domingo, 19 de agosto de 2018

Involucrémonos en la lucha de las comunidades por la vida y su presente futuro que son nuestros también.

La meseta no es un “desierto”: 
la necesidad de rebatir 
los discursos del poder

Autor: Cristian Hermosilla. Colaboradorxs: Rebeca Sotelo y Pablo Blanco. Miembros de la CAEUyT
Desde la Cátedra Abierta de Estudios Urbanos y Territoriales compartimos este pequeño informe de 7 páginas para contrarrestar el discurso dominante que presenta a la meseta central del Chubut como un territorio sin alternativas.

Desde hace algunos años existe una gran campaña mediática nacional y provincial para asociar a la meseta con la imagen del desierto y la decadencia, y que sólo se podría salir de ese estado si se explota la megaminería con cianuro. Estas estrategias se construyen desde los medios masivos de comunicación y están a cargo de político/as y empresario/as ligado/as a los intereses mineros. Algunos ejemplos:
Hay dos cuestiones que deben ser discutidas: por un lado, la dinámica poblacional de la meseta ya que, en términos demográficos, tiene un comportamiento mucho más complejo que aquel que describen político/as y empresario/as a través de los medios hegemónicos (gente escapando despavorida hacia las ciudades). De hecho, desde hace 30 años, muchos de los departamentos en cuestión mantienen prácticamente la misma cantidad de población. Segundo, la población que tiende a migrar es aquella que vive en los campos (es decir, la que vive directamente de la tierra y la ganadería), no así la de los pueblos importantes de meseta, que han crecido década tras década. Pero el campo no ha dejado de ser rentable, sino todo lo contrario, su gran rentabilidad ha generado un modelo que concentra la tierra en pocas manos, mediante la expropiación y la expulsión de pequeños productores. Los grandes grupos económicos relacionados al agro o la minería han impuesto este modelo tanto en Argentina y Latinoamérica desde mediados de siglo XX. Patagonia no ha sido la excepción. Sin negar que existe, este artículo pretende relativizar la migración como problema terminal. Se pone en debate, por medio de datos estadísticos oficiales, la utilización política que se hace de las migraciones, que tiene como objetivo imponer una matriz productiva que, lejos de revertir estos procesos, podría significar la destrucción definitiva del territorio.
Migraciones rurales como fenómeno complejo Cuando los medios hegemónicos hablan de despoblamiento rural en meseta, se simplifica y generaliza un proceso que es mucho más complejo. El gráfico 1 muestra cinco departamentos rurales testigos (en gran medida coincidentes con la “zona de sacrificio”). Todos ellos tienen comportamientos distintos. Pero en términos generales pueden apreciarse dos grupos y ciclos: uno desde 1947 a 1990, caracterizado por un continuo descenso de la población en Gastre, Telsen y Paso de Indios (a excepción de Mártires y Ameghino, que tienden a mantener o aumentar). Un segundo período se da entre 1991 y 2010 donde, en términos generales, la población rural tiende a estabilizarse (Gastre tiende a hacerlo en 2001, incluso algunos departamentos han tendido a crecer, como Ameghino).
Pero si dentro de estos mismos departamentos discriminamos entre población rural dispersa2 y agrupada3 (ver Gráfico 2) nos encontraremos con que el grueso de población que históricamente se ha visto obligada a migrar, es la primera, es decir, aquella que vive en y del campo. Esto como consecuencia del debilitamiento de las economías regionales, centradas en la ganadería ovina extensiva y, en su momento, por la posibilidad de trabajo que ofrecían ciudades en pleno auge industrial, como Trelew y Puerto Madryn. Pero la población agrupada en pequeños poblados ha aumentado década tras década a partir de los 90. Por lo tanto, puede decirse que desde desde 1950 hasta 1990 hubo una migración con clara tendencia campo-ciudad extraregional; mientras que, desde 1990 a la actualidad, la tendencia ha sido la migración campo-pueblo intrarregional.
Por lo tanto, si se ponemos el foco en los últimos tres censos, la dirigencia política y empresaria pro minera, seguramente se sorprendería, ya que los pueblos rurales más importantes de meseta, como Gastre, Gan Gan, Telsen o Paso de Indios, no han disminuido su tamaño sino que han crecido de manera sostenida (ver Gráfico 3). Cabe aclarar que algunos poblados pequeños de meseta, como aldeas escolares o parajes, sí han visto disminuir su población, lo cual es lógico ya que nacieron para dar contención a las familias de los peones o trabajadores rurales. Pero al destruirse las pequeñas economías ganaderas, las aldeas y parajes también han perdido relevancia. Los medios nacionales y provinciales ponen el foco en estas últimas, sobre todo en Las Plumas y el Mirasol (un ejemplo ello es una extensa cobertura del diario La Nación en octubre de 2012, citado al inicio), ya que han tenido un pequeña disminución entre 2001 y 2010, pero a pesar de ello, son presentadas como ejemplo del éxodo irreparable que sufre la meseta en general.
Por lo tanto, cuando se asegura desde el poder que la región se está convirtiendo en un desierto, lo que en realidad se hace es distorsionar la realidad, además de omitir que las políticas estatales no han ofrecido alternativas viables a pequeño/as y mediano/as productore/as. A pesar de la desidia estatal, los últimos censos demuestran que mucha población prefiere resistir en la región con sus costumbres y saberes antes que integrar los barrios pobres de las ciudades. Ésta es la principal razón para pensar que a la población local no le da lo mismo destruir su entorno y, sobre todo, que existen cuatro bienes claves para cualquier proyecto productivo regional sustentable: energía (potencial eólico), tierras, agua en grandes acuíferos y un pueblo con fuerte arraigo territorial.

