ferrajoli, Trotta, Madrid, 2011. 

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=240806