Analicemos cómo la acumulación gran capitalista es violencia por ecocida-genocida, por generar y profundizar la pobreza e intensificar la represión para la gobernabilidad.

Relanzando el extractivismo: 

Revolución Bolivariana, 

crisis del capitalismo rentístico y

tensiones eco-políticas 

en el territorio venezolano.

ACTUEL MARX / INTERVENCIONES N° 19 SEGUNDO SEMESTRE 2015
27 de enero de 2017

Por Emiliano Teran Mantovani*

Resumen

Las contradicciones producidas a raíz de la crisis del capitalismo rentístico venezolano y la encrucijada de la Revolución Bolivariana,  generan extraordinarias tensiones regresivas sobre los avances sociales y económicos que se produjeron en el país en los últimos años. A lo largo del texto, y desde una mirada ecológico-política, trataremos de mostrar dichas tensiones alrededor de procesos que se están configurando en la actualidad y que podrían apuntar a importantes y significativas transformaciones en el país. Nos referiremos especialmente a tres problemas, que representan serias amenazas de destrucción ambiental, de despojo de bienes comunes y de insostenibilidad sociopolítica, vinculados a la expansión y reformulación del extractivismo en Venezuela. También propondremos algunas ideas alternativas.

No es un secreto que la Revolución Bolivariana se encuentra actualmente en una situación de crisis y encrucijada. Este proceso conviene entenderlo como una confluencia de factores coyunturales y estructurales, que aunque se vinculan con el histórico carácter dependiente y cíclico de la economía rentista venezolana, y con las complejas correlaciones de fuerza geopolíticas, también está determinado por la orientación que ha tenido la política del gobierno nacional. En este sentido debemos resaltar que cuando logra hegemonizarse el proyecto chavista, a partir de 2004-2005, comienzan a replantearse sus bases por medio de un relanzamiento y redimensionamiento de toda la política extractiva, con la mira principalmente en la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO), con el objetivo de convertir a Venezuela en una “potencia energética mundial». Esto supuso una profundización de la lógica capitalista-rentista, de la reproducción de los históricos elementos profundamente distorsionadores del modelo venezolano, vinculados a una muy marcada sobredeterminación de la renta petrolera; un enorme sesgo urbano (un modelo brutalmente anti-agrícola) e importador; un parasitismo económico y altos niveles de corrupción; una notoria dependencia y vulnerabilidad sistémica –96% de las exportaciones totales provienen del petróleo desde 2012–; una resaltante tendencia al endeudamiento externo; junto a patrones subjetivo-culturales muy vinculados al consumo intensivo y a la movilidad social en torno a la renta.

Todos estos factores detienen o dificultan de sobremanera procesos de cambio profundo y emancipatorio en la sociedad venezolana. Ya desde 2009/2010, en el marco de la crisis económica global (2008 en adelante), se comienza a configurar un proceso de ralentización y estancamiento de los procesos de transformación popular que se venían produciendo en el seno de esta etapa política en el país. Con la muerte del presidente Chávez en 2013, se van potenciado todas las contradicciones que componen las dinámicas del capitalismo rentístico venezolano –como reflejo de una crisis de hegemonía política–, coronadas ahora con la caída, desde 2014, de los precios internacionales del petróleo. Este proceso, que ocurre después de casi 100 años de historia petrolera en el país, se inscribe en una larga crisis y agotamiento del modelo histórico de acumulación venezolano, que desde hace unos 30-40 años inicia un período de desequilibrios estructurales que, con grados de severidad variables, se ha mantenido permanentemente hasta nuestros días. Los efectos de la “enfermedad holandesa”, que desde mediados de la década pasada impactan de manera diferenciada en toda América Latina a partir del boom de las materias primas, presionando a la reprimarización de las economías, tienen acentuadas secuelas en Venezuela, dado su vulnerable metabolismo socioterritorial³. Esto ha contribuido a la profundización del carácter entrópico (o “incontrolable”, diría István Mészáros) del capitalismo rentístico nacional, lo cual se une a las condiciones actuales de intensa disputa geopolítica y crisis civilizatoria⁴.

