sábado, 23 de junio de 2018

Pensemos a dónde llegaron Ortega-Murillo y el FSLN. Pero aprendamos cómo se crea poder popular en Nicaragua.

La visita del embajador Carlos Trujillo y
las negociaciones secretas con 
el gobierno Ortega-Murillo.
23 de junio de 2018


Por Sebastián Chavarría Domínguez (Rebelión)

La reciente visita de Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), ha desatado todo tipo de especulaciones. Es la segunda visita de un alto funcionario de la administración Trump en menos de un mes. Anteriormente vino Caleb McCarry, asistente del influyente senador republicano Bob Corker, presidente de la comisión de Asuntos Exteriores del Senado de Estados Unidos. No cabe la menor duda que algo se negocia secretamente, a espaldas del pueblo de Nicaragua.

Departamento de Estado: “Elecciones anticipadas: camino constructivo”
Aunque los seres mortales no tenemos acceso a las negociaciones secretas que se celebran en las alturas del poder, podemos sacar algunas conclusiones a partir de las declaraciones de altos funcionarios de la administración Trump.
El 18 de junio, Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, declaró “(…) En nombre del presidente Donald Trump, llamamos a Daniel Ortega a terminar los crímenes de su gobierno y dar respuestas a las peticiones de la nación por democracia y derechos humanos. Ha llegado la hora de terminar con los ataques a los protestantes y ha llegado la hora de dar al pueblo de Nicaragua el futuro de libertad que merecen (…) Esto debe terminar y debe terminar ahora”. (AFP 18/06/2018)
En reiteradas declaraciones altos funcionarios de Estados Unidos se han mostrado de acuerdo en adelantar las elecciones. Lo que nunca han dicho con claridad es si estas se realizarán teniendo como presidente a Daniel Ortega. Esa es la gran incógnita. Por lo que no dicen, parece que Estados Unidos acepta y promueve que sea el gobierno Ortega-Murillo quien convoque a elecciones anticipadas.
Al día siguiente, el mismo día que arribó a Managua el embajador Carlos Trujillo, la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, leyó un comunicado que expresaba, entre otros aspectos, lo siguiente: “(…) Observamos el clamor generalizado entre los nicaragüenses de unas elecciones anticipadas. Estados Unidos cree que las elecciones anticipadas representan un camino constructivo”. (El Nuevo Diario, 19/06/2018)
Ambas declaraciones son complementarias. Pence presionó sobre el tema de los derechos, llamando a detener las matanzas, pero el Departamento de Estado, que conduce las negociaciones diplomáticas, enfatizó en el tema de las elecciones anticipadas, insistiendo al mismo tiempo en la necesidad que el gobierno Ortega-Murillo invite a los organismos internacionales protectores de los derechos Humanos. Sobre este último aspecto, Heather Nauert dijo que “(…) EE.UU. sabe que el Gobierno de Nicaragua ha aceptado otra visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y recomienda que empiece de inmediato” (op cit)
La visita de Trujillo se produce días antes de la realización de la reunión del Consejo Permanente de la OEA, que se realizará en Washington el día viernes 22 de junio, teniendo como punto de agenda el informe final de la visita realizada por la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), el cual se conoce de antemano, por el informe preliminar, y es contundente en su condena al gobierno Ortega-Murillo.

¿Que negoció el embajador Trujillo?
El embajador Trujillo ha sido muy parco en sus declaraciones. Su visita se produjo el mismo día en que el gobierno Ortega-Murillo desató su furia infernal contra Masaya. Es la clásica táctica de presentar hechos consumados
En el marco de la visita de Trujillo fue que el gobierno Ortega-Murillo giró invitación formal a los organismos internacionales defensores de los derechos humanos, un reclamo que hizo la Alianza Cívica por la Democracia y la Justicia (ACDJ) y que llevó a la suspensión de las sesiones del Dialogo Nacional. Ortega-Murillo prefieren negociar y arrodillarse ante Estados Unidos, ninguneando a la ACDJ.
Pero esta no fue ninguna concesión de parte de Ortega-Murillo, quienes ya se habían comprometido a invitarlos. Simplemente, como una táctica dilatoria dentro de la negociación, retardó el cumplimiento de esta medida, porque necesita que las fuerzas de choque para militares hicieran la labor sucia de aterrorizar a la población, asesinar selectivamente a los elementos más combativos, destruir los tranques y secuestrar a decenas de personas.
Los organismos internacionales finalmente harán presencia en Nicaragua, pero su sola presencia no es garantía de que no continuaran las violaciones a los derechos humanos. El gobierno ha creado un Frankenstein, los grupos armados encapuchados, quienes seguirán haciendo la labor sucia y sus actividades no podrán ser controladas por estos organismos, ya que oficialmente no serían miembros de las instituciones del Estado.
Mucho se ha especulado que Daniel Ortega ya negocio su salida con Estados Unidos y que solo afinan detalles. Lamentablemente, en política nada es cierto hasta que se demuestra. Existen muy pocas probabilidades que el embajador Trujillo logre concretizar una negociación que se salga de la línea general establecida por el Departamento de Estado: las elecciones anticipadas.
El problema central sigue siendo si serán convocadas por Daniel Ortega o no, y cuando serian convocadas. Al finalizar el 20 de junio, el embajador Trujillo se regresó a Washington sin brindar declaraciones, lo que indica que Ortega se niega a aceptar el plan de elecciones anticipadas para este año, envalentonado por los últimos golpes que ha asestado a la insurrección popular.

La ofensiva sobre los tranques
Dentro de su estrategia de negociación, el gobierno Ortega-Murillo ha optado por resistir al máximo, y sólo hacer concesiones al borde del abismo. Su táctica predilecta es golpear para negociar, y nunca procede a la inversa. Entre más golpe asesta, más frutos obtiene en las negociaciones.
Para contener las exigencias en el Dialogo Nacional, incluso para contener las presiones de Estados Unidos y otros gobiernos, utilizó cualquier pretexto para suspender la dinámica de las negociaciones, y asestar unos cuantos golpes a los tranques.

El gobierno Ortega-Murillo inició una feroz ofensiva contra los tranques, primero atacando furiosamente el poblado de Maderas y Sébaco, después giró y regresó a los barrios orientales de Managua, más adelante continuó contra Ticuantepe y Nindirí, hasta culminar con el desmantelamiento del tranque en la entrada sur de Estelí, etc. Ortega-Murillo han actuado con cierta frialdad estratégica, atacando los tranques uno por uno, golpeando primero lo más débiles hasta poder atacar a los más fuertes.

Si observamos un mapa de Nicaragua, podemos constatar que esta ofensiva tenía el objetivo central de arrebatar el corredor de la carretera panamericana. Necesitaba con urgencia demostrar a los gobiernos centroamericanos y al mundo que todavía mantiene el control de la situación.