¿La meseta para los grandes grupos económicos?
Pero el campo no ha dejado de ser rentable, sino todo lo contrario, su gran rentabilidad ha generado un modelo que concentra la tierra en pocas manos mediante la expropiación y la expulsión de pequeños productores. Esto se ha dado con la ganadería, y se terminará de consolidar con la megaminería a cielo abierto. La caída del precio internacional de la lana, el sobrepastoreo, la desaparición de mallines, entre otros, han sido factores que condicionaron la productividad de la región. Pero no afectó a todos por igual. Si analizamos principales departamentos ganaderos de meseta entre 1960 y 2008, observaremos una fuerte disminución de los establecimientos menores a las 5000 hectáreas, pasando del 66% al 45%, mientras que los mayores a 5000 hectáreas representaban el 33% en 1960 y el 54% en 2008. Por lo tanto, la población ligada a los pequeños y medianos establecimientos ganaderos es la que ha debido migrar desde los campos a los pueblos de la región o a las grandes ciudades, dejando a merced de los grandes productores, y hoy a las grandes transnacionales mineras, el provecho de un territorio que es altamente rentable.
La economía lanar no ha desaparecido como también se intenta imponer a través de los medios. Según el Ministerio de Economía de Nación, la lana (sucia más peinada) se encuentra dentro de los 4 principales productos exportados por Chubut en el año 2016, por un valor de 136,4 millones de dólares. Además, a nivel nacional aporta el 71,8% de lana peinada y el 64,2% de la lana sucia. Estos índices seguirán creciendo ya que desde 2016 el precio de la lana presenta una importante alza mundial. El gráfico 5 nos demuestra que, en términos generales, más allá de la lana, la provincia es un territorio muy rentable y exitoso para quienes hacen negocios en el mercado internacional. Tal es así que se encuentra en el cuarto lugar nacional de provincias exportadoras.
Pero Chubut no exporta cualquier tipo de productos. El poder económico internacional le está exigiendo a los diversos gobiernos de turno, que los territorios se consoliden como proveedores de commodities4 . En este sentido, Chubut está haciendo bien las tareas. Como detalla el Gráfico 6, las exportaciones que realiza la provincia se basan en 4 grandes sectores: depredación del mar, aluminio, explotación petrolera sin procesamiento y lanas. Todo, salvo el aluminio, es exportación de naturaleza sin procesar. Por lo tanto, caben muchas preguntas ¿La migración campo-pueblo intraregional, y en menor medida campo-ciudad extraregional, se debe a la falta de posibilidades o a que el Estado prioriza un modelo de exclusión y expulsión a favor de los grandes grupos económicos? ¿Por qué una provincia con poco/as habitantes y tan “competitiva” en términos de exportación de naturaleza tiene tan graves problemas económicos? ¿Dónde van las ganancias? Por lo pronto podría decirse que la fase superior de este modelo extractivista5 es la megamiería, pero a diferencia de las actividades ya descritas, la destrucción del ambiente y las economías regionales locales sería definitiva. ¿Despojo disfrazado de migración? La falsa preocupación sobre el despoblamiento de la meseta, oculta un doble discurso, ya que el modelo extractivo exige generar “desiertos” y expulsar población. La minería metalífera a gran escala necesita despojar social y ambientalmente aquellos territorios que contienen los preciados commodities. El motivo es simple, a medida que se profundiza el modelo, se hace imposible su convivencia con otro tipo de economías regionales, ya que interfieren en su expansión. La solución del capital ha sido despojar el campo de comunidades pre-existentes (pequeño/as propietario/as, campesino/as y/o pueblos originarios) por medio de la violencia o el empobrecimiento sistemático. Este proceso no es nuevo, se remonta a la época de la colonia, pasando por la mal llamada “Conquista del Desierto”, pero nunca había llegado a los niveles actuales de destrucción de la naturaleza. 

La megaminería, propone un tipo de poblamiento que no es sustentable, ya que genera enclaves o “islas territoriales” desvinculadas del resto de la región, sin conexión con los territorios pre-existentes que los rodean. Este poblamiento es duradero sólo hasta el agotamiento de los recursos. En cambio, muchos de estos territorios rurales podrían ser la base para economías regionales de pequeña escala productiva agrícola-ganadera. Sea aprovechando el agua de los acuíferos (estudios preliminares expresan que se podría abastecer a 300.000 habitantes durante 320 años) y el gran potencial eólico. 

¿Profundización del despojo y migración, o búsqueda de alternativas comunitarias y arraigo de la población? Esa es la cuestión. Vale la pena repetir que pesar de la desidia estatal, los últimos censos demuestran que mucha población prefiere resistir en la meseta con sus costumbres y saberes antes que integrar los barrios pobres de las ciudades. Esta es la principal razón para pensar que a la población local no le da lo mismo destruir su entorno y, sobre todo, que existen cuatro bienes claves para cualquier proyecto productivo regional sustentable: energía (potencial eólico), tierras, agua en grandes acuíferos y un pueblo con fuerte arraigo territorial. - Cátedra Abierta de Estudios Urbanos y Territoriales

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Argentina_-_La_meseta_no_es_un_desierto_la_necesidad_de_rebatir_los_discursos_del_poder

Alertemos: los impactos de los agronegocios ponen al país “en un camino del que será difícil retornar”, privilegiando el extractivismo antes que la agricultura campesina. “El avance se da también sobre territorios indígenas, destruyendo sus bosques y sus culturas; también a su paso crea rutas de trata con fines de explotación sexual” Además, “el sistema tributario privilegia a quienes se enriquecen a costa de los bienes comunes, y la ciudadanía costea la construcción de infraestructura al servicio de los agronegocios, mientras pasa hambre”,

Uruguay-Paraguay: 

El efecto dominó del acaparamiento de tierras

16 de agosto de 2018

Aumento del precio de la tierra en Uruguay llevó a empresarios agropecuarios a comprar tierras más baratas en Paraguay. A los terratenientes -cuyo ganado y otros bienes son difíciles de cuantificar- se les suman grupos económicos extranjeros que compran y privatizan la tierra.