Es importante atender a estos factores, pues son el marco de lo que pueda ocurrir en Venezuela en el futuro próximo. ¿Cuál es la resiliencia de los factores políticos venezolanos gobernantes, ante una latente agudización de la crisis global? E inclusive, ¿cuáles son actualmente las capacidades políticas y económicas endógenas para hacer viable el propio proyecto nacional en el tiempo? En época de vacas flacas se ve con mayor claridad la topografía excluyente e insostenible de los modelos extractivistas. En este sentido crece la tensión neoliberal, y los procesos de acumulación de capital buscan reacomodarse para, por un lado, mantener, “defender” o potenciar procesos desregulados o poco regulados de reproducción capitalista, y por otro lado, atacar al Estado “protector” tal y como un cuerpo canceroso, reconfigurando su composición interna y transformando progresivamente sus normativas, sus canales de operación y manejo de la riqueza, y sus relaciones de fuerza endógenas, con el objetivo de desmantelar las barreras que éste pueda imponer a la apertura a los grandes capitales globalizados.

La crisis venezolana actual, vivida como desquiciamiento económico –sobre todo en el valor de la moneda, el contrabando y la corrupción– y como una confrontación política de múltiples escalas, sufre una crecida de la tensión neoliberal, y se agudiza la necesidad de un cambio de rumbo. Pero, ¿qué rumbo se tomará? ¿Es el ajuste, el horizonte próximo de la política venezolana? ¿Qué fuerzas podrían evitar un eventual avance de la acumulación por desposesión en el país? Los recientes debates sobre el fin del ciclo progresista en la región cobran gran importancia, no sólo para advertir e intentar caracterizar los nuevos tiempos que se configuran en Latinoamérica, sino también para evaluar los saldos derivados de la profundización del extractivismo, vinculados a expansiones del despojo territorial, de la devastación ambiental, a la reprimarización de las economías y el aumento de la dependencia, a la construcción de consenso social en torno al consumismo urbano, motorizado por la distribución de las rentas por commodities; en fin, evaluar los vínculos de las consecuencias de la expansión extractivista con la deriva regresiva que se vive en la región y la intensificación de la tensión neoliberal.

A lo largo de este texto, trataremos de mostrar algunas de estas tensiones alrededor de procesos que se están configurando en la actualidad y que podrían apuntar a importantes y significativas transformaciones en el país, haciendo una mirada ecológico-política de éstos. Nos referiremos especialmente a tres problemas, que representan serias amenazas de destrucción ambiental, de despojo de bienes comunes y de insostenibilidad sociopolítica, vinculados a la expansión y reformulación del extractivismo en Venezuela, que podría traer consigo nuevas configuraciones territoriales a escala nacional, con trascendentales cambios del orden metabólico. Dado que muchos de estos procesos están en pleno desarrollo, algunas de las hipótesis presentadas serán propuestas de manera tentativa o de forma preliminar. En todo caso, consideramos el avance de la investigación sobre estos temas como un insumo muy útil y profundamente estratégico para los tiempos que vivimos. Veamos.

Estado, reconfiguración del extractivismo y disputas territoriales; ¿hacia nuevos ordenamientos socioambientales?

Es necesario reconocer que en la Revolución Bolivariana el tema ambiental ha tenido un auge en las discusiones públicas, una mayor difusión en los debates sociales y de organizaciones populares, por lo cual éste sube de ranking, en comparación con otros períodos políticos contemporáneos. Recordemos no sólo la vocería crítica del presidente Chávez en las cumbres de cambio climático –resaltando su papel en la COP 15 en Copenhague–, sino también la consideración del problema ambiental como elemento fundamental para la Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019

 , al colocarse como uno de los cinco Objetivos Históricos del Plan de la Patria: “Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana”. El presidente Nicolás Maduro ha intentado seguir una línea discursiva similar. El pasado 18 de junio, saludaba la carta encíclica Laudato sí del Papa Francisco sobre “el cuidado de la casa común”, planteando que se trataba de “uno de los documentos más importantes que han salido en las últimas décadas”, y dijo asumir plenamente el compromiso propuesto en esta carta, proponiendo su difusión en comunas, barrios y organizaciones de base, asegurando que estas premisas se estaban poniendo en marcha en el marco de la construcción del ecosocialismo en Venezuela⁵. Sin embargo, las bases programáticas de esta narrativa ambientalista están configuradas, como ya hemos dicho, por el relanzamiento del proyecto Bolivariano en torno a la expansión del extractivismo, lo que supone una contradicción fundamental en el seno de la propuesta “emancipatoria” del Gobierno Nacional.