Muchos de estos tranques fueron desmantelados, no por falta de coraje y voluntad de lucha de quienes los defendían, sino porque las fuerzas de choque del FSLN, apoyadas y protegidas por la Policía Nacional, al bajarse de sus camionetas entraron disparando sus armas de guerra, matando e hiriendo. Los morteros resultaron insuficientes para contener semejante volumen de fuego y metralla. Era una lucha absolutamente desigual. El repliegue de los luchadores era inevitable. Pero es una retirada en orden, no un aplastamiento militar.
El gobierno Ortega-Murillo se equivoca si cree que el desmantelamiento de algunos tranques significa un cambio en la correlación de fuerzas. La mayoría del pueblo rechaza tajantemente, hoy más que ayer, al gobierno asesino y exige su salida inmediata del poder.

Los objetivos del brutal ataque a Masaya
Al eliminar el tranque de Nindirí, el gobierno Ortega-Murillo despejó la vía y creó condiciones favorables para el posterior ataque despiadado contra la ciudad de Masaya, ocurrido el pasado 19 de junio. Masaya se ha convertido, junto a Jinotepe y León, en baluarte de la insurrección nacional. Fue la primera ciudad en liberarse de la tiranía y la que ha dado el ejemplo de constituir un gobierno local.

Masaya fue bastión de la lucha sandinista en 1979, pero ahora se ha convertido en bastión de la lucha democrática contra el gobierno Ortega-Murillo. Masaya tiene un alto valor emblemático. El asalto contra Masaya no fue, como se esperaba, el ataque final. Los luchadores estaban preparados para una batalla desigual, pero un masivo exterminio de luchadores en Masaya hubiera significado una estocada mortal, a nivel político y diplomático, contra el gobierno Ortega-Murillo, que anda sediento de legitimidad.

Aparentemente, el costoso operativo fue realizado sólo para rescatar el enfermo comisionado Ramón Avellán, pero eso fue un despiste. El operativo militar del 19 de junio tenía tres objetivos.
En primer lugar, con el pretexto de rescatar a Avellan, el gobierno lanzó una ofensiva militar que despejó la carretera Managua-Masaya, no solo para el tránsito de vehículos, sino probablemente para garantizar, aunque sea a medias, una nueva edición de la conmemoración del histórico repliegue de 1979, aunque no llegue hasta el centro de la ciudad de Masaya. El sandinismo, bajo la conducción de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se ha convertido en una especie de iglesia, que le da mucho valor a los iconos sagrados de su pasado revolucionario, es una forma de mantener el control político e ideológico sobre su base. El FSLN necesita recuperar las carreteras de cara a la celebración del 19 de Julio, necesita con urgencia llenar la plaza y cohesionar a sus bases, muy golpeadas por las matanzas.


En segundo lugar, con el operativo se produjo un cambio de soldados en el cuartel de la Policía Nacional

"Por diferentes razones estamos atrapados en viejas definiciones, la principal de las cuales es la hegemonía política estadounidense sobre los discursos legales y políticos concernientes a Palestina".

   Palestina no está ocupada, está colonizada
23 de junio de 2018
 
 
Por Ramzy Baroud 
The Palestine Chronicle
 
Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos.
El 5 de junio de 2018 se conmemora el 51 aniversario de la ocupación israelí de Jerusalén Oriental, Cisjordania y Gaza. Pero a diferencia de la masiva movilización popular que precedió al aniversario de la Nakba (la catastrófica destrucción de Palestina en 1948) el día 15 de mayo, el aniversario de la ocupación apenas genera una movilización similar.
 
La nada sorprendente muerte del ‘proceso de paz’ y la inevitable desaparición de la “solución de los dos Estados” han desviado la atención de la idea de acabar con la ocupación per se hacia el problema más amplio y global del colonialismo de Israel en toda Palestina.
 
Las movilizaciones populares en Gaza y Cisjordania así como entre las comunidades palestinas beduinas del desierto del Naqab están reforzando, una vez más, la conciencia de las aspiraciones nacionales del pueblo palestino. Gracias a la estrecha visión de los dirigentes palestinos, durante décadas estas aspiraciones han quedado confinadas en Gaza y Cisjordania.

En cierto sentido la “ocupación israelí” ya no es una ocupación según los criterios y definiciones internacionales, sino que es una mera fase de la colonización sionista de la Palestina histórica, un proceso que empezó hace más de cien años y que continúa al día de hoy.
 
“El derecho de la ocupación está motivado ante todo por consideraciones humanitarias; sólo los hechos sobre el terreno determinan su aplicación”, afirma la página web del Comité Internacional de la Cruz Roja.
Por cuestiones prácticas solemos utilizar el término “ocupación” para referirnos a la colonización israelí de la tierra palestina, ocupada después del 5 de junio de 1967. Este término permite insistir constantemente en las normas humanitarias que se supone deber regir el comportamiento de Israel como potencia ocupante.
Sin embargo, Israel ha violado, y en muchas ocasiones, la mayoría de las condiciones de lo que constituye una “ocupación” desde la perspectiva del derecho internacional, tal como lo estipulaban las Regulaciones de La Haya de 1907 (Artículos 42-56) y la Cuarta Convención de Ginebra de 1949.
Según esas definiciones, una “ocupación” es una fase provisional, una situación temporal que se supone debe terminar con la implementación del derecho internacional referente a esa situación particular.
 
La “ocupación militar” no significa la soberanía del ocupante sobre el ocupado, no puede incluir la transferencia de ciudadanos de los territorios de la potencia ocupante a la tierra ocupada, no puede incluir la limpieza étnica, la destrucción de propiedades, el castigo colectivo y la anexión.
 
Se suele argumentar que Israel es un ocupante que ha violado las normas de la ocupación tal como lo estipula el derecho internacional. Podría haber sido el caso un año, dos o cinco después de que tuviera lugar la ocupación original, pero no 51 años después. Desde entonces la ocupación se ha convertido en una colonización a largo plazo.
 
Una prueba obvia es la anexión por parte de Israel de territorio ocupado, incluidos los Altos de Golan sirios y el Jerusalén Oriental palestino en 1981. Aquella decisión no respetó el derecho internacional ni el derecho humanitario ni ninguna otra ley.
Durante años los políticos israelíes han debatido abiertamente acerca de la anexión de Cisjordania, especialmente las zonas pobladas con colonias judías ilegales que se construyeron en violación del derecho internacional. Aquellos cientos de colonias que Israel ha ido construyendo en Cisjordania y Jerusalén Oriental no fueron concebidas como estructuras provisionales.
 
La división de Cisjordania en tres zonas, la Zona A, la B y la C, cada una de ellas gobernada según diktats políticos y normas militares diferentes, tiene pocos precedentes en el derecho internacional.
Israel afirma que, contrariamente al derecho internacional, ya no es una potencia ocupante en Gaza; sin embargo, hace once años que impone a la Franja un boqueo por tierra, mar y aire. Desde las guerras israelíes sucesivas que han asesinado a miles de personas hasta el hermético bloqueo que ha llevado a la población palestina al borde de morir por hambre, Gaza subsiste en medio de su aislamiento.
 