Que haya grandes extensiones de tierras en manos de unos pocos propietarios no es nuevo para Uruguay. El fenómeno se remonta a la época colonial. Pero a aquellos terratenientes —cuyo ganado y otros bienes son difíciles de cuantificar— se les suman grupos económicos extranjeros que compran y privatizan la tierra. El Censo Agropecuario del 2011 señala que las empresas dueñas de más de 1,000 Ha eran menos del 10% del total pero tenían más del 60% de la tierra agropecuaria. Son los “nuevos agricultores”.
El investigador Gabriel Oyhantçabal, Máster en Ciencias Agrarias, recordó a Noticias Aliadasque “las estructuras agrarias en Uruguay siempre han estado altamente concentradas siendo un país ganadero que basa su producción en la explotación extensiva de la tierra en grandes estancias”. Pero el estudio “¿Acaparamiento de tierras en Uruguay?”, publicado en 2014 por la Facultad de Economía de la Universidad de la República, reveló que “entre los accionistas de algunos de los principales dueños de tierras en Uruguay hay fondos de inversión cuyos propietarios son Estados extranjeros, como Suecia, Finlandia y Singapur”.
“Encontramos que solo 40 grandes capitales agrarios acumulaban casi el 12% de la tierra agropecuaria en 2015 (1.9 millones de hectáreas)”, dijo Oyhantçabal, uno de los autores del estudio.
“Las grandes inversiones en tierras se han dado en rubros como la ganadería, con la empresa Union Agriculture Group —empresa diversificada fundada en Uruguay, que canaliza fondos de pensión e inversión con sede en EEUU, Canadá y Francia—, que compró casi 200,000 Ha en solo cinco años, o la lechería, con la empresa New Zealand Farming Systems que luego fue adquirida por el fondo de inversión OLAM de Singapur; o el mega tambo que construyó en el centro del país una de las familias más ricas de Argentina, los Bulgheroni”, añadió Oyhantçabal.
El acaparamiento de tierras se produjo intensamente en la forestación del centro-norte del país, con capitales suecos, finlandeses y estadounidenses (Montes del Plata, UPM, Global Forest Partners y Weyerhaeuser) y la agricultura, en particular la soja (Agronegocios del Plata, capitalizada por Los Grobo de Argentina) en el litoral-oeste.
“Rubros que se expandieron desde 1990 vinculados a capitales extranjeros, pero que llegan y se van muy rápido del país, como el caso de la empresa argentina El Tejar, que llegó a controlar 150,000 Ha en 2008 y en 2014 se retiró para invertir en Brasil”.
Concentración genéticamente modificada
Según la publicación “20 años de cultivos transgénicos en Uruguay”, de la organización ambientalista REDES – Amigos de la Tierra Uruguay, que cita cifras del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), el precio promedio de los arrendamientos de tierras en 2015 era de US$124 por hectárea, esto es más de cinco veces más que en 2002, cuando era de $24. En cuanto a las operaciones de compraventa, en 2015 el precio promedio por hectárea era de $3,584, mientras que en 2000 las estadísticas registran un precio promedio de $448.
“Muchos productores que invirtieron acá, que tenían negocios agropecuarios, se han ido a comprar tierras a Paraguay. Es como un efecto dominó”, dijo Pablo Galeano, integrante de REDES – Amigos de la Tierra Uruguay, a Noticias Aliadas. Es que en ese contexto de “boom” del precio de la tierra en Uruguay, muchos propietarios vendieron y se fueron a invertir a Paraguay, más que nada al Chaco y en tierras ganaderas, donde la hectárea no llegaba a los $500. Matemática simple, ganancias netas.
Según el MGAP, la soja es desde la zafra 2003-04 el principal cultivo agrícola del país y en la zafra 2016/17 se sembraron cerca de 1.1 millones de hectáreas. Basta una cifra para dimensionar el crecimiento exponencial: en la zafra 2001-02 la superficie sembrada con la oleaginosa alcanzó las 28,990 Ha.
“Cualquier proceso de concentración implica que las unidades más pequeñas son desplazadas”, sostuvo Oyhantçabal ante la pregunta sobre los impactos en las comunidades. Los datos del Censo Agropecuario de 2011 generaron sorpresa y una amplia preocupación: el 91% de las 12,241 explotaciones que desaparecieron en el periodo 2000-11 tenían menos de 100 Ha de superficie. Esto es, la producción familiar en jaque.
En tanto, casi el 100% de la soja producida en Uruguay es transgénica. En octubre de 1996, el país se ubicó entre los primeros en aprobar la liberación al ambiente de un cultivo transgénico. Se trató de la soja Roundup Ready de Monsanto, que presentaba la novedad de ser tolerante a un herbicida desarrollado por la misma empresa, el glifosato. Veinte años después hay liberados cinco tipos de cultivo transgénicos de soja y 10 de maíz en Uruguay.
Sin límite a la tenencia de tierra
A diferencia de otras zonas de Sudamérica, para Oyhantçabal, la desaparición de productores familiares en Uruguay “no se dio por la fuerza, o de modo violento, sino mediante la ‘pura’ competencia capitalista por tierras; muchos pequeños productores decidieron vender sus campos y aquellos que arrendaban tierras no pudieron competir con los precios que pagaron los grandes capitales, como sucedió con la soja que se expandió en tierras alquiladas”.

En cambio, en Paraguay abundan los casos de acaparamiento “agresivo”, en especial para cultivar soja, que ocupa 3.5 millones de los 3.8 millones de hectáreas de tierra cultivable del país, en el que el 1.6% de los propietarios se reparte el 80% de la tierra agrícola y ganadera, según datos de 2014 de la organización británica Oxfam.
En los últimos 10 años, el acaparamiento de tierra y la falta de apoyo estatal han expulsado del campo paraguayo a 585,000 jóvenes, que se han quedado sin un lugar para cultivar y vivir en comunidad. Un ejemplo: el 15 de junio de 2012 un desalojo policial violento en la zona de Curuguaty, departamento de Canindeyú, terminó con la vida de 11 campesinos y seis policías, en lo que se conoce como la “masacre de Marina Kue”.
En el informe “Con la soja al cuello 2017. Informe sobre Agronegocios en Paraguay”, publicado por la organización Base-IS, la investigadora Marielle Palau, coordinadora del estudio, indica que la disputa territorial en Paraguay está vigente, entre extensos monocultivos de productos destinados a la exportación y la producción campesina para la producción de alimentos. Se suma el negocio ganadero de Brasil, con su alto costo ambiental y social.
El informe señala que los impactos del modelo ponen al país “en un camino del que será difícil retornar”, privilegiando el extractivismo antes que la agricultura campesina.
“El avance se da también sobre territorios indígenas, destruyendo sus bosques y sus culturas; también a su paso crea rutas de trata con fines de explotación sexual”, dice Palau. Además, “el sistema tributario privilegia a quienes se enriquecen a costa de los bienes comunes, y la ciudadanía costea la construcción de infraestructura al servicio de los agronegocios, mientras pasa hambre”. — Azul Cordo desde Montevideo / Noticias Aliadas.

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Uruguay-Paraguay_El_efecto_domino_del_acaparamiento_de_tierras

"Como sabemos el ocupar el Estado y convertirlo en la principal herramienta para la emancipación...señaló el rumbo de su conversión en movimientos conservadores y represivos. En este recodo de la historia no tenemos otra alternativa que la creatividad".

De la guerra comercial a la guerra militar
18 de agosto de 2018

Por Raúl Zibechi (La Jornada)

