lunes, 31 de julio de 2017

“Necesitamos articular las diversas resistencias y propuestas contra el ajuste social, el extractivismo, el “libre” comercio, la impunidad corporativa, las megarepresas y los megaeventos, la criminalización de la protesta, la militarización, el avasallamiento de los pueblos originarios… vincular a todas y todos quienes pelean por la soberanía y la autodeterminación en defensa de nuestros derechos humanos, de los pueblos y de la naturaleza. No hay tiempo que perder para avanzar en la misma, reconociendo que forma parte del igualmente impostergable desafío de construcción hacia un nuevo proyecto popular superador del colonialismo, del capitalismo, del imperialismo y del patriarcado y en armonía con la naturaleza”.

Argentina

Una deuda con los derechos de los pueblos

21 de julio de 2017

Conferencia FES, 3 de mayo 2017.
Por Beverly Keene
Algunos aspectos de la actualidad argentina están sujetos a diversas interpretaciones y merecen debates profundos, pero en materia de deuda pública no parecen caber dudas que vamos de mal en peor, y rápidamente. Mal, porque pese al promocionado “desendeudamiento” de los últimos años, venimos desde tiempos de la dictadura sin quebrar el ciclo de endeudamiento y hegemonía que sigue implicando su propio 2 x 1: cada dólar recibido en préstamo remite como mínimo 2 de ganancias, y otros más en calidad de poder de dominación |1|. Peor, porque mientras la economía se estanca con un profundo ajuste en curso y todos los indicadores de empleo, ingresos, bienestar social en franco retroceso, la deuda pública financiera ya dio un salto de 35 mil millones de dólares en 2016 y el presupuesto 2017 contempla un nuevo incremento de 38 mil millones de dólares |2|. A modo de comparación, durante las gestiones Kirchner, el promedio de aumento anual de la deuda pública era de aproximadamente 10 mil millones de dólares.
Esta tasa de aumento (13%) en un contexto de recesión refleja centralmente la firme decisión política de gobernar con un ritmo de endeudamiento imposible de pagar, realmente inédito -aun comparando con el período de la última dictadura. Esta política beneficia directamente no solo a los prestadores, que cobran suculentos intereses, sino también a los colocadores de la deuda, que cobran importantes comisiones. Así, se deja atado el modelo productivo y todo el diseño de política económica a sectores del gran capital cada vez más concentrado y extranjerizado (incluso cuando su origen sea local).
Hay que resaltar que la nueva deuda pública no significa más inversión social, sino todo lo contrario. Se endeuda para cubrir el déficit fiscal que, pese a las promesas electorales de Mauricio Macri, se ha incrementado, tanto por la rebaja de las retenciones mineras y agropecuarias y otros regalos fiscales, como por el hecho de que crece el peso de los pagos de intereses. Lo que no tan eufemísticamente se llama “servicio de la deuda”, desde hace varios años se ha convertido en uno de los rubros presupuestarios más grandes y que más crece. El presupuesto 2017 prevé que 20% del gasto total de la Administración Central, 1 de cada 5 pesos, se aplique no para satisfacer los derechos humanos de la población -salud, educación, agua, vivienda o generación de empleo- sino para servir la deuda. Este pago de intereses, 30 millones de pesos por hora, equivale a un hospital completo cada día, insume más que el gasto federal en educación y deportes, salud, interior, obras públicas y vivienda –todo junto |3|.
La experiencia argentina reciente nos ha mostrado que el costo de servir la deuda es altísimo: más alto incluso que los posibles costos de cuestionar esa servidumbre. Son los grandes prestamistas y sus organismos – sean estos el Citibank, Paul Singer, China, el FMI, el Banco Mundial o quiénes más- quienes avasallan con sus requerimientos toda pretensión de soberanía y democracia en aras de acrecentar la explotación, el saqueo y la destrucción ambiental |4|. Es importante insistir: la deuda no sirve a los fines del desarrollo nacional, sino que constituye, hoy como ayer, una herramienta privilegiada del capital transnacional para llevar adelante sus procesos de despojo.
No podemos olvidar que fue la dictadura militar-corporativa que impuso a sangre y fuego el ciclo de endeudamiento ilegítimo e ilegal que el gobierno Macri ahora profundiza, no casualmente a favor de muchas de las mismas empresas e intereses. Tampoco debe sorprender, entonces, la actualidad de una de las denuncias de ese período confirmadas por el Juez Ballestero en la Causa Olmos, cuando afirma “la existencia de un vínculo explícito entre la deuda externa, la entrada de capital externo de corto plazo y altas tasas de interés en el mercado interno y el sacrificio correspondiente del presupuesto nacional desde el año 1976” |5|.

Esa estafa original ha atravesado diversos momentos: la década perdida de los ’80 (con el fallido intento del club de deudores), la entrega del patrimonio público en los ’90, la crisis de 2001 y la política de “pagador serial” de los gobiernos del kirchnerismo –incluyendo las concesiones al Club de París, al CIADI, o a Repsol, entre otras. Las formas del endeudamiento fueron cambiando, pero no su esencia de constituirse en poder de dominación –que vulnera democracia y soberanía- ni el hecho de que su costo siempre lo paga el pueblo con sus derechos. Así, mientras más se profundiza el sistema de endeudamiento perpetuo, más se incrementan las deudas con el pueblo: la deuda social, la deuda ecológica, la deuda democrática, la deuda con las mujeres, la deuda con los pueblos originarios, la deuda con la niñez. En fin, la dicotomía es entre una deuda ilegal e ilegítima, y las deudas que son legítimas, que tienen al pueblo por acreedor.

¿Qué hacer?
Ante este escenario, se plantea el gran desafío desde el campo popular de reconocernos como verdaderos acreedores, y dejar de pagar lo que no debemos. Podríamos incluso decir que, en esta era de la pos-verdad, todavía luchamos por desmitificar muchos conceptos de la pre-verdad. Seguimos escuchando, por ejemplo, a pesar de todas las pruebas en contra, que el país se endeuda para tener recursos para invertir, para desarrollarnos. O que existe margen para endeudarnos porque la relación deuda / PIB es baja, o que hay que aprovechar la posibilidad de endeudar el país en el exterior – pues los inversores estarían amigables con el gobierno de Macri, que hizo “los deberes” para “retornar” Argentina a la supervisión del FMI y al mundo del mercado, o al mercado mundial. Y desde luego, se insiste, las deudas no solo hay que pagarlas, sino que es necesario “honrarlas” y “servirlas”. El lenguaje no es neutro.
Al finalizar la dictadura, el futuro presidente Raúl Alfonsín hizo campaña sobre la promesa de no pagar la deuda ilegítima, y su primer ministro de economía intentó realizar una investigación en ese sentido, pero fue abandonada ante las demandas del FMI y demás prestamistas. Luego, en especial en los ’90, después de que la deuda sirvió de palanca y palo para la imposición de la agenda neoliberal como salida a la crisis, la mera mención de la deuda era un tabú. Al día de hoy continúa siendo difícil incorporar la problemática en la agenda popular y el debate político, incluso hemos sumado nuevos obstáculos a su tratamiento en los años recientes.
Cuando Néstor Kirchner planteaba que era bueno pagar la deuda –mediante su reestructuración en 2005, o más aún con el pago anticipado al FMI – se operó un golpe muy certero a la opinión progresista, que, aunque no lograba materializar el cómo, hasta ese entonces mantenía incólume el convencimiento que el no-pago era lo justo y necesario. Poco después, con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, sobrevino el relato del “desendeudamiento” y cundió la sensación que la deuda –salvo aquella ligada a los fondos buitre– había dejado de existir, cuando en realidad lo que había sucedido era una importante conversión de deuda pública externa en deuda pública interna, política revertida ahora por el gobierno Macri. Es decir, no significó una disminución ni del stock de deuda pública ni del costo de su servicio, sino todo lo contrario. Dado el cerrazón de los mercados internacionales de capitales y sobre la base del pleno reconocimiento de una deuda probadamente fraudulenta |6| y la reafirmación de condiciones gravosas -como la cesión de jurisdicción a tribunales extranjeros y la renuncia a la inmunidad soberana -, se trató, en fin, de un traspaso del grueso de la deuda ilegítima de manos de prestamistas extranjeros al pueblo argentino entero, mediante su conversión en deuda intra-Estado. El 60% del fondo de garantía del ANSES, por ejemplo, está ahora prestado al Tesoro Nacional, para que éste pagara el servicio de una deuda que la justicia argentina ya había dictaminado fraudulenta.
Por todo lo anterior, el primer paso en esta nueva fase pasa por reconocer que la política de endeudamiento permanente es un problema, y que no es nuevo, sino que viene de lejos y perpetúa ganancias y privilegios para los prestadores. No huelga reconocer además que la experiencia argentina, si bien tiene particularidades, es compartida con gran parte de América latina y el Caribe, así como otros países del Sur global donde el endeudamiento público, que sostiene el despojo neocolonial y la dependencia, define los modelos productivos bajo los ejes comunes de empobrecimiento, desigualdad y destrucción ambiental y cultural. Hay que enfatizarlo: la deuda no es un simple problema de liquidez o de solvencia, sino una herramienta de dominación que acentúa la extracción de nuestros bienes comunes y pone en riesgo la democracia, nuestros derechos humanos, la naturaleza; en fin, la vida de los pueblos en todas sus dimensiones.
Así también resulta necesario construir conciencia crítica de que el problema de la deuda se trata en realidad de un sistema de endeudamiento perpetuo, que la convierte en ilegítima, ilegal, odiosa e impagable. Desde la red de Jubileo Sur hemos planteado siempre esta ilegitimidad, fundamental a la hora de plantear la necesidad de romper con la lógica de este sistema, tan bien explicada en tan pocas palabras por ese gran escritor y compañero, Eduardo Galeano: “más pagamos, más debemos, menos tenemos”. Una deuda ilegítima es una deuda que no debemos, y que tenemos derecho a no pagar |7|.

¿Hay alternativas?
Tanto frente a la deuda existente, como ante la profundización del sistema de endeudamiento perpetuo, hay alternativas de corto, mediano y largo plazo. Impulsar la realización de auditorías integrales de las deudas es una estrategia que ha dado resultados importantes en contextos diversos, incluyendo Brasil en los años ’30, Ecuador y Grecia más recientemente. El caso ecuatoriano es particularmente significativo, pues entre 2007 y 2008 se realizó una Auditoría Integral del Crédito Público, que tuvo por efecto inmediato una fuerte devaluación de los bonos - los prestadores se saben dueños de títulos ilegales – y un posterior ahorro al tesoro nacional. Ecuador no tuvo por ello problemas para volver a emitir deuda o recibir inversiones, y fue de los países de mayor crecimiento en la región, contra lo que sugieren quienes critican las auditorías. En el caso argentino, la recuperación económica posterior al colapso de 2001 fue construida sobre la base de la suspensión de pagos de la mitad de la deuda pública, durante 3 años: una reacción tardía, incompleta y temporaria que, aun así, permitió frenar el drenaje de riqueza y bienes comunes y empezar a revertir el desastre provocado.

Teniendo la exhaustiva base probatoria que ya existe en Argentina, a partir de la Causa Olmos y otros juicios que duermen en distintos tribunales federales, es cuestión de actualizar y completar el proceso de identificar a cada paso la corrupción y las responsabilidades |8|. Es preciso trabajar para que el poder judicial asuma su obligación de juzgar y sancionar los crímenes cometidos, y el poder legislativo su responsabilidad de contralor. Mientras tanto, se debe suspender todo pago sobre una deuda cuya legitimidad y legalidad no han sido comprobadas. Es esencial quebrar la lógica del sistema de endeudamiento que requiere cada vez más deuda, para servir a la deuda vieja.
En el largo plazo, la construcción de soberanía financiera pasa por la consolidación de un régimen fiscal más justo y la aplicación de controles al movimiento de capitales. Al respecto, es vital desandar el andamiaje de normas nacionales e internacionales que el gran capital ha establecido en estos años para facilitar su operatoria sin trabas: desde el FMI al GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), impulsores de la desregulación financiera y las leyes antiterroristas; los tratados de protección a las inversiones y de “libre” comercio –que solo liberan los movimientos de capitales y bienes, sin libertades para las personas-; los mecanismos para la resolución de conflictos (como el CIADI), que menoscaban la soberanía de los Estados y habilitan la acción de tribunales foráneos o árbitros privados vinculados a los intereses corporativos, entre otras. Es necesario que los Estados asuman la primacía de los derechos humanos por sobre las demandas del capital y que, entre todos, creemos la fuerza y mecanismos necesarios para asegurar su protección.

Una ventaja de estas luchas, como ocurrió con el ALCA hace poco más de una década, es que permiten construir alianzas amplias en toda la región, y más allá también. Ahí está nuestro gran desafío: para construir las alternativas que queremos, cobra vital importancia la lucha de los pueblos. Por eso la centralidad de impulsar una gran campaña popular hacia el financiamiento soberano, contra el sistema de endeudamiento perpetuo, tal como acordamos en la I Conferencia Internacional sobre Deuda, Bienes Comunes y Dominación – Resistencias y Alternativas hacia el Buen Vivir, realizada aquí en Buenos Aires, hace dos años |9|. Para ello, es necesario articular las diversas resistencias y propuestas contra el ajuste social, el extractivismo, el “libre” comercio, la impunidad corporativa, las megarepresas y los megaeventos, la criminalización de la protesta, la militarización, el avasallamiento de los pueblos originarios… vincular a todas y todos quienes pelean por la soberanía y la autodeterminación en defensa de nuestros derechos humanos, de los pueblos y de la naturaleza. No hay tiempo que perder para avanzar en la misma, reconociendo que forma parte del igualmente impostergable desafío de construcción hacia un nuevo proyecto popular superador del colonialismo, del capitalismo, del imperialismo y del patriarcado y en armonía con la naturaleza.
Notas: (…)
Beverly Keene, Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina

II. Pensemos si antes de "hacer converger las distintas tradiciones de la izquierda anticapitalista argentina”, el desafío que tenemos es conseguir un lenguaje común sobre los problemas fundamentales de la humanidad entera hoy.

Entrevista con Claudio Katz y Eduardo Lucita
“Hay que hacer converger las distintas tradiciones de 
la izquierda anticapitalista argentina”
10 de julio de 2017

Por Franck Gaudichaud (Rebelión)

Debates en la izquierda frente a las próximas elecciones
En el tenso escenario político y social de Argentina se perfila una campaña electoral muy conflictiva y de gran impacto en toda la región. Hoy en día, con el gobierno Macri, el país aparece como uno de los bastiones de la derecha neoliberal, después de 12 años de kirchnerismo en el poder (2003-2015). Las elecciones que vienen representan un desafío central para los tres conjuntos que configuran – de manera desigual y no homogénea - actualmente el espacio político argentino: las derechas y el “macrismo”, los peronismos y el kirchnerismo, los trotskysmos y los movimientos anticapitalistas. Sobre el rol de las fuerzas de izquierda en ese proceso, consultamos a Claudio Katz y Eduardo Lucita, dos conocidos pensadores y militantes de esa corriente e integrantes del colectivo Economistas de Izquierda (EDI).


¿Cuál es el significado de las próximas elecciones primarias de agosto y legislativas de octubre?
CK : Son comicios en dos turnos. Hasta ahora las internas han sido un filtro que dirime quiénes quedan en la disputa por el voto útil. Numerosos analistas coinciden en destacar, que en esa segunda instancia la elección de la provincia de Buenos Aires podría definir el escenario de los próximos años y especialmente las presidenciales del 2019. Si Macri pierde quedaría muy debilitado su proyecto reeleccionista.
EL : El contexto económico es muy distinto al imaginado cuando el PRO llegó al gobierno con Macri. Todos los datos son negativos. El consumo se ha desplomado, el alza de las tarifas carcome los ingresos, la inflación es persistente, especialmente en alimentos, crecen el desempleo y la pobreza mientras la indigencia se profundiza. Por si fuera poco el país ha retomado una senda de endeudamiento a un ritmo que asusta, coronado por la reciente emisión de un bono a 100 años. Ahora, son elecciones de renovación parlamentaria y todos los analistas coinciden en que cualquiera fuera el resultado la relación de fuerzas en el parlamento no cambiaría. El gobierno seguiría siendo una minoría obligada a negociar con las otras fuerzas. La importancia de estas elecciones solo adquiere significación mirando a las presidenciales del 2019.
CK : Se trata de un ajuste mayúsculo sin contrapartida en materia de inversión, creo que el gobierno está intentando alguna ingeniería electoral para ocultar ese desastre.

¿Una ingeniería electoral de qué tipo? Si puedes desarrollar un poco esta idea…
CK: Trata de reforzar la prédica de los medios de comunicación “contra el populismo¨ y apuntalar la base político-social derechista que se forjó a partir de los cacerolazos en tiempos del kirchnerismo. Ese sector es muy propenso al revanchismo y al odio de clase en la tradición del viejo ‘gorilismo’. Despotrican contra Venezuela y Cuba, insultan a los docentes, exigen represión de los piquetes y prohibición de las huelgas repitiendo libreto conservador predominante en la televisión. Ese sustento explica cómo el gobierno se mantiene en carrera a pesar del desastre económico.
EL: En mi opinión lo que está pesando, y tal vez tanto o más que la economía, es la batalla cultural en la que desde hace años el neoliberalismo viene ganando posiciones.

¿Es tan fuerte ese sostén derechista en la actual sociedad argentina?
CK: Es importante aunque limitado, como lo demuestra la fuerza opuesta que salió a flote en las marchas del 24 de marzo pasado, en la impresionante irrupción de las mujeres o la gran reacción que suscitó el intento de liberar genocidas mediante el llamado ‘2 por 1’ |1| .
EL: El gobierno también se apoya en el colaboracionismo de la burocracia sindical. Aunque todos los días se registra alguna nueva movilización, predomina un significativo repliegue en comparación a las multitudinarias movilizaciones de marzo. Los jerarcas de la CGT están repitiendo la misma entrega que hicieron los ‘gordos’ |2| en la época de Menem. Ya no participan en el fraude de las privatizaciones, sino que se contentan con la tajada obtenida con el manejo de las obras sociales y el flujo de dinero que perciben aquellos sindicatos que firman convenios colectivos. Han impuesto una desmovilización total por temor a los desbordes. Quedaron especialmente preocupados y temerosos por las críticas en la calle a sus capitulaciones y, especialmente, porque en la última gran movilización a que llamó la CGT, que convocó a cientos de miles de trabajadores, les tomaron el palco y tuvieron que abandonarlo a las corridas, en forma más que vergonzosa.

¿Cómo influye en este marco el renovado protagonismo de la expresidenta Cristina Kirchner?
EL: Hay una vertiginosa reconstitución de ese liderazgo que desconcierta al establishment. Suponían que estaba fuera de juego y que la conducción del peronismo se dirimiría entre los sectores más confiables.
CK: Su reaparición perturba a las élites que están perdiendo la certeza en la restauración conservadora. Si Cristina gana la provincia de Buenos Aires, los grupos dominantes empezarán a buscar un sustituto de Macri. Algunos comunicadores piensan que el año pasado se perdió la oportunidad para asegurar un prolongado gobierno del PRO mediante una limpieza judicial fulminante del kirchnerismo. Otros estiman que se cometió el error inverso al potenciar la confrontación con CFK. Los banqueros, por las dudas, mantienen una baja calificación de los bonos argentinos a la espera del desenlace electoral. Ya hay paralelos con el escenario político de Brasil. No en la comparación con Temer que pende de un hilo, sino en las dudas del establishment frente un retorno del gobierno anterior. Allí no saben si proscribir, asimilar o confrontar con Lula y aquí exhiben las mismas dudas frente a Cristina.

Pero en cualquiera de estas opciones políticas parecen aprestarse a profundizar el ajuste y la austeridad: ¿qué opinan?
EL: De eso no cabe duda. El gobierno está subiendo la apuesta para asegurarse el respaldo de los grandes capitalistas. Por eso aplica medidas duras cuando ya se está largando la campaña electoral. Siguen los ‘tarifasos’, quitan pensiones a los discapacitados, toleran los despidos y propician abiertamente la flexibilidad laboral. Para después de octubre tienen planteado reducir el déficit fiscal bajando el gasto público. Conviene tener en cuenta para ver por dónde pueden venir los recortes, que el 56% del gasto público es social y otro 17% es gasto en salarios públicos y AUH |3| . Tienen planteada las reformas previsional, laboral y tributaria, que uno puede intuir cuál será su orientación. Los sectores más lúcidos del neoliberalismo sostienen que esto solo puede hacerse con consenso político, algún tipo de acuerdo con sectores de la oposición y con los gobernadores. No en vano hace unos días estuvo por aquí el español Ramón Tamames, uno de los ideólogos del Pacto de la Moncloa (1977)…
CK: Yo creo que además tantean un giro represivo y jugarán la carta del miedo retomando el fantasma del 2001. Buscan la polarización electoral, anunciando que una derrota del PRO conduce al desgobierno y al colapso de la economía.

¿En los sectores populares, Cristina es vista como una alternativa frente a semejante agresión neoliberal?
EL: Cristina concluyó su mandato con una buena imagen en esa franja. Perdió las elecciones preservando un gran predicamento. No se retiró como Alfonsín, Isabel o Menem, sino como Perón o Cámpora. Por esa razón es la primera vez que un liderazgo se mantiene en el peronismo, a pesar de resultados adversos en los comicios.
CK: Pienso que con el “Frente Ciudadano” |4| , el kirchnerismo vuelve a intentar la transversalidad y cierto distanciamiento del aparato justicialista. Es la tónica que ha impuesto a las candidaturas. Al mismo tiempo, adopta un programa de mayor confrontación verbal con el ajuste que incluye frenar el alza de tarifas, declarar la emergencia alimentaria y sanitaria, volver a los precios cuidados y sobre todo revisar la deuda. No olvidemos que el kirchnerismo mantuvo serios conflictos con el establishment en varios terrenos, como las retenciones o la ley de medios.
EL: Pero Cristina igualmente omite que muchos legisladores llegaron al Congreso en sus listas y después votaron las leyes del macrismo. Además en la provincia de Santa Cruz gobiernan implementando el mismo ajuste que, a escala nacional, le objetan a Macri.

LUCES Y SOMBRAS
¿Cómo caracteriza la izquierda este nuevo escenario?
CK: La reaparición de Cristina es vista con dos miradas opuestas. Algunos piensan que resurge con un liderazgo insoslayable para derrotar a Macri. Otros, en cambio, consideran que retorna con posturas más conciliatorias hacia el poder real. Me parece que las dos visiones son equivocadas.
EL: Coincido. La primera postura repite a la disolución en el kirchnerismo que ya transitó una amplia franja del progresismo. Se subordinaron al verticalismo que impone CFK, aceptando la represión de Berni, la designación de Milani o el pago de las deudas fraudulentas a Repsol, el CIADI |5| o el Club de Paris. La segunda postura comete el error opuesto. No registra los virajes del kirchnerismo y sus conflictos con los poderosos.
CK: En estos momentos, el mensaje de Cristina es de protesta e indignación social. No repite la estética ‘marketinera’ del PRO, ni la despolitización republicana. Hay que registrar la enorme distancia que la separa de Macri y entender que la grieta no es solo una simple construcción artificial de los medios, hay que incorporar también la comparación de la situación social en el 2015 y la actual.

Ustedes han votado en las últimas elecciones al Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) ¿Mantienen esa decisión?
EL: El FIT ha consolidado una fisonomía de izquierda muy presente en el espacio político, le ha dado identidad de alcance nacional, presenta listas en 22 de las 24 provincias y en 100 distritos de la decisiva Prov. de Buenos Aires. Es una novedad y un mérito innegable. A lo largo de varios años, mantiene un lugar en las legislaturas, los medios y la calle con emblemas anticapitalistas explícitos. Con esa identidad emite un mensaje de politización socialista al alcance de toda la población.
CK: Yo añadiría que afianzó un segmento militante numeroso con gran presencia en la lucha. Es un canal de organización de sectores combativos en todo el universo sindical. Pero el principal argumento para un voto a la izquierda es más sencillo: sus legisladores siempre estarán ubicados en la primera fila contra el ajuste y los conflictos sociales. En cambio dentro del espacio kirchnerista siempre hay lugar para las deserciones que vimos en los últimos años. Partiendo de estos reconocimientos, tengo muchas objeciones al FIT.

¿Cuáles?
CK: Con el paso del tiempo, han afianzado un encierro que genera un infranqueable techo al despegue cualitativo de la izquierda. Se negaron a aceptar el ingreso de fuerzas tan afines como son el Movimiento Socialista de los Trabajadores ( MST -Nueva Izquierda) y el Movimiento al Socialismo (Nuevo MAS ) , que se vieron empujadas a formar otro frente para competir por el mismo voto. No existe ningún argumento político, menos aún ideológico, que justifique esa marginación. Son tres fuerzas trotskistas que rechazan a otros partidos del mismo signo...La única explicación de ese dislate es un cálculo de aparato. Apuestan a que sus rivales no logren sortear las PASO y terminen votándolos. La misma disputa por cargos -sin ningún basamento político- dominó toda la negociación dentro del FIT, para evitar la interna. No hubo discusión de ideas. El frente se ha cerrado a otras tradiciones de la izquierda y, por eso, no aprovecha la posibilidad de elecciones internas para incorporar nuevas fuerzas.
EL: Este sectarismo, que me apresuro a aclarar no es solo propiedad del FIT, también está en otras fuerzas de izquierda, tiene dos fuentes. Por un lado, la lógica de autoconstrucción partidaria, lo que Gramsci llamaba el “patriotismo de partido” que termina en disputa de aparatos. Por el otro, en general este tipo de partidos abrevan en las concepciones de “clase contra clase” que limita la política de alianzas y que, incluso, lleva a confundir frentes electorales con alianzas estratégicas. Puede que estas concepciones estén también en la base de su incomprensión de la complejidad de los procesos latinoamericanos.

A propósito entiendo que también disienten con el FIT en la actitud frente a Venezuela.
CK: Si. Es otra área de discordia, aunque ellos han evitado pronunciamientos conjuntos sobre el tema. Ninguno de los tres partidos denuncia categóricamente la existencia de un golpe de la derecha y el imperialismo. Al igual que los medios se limitan a describir una situación caótica sin señalar a los culpables. Incluso equiparan las responsabilidades del gobierno con la oposición, como si la CIA y Maduro fueran equivalentes.
EL: Yo considero que lo más grave es la actitud de una las fuerzas del FIT que directamente ha hecho campaña, aquí en el país, por la caída del gobierno Maduro. Yo creo que nunca hay que escatimar las críticas, ni ocultarlas, la “verdad es siempre revolucionaria” nos enseñó Trotsky, pero no hay que confundirse en que campo están la reacción y el imperialismo. Repiten el alineamiento con la derecha que ya vimos aquí durante el conflicto del kirchnerismo con la Sociedad Rural.

De lo que exponen parecería deducirse para la izquierda un escenario de oportunidades y complejas encrucijadas...
CK: Sí, es así. Las posibilidades derivan de la enorme capacidad de resistencia popular, de la acumulación de experiencias y de la gran militancia que existe en el país. Los problemas radican en la dificultad para interpretar los cambios que se avecinan superando el sectarismo. Es un desafío de todos y con resultados muy abiertos.
EL: La situación es compleja y contradictoria pero encierra una oportunidad para las fuerzas anticapitalistas. Es una nueva oportunidad para señalar que las trabas para resolver los problemas que el capital causa en nuestra sociedad, y que ninguna fracción burguesa en el gobierno ha resuelto, se encuentra en el propio régimen del capital. De cara al 2019 coincido con Claudio que es una tarea de todos vencer el sectarismo. En estas elecciones, el FIT ha llegado a un acuerdo electoral con una corriente de inspiración guevarista, ‘Poder Popular’, que pondrá candidatos en sus listas. Es un avance, pequeño y experimental, pero avance al fin. Yo mantengo la esperanza, tal vez por aquello del “optimismo de la voluntad” que en algún momento la presión social obligue a que el FIT, o el frente de que se trate, se transforme en una canal en el que converjan las distintas tradiciones de la izquierda anticapitalista.


Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=228904

I. Pensemos si antes de "hacer converger las distintas tradiciones de la izquierda anticapitalista argentina”, el desafío que tenemos es conseguir un lenguaje común sobre los problemas fundamentales de la humanidad entera hoy.

La defensa “por izquierda” de De Vido y 


un texto de Víctor Serge

29 de julio de 2017

Por Rolando Astarita


En los últimos días, y a raíz del debate sobre el desafuero de De Vido, diputados del FIT dijeron que votaban en contra de la expulsión porque la misma era contraria al orden constitucional, y porque creaba un precedente para que en el futuro se expulsara a representantes de la izquierda de la Cámara. Se sostuvo también que al no mediar condena de la Justicia, el desafuero era una especie de “golpe parlamentario”, anti-constitucional; que la izquierda estaba defendiendo los derechos políticos de De Vido; y que esa defensa formaba parte de la pelea contra los golpes parlamentarios al estilo Temer-Brasil. También se dijo que la discusión sobre corrupción y el caso De Vido era una maniobra distraccionista de Cambiemos, para no debatir las políticas de ajuste en curso. Todos argumentos que encajaron muy bien en el discurso que desplegó el kirchnerismo en defensa del corrupto ex ministro.
Indudablemente, esta posición de la izquierda hay que enmarcarla en la idea de que, de alguna manera, el kirchnerismo (o el PT y Lula), sería progresivo en relación a Cambiemos (o Temer y el PMBD). El razonamiento es que todos son “enemigos de los trabajadores”, pero unos son peores que otros. Para bajarlo a tierra, algo así como que lo que hizo el kirchnerismo en Santa Cruz es mejor que lo que hizo el macrismo en la ciudad de Buenos Aires (o que el ajuste de Dilma era más progresivo que el ajuste de Temer). En cualquier caso, este enfoque explica el temor de buena parte de la izquierda de ser acusada por la militancia K “de ser funcional a la derecha”.
En otras notas del blog expliqué por qué considero que ese análisis es equivocado, y no voy a repetir aquí mis argumentos. Sin embargo, a esa diferencia de análisis se suma ahora una más fundamental, referida a la actitud hacia el orden constitucional burgués. En otras notas ya hablé de cretinismo parlamentario, en crítica a la creencia de que votando una ley se pudiera parar la desocupación en el capitalismo. Pero ese cretinismo se potencia cuando se mistifica a la Justicia burguesa y el orden constitucional burgués. En este respecto, una cosa es que los marxistas no renuncien a los beneficios de la legalidad burguesa, y otra muy distinta es que se pongan en defensores del orden burgués. O que entronicen a la Justicia como la única fuente de “legitimidad” para expulsar a un corrupto de la Cámara de diputados (¿y si mañana la Justicia condena a los diputados de izquierda?); o que conviertan en un fetiche “los precedentes jurídicos o constitucionales” de una votación parlamentaria (¿no se dan cuenta de que esos “precedentes” son papel mojado en la realidad de la lucha de clases?). Agregando que es absurdo (en realidad, una mentira para engañar y confundir), aducir que hoy está en juego una defensa de libertades democráticas contra un supuesto “golpe de Estado”. Se trata de una vieja y repetida tapadera de los que se postran, “por izquierda”, ante el legalismo burgués.
Con el fin de aportar elementos para el análisis, en lo que sigue comparto con los lectores del blog este pasaje de Víctor Serge, tomado de Lo que todo revolucionario debe saber sobre la represión (México, Era, 1972; los énfasis son agregados míos). Es parte del esfuerzo por rescatar las mejores tradiciones del socialismo revolucionario. Escribía Serge:
“El fetichismo de la legalidad fue y sigue siendo uno de los rasgos característicos del socialismo favorable a la colaboración de clases. Lo cual conlleva la creencia en la posibilidad de transformar el orden capitalista sin entrar en conflicto con sus privilegiados. Pero esto más que indicio de un candor poco compatible con la mentalidad de los políticos, lo es de la corrupción de los líderes. Instalados en una sociedad que fingen combatir, recomiendan respeto a las reglas del juego. La clase obrera no puede respetar la legalidad burguesa, salvo que ignore el verdadero papel del Estado, el carácter engañoso de la democracia; en pocas palabras, los principios básicos de la lucha de clases.
Si el trabajador sabe que el Estado es un haz de instituciones destinadas a defender los intereses de los propietarios contra los no-propietarios, es decir, a mantener la explotación del trabajo; que la ley, siempre promulgada por los ricos en contra de los pobres, es aplicada por magistrados invariablemente tomados de la clase dominante; que invariablemente la ley es aplicada con un riguroso espíritu de clase; que la coerción -que comienza con la pacífica orden del agente de policía y termina con el golpe de la guillotina, pasando por presidios y penitenciarías- es el ejercicio sistemático de la violencia legal contra los explotados, ese trabajador no puede ya considerar la legalidad más que como un hecho, del cual se deben conocer los diversos aspectos, sus diversas aplicaciones, las trampas, las consecuencias -y también las ventajas- de las cuales deberá sacar partido alguna vez, pero que no debe ser frente a su clase más que un obstáculo puramente material. (…)
En todos los países, el movimiento obrero ha debido conquistar, a fuerza de combates prolongados por más de medio siglo, el derecho de asociación y de huelga. (…) En los conflictos entre el capital y el trabajo, el ejército siempre ha intervenido contra el trabajo; nunca contra el capital. En los tribunales, la defensa de los pobres es poco menos que imposible, a causa de los gastos de toda acción judicial; en realidad, un obrero no puede ni intentar ni sostener un proceso. La inmensa mayoría de delitos y crímenes tienen por causa directa la miseria y entra en la categoría de atentados a la propiedad.
Las prisiones están pobladas de una inmensa mayoría de pobres. (…) Respetar esta legalidad es cosa de tontos. Sin embargo, desdeñarla no sería menos funesto. Sus ventajas para el movimiento obrero son tanto más reales cuanto menos ingenuo se es. El derecho a la existencia y a la acción legal es, para las organizaciones del proletariado, algo que se debe reconquistar y ampliar constantemente. Lo subrayamos porque la inclinación opuesta al fetichismo de la legalidad se manifiesta a veces entre los buenos revolucionarios, inclinados -por una especie de tendencia al menor esfuerzo en política (es más fácil conspirar que dirigir una acción de masas)- a cierto desdén por la acción legal. Nos parece que, en los países donde la reacción todavía no ha triunfado destruyendo las conquistas democráticas del pasado, los trabajadores deberán defender firmemente su situación legal, y en los otros países luchar por conquistarlas” (pp. 31-32).

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La defensa “por izquierda” de De Vido y un texto de Víctor Serge

Nos dicen: “Para lograr estos cambios y conseguir la emancipación social, el CADTM Internacional considera que son los mismos pueblos los que deben asumir el reto del cambio. Los pueblos no deben pues ser liberados, sino que deben liberarse a sí mismos. Por otra parte, la experiencia demuestra que no hay que esperar de las minorías privilegiadas que se hagan cargo del bienestar de la población. Como se afirma en el Llamamiento de la Bastilla de 1989, sólo la solidaridad de los pueblos puede acabar con el poder del imperialismo económico”.

Declaración de principios

27 de abril de 2007
Declaración de principios del CADTM Internacional aprobada en Belém en enero de 2009.

Por CADTM

Preámbulo


En 1989, tiene lugar en París «el Llamamiento de la Bastilla». Se trata de una invitación a la unión de todas las fuerzas populares del mundo para luchar por la condonación inmediata e incondicional de la deuda de los países llamados «en desarrollo». Dicha deuda, aplastante, así como las reformas macroeconómicas neoliberales impuestas en el Sur a partir de la crisis de la deuda de 1982, provocaron el aumento de las desigualdades, una pobreza masiva, injusticias flagrantes y la destrucción del medioambiente. El CADTM surge en 1990 en respuesta a este llamamiento y para luchar contra el empeoramiento general de las condiciones de vida de la mayoría de los pueblos. Actualmente, el CADTM Internacional es una red integrada por unas treinta organizaciones activas en más de 25 países de cuatro continentes. Su trabajo fundamental, centrado en el problema de la deuda, consiste en llevar a cabo acciones y en plantear alternativas radicales para un mundo basado en la soberanía, la solidaridad y la cooperación entre los pueblos, el respeto de la naturaleza, la igualdad, la justicia social y la paz.
Desde la creación del CADTM el contexto internacional ha cambiado. En lo que respecta a la deuda, constatamos una transformación importante: el fortísimo aumento de la deuda pública interna. En conjunto, a nivel internacional se observan dos grandes tendencias opuestas. Por una parte, la ofensiva capitalista neoliberal llevada a cabo fundamentalmente por el G7, el FMI, el BM y la OMC, al servicio de empresas transnacionales y del capital financiero internacional, ha continuado y se ha intensificado. Por otra, desde finales de los noventa, se aprecia una tendencia opuesta: potentes movilizaciones populares contra la ofensiva neoliberal, en particular en América Latina, fortalecimiento del movimiento social internacional por «otros mundos posibles», la elección de presidentes que abogan por romper con el neoliberalismo, iniciativas en materia de auditoría de la deuda y de suspensión de los pagos de la deuda exterior pública, principio de recuperación del control de sectores estratégicos y naturales por parte del Estado, fracaso de proyectos neoliberales como el ALCA o movimientos de resistencia contra el imperialismo en Irak, Palestina y Afganistán. La evolución de la relación de fuerzas entre estas dos tendencias dependerá en mucho de las reacciones populares frente a esta crisis internacional poliédrica (financiera, económica, social, política, alimentaria, energética, climática, ecológica y cultural).

Declaración de principios

1. La deuda pública (externa e interna) genera una transferencia masiva de riquezas de los pueblos del Sur a los prestamistas, aparte de las comisiones que de paso se embolsan las clases dominantes locales. Tanto en el Norte como en el Sur, la deuda es un mecanismo para transferir las riquezas generadas por los trabajadores y trabajadoras y los pequeños productores y productoras a los capitalistas. Los prestamistas utilizan el endeudamiento como un instrumento de dominación política y económica que instaura una nueva forma de colonización. A pesar de sus numerosas riquezas naturales y humanas, los pueblos del Sur están completamente explotados. En la mayoría de los países del Sur, la devolución de la deuda pública representa anualmente una suma superior a los gastos de educación, salud, desarrollo rural y creación de empleo. Las iniciativas para reducir la deuda que hemos visto nacer estos últimos años no han sido sino un mercadeo barato, sobre todo si tenemos en cuenta que han venido acompañadas de condiciones que han resultado nefastas para los países que de ellas se han «beneficiado».
2. El objetivo principal del CADTM es conseguir la abolición inmediata e incondicional de la deuda pública del Tercer Mundo y el abandono de las políticas de ajuste estructural. Para la consecución de dicho objetivo, la línea de actuación del CADTM Internacional se centra en la realización de las acciones siguientes:
- Promoción de procesos de difusión, sensibilización, organización y acción de los pueblos endeudados. 
- Puesta en marcha de auditorías de la deuda que integren la participación ciudadana y tengan como objetivo repudiar las deudas odiosas e ilegítimas. 
- Decisiones unilaterales y soberanas de los Gobiernos para declarar la nulidad de la deuda pública y dejar de devolverla. 
- Ruptura de los acuerdos con el FMI y el BM. 
- Creación de un frente unido de países para el impago de la deuda. 
- Reconocimiento de la doctrina de la deuda odiosa en el Derecho internacional. 
- Rechazo de cualquier tipo de condición impuesta por los prestamistas. 
- Devolución a los ciudadanos y ciudadanas de los países del Sur de los bienes malversados por los dirigentes corruptos del Sur con la complicidad de las instituciones bancarias y de los Gobiernos. 
- Pago sin condiciones por parte de las potencias del Norte de reparaciones económicas en concepto de la deuda histórica, social y ecológica acumulada con respecto a los pueblos del Sur. 
- Acciones judiciales contra las instituciones financieras internacionales. 
- En caso de nacionalización de bancos privados en quiebra, recuperación del coste de la operación sobre el patrimonio de los grandes accionarios y administradores. 
- Sustitución del BM, el FMI y la OMC por instituciones democráticas que den prioridad al respeto de los derechos humanos fundamentales en cuanto a financiación del desarrollo, crédito y comercio internacional se refiere. 
- Denuncia de todos los acuerdos (económicos, políticos, militares, etc.) que hipotequen la soberanía de los pueblos y perpetúen los mecanismos de dependencia.
3. Para el CADTM, la condonación de la deuda no constituye un fin en sí mismo. Se trata más bien de una condición necesaria, pero no suficiente, para garantizar el respeto de los derechos humanos. Si la humanidad desea una justicia social respetuosa con el medioambiente es pues necesario ir más allá de la condonación de la deuda pública. La deuda forma parte de un sistema que hay que combatir en su conjunto. De manera paralela a la anulación de la deuda, es indispensable poner en marcha otras alternativas radicales entre las cuales:
- Erradicar el hambre, la pobreza y las desigualdades. 
- Garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en todas las facetas de la vida. 
- Poner en marcha una nueva disciplina financiera que restaure un control estricto sobre los movimientos de capitales y mercancías, que grave el capital (tasas mundiales e impuestos sobre las grandes fortunas), que acabe con el secreto bancario y que prohíba los paraísos fiscales, laespeculación y la usura. 
- Elevar la ayuda pública al desarrollo, exclusivamente mediante donaciones sin ninguna condición, hasta el 1 % de la renta nacional bruta de los países más industrializados y rebautizarla «Contribución de reparación y solidaridad», excluyendo de su cálculo la condonación de la deuda y las cantidades que no estén al servicio de los intereses de la población del Sur. 
- Movilizar recursos que no generen endeudamiento. 
- Poner en marcha alternativas que liberen a la humanidad de todas las formas de opresión: social, patriarcal, neocolonial, racial, de casta, política, cultural, sexual y religiosa. 
- Poner en marcha una política medioambiental ambiciosa con el objetivo de estabilizar el clima. 
- Garantizar la soberanía económica, política y alimentaria de los pueblos. 
- Prohibir que se aplique el sistema de patentes a los recursos vivos. 
- Desmilitarizar por completo el planeta. 
- Garantizar el derecho de circulación y de establecimiento de las personas. 
- Afirmar la supremacía de los derechos humanos sobre el derecho comercial e imponer a los Gobiernos, instituciones financieras internacionales y empresas el respeto de distintos instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1984), la Convención sobre los derechos políticos de la mujer (1952), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1981), la Declaración sobre el derecho al desarrollo (1986), la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias (1990), la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades universalmente reconocidos (1998),la _ Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (2007). 
- Garantizar la soberanía de los pueblos sobre sus vidas y su futuro, lo que implica principalmente devolver al dominio público los recursos naturales, los resultados de la investigación y el desarrollo, otros bienes comunes de la humanidad y los sectores estratégicos de la economía. 
- Abandonar el sistema capitalista basado en la búsqueda del máximo beneficio privado, el crecimiento y el individualismo, para construir una sociedad donde las necesidades sociales y medioambientales guíen las decisiones políticas.
4. Para lograr estos cambios y conseguir la emancipación social, el CADTM Internacional considera que son los mismos pueblos los que deben asumir el reto del cambio. Los pueblos no deben pues ser liberados, sino que deben liberarse a sí mismos. Por otra parte, la experiencia demuestra que no hay que esperar de las minorías privilegiadas que se hagan cargo del bienestar de la población. Como se afirma en el Llamamiento de la Bastilla de 1989, sólo la solidaridad de los pueblos puede acabar con el poder del imperialismo económico. El llamamiento afirma asimismo que esta solidaridad excluye por completo el apoyo a regímenes que empobrezcan a sus países, acallen la voz de sus pueblos y pisoteen sus derechos. El fortalecimiento de los movimientos sociales es una prioridad para el CADTM que, partiendo de un enfoque internacionalista, participa en la construcción de un movimiento popular amplio, consciente, crítico y movilizado. Convencido de la necesidad de que las luchas emancipadoras converjan, el CADTM Internacional apoya a todas las organizaciones y coaliciones que luchen por la igualdad, la justicia social y la preservación de la naturaleza y de la paz.
Traducción Paz Gómez
Notas: (…)

Fuente: http://www.cadtm.org/Textos-y-cartas