Gaza es un “territorio ocupado” sólo nominalmente, sin que se le aplique ninguna de las leyes humanitarias. Solo en las 10 últimas semanas más de 120 manifestantes, periodistas y personal sanitario desarmados han sido asesinados, y han resultado heridas 13.000 personas, a pesar de lo cual tanto la comunidad internacional como el derecho internacional siguen siendo inútiles, incapaces de hacer frente o de desafiar a los dirigentes israelíes o de anular unos vetos estadounidenses igualmente insensibles.
Hace mucho que los Territorios Palestinos Ocupados traspasaron la línea que diferencia estar ocupado de estar colonizado. Pero por diferentes razones estamos atrapados en viejas definiciones, la principal de las cuales es la hegemonía política estadounidense sobre los discursos legales y políticos concernientes a Palestina.
Uno de los principales logros políticos y legales de la guerra israelí contra varios países árabes en junio de 1967 (que se llevó a cabo con el pleno apoyo de Estados Unidos) es el haber redefinido el lenguaje legal y político sobre Palestina.
Antes de aquella guerra la mayor parte del debate estaba dominado por problemas urgentes como el “derecho al retorno” de los refugiados palestinos, el derecho a retornar a sus hogares y propiedades en la Palestina histórica. La guerra de junio cambió totalmente el equilibrio de poder y consolidó el papel de Estados Unidos como principal apoyo de Israel en el escenario internacional.
Varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU se aprobaron para deslegitimar la ocupación israelí: las Resoluciones 242 y 338, y otra Resolución de la que se ha hablado menos pero que es igualmente significativa, la Resolución 497.
La Resolución 242 de 1967 exigía la “retirada de las fuerzas armadas de Israel” de los territorios ocupados en la guerra de junio. La Resolución 338, que siguió a la guerra de 1973, acentuó y clarificó esa exigencia. La Resolución 497 de 1981 fue una respuesta a la anexión por parte de Israel de los Altos de Golán e invalidó dicho acto y lo consideró “carente de valor legal e internacional”. Lo mismo se aplicó tanto a la anexión de Jerusalén como a toda construcción colonial o a cualquier intento por parte de Israel de cambiar el estatus legal de Cisjordania.
 
Pero Israel opera con una mentalidad totalmente diferente.
Teniendo en cuenta que actualmente viven en los “Territorios Ocupados” entre 600.000 y 750.000 judíos israelíes y que la colonia más grande, llamada Modi’in Illit, alberga a más de 64.000 judíos israelíes, al menos hay que preguntarse qué tipo de plan de ocupación militar está implementando Israel.
Israel es un proyecto de asentamiento colonial que empezó cuando a finales del siglo XIX el movimiento sionista aspiraba a crear en Palestina una patria exclusiva para los judíos a expensas de la población originaria de esa tierra.
Nada ha cambiado desde entonces, sólo las apariencias, las definiciones legales y el discurso político. La verdad es que los palestinos siguen sufriendo las consecuencias del colonialismo sionista y seguirán cargando con ese fardo hasta que se afronte con audacia aquel pecado original y se remedie de forma justa.
 
Ramzy Baroud es periodista, escritor y director de Palestine Chronicle. Su próximo libro se titula The Last Earth: A Palestinian Story (Pluto Press, London). Ramzy Baroud tiene un doctorado de la Universidad de Exeter en Estudios Palestinos y es profesor no residente de Centro Orfalea para Estudios Globales e Internacionales, Universidad de California Santa Barbara. Su página web es www.ramzybaroud.net .
Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebelión como fuente de la traducción.

   

"Hoy estamos ante la alternativa: superar el capitalismo o vivir como esclavos en un mundo de ruinas cada vez más insostenible. Vote por quien vote, vote o no, lo esencial es prepararse para lo que se viene y para una dictadura férrea de un capital que no admitirá limitación alguna".


Por Maura Stephens, The Lansing Star, viernes, 22 de junio de 2018

Montour Falls, NY - Apenas unas semanas después de la conclusión de los procedimientos del 14 y 18 de mayo de la sesión internacional del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre los Derechos Humanos, Fracking y Cambio Climático, los 10 jueces internacionales en el panel gobernante emitieron un enunciado preliminar enérgico. 

En él, los jueces afirman que la evidencia presentada durante la sesión por docenas de grupos e individuos de 4 continentes demuestra que el fracking y las industrias relacionadas contravienen los derechos de las personas y de otras especies y ecosistemas, y no accidentalmente. 

Los testimonios, dijeron los jueces, "subrayan que las violaciones de los derechos [humanos] generalmente se planifican e implementan intencionalmente, y también se ocultan cuando es posible y se niegan cuando se exponen".

Además, señalan, los gobiernos apoyan estas prácticas al no proporcionar regulaciones aplicables o recursos judiciales apropiados para las comunidades afectadas,"proporcionando así a las empresas una excusa para operar dentro de un régimen de impunidad".

La condena más acrítica de los jueces vino en el resumen:"La evidencia demuestra claramente que los procesos de fracking contribuyen sustancialmente al daño antropogénico, incluido el cambio climático y el calentamiento global, e implican violaciones masivas de una gama de derechos humanos sustantivos y procesales y los derechos Por lo tanto, la industria no ha cumplido [l] sus obligaciones legales y morales. La evidencia también muestra que los gobiernos, en general, han fallado en su responsabilidad de regular la industria... para proteger a las personas, las comunidades y la naturaleza y en actuar con prontitud y eficacia ante los peligros del cambio climático que representa el fracking".

La Coalición para Proteger a Nueva York, que cubre más de 20 Condados del Nivel Central y del Sur, estuvo entre los que testificaron. Al leer la declaración preliminar, la representante Maura Stephens dijo: "La gente de nuestra región tuvo el honor de ser escuchados en este respetado foro internacional. Esperamos que los jueces, al sopesar nuestra evidencia y los que conviven con nuestro planeta, lleguen a la inevitable conclusión que la industria de los combustibles fósiles causa un daño atroz a los derechos de los humanos y otras especies en la Tierra. Confiamos en que sus opiniones eruditas influirán en alterar radicalmente las políticas de las naciones, aunque EEUU ahora está dominado por las fuerzas corporativas que parecen decididos a condenarnos a la extinción".

La Opinión Consultiva final de los jueces, que llevará meses completar, responderá a 4 preguntas planteadas al Tribunal y evaluará y formulará recomendaciones sobre cómo evolucionar los sistemas jurídicos locales, nacionales e internacionales existentes para garantizar que los derechos de los las personas y la naturaleza están garantizadas; fortalecer el papel de las comunidades locales y los pueblos indígenas para reforzar los derechos inviolables, incluido el de la libre determinación; y unir a los diversos actores que trabajan hacia estos derechos en todo el mundo. 

Los jueces elogiaron deliberadamente al grupo directivo y los organizadores de esta sesión, cuyos esfuerzos extraordinarios hicieron posible con recursos limitados convocar a un grupo dispar de personas de muchos países para presentar pruebas y testimonios ante el panel mundial.