En la guerra  la superioridad del armamento tiene poca importancia. Muchos conflictos bélicos fueron ganados por la parte que tenía armamento más pobre y menos sofisticado, como sucedió en la guerra de Vietnam. Incluso en las guerras entre estados, ha sido frecuente que los ejércitos mejor armados y más capacitados terminaran derrotados, como sucedió con la Alemania nazi.
En estos momentos el mundo sufre varias guerras, con armas y sin armas o, mejor, con diversos tipos de armamento, pero todas ellas peligrosas. La más reciente es la guerra comercial desatada por el gobierno de Donald Trump contra China, una guerra focalizada en las tarifas comerciales que tiene como objetivo poner de rodillas al país asiático.
Todas las guerras persiguen lo mismo: destruir y aniquilar enemigos, sean éstos naciones, pueblos o sectores sociales. Sin embargo, quienes nos organizamos como pueblos, clases o sexos, los movimientos antisistémicos, no podemos ni debemos encarar la guerra con la misma lógica que los estados mayores de las fuerzas armadas. Si disponemos nuestras fuerzas para aniquilar al enemigo, nos convertiremos en algo similar a lo que combatimos. Es la historia de la Unión Soviética bajo Stalin.
En la coyuntura actual, signada por la proliferación de guerras, parecen necesarias algunas consideraciones sobre lo que está sucediendo y las perspectivas que se van abriendo ante nosotros.
La primera es que no debemos desestimar la actual guerra comercial o económica, ya que anticipa una guerra militar porque apunta al mismo objetivo: poner de rodillas al otro. Si observamos el mundo en perspectiva, podemos afirmar que hemos ingresado en un periodo de destrucción masiva capitaneado por el capital financiero y su brazo armado, el Pentágono.
Vivimos un agravamiento del clima bélico que llevará, nada es inevitable por cierto, hacia una confrontación armada entre potencias nucleares. No debe descartarse, por tanto, la utilización de armas atómicas, con toda su gravedad para la vida en el planeta.
Sin embargo, el arma atómica no modifica la lógica de la guerra, como lo anticipó hace décadas uno de los más brillantes estrategas, Mao Tse Tung, con una tremenda frase: la bomba atómica es un tigre de papel, que es utilizada para intimidar a los pueblos.
Las guerras las ganan los pueblos que muestren mayor cohesión (que no unanimidad) y coraje para defenderse, y que se hayan dotado de una dirección política que interprete esa voluntad. El pueblo soviético derrotó a los nazis por su contumaz decisión de defender la patria, al igual que los vietnamitas frente a los yanquis y los argelinos ante los franceses. Cuba superó la agresión y el bloqueo por la energía y la voluntad de su pueblo.
Fueron decisiones tomadas abajo, en los espacios de la vida cotidiana, las que blindaron a esos pueblos para defenderse colectivamente.
La segunda cuestión deriva directamente de la anterior: el punto clave es la defensa, que es mucho más potente que la ofensiva. Es en la defensa cuando un pueblo asume su condición de tal, cuando le da forma y sentido a su ser colectivo. La defensa ante ataques exteriores tiene la capacidad de cohesionar, mientras la ofensiva debilita al enemigo si somos capaces de perdurar.
Por tanto, en estos momentos la clave es la permanencia, persistir y sostenernos para sobrevivir como pueblos. Incluso la retirada sin combatir puede tener sentido si se trata de seguir existiendo. Esto vale para los pueblos y para las naciones, las clases y los grupos sociales. No tiene el menor sentido jugarse el futuro en un arrebato paradestruir a quien nos ataca.
Los pueblos están optando por la defensa no violenta de sus territorios. Es lo que observamos entre los mapuche, los nasa-misak, los zapatistas, los afros y los aymaras que resisten de forma masiva y maciza, organizados comunitariamente. No hay atajos para evitar el dolor y la muerte, pero hay capacidad para transmutarlos en potencia colectiva.
La tercera cuestión es la más compleja, porque los movimientos emancipatorios no tenemos mucha experiencia en un camino tan necesario como inédito: desarmar la estrategia de aniquilar al enemigo porque es, de forma simultánea, el camino para interiorizar la lógica del enemigo.
La racionalidad de la guerra corre pareja con la propuesta de ocupar el Estado y convertirlo en la principal herramienta para la emancipación. Este fue un camino razonable un siglo atrás, cuando no había ninguna experiencia sobre los enredos que esa estrategia suponía para los movimientos anti-sistémicos. Como sabemos, señaló el rumbo de su conversión en movimientos conservadores y represivos.
En este recodo de la historia no tenemos otra alternativa que la creatividad. Repetir las estrategias que nos llevaron al fracaso es garantía de volver a tropezar con las mismas piedras. En un periodo de gran confusión, necesitamos apegarnos a una ética que nos dice que las herramientas nunca fueron ni pueden ser neutrales.

sábado, 18 de agosto de 2018

"Subrayamos que las tensiones y controversias en la relación entre el Pueblo Mapuche y el Estado Chileno se deriva de la política de domesticación, colonialismo con el Pueblo Mapuche".

Chile: Declaración de 

la Conferencia Nacional Mapuche

17 de agosto de 2018

 

CONFERENCIA NACIONAL MAPUCHE SOBRE EL DERECHO A LA LIBRE DETERMINACIÓN, TRATADOS MAPUCHE Y COMISIÓN DE ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO.

Nosotros los Mapuche participantes y adherentes al derecho a la libre determinación, con fecha 09 de agosto de 2018, nos hemos reunido en la ciudad de Temuco diversas delegaciones de: Coquimbo, R. Metropolitana, El Bio Bio, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos que configuran el Wallmapuche, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, fecha instaurada por Naciones Unidas declaramos lo que sigue:
1.      - Las delegaciones Mapuche ratificamos el derecho a la libre determinación y asumimos este derecho colectivo como una ruta propia y exclusiva para determinar nuestro destino inmediato como Pueblo. En este sentido, y recordando la realización de la Primera Sesión de la Asamblea Constituyente Mapuche en noviembre de 2016, evento que nos exhorta a todos los Mapuche a seguir profundizando sobre las condiciones elementales y previas para definir y determinar un proceso orgánico en la implementación del derecho a la libre determinación.
2.      - Reafirmamos nuestro compromiso y desplegaremos las acciones nacionales e internacionales diplomáticas para hacer cumplir los Tratados Mapuche celebrados con el Estado Chileno, tal como lo establece el derecho internacional contenido en laDeclaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y en la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Derechos que nos permitirán resolver definitivamente los asuntos relativos al territorio y sus recursos.
3.      - Reafirmamos la necesidad imperiosa de establecer una“Comisión de Esclarecimiento Histórico en Wallmapuche” con el objeto de disponer de un estándar de la verdad, efectuar la reparación e indemnización correspondientes y construir una “paz firme y duradera” en la convivencia entre Mapuche y no Mapuche.
4.      - Subrayamos que las tensiones y controversias en la relación entre el Pueblo Mapuche y el Estado Chileno se deriva de la política de domesticación, colonialismo con el Pueblo Mapuche. Así como la toma, ocupación y confiscación del territorio y sus recursos, conculcación del derecho a la libre determinación y últimamente han aumentado las tensiones, especialmente con la política de militarización del Wallmapuche con el despliegue sin control del “Comando Jungla” produciendo persecuciones, hostigamientos, torturas, detenciones, allanamientos y en definitiva una criminalización sistemáticas a personas Mapuche que luchan por la restauración de los derechos colectivos.
5.      - Las delegaciones Mapuche hemos tomado la decisión de invitar a un diálogo al Gobierno Chileno para abordar determinados asuntos, cuya invitación se efectuará oportunamente y se formalizará mediante una comunicación.

Ñizol Gulam- futa Wuilly Mapu – Región - Los Ríos - Los Lagos y Aysén
Futa Tawun Paillako – Región de los Ríos
Organización Nacional Ad – Mapu –
Consejo de Todas Las Tierras
Lof Lonkoyan – Puren
Lof Temuicui Autonoma
Lof Coliñir – Region Metropolitana
Unión de Comunidades Mapuche - Lumaco
Lof Pillomallin - Imperial
Lof Penchulef - Galvarino
Lof Ranquilko – Bajo Malleco
Lof Chañapi – Conaripe
Lof Malalhue - Lanco
Lof Mañiuko - Galvarino
Lof Cudihue – Curaco – Imperial
Lof Raguintuleufu – Imperial
Lof Antonio Peñaipil – Galvarino
Lof Pehuenko – Pehuenche Lonquimay
Lof Trihue – Imperial
Lof Huaiquilao Morales – Lautaro
Lof Pantano – Traiguen
Lof Agustin Compakantu – Lanco
Lof Malchewe –Pnaguipulli.
Wallmapuche, Temuco, Chile 09 agosto 2018, Pukem Kuyen
Conferencia Nacional Mapuche
Temuko, 9 de agosto de 2018

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Chile_Declaracion_de_la_Conferencia_Nacional_Mapuche

Menospreciamos a las organizaciones socioambientales y sin embargo, a diferencia de mirar por el cambio de gobierno, documentan porqué el reto de otro modelo de producción y desarrollo.