Los argumentos que emergen para intentar solventar esta contradicción suelen girar alrededor de algunas ideas centrales, de las que destacamos dos:

             I.      La ampliación del extractivismo nos llevará al desarrollo. A partir de ahí, podremos salir del extractivismo. Es algo temporal: en la medida en que se intensifi ca nuestra especialización en la División Internacional del Trabajo y la Naturaleza, se ensancha el Estado rentista y su relación clientelar con los sujetos; se amplían las firmas de obligaciones de mediano y largo plazo con compañías transnacionales; se extiende la modernización capitalista a nuevos territorios, subsumiendo y disolviendo comunidades, saberes, culturas y economías ancestrales, desestimulando poderosamente las economías productivas y devastando ecosistemas; y se propaga el modo de vida consumista y de individuación propio del rentismo. En esta medida, se hace cada vez más complicado salir del extractivismo. Además, esta idea ignora otras modalidades y alternativas que se pueden poner en marcha como políticas de transformación post-extractivista. No hay motivos para pensar que más extractivismo nos puede abrir el camino hacia un proceso de transformaciones emancipatorias “ecosocialistas”.

           II.      La ampliación del extractivismo es para salir de la pobreza: cabe destacar, en primer lugar, que eso que llamamos ambiente no sólo son “recursos naturales” o paisajes, sino también es tierra y territorio. Por eso, en los procesos de modernización y los proyectos extractivos no sólo hay una degradación de biodiversidad, sino que también está involucrada una desterritorialización social que supone que la gente que habita esas áreas sufre los despojos que hacen posible el desarrollo, pierden el suelo que pisan, el agua y los frutos de la tierra de los que se abastecen directamente, y esto es algo que el ideal del progreso siempre ha querido ocultar.

La pobreza está en estrecha relación con la propiedad –el despojo de la modernización capitalista apunta a la creación de los “desposeídos”–, con la autonomía comunitaria –la dependencia necesariamente genera pobreza y viceversa– y con el acceso a los bienes comunes para la vida, y si éstos son despojados o destruidos, estamos en presencia de una pérdida neta de riqueza. Así que el extractivismo, aunque prometa y prometa riqueza y desarrollo, siempre generará gente que se empobrece. Luego, en segundo lugar, la riqueza está generalmente asociada a la cobertura de las necesidades básicas, y de consumos suntuarios, de los ciudadanos por la vía de la redistribución de la renta –solventada con dinero–. Esto refleja que la pobreza y la desigualdad estructural no son tocadas, y que este hechizo de riqueza monetaria desaparece en la misma medida que caen los precios de las materias primas, dejando un saldo de mayor dependencia social y de mayor pobreza ecológica. En la actualidad, tanto los proyectos expansivos de “desarrollo” que se han anunciado, como la propia crisis integral del sistema venezolano, han hecho que el discurso ambientalista se haya venido precarizando, se haya relegado a un segundo plano, en relación a su momento de auge anterior.

La tensión neoliberal presiona, entre otras cosas, también a la flexibilización ambiental, para así mantener tasas de ganancia sostenibles para el capital. Esto, como ya lo hemos advertido, podría tener extraordinarias repercusiones socioambientales en el corto y mediano plazo. A continuación presentamos tres problemas eco-políticos, que expresan y sintetizan estas tensiones y disputas:

a) Expansión de la minería en Venezuela: ¿hacia una escala sin precedentes?

En el marco de este relanzamiento del extractivismo en el país y de una profunda alianza con China, se ha propuesto que, junto a la meta de llevar la “producción” petrolera nacional a 6 millones de barriles diarios –4 MM en la FPO–, se adelante una injustificable expansión de la minería. El 23 de agosto de 2011, el presidente Chávez declaraba la importancia estratégica de lo que ha denominado el Arco Minero de Guayana, una especie de faja minera rica en oro, bauxita, coltán, diamantes, entre otros, con un “gran potencial y poderío económico”, ubicada justo al sur del río Orinoco (estado Bolívar). Ese mismo día, Chávez aprobaba por decreto el Plan de Acción Estratégica en Dos Horizontes⁶ , que persigue engranar dos zonas “geoeconómicas” como lo son la FPO con el gran proyecto de la faja minero-industrial de Guayana, “en un sólo gran proyecto de desarrollo” ⁷.

La idea de convertir a Venezuela en una “potencia energética mundial” se proyecta hacia la minería con la premisa de “Desarrollar el poderío económico utilizando los recursos minerales”, como lo expresa el Plan Socialista de Desarrollo 2013-2019. De esta manera, se propone aumentar la certificación de reservas de minerales a nivel nacional (punto 3.1.15.1) bajo la figura de empresas mixtas (punto 3.1.16.4), para así “duplicar las reservas minerales de bauxita, hierro, coltán (niobio y tantalita), níquel, roca fosfórica, feldespato y carbón con la certificación de os yacimientos ubicados en el Escudo de Guayana, Cordillera de los Andes, Sistema Montañoso del Caribe y la Sierra de Perijá” (punto 3.1.15.3). Lo mismo con las reservas minerales de oro y diamante en los yacimientos ubicados en el Escudo de Guayana (punto 3.1.15.4). Ya en septiembre de 2013, el Gobierno Nacional suscribía con el Banco de Desarrollo de China, el Banco de China y la constructora asiática Citic, un memorando de entendimiento para la elaboración del mapa minero de Venezuela, junto a los estudios técnicos para la explotación de Las Cristinas (estado Bolívar), uno de los principales yacimientos auríferos del mundo –estimaciones de unas 17 millones de onzas–⁹.

