lunes, 22 de octubre de 2018

" Unámonos en un rechazo común a las políticas hambreadoras, depredadoras y coloniales del FMI y del G20 en asociación con los poderes locales, y contra el pago de una Deuda que los pueblos no debemos porque nunca nos benefició".



Llamamos a movilizar 
el 24 de octubre contra 
el Presupuesto Macri-FMI
¡Basta de Ajuste, Deuda y Saqueo!
¡Fuera G20-FMI!

El ajuste decidido por el gobierno de Macri y respaldado por el FMI, el G20 y los grandes especuladores, cobra cada día más víctimas. Aumenta el hambre, la pobreza, la explotación y la depredación, al ritmo de los recortes y despidos, el tarifazo, la inflación y el derrumbe de la infraestructura social educativa, sanitaria, previsional y cultural. Para revertir estas políticas tenemos que apoyar y trabajar por la unidad de las luchas de todo nuestro pueblo; construir una repuesta unitaria que abarque la mayor amplitud y organización popular de nuestro país.

El gobierno de Macri busca a través de los gobernadores y un importante sector de la oposición política, el “consenso” político y social necesario para aprobar en la próxima sanción del Presupuesto 2019 y las reformas laboral y previsional, un plan de gobierno que ajuste nuestra economía, en especial al pueblo trabajador y empobrecido, a las exigencias del Fondo y del G20. Al servicio de imponer esta política, aumenta la capacidad represiva y busca crear enemigos internos para sembrar el miedo.

Ante esta situación se multiplican a diario las luchas que enfrentan los conflictos sociales y laborales, logrando un punto muy alto en el paro general del 24 y 25 de setiembre pasado.  Por lo que el gobierno, junto a las corporaciones mediáticas, busca desviar la atención popular del brutal ajuste en curso. Intenta, además, diluir sus responsabilidades en la crisis actual culpando a otros, sin señalar que este gobierno ha aumentado gravemente la vulnerabilidad del país a las presiones del capital financiero con sus políticas de hiper-endeudamiento y liberalización comercial y financiera.

¡YA BASTA! Llamamos a las y los trabajadores, al pueblo argentino todo y sus organizaciones, a movilizarse el 24 de octubre contra el proyecto Macri-FMI de Presupuesto 2019, por el fin del acuerdo con el FMI y el no pago de la Deuda fraudulenta.

Gremios y centrales como ATE, Bancarios, CTA, CTA-A, CTERA, CICOP, entre otros, convocan además a parar frente al proyecto de presupuesto. Llamamos al pueblo trabajador, a sus centrales sindicales, organizaciones sociales, de las mujeres y defensores de los derechos de género, de los pueblos originarios, a la juventud, al campesinado, a unirnos en un plan de lucha de medidas crecientes de paros, movilizaciones y distintas acciones hasta derrotar este saqueo.

Hay que impedir que se apruebe un presupuesto que recorta más de 500.000 millones de pesos del gasto público social, mientras duplica el pago de intereses sobre una deuda fraudulenta y aumenta lo destinado a la represión. Es lo que exige el FMI para favorecer a las grandes corporaciones transnacionales del G20 en obtener superganancias. En este mismo contexto, reclamamos la libertad de Daniel Ruiz, preso del G20, y el cese en la criminalización de la protesta social.



Los pueblos y la naturaleza somos los únicos acreedores. Tenemos derechos a empleos, salarios y una jubilación dignos, al control sobre nuestros cuerpos, territorios y bienes comunes, a servicios esenciales como el agua, la energía, el transporte, la educación, la salud, a un ambiente sano, a la información, la ciencia y la cultura. Es obligación prioritaria del gobierno garantizar estos derechos y nuestra soberanía, no el afán de lucro de una pequeña minoría. El problema no somos el pueblo empobrecido sino los ricos insaciables.

Llamamos a unirnos en rechazo a estas recetas de miseria y de muerte que son las mismas que impulsan el G20. Este grupo de países que busca acuerdos para profundizar la dependencia en la presidencia de Mauricio Macri, y la venida a Buenos Aires de sus líderes como Trump, Merkel y XI Li Ping, y los organismos como el FMI, el Banco Mundial, el BID y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Su único norte es el dominio de los monopolios transnacionales, la explotación de los pueblos y sus bienes comunes, la especulación financiera y la deuda, el extractivismo, la mercantilización y la privatización de todo. Por eso llamamos a movilizarnos masiva y unitariamente el 30 de noviembre, contra la presencia del G20 -FMI.

Otros caminos son urgentes y posibles. Lo sabemos por la multiplicación de las resistencias de la clase trabajadora y los pueblos oprimidos del mundo, contra los grandes capitales locales e imperialistas y contra los gobiernos que aplican sus planes.  Unámonos en un rechazo común a las políticas hambreadoras, depredadoras y coloniales del FMI y del G20 en asociación con los poderes locales, y contra el pago de una Deuda que los pueblos no debemos porque nunca nos benefició. ¡No al Ajuste Macri-FMI en el Presupuesto 2019! ¡No al pago de la Deuda fraudulenta! ¡Fuera G20-FMI! ¡Unidos y unidas venceremos!
-Buenos Aires, 22 de octubre de 2018

CONFLUENCIA FUERA G20-FMI

"Invitamos a todas las plataformas ciudadanas y populares de defensa del territorio y los bienes comunes a sumar esfuerzos para, conjuntamente, tejer propuestas y estrategias que nos permitan construir colectivamente, desde una participación real y efectiva, las condiciones para que las actuales y futuras generaciones puedan disfrutar territorios en paz, con justicia y dignidad. Somos una sola voz dispuesta a defender nuestros bienes comunes y aquellas garantías que hemos conseguido desde la acción y la movilización pacífica y legitima, en defensa de la vida y territorios"..

Colombia: Declaración del IV Encuentro del Movimiento Nacional Ambiental.

22 de octubre de 2018
"Llegamos a Bogotá, campesinos, indígenas, jóvenes, pobladores urbanos, maestros, estudiantes, mujeres y hombres que defendemos la vida y resistimos a la barbarie que desde el Estado nos proponen como futuro; estamos quienes con amor y respeto representamos la montaña, el valle, el río y la sonrisa de nuestros niños y niñas que esperan un mejor porvenir."