El capitalismo y su democracia sin opciones

17 de agosto de 2018
Por Homar Garcés (Rebelión)

Para el sistema capitalista es sumamente esencial -además del control y la explotación de la diversidad de recursos presentes en la naturaleza- la existencia de la especie humana. Sin esta última, lógicamente, no sería nada posible la producción y la reproducción de los medios, los dividendos y las mercancías que contribuyen a darle un perfil definido a tal sistema. Necesita, por tanto, que la existencia humana esté regulada por una sociedad burocráticamente organizada. Una sociedad que responda de manera apropiada a sus vitales intereses y no le dé cabida alguna a cualquier tipo de cuestionamiento, inconformidad y/o rebeldía que haga pensar a muchos que éste pueda trascenderse.

Sin el soporte de esta sociedad ajustada a su lógica, el capitalismo sucumbiría irremediablemente. En este caso, las personas (asumidas como fuerza de trabajo) cumplen un doble propósito, enormemente beneficioso para la clase capitalista: como generadoras de plusvalía y como consumidoras. Gracias a la cultura de masas -fomentada en una gran parte por la industria ideológica a su servicio- el capitalismo dispone de un amplio contingente de compradores, logrando en muchos de ellos una compulsión consumista de la cual pocos adquieren conciencia.
Frente a ello, la pretensión de cambiar radicalmente el tipo de sociedad predominante a nivel mundial, sin plantearse con seriedad lo mismo respecto al sistema económico, resulta un enorme contrasentido. Ambos elementos se hallan consustanciados y no deberían aislarse uno en relación con el otro. Esto implica comprender, de una manera amplia, los rasgos y los mecanismos que legitiman y mantienen vigente al capitalismo. No bastará, por consiguiente, intentar alguna reforma, en uno u otro sentido, si éstos son desconocidos y se dejan intactos. Tampoco bastará con enunciar y legalizar los reclamos de justicia e igualdad sociales enarbolados por los sectores populares en sus luchas diarias.
“El nuevo proyecto conservador -explica Pablo González Casanova en su libro ‘De la sociología del poder a la sociología de la explotación. Pensar América Latina en el siglo XXI’- llega a plantear un sistema democrático en que no hay derecho a escoger una política económica distinta de la neoliberal, ni un gobierno democrático con fuerte apoyo popular. Propone una democracia ‘gobernable’ en que las elecciones se limiten a elegir a los grupos de las clases dominantes (o cooptadas por ellas) que muestren tener mayor apoyo en las urnas semivacías. Propone una democracia sin opciones en la que vote la minoría de los ciudadanos para escoger entre un pequeño grupo de políticos profesionales, cuyas diferencias ideológicas y programas son insignificantes”. Esto hace necesario explorar las potencialidades de los diferentes movimientos antisistémicos que se oponen a tal eventualidad. Aun de aquellos que no se han trazado la toma del poder como una de sus metas principales de lucha. En todo ello es fundamental la autonomía con que cada uno de estos movimientos puedan (y deban) manejarse, de modo que propicien en todo momento -sin dogmatismos ni exclusiones- una construcción social, económica y política por fuera de la lógica y la ideología dominantes.

La Comuna de París de 1871, los Soviets surgidos con la Revolución Bolchevique de 1917, los Consejos de fábrica constituidos en Turín (Italia) a comienzos del siglo XX, a semejanza de lo hecho en Rusia; la Revolución Cultural impulsada por Mao Tse-Tung en China y, más cercanamente en el tiempo y el espacio, los Caracoles Zapatistas en el estado de Chiapas en México, pudieran servir -en algún sentido práctico y teórico- de guías para el logro de dicha meta. Cada uno de estos importantes hechos históricos fueron destellos de una nueva forma de gestionar los asuntos públicos y de entender y ejercer la soberanía popular. Todos ellos supusieron -dentro de su contexto específico- la subversión y la desestructuración del Estado burgués liberal, impuesto (de cualquier modo) por el eurocentrismo extendido a todo el mundo.

La democracia (entendida ahora como una construcción colectiva desde abajo) es, en términos definitivos y definitorios, el autogobierno, razón por la cual los sectores populares están llamados a abrir paso a un modelo civilizatorio de nuevo tipo, donde las relaciones sociales y sus paradigmas sean algo absolutamente diferente a las imperantes. La autonomía, el autogobierno, el reconocimiento de la diferencia, la interculturalidad y las prácticas intercomunitarias tendrían que ser, entre otros, los rasgos distintivos de este nuevo modelo civilizatorio. Este, asimismo, tendrá que asentarse en un proceso permanente de reapropiación de los símbolos y los diversos tópicos que dieron origen a las luchas populares a través de la historia. 

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=245395

Subvencionamos a los grupos de poder y como en Ecuador, se eliminan subsidios a los de abajo.

¿Quién subsidia a quién?
17 de agosto de 2018



Por Jonathan Báez
ISIP


La anterior semana se aprobó la ley de fomento productivo, denominada Ley Trole 3, un auténtico subsidio a los grupos más poderosos del país. Este instrumento jurídico se centra en la remisión de intereses, multas y recargos de obligaciones fiscales no realizadas; además de una serie de exoneraciones al impuesto a la renta (uno de los principales impuestos progresivos que disminuye la desigualdad). En ese sentido, se estima que solo los 50 principales deudores se favorecerían del no pago de USD 1 344 millones, entre los que se encuentran grandes grupos económicos. A su vez, este subsidio recuerda a aquellos realizados históricamente a los grupos de poder en el país, tales como la sucretización y el feriado bancario.
En ese contexto, se está discutiendo la eliminación de los subsidios a combustibles, específicamente gasolina, diésel y gas doméstico. Sin embargo, dicha supresión al no plantearse como una estructura de incentivos que busque la eficiencia empresarial, debilitará la competitividad del país y el poder adquisitivo de las familias. De esa manera, en 2018 se presupuestó USD 3 470 millones para subsidios y aproximadamente USD 1 707 millones se destinarían para gasolinas, diésel y gas de uso doméstico. No obstante, parece ser que la “focalización” de la eliminación se centraría en la gasolina, que corresponden al 34% del monto total de subsidios. Específicamente se analiza la posibilidad de quitar el subsidio a la gasolina súper.

La decisión de enfocarse en la gasolina súper indica que no se desea afectar el subsidio realizado a la estructura de costos de las empresas que hacen uso de diésel y sí se desea afectar el subsidio al consumo, especialmente al transporte. Este proceso es un desperdicio de la competitividad sistémica generada a partir de la energía de bajo precio generada por la construcción de varias hidroeléctricas. En ese sentido, desde el 2015 el uso de diésel en las centrales térmicas disminuyó de 2,9 millones de barriles a 216 mil barriles en el año anterior.

Por lo tanto, la eliminación del subsidio no tiene una estructura de incentivos que procuren eficiencia empresarial sino que afecta la competitividad, dado que eliminación del subsidio de la gasolina súper aumentaría los costos de transporte (tanto de producción como de consumo), mismos que se trasladarían a los consumidores lo que genera un aumento de los precios relativos de la economía, disminuyendo el consumo de las familias. Esto estrangularía la economía y profundizaría los problemas de liquidez. Los mayores precios, a su vez, van a volver menos competitiva la producción nacional, misma que se destina tanto al mercado interno y como al externo.