UAC Unión de Asambleas Ciudadanas Contra el Saqueo y la Contaminación
prensa@asambleasciudadanas.org.ar
www.asambleasciudadanas.org.ar
facebook.com/unionasambleasciudadanas
http://twitter.com/prensauac
 
NUEVO 2018 -->(Cuadernillo Sistematización Encuentros de la UAC -PDF-) -->
https://goo.gl/7GXjqB

"Debemos enfrentar una crisis de civilización producida por el capitalismo que no encuentra el modo de salir de una crisis que comenzó en los ochenta del siglo anterior y se prepara a tratar de superarla mediante una guerra que elimine cientos de millones de personas, destruya bienes e industrias obsoletas y concentre como nunca el poder y la riqueza en un mundo bárbaro".

 México y el mundo
22 de junio de 2018


Por Guillermo Almeyra (Rebelión)
Aunque muchos parecen no haberse enterado, México está en el continente americano, junto Estados Unidos, donde tiene millones de trabajadores y está unido al resto del planeta por fuertes relaciones comerciales y por su dependencia del capital financiero internacional. No se puede entender el proceso electoral ni lo que podría suceder en los próximos años con o sin AMLO como presidente si no se entiende cuáles son los intereses y planes del gran capital ni qué efectos tendrá la transformación climática. 
Un ejemplo, mientras para el mundo la disolución de los glaciares y del hielo en los Polos es un tremendo desastre pues cambia la salinidad de los océanos, acaba con cientos de especies marinas, amenaza islas y ciudades costeñas con una grave inundación, desertifica enteras regiones, destruye cultivos y modos de vida milenarios (como el cultivo de vides o de olivares en países como Francia o Italia) y provoca enormes migraciones humanas, para el gran capital es una nueva oportunidad para seguir destruyendo el planeta porque permitirá explotar el petróleo y los minerales del Ártico y de la Antártida y eliminará decenas de millones de pobres, que no son consumidores y crean problemas políticos. Mors tua, vita mea (lo que para ti es mortal, para mí es la base de mi vida) o, como decía un humorista brasileño, para la bacteria la penicilina es una enfermedad…
Estamos en la fase final del capitalismo cuando éste siente ya no tener futuro y se dedica a despojar, robar, guerrear por los recursos escasos, entre ellos el petróleo, los minerales raros, el agua y los capitalistas piensan en emigrar a la Luna o a Marte mientras en los sectores más pobres se agrava la barbarie y el desprecio por la vida humana y la sociedad y cunde la matanza de mujeres como expresión del temor a la reproducción misma de la especie.
Trump es mucho más peligroso que Hitler porque tiene mucho más poder y adversarios más débiles sobre todo después de la derrota sufrida por los trabajadores en todo el mundo a partir de los ochenta. Las consecuencias de una guerra mundial serán además mucho más graves que las de la primera y la segunda guerras mundiales porque esa guerra será atómica y abarcará América del Norte, Europa, Asia e, indirectamente, todos los continentes y podría cesar el tráfico intercontinental marítimo y aéreo. La seguridad alimentaria es, por consiguiente, indispensable y es igualmente fundamental planificar la producción de maquinarias e insumos industriales y de productos de uso para el consumo en los países como México que probablemente será teatro directo de operaciones militares sólo por su petróleo, que Estados Unidos incautará.
Añadamos que la guerra de tarifas iniciada por Washington y la anulación de tratados internacionales rompen el multilateralismo y abren el camino a una guerra comercial y a la ley de la selva en escala internacional. Esas medidas desatan el rearme generalizado y una recesión porque los precios de los bienes importados aumentarán, reduciendo el consumo y, por lo tanto, la producción industrial. Los países pobres, ya afectados por el cambio climático y la pobreza, deberán cargar con una desocupación enorme que no encontrará ya la válvula de escape de la emigración debido a las medidas racistas y xenófobas de los países imperialistas.
El rearme y la guerra de tarifas según los planes de Estados Unidos buscan reducir el ritmo de crecimiento de la economía china y crear de ese modo problemas sociales y políticos al gobierno de Beijing que sin duda alguna reaccionará, como siempre lo ha hecho. Al mismo tiempo, en todos los países, la pérdida de independencia, la crisis económica, la disgregación del Estado y las consecuencias de los crecientes y cada vez más costos desastres ambientales (huracanes, sequías e inundaciones) causarán movilizaciones sociales y migraciones internas que los gobiernos carentes de consenso y a cargo de Estados cada vez más débiles intentarán reprimir.
En los próximos años, por consiguiente, cualquiera sea el presidente de México, deberá hacerse cargo de una semicolonia con una economía semidestruida y que será aún más golpeada y de un Estado en disgregación y controlado por el gran capital extranjero y, a nivel de muchos estados, por la delincuencia organizada que forma parte integrante del capital financiero internacional.

No estamos, por consiguiente, frente a la clásica elección dónde cada seis años los ciudadanos escogen quién los va a oprimir y explotar durante ese sexenio. No se trata de alternar el equipo de capitalistas en el poder. Debemos enfrentar una crisis de civilización producida por el capitalismo que no encuentra el modo de salir de una crisis que comenzó en los ochenta del siglo anterior y se prepara a tratar de superarla mediante una guerra que elimine cientos de millones de personas, destruya bienes e industrias obsoletas y concentre como nunca el poder y la riqueza en un mundo bárbaro. Hoy estamos ante la alternativa: superar el capitalismo o vivir como esclavos en un mundo de ruinas cada vez más insostenible. Vote por quien vote, vote o no, lo esencial es prepararse para lo que se viene y para una dictadura férrea de un capital que no admitirá limitación alguna.


Verificamos que "el capital tiende a concentrarse y a centralizarse en unos pocos millonarios y esto conduce a elevar la tasa de desempleo y a una mengua sin pausa de los salarios de los trabajadores".

La autoridad política global 
del capitalismo transnacional
22 de junio de 2018

Por Homar Garcés (Rebelión)
La humanidad se halla en una situación en que los niveles de precariedad, pobreza y desempleo se han incrementado considerablemente, causando, entre otros efectos negativos, que el trabajo asalariado ya no sea considerado como un medio de subsistencia para cualquier persona o familia que no posea recursos. De manera simultánea, en muchas regiones del planeta se observa cómo el capital tiende a concentrarse y a centralizarse en unos pocos millonarios y cómo esto conduce a elevar la tasa de desempleo y a una mengua sin pausa de los salarios de los trabajadores.

Como contrapartida, algunos economistas recomiendan la dolarización de las economías depauperadas -especialmente en los países de nuestra América- como una opción válida y prácticamente única para salir de la situación crítica en que éstas se hallan, lo cual, aparte de ser inconstitucional en algunas de estas naciones, vulnera la soberanía monetaria e involucraría la desnacionalización de las principales actividades económicas generadoras de divisas, así como un endeudamiento externo, lo que -en perspectiva- avalaría la inversión extranjera privada y, con ella, la salida a la crisis.

Esto no obvia la autoridad política global ejercida por el capitalismo transnacional, a pesar de enfrentar circunstancias que escapan a su control, como la creciente influencia de China y Rusia en el mercado mundial. Por ello se recurre a “golpes blandos”, “rebeliones de colores”, asesinatos selectivos, imposición de bloqueos, sanciones extraterritoriales, campañas de desinformación masivas, sabotaje de las líneas de telecomunicaciones y formas abiertas y encubiertas de intervención que, con la complicidad de grupos internos afines, terminen por doblegar a las naciones que osen manejarse en un sentido contrario a sus intereses, en una guerra no convencional o asimétrica que escasamente merece la atención de los organismos multilaterales encargados de velar por que ello no ocurra. Elementos constitutivos -a gran escala- de la guerra irrestricta en fase de desarrollo que tiene como principal propulsor al gobierno de Estados Unidos, a fin de asegurar así su hegemonía total e indiscutible en el mundo.