Con la participación de más de 100 procesos socio ambientales procedentes de distintos municipios de los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cauca, Caquetá, Cundinamarca, Meta, Nariño, Quindío, Santander, Tolima, Valle del Cauca y Bogotá, celebramos entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en la ciudad de Bogotá D.C., el IV Encuentro del Movimiento Nacional Ambiental. Llegamos a Bogotá, campesinos, indígenas, jóvenes, pobladores urbanos, maestros, estudiantes, mujeres y hombres que defendemos la vida y resistimos a la barbarie que desde el Estado nos proponen como futuro; estamos quienes con amor y respeto representamos la montaña, el valle, el río y la sonrisa de nuestros niños y niñas que esperan un mejor porvenir.
Como proceso unitario de carácter nacional, de hombres y mujeres sentipensantes, inconformes, arraigados y libres queremos denunciar los intentos de retrocesos ilegítimos que algunos magistrados de las altas Cortes y el gobierno nacional pretenden implementar en contra de los derechos constitucionales a la participación, la autonomía territorial, el pluralismo, la democracia, la diversidad política y cultural.
Con indignación rechazamos la forma como se pretenden cercenar las consultas populares, que son un mecanismo legítimo y legal para que las comunidades decidamos, de forma autónoma, sobre nuestros territorios. Desde el gobierno actual, se tejen intenciones dictatoriales que ponen en riesgo nuestra democracia, que pretenden condicionar los derechos de la población para beneficiar los intereses corporativistas de multinacionales extractivistas que pretenden acabar con el agua, la vida, el paisaje y los medios de vida de las comunidades en todo el país. En ese orden de ideas, exigimos que se den todas las garantías democráticas de manera que las consultas populares en curso y las que inicien trámite, pueden ser materializadas y que sea el constituyente primario quien decida de manera libre sobre sus propias formas de desarrollo, sin presiones, ni intromisiones del gobierno y de algunos jueces. En tal sentido, exigimos respeto por los Acuerdos municipales en defensa del patrimonio ecológico y cultural de los municipios.
Estamos convencidos de que la paz debe ser una construcción colectiva que piense, sienta, defienda y construya libertades para las personas que convivimos en este país, pero también que incluya como sujeto de derecho a la naturaleza que nos permite subsistir y que se debe materializar en los territorios de manera eficaz, no con decisiones que justamente generan conflictos socio ambientales y exacerban los existentes. La paz debe ser una articulación entre el respeto a la diferencia, el bienestar colectivo y las necesidades y demandas de los ecosistemas, que no pueden ser destruidos por la codicia simple, abyecta e ignominiosa de gobiernos y corporaciones con una alta ausencia de lo ético.
En esa medida, y bajo el actual contexto, exigimos al Estado Colombiano firmar y ratificar el Tratado de Escazú que además de proteger los derechos a la información, participación y justicia en materia ambiental, es el primero en el que se reconoce a defensores y defensoras del ambiente de manera explícita.
Denunciamos que el gobierno colombiano ha contribuido a la estigmatización de protesta social por la defensa de la naturaleza, entre otros, por medio de pronunciamientos desobligantes, e irresponsables del Ministro de Defensa quien vincula nuestros ejercicios legítimos de resistencia pacífica con el accionar de grupos armados ilegales. Instamos al Estado a desarrollar mecanismos efectivos de protección colectiva acordes a los riesgos y realidades comunitarias, y muy especialmente, a combatir de manera decidida la impunidad, a través del desmantelamiento de las estructuras e intereses que se ocultan tras estos crímenes. Exigimos una respuesta efectiva frente las amenazas a procesos que defienden el territorio, se encuentran bajo amenaza como los Comités Promotores de consultas populares en Córdoba (Quindío), San Vicente y Carmen de Chucurí (Santander), El Comité Ambiental de Roncesvalles, la ANUC municipal de Mercaderes (Cauca), la Asociación de Trabajadores Campesinos de Cajibío y la Comisión por la defensa del Agua y Territorio de Valparaíso (Caquetá).
Nos comprometimos a rescatar la verdad y memoria histórica ambiental, entre ellas las luchas ambientales, que tantos hombres y mujeres han forjado para defender el territorio, y que han nutrido nuestros procesos actuales, con narrativas, lenguajes, imágenes y propuestas. Queremos honrar el camino que nos han dejado, para continuar transitando hacia otro mundo posible.
Invitamos a toda la ciudadanía a sumarse al fortalecimiento de los procesos que defienden el agua, el territorio y la vida. Hacemos un llamado a la construcción e implementación de propuestas alternativas al desarrollo, como los planes de vida comunitarios, las economías propias solidarias, los procesos agroecológicos de soberanía alimentaria, la gestión comunitaria del agua y los ecosistemas, y el impulso de energías renovables para caminar hacia la transición energética.
Para estos fines, invitamos a todas las plataformas ciudadanas y populares de defensa del territorio y los bienes comunes a sumar esfuerzos para, conjuntamente, tejer propuestas y estrategias que nos permitan construir colectivamente, desde una participación real y efectiva, las condiciones para que las actuales y futuras generaciones puedan disfrutar territorios en paz, con justicia y dignidad. Somos una sola voz dispuesta a defender nuestros bienes comunes y aquellas garantías que hemos conseguido desde la acción y la movilización pacífica y legitima, en defensa de la vida y territorios.
Bogotá, 2 de octubre de 2018
Movimiento Nacional Ambiental

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Documentos/Colombia-Declaracion-del-IV-Encuentro-del-Movimiento-Nacional-Ambiental

Alertémonos el capitalismo ataca las semillas nativas. "Son más de 8 mil años de trabajo, experimentación y creatividad, y una interminable conversación colectiva con todos sus varios cuidados. Esa crianza mutua promovió formas específicas de cultivar y compartir visiones del mundo, de alimentación, de sanación, de partería, prácticas ligadas a normas comunitarias, responsabilidades, obligaciones y derechos".

Guatemala: 

Declaración de Iximulew

22 de octubre de 2018
Encuentro de Sabias y Sabios de Semillas y otros Saberes Tradicionales de México, Centroamérica, Ecuador y Colombia. "Las semillas son la base fundamental del sustento de los pueblos. Si hoy podemos alimentarnos y nutrirnos de la agricultura gozando de los sabores y la cocina, si podemos alimentarnos y sustentar a la humanidad, es porque los pueblos las cuidan, las comparten y buscan que las semillas sigan fluyendo."