Por otra parte, de concretarse el incremento en el precio de la gasolina súper seguramente habrá una migración de los consumidores a la gasolina extra, con lo cual paradójicamente aumentará el subsidio que hace el estado y generará un mayor crecimiento de los precios de los bienes y servicios.
La disminución de los subsidios a los combustibles se realiza en medio de generar un clima para acceder a financiamiento de organismos multilaterales, tales como el FMI. De hecho, dada la aprobación de la ley de fomento productivo como condición, el BID otorgará un préstamo por USD 600 millones. Financiamiento innecesario -que representa menos del 50% de la remisión de intereses y multas- si se hubiera realizado efectivo el cobro a los mayores 50 deudores. La cuestión es ¿Qué otras condiciones se van a realizar? Tales como disminución de empleados y salarios en el sector público, en el sector privado, etc.
Si bien es necesario realizar una revisión de los subsidios que son acaparados por personas de altos ingresos, es necesario establecer las condiciones para realizarlo y este no es el momento. Un ejemplo de ello es el subsidio al gas. Se plantea eliminar este subsidio y aumentar al bono de desarrollo humano el nivel de subsidio. En lugar de ello se debería pensar en una inversión pública que implemente gas por tubería, esto permitiría generar empleos y, al mismo tiempo, establecer un subsidio a las personas más vulnerables y eliminarlo a quién no lo necesite, de igual manera eliminaría el problema de contrabando. De igual manera, se puede aprovechar las potencialidades de la matriz energética para una sustitución progresiva de las cocinas de inducción.

En resumen, se observa que actualmente se subvenciona a los grupos de poder y se eliminan los subsidios a la población en general. Es pertinente potenciar las capacidades ya generadas y pensar en alternativas que permitan generar multiplicadores en la economía y no contracciones. De esa forma, no se subvenciona a quién se ha subvencionado históricamente y castiga a quién se ha castigado históricamente.


Revisemos nuestra discriminación ante las "zonas de sacrificio" y veamos que la defensa de territorios es por la vida de todos nosotros.

Jornadas “Autonomías: Camino de los Pueblos”
El racismo y el patriarcado 
son las raíces del capitalismo
17 de agosto de 2018


Por Rossana A. Cedeño
Pressenza


Hace pocos días atrás se cerraron las Jornadas “Autonomías: Camino de los Pueblos”, mismas que se llevaron a cabo en las ciudades de Quito, Esmeraldas, Riobamba y Cotacachi, las Jornadas fueron dirigidas por Raquel Gutiérrez (México) y Francisco Gómez (España) autor del libro Indios, Negros y otros indeseables.
Las Jornadas iniciaron en la ciudad de Quito con el lanzamiento del libro de Francisco Gómez, en el Museo Etnohistórico de Artesanías del Ecuador-Mindalae y contó con la presencia de Blanca Chancoso, vice-presidenta del Ecuarunari; Alberto Acosta, Economista e Irma Bautista, representante del colectivo de “Mujeres Negras del Ecuador”, quien abrió la tarde con una intervención cultural, un poema de su autoría que habla de la herencia africana que hace grande a Ecuador.
Milagros Aguirre, Editora de Grupo Santillán, aprovechó la ocasión para agradecer el trabajo de la Fundación Rosa de Luxemburgo en la publicación de este libro que es oportuno y no conyuntural para el debate en el país.
“El grano del racismo está en las nalgas de Latinoamérica” fueron las palabras de inicio de Alberto Acosta; el racismo parece ausente porque no queremos reconocer que existe.
Se refirió a los recientes comentarios que surgieron a raíz de la propuesta de convertir el edificio sede de UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) en la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi, recalcando que, evitar la educación superior indígena es violar los principios de la Constitución.
Los indios y negros son grupos humanos indispensables pero indeseables, al punto de que, líderes políticos, han querido “blanquear” su historia; citó el ejemplo de Federico Páez, dictador desde 1935 a 1937, quien dijo: “Los indios son la rémora de nuestra sociedad” y veía en la migración europea la esperanza de un país mejor.
Cerró su intervención afirmando que el concepto de raza es un invento colonial, que despersonaliza y oculta al ser humano.

Paco Gómez fue claro al afirmar que la única independencia que debe celebrarse es la de Haití, porque el resto son “independencias”. La Constitución haitiana en su Art.14 dice: “A partir de este momento todos los ciudadanos son negros”, de esta forma quería terminar con la idea de que lo blanco es bueno; que ser negro también garantiza los derechos del ser humano.

El libro de Gómez es el resultado de un trabajo de periodismo investigativo en los pueblos indígenas y afrodescendientes; lo califica como un libro de actualidad basado en la historia y en el que afirma que es absurdo seguir discutiendo sobre la pobreza cuando el problema es más complejo ya que ésta se sostiene de la exclusión, un modelo que sigue vigente y que nació con las castas, mismas que determinaban la labor a desempeñar, la posición económica e intelecto de las personas.

Para Blanca Chancoso, el problema con el racismo es que, a través de él, los gobernantes quieren definir la identidad de las personas para así concesionar propiedades que no les pertenecen; además, cuando las organizaciones indígenas solicitaron que la lengua kichwa sea incluida en la educación escolar, les fue negado en principio y para lograr un resultado positivo debieron hacer una lucha “cuesta arriba”, con lo que se demostró que el racismo es institucional, no sólo social.

Como mujer líder, Blanca ve que la lucha se duplica, la gente no entiende aún que se debe vivir la unidad en la diversidad, con el derecho a ser diferentes; la lucha que llevan por los territorios y el agua, es una lucha por la vida.
“Si no nos ven es porque estamos caminando, al otro lado del río o cruzando la montaña”, dijo, al terminar su intervención.
Luego de las Jornadas en cada ciudad y de ver las realidades de la población indígena y afrodescendiente, Raquel Gutiérrez llega a la conclusión de que normalizamos la división de castas.

Hay un orden un orden material que mantiene la discriminación y que nace de un orden político y económico, atornillados de tal manera,que mantiene vigentes gobiernos coloniales. Al hablar de exclusión, no olvidemos pensar si queremos incluirnos en el desorden neoliberal –concluyó-.

II. Decidamos entre estas dos miradas.

La extracción de este metal alcalino para las baterías de los coches eléctricos 
requiere enormes cantidades de agua
La fiebre del litio amenaza a las culturas indígenas de los desiertos de sal andinos
16 de marzo de 2018


Por Luis Martín-Cabrera 
Ctxt


No hace falta ser experto en energía para darse cuenta de que es imperativo buscar alternativas a los combustibles fósiles, entre otras cosas, porque estamos llegando al principio del fin de la producción de petróleo, pero sobre todo porque los efectos destructivos que provocan –agotamiento permanente de fuentes de agua, deforestación, inundaciones, vertidos tóxicos, incendios, huracanes, subida de los niveles del mar, etc.– son cada vez más palpables para la mayoría de la población mundial.

Una de las soluciones tecnológicas para paliar los deletéreos efectos de la economía del petróleo es la producción de automóviles eléctricos. El estado de California, por ejemplo, planea reducir la emisión de gases en un 40% hasta llegar a niveles inferiores a los de 1990. Para ello, proyecta crear una serie de incentivos financieros y de regulaciones que permitan que en el 2030 haya 4.2 millones de autos eléctricos en su parque automovilístico. En Europa algunos estados como Holanda tienen objetivos incluso más ambiciosos y aspiran a tener un parque automovilístico 100% eléctrico para el 2030.