En el libro “10 años de crisis. Hacia un control ciudadano de las finanzas” de ATTAC España, se resume que, al presente, “vivimos en una sociedad donde interactúan muchos actores: Ciudadanía, Mercado, Empresas, Finanzas, Comercio Internacional, Estados, Familias, Comunes y Tierra, todos ellos conformando un complejo escenario en el que el papel que se le asigna a cada uno de ellos condiciona y puede condicionar nuestra vida presente y futura. La sociedad se ve amenazada cuando uno de sus componentes, que se ha convertido en hegemónico, domina y esclaviza a todos los demás, impone sus demandas y puede subordinarlo todo a su expansión indefinida. La sociedad actual, por más democrática que se imagine a sí misma, está experimentando también el yugo de un sector poderoso dispuesto a llevar su ventaja tan lejos como le parezca. Esta fuerza, que ignora los límites, son las finanzas globalizadas, a las que llamamos ‘casino’ en el sentido de que la gestión del riesgo y el juego tienen algunos puntos en común”.

En medio de semejante panorama, nuestra América (considerada desde hace dos siglos por Estados Unidos como su “legítimo” patio trasero) es foco de la atención de los grandes consorcios transnacionales, seducidos por la posibilidad nada remota de poder controlar no solamente las economías dependientes de estos países sino también su biodiversidad y demás recursos estratégicos. Tratar de neutralizar este unilateralismo globalizador, exige una reelaboración consciente de experiencias compartidas y protagonizadas desde abajo por los sectores populares, evitando que éstos continúen catequizados como agentes involuntarios de la reproducción del sistema de valores de su propia dominación, discriminación y explotación; condicionados a existir en un estado de resignación permanente. 
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=243238

Comprobemos que el capitalismo está tendiendo a avasallar por completo a los trabajadores en el mundo entero.

Los derechos de la clase trabajadora 
en el mundoun resumen
22 de junio de 2018


Por Miguel Salas (Sin permiso)
El informe anual de la Confederación Sindical Internacional (CSI) merece la atención para conocer la situación de los derechos de la clase trabajadora. La realidad es que están en retroceso y España aparece como uno de los países denunciados por la represión y por el ataque al derecho de huelga.
* El número de países que denegaron o reprimieron la libertad de expresión se ha incrementado, pasando de 50 en 2017 a 54 en 2018.
* Intereses comerciales liderados por la Cámara de Comercio de los EE.UU. ejercieron una fuerte influencia sobre los Gobiernos en ciertos países, incluyendo Moldova y Rumania, socavando la negociación colectiva. Las prácticas antisindicales de Samsung desplegando tácticas para denegar a los trabajadores/as la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva quedarían al descubierto en documentos incautados en sus oficinas en Corea.
* El 81 por ciento de los países han vulnerado el derecho de negociación colectiva. El poder de la democracia para cambiar las reglas quedó de manifiesto con los nuevos Gobiernos electos en Islandia, Canadá y Nueva Zelandia actuando en interés de los trabajadores/as, con la introducción de leyes para salvar la brecha salarial de género, la concesión de permisos remunerados a las víctimas de la violencia doméstica, incrementos salariales para los trabajadores/as de cuidados y la derogación de legislaciones laborales represivas.
* Los diez peores países para los trabajadores y las trabajadoras en 2018 son Argelia, Bangladesh, Camboya, Colombia, Egipto, Guatemala, Kazajstán, Filipinas, Arabia Saudita y Turquía.
* Haití, Kenya, Mauritania, Macedonia y España tuvieron una peor clasificación en 2018, debido al aumento de los ataques contra los derechos de los trabajadores/as, tanto en la ley como en la práctica.
* En 2018, fueron asesinados sindicalistas en nueve países: Brasil, China, Colombia, Guatemala, Guinea, México, Níger, Nigeria y Tanzania; y el número de países donde los trabajadores se exponen a ser víctimas de asesinatos, violencia física, amenazas de muerte e intimidación, ha aumentado considerablemente, pasando de 59 en 2017 a 65 en 2018. Tan solo en Colombia, 19 sindicalistas fueron asesinados durante el año.
* El número de países donde se registraron detenciones y arrestos arbitrarios de trabajadores ha aumentado, pasando de 44 en 2017 a 59 en 2018.
* Incluso en países con una fuerte tradición democrática, como España, las autoridades reprimieron acciones de huelga pacíficas y procesaron a dirigentes sindicales utilizando disposiciones legales franquistas. En el 87 por ciento de los países se ha vulnerado el derecho de huelga.
* El número de países donde los trabajadores sufrieron actos de violencia pasó de 59 en 2017 a 65 en 2018
* Se están produciendo cambios a nivel mundial en cuanto a las condiciones de trabajo. En 65 por ciento de los países se excluye a los trabajadores del derecho a establecer o afiliarse a un sindicato, lo que representa un incremento respecto al 60 por ciento en 2017.
* Amazon, una plataforma de comercio electrónico, ha sido acusada de establecer condiciones de trabajo intolerables en empleos mal pagados e inseguros en sus almacenes en el Reino Unido y EE.UU. En sus centros logísticos en Italia, Alemania y España se registraron diversas huelgas reclamando mejores salarios y condiciones.

viernes, 22 de junio de 2018

“Solicitamos que se rescinda en forma inmediata el convenio con la CTSA (Benetton) y no se vuelvan a establecer nuevos convenios o vínculos en tanto se mantengan la causas que fundamentan la actual solicitud. Lo hacemos con el convencimiento de que esta acción será un aporte valioso en el camino de reparación de tantos años de injusticia, despojos e invisibilización de los pueblos indígenas”.