Desde Chimaltenango, Guatemala, los pueblos wixaritari, tseltal y zapoteca de México, k'iché, kaqchikel, achi', tz'utujil, mam y q'eqchíl de Guatemala, comunidades campesinas de El Salvador, el pueblo lenca de Honduras, comunidades campesinas de Nicaragua, el pueblo bri-bri de Costa Rica, el pueblo kuna de Panamá, el Resguardo de Purasé y su pueblo kokonuko y las comunidades campesinas de Nariño y Santander de Colombia, el pueblo quichua de Ecuador, que somos cultura viva cuyas raíces siguen siendo fuertes y profundas, y que se expresa en el cuidado de la Madre Tierra, la crianza mutua del territorio en estrecha relación con los bienes y ámbitos comunes reivindicamos nuestra presencia ancestral y contemporánea ante el mundo entero. Somos hijas e hijos del maíz, somos pueblos de maíz.
Estos cuidados son nuestras formas de cultivo y alimentación tradicional, nuestros saberes, prácticas, sanación y partería tradicional, nuestros gobiernos tradicionales y de organización comunitaria que incluye la resolución de conflictos y la aplicación de la justicia de modo autónomo, nuestra relación con el territorio y los seres naturales y espirituales (incluidos nuestros ancestros) que lo conforman, nuestra lectura de los tiempos, de las lunas y de la densidad de las aguas; nuestras tradiciones y saberes expresados en el diseño de textiles, la cerámica, el vestuario, desde nuestra cosmovisión. Todos estos elementos, que configuran el tejido y complejidad de nuestro territorio, nos han permitido fundar nuestra vida comunitaria, nuestra permanencia milenaria, el mantener el legado de nuestras abuelas y abuelos, y el seguir soñando con la diversidad del mundo en condiciones de justicia y vida digna. Ésta es nuestra confianza y nuestro orgullo: nuestro modo de mirar la vida cuidando el equilibrio y la supervivencia futura de nuestro planeta.

Hace miles de años que las sociedades humanas hemos crecido en crianza mutua con nuestros cultivos y nuestras semillas. Éstas son obra y parte de la historia de los pueblos y sus sistemas de saberes. Son más de 8 mil años de trabajo, experimentación y creatividad, y una interminable conversación colectiva con todos sus varios cuidados. Esa crianza mutua promovió formas específicas de cultivar y compartir visiones del mundo, de alimentación, de sanación, de partería, prácticas ligadas a normas comunitarias, responsabilidades, obligaciones y derechos.
La libertad de las semillas depende de la responsabilidad de los pueblos y comunidades que las defienden y mantienen, para cuidarlas y gozar de los bienes que nos brindan.
Las semillas son la base fundamental del sustento de los pueblos. Si hoy podemos alimentarnos y nutrirnos de la agricultura gozando de los sabores y la cocina, si podemos alimentarnos y sustentar a la humanidad, es porque los pueblos las cuidan, las comparten y buscan que las semillas sigan fluyendo.
Hoy hay un asalto renovado y cada vez más fuerte sobre las semillas (nuestro legado de la biodiversidad agrícola) y los saberes que les dan sentido, incluidos los complementos de saberes relacionados con el cuidado de nuestros animales.
Este ataque que pretende acabar con la agricultura campesina y originaria, acabar con la producción independiente de alimentos. Teniendo una soberanía alimentaria plena no sería tan fácil convertirnos en mano de obra barata y dependiente, en gente sin territorio y sin historia. Es una cruzada política y tecnocrática coordinada, para imponernos leyes y reglamentos uniformes y rígidos en favor de patentes y “derechos de obtención” para intereses privados. Hay un empeño en desacreditar nuestras prácticas históricas, nuestros saberes ancestrales indígenas campesinos, todos aquellos cuidados con los que resolvemos lo que más nos importa, porque les es crucial fragilizarnos, hacernos dependientes e incluso criminalizarnos, reprimirnos, encarcelarnos, desaparecernos, asesinarnos si decidimos no aceptar sus imposiciones y persecuciones.
El centro más visible del ataque a las semillas y a lo que significan es la propiedad intelectual, son las llamadas leyes de derechos de obtentor o leyes UPOV, pero también las leyes de certificación, los registros de variedades y las leyes de comercialización.
De lo que se trata es de legalizar el abuso, el despojo y la devastación irresponsable.  La privatización y el despojo se apoyan en otras normas que hoy nos imponen: normas de inocuidad alimentaria, normas de certificación de productores y ecosistemas, las mal llamadas buenas prácticas agrícolas, las nuevas oleadas de la Revolución Verde, los paquetes de agroquímicos, las normas fitosanitarias, los programas de servicios ambientales, los programas de desarrollo y financiamiento agrícola, la introducción de nuevas tecnologías y especialmente los transgénicos y la amenaza de la introducción de cultivos Terminator, la biología sintética, los encadenamientos productivos, la agricultura por contrato, los planes de ordenamiento territorial, los servicios ambientales y otras falsas soluciones a las crisis climáticas, las asociaciones con grandes empresarios, las Zonas Económicas Especiales.
Todo este desprecio es en realidad una guerra contra la subsistencia de los pueblos. Las corporaciones, los Estados y organismos internacionales, en aras del capitalismo, que nuestras posibilidades de resistir se debiliten, que abandonemos nuestros oficios y labores, nuestras tierras y nuestros territorios para dejar el campo libre al acaparamiento de nuestros ecosistemas.
Esta expulsión se expresa de una manera dramática en las caravanas de migrantes centroamericanos que surcan las carreteras como verdaderos expulsados de su vida por las empresas y gobiernos que les robaron el horizonte de su historia. Hoy buscan en esa caravana, nuevos horizontes para sobrevivir y volver a existir.
Las empresas quieren campo para instalar sumideros de desechos urbanos y tóxicos, apropiarse de todas las fuentes de agua o contaminarlas por su uso irresponsable y acaparador, imponer un sistema de extracción de minerales y energía eléctrica, eólica y solar a gran escala, y un sistema agroalimentario industrial basado en la explotación de los bosques, los monocultivos de árboles y materias primas para productos comestibles ultra procesados, productos industriales y agrocombustibles.
Para ello han diseñado tratados de libre comercio que activan sistemas de normas y regulaciones que abren margen de maniobra para las empresas y frenan la posibilidad de que la gente obtenga justicia.
Frente a ello, los pueblos originarios, con nuestra presencia ancestral, quienes reivindicamos nuestra relación con los seres naturales y espirituales, tenemos el deber y el derecho colectivo e histórico de recuperar, fortalecer y mantener el cuidado y la protección de nuestras formas de vida indígena y campesina, de nuestros saberes y derecho propio, nuestra autonomía y por ende nuestras formas de gobierno, nuestras leyes naturales o de origen, nuestros sistemas de sanación, partería y educación, nuestros cuidados del territorio, nuestras asambleas y nuestros autoridades propias, nuestras semillas nativas y nuestra agricultura tradicional campesina.
Es una responsabilidad que hemos asumido sin dudar: en todo el continente se multiplican las luchas en defensa de nuestros territorios ante el embate de las corporaciones y los contratos con los que nos quieren someter. Como corazón de la resistencia siguen estando las semillas en manos de los pueblos. Seguimos empeñados en resistir el despojo que viene de toda forma de propiedad intelectual y de las privatizaciones, seguiremos defendiendo nuestra vida ante los tratados de libre comercio y ante las políticas públicas que buscan desaparecernos o hacernos mano de obra semi esclavizada en los invernaderos del monocultivo y expulsada de su territorio.
Seguiremos cuidando, intercambiando semillas y saberes, seguiremos sembrando nuestro maíz y nuestras milpas, parcelas y chacras en toda su biodiversidad agrícola, y enseñando a nuevas generaciones cómo cultivarlas y mantenerlas. Producir nuestros propios alimentos, resolver con nuestros propios medios lo que más nos importa, nos permite la libertad necesaria para defender nuestros ámbitos y cuidados comunes, nuestras asambleas y nuestras autoridades.
Estamos comprometidas y comprometidos con la cultura que nos legaron nuestros abuelos, con nuestro planeta y los bienes naturales y seres espirituales de nuestro territorio  con la vida de hoy y del futuro.
Reivindicamos y reafirmamos el papel fundamental que han tenido y tienen las mujeres en nuestra vida, por lo que estamos decididas y decididos a transformar las relaciones hacia plenas condiciones de equidad y de igualdad, comprometiéndonos a erradicar el patriarcado y todas sus expresiones de violencia.
También reivindicamos la presencia y crucial importancia de nuestros jóvenes y niños y niñas, verdadera riqueza del presente y el futuro, herederos de nuestra lucha y dignidad.
Nos declaramos en desobediencia civil contra tratados, convenios y leyes que fomentan el despojo de los bienes comunes y de los saberes de nuestros pueblos.
Saludamos la dignidad de las personas que han sido encarceladas por defender su historia, su territorio y la vida de sus hermanas y hermanos. Sabemos que estar en prisión es la demostración de su fidelidad a las luchas en que están empeñadas. Va nuestro corazón a su esfuerzo y entereza.
Nos negamos a cualquier imposición de decisiones.
Defendemos nuestros territorios libres de transgénicos, agro tóxicos, y propiedad intelectual.
Reivindicamos el reconocimiento y respeto a las decisiones de los pueblos, y reclamamos el ejercicio del consentimiento o negativa previa, libre e informada, apelando a nuestra libre determinación y autonomía.
Los pueblos originarios en resistencia, guardianes de las semillas, volveremos por miles. Desde nuestras raíces germinará nuestra presencia.