Con semejantes incentivos estatales, los principales productores de autos mundiales –Ford, Toyota, Nissan, General Motors, BMW, etc.– hace tiempo ya que llevan experimentando con vehículos híbridos y modelos eléctricos, pero ninguna de ellas iguala en ambición ni en grandilocuencia tecno-utópica a la californiana TESLA y a su capitán de industria Elon Musk. Como Steve Jobs en su día, Musk, portada incluso de revistas de entretenimiento como Rolling Stone, es idealizado o vilipendiado como el auténtico gurú de una secta que podría salvarnos del apocalipsis ecológico sin renunciar a la comodidad de nuestros vehículos utilitarios. De las paredes de la gigafactory de Tesla en Nevada cuelga un cartel enorme que reza: “Para acelerar la transición mundial a la energía sustentable”.

TESLA produce automóviles eléctricos de lujo con la promesa de alcanzar niveles de producción masivos y precios al alcance de las clases medias. Pero, como el iphone en su día, los automóviles TESLA son mucho más que un automóvil: son el futuro, “un sueño hecho realidad”, como le escuché decir a una de sus usuarias californianas. Los modelos TESLA poseen, entre otras cosas, reconocimiento facial, capacidad de estacionarse automáticamente y, eventualmente, autonomía para operar sin control humano. Además de sus vehículos eléctricos, Musk ha producido en Australia la batería de litio más grande del mundo con 100 megavatios de potencia para abastecimiento eléctrico doméstico, planea fabricar camiones eléctricos para el transporte de mercancías pesadas e incluso lanzar automóviles que alcancen la luna.

Con estos mimbres resulta casi imposible restarse al optimismo tecnológico que promueve Musk, o, si no se comparte su visión futurista, al menos no reconocer la necesidad de iniciar lo antes posible una transición hacia el uso de energías alternativas al petróleo, a ser posible renovables y más limpias. Sin embargo, antes de aceptar las nuevas soluciones tecnológicas que se nos ofrecen, deberíamos, por una cuestión de ética esencial, preguntarnos de dónde vienen los materiales que hacen posible el uso de estas nuevas energías en la producción de vehículos limpios.

En este caso la pregunta puede ser bastante simple y, a la vez, bastante esquiva. La funcionalidad de los vehículos eléctricos depende de la capacidad de fabricar baterías relativamente livianas. Hoy por hoy esto se consigue fabricando baterías de litio, las mismas que también hacen posible que la batería de nuestros celulares y computadores funcione sin estar conectada a una fuente de red. La pregunta entonces es: ¿De dónde viene el litio y qué efectos tiene su minería en las comunidades donde opera?

El litio está bastante concentrado en ciertas áreas geográficas. Hay litio en roca en Australia, en Carolina del Norte (Estados Unidos) y en algunos lugares de China, pero la forma más barata de extraer litio es mediante evaporación en salares (lagos de sal formados tras un prolongado periodo de erupción volcánica). Hay salares en Tíbet y en Nevada (Estados Unidos), pero la mayoría de las reservas mundiales de litio –entre el 80% y el 85% dependiendo de los expertos—están en una zona transandina que se extiende a través de las fronteras de Argentina, Bolivia y Chile e incluye los salares de Atacama (Chile), Hombre Muerto, Olaroz y Salinas Grandes (Argentina) y Uyuni y Coipasa (Bolivia) entre otros muchos de menor tamaño. Se trata de cuencas endorréicas (cerradas al flujo de los ríos y otros cauces de agua) que oscilan entre los 2,400 y los 4,000 metros de altitud y que presentan índices de precipitación muy bajos y de radiación muy altos. O dicho más prosaicamente: hace mucho calor en el día, mucho frío en la noche y hay muy poco agua para la vida en general.
La revista Forbes, que rebautizó la zona con el nombre de "Arabia Saudí del Litio", describe en estos términos el Salar del Atacama:
"Nada crece en el corazón del Salar de Atacama, esta antigua cuenca lacustre, 700 millas al norte de Santiago, debe ser el lugar más seco del planeta, una tierra baldía, cubierta de una costra de rocas de sal que se parece a una plasta de vaca […]. Si no fuera por la preciosa salmuera que burbujea 130 pies por debajo de la superficie, los humanos se mantendrían alejados del Salar de Atacama".
Se trata de un gesto típicamente colonial: ver el territorio vacío para evitar hacerse cargo de los potenciales impactos ambientales y humanos que pueda causar la actividad emprendida por un agente foráneo como la minería del litio.

Sin embargo, si el periodista de Forbes hubiera sido un poco menos bárbaro, se hubiera informado de que en los oasis que bordean el Salar de Atacama viven comunidades indígenas, según el registro arqueológico, al menos desde el 8,000 AD. De hecho, el pueblo atacameño o Lickan Antay –gente de la tierra en kunza, su lengua– fue capaz de levantar toda una civilización en mitad del desierto más árido del mundo, domesticar la llama y otros camélidos para utilizarlos en sus largas caravanas transandinas, emplear el fruto del chañar y del algarrobo (dos de los pocos árboles que crecen en estos parajes) para aportar proteína a su dieta y fabricar “aloha”, un licor utilizado en ceremonias y ritos. En los Oasis del Salar de Atacama se cosecha hoy alfalfa, maíz, papas y habas; en sus huertos sigue habiendo árboles frutales que reciben agua a través de un escrupuloso sistema de uso comunal del agua que convive con el turismo ecológico y otros emprendimientos comunitarios. Y por si todo eso fuera poco además han sobrevivido a las distintas olas de colonialismo desde la llegada de los españoles hasta el presente.

Por eso, las malas noticias para los inversionistas de Forbes y para el optimismo tecnológico del norte es que, lejos de ser una tierra baldía, el Salar de Atacama, como el resto de territorios del llamado triángulo suramericano del litio, sigue habitado por las comunidades ancestrales Aymara, Quechua, Kolla y Lickan Antay que son, según derecho consuetudinario, los legítimos dueños del territorio, los que lo siguen haciendo florecer respetando sus ciclos de regeneración mediante todo un sistema ritual de pagos a la tierra y respeto a la naturaleza.

A diferencia de los occidentales, estos pueblos indígenas, que se consideran los herederos directos de los Incas, no ven la naturaleza como un objeto exterior a ellos del que pueden disponer a capricho o destruir, sino como un ser vivo. Verónica Chávez, de la comunidad de Santuario de Tres Pozos en Salinas Grandes (Argentina), cuenta que el Salar es un ser vivo con sus venas de agua y sus ciclos de regeneración que atraviesan la estación de las lluvias hasta secarse y hacer brotar la sal que se cosecha después, en la estación seca, como una planta más. Por eso cuando llegaron las mineras del litio a explotar el Salar, el efecto en ella fue demoledor: “Por lo que yo vi, era que gente venía sin conocimiento, no les importaba nada el destrozo de nuestra Mamita Pacha, le tiraban ácido, le rompían la venita de agua, ¡hacían todo un desastre! Y para mí es un dolor eso, porque ella es una mamita para mí, a una madre no se le hace eso”.

