Conferencia de prensa de la CPM y
familiares del joven desaparecido
Santiago Maldonado
4 de agosto
de 2017
Aparición
con vida de Santiago Maldonado fue el reclamo unánime y desesperado durante la
conferencia de prensa realizada hoy, que fue convocada de manera urgente por la Comisión Provincial
por la Memoria (CPM) y familiares y amigos del joven desaparecido, y que
acompañaron organismos de derechos humanos y organizaciones sociales.
Por CPM.
Santiago fue visto por última vez el martes pasado
durante la represión de Gendarmería en la lof de Cushamen, en Esquel. Cada vez
más testigos confirman que el joven fue cercado por agentes de Gendarmería,
golpeado y trasladado en una camioneta. La CPM presentó un habeas corpus por
desaparición forzada ante el juzgado federal de Esquel y hoy envió una carta al
presidente de la Nación, Mauricio Macri, y a la ministra de Seguridad, Patricia
Bullrich (ver al final).
"La
desaparición de Santiago es responsabilidad de los gobiernos nacional y
provincial, quienes tienen que responder de manera urgente sobre su
desaparición y garantizar su aparición con vida", señaló el presidente de
la CPM, Víctor Mendibil. Y agregó: "Hay fuertes indicios de que Santiago
fue cercado por agentes de Gendarmería y trasladado en una camioneta; desde
entonces no sabemos nada más de él".
Santiago Maldonado está
desaparecido desde hace tres días, tras la brutal represión de Gendarmería en
la lof de Cushamen en Chubut. Las fuerzas federales ingresaron ilegalmente al
predio recuperado por la comunidad mapuche disparando balas de goma y
destruyendo todo a su paso. Cuando intentaba escapar de la represión, Santiago
fue alcanzado por un grupo de gendarmes que primero lo redujo en el suelo y después
lo subió a una camioneta blanca.
"A mi hermano
lo llevó Gendarmería y ahora dicen que no lo tienen detenido en ningún lado.
Nosotros creemos que la situación es muy clara: a Santiago lo torturaron y lo
descartaron o lo tienen encerrado y están esperando que las marcas de la
violencia se pierdan para largarlo", señaló Germán Maldonado.
"Queremos que aparezca con vida y tenemos el derecho a saber la verdad. Necesitamos
que hoy mismo el Estado nos dé una respuesta", resumió.
Junto a los
familiares y amigos de Santiago, también acompañaron integrantes de la CPM
-Roberto Cipriano García, Ernesto Alonso, Susana Méndez y Sandra Raggio,
directora general- y representantes del CELS, la APDH y la Liga por los
derechos del hombre. También acompañaron Rosa Bru y Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga. La conferencia de prensa se realizó
en la sede de la
Federación Judicial y Hugo Blasco, su secretario general,
acompañó la iniciativa.
Tanto la familia de Santiago como los organismos de
derechos humanos destacaron que su desaparición se da en el marco de la
creciente criminalización, persecución y represión de la comunidad mapuche.
Lejos de los discursos que lo señalan como un activista o terrorista, Santiago
era un viajero que había llegado el lunes a Chubut y se había solidarizado con
la lucha de la lof de Cushamen, que viene reclamando por sus derechos
ancestrales. Hacía sólo 24 horas que estaba en Esquel.
Por el habeas
presentado por la CPM esta mañana se realizó una audiencia en el juzgado
federal de Esquel, a cargo del Dr. Otranto, con presencia de representantes de
Gendarmería que manifestaron no tener conocimiento del paradero del joven ni de
su detención. Dada la gravedad de la situación y frente al preocupante silencio
oficial, la CPM envió una carta abierta al presidente de la Nación, Mauricio
Macri, reclamando la intervención del Estado y la aparición con vida de
Santiago Maldonado, el cese de la criminalización, persecución y represión del
pueblo mapuche, y el reconocimiento de sus derechos ancestrales.
En esa misma nota,
la CPM denuncia además las recientes declaraciones públicas de Pablo Noceti,
jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, donde justifica el
accionar violento y represivo de la Gendarmería contra la comunidad mapuche y
acusa de terrorismo, entre otros, al presidente de la CPM, Adolfo Pérez
Esquivel.
CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
APARICIÓN
CON VIDA DE SANTIAGO MALDONADO
NO A LA
CRIMINALIZACIÓN, PERSECUCIÓN Y REPRESIÓN DEL PUEBLO MAPUCHE
NO A LAS ACUSACIONES DE TERRORISMO CONTRA EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ ADOLFO PÉREZ
ESQUIVEL Y LA
COMUNIDAD MAPUCHE
El derecho de los pueblos originarios a “la
posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan
(…) aptas y suficientes para el desarrollo humano” es de rango constitucional.
El Estado tiene la obligación no sólo de reconocer esos derechos sino de
implementar las medidas que lo garanticen.
No obstante no sólo
no es así sino que continúan los desplazamientos de los pueblos de sus
territorios ancestrales por parte de las grandes empresas transnacionales.
Días atrás se desató
una brutal represión contra la Lof en resistencia de Cushamen en Vuelta del
Río, provincia de Chubut. Las fuerzas federales ingresaron ilegalmente al
predio recuperado por la comunidad mapuche que reclama legítimamente por un
territorio que le fue enajenado por la empresa Benetton
y sobre el que tienen derechos ancestrales.