Encuentro de Sabias y Sabios de Semillas y otros Saberes Tradicionales
de México, Centroamérica, Ecuador y Colombia,
Iximulew (Tierra del Maíz)-Guatemala, 18 de octubre de 2018

Algunos fragmentos de este documento fueron extraídos de la Declaración de Yvapuruvú, en Paraguay (18 de octubre de 2013) y de la Declaración de Durban, Sudáfrica (29 de noviembre de 2015) ambas, documentos de reivindicación de las semillas nativas que reconocemos y reafirmamos.

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Recomendamos/Guatemala-Declaracion-de-Iximulew

domingo, 21 de octubre de 2018

"Empezamos a despertar y vimos que nuestro proyecto esencial tenía que ser buscar una salida: vivir mejor”. Entonces comenzaron a decir: Necesitamos que los pinos se retiren y que en esas tierras podamos trabajar y producir alimentos. Esa se convirtió en su bandera.

Argentina: “¡Sembrando lucha, cosechamos tierra!” Recuperación de tierras en Misiones
21 octubre 2018
 28 Sep, 2018
En los últimos 10 años, mediante la organización y la lucha, familias del noreste argentino lograron recuperar tierra acaparada por la multinacional Arauco. Ahora, cultivan allí alimentos.

Recuperar tierras acaparadas por empresas de plantaciones de árboles a gran escala y volver a cultivar alimentos es posible. Así lo demuestran organizaciones de base de Misiones, en Argentina. A fuerza de años de lucha, familias de Puerto Piray y Puerto Libertad evitaron ser expulsadas de su territorio. En algunos casos, lo hicieron mediante la expropiación; en otros, a través de tomas y ocupaciones. Ahora, con gran esfuerzo, devuelven vida al suelo compactado y sin nutrientes que dejaron los monocultivos de pinos y eucaliptus.

La provincia de Misiones se encuentra en el noreste argentino, en el límite con Brasil. La atraviesan caudalosos ríos y es territorio de la selva paranaense y de comunidades indígenas guaraníes, gravemente dañadas y amenazadas por el avance de los monocultivos de árboles.

Pinos, eucaliptos, cultivos, agricultura, tierras

En 1950 se instaló en Puerto Piray, a orillas del río Paraná, la planta Celulosa Argentina S.A. En las décadas siguientes, con el fomento del Estado, se levantaron otras dos plantas de celulosa, se extendieron las plantaciones industriales de pinos y se construyeron los aserraderos más grandes del país. Sólo entre 1950 y 1977, la expansión de la frontera agraria y de las plantaciones industriales de árboles avanzó sobre el 53 por ciento del bosque nativo (1). En los últimos 25 años, los monocultivos de pinos y eucaliptos continuaron avanzando sobre el bosque en la provincia: mientras que en 1992 había 7.347 hectáreas de plantaciones, en 2018 se alcanzaron las 405.824 has. (2).

Esta expansión se explica, en buena parte, por la implementación, desde 1998, de la ley nacional 25.080 que otorga enormes subsidios a las plantaciones industriales de árboles. En mayo de 2017, el Gobierno argentino anunció que prorrogará esos beneficios hasta 2030 y, en mayo de 2018, lanzó el plan “Forestar 2030” con el objetivo de incrementar en 800 mil has. las plantaciones en el país (hoy, la extensión de monocultivos de árboles a nivel nacional alcanza los 1,2 millones de has. El 60% se concentra en las provincias de Misiones y Corrientes). El plan es presentado como una supuesta solución al cambio climático y como generador de empleos. Detrás de esta iniciativa, además de las empresas del sector y el gobierno, está The Nature Conservancy Argentina (3), una organización internacional conservacionista que promueve proyectos de compensación y mitigación de emisiones de carbono en complicidad con grandes empresas y países industrializados, que continúan deforestando y quemando combustibles fósiles.

Arauco en Misiones:
La transnacional chilena Arauco desembarcó en Misiones en 1996, con la compra de la planta de celulosa Alto Paraná S.A. (ubicada en Puerto Esperanza) y luego instaló, en Puerto Piray, un aserradero y una planta de tableros de fibra de mediana densidad (MDF). Para 2014, Arauco era dueña del 39 por ciento de las plantaciones de monocultivos de árboles de Misiones (4).