Conviene, no obstante, no idealizar ni romantizar a los pueblos indígenas de los salares. En la cuenca de Salinas Grandes, Argentina, han logrado parar, de momento, la explotación del litio, pero unos kilómetros más al este, en Olaroz y Laguna Guayatayoc, las comunidades Lickan Antay han firmado un acuerdo con la minera Orocobre (proveedor principal de litio para Toyota). Lo mismo sucede en el Salar de Atacama donde la norteamericana Rockwood Lithium, subsidiaria del gigante minero Abermale, tiene convenio con la mayoría de comunidades indígenas. A veces estos convenios se firman por intereses, porque las comunidades tienen necesidades de infraestructura o fuentes adicionales de ingresos y, otras veces, se hace a regañadientes, porque si van a sacar el mineral de la tierra es mejor que quede algo en las comunidades. Pero en todos los casos, los pueblos indígenas quieren lo mismo: que se aplique el convenio 169 de la OIT, que haya consulta previa, libre e informada; en el caso de la cuenca de Salinas grandes, sus 33 comunidades incluso tienen un protocolo llamado Kachi Yupi, huellas de sal en quechua, que estipula cómo llevar a cabo esta consulta.

La realidad, sin embargo, no parece dispuesta a respetar la voluntad de estos pueblos indígenas. La presión que ya existía sobre el litio se está incrementando exponencialmente porque si para una batería de teléfono móvil hacían falta 3 gramos de litio, para un auto eléctrico hacen falta casi 20 kilos, más de 50 si se trata de uno de los rutilantes modelos de TESLA.

Con el cambio de ciclo político en Argentina y Chile parece que se han abierto las puertas definitivamente para la explotación sin límites del llamado oro blanco de los salares. Mauricio Macri en Argentina está otorgando licencias de explotación sin consultas y sin muchas cortapisas, hay en la actualidad hasta 63 proyectos aprobados en las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja. Del mismo modo, en Chile, con la llegada de Sebastián Piñera al poder, la minera SQM –una de las más corruptas de la región, privatizada durante la dictadura de Pinochet y vendida a su yerno Julio Ponce Lerou, envuelto hoy en escándalos de financiación política ilegal– acaba de llegar a un acuerdo con el Estado chileno para retomar y aumentar la explotación de litio en el Salar de Atacama. Paralelamente, Elon Musk visita clandestinamente el país para explorar la posibilidad de abrir una megafábrica de baterías de litio en Chile con gran regocijo de las clases dirigentes.

Estos movimientos entre bambalinas, sin duda, hacen que las comunidades indígenas se sientan amenazadas. Saben que la minería del litio extrae grandes cantidades de salmuera y agua que luego se secan al sol en mega piscinas, son conscientes de que viven en cuencas cerradas cuyas fuentes de agua están interconectadas y pueden llegar a secarse definitivamente haciendo la vida en el salar inviable. Como explica Sandra Flores, de la comunidad de Coyo en Atacama, esta posibilidad se vive como un potencial genocidio cultural. En sus propias palabras:
“[Explotar el litio] es terminar con una parte de la humanidad y lo que es la cultura. Eso creo que sería como…trágico, o sea… como decir tú puedes matar a la otra persona y lo matas y listo. Para mí eso es trágico, para mí sería eso, traer algo grande para que mate a los pequeños, eso sería como lo trágico, lo terrible. Es… extinguir una cultura, matarla. Qué ha costado harto vivir en este desierto, es difícil, no es fácil, y… lo hemos podido conservar muchos años… Pero no tenemos las armas para poderlo seguir cuidando, no tenemos. Si el gobierno prefiere el litio, no tenemos nada más que hacer, porque no podemos luchar con algo tan grande. […] Pero si la luchamos, si la gente se preocupa de poder conservar el agua...”.

Es evidente que necesitamos alternativas al petróleo, pero también pensar en los desafíos que presentan esas nuevas tecnologías y hacernos preguntas incómodas: ¿podemos simplemente sustituir los autos que funcionan con hidrocarburos por autos eléctricos? ¿Qué papel debe cumplir el transporte colectivo y público en la lucha contra el calentamiento global? ¿Existen alternativas al litio como por ejemplo la batería de sodio? ¿Impiden la minería transnacional y los inversores financieros la búsqueda de alternativas al litio? ¿Estamos dispuestos a facilitar con nuestros patrones de consumo la destrucción de ecosistemas de gran complejidad y diversidad como los de los salares? ¿Queremos asumir éticamente la destrucción de culturas milenarias y modos de vida y gestión de lo social alternativos al modo de vida occidental?

Luis Martín-Cabrera es profesor de Estudios Culturales y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de California San Diego. Su proyecto sobre el litio ha sido financiado con una beca de la Fundación Wihting.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=239071

I. Decidamos entre estas dos miradas.

Los impactos socioambientales 
del coche eléctrico:
un debate necesario17 de agosto de 2018


Por Guillermo Otano Jiménez
The Conversation


El pasado 8 de noviembre, la Comisión Europea lanzó su iniciativa para fomentar “el liderazgo mundial de la UE en el ámbito de los vehículos limpios”. El desafío es doble: por un lado, lograr posicionar la industria automovilística europea a la vanguardia de la innovación y el desarrollo tecnológico necesario; por otro, reducir nuestras emisiones de CO² en un 40% de aquí a 2030, que es el compromiso adoptado en el Acuerdo de París.
En este sentido, la piedra angular del nuevo paradigma de la “movilidad limpia” son los denominados “coches híbridos o eléctricos” que, poco a poco, van haciéndose con una cuota de mercado cada vez mayor. En España, por ejemplo, los coches híbridos y eléctricos suponen sólo el 0,69% del mercado, pero, en los últimos dos años, las matriculaciones se han duplicado (de 6.180 vehículos en 2016 a 13.021 en 2017). De hecho, el Gobierno ya está buscando la manera de incentivar su compra. Y no es el único. Se trata de una tendencia global, incluso en aquellos países donde su arraigo es mayor.
En esa línea, Inglaterra y Francia han anunciado recientemente su intención de prohibir la venta de automóviles diésel y gasolina a partir de 2040. Las grandes ciudades europeas como Londres, Roma, Barcelona o Madrid están implantando medidas similares para reducir la contaminación de los tubos de escape: desde zonas de acceso limitado para ciertos vehículos a motor hasta prohibiciones de estacionamiento, pasando por restricciones de velocidad.
Todos estos incentivos públicos contribuirán, sin duda, a incrementar la demanda de coches eléctricos en los próximos años. No obstante, nada de esto sería posible sin las innovaciones técnicas que han visto la luz en la última década, las cuales han posibilitado la creación de una nueva generación de baterías de litio. Sus costes de fabricación siguen siendo más elevados que el de las baterías de plomo-ácido que emplean los coches convencionales. Sin embargo, ofrecen cada vez mayor autonomía y mejores prestaciones, al tiempo que reducen significativamente la contaminación y sus efectos nocivos sobre la salud y el medioambiente.  

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=245377