Este plan minero ha sido confirmado recientemente (20/08/2015), cuando el vicepresidente para el área social, Héctor Rodríguez, planteaba que se quiere completar un proyecto de certificación similar al Proyecto Magna Reserva –que desde 2005 cuantificó y validó las reservas petroleras de la FPO–, para certificar “todo el potencial minero que existe en Venezuela”. Otra muestra concreta de este avance, y de las tensiones y pugnas que produce, representa el decreto 1.606 del 10 de febrero de este año (Gaceta Oficial 40.599), que aprobaba la explotación de carbón en 24.192 hectáreas de los municipios Mara y Guajira (estado Zulia), una ampliación histórica significativa de las áreas de extracción carbonífera, a pesar de los múltiples conflictos y denuncias que ha creado la insistencia en ampliar este tipo de extractivismo en la zona. Pero es importante resaltar que una persistente campaña y movilizaciones de grupos ambientalistas de Zulia, junto a otros grupos sociales y universitarios en el país, influyen en la decisión de modificar este decreto (Gaceta Oficial Nº 40.733 del 27/08/2015), reduciéndose el área de explotación a 7.249 has., lo que supone que, al menos por el momento, no habrá apertura de nuevas minas de carbón en la poligonal señalada en este decreto. Hablamos de un significativo cambio de escala de la minería en el país, que acarrearía extraordinarias consecuencias ecológicas, sociales, económicas y culturales. Si el objetivo es profundizar notablemente el esquema extractivo petrolero, con el fin de alcanzar posteriormente el “desarrollo” de una economía “productiva” –léase, “salir del rentismo” o “sembrar el petróleo”–, resulta paradójica una apertura al extractivismo minero a mayor escala.

El apetito de “recursos naturales” del mercado mundial –en nuestro caso, haciendo énfasis en China– parece ser el determinante para que el megaproyecto de explotación petrolera de la FPO no sea suficiente. Pero existe otro factor importante que valdría la pena mencionar. Al estar en declive histórico la producción en los yacimientos convencionales de crudo (ligeros y medianos) del país, el futuro del “crecimiento” nacional se encuentra depositado en el desarrollo de la explotación de los petróleos no convencionales, léase los crudos extrapesados de la FPO. Ahora bien, con la notoria caída de los precios internacionales del petróleo, es muy probable que los proyectos de la FPO estén en el congelador –sólo son rentables con precios altos–, al igual que ocurre con tantas otras fuentes de hidrocarburos no convencionales en el mundo.

En este sentido, una ampliación significativa del extractivismo minero en el país podría cumplir un papel compensatorio ante las dificultades del extractivismo petrolero venezolano, y mucho más cuando se avizora que se añada a la oferta mundial de crudo la producción iraní, y mayores volúmenes de países como Irak y Argelia, entre otros; junto con un estancamiento de la demanda, entre otras cosas, por la ralentización de la economía china, lo que podría mantener por un tiempo los precios internacionales del crudo a la baja.

Las devastadoras consecuencias ambientales producidas por la minería, conocidas por todos, se unirían a los históricos daños provocados por la industria petrolera y a los nuevos desafíos de la FPO. No sólo se ampliarían los males producidos por esta actividad extractiva en zonas de reserva, como por ejemplo los provocados por la minería ilegal en Guayana (sur del país), que además perjudica terriblemente a los pueblos indígenas que habitan la zona, sino que también podría afectar cursos de agua que alimentan ciudades, como lo ha planteado la Sociedad Homo et Natura, al referirse a cómo la extracción masiva de carbón a cielo abierto afectaría dramáticamente las cuencas de los ríos Guasare –que ya se encuentra afectado– y Socuy, y al propio suministro de agua de ciudades tan importantes como Maracaibo y otros poblados. Adicionalmente, los conflictos sociales vinculados a la minería se harían aún más problemáticos, sobre todo en los pueblos indígenas, como ya ha ocurrido en el país sobre todo a partir del segundo gobierno de Chávez. Destacan sobremanera las disputas que se han desarrollado con parte del pueblo yukpa en la Sierra de Perijá, o en zonas rurales y boscosas de los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, que pueden estar en el marco de la minería formal o ilegal. Conscientes de esto, el 2 de junio de 2014, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonia (COIAM) se pronunciaba acerca de la “nueva política minera del Estado venezolano”, resaltando la terrible y contradictoria práctica de la minería ante un proyecto político que se hace llamar ecológico, y “la urgencia debida, [para que se] realice una revisión de sus políticas de desarrollo para la Amazonía venezolana (nueva política minera), estudiando y explorando modelos de desarrollo alternativos y ambientalmente sostenibles, decretando una MORATORIA DE LA ACTIVIDAD MINERA al sur del Orinoco, como garantía de protección de los grandes recursos hídricos y forestales de la Amazonía, así como la importante biodiversidad y sociodiversidad presente en estos territorios”.