La concentración no fue solamente de la tierra sino también de la materia prima: los pequeños aserraderos se fueron quedando sin acceso a la madera, rezagados en materia tecnológica, y cerraron, aumentando el desempleo. Por otro lado, los trabajadores no fueron necesariamente absorbidos por la nueva empresa ya que con la creciente tecnificación, las tareas en las plantaciones de árboles, como la plantación y la cosecha, que al principio generaban empleo, fueron sustituyéndose por máquinas y agrotóxicos (5).

Luisa Segovia, integrante de la organización Productores Independientes de Piray (PIP), recuerda haber trabajado recolectado resina y plantando pinos. Su marido, Nicanor, hacía tareas de carpir, machetear y fumigar con mochila; eran empleos precarios, que le trajeron graves consecuencias a su salud. “Es una empresa muy conflictiva porque no le importan los seres humanos”, afirman. “Cuando venían las certificadoras, los ingenieros de la empresa nos amenazaban para que digamos que estaba todo bien”, recuerda Nicanor.
A partir de la década de 2000, cuando Arauco comenzó a reemplazar a los empleados por máquinas los trabajadores no sólo se quedaron sin empleo, sino que veían cómo las plantaciones empezaron a avanzar sobre sus casas. Muchos parajes desaparecieron por el accionar violento de la empresa y la complicidad del Estado, que dejaba de enviar servicios básicos a la población: sin trabajo, luz, salud ni transporte, los forzaban a abandonar las tierras.

La lucha de Piray:
En Piray, las familias desempleadas empezaron a organizarse en grupos de base a comienzos de 2000. Estaban preocupadas por la falta de trabajo y por el avance de los pinos sobre sus casas, que generaba contaminación con polen y agrotóxicos. Sus reclamos a las autoridades locales no eran oídos porque el municipio sólo respondía a la empresa.

“Ahí fue cuando empezamos a despertar y vimos que nuestro proyecto esencial tenía que ser buscar una salida: vivir mejor”, cuenta Miriam Samudio, integrante de Productores Independientes de Piray (PIP). Entonces comenzaron a decir: Necesitamos que los pinos se retiren y que en esas tierras podamos trabajar y producir alimentos. Esa se convirtió en su bandera.

En 2003 hicieron una reunión con Arauco. En el encuentro, los ingenieros de la compañía dijeron que la empresa no cedería ni un centímetro de tierra. En cambio, les ofrecían construir una fábrica de alpargatas, ropa o pañales. Pero las familias se negaron porque querían la tierra, querían producir.

Y empezó la batalla. “Lo primero fue concientizar a nuestra propia gente, a la comunidad y a la sociedad para que entienda nuestro pedido. Porque estábamos desafiando a una multinacional”, explica Miriam. Se hicieron reuniones, marchas y se creó una mesa de negociación con las autoridades. En esas reuniones, quedó en evidencia la complicidad entre el gobierno local y Arauco. “Nos dimos cuenta que el único objetivo era desgastarnos, entonces abandonamos la mesa.”

Para ese entonces, eran unas 200 familias organizadas bajo el nombre de Productores Independientes de Piray (PIP). Fracasada la mesa de negociación, decidieron comenzar a vincularse con organizaciones de campesinos de otras localidades, como la Unión Campesina de Bernardo de Irigoyen o Unidos Ruta 20. “Ellos nos decían: ‘Ustedes no tienen que tener miedo. Siempre les van a decir que no. Pero nosotros tenemos derechos, es nuestra tierra, y las multinacionales vienen a robarnos lo nuestro’.” Uno de los temores de las familias de Piray era que los llevaran presos porque, en ocasiones, la Policía intentaba culparlos de supuestos delitos. “Tocar a Arauco era tocar al poder y a sus amigos”, afirman.

Un factor importante en la lucha fue la comunicación hacia dentro de la organización. “Nos juntábamos cada fin de semana. Eso ayudó a que la comunicación entre las familias siempre fuera clara. Y que lo que se decidía se hacía en conjunto”, explican. Otro hábito que mantuvieron fue llevar el reclamo a los medios de comunicación locales. “Denunciábamos que la comunidad de Piray está asfixiada por los pinos y planteábamos todos nuestros argumentos.”

Expropiación:
En 2012, tras 10 años de lucha, PIP decidió exigir al Gobierno la expropiación de tierras a Arauco. En ese año, la entonces presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, anunció la expropiación de la empresa petrolera YPF. “A partir de ese momento salimos a decir abiertamente ‘expropiación’”, cuenta Miriam. “Antes era una palabra prohibida porque iba contra la propiedad privada. Pero una vez que la presidenta lo dijo, lo tomamos como herramienta”.


A partir de allí y durante casi un año, PIP recorrió la provincia y el país juntado adhesiones al proyecto de expropiación. Continuaron con su lucha en el territorio, hicieron movilizaciones y se mantuvieron firmes en su reclamo: “Era la tierra o nada. Porque sino íbamos a desaparecer”, afirman. En junio de 2013, la Legislatura de Misiones aprobó la expropiación de 600 hectáreas a Arauco. Fue una primera gran victoria.

Cultivar donde hubo pinos y eucaliptus
La primera entrega de tierras fue recién en 2017 y el trabajo para los campesinos fue durísimo. La empresa cortó los árboles y entregó la tierra en un estado calamitoso, completamente degradada, con todos los tocones esparcidos por el campo, lleno de ramas y demás desechos dejados después de llevarse la madera. Se encontraron con que el terreno estaba muy compactado por los ciclos continuos de plantaciones de 8/9 años que no dejan recuperar el suelo y las toneladas de peso de las maquinarias que utilizaba la empresa. A ello se sumó que, tras años de aplicación de agrotóxicos, cuando apareció un cultivo sin químicos, se llenó de insectos y plagas que habían desaparecido por el uso continuado de los venenos.


Recibieron como primera entrega tan solo 166 hectáreas de las 600 expropiadas (Arauco entrega las tierras a medida que cosecha los pinos y eucaliptus). De esas 166, sólo unas 86 eran aptas para cultivo. El resto está ocupada por familias. La empresa incluyó dentro de la tierra a expropiar unas 80 hectáreas donde viven familias hace más de 20 años. PIP decidió aceptar esa parte como parte de la primea entrega para no caer en la estrategia de la empresa de hacer enfrentar a las familias. Pero explicaron que, más adelante, lucharán para que Arauco entregue otras 80 hectáreas aptas para cultivo en un lugar que no esté habitado.