Chau Benetton de la UBA
22 de junio de 2018

Por Darío Aranda
lavaca.org
No fue el gobierno de Chubut. No fue el gobierno nacional. Tampoco el Poder Judicial. Mucho menos los grandes medios de comunicación. Benetton, multinacional que es la mayor dueña de tierras de Argentina (un millón de hectáreas), recibió un cuestionamiento tan inesperado como simbólico: la Facultad de Agronomía de la Universidad e Buenos Aires (Fauba) canceló el convenio de cooperación con la empresa.
La respuesta a una pregunta
La desaparición de Santiago Maldonado en terrenos de Benetton se dio en el marco de la represión a la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen. El caso repercutió en la agenda social, mediática y política. “¿Dónde está Santiago Maldonado?”, se transformó en campaña nacional. Organismos de derechos humanos y comunidad indígenas (entre otros actores) de un lado. El Gobierno Nacional, con la ministra Patricia Bullrich al frente, respaldaron a la Gendarmería y su represión.
La Fauba no estuvo ajena a la desaparición de Maldonado. Hubo charlas, manifestaciones, pedidos de justicia. En ese marco, la fuerza estudiantil Abriendo Caminos denunció que la Facultad mantenía un convenio de cooperación con la multinacional, que en Argentina opera con la figura legal de Compañía de Tierras del Sud Argentino (CTSA) y cuenta con siete estancias, 900 mil hectáreas distribuidas en cuatro provincias (Buenos Aires, Río Negro, Chubut y Santa Cruz). Benetton es el mayor propietario privado de la Argentina.
MU accedió al contrato en diciembre pasado. “Convenio específico de asistencia técnica entre Compañía de Tierras Sud Argentino S.A. y la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires”, es el título formal de expediente, de seis carillas, donde firman Diego Eduardo Perazzo (directivo de la empresa) y el decano Rodolfo Golluscio. La cláusula primera establece el objetivo del contrato: “Se planea llevar a cabo una evaluación sistemática de la disponibilidad de recursos forrajeros a los largo del año y proponer un plan de manejo de pastoreo de pastizales patagónicos (…) Se buscará mejorar la cantidad y la calidad de a producción ganadera”. Específica que “la evaluación de los recursos se basará en el procesamiento de imágenes digitales provistas por distintos tipos de satélites”.
Precisa que los productos finales serán tres informes con la descripción del “estado de los recursos y detalles del plan de manejo” que se entregarán luego de las tres visitas a los campos de Benetton (meses estimados de enero, abril y septiembre).
El segundo punto señala que la Facultad brindará capacitación a personal de la empresa y contempla la posibilidad de pasantías con estudiantes de grado y postgrado. La tercera cláusula señala que el responsable técnico del proyecto es el mismo decano de la Fauba, Rodolfo Golluscio, “quien deberá entregar un informe final de actividades y resultados”.
La empresa abonó 96.000 pesos en tres cuotas de 32.000. Autoridades de la Fauba argumentan que los montos bajos (96.000 pesos) serían prueba de que los convenios no condicionan a la Facultad. Pero otros sectores lo interpretan de forma opuesta: hasta por poca plata se dejan condicionar. El fondo del asunto es la universidad pública y su relación con el sector privado. Y un hecho objetivo: trabajar junto a una multinacional denunciada por violar derechos indígenas.
El contrato con Benetton fue muy cuestionado por la agrupación estudiantil Abriendo Caminos, también (aunque más diplomáticamente) por el Frente Amplio por una Nueva Agronomía (FANA).
Resistencias académicas
El Grupo de Estudio y Trabajo junto a comunidades Qom (GET-Qom) de la Fauba, conformado por docentes y estudiantes de la Facultad, solicitó formalmente en febrero la suspensión del convenio entre la Facultad y Benetton. El GET-Qom trabaja hace años junto a la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera) de Formosa.
En un carta dirigida al decano Rodolfo Golluscio cuestionaron que “los convenios entre la Fauba y la CTSA del grupo Benetton se desarrollan sin ningún tipo de cuestionamiento, histórico, social ni político, reproduciendo una formación acrítica de sus estudiantes de grado y posgrado sobre los alcances de las acciones, investigaciones y publicaciones que se generan, avalando de esta forma una historia de genocidio, despojo e injusticia que se mantiene en el tiempo”.
El pedido de rescisión se basó en fundamentos histórico-políticos respecto al despojo del territorio mapuche. Citan la investigación del historiador Ramón Minieri (libro “Ese ajeno sur”) donde aporta pruebas de la ilegitimidad del título original de esas tierras (adquirido en 1991 por Benetton).
También recuerdan la vigencia de legislación que debiera proteger a los pueblos indígenas. Desde la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17), hasta la Ley 26160 (freno a los desalojos) y el Convenio 169 de la OIT.
“Los convenios de Fauba-Benetton implican el desconocimiento de los antecedentes históricos y de la legislación existent e, vulnerando de ese modo derechos de los pueblos indígenas en cuanto al acceso a los territorios ancestrales y a sus recursos naturales, así como el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado. De manera que se es partícipe voluntario o involuntario, de la disgregación de un pueblo originario, de la pérdida de sus territorios, de su cultura, de su lengua y de sus prácticas ancestrales dificultando la reproducción de su vida cotidiana”, resalta el escrito presentado ante las autoridades de la UBA.
Los integrantes de el GET-Qom afirmaron que la universidad pública tiene como misión y obligación que los frutos de su investigación y extensión estén, en primer lugar, al servicio de los sectores más vulnerables, excluidos, como lo son los pueblos indígenas y los pequeños campesinos, y no al servicio de las grandes compañías que vulneran los derechos de los sectores populares del campo.
Valorizaron que durante la gestión de Golluscio se apoyó el trabajo de docentes junto a comunidad indígenas y campesinas, y por ese mismo motivo consideraron coherente la necesidad de que la Fauba no trabaje junto a Benetton y otras empresas denunciadas por la violación de derechos indígenas.
El escrito, de cuatro páginas, finalizaba: “Solicitamos que se rescinda en forma inmediata el convenio con la CTSA (Benetton) y no se vuelvan a establecer nuevos convenios o vínculos en tanto se mantengan la causas que fundamentan la actual solicitud. Lo hacemos con el convencimiento de que esta acción será un aporte valioso en el camino de reparación de tantos años de injusticia, despojos e invisibilización de los pueblos indígenas”.
El debate
El Consejo Directivo emitió dos dictámenes. Uno de mayoría, presentado por los consejeros profesores de la gestión (encabezado por Golluscio) que proponía renovar el convenio. Otro, de minoría, presentado por consejeras representantes de graduados (de la lista llamada “Integración”) y que pidió la rescisión.
Sobre dieciséis integrantes, sólo tres votos se inclinaban por la cancelación del contrato (consejeros de graduados y estudiantil -por el FANA-).
Desde el GET-Qom ya consideraron un triunfo que la Fauba debata, por primera vez, el accionar de una empresa denunciada por pueblos indígenas. Y comenzaron a buscar apoyos extra universidad. De inmediato se sumaron entidades que trabajan junto a pueblos indígenas, investigadores y organismos de derechos humanos: Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), Grupo d Apoyo Jurídico al Acceso a la Tierra (Gajat), Grupo de Filosofía de la Biología (UBA) y el Instituto de Ciencias Antropológicas (Facultad de Filosofía y Letras de la UBA), entre otros.
El tratamiento del convenio en el Consejo Directivo de la Fauba comenzó a hacer cada vez más ruido. La sesiones son abiertas y las críticos prometían llenar la sala. Dos adhesiones terminaron por inclinar la balanza: el Premio Nobel de la Paz y titular del Serpaj, Adolfo Pérez Esquivel, envió una carta pidiendo la suspensión del convenio. Y, el último día, Verónica Heredia (abogada de la familia Maldonado) avisó que Sergio (hermano de Santiago) también apoyaba el pedido de cancelar el convenio.
El martes 5 de junio fue el día de sesiones. La flamante decana, Marcela Gally, informó la situación y, sobre tablas, presentó un tercer dictamen. Planteó una fundamentación pro empresaria: “El valor académico del convenio ha sido sumamente valioso desde el punto de vista de generación de conocimiento científico, así como en la formación de recursos humanos”. Defendió el trabajo junto a Benetton.
El dictamen de la decana excusó a la Facultad en su accionar, pero también pidió la no renovación del contrato.
Fue votado por unanimidad (el Grupo GET-Qom rechazó la fundamentación).