La amenaza a la propia supervivencia de los pueblos indígenas en Venezuela es enorme, lo que no puede provocar indiferencia en la opinión pública nacional.

b) Extractivismo flexibilizado y acumulación por desposesión

Como ya hemos expresado, la intensa situación de conflicto político y la crisis del modelo rentista petrolero, intensificada con la caída del precio del crudo, ha presionado al Gobierno Nacional a mantener el movimiento de la economía (fundamentalmente del consumo) a través de la emisión de bonos y un creciente endeudamiento con China, junto con diversos procesos de flexibilización económica selectiva, donde destaca la apertura, en febrero de este año, de la tasa de cambio SIMADI (Sistema Marginal de Divisas, que se une a otras dos tasas de cambio reguladas), la cual opera “totalmente libre” y se cotiza por la dinámica de la oferta y la demanda. A estas alturas se han adquirido préstamos con la nación asiática que superan los 50.000 millones de dólares, de los cuales diversas estimaciones plantean que ya se ha cancelado la mitad17. Esta deuda no se salda en efectivo, sino por medio de envíos de petróleo a China, cotizados a precios de mercado. Dado que las cuotas se establecen a partir de una “cantidad mínima” desde la cual se calcula el número de barriles por día y dado que los precios del crudo cayeron, esto supone que el gobierno venezolano debe enviar más barriles para cubrir dicha cuota. Esta situación está vinculada con los recientes “protocolos de enmienda” del financiamiento conjunto chino-venezolano, en los cuales se han establecido algunas flexibilizaciones que favorecen a Venezuela, como la posibilidad de establecer el número de barriles enviados al día mediante notas diplomáticas, o la supresión del plazo de tres años que tenía el gobierno venezolano para el pago de los préstamos. De esta forma, la conexión entre la situación de crisis nacional y el papel de “protector” geopolítico y financiador “condescendiente” de China, favorecen a una situación de flexibilización interna a la operación de sus capitales. La medida más relevante al respecto es el decreto 1425 de la Ley de Regionalización Integral (nov. de 2014), que plantea la figura de las Zonas económicas especiales (ZEE) –tomadas del modelo chino–, las cuales representan una liberalización integral de regiones geográficas del país, para derribar obstáculos al capital (IED) y así “afianzar el desarrollo y enfrentar la pobreza estructural”.

En estas Zonas Estratégicas de Desarrollo Nacional (ZEDN), o en las ZEE, se plantean políticas tales como: a) planes especiales de estímulos fiscales y aduanales, e incentivos económicos a las empresas para el desarrollo de las zonas; b) liberación de restricciones arancelarias y para-arancelarias, suspensión de impuestos a empresas, posibilidad de retención de la totalidad del impuesto al valor agregado por parte de éstas; c) definición de una autoridad (coordinador) de la ZEDN; d) definición de un régimen especial y extraordinario de contrataciones, acorde a los objetivos de la ZEDN que se cree; e) posibilidad de una administración especial de los ingresos generados en las zonas; f) autorizaciones para la movilización de mercancías y facilidades de despacho, simplificación de trámites y obtención de permisos de forma sencilla, expedita y simplificada; y g) orientación de las ZEE a la exportación y comercio internacional (aunque no únicamente).

La FPO ha sido declarada como una de las ZEE de la República Bolivariana de Venezuela, en el marco de una política en Petróleos de Venezuela (Pdvsa), que desde la asunción de Eulogio Del Pino como su presidente (sept. de 2014), pudiésemos catalogar de pragmática, es decir, orientada fundamentalmente hacia la funcionalidad del negocio. Recientemente (agos. de 2015), el vicepresidente del Consejo de Ministros para Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez, anunciaba que la FPO es una “vitrina de la Venezuela que se quiere construir”, y añadía que “el petróleo es la fuerza para impulsar las potencialidades productivas de todos los ejes sectoriales, para dejar atrás la cultura de la renta petrolera. No hay que repetir errores del pasado”, con lo que replica, por enésima vez, la promesa de dejar atrás la cultura petrolera a partir del impulso y la fuerza del petróleo.