El terreno se dividió en una parte para las familias y otra, para cultivo colectivo de la cooperativa. Sembraron zapallo, calabaza, maíz, mandioca y sandía, entre otros. “Donde había eucaliptus, la tierra parecía cemento (concreto)”, cuentan los campesinos. El trabajo es todo a mano porque no tienen recursos para comprar máquinas y el Estado no colabora. Intentaron usar un buey, pero el animal se murió de cansancio por el esfuerzo que implicaba labrar una tierra tan compactada durante tantos años.

Otro problema grave fueron las plagas. Apenas empezaron a crecer los cultivos, se llenaron de “bichos”. Con el asesoramiento de técnicos de la secretaría de Agricultura Familiar local (que acompañaron a PIP durante todo el proceso de recuperación), hicieron preparados naturales para combatirlas. Saben que llevará tiempo hasta que el ecosistema vuelva a su equilibrio natural y las plagas dejen de atacar los cultivos. Pero están decididos a no utilizar agrotóxicos.

Con la tierra dañada por los monocultivos y la falta de maquinarias, la primera cosecha rindió muy poco. Calculan que fue menos de la mitad de lo que hubieran cosechado en una tierra sana. Y afirman que esta cosecha fue posible gracias a la calidad de la tierra, ya que la empresa expande sus plantaciones en las tierras más fértiles y con mejor relieve. Esto lo denuncian los campesinos no sólo en Piray, sino también otras zonas de Misiones.

Reaparición del agua:
pinos, eucaliptos, cultivos, agricultura, tierras En una zona donde antes había un bañado, éste reapareció una vez que se cortaron los pinos. Cuentan los productores que el bañado siempre estuvo, sólo que cuando plantaron los eucaliptos y pinos en los campos que lo rodeaban el agua había casi desaparecido, el bañado estaba en su mínima expresión. De hecho, luego habían plantado pinos sobre el bañado ya que el agua había desaparecido. “Es un depósito natural de agua, si se seca el bañado, se seca la vertiente que llega a la casa de los vecinos”, explican los productores. Ahora, luego de meses de cortados los pinos, todavía pueden verse los tocones entre el pastizal de bañado que está resurgiendo. El agua está volviendo.


Por ahora, lo que cultivan alcanza para el autoconsumo y les permite permanecer en su territorio. Aún no llegan a producir un volumen suficiente como para vender en cantidad en los mercados locales. Pero ese es su proyecto a futuro, a medida que reciban la tierra que falta. “Sembrar lucha y cosechar tierra” es el lema de PIP.

Ocupaciones en Puerto Libertad
En Puerto Libertad, 70 kilómetros al norte de Piray, Arauco es propietaria de casi el 80 por ciento del territorio. De las 80 mil hectáreas que forman el municipio, 65 mil son de la empresa (6). El pueblo tiene unos 7000 habitantes y está literalmente rodeado de pinos.


Allí también la tecnificación de Arauco causó cientos de despidos en la década de 2000. La mayoría eran motosierristas que trabajaban para empresas contratistas de la multinacional. Por otra parte, a nivel del centro urbano de Puerto Libertad ya no había espacio para nuevas viviendas, calle por medio a la planta urbana comienzan las plantaciones de pinos. Todo esto llevó a que muchas familias buscaran espacio donde vivir fuera de la ciudad y al mismo tiempo poder cultivar la tierra para subsistencia y como una fuente de ingreso familiar. La recuperación de tierras para cultivo se dio aquí, sobre todo, mediante ocupaciones.

Unas 100 de esas familias conforman hoy la cooperativa “Parajes Unidos” de Puerto Libertad, mediante la cual organizan la producción de alimentos y los venden en diferentes mercados zonales. Las chacras familiares tienen entre dos y tres hectáreas cada una. Allí plantan mandioca, maíz, verdeos y crían animales.

Las tomas de tierras se dieron en varias etapas. Una ocupación fue en 2006, en tierra de “capuera”, (zona de selva que fuera abierta años atrás para cultivo). Luego, en 2015, se ocuparon tierras donde había plantaciones de Arauco, luego de que la empresa cosechara los pinos. En otros casos, ex motosierristas compraron “mejoras” de chacras (lo construido sobre un terreno, pero no el terreno), cuya tierra luego fue reclamada por Arauco como propia.

Al ser tierras ocupadas, muchos de estos campesinos enfrentan conflictos con la multinacional o con propietarios que cultivan pinos para la empresa (por una ley nacional que limita la tenencia de tierra en manos de extranjeros, Arauco no puede comprar más tierra en Misiones). Por estos conflictos, los campesinos suelen ser hostigados por la Policía local.

Devolver vida al suelo:
Nora Duarte es una de las mujeres que participó en varias recuperaciones y tiene la experiencia de cultivar en tierra donde antes hubo plantaciones. Explica que donde hubo pinares durante más de 20 años, la tierra queda seca y dura. “Ahí la verdura no sale. La cebolla puede ser, pero la mandioca no”. Cuenta que una de las formas de recuperar el suelo es sembrando legumbres. Luego de tres años de trabajar la tierra, logran cosechar aproximadamente la mitad de lo que cultivaron. En otros campos, donde hubo plantaciones de pinos solo por 10 años, pueden cosechar más variedad.


Los pequeños productores destacan la gran inversión de dinero y tiempo de su parte para recuperar la fertilidad de la tierra. Durante el tiempo que demora el suelo en recomponerse y producir lo suficiente como para vivir, las familias tienen que hacer “changas” (trabajos informales). Entre vecinos también se ayudan: se prestan parcelas de tierra aptas para cultivo y se intercambian alimentos. En algunos casos, les lleva hasta 10 años poder vivir únicamente de su propia producción.

Tampoco cuentan con apoyo del Estado: “No tenemos estudio, pero sabemos lo que está bien y lo que está mal”, dice uno de los campesinos. “¿Por qué el gobierno da tanta facilidad a las empresas para comprar máquinas y nosotros no tenemos ni para comprar un machete?”, se preguntan.

Los productores sostienen que si se pudieran tomar más tierras y transformarlas en quintas y chacras, muchas familias de localidades cercanas se sumarían a este proyecto de vida.