Pro-Empresa
-El decano saliente y responsable técnico del convenio, Rodolfo Golluscio, reconoció que ya había avanzado en la renovación del contrato (aún sabiendo que se debía aprobar en el Consejo Directivo). Lamentó que se haya votado la cancelación y pidió que no se diera publicidad a la decisión.
-La consejera estudiantil por la agrupación Línea de Agronomía Independiente (LAI, de derecha) cuestionó con enojo que la sociedad opine sobre el accionar de la Facultad y, más enojada aún, rechazó que la universidad pública tome decisiones según lo que sucede fuera de la isla universitaria.
-La vicedecana, Adriana Kantolic, se expresó en contra de la cancelación del convenio. Incluso acusó a los solicitantes de haber tergiversado información para obtener el apoyo de Pérez Esquivel y de organizaciones indígenas. Kantolic, defensora del modelo transgénico, es la responsable técnica de otros convenios con empresas, entre ellas la cuestionada Monsanto.
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=243191

"Exigimos al sr. Emiliano Blanco, director nacional del Servicio Penitenciario, que se expida rápidamente frente al deterioro masivo de la salud de nuestro Lonko Facundo Jones Huala preso injustamente . Como pueblo originario preexistente a su república, y haciendo hincapie en las distintas leyes nacionales e internacionales, que garantizan derechos políticos, culturales y humanos, los cuales han sido violados y no respetados".

Nación Mapuche: Organizaciones sociales y de DD.HH. entregaron una carta al Servicio Penitenciario y a la Casa de Chubut por Facundo Jones Huala


Por Sebastian Polischuk/ Resumen Latinoamericano/ 21 de junio de 2018.

Durante el mediodía de hoy jueves 21 de junio, representantes del Encuentro Memoria Verdad y Justica, fueron a entregar una carta a la Casa de Chubut de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para exigir por la inmediata libertad del lonko Facundo Jones Huala, quien está detenido injustamente en Esquel y hace casi un mes se encuentra en huelga de hambre, donde además hace unos días ante la falta de respuesta a sus reclamos había dejando de injerir líquidos hasta el día de ayer.
Posteriormente durante ese mismo día, el Comité por l@s Pres@s Indígenas junto a distintas agrupaciones, representantes del mismo Encuentro, y la Marcha de Mujeres Originarias por el Buen Vivir, fueron a llevarle otra carta al Servicio Penitenciario Federal (ubicado también en Buenos Aires) por el mismo motivo y para que al lonko, además lo dejen celebrar el Wiñoy Tripantu (año nuevo mapuche).

Carta al Servicio Penitenciario:
Las organizaciones convocantes exigimos al sr. Emiliano Blanco, director nacional del Servicio Penitenciario, que se expida rápidamente frente al deterioro masivo de la salud de nuestro Lonko Facundo Jones Huala preso injustamente .
Como pueblo originario preexistente a su república, y haciendo hincapie en las distintas leyes nacionales e internacionales, que garantizan derechos políticos, culturales y humanos, los cuales han sido violados y no respetados , exigimos que se reconozca su espiritualidad y deje de ser discriminado por exigirla.
Realizamos esta demanda dada la situación de salud en la que se encuentra el Lonko Facundo Jones Huala que desde el día 30 de mayo comenzó una huelga de hambre, se le suma desde el sábado 16 de junio la decisión de no ingerir líquidos en la Unidad 14 de Esquel donde está encarcelado.
Exigimos en la U14 de Esquel las condiciones necesarias para la ceremonia de celebración del Wiñoy Tripantu (“año” nuevo Mapuche) que el Lonko necesita para su fortalecimiento . Si bien el servicio penitenciario autorizó la realización del wiñoy Tripantu dentro del penal solo se accedió a que un número muy pequeño de personas puedan ingresar, las que no alcanzan para que la ceremonia se realice correctamente. Además que las condiciones carcelarias a las que es sometido el Lonko no son acordes a un preso político.
Afirmamos y acompañamos el pedido que solicita con la huelga el hermano, cese de la persecución de la justicia contra Fausto Jones Huala y Lautaro González. Quienes bajaron el cuerpo de Rafael Nahuel malherido en la represión de prefectura el 25 de noviembre de 2017 en el Mascardi. La justicia libró órdenes de captura a los Mapuche, mientras que al prefecto identificado que disparó y dio muerte a Rafael hasta el momento no lo han citado a declarar denunció la vocera.
Hacemos responsables al juez Villanueva y a todos los jueces que tienen y tuvieron injerencia en las distintas causas que involucran a miembros del pueblo Mapuche y del Lonko, al ministro de justicia y derechos humanos Germán Garavano, a la ministra de seguridad Patricia Bullrich, al presidente Mauricio Macri y a los responsables del servicio penitenciario dirigido por el sr Emiliano Blanco de la vida y la integridad física del Lonko, su familia y su comunidad!


Audio luego de haber podido entregar la carta:

Invitamos a "que agregue el nombre de su organización a una carta importante de la sociedad civil global que reitera nuestra oposición inequívoca al régimen de ISDS y los derechos de gran alcance para los inversores extranjeros consagrados en los tratados de comercio e inversión".

Carta a los gobiernos que son miembros de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), ya que participarán en la próxima etapa de un debate sobre la "reforma" del ISDS.

Estimada(o)s compañera(o)s:
Les escribimos para pedirles que agregue el nombre de su organización a una carta importante de la sociedad civil global que reitera nuestra oposición inequívoca al régimen de ISDS y los derechos de gran alcance para los inversores extranjeros consagrados en los tratados de comercio e inversión. Esta carta se enviará a los gobiernos que son miembros de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), ya que participarán en la próxima etapa de un debate sobre la "reforma" del ISDS.
Dado que muchos gobiernos cuestionan cada vez más la legitimidad del sistema ISDS, los bufetes de abogados y los beneficiarios corporativos del régimen y algunos gobiernos que respaldan dicho sistema intentan desesperadamente defenderlo, como también al sistema de tratados de inversión. Proponentes podrían intentar paralizar el debate de la CNUDMI para mantener el estatus quo o promover medidas a medias en torno a los márgenes que no abordan los defectos fundamentales de ISDS. Por ejemplo, la Comisión Europea ha elegido este Grupo de Trabajo de la CNUDMI con el propósitode impulsar su propuesta de una "corte multilateral de inversiones" (MIC por sus siglas en inglés), que en realidad podría institucionalizar y formalizar el sistema ISDS. Después de las dos primeras reuniones del grupo de trabajo de reforma de UNCITRAL ISDS, quedó bastante claro que la Unión Europea es la más avanzada y organizada en preparar el terreno para impulsar su "solución" a los problemas y preocupaciones identificados en la primera etapa de la discusión.
Por lo tanto, es muy importante asegurarse de que otros gobiernos de la CNUDMI entiendan los peligros de la propuesta de MIC de la UE, así como otros ajustes o medidas parciales que podrían proponer los partidarios de ISDS para declarar que el ISDS ha sido "reparado".
El 28 y 29 de junio de 2018 se celebrará una reunión de la CNUDMI para aprobar el primer informe del grupo de trabajo y luego habrá una tercera reunión del grupo de trabajo del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2018 en Viena, Austria. Nos gustaría enviar un fuerte mensaje de la oposición global al ISDS.
Por favor, agregue su organización tan pronto como sea posible, para que podamos enviar un mensaje firme a los gobiernos antes de la reunión de fin de junio. La primera fecha límite para adhesiones de las organizaciones será el martes 26 de junio de 2018. Para agregar su organización, visite  bit.ly/cartaCNUDMI