Aparte de las diversas consecuencias políticas, económicas, geopolíticas, sociales y culturales que conllevan estas formas de liberalización territorial, preocupa, en un sentido integral, las consecuencias ecológicas. El anuncio de Menéndez de que “La Faja es territorio virgen, no hay resistencias” pareciera la típica premisa de todo proceso de acumulación originaria. Pero además, el hecho de su “virginidad” y su “ausencia de resistencias” parece conectarse armónicamente con la facilitación para la obtención de trámites anunciada en esta Ley de Regionalización. Aunque la Ley no hace referencia específica a ningún parámetro ambiental, preocupa que esta liberalización territorial suponga un cheque en blanco para la devastación ambiental y haga prácticamente imposible detener estos procesos destructivos de la vida, si acaso pudiendo apenas remediarlos posteriormente.

Las débiles y parcializadas contralorías ambientales a la explotación petrolera en el país, el hecho de que es la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP) el ente encargado de desarrollar los lineamientos de la política ambiental de Pdvsa, y que las auditorías ambientales en la FPO las realizarán las propias empresas mixtas (CVP y empresas transnacionales), no representan antecedentes alentadores. Este problema es aún más significativo en la FPO, dado que se trata de, por un lado, una explotación de crudos extrapesados, los cuales son mucho más perniciosos que los convencionales, en lo que respecta a contaminación de aguas, generación de desechos tóxicos, emisiones de GEI y gasto energético, entre otros; y por otro lado, se trata de un proyecto que pretende replicar toda una regionalización desarrollista, de ciudades, agroindustria y grandes infraestructuras, que acompañarían a las estructuras de la industria petrolera. Si este modelo, presente también en Paraguaná (estado Falcón), en el eje Morón-Puerto Cabello (estado Carabobo) y en el eje Ureña-San Antonio (estado Táchira), se replica incluso a otras zonas estratégicas del país, el tema de la regulación ambiental sería casi inexistente, por lo que podríamos estar ante un proceso de devastación ambiental desregulada, que tendría no sólo consecuencias respecto a la conservación de ecosistemas, sino al propio orden metabólico de la territorialidad venezolana, que sería aún más dependiente y vulnerable, al mermar los bienes comunes disponibles, tanto por su degradación como por sus formas de privación política y económica, petrolera.

Esto tiene notables repercusiones en el metabolismo del sistema extractivista nacional, de las que quisiéramos destacar dos: I. Contrabando, déficits ecológicos y expansión del extractivismo: la reproducción del capitalismo rentístico requiere de una creciente entrada de divisas y productos importados, que cubran la expansiva demanda interna. La intensificación y ampliación de las economías de contrabando generan un extraordinario aumento de los déficits en la oferta interna de bienes de consumo, lo que hace que el Estado necesite aún más divisas y productos importados para tratar de solventar la situación. Esta coyuntura, en la medida en la que se agrava –junto a la caída de los precios del crudo– y ante la incapacidad de producción doméstica, presiona al Estado a un mayor endeudamiento externo y a la apresurada búsqueda de nuevos ingresos a partir de la proyección del aumento de sus cuotas extractivas (en la FPO, en las plataformas gasíferas offshore, en minería), junto con una flexibilización de las políticas petroleras nacionalistas y de su soberanía territorial respecto a las empresas multinacionales, las cuales, ante la situación defi citaria de su contraparte venezolana, desean que se hipotequen los territorios y la naturaleza del país.

Podemos hacer este ejercicio: si sumáramos los bienes de consumo fugados, los barriles de petróleo extraídos y no capitalizados debido al contrabando transfronterizo de gasolina, y le añadimos la enorme fuga de capitales de los últimos años en Venezuela, que también está vinculada en muy buena medida a estafas y a la reproducción de economías delincuenciales, lo que tendremos es una enorme cantidad de naturaleza liquidada domésticamente –una expansión de la huella ecológica nacional–, que ni siquiera responde a las exigencias de necesidades básicas de la población venezolana, y mucho menos a inversiones para salir del modelo rentista/extractivista. Esta modalidad de fuga de riqueza y formas de défi cit ecológico, allana el camino para la expansión del extractivismo, y por ende, al avance de las fronteras del desarrollismo y a la devastación ambiental del país.