Emilio Spataro, Guardiantes del Iberá (Argentina), emiliospa@gmail.com
Lizzie Díaz, secretariado internacional del WRM, lizzie@wrm.org.uy
Lucía Guadagno, secretariado internacional del WRM, luciag@wrm.org.uy


Notas:
(1) Ramírez, Delia. Acorralados por los pinos. Consecuencias del avance de la forestación en el Alto Paraná misionero. En Cartografías del conflicto ambiental en Argentina 2 / Facundo Martín … [et
al.] ; compilado por Gabriela Merlinsky. – 1a ed . – Ciudad Autónoma de Buenos Aires :
Fundación CICCUS, 2016. Pág 115.
(2) Ministerio de Hacienda de la Nación. Informes productivos provinciales. Misiones, enero 2018.
(3) Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial. “El Gobierno nacional lanzó la plataforma Forestar 2030”
(4) Idem 1. p. 118.
(5) Grupo Guayubira. “Misiones, Argentina: pinos, pasteras y mentiras”
(6) Alvez, Sergio. “El 80% de la superficie del municipio Puerto Libertad le pertenece a una multinacional”


https://wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin-wrm/seccion1/argentina-sembrando-lucha-cosechamos-tierra-recuperacion-de-tierras-en-misiones/

Observamos: "un movimiento caracterizado por su anticapitalismo y el fortalecimiento de autonomías que se despliegan como un invaluable instrumento de lucha contra la recolonización de las corporaciones capitalistas y los grupos represivos legales y clandestinos del mal gobierno".

La lucha anticapitalista del EZLN y CNI-CIG
20 de octubre de 2018
Por Gilberto López y Rivas (La Jornada)


La Segunda Asamblea Nacional del Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno-Ejército Zapatista de Liberación Nacional llevada a cabo del 11 al 14 de octubre en el Cideci-Unitierra, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, constituyó un acontecimiento histórico. La extraordinaria capacidad organizativa, manifiesta en una metodología de espiral ascendente (dialéctica) de ejes de trabajo-comisiones operativas-resolutivos y posicionamientos; las formas democráticas de llegar a consensos; la coherencia y concientización políticas de delegados (as) y 
concejales (as), refieren a un movimiento caracterizado por su anticapitalismo y el fortalecimiento de autonomías que se despliegan como un invaluable instrumento de lucha contra la recolonización de las corporaciones capitalistas y los grupos represivos legales y clandestinos del mal gobierno.
La reunión reveló la riqueza policromática de un movimiento que con sus comisiones operativas y sus ahora 10 ejes de trabajo: 1.Tierra y territorio, despojo y defensa, 2. Autonomía, 3. Mujeres, 4. Jóvenes, 5. Diversidad sexual, 6. Justicia, 7. Personas con discapacidad, 8. Migrantes, 9. Trabajo y explotación, y 10. Educación, arte y cultura, se dispone a emprender nuevos pasos para la construcción del nuevo mundo que necesitamos.(www.congresonacionalindigena.org)

La Segunda Asamblea Nacional ratifica un sujeto político, –que no puede ser invisibilizado por el racismo de la clase política–, ”y que se autodefine como pueblos originarios que en la “lucha contra la profunda enfermedad causada por el capitalismo, tejemos la vida, pues es la encomienda que recibimos de nuestros antepasados… A eso que tejemos, le llamamos organización, y es el territorio que defendemos, es la lengua que hablamos y nos negamos a perder, es la identidad que no olvidamos y que engrandecemos con la lucha. Pero resulta que es también lo que los dueños del dinero necesitan para destruir y convertir en más dinero, para hacerlo mercancías con la explotación, con la pobreza, la enfermedad y con la muerte de muchos otros millones de personas que no son de nuestros pueblos y que viven en las ciudades y en el campo. O sea, tampoco es cierto que la muerte, la represión, el despojo y el desprecio sea sólo para nosotras y nosotros los originarios.”
La Segunda Asamblea Nacional refrendó la autonomía como la única puerta para seguir haciendo de la vida nuestro camino irrenunciable. Es extraordinaria la manera en que se ha asumido el proceso autonómico por el EZLN-CNI-CIG. Las diversas y estimulantes intervenciones de los y las participantes en la Asamblea, incluyendo las de los comandantes zapatistas, testimonian que el llamado sujeto autonómico es una realidad predominante en el territorio nacional, y cometen un grave error político quienes pretenden seguir considerando a los pueblos originarios como víctimas y sujetos pasivos del acontecer de la historia.

El posicionamiento político firmado por el EZLN-CNI-CIG en relación con el gobierno entrante es claro y sin ambages: Las palabras sobran cuando se amenaza a los pueblos Binniza, Chontal, Ikoots, Mixe, Zoque, Nahua y Popoluca del Istmo de Tehuantepec con sus proyectos transístmicos y la expansión de las Zonas Económicas Especiales, a los pueblos mayas con su proyecto de tren capitalista que despoja y destruye a su paso la tierra. Las palabras sobran ante la anunciada siembra de un millón de hectáreas con árboles frutales y maderables en el sur del país, ante la ilegal y amañada consulta para la construcción del Nuevo Aeropuerto de Ciudad de México, o ante la oferta para que sigan invirtiendo las empresas mineras que tienen concesionadas grandes extensiones de los territorios indígenas. Las palabras sobran cuando sin consultar a nuestros pueblos el futuro gobierno impone la creación, al estilo del viejo indigenismo, del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, comandado por los desertores de nuestra larga lucha de resistencia. Las palabras sobran cuando vemos el cinismo con que son entregados los pueblos de México a los intereses de Estados Unidos mediante el Tratado de Libre Comercio, mismo que promete ratificar el futuro gobierno de López Obrador, quien en uno de sus primeros discursos no dudó en confirmar la continuidad en la actual política monetaria y fiscal, es decir, continuidad en la política neoliberal, la cual será garantizada con el anuncio de que las corporaciones militares seguirán en las calles y con la pretensión de reclutar 50 mil jóvenes para las filas armadas que han servido para reprimir, despojar y sembrar el terror en toda la nación.

El CNI-CIG-EZLN se proponen seguir construyendo “la organización que se convierta en un gobierno propio, autónomo y rebelde, con compañeras y compañeros de otras geografías …hasta que nuestro tejido se junte con los otros, que broten por todos los rincones de México y el mundo para que se hagan concejos…”
Así sea.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=247992

sábado, 20 de octubre de 2018

"No vamos a bajar los brazos, no nos vamos a entregar así de fácil a este sistema que intenta silenciar otras voces. Acá estamos, en la calle, con nuestras armas, con nuestros libros! Te esperamos":

EDITAR, DISCUTIR, 
SEGUIR EN LA TRINCHERA...

Porque entendemos que la lectura es uno de los principales motores para hacer frente a las crisis económicas, políticas y sociales, durante estos días editamos 5 nuevos libros de la colección Cuadernos de Sudestada. Nuestras LEBACS están acá, a la vista de nuestr@s amig@s lector@s. No vamos a bajar los brazos, no nos vamos a entregar así de fácil a este sistema que intenta silenciar otras voces. Acá estamos, en la calle, con nuestras armas, con nuestros libros!