Una vez que firme, invite a otras organizaciones asociadas que también se adhieran, en especial las organizaciones provenientes de uno de los 60 gobiernos miembros de la CNUDMI.
Si tiene preguntas o comentarios, no duden en comunicarse con nosotros.
Atentatmente,
Public Citizen, Amigos de la Tierra Europa, Centro para el Derecho Ambiental Internacional, Trade Justice Pilipinas, SOMO, Client Earth y otros



TEXTO DE
 LA CARTA:
Como representantes de las organizaciones de la sociedad civil global, reiteramos nuestra oposición inequívoca al régimen de solución de controversias inversionista-Estado (ISDS por sus siglas en inglés) y los derechos de gran alcance para los inversionistas extranjeros consagrados en los tratados de comercio e inversión. Los arbitrajes internacionales (ISDS) y el régimen de tratados de inversión facultan a solo una clase de intereses -empresas e inversionistas multinacionales- para demandar a los gobiernos fuera de los sistemas judiciales nacionales por cantidades ilimitadas de compensación, incluyendo la pérdida de los beneficios futuros esperados. Una amplia gama de leyes nacionales, fallos judiciales, regulaciones y otras acciones gubernamentales están sujetas a tales ataques, incluidas las políticas no discriminatorias promulgadas para promover el bienestar público.
En los últimos años, esta característica antes poco conocida del régimen de comercio e inversión internacional ha recibido cada vez más críticas: un creciente coro de funcionarios gubernamentales de todo el espectro político, pequeñas empresas, académicos, juristas, organizaciones de la sociedad civil y sindicatos de todo el mundo han proclamado públicamente su oposición a ISDS y han instado a los gobiernos a salir del régimen. Como el número de casos de ISDS presentados cada año se ha disparado y las corporaciones han ganado miles de millones en ataques a una asombrosa variedad de políticas que promueven el bienestar general, algunos gobiernos han comenzado a terminar tratados que incluyen ISDS y rechazan nuevos acuerdos de comercio e inversión que otorgan derechos excesivos y acceso a ISDS a inversionistas extranjeros.
En el contexto de esta merecida reacción global contra ISDS, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) --un órgano de la ONU que históricamente ha tratado asuntos comerciales internacionales y está fuertemente dominado por la industria del arbitraje-- lanzó el Grupo de Trabajo III para "identificar y considerar las preocupaciones con respecto a ISDS; considerar si la reforma era deseable a la luz de cualquier preocupación identificada; y, si el Grupo de Trabajo llegara a la conclusión de que la reforma era deseable, desarrollaría cualquier solución pertinente que se recomendara a la Comisión." Felicitamos a los gobiernos miembros de la CNUDMI por reconocer que el actual régimen ISDS es políticamente y económicamente insostenible.
Sin embargo, después de dos reuniones del proceso del Grupo de Trabajo III de la CNUDMI, quedó claro que el alcance del debate no llega a abordar los defectos fundamentales de un régimen de inversión internacional que faculta a una clase de sociedad ya poderosa -los inversionistas extranjeros- a impugnar las leyes de interés público fuera de los tribunales nacionales. Si bien coincidimos con muchas de las críticas planteadas por los gobiernos en las discusiones de la CNUDMI relacionadas a los defectos de procedimiento del sistema ISDS existente --- incluyendo los altos costos para los gobiernos y la falta de transparencia de los procedimientos, la falta de coherencia de los laudos, la incapacidad de revisar los méritos incluso de las adjudicaciones manifiestamente defectuosas, el proceso altamente problemático de nombramiento de árbitros, la falta de requisitos éticos de los árbitros y los efectos perversos del financiamiento de arbitraje por terceros: estas críticas representan solo un pequeño subconjunto de los muchos defectos y peligros de ISDS y el régimen de tratados de inversión.
A menos que se considere este régimen en su totalidad, incluido si logra sus objetivos, y salvo que se eliminen los derechos corporativos sustantivos de gran alcance en los tratados subyacentes, el proceso del Grupo de Trabajo III de la CNUDMI no dará lugar a ningún cambio significativo.

Rechazamos específicamente los intentos de la Unión Europea de impulsar un proyecto de "corte multilateral de inversiones" como una "solución" en el proceso del Grupo de Trabajo III de la CNUDMI. Esta propuesta de la UE no sólo no aborda la mayoría de los defectos fundamentales de ISDS y el actual régimen de tratados de inversión, sino que parece diseñada para mantener intactas muchas de las características (y fallas) más dañinas de ISDS. Los cambios de procedimiento propuestos por la UE no limitarían los derechos sustantivos extraordinarios otorgados únicamente a los inversionistas extranjeros que van más allá de las leyes nacionales pertinentes. Y, lo más fundamental, la propuesta de la UE continuará permitiendo a los inversionistas extranjeros desafiar las políticas no discriminatorias, incluidas las que salvaguardan la salud pública, preservan el medio ambiente y promueven las normas laborales, fuera de los tribunales nacionales de los países. Tal "tribunal multilateral de inversiones" encerraría efectivamente el régimen de tratados de inversión en un momento en que los gobiernos están sabiamente considerando retirarse por completo.

En lugar de centrarse en ajustes de procedimientos en los márgenes del sistema ISDS, los gobiernos de la CNUDMI deberían esforzarse por debatir sobre cómo alejarse del sistema actual de tratados de inversión. Por lo tanto, un enfoque más constructivo para la CNUDMI sería concentrarse en los problemas estructurales del régimen de tratados de inversión y facilitar un debate sobre la terminación o la sustitución total de los acuerdos existentes sin que los países estén sujetos a las cláusulas de "supervivencia" extendidas.

Hacemos un llamado a nuestros gobiernos para que se abstengan de firmar nuevos pactos comerciales y de inversión que incluyan estos derechos extraordinarios para los inversionistas extranjeros, que rescindan los tratados vigentes de ISDS y que utilicen el proceso de la CNUDMI para abordar los problemas fundamentales del sistema actual. Esto significa que los gobiernos deben rechazar la propuesta de la "corte multilateral de inversiones" de la UE, el establecimiento de un mecanismo de apelación o cualquier otro intento de institucionalizar o afianzar aún más el régimen de arbitraje de inversión.
Sinceramente,
Para agregar su organización: bit.ly/cartaCNUDMI