Se agrava situación de represión y criminalización contra
movimientos sociales, organizaciones y mujeres defensoras de derechos humanos
en Honduras
6 de octubre de 2017
Consideramos que el
pasado viernes 8 de septiembre la situación llegó a su límite cuando las
fuerzas de seguridad del Estado hondureño, tras reprimir con lujo de violencia
y detener arbitrariamente a dieciséis integrantes del Movimiento Estudiantil
Universitario (MEU) que mantenían una manifestación pacífica en la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras-CU, interceptaron, zarandearon con una
grúa y tiraron gases lacrimógenos al interior del bus facilitado por el
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) para que defensores y
defensoras de derechos humanos acudieran a observar y documentar la situación. En el bus
se encontraban Hedme Castro, directora de la Asociación por una Ciudadania
Participativa (Aci-Participa) y Tommy Morales, comunicadora y parte de la
Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras, ASOPODEHU y la Red Nacional de
Defensoras de DDHH en Honduras. Ambas defensoras tuvieron que ser
hospitalizadas por los efectos en su salud de los gases lacrimógenos y Tommy
Morales quedó sujeta a un proceso de judicialización.
El ataque directo
contra quienes llevan a cabo la labor de acompañar y vigilar el cumplimiento de
las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos es una expresión del
cierre del espacio cívico, la regresión autoritaria y el incumplimiento
flagrante de los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el
Estado de Honduras. Agresiones como esta tienen el objetivo de inhibir la
protesta social y la labor de defensa de derechos humanos y allanar el camino
para nuevos y más graves actos de represión.
Este ataque no es un
hecho aislado, sino sólo una expresión más de una progresiva escalada de
violencia y represión contra defensoras de derechos humanos en Honduras que
deja a la ciudadanía en una situación de extrema vulnerabilidad. En tan sólo 3
meses, desde junio de 2017, desde la IM-Defensoras hemos emitido catorce
Alertas Urgentes por agresiones sufridas por mujeres defensoras, sus
organizaciones y comunidades:
Movimiento estudiantil
de la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH):
- Agresión,
detención arbitraria y criminalización contra las defensoras Hedme Castro
y Tommy Morales durante desalojo UNAH (12/09/2017)
- Detención
arbitraria con uso excesivo de fuerza contra estudiantes de UNAH (08/09/2017)
- Desalojo
policial con violencia al campamento de estudiantes de UNAH en huelga de
hambre(16/08/2017)
- Agresión,
detención y criminalización a estudiantes de la UNAH-CU durante toma
pacífica(17/06/2017)
·
Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH):
- Criminalización
de Miriam Miranda, coordinadora general de OFRANEH (06/09/2017)
- Criminalización
de defensoras garífunas del territorio integrantes de OFRANEH (06/08/2017)
- Amenazan
con clausurar la Radio Comunitaria Garífuna Waruguma en Trujillo (27/08/2017)
·
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ):
- Detenciones
arbitrarias de defensoras del derecho al agua en Pajuiles (15/08/2017)
- Detención
arbitraria de Angélica Recinos e integrantes del campamento Digno por el
Agua y por la Vida en Pajuiles(10/08/2017)
·
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de
Honduras (COPINH):
- Atentado
contra Bertha Zuniga, hija de Bertha Cáceres y actual coordinadora del
COPINH(02/07/2017)
- Criminalización
a integrantes de comunidad “La Jarcia”, miembra de COPINH (19/06/2017)
·
Otras defensoras del territorio:
- Criminalización,
difamación y estigmatización contra Dinia Yasmin Sarmiento Suárez y Suany
Ibeth Sánchez Argueta de
- Detención,
trato cruel e inhumano y criminalización contra Cristian Marisol
Hernández, defensora en Villa de San Francisco (30/08/2017)
- Amenazas,
criminalización y represión contra defensoras del derecho a la salud y el
territoriode Villa San Francisco (28/08/2017)
La mayoría de estas
agresiones han sido perpetradas por agentes del Estado, concretamente por
fuerzas de seguridad, y casi todas incluyen uso excesivo de la fuerza,
detención arbitraria y/o judicialización. En los casos en los que los agresores
no fueron agentes estatales, las autoridades correspondientes no hicieron nada
para asegurar la seguridad y acceso a la justicia de las defensoras afectadas,
ni aplicaron la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos
Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.
Especialmente
preocupantes son las agresiones que han sido dirigidas contra defensoras que
anteriormente han sido objeto reiterado de ataques, como en los casos de Miriam
Miranda, coordinadora de la OFRANEH, o Madeline Martina David, integrante de la
misma organización. Cabe recordar que el asesinato de Berta Cáceres vino
precedido de una serie de agresiones con un perfil y un patrón no muy
diferentes al de Miriam Miranda, quien pese a su reconocimiento internacional
sigue siendo objeto de persecución y judicialización como una forma de coartar
su ejercicio como defensora.
Todo ello configura un
panorama muy preocupante, en el que vemos como pese a los reiterados llamados
de la comunidad internacional para que se respeten los derechos humanos en
Honduras, persiste y se afianza la política activada a partir del Golpe de
Estado de 2009 de persecución y represión sistemática contra los movimientos
sociales y contra quienes defienden derechos humanos, poniendo muchas veces a
las instituciones públicas de seguridad y justicia al servicio de terratenientes
o empresas privadas, nacionales o trasnacionales, con el fin de proteger sus
intereses económicos en detrimento de los derechos colectivos e individuales de
los y las hondureñas.
Para las mujeres
defensoras de derechos humanos el panorama es aún más preocupante, pues la
discriminación y la violencia de género generan riesgos adicionales para las
mujeres activistas, quienes juegan un papel cada vez más preponderante y
visible al frente de los diversos movimientos sociales o en la primera línea de
las luchas por el territorio. Las mujeres defensoras realizan su trabajo en un
contexto de misoginia plasmada en los intolerables índices de femicidio y
violencia contra las mujeres, o en las políticas públicas que restringen el
derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y su sexualidad. Entre 2012
y 2016 la IM-Defensoras ha documentado 1,128 agresiones y 13 asesinatos de
defensoras de derechos humanos en el país.
Ante ello, desde la
IM-Defensoras y la Red
Nacional de Defensoras de DDHH en Honduras hacemos un llamado
a la opinión pública y a las organizaciones e instancias internacionales de
derechos humanos para que mantengan su atención en la situación de Honduras y
se unan a la exigencia de que el Estado cumpla con su obligación de garantizar
el derecho a defender derechos y la seguridad e integridad de quienes lo
ejercen.
A tal fin es
indispensable que el Estado hondureño ponga fin a la impunidad en la que siguen
los asesinatos de mujeres defensoras y asegure el acceso a la justicia de las
que han sido víctimas de agresiones; que se abstenga de difamar y criminalizar
a las mujeres defensoras y asegure las condiciones necesaria para fortalecer la
participación política de las mujeres y su imprescindible contribución a la
justicia y la igualdad.
Atentamente,
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