No es la primera vez que
ocurre. En marzo de 2015 sufrieron una represión violenta por parte de la
policía de la provincia de Chubut que intentó desalojarlos del predio que
reclaman.
En mayo de 2016 se produjeron otros hechos de violencia en los que, además de
las fuerzas provinciales, intervino Gendarmería nacional. Las fuerzas del
Estado dispararon balas de plomo, destruyeron las viviendas y dejaron a la
intemperie a mujeres y niños. Esa vez la justificación fue la detención del
Lonko Facundo Jones Huala, que tenía
un pedido de extradición a Chile. La misma fue rechazada por el juez
interviniente que consideró nulo el procedimiento de detención y confirmó la
aplicación de torturas a otro integrante de la comunidad. En enero
de este año, hechos similares volvieron a reiterarse de manera agravada puesto
que hubo heridos con balas de plomo. El Estado incluso cometió delitos en la
persecución de la comunidad, realizando inteligencia ilegal sobre la comunidad
mapuche.
La represión violenta y
la persecución son contra la Lof en resistencia de Cushamen, contra familias
mapuches que reclaman por su derecho a la tierra que es la base de su cultura y
su cosmovisión.
Todos estos hechos
de violencia perpetrados por las fuerzas de seguridad del Estado fueron
denunciados a la prensa y a la
justicia. Sin embargo, no ha avanzado ninguna investigación y
mucho menos hubo condenas por los ilícitos cometidos por los agentes: torturas,
heridas de gravedad, destrozos de bienes, maltrato de niños, detenciones
ilegales, espionaje ilegal, entre otros.
Lo que sí continúa y
de manera cada vez más violenta es la represión a miembros de la comunidad
mapuche y activistas que apoyan sus reclamos. Hoy denunciamos la desaparición
de uno de ellos, Santiago Maldonado, quien fuera perseguido por Gendarmería
durante el ingreso ilegal de esta fuerza dentro del predio de la Lof.
A los hechos
gravísimos se suman las declaraciones en Radio Nacional del jefe de Gabinete
del Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Patricia Bullrich, el Sr.
Pablo Noceti. El funcionario hizo declaraciones de neto corte autoritario -en
tanto desconoce los legítimos reclamos constitucionales de la comunidad
mapuche– y macartista, desacreditándola por su adscripción organizativa y
política a la que sindica como “terrorista” y a la que irresponsablemente acusa
de estar ligada a grupos terroristas internacionales y apoyos locales, entre
los que incluye al premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez
Esquivel y a “gente vinculada al gobierno anterior”. El funcionario debe dar
las explicaciones pertinentes del alcance de sus palabras porque es muy grave
lo que afirma: conectar los derechos humanos al “terrorismo internacional” ha
sido un recurso típico de la dictadura militar para desacreditar las luchas
legítimas del pueblo.
En el mismo sentido,
el funcionario claramente defiende y promueve una acción represiva y
persecutoria, donde la amenaza y la violencia abierta sustituyen al diálogo y
la protección de los derechos. Ninguna de las acusaciones que sostiene contra
los miembros de la Lof en resistencia de Cushamen ha sido acreditada por la justicia. Como él
mismo reconoce, aún no han aportado ninguna prueba, sin embargo afirma que
todos serán detenidos. Cabe aclarar que hasta el día de hoy, ninguno de los
miembros de la comunidad ha sido condenado por los hechos que menciona como
“quemar, incendiar, dañar, robar ganado, destruir bienes, amenazar y torturar”.
Los que usan armas
de fuego disparan contra personas desarmadas, roban ganado, destruyen e
incendian viviendas y pertenencias, torturan, golpean, vejan y maltratan son
agentes dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación, de los que el
Jefe de Gabinete es el responsable directo.
Hoy hay un desaparecido,
de quien se desconoce su paradero luego de que fuera visto huyendo de la
represión ilegal de la Gendarmería nacional, detenido, golpeado por agentes y
subido a una camioneta de la fuerza.
Ellos son quienes violan
el artículo 213 bis del Código Penal que cita el funcionario en las mencionadas
declaraciones públicas. Gendarmería nacional es el verdadero “grupo tendiente a
infundir temor en la población”, en este caso de la comunidad mapuche. Este
temor que quieren fundar no busca otra cosa que garantizar los intereses de
grupos empresariales como Benetton que vienen a expoliar los recursos de
nuestro país y las tierras sobre la que tiene derechos ancestrales los pueblos
originarios.
Sus declaraciones
son nocivas para la democracia, y vulneran la constitución no sólo porque
niegan los derechos sino que criminalizan la ideología desacreditando las
reivindicaciones, acusando a los manifestantes de violentos y terroristas. Con
este discurso legitima la violencia del Estado. Pero además de la Constitución,
violan el convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal
de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, que deben cumplir porque la
Argentina es un país signatario.
Lamentablemente
estos discursos no son nuevos: tiene una dolorosa historia en nuestro país. El
terrorismo de Estado y el genocidio de 30000 se sostuvo y legitimó con
discursos idénticos a éste: estigmatizando y criminalizando a los grupos
políticos, suspendiendo sus derechos, persiguiendo, torturando y
desapareciendo.
En nombre de la
democracia le exigimos al Presidente que cese la represión, se abra el diálogo
y se de cumplimiento a la Constitución nacional. Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article14729
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