Te esperamos en nuestra Librería Sudestada, allí
*LAS BATALLAS DE FIDEL.
Biografía, de Hugo Montero
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urgente de Venezuela, de Marco Teruggi
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"Exigimos la puesta en marcha de políticas públicas que puedan reivindicar los derechos fundamentales indígenas y fortalecer sus tejidos comunitarios ante la gravedad de la crisis actual. Hasta la fecha, siguen sin completarse satisfactoriamente los procesos de demarcación y titulación de tierras indígenas, tal y como lo establece la constitución".

Ante la dramática situación de salud de los pueblos indígenas en Venezuela

31 de julio de 2018

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·                                 Comunicado del Observatorio de Ecología Política de Venezuela
Los pueblos indígenas de Venezuela han sido históricamente uno de los sectores de la sociedad más marginados y desatendidos por el Estado y con una de las situaciones de salud más precarias de todo el país. En medio de la crisis multidimensional que vivimos en la actualidad, destaca en grado superlativo el acelerado deterioro de la salud pública entre los pueblos y comunidades originarias en distintas regiones y zonas de la geografía nacional, así como la casi inexistencia de respuestas institucionales eficaces por parte de las instituciones competentes.
La población indígena es la que suele tener mayores riesgos de contraer numerosas enfermedades como el sarampión o la difteria (prevenibles con vacunas); tienen mayores probabilidades de morir por estas y otros males como la desnutrición, la tuberculosis, la anemia, las parasitosis intestinales o complicaciones en los partos; tienen altos índices de mortalidad infantil (en algunos pueblos son muy elevados) y la esperanza de vida al nacer puede ser muy inferior a la media nacional.
En las últimas semanas se ha venido denunciando un brote de malaria con varios fallecidos entre los pumé-yaruro de Apure; una enfermedad desconocida pero letal entre los yukpa y barí en Perijá; sarampión entre los warao y yanomami. De acuerdo con la OPS (2018), 33 de las 44 defunciones  confirmadas por sarampión en Venezuela ocurrieron en comunidades indígenas del estado Delta Amacuro y se encuentran en investigación otras 53 muertes notificadas en comunidades yanomami. Sin embargo, los testimonios in situ señalan que la cantidad de decesos puede ser aún mayor.
Todo esto se suma al señalamiento de ya larga data sobre la presencia masiva de VIH entre los warao de Delta Amacuro; unido a severos brotes de malaria en comunidades indígenas de los estados Bolívar y Amazonas que vienen acaeciendo desde hace unos 2 o 3 años, lo cual ha provocado defunciones en comunidades joti, eñepa y wotjuja. Esta situación se despliega en diferentes grados en gran parte del territorio nacional.
Es también harto conocida la migración forzosa de miles de warao hacia Boavista, estado de Roraima, en la vecina República del Brasil: algo que no cuenta con antecedentes en toda la historia migratoria de nuestro país, aunque reconocemos que la situación anterior no era ni medianamente satisfactoria.
Otro hecho inaceptable es la fuerte militarización de las comunidades indígenas de los estados Bolívar y Amazonas entre otras, acompañada por la prédica de que todos tenemos que ofrendar nuestras vidas en caso de algún conflicto bélico, sin considerar el hecho de que nuestra población indígena no sobrepasa al 3% de la población nacional y que a una parte mayoritaria de ella no le interesa la guerra.
Estamos llegando a un punto límite: tiene que haber una respuesta inmediata y sistémica por parte del Estado, principal responsable de garantizar los derechos a la vida, salud y nutrición de toda la población. La situación descrita representa un peligro extremo para la sobrevivencia de los pueblos indígenas y de sus aportes extraordinarios –todavía poco conocidos– para un gran diálogo pluri e intercultural en pos de la salvación del Planeta.
Lejos de haberse resuelto el problema secular de los pueblos originarios, en estos últimos años se ha dado un retroceso inaceptable e injustificable, fruto de la negligencia absoluta y la falta total de voluntad política para lograr revertir una catástrofe multiétnica, cuya amenaza hace muchísimos años creíamos haber superado. Es en este contexto de progresivo deterioro general de sus condiciones de vida que se produce esta grave situación de salud.
Solicitamos, como medida de corto plazo un plan urgente de atención y vacunación, ya que peligra sensiblemente la vida de numerosos integrantes de estos pueblos y comunidades indígenas.
Exhortamos al Ministerio del Poder Popular para la Salud, el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, la Dirección General de Salud Indígena e Intercultural, la representación de OPS/OMS en Venezuela, la Defensoría del Pueblo y los demás entes gubernamentales responsables en la materia, a dar prioridad a la problemática de salud y alimentación de los pueblos indígenas e implementar con urgencia acciones adecuadas y efectivas.
Por otro lado, es fundamental contrarrestar el auge de la minería ilegal en los territorios de la región Guayana, que está amenazando no sólo sus ecosistemas sino la sobrevivencia de estos pueblos originarios. El acelerado incremento de enfermedades como la malaria está estrechamente vinculado con el crecimiento de este tipo de minería, además de generar violencia sobre las comunidades y desplazamientos forzados.
Por último, exigimos la puesta en marcha de políticas públicas que puedan reivindicar los derechos fundamentales indígenas y fortalecer sus tejidos comunitarios ante la gravedad de la crisis actual. Hasta la fecha, siguen sin completarse satisfactoriamente los procesos de demarcación y titulación de tierras indígenas, tal y como lo establece la constitución.
A las organizaciones sociales, a los académicos y a la opinión pública, invitamos a involucrarse y movilizarse ante esta grave situación en materia de salud. Los pueblos originarios constituyen una parte esencial de nuestra identidad y patrimonio como nación; son los principales defensores de las aguas y la biodiversidad del país; y encarnan modos de vida y saberes de los cuales podríamos aprender para salir de la crisis profunda que vive la sociedad venezolana en la actualidad.
Sólo la defensa de los derechos humanos, de los bienes comunes en la naturaleza y de las territorialidades que habitan los pueblos, detendrá esta catástrofe.
Observatorio de Ecología Política de Venezuela
Esteban Emilio Mosonyi
Aimé Tillet
Emiliano Teran Mantovani
Francisco Javier Velasco
Liliana Buitrago
Edgardo Lander
Juan Manuel Planas
Para adhesiones, escríbanos a ecopoliticavenezuela@gmail.com
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Fuente: http://www.opsur.org.ar/blog/2018/07/31/ante-la-dramatica-situacion-de-salud-de-los-pueblos-indigenas-en-venezuela/