c) Disputas territoriales, órdenes geográfi cos y control de bienes comunes naturales: como ya hemos señalado, las complejas disputas territoriales que se desarrollan en Venezuela –atravesadas por disputas de orden geopolítico– están también relacionadas a diversas formas de reproducción económica. Es fundamental cartografiar los vínculos que existen entre estas pugnas situadas y la administración y gestión de bienes comunes naturales. Se trata de un ejercicio exploratorio –al menos para el caso venezolano–, pero urgente para intentar detectar las formas que toman estas modalidades de control territorial en el país. Resaltan diversos controles territoriales mafiosos, como los vinculados a las minas de oro y extracción maderera del sur del país (estado Bolívar, principalmente en los municipios Sifontes, El Callao y Roscio). Según el diputado Américo De Grazia, de la Causa R por el estado Bolívar, desde hace cinco años, aproximadamente, una serie de bandas criminales tomaron los campamentos mineros bajo la figura de “sindicatos mineros”, quienes cobran “vacuna” e imponen su ley30. El periodista Manuel Isidro Molina ha denunciado esta misma problemática, asegurando que estas mafi as actúan articuladas con sectores de las fuerzas militares y policiales nacionales31. El fenómeno ha sido reconocido por el Gobierno Nacional, cuando quien fuera ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, anunciara medidas contra estas mafi as. Cabe añadir los efectos de contaminación ambiental por el uso incontrolado de mercurio y cianuro, que han provocado estas actividades en los pobladores de los municipios mencionados. También destacan las mutaciones que en tiempos recientes ha sufrido el crimen organizado, con la confi guración de megabandas con armamento de guerra, capacidad de expansión territorial y dominación de redes de economía ilegal e informal, que parecen ser el precedente de las llamadas “Bacrim». El diputado por el PSUV, que estuvo al frente de la comisión presidencial para la reforma policial, Freddy Bernal, planteaba que esta “cultura paramilitar” se ha ido extrapolando en diversas partes del país, instalándose en el estado Guárico, en la zona sur de Aragua, en los Valles del Tuy, en Barlovento, en el sur del estado Bolívar, en zonas de Caracas e inclusive en la propia Faja Petrolífera del Orinoco.

Estas formas “irregulares” de disputa política han incluso permeado la propia industria petrolera. Por ejemplo, en abril de este año (2015), PDVSA anunciaba que un grupo comando armado saboteó instalaciones petroleras en Monagas, al oriente del país. En el marco de esta situación, desde julio de 2015 el Gobierno Nacional ha impulsado la “Operación para la Liberación del Pueblo” (OLP), que implica intervenciones de choque directas de los cuerpos de seguridad del Estado en diferentes territorios del país (rurales, urbanos, barrios periféricos), para “combatir el hampa” –al estilo de las operaciones en las favelas brasileñas. También se ha declarado estado de excepción en varios municipios de los estados fronterizos Táchira, Zulia y Apure, con lo que se pueden suspender las garantías constitucionales. A su vez, recientemente (10/09/2015) se instaló el Comité de Zonas de Seguridad para resguardar las instalaciones, recursos y operaciones estratégicas de la FPO. En todo caso, es conveniente intentar estudiar estas dinámicas en el marco no sólo de disputas entre sectores de poder político nacional o territorial, sino también de procesos de acumulación de capital a variadas escalas, y de control y apropiación de recursos y bienes comunes. ¿Cómo se articulan formas de la política formal con la informal, de la legal con la ilegal, de la central con la territorial?

Los aná lisis sobre extractivismo deben intentar dar cuenta de las transformaciones y mutaciones en los mecanismos de poder en estos tiempos de cambio en América Latina, lo que supondría que también pueden mutar los objetos del reclamo político y por ende las estrategias de resistencias populares.

Alternativas

Es necesario reconocer las particularidades de la situación venezolana –poniendo, por supuesto, la mirada en la situación latinoamericana y global–, para poder intentar plantear algunas vías de resistencias, tránsitos hacia transformaciones emancipatorias y la construcción de formas sociales post-extractivistas. En este sentido, puntualizamos las siguientes ideas:

i.                    Difícilmente se puedan sugerir nuevos planteamientos de políticas públicas si no se reactivan las luchas desde abajo. Todo proceso contra-hegemónico de horizonte social emancipatorio se mueve y produce a partir de la lucha popular –essu factor constituyente y originario–, la cual puede generar una recomposición que mejore las condiciones de disputa, la gestión común de la vida y las posibilidades de transformación social. Esto, por supuesto, no sólo constituye la propia historia de la Revolución Bolivariana i.                    de Venezuela, sino que aplica para luchas articuladas que intenten detener los avances de la acumulación por desposesión y de proyectos desarrollistas y extractivistas que terminan destruyendo tejidos sociales y ecosistemas. 

ii.                   En Venezuela hay una potencia política popular sin precedentes que se ha confi gurado alrededor de unos códigos comunes, de un complejo proceso identitario que podemos llamar chavismo. Si pensamos en movilizaciones masivas de calle, a estas alturas esta fuerza se encuentra fragmentada; en la política en general presenciamos una falta de referentes éticos y políticos, y hay ausencia de efervescencia y motivaciones sociales que caracterizaron los primeros años de la Revolución Bolivariana. Pero esto no supone la ausencia de esta fuerza y de tejidos políticos populares. Dependiendo del tipo de asimilación que desde el campo popular se dé a estos tiempos de cambio, podremos presenciar la activación de otro tipo de ciclo de lucha en el país.

iii.                 En Venezuela, la proporción urbano-rural es extraordinariamente sesgada hacia lo urbano, pues casi el 90% de la población vive en ciudades. Es por tanto necesario reconocer que en el país, paradójicamente, las principales potencialidades para resistencias contra el modelo extractivista tienen que nutrirse, en gran medida, de las luchas en las ciudades. En los territorios clave de extracción (FPO, AMG), las densidades poblacionales suelen ser muy pequeñas, o bien la población ha sido muy asimilada o subsumida al modo de vida rentista. Ha sido en las ciudades donde el rentismo petrolero se ha alimentado con más fuerza, dado que es el lugar donde se concreta la gran promesa histórica de progreso, modernidad y civilización, “posible” rápidamente a partir de la masiva distribución de la renta del petróleo. Pero también es el núcleo de las movilizaciones contra-hegemónicas más potentes –la fuerza del chavismo popular es fundamentalmente urbana–. En este sentido, en Venezuela uno de los aspectos más sensibles es una transformación cultural para intentar trascender la llamada “cultura del petróleo”. ¿Cómo generar imaginarios críticos ante el modelo extractivista petrolero, en los cuales la gente no sólo cuestione modos de vida muy vinculados al consumo, sino a la sensibilización sobre territorios donde no vive?

iv.                Esto apunta a la imperiosa necesidad de construir nuevas narrativas, en las cuales los venezolanos podamos pensarnos más allá del petróleo –y ahora incluso de la minería–, más allá del rentismo y más allá de una política que gira básicamente en torno al Petro-Estado. Es fundamental asumir que estas nuevas narrativas no deben ser labor de un Estado, sino principalmente producto de la construcción discursiva de los movimientos populares. Esto supone plantearse incluso una disputa cultural con el propio Estado. v. La crisis del capitalismo rentístico venezolano, no sólo refl eja el confl icto sociopolítico nacional originado por las contradicciones del sistema, sino que también abre caminos a nuevas oportunidades para pensar y producir otras modalidades de organización social. Las crisis desarmonizan la relación que existe entre las ideas hegemónicas y la realidad material, por lo que se posibilitan la resignifi cación y la reformulación de los paradigmas sociales reinantes. El desquiciamiento de la economía venezolana y la situación crítica generalizada han provocado un nuevo escenario productivo, que obliga a la reactivación de múltiples procesos populares moleculares, urbanos y rurales, que intentan pensarse más allá del gobierno nacional, pero que además persiguen confi gurar un entorno de subsistencia, producción y autogestión. Estas numerosas experiencias representan un sustrato de tejido social postextractivista y post-rentista de incalculable valor, pero suelen ser poco difundidas38 . vi. Por último, pero no menos importante, se encuentra la propuesta de las comunas, impulsada a partir de 2007 por el presidente Chávez. Se trata de un complejo campo en disputa. Todo el movimiento social contra-hegemónico en Venezuela, en general, se ha debatido, por un lado, entre los formatos corporativos que ha propuesto el Estado para administrar las comunas, y por el otro, entre sus propias modalidades populares de autogobierno, producidas desde abajo. Las tensiones varían en grados, de un lado u otro de la balanza. Pero lo central que queremos resaltar es la posibilidad abierta de nuevas territorialidades, de otras gestiones de la vida que tienen relaciones complejas y contradictorias con el rentismo petrolero, pero que buscan reproducir otros modos de vida en formas diferentes a las hegemónicas. Bibiografía

1 Sociólogo e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (CELARG). Docente de la escuela de sociología de la Universidad Central de Venezuela. Autor del libro “El fantasma de la Gran Venezuela”, mención honorífica del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015. Leer