viernes, 31 de marzo de 2017

Constatemos la falsedad del relato 'democrático' de Sala-Morales atendiendo a: “Repudiamos la continuidad y profundización de políticas netamente mercantilistas, neoliberales, de saqueo, represión y exterminio de nuestros pueblos indígenas”.

Argentina - Jujuy: 

“Basta de saqueo a la Pachamama”
31 de marzo de 2017

Siete días de caminata, 300 kilómetros y decenas de comunidades originarias que reclamaron al gobierno de Jujuy que respete los derechos indígenas y rechazaron la megaminería en sus territorios. Organizada por comunidades nucleadas en la Asamblea de Comunidades e Indígenas Libres, cuestionaron la avanzada de actividades extractivas y denunciaron la represión sobre quienes defienden las tierras indígenas.
La extensa marcha finalizó el jueves en la capital provincial. En el marco de la jornada del 24 de marzo, unieron la bandera de “memoria, verdad y justicia” con la consigna indígena de hace décadas: “Basta de saqueo a nuestra Pachamama”.
Las banderas al frente de la marcha resumieron los motivos: “Por el agua y el territorio”, “no a la minería”, “por la vida en nuestros territorios”, “no a la ley 5915”. Partieron el 16 de marzo de la localidad de Casira, pasaron por La Quiaca, Abra Pampa, Humahuaca y Tilcara. El 21 fue el turno de una ceremonia del agua en Purmamarca y el encuentro con comunidades kollas y atacama de Susques y la Cuenca de Guayatayoc (que resisten a la minería de litio). El miércoles 22 fue el turno de las localidades de Volcán y Bárcena. Y el 23 finalizó en San Salvador de Jujuy.
“Repudiamos la continuidad y profundización de políticas netamente mercantilistas, neoliberales, de saqueo, represión y exterminio de nuestros pueblos indígenas”, afirma el comunicado de la Asamblea de Comunidades e Indígenas Libres, espacio de articulación nacido en 2016 y que, ya desde el nombre, marca distancia de comunidades y ONG que participan del gobierno de Gerardo Morales.
Los referentes indígenas caminaron largas horas por la ruta. Eran niños, mujeres y hombres, jóvenes y ancianos. Al llegar a otras comunidades se realizaron asambleas para informar los alcances de la ley cuestionada, la avanzada de empresas mineras y también se analizaron situaciones puntuales de cada comunidad. Se descansaba por las noches y a primera hora se volvía a marchar, con nuevos delegados (de las comunidades visitadas) que se sumaban a la marcha. Estuvieron presentes el Pueblo Kolla, Atacama, Omaguaca y Ocloya, entre otros.
El gobierno de Gerardo Morales aprobó en mayo de 2016 la Ley 5915, conocido como “de servidumbre” para el paso de electroductos y proyectos de generación de energía. Autoriza a empresas a ingresar y hacer uso del territorio indígena, sin respetar las leyes (tanto nacionales como internacionales) que establecen la consulta y el consentimiento de los pueblos originarios.
Las comunidades indígenas no tienen dudas de que se trata de una avanzada sobre los derechos y territorios indígenas. Lo entienden como un paso más para facilitar el avance minero y, precisan, es violatorio de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas.
Al asumir la gobernación, Morales nombró al frente de la Secretaría de Pueblos Indígenas a Natalia Sarapura, conocida activista kolla, del Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ), que recibió apoyos de algunas comunidades pero también críticas por formar parte de un gobierno que impulsa el extractivismo en territorios indígenas.
Ante las denuncias por la Ley 5915, Sarapura reconoció que fue sancionada sin respetar la participación indígena y convocó a una audiencia en diciembre pasado. “Ha sido una normativa que trajo controversia y preocupación. Por esa razón se decidió convocar a una asamblea de presidentes de comunidades y autoridades legislativas. Estamos dispuestos a escuchar las preocupaciones de las comunidades”, explicó la funcionaria en diciembre.
En la audiencia fue mayoritario el repudio a la ley, pero el Gobierno igual la sostuvo. La Asamblea de Comunidades e Indígenas Libres remarcó que exige la derogación de la norma y no una “supuesta participación” sobre lo ya sancionado. “Es una norma que atenta contra los derechos de pueblos originarios por inconsulta, inconstitucional y de despojo. Es un vía libre encubierto para el avance de empresas extractivas”, resumió Enrique González, uno de los voceros de la marcha indígena.
Una estrategia de los gobiernos provinciales y nacional es modificar las leyes indígenas y ambientales que puedan ser frenos al avance del modelo extractivo. La Secretaría de Minería de Nación ya reconoció los intentos de modificación de la ley de glaciares, en Córdoba se pretende una nueva norma que permita más desmontes y en Río Negro se intenta avanzar en un nuevo “código de tierras fiscales” (que avanza sobre territorios mapuches).
Las comunidades indígenas de Jujuy resaltaron su preocupación por la gran sequía que afecta a la zona de la Puna y la Quebrada, y denunciaron el intento de la explotación minera “Chinchillas” (de explotación de plata y plomo, de la empresa Golden Arrow) y la minería de litio (con enormes uso de agua y contaminación). También precisaron desalojos y criminalización de la comunidades Cueva del Inca y Pucará en Tilcara (en beneficio de empresarios turísticos), exigieron la entrega de títulos comunitarios y reiteraron, una vez más, la contaminación y violación de derechos de la empresa Minera Aguilar (de la multinacional Glencore-Xstrata).
El gobierno de Morales suele utilizar dos slogans: “Pachamama yo te cuido” y “Jujuy es Pachamama”. El kolla Enrique González, desde la marcha indígena, lo cuestionó: “Las palabras del gobierno suenan a hipocresía y a folklorismo superficial y vacío, ya que las políticas aplicadas promueven la desaparición de nuestras formas de vida tradicionales”.

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Argentina_-_Jujuy_Basta_de_saqueo_a_la_Pachamama

Señalemos que la impunidad de Barrick Gold es posible por la democracia tanto de CFK como de Macri y del PJ que es presidido por el principal constructor de legalidad-legitimidad del envenenamiento y del oro por encima del agua.

Un nuevo derrame en la mina Veladero
31 de marzo de 2017

Por Página 12


El desacople de una cañería provocó arrastre y acumulación de metales pesados en San Juan


El nuevo incidente es el cuarto en menos de un año y medio. Los vecinos de Jáchal denunciaron que el derrame incluyó cianuro, oro, plata y mercurio. La empresa y el gobierno provincial indicaron que no fueron afectadas personas ni cursos de agua.
Un nuevo derrame de solución cianurada en la mina sanjuanina Veladero que opera la Barrick Gold, el cuarto en menos de un año y medio, volvió a poner a la empresa canadiense en el ojo de las organizaciones ambientalistas que reclamaron el cierre de la explotación. Según el gobierno provincial, el derrame “no afectó a personas ni cursos de agua y fue contenido por personal de la empresa”. Mientras en la capital de la provincia organizaciones ambientalistas y partidos se concentraron en la Plaza 25 de Mayo, los jachalenses, al cierre de esta edición, evaluaban en asamblea pedir la revocatoria de todos los concejales, responsables, según ellos, de que el año pasado no se realizara la consulta popular sobre la actividad minera con uso de sustancias tóxicas en las nacientes del río Jachal.
El martes, alrededor de las 22.30, la minera reportó al gobierno de San Juan el desacople de una cañería que, entre las 17.15 y las 17.30, produjo el derrame de material. A través de un comunicado la empresa explicó que “hechos de esta naturaleza, propios de la operación, no generan daño a la salud de las personas ni al medio ambiente”.
El Ministerio de Minería de San Juan informó que la rotura ocurrió “sobre un canal de contención que transportan solución rica (conduce oro y plata)”, y provocó un “arrastre y acumulación de material (ripio) contactado con solución rica, que se depositó sobre un camino horizontal compactado”.
Ayer al mediodía, mientras el equipo de inspección encabezado por el secretario de Gestión y Control Ambiental Minero, Eduardo Machuca, estaba llegando a la mina para evaluar la situación, el ministro de Minería, Alberto Hensell, sostuvo que el derrame “no afectó a personas ni cursos de agua y fue contenido por personal de la empresa”.
En tanto, Uñac advirtió que “Barrick va a tener que ponerse a la altura de las circunstancias”, señaló que le preocupa “la situación de la empresa, que cada dos por tres está teniendo algún evento”, adelantó que va a multar a la minera, y advirtió que será “implacable con el cuidado del medio ambiente”.
En cambio, uno de los abogados de la asamblea de Jachal, Marcelo Arancibia, explicó a este diario que “hablan de ‘material rico’, como si fuera menos grave que un derrame de cianuro, y es peor. Los metales pesados, a diferencia de la solución cianurada, no se degradan”.
El asambleísta de Jachal Saúl Argentino Zeballos reforzó la explicación: “durante el proceso en que se tritura la roca se separa por un lado los metales (oro, plata y mercurio) y por otro, la solución pobre, con cianuro pero sin metales. La solución rica es la que se acumula en un paredón del valle de lixiviación e incluye cianuro, oro, plata y mercurio”.
Además, Zeballos advirtió que “el mercurio es un subproducto que obtienen y desde hace cinco años no se lo pueden vender a nadie. Están haciendo acopio de mercurio en una zona sísmica como es San Juan”.
En cuanto a la respuesta del gobierno provincial, Arancibia remarcó que “es la misma actitud que vienen tomando con los derrames anteriores, hacen inspecciones de las cuales después nunca entregan los informes. Se están naturalizando los derrame, y esto en un contexto donde el nuevo gerente de la empresa, Jorge Palmés, viene diciendo por todos los medios que Veladero es la mina mas segura del mundo, y que los últimos derrames fueron derrames comunicacionales, además de asegurar, que hay cien años de Barrick en San Juan”.
Arancibia también le apuntó al intendente de Jachal, Miguel Vega, quien “en lugar de quedarse en la ciudad donde los jachalensen convocaron a una asamblea se vino a la capital (provincial) a refugiarse”.
En cuanto a los peritajes que realizaba la policía minera ayer, Zeballos dijo que “exigimos a través de la intendencia que nos entreguen el reporte escrito y firmado sobre el derrame”, porque recordó que “todavía estamos esperando el informe del derrame del año 2015 y el del 2016, del Ministerio de Minería. También los análisis de los peces que murieron, durante veinticinco días de enero de este año, y que la Secretaría de Ambiente provincial tampoco presentó”. “Es más –remarcó Zeballos–, en la causa judicial que terminó con algunos operarios procesados por el derrame de 2015, los datos dicen que hubo 1.072.000 litros derramados en el río, según el juez, y en la misma causa, en el expediente, hay informes manuscritos de la Barrick que hablan de 4.600.000 mil litros, es decir, nunca logran datos fiables”.
El coordinador de la campaña de glaciares de Greenpeace, Gonzalo Strano, sostuvo que “venimos reclamando desde el primer derrame el cierre definitivo de la mina. El presidente de la Nación tiene la oportunidad histórica de cumplir con la ley de Glaciares, ya que la mina opera en una zona periglaciar protegida. Por eso, continuamos con la petición de cierre online (www.chauveladero.org.), donde cada vez que una persona firma se le envía un mail al presidente (Mauricio) Macri”.
El nuevo incidente es el cuarto en menos de un año y medio. Los vecinos de Jáchal denunciaron que el derrame incluyó cianuro, oro, plata y mercurio. La empresa y el gobierno provincial indicaron que no fueron afectadas personas ni cursos de agua.
El ambientalista señaló que “la empresa ha mostrado una falta total de control, y el gobierno provincial oficia de vocero saliendo a explicar lo que la minera no hace. Exigimos que la empresa comunique qué ocurrió, que muestren las fotos y los videos, que expliquen cuál es el plan de contingencia que se activa, qué cantidad de material ‘rico’ fue vertido y dónde. Preguntas que nunca tienen respuesta”, dijo Strano.
Por otra parte, mientras Uñac señaló, como lo viene haciendo, que la minería “es que es una actividad productiva muy importante para la economía de la provincia”, Arancibia remarcó que “los últimos datos del Indec muestran que San Juan es la tercera provincia con el conglomerado urbano más pobre. Hay que terminar con el mito de que la minería a cielo abierto genera distribución de riqueza, empleo y resuelve la pobreza. Y hablar de la connivencia de los políticos con esta actividad que financia campañas políticas y el silencio cómplice de funcionarios que hacen advertencias o cobran multas que no solucionan las causas de fondo”.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=224742

II. Pensemos, abajo, lo complejo de solidarizarnos con pueblos hermanos mientras las mediadoras sean democracias burguesas nacionales e internacionales.

Marea Socialista rechaza sentencia del TSJ que 

declara “traición a la patria” y 

ordena Estado de Excepción
31 de marzo de 2017

Por Prensa Marea Socialista (Aporrea)

En sesión de trabajo de 28 de marzo de 2017 del Equipo Operativo Nacional de Marea Socialista, organización política que ha sido proscrita por el Poder Electoral y con la que la Sala Electoral del TSJ está en mora, rechaza de manera rotunda la sentencia emitida por el TSJ en el caso del recurso de nulidad interpuesto por el jefe del coordinador del Bloque Parlamentario del gobierno ante la Asamblea Nacional.
En este sentido, Marea Socialista asume que “aun cuando se está de acuerdo de fondo en el hecho de que no es positivo para el país la aplicación de la Carta Interamericana de la OEA, entre otras cosas, porque significa una injerencia inaceptable sobre la soberanía popular, considera improcedente y malicioso utilizar ese pedido de activación como Traición a la Patria, teniendo en cuenta que es un mecanismo reconocido por Venezuela y pedido por el gobierno en dos oportunidades anteriores. La Carta Democrática como institución de la OEA no fue objetada en su momento por el país, que al día de hoy continúa como integrante de esa organización”.

El equipo operativo de Marea Socialista considera, “que el TSJ está haciendo con esta sentencia un uso político y continúa avanzando en la usurpación de funciones y en lo que hace a la división de poderes de la República, lo que lleva a violentar la CRBV y a dar un nuevo paso en acuerdo con el Ejecutivo, hacia un sistema político totalitario y a la instalación de un gobierno de facto, que se pone por encima de la Constitución y las leyes”. En su pronunciamiento el Equipo Operativo Nacional de Marea afirma que: “pareciera que los diputados de la MUD hubieran estado buscando forzar esta situación al pedir esa activación que ellos saben es una injerencia inaceptable, siendo funcionales a la tentación totalitaria que viene desarrollando el gobierno”.
Sin embargo para Marea Socialista, “…más traición a la patria es afectar el normal funcionamiento del Estado al permitir el desfalco a la nación por más de 475 mil millones de dólares a través de la fuga de capitales y corrupción en el uso y designación de divisas para las importaciones, tal como hemos denunciado reiteradamente con argumentos y pruebas sobre este asunto, y no hemos visto ni el menor esfuerzo en investigarlo y sancionar esta verdadera Traición a la Patria ni que se haya actuado en consecuencia”.
“Rechazamos también, la orden del TSJ al Presidente de la República de aplicar el Estado de Excepción, ya que tiene el objetivo de continuar limitando derechos y garantías contemplados en nuestra Constitución, pero que al día de hoy están seriamente vulnerados” puntualizan en sus declaraciones.

En la resolución de la reunión de Marea Socialista se afirmó que: “Son innumerables las acciones u omisiones responsabilidad del gobierno, que vulneran derechos humanos básicos establecidos en nuestra Constitución como el derecho a la alimentación y a la salud. Además, queremos reiterar que la sentencia facilita la persecución por parte del gobierno a la ciudadanía en el marco del Estado de Excepción y abre la puerta a calificar de la misma manera a cualquiera que disienta, critique o solicite pronunciamiento solidario internacional, violando todo principio democrático.”
Al final, Marea Socialista insiste en “denunciar el totalitarismo con el cual se está gobernando, e insiste que más que la Carta Interamericana, es el pueblo movilizado y en lucha, el que podrá reestablecer la democracia que escasea tanto o más que los medicamentos y los alimentos en nuestro país”. 

https://www.aporrea.org/ddhh/n306300.html
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=224772

I. Pensemos, abajo, lo complejo de solidarizarnos con pueblos hermanos mientras las mediadoras sean democracias burguesas nacionales e internacionales.

Frente al desacato de la AN, 

¿hay un golpe de Estado en Venezuela?
31 de marzo de 2017

Por Alba Ciudad (Aporrea)
Diferentes reacciones ha causado, a nivel nacional e internacional, la sentencia 156 emitida este miércoles en la noche por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en la que se declara que, mientras persista la situación de desacato, las competencias de la Asamblea Nacional serán ejercidas directamente por la Sala Constitucional del máximo tribunal del país. Julio Borges, presidente del parlamento, aseguró que hay un “golpe de Estado” y llamó a desconocer al TSJ. Luis Almagro, secretario general de la OEA, también ha calificado la sentencia de un “auto-golpe de Estado” y convocó urgentemente a un nuevo Consejo Permanente de la organización. Perú retiró a su embajador en Venezuela, argumentando que la sentencia es “una ruptura del orden constitucional y democrático”. Las redes sociales posicionan la frase “Golpe de Estado” en primer lugar. Mientras tanto, el país continúa funcionando en completa calma, y en las calles no se ve ninguna alarma por lo ocurrido. ¿Qué pasa realmente? 

Como se recordará, el Poder Legislativo venezolano, de mayoría opositora al gobierno de Nicolás Maduro, se encuentra en desacato desde 2016. 

En las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015, se denunciaron hechos de fraude en el estado Amazonas, respaldados por grabaciones en las cuales la entonces secretaria de la gobernación de Amazonas, Victoria Franchi, ofrecía sumas de dinero a grupos de personas para votar por los candidatos opositores. Por ello, el TSJ suspendió las proclamaciones de los diputados de Amazonas. 

Sin embargo, la Asamblea Nacional persistió en juramentar como diputados a tres candidatos del estado Amazonas. 

Su juramentación era importante para la oposición, pues le hubiera dado la posibilidad de tener mayoría absoluta en la Asamblea Nacional (dos tercera partes de los diputados), lo que les daba nuevas facultades y atribuciones, incluyendo la de derogar o reformar leyes orgánicas, como la Ley del Trabajo o la Ley de Educación. 

Por tomar dicha decisión, el Tribunal Supremo de Justicia declaró a la Asamblea Nacional en desacato y señaló que sus decisiones son nulas mientras continúen en esa situación. La junta directiva de la AN se ha negado a anular la juramentación de estos tres ciudadanos, lo que requiere una serie de pasos y debe ser realizado por la Junta Directiva que los proclamó. 


Es necesario recordar que esta Asamblea Nacional, estando en desacato, juramentó a una nueva Junta Directiva presidida por Julio Borges la cual, el pasado 7 de enero, declaró el supuesto “abandono de cargo” del Presidente Nicolás Maduro. Si bien esta decisión no tuvo validez legal, buscaba suprimir al poder Ejecutivo desde el Legislativo, razón por la cual el Bloque de la Patria introdujo un recurso de nulidad. 


Dos sentencias trascendentales 

Este miércoles, la Sala Constitucional del TSJ emitió la sentencia 156 en la que resolvió, “ante el desacato de la Asamblea Nacional”, que “no existe impedimento alguno para que el Ejecutivo Nacional constituya empresas mixtas en el espíritu que establece el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos”. 

En sus puntos, la sentencia también “declaró la Omisión Inconstitucional parlamentaria” y advirtió que, “mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho”. 

Previamente, el martes fue emitida otra sentencia por la misma Sala Constitucional, la 155, que señala que la inmunidad parlamentaria de los diputados sólo los ampara durante el ejercicio de sus funciones, lo que no es el caso al estar la Asamblea Nacional en desacato. También le concede al Presidente Maduro la posibilidad de revisar la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, la Ley Contra la Corrupción, el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal y el Código de Justicia Militar, para “conjurar los graves riesgos que amenazan la estabilidad democrática, la convivencia pacífica y los derechos de las venezolanas y los venezolanos”. 

Esta sentencia fue calificada como “histórica” por el Presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien recordó que, días atrás, la propia Asamblea Nacional había aprobado un acuerdo llamando a la aplicación de la Carta Democrática contra Venezuela, lo que él calificó de un grave delito de traición a la Patria. 
Maduro señaló el pasado martes que las instituciones públicas constituidas legal y constitucionalmente, deben dar un paso al frente en la defensa al derecho de la integridad de la nación. “Nuestros equipos jurídicos están estudiando la implicación de estas decisiones tan importantes 
para garantizar la paz, la legalidad, la constitucionalidad y el funcionamiento de los Poderes Públicos y los pasos futuros para restablecer el poder legislativo”. 

La AN puede hacer marcha atrás 

Es de notar que ambas sentencias señalan el carácter temporal de su decisión: las competencias del parlamento serán ejercidas por la Asamblea Nacional siempre que “persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional”. 


Si la Asamblea Nacional cumpliera todos los pasos para eliminar la condición de desacato, incluyendo la anulación de la juramentación de los diputados de Amazonas, la propia sentencia señala que la inmunidad y las competencias parlamentarias retornarán de nuevo a la Asamblea Nacional.

Es de destacar que, en el pasado mes de febrero, el Presidente Nicolás Maduro dio a conocer que había sectores racionales de la oposición interesados en echar para atrás la condición de desacato y restaurar el funcionamiento normal de la Asamblea Nacional. Pero todo parece indicar que los sectores opositores más extremistas, que buscan una intervención internacional a través de la OEA, se han impuesto por encima de los sectores opositores más racionales. 



Julio Borges dice que desconoce al TSJ 

Este jueves, el presidente de la Asamblea Nacional y diputado por el partido de derecha Primero Justicia, Julio Borges, afirmó en rueda de prensa que desconocía al TSJ y que “se rebela” ante la decisión de la Sala Constitucional. 

Rompiendo una copia del documento, Borges señaló que “esta Asamblea Nacional desconoce el Tribunal Supremo de Justicia. A esos magistrados los eligieron para violar la Constitución. Por eso, ¡los 112 diputados queremos dejar claro que este parlamento se rebela ante esta decisión! ¡Toda sentencia contraria a la constitución es nula!”, dijo el presidente de la AN. 

Asimismo, pidió el apoyo de todos los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que se active la Carta Democrática y “que se realicen de una vez por todas las elecciones regionales. No se trata como dice el gobierno de que haya una intervención extranjera sino que todos los venezolanos se manifiesten a través del voto, eso es lo que queremos”. 

Además Julio Borges hizo un llamado para que este sábado se realicen diferentes movilizaciones. “Convocamos para este sábado acción de calle y para la próxima semana una gran movilización”. 

Por su parte, Henrique Capriles, excandidato opositor y gobernador del estado Miranda, aseguró en una rueda de prensa que el decreto del TSJ es un “Madurazo” y un supuesto golpe de Estado, y llamó a la Organización de Estados Americanos a convocar “de emergencia” a su Consejo Permanente. “Hay que convocar de emergencia al Consejo Permanente para que la instancia de América sea la primera en pronunciarse”, explicó el dirigente del partido Primero Justicia. 

Luis Almagro califica de “auto golpe de Estado” 

Por su parte, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, emitió un comunicado denunciando un supuesto “auto-golpe de Estado perpetrado por el régimen venezolano contra la Asamblea Nacional, último poder del Estado legitimado por el voto popular”. 

“Aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado”, sentenció el Secretario General. 

En el comunicado, señala que “asumir la restauración de la democracia es tarea de todos. Hoy es hora de trabajar unidos en el hemisferio para recuperar la democracia en Venezuela, con cuyo pueblo todos tenemos deudas que nos obligan a actuar sin dilaciones. Callar ante una dictadura es la indignidad más baja en la política”. 

Intentando citar al prócer independentista José Gervasio Artigas, Almagro continuó su comunicado con la frase: “La cuestión es sólo entre la libertad y el despotismo” y añadió: “nuestros opresores, y son nuestros opresores porque la libertad de los pueblos es la esencia misma de nuestra libertad, sólo por serlo forman el objeto de nuestra lucha”. 

El Secretario General de la OEA dijo que es urgente la convocatoria de un Consejo Permanente en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática. 
Perú retira a su embajador en Venezuela 

El Gobierno de Perú retiró definitivamente a su representante diplomático en Venezuela, según informó este jueves la Cancillería de esa nación en un comunicado en el que aseguran que hubo una “ruptura del orden institucional” en el país. 

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, tomó la decisión definitiva luego de que dos semanas atrás hiciera un retiro temporal de su embajador en Caracas por los “insultos” de su homólogo venezolano Nicolás Maduro. 

“El Gobierno del Perú condena la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de atribuirse las competencias parlamentarias que le corresponden a la Asamblea Nacional, arbitraria medida que violenta el Estado de Derecho y constituye una ruptura del orden constitucional y democrático en la República Bolivariana de Venezuela”, señala el comunicado. 

También indican que “la Cancillería peruana ha iniciado consultas con países miembros de la Organización de los Estados Americanos para que, en el marco de la Carta Democrática Interamericana, se adopten con la mayor urgencia las medidas que correspondan ante la evidente ruptura del orden constitucional y democrático en Venezuela”. 
Regresarán a la OEA 

Todo parece indicar que los sectores de la derecha nacional e internacional aprovecharán la sentencia para intentar nuevamente la aplicación de la Carta Democrática contra Venezuela, esta vez con una nueva excusa: un supuesto “golpe de Estado”, que en realidad es una sentencia en la que el TSJ buscó resolver un problema grave: la necesidad de una Asamblea Nacional que coopere con el Ejecutivo para resolver la grave situación que vive el país, pero que, en vez de hacerlo, prácticamente se ha anulado a sí misma.

https://www.aporrea.org/actualidad/n306327.html
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=224771

"Atravesamos, una coyuntura política electoral, en que los dos candidatos representan a sus intereses y nos intentan domar nuestro espíritu rebelde promoviendo la defensa de la democracia burguesa, esto en detrimento del proyecto de transformación de los pueblos explotados, discriminados, los más desfavorecidos, obreros, campesinos, amas de casa, profesores, trabajadores del campo y la ciudad".

Estrategias de división al sector indígena desde 

la invasión hasta el Estado moderno

¿División o traición?
29 de marzo de 2017
Por Leonidas Iza Salazar
En el período de invasión española al Abya Yala, la historia demuestra que, por un lado, la colonización se consolidó en la violencia material en contra de los pueblos originarios existentes, avasallando la institucionalidad originaria de gestión comunitaria, expropiación y repartición de la tierra, sistema de tributación y esclavización del trabajo, etc.; y por el otro lado, la disputa entre el imperio español emergente y los señoríos étnicos locales. Se combinó en la medida que existieron determinados personajes que se aliaron a las tropas invasoras a pretexto de estar en contra de los líderes locales. Esta condición relacionada a la coyuntura por la que atravesamos,  no se encuentra mucha diferencia, sino sólo el cambio de nombres y el método.

En los últimos años se repite la historia de los pueblos originarios que supuestamente por desesperación o presión caen en la “ingenuidad”, o dicho de otra forma, caen en el oportunismo con la pretensión de que debemos tomar la dirección del Estado colonial, patriarcal, capitalista uninacional que nos humilló, explotó, barbarizó a pretexto de defender el ejercicio de la “democracia”. (Habría que preguntarse qué tipo de democracia ¿de quiénes y para quiénes?).
Este sistema “democrático” es tan perfecto que nos lleva a enfrentarnos entre nosotros en diferentes orillas. Nos dejan sin salida si no nos unimos. Es tan perfecto que delimita líneas de acción en relación a si son correístas o son lassistas, en esta coyuntura. Para sostener esto, se ha desatado por medios de comunicación y el poder político la supuesta “evidencia de que el movimiento indígena está dividido”.
Pues bien, recordemos la historia para evidenciar que el Movimiento Indígena siempre actuó de manera colectiva por más difícil que sean los tiempos, aunque algunos se vayan como traidores:
  1. En el marco de la resistencia militar dispuesta por Rumiñahui contra los españoles (1553), Chalco Chima y Kisquis, generales leales a la lucha anticolonial, fueron abatidos producto de la traición que sufrieron de parte de Manco Inka (hermano de Waskar) y Wayna Palcon, estos últimos aliados a las tropas españolas que mataron a Atahuallpa.
  2. Rumiñahui, en una batalla en la zona de Saraguro al sur del país, desató una contienda contra las tropas de Sebastián de Benalcázar que se encontraba en alianza con Chiaki Tinta.
  3. Tupak Amaru I fue delatado por Puma Inka en 1572 a los españoles, producto de lo cual es apresado y muerto.
  4. En 1781, producto de una traición del Curaca Diego Mateo Puma y otros nobles indígenas, se apresó a Tupak Amaru II, con lo cual el virrey Toledo sentó un macabro precedente en la represión contra los movimientos emancipatorios.
Lo dicho evidencia dos cosas:
  1. Los actos de traición, delación o disidente, se repiten en la historia;
  2. Los actos de traición o disidente a título individual no necesariamente implican el rompimiento de un proyecto histórico colectivo.
Ahora, por otra parte, más allá del movimiento indígena, las actitudes traidoras o disidentes están presentes en las distintas formas organizativas. Las comunidades del cristianismo primitivo y el rol de Judas Iscariote lo demuestran.
En estos tiempos difíciles, que parece un callejón sin salida, nos obliga recordar algunos momentos históricos en que personalidades Indígenas o a nombre del Movimiento Indígena o de manera individual por ser indígena que disentían con las decisiones orgánicas colaboraron o quedaron colaborando con diferentes gobiernos de turno, y en el actual régimen aún cuando de manera orgánica y colectiva la organización decidió salir de estos procesos a razón de hacer efectiva la agenda del movimiento indígena desde las acciones de lucha. Sólo quedaron al servicio de los intereses propios y ajenos-distante de la absoluta mayoría del movimiento indígena. Colaboraron con distintos gobiernos y partidos políticos que a lo largo de su poder han ido quitando derechos y espacios al movimiento indígena. Pasó en la presidencia de Lucio Gutiérrez, Rafael Correa, y partidos  de derecha. Cosa similar sucede en la coyuntura electoral de 2017.
Es claro que la supuesta “división del movimiento indígena” es falsa, porque lo que sucedió es la toma de decisiones estrictamente personales que no involucran a la gran mayoría del movimiento indígena. La “división del movimiento indígena” sería real en la medida que un sector orgánicamente hubiera decidido salir de las estructuras históricas y acompañar decisiones individuales (e individualistas) de algunos personajes. De manera categórica el movimiento indígena (CONAIE, ECUARUNARI, MICC) nunca han sostenido decisiones individuales.
La lucha del movimiento indígena tiene profundos antecedentes de liberación. Nuestros taytas y mamas, hombres y mujeres desde cientos de años, han depositado su vida por dar continuidad a un proyecto histórico de libertad para los pueblos indígenas, que si revisamos bien la historia, en cada época se ha reactualizado las estrategias y tácticas de lucha y resistencia. La lucha de Rumiñahui (1534), Daquilema (1871), Dolores Cacuango (1944), Leonidas Proaño (1970), por ejemplo; por ello tenemos una cadena que nos une, nos guía, pero también, debemos diferenciar la realidad de cada época. Ahora, debemos preguntarnos ¿cuál es la realidad de esta época para los pueblos indígenas, qué debemos cambiar sin perdernos del proyecto histórico de lucha de la organización?

Por eso, nuestra lucha debe ser: política, ideológica y filosófica de manera colectiva, incansable, audaz, siempre de pie, alzando la cabeza y nunca de rodillas para cambiar las estructuras de dominación. Las acciones organizativas, junto a quienes estamos al frente, no serán sólo para acomodarnos en los espacios de la burocracia estatal, que muchos individuos a nombre de ser indígenas, en cada coyuntura, por el interés de mantener su trabajo, se prestan para confundir a la gente aduciendo ser dirigentes con tal de beneficiar a sus patrones.
Nuestra lucha es y será anticolonial, anticapitalista y antipatriarcal. En la coyuntura política electoral por la que atravesamos los dos candidatos representan a sus intereses y nos intentan domar nuestro espíritu rebelde promoviendo la defensa de la democracia burguesa, esto en detrimento del proyecto de transformación de los pueblos explotados, discriminados, los más desfavorecidos, obreros, campesinos, amas de casa, profesores, trabajadores del campo y la ciudad.

Vamos a construir entre todos y todas un camino que nos libere de las ataduras del voraz modelo de dominación. No podremos construir el presente si no conocemos el pasado, la verdadera historia es la que no nos han contado y es el deber de nuestros dirigentes, líderes hombres y mujeres conducir con cautela sin perder el horizonte, sin desesperación, con audacia, sin amilanarnos, con visión estratégica, contando con la fuerza de la juventud y la experiencia de los mayores, con sagacidad, con temple, para después de muy poco tiempo no repetir la historia y para colectivamente no suspirarnos que otra vez nos traicionaron u otra vez nos equivocamos.

Es tiempo de volver a vernos de frente mirando a los ojos, sobre nuevas realidades, en base al proyecto político histórico de lucha del Movimiento Indígena del Ecuador,encontrarnos en el mismo camino de lucha que nos dejaron nuestros ancestros, y que se pragmatizó como nuestros derechos, recordemos: nuestro sistema de  educación propia, nuestro sistema de gobiernos comunitarios propios, nuestro sistema de economía comunitaria propia, nuestros sistemas de justica propia, nuestros sistemas de salud propia, nuestra espiritualidad propia, nuestros territorios; lo propio, no decimos desde el concepto de propiedad; lo decimos desde nuestro sentido colectivo de Pueblos y Nacionalidades y no para ser un islote de un mundo aislado para nosotros, sino para ser un aporte desde nuestro sentido comunitario, en la construcción del verdadero Sumak Kawsay, el estado Plurinacional y el sueño de una sociedad verdaderamente intercultural. Todos absolutamente todos estamos llamados a ello, los disidentes, los libres pensadores, los dirigentes, los líderes, los ex dirigentes, taytas, mamas, jóvenes, niños, hombres y mujeres; con el único sentido común de levantar y sostener la vida colectiva de los pueblos indígenas. Los únicos que no son bienvenidos a este proceso son los traidores que acabaron con las luchas de todos a cambio de migajas del poder.
La historia nos llama a no seguir equivocándonos; el modelo de dominación en cada tiempo cambia de táctica siendo la estrategia de dominación la misma, para que todo siga igual.

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Fuente:
https://conaie.org/2017/03/29/estrategias-division-al-sector-indigena-desde-invasion-estado-moderno/ 

Pongamos en discusión a intelectuales 'izquierdistas' que se esmeran en mantenernos -a los de abajo- en la percepción inmediata, la necesidad de los gobiernos progresistas y en la creencia en elecciones cada vez más contrarias a necesidades e intereses populares.

La segunda vuelta en el Ecuador
¿Pueden suicidarse los pueblos?
31 de marzo de 2017

Por Atilio A. Boron (Rebelión)
En 1984 Bárbara W. Tuchman publicó un libro apasionante. Su título: La marcha de la locura. La sinrazón desde Troya hasta Vietnam. En él la autora pasa revista a una serie de situaciones que tienen un común denominador: gobiernos y pueblos actuando en contra de sus propios intereses.
No pude dejar de pensar que la disyuntiva que se abre en el Ecuador el próximo domingo podría, según fuese el resultado de la elección presidencial, aportar un nuevo y triste ejemplo de esta serie de desatinos que causaron indecibles sufrimientos a sus protagonistas. Porque, al escuchar a encumbrados dirigentes de diversos movimientos sociales y autoproclamadas fuerzas de izquierda decir una y otra vez que preferían un banquero neoliberal a un dictador recordé inmediatamente el libro de Tuchman y sus valiosas enseñanzas. Que organizaciones supuestamente representativas de los intereses populares enuncien tesis políticas como esa y que se acuse al presidente Rafael Correa de dictador, de corrupto, de demagogo, ¡de neoliberal!, cosa que sus críticos hacen con total impunidad a través de la vasta red de medios de comunicación que controla la derecha no puede sino evidenciar la ominosa presencia de un “sentido común” completamente extraviado por el odio y el fanatismo, de una ceguera histórica que puede conducir a un pueblo a su suicidio. Porque basta con un pequeño soplo de sobriedad para caer en la cuenta del absurdo que encierra aquella tesis. 
Por más desaciertos que puedan atribuírsele al gobierno del presidente Correa y por más escozor que provoque su irascible personalidad, los aciertos de su gestión superan ampliamente sus errores, sus equívocos y hasta sus desplantes. Y si ese hálito de sobriedad no está presente los críticos del correísmo deberían mirar a su alrededor y tomar nota del holocausto que los amigos y cofrades de Guillermo Lasso están haciendo en Argentina y Brasil, países cuyos gobiernos están llevando a la práctica una lúgubre eutanasia de los pobres, de los ancianos y de los niños, despojando a sus pueblos de derechos conquistados mediante arduas luchas a lo largo de varias décadas. Todo eso fue barrido por un vendaval político, si bien apelando a distintos instrumentos. 
En el caso argentino, apelando a un “empresario exitoso” que hizo una campaña demagógica prometiendo conservar los avances registrados en la década kirchnerista. Bastó con que Mauricio Macri pusiera un pie en la Casa Rosada para que comenzara a demoler, sistemáticamente, las conquistas sociales de la década anterior y promover un ajuste salvaje que en menos de un año acrecentó en un millón y medio el número de pobres en la Argentina. La derecha miente, se viste con piel de cordero pero es un lobo feroz que actúa con mucha astucia: primero engaña, con cantos de sirena como los que hoy entona Lasso en el Ecuador. Pero una vez en el gobierno arrojan por la borda todas sus promesas y, fieles a sus intereses de clase, proceden metódicamente a subyugar a los pueblos y a favorecer descaradamente a las grandes fortunas, dando origen a una regresión social que, a partir de un enjundioso análisis del caso español Arantxa Tirado Sánchez y Ricardo Romero Laullén, no han titubeado en caracterizar como una “neoesclavitud” en un libro de reciente aparición. Y lo mismo vale decir del gobierno de Michel Temer en Brasil, causante de una restauración oligárquica que en algunos aspectos hace retroceder a ese país medio siglo. 
Desgraciadamente los pueblos, y los gobiernos pueden suicidarse, y hay sectores en la sociedad ecuatoriana que, enceguecidos por sus pasiones, parecen dispuestos a hacerlo, sumiendo al país en una catástrofe que demoraría décadas en ser reparada. Que esto no suceda dependerá de la sensatez con la cual el pueblo ecuatoriano se maneje, de su capacidad para reflexionar, discernir y anticipar las consecuencias de sus actos. De la consciencia que tengan de lo fácil y rápido que es desandar el camino y revertir los logros, pocos o muchos, conseguidos en la década correísta. Y de percibir con nitidez que un banquero, por más que se disfrace de demócrata y que pronuncie frases bonitas, siempre será el fiel ejecutor de la lógica despótica del capital. Y en esa lógica, las clases populares están irremisiblemente condenadas. Serán llevadas al cadalso por un verdugo que, obedeciendo a las reglas del “coaching” político, se presentará como un personaje bonachón y sonriente pero que, llegado el momento, no vacilará un segundo en ejecutar sin piedad a quienes confiaron en sus promesas. Si tal cosa ocurriera tarde aprenderían la diferencia existente entre un banquero neoliberal y un “dictador” como Rafael Correa. Ojalá que el noble pueblo ecuatoriano sea librado de tan infausto destino.  

jueves, 30 de marzo de 2017

Sepamos, como todos los gobiernos progresistas, el de Evo se basa en " intentos de dividir a las comunidades de base, verdades a medias, descalificaciones a activistas, así como en promesas de desarrollo (...) por regalías petroleras. Pero confirman hechos sustanciales: que los recursos generados por la explotación petrolera que deberían beneficiar al departamento no han generado una forma distinta de concebir el desarrollo ni la economía, sino han agudizado una manera contaminante y destructiva de explotación que está basada en la devastación socioambiental".

Bolivia - Tariquía: 

Reserva natural frente a 

la ofensiva petrolera
30 de marzo de 2017

El despojo a comunidades indígenas y campesinas que viven en medio o cerca de actividades petroleras, es un proceso que se ha expandido y profundizado en el país los últimos años. La agudización del modelo extractivista y un modelo energético basado en la explotacion de combustibles fosiles, implica para poblaciones enteras, invasión neocolonial que devasta territorios y los transforma en espacios para el negocio petrolero.

Tariquía, es una reserva natural que está atravesada por cuatro bloques concesionados a empresas como PETROBRAS y BG. Muchos de sus pobladores enfrentan y resisten ahora a una maquinaria estatal, la cual ha permitido no sólo abrir legalmente áreas protegidas a actividades hidrocarburíferas, sino que actualmente está tratando de convencer a las comunidades sobre los beneficios que hipotéticamente llegarían con dichas actividades: dinero = progreso = desarrollo.
Este supuesto desarrollo que traen las regalías petroleras a las ciudades y otros lugares, por lo general en forma de cemento o canchas de fútbol con césped sintético, tiene su origen en la sed de otras comunidades, la sequía, la muerte trágica y dolorosa de bosques y especies enteras en otros territorios.

Tariquía: reserva estratégica y protectora de las fuentes de agua
En declaraciones a la prensa, el asesor del Ministerio de Hidrocarburos, Jorge Ríos, afirmó que los ambientalistas que se movilizan contra las exploraciones petroleras en Tariquía lo harían por “intereses políticos” y, más allá, sin un “mínimo de conocimiento técnico”. Aseguró que dicho lugar no era una zona de evaporación, uno de los argumentos de las/os defensores de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía (RNFFT). Estas declaraciones desconocen en todo caso hechos fundamentales señalados desde fines de los 80, por instituciones de investigación: que la Reserva fue creada como tal por su importancia hídrica y su ecosistema único existente en el país.

DATOS. La Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, ubicada en el extremo sur del departamento de Tarija, fue creada por Decreto Supremo 22277, el 1º de agosto de 1989. Decreto elevado a rango de Ley, No 1328, en abril de 1992.
Cuenta con una superficie de 246.870 ha, entre las provincias Arce, Gran Chaco, O´Connor y Avilez.


Impulsada por grupos ecologistas y campesinos que viven en lugar, preocupados todos por la tala indiscriminada en la zona realizada por ajenos a las comunidades, la RNFFT se encuentra entre Bolivia y Argentina, abarcando dos ecoregiones: el Bosque Tucumano Boliviano y el Chaco serrano, ecosistema de Yungas Andina, que se extiende hasta Argentina. “Es la única reserva de Bolivia dentro de este ecosistema”, señalaba en 1998, la investigación impulsada por Protección del Medioambiente Tarija (PROMETA), institución que co-administró la reserva hasta 2002. Si bien hay otras formaciones en la Reserva, la selva montana, que cubre casi el 90% de ésta, es húmeda y con la mayor diversidad (Ayala Bluske, Ibíd.: 55-56).

Como parte del gran sistema hidrográfico de La Plata, la Reserva, según los estudios de PROMETA y del Plan de Manejo del 2000- 2004, es catalogada como zona estratégica:
…estratégica desde el punto de vista hidrográfico, ya que en su seno, y gracias a la selva que actúa como un poderoso regulador hídrico, se originan numerosos ríos y arroyos que forman parte de la Subcuenca Norte de la Cuenca superior del Río Bermejo, la que a su vez pertenece a la Cuenca del Plata (Ayala Bluske, 1998: 47)
La reserva de Tariquía, junto a la de Sama y el Aguaragüe, “protegen las fuentes de agua más importantes” (Ibíd.: 18), así como “protege la zona más representativa de la Selva Tucumano- Boliviana” (Ibíd.) Según el biólogo Donovan Osorio, la zona sería un área de recarga hídrica.
Laureles, lapachos, nogales, cedros, así como antas, zorros de monte, pavas, guacamayos, jaguares, osos jukumari, carpinchos, tarucas, ocelotes, lobitos de río, loros aliceros, pumas. En suma, según el Plan de Manejo, existirían por lo menos 1075 especies de plantas superiores, 169 especies de mamíferos grandes y pequeños, 253 especies de aves, 62 especies de anfibios y reptiles y 65 especies de peces contabilizados hasta 2004. Todos ellos pueblan la extensión de la Reserva, trece están en la lista de especies en peligro de extinción.

Por la importancia de esta región, -al ser única y la más extensa en su ecosistema en el país, al tener un estatus internacional de vulnerable, al depender sus pobladores de la buena salud de sus cuencas-, la RNFFT se creó para conservar la biodiversidad del ecosistema de yungas andino, así como para “regular los caudales hídricos” de los ríos Bermejo y Grande en Tarija. (Ayala Bluske, 1998)

Actualmente existen 22 comunidades campesinas,organizadas en sindicatos agrarios dentro la reserva, relacionadas con las aproximadamente 33 comunidades de la zona externa a la RNFFT, conocida como “de amortiguación”. Estas comunidades viven de la ganadería y la producción agrícola. Existe como característica histórica de la región, la práctica de la ganadería trashumante, que significa trasladar al ganado a pastar a varios niveles de altura, de acuerdo a la época. (Ayala Bluske, 1998) Estas familias, por lo general tienen propiedades colectivas o pro indiviso. También se ha registrado emprendimientos exitosos en apicultura.

En los 90, de acuerdo a los informes de PROMETA y al Plan de Manejo del 2000-2004, se señalaba que las amenazas principales para la reserva eran: la extracción forestal, la expansión de la frontera agrícola, la pesca con dinamita y sustancias tóxicas y las actividades petroleras.


La ofensiva petrolera
La lucha actual de comunidades campesinas en Tariquía por no permitir la actividad petrolera en la Reserva, está inscrita en la ampliación del extractivismo petrolero hacia zonas que son los últimos bastiones de ecosistemas amenazados, ciclos y mundos de vida de comunidades indígenas o campesinas, cientos de especies de flora y fauna.
El investigador Jorge Campanini, en entrevista, afirma que en Bolivia desde fines del 2014, se produce un golpe de timón a la política hidrocarburífera, al emitir el gobierno una serie de reglamentos que abren paso a una ofensiva petrolera hacia áreas protegidas y parques nacionales.
(Audio: Entrevista a Jorge Campanini)
Ya del 2007 al 2012, un lapso de 5 años, se calculaba que en Bolivia, la frontera petrolera había crecido siete veces, es decir, se pasó de 2.1 millones de hectáreas el 2007, a 24,7 millones de hectáreas el 2012, (769% de incremento), comprometiendo en ese entonces 11 de las 22 áreas protegidas del país.
Los Decretos Supremos 2298, 2366 y 2400 aprobados todos por el presidente Morales consecutivamente en el transcurso del año 2015, establecen no solo la apertura de áreas protegidas y parques nacionales a actividades petroleras e hidrocarburíferas, sino que implantan nuevas normativas y parámetros ambientales, así como la modificación del derecho a la Consulta Previa, atribuyéndose el estado, el derecho de decisión en caso de que no obtuviese respuesta de las comunidades afectadas, (pudiendo ocurrir esto último por resistencia de dichas comunidades a estos proyectos extractivos).
En la actualidad se puede hablar de más de 30 millones de hectáreas abiertas a las actividades petroleras según Campanini. Sin embargo, no sólo se trata de las áreas protegidas y parques nacionales, y por consecuencia territorios indígenas sobrepuestos a éstos, sino de una serie de reglamentaciones que flexibilizan normativas y derechos reconocidos como el de la Consulta Previa.
La modificación a la reglamentación ambiental avanzó más el 2016, es así que ahora, afirma Campanini, se amplía la lista de actividades petroleras que no necesitan licencia ambiental o consulta: a finales del año pasado, [2016] se ha emitido un nuevo Decreto Supremo que lo que hace es ampliar la lista de actividades que no requieren licencia ambiental o no requieren consulta, por ejemplo, dentro de la gestión, la prevención y el control ambiental. Es decir, hay actividades hidrocarburíferas, como por ejemplo la magnetotelúrica, entre otras actividades de exploraciones preliminares o complementarias a una gran exploración, que ahora no necesitan y no requieren para nada pasar por los requerimientos ambientales de rigor.
El Plan de Manejo a principios de los años 2000 señalaba, entre las amenazas en ciernes para la reserva, que alrededor del 50% de la reserva Tariquía se hallaba concesionada para actividades petroleras. Se menciona al bloque Churumas, el pozo Cambarí y el Pozo San Antonio, como parte de proyectos de exploración sísmica dentro de la reserva.
Los bloques San Telmo y Astillero, en disputa actual en la Reserva Tariquía, (el primero está como zona no tradicional, es decir zona donde no había habido ninguna actividad petrolera previa), fueron ya desde el 2007 declarados como áreas reservadas de interés hidrocarburífero a favor de YPFB, mediante los Decretos Supremos 29130 y 29226 respectivamente, lo cual daba algunas pistas, ya en los dos primeros años del gobierno del Movimiento Al Socialismo, del derrotero que tomaría, posteriormente, la política de exploración y explotación petrolera e hidrocarburífera.
(Audio 2: Entrevista a Jorge Campanini)
Es en 2011 cuando se autoriza que PETROBRAS realice un estudio que determinaría si se podía llevar adelante proyectos de exploración y explotación hidrocarburífera en San Telmo y Astillero. El informe de PETROBRAS de 2012, según Campanini, certificó 4.4 TCF de gas y miles de millones de barriles de condensado.
Cabe puntualizar que la RNFFT, figura entre las áreas que el decreto 2366 de 2015 abría por ley a las actividades petroleras.
DATOS: Según datos del gobierno las áreas San Telmo y Astillero tendrán una extensión de 210 hectáreas, calculándose que tendrían 3.4 trillones de pies cúbicos (TCF) de gas natural.
De ser exitosos los resultados, se calcula que se invertirá en San Telmo 610 millones de dólaresy en Astillero 608 millones de dólares.
La firma de un contrato para el siguiente paso de exploración y explotación con permiso de la Asamblea Legislativa, continúa explicando el investigador del CEDIB, demora, y es en los años que van del 2015 al 2017, cuando se firman dos convenios entre PETROBRAS y el gobierno, donde los bloques San Telmo y Astillero quedangarantizados para la empresa brasileña, a pesar de que no existe un acuerdo final.
Las autoridades afirman que la afectación por la actividad petrolera será mínima entre un 0.03% y un 00.4 de la reserva, (muy poco territorio a cambio de muchos beneficios, dicen). El mismo ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, había afirmado que las afectaciones serían “nada frente a los beneficios que los recursos puedan proveer de estas áreas”.
Argumentos parecidos esgrime el gobierno, en casos como el del Proyecto Hidroeléctrico El Bala – Chepete.
Sin embargo, como se observa en los mapas, las concesiones petroleras San Telmo, Astillero, así como la de Churumas, afectan directamente la zona núcleo de la Reserva, de protección estricta, y a zonas donde viven especies como el jukumari u oso andino, y el jaguar, entre otras, declaradas en peligro de extinción.

Los bloques San Telmo y Astillero, no son los únicos en la RNFFT. La Reserva tiene cuatro proyectos petroleros. El investigador Jorge Campanini explica que el Bloque Churumas, proveniente de la época neoliberal y homologado en el gobierno del MAS, está concesionado a la empresa Chaco, provocando la preocupación en los pobladores. De la misma forma en el Bloque Huacareta, al extremo norte de la reserva, la actividad petrolera es ejecutada en una pequeña parte por BG, que no es sino la empresa Shell, ampliamente cuestionada y rechazada en todo el mundo por los casos de corrupción y contaminación que ha ocasionado.

Y, si la versión gubernamental sostiene que se tratará de ínfimas afectaciones al territorio, algo que en realidad no se ha demostrado en el caso de otros casos de exploración y explotación petrolera en distintas áreas protegidas, ¿por qué los pobladores de la reserva no fueron debidamente informados desde un principio?.

Resistencia al despojo y a la actividad petrolera, y los métodos del estado para imponerla
El que autoridades de estado no hayan transmitido a tiempo la información completa ni consultado a las comunidades directamente afectada en la Reserva, -que es ya una característica del actuar estatal en éste y otros proyecto extractivos y de megainfraestructura-, provocó el estado de alerta y luego la movilización de las comunidades campesinas en Tariquía.
En julio de 2015, una vez aprobado el decreto 2366, representantes de Tariquía, declararon desconocer y no haber sido informados por el gobierno sobre la apertura de actividades de exploración y explotación petrolera en la reserva. Por lo menos 10 comunidades se reunieron aquella ocasión, para firmar una carta mediante la cual exigían a las autoridades ser informadas al respecto.

La información a la población de la reserva sobre antiguos o nuevos proyectos de prospección y explotación petrolera, es tan escasa, que muchos especulaban sobre si habrían existido ya actividades hidrocarburíferas en Tariquía.
El Director departamental de Tarija, del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), Julio Guerrero, afirmó a fines de 2015, que las comunidades de Tariquía habían aceptado los proyectos de exploración petrolera, porque les traerían beneficios mediante compensaciones económicas. La población a través de su sindicato campesino, exigió una reunión de información y debate para el 15 de noviembre de 2015, con los ministros del área, que debió realizarse en Tariquía, sin embargo, las autoridades no asistieron presentando cartas de excusa.

Contrariamente a lo que sostenía Guerrero, 10 comunidades de la Reserva Tariquía, en Magna Asamblea, el 27 de marzo de 2016, emitieron una Resolución para RECHAZAR DE MANERA UNÁNIME el proyecto de exploración y explotación de hidrocarburos en la reserva. Dirigentes y pobladores de Tariquía habían evidenciado en visitas a zonas y parques nacionales vecinos del Chaco, que a pesar de las promesas empresariales y gubernamentales, la actividad hidrocarburífera no había llevado beneficios a las comunidades, y, por el contrario, si había agudizado la sequía y contaminación de suelos y agua. Por tanto, pidieron respeto de las autoridades a su decisión.

En este mismo lapso de tiempo, varios y diversos grupos de vecina/os de la ciudad de Tarija, comenzaron a organizarse para rechazar los proyectos petroleros en la Reserva, y apoyar a las comunidades en Tariquía. Hubo grupos relacionados con derechos humanos, jóvenes de la pastoral, mujeres, entre otra/os, quienes en su gran mayoría son voluntarios. También se plegó gente de la gobernación departamental.
Christian, de la pastoral señala que su grupo se preocupó porque se dieron cuenta que la provisión de agua de la ciudad de Tarija depende de la lluvia que se forma en Tariquía, De la misma forma que, señala, en Tariquía se depende de lo que en las ciudades se haga con los ríos que también pasan por la reserva.

Existe una especie de simbiosis entre la gente de la reserva y la gente de la ciudad, donde ambos vivimos de lo del otro. Lo que vayamos a hacer en el valle central en Tarija les afecta directamente a ellos, porque nuestro río Guadalquivir va y alimenta directamente las aguas del Rio Grande en Tarija, entonces lo que hagamos en la ciudad les afecta a ellos, y lo que ellos hagan en su ecosistema en el bosque en Tariquía nos afecta a nosotros, entonces nace una suerte de lucha conjunta donde los compañeros se paran fuerte. (Testimonio brindado en evento público organizado por el Cedib y Territorios en Resistencia, febrero 2017, en Cochabamba)
En esta perspectiva, cuentan los activistas, solicitaron por su parte información a diferentes instancias estatales desde 2014, sin embargo, tampoco obtuvieron respuestas.
(Audio 3: Testimonio Christian, activista en defensa de la RNFFT)

Según las personas que participan en las redes urbanas, el gobierno optó por ingresar a la reserva con un proyecto caminero, esperado por muchos años por los habitantes de Tariquía. Sin embargo, dicha vía, también se convirtió en el mecanismo mediante el cual el gobierno comenzó a difundir el proyecto sin un proceso claro de información ni de consulta a las comunidades que viven en la reserva. De otro lado también se usa a proyectos productivos para imponer los proyectos hidrocarburíferos:

No hace mucho entra el estado al municipio de Padcaya y comienza a socializar los proyectos CRIAR, donde existe una contraparte de la comunidad y una contraparte del estado, y pueda comprar maquinaria y puedan desarrollar de manera un poco más la actividad agropecuaria, pero el estado les dice “como ustedes son reserva no pueden acceder a este tipo de proyectos”, porque ellos ya se habían opuesto a cualquier tipo de actividad de hidrocarburífera en un Voto Resolutivo, tras de que el estado entra a intentar hacer firmar estos documentos en blanco, entonces ellos se oponen y les niegan el acceso a estos proyectos, y así a muchos otros (Testimonio ofrecido en el evento público organizado por el CEDIB y Territorios En Resistencia, febrero de 2017 en Cochabamba)

Incluso, afirman, el gobierno llevó panetones y regalos días antes de navidad, para poder ingresar a la reserva y difundir alguna información de los proyectos hidrocarburíferos.
El gobierno, a pesar de la oposición de las comunidades, como describía el investigador Jorge Campanini, firmó en noviembre de 2016 un convenio con PETROBRAS, denominado Contratos de servicios petroleros para las áreas San Telmo y Astillero”.
Ante este panorama, ya a principios de 2017, se llevaron a cabo movilizaciones de los grupos urbanos y comunarios de Tariquía, en el centro de la ciudad de Tarija, donde también participó gente de la gobernación departamental, a pesar de una postura más abierta de esta instancia el 2015 respecto a la actividad petrolera en áreas protegidas[7].
Las movilizaciones de los pobladores de la RNFFT, volvieron a exigir en enero de 2017, información clara respecto a los proyectos de actividad petrolera en Tariquía, evidenciando de nuevo que hasta este año, no se había puesto a consideración de los directamente afectados los detalles de dichos proyectos.
Si bien el ministro de hidrocarburos, Luis Sánchez, había anunciado la posibilidad de hacer una consulta a las comunidades, a la par, el gobierno inició una campaña contra las organizaciones que apoyan la resistencia campesina en la Reserva.
Abundaron las acusaciones de las autoridades contra la institución dependiente de la iglesia, Cáritas, acusándola de promover el conflicto[8], así como la descalificación pública de los argumentos de la gente que se opone a la actividad petrolera en la zona. El ministro Sánchez declaró que las personas opuestas a la exploración y posible explotación en los bloques San Telmo y Astilleros eran mentirosas y “anti-tarijeñas”.
De otro lado, al tratar de convencer a los pobladores de Tariquía de las bondades de los proyectos petroleros, autoridades de estado han llevado a éstos, a observar directamente trabajos de exploración inicial magnetotelúrica de otros proyectos cercanos, afirmando que éste método es no intrusivo ni destructivo, lo cual sólo es una parte de la verdad completa.
Afirma Campanini, que los trabajos con tecnología magneto telúrica, además de haber sido legalizados como actividad que no necesita licencias ambientales ni consulta, (o sea, les otorgaría directamente una categoría de dispensación tres), son, casi siempre, sólo un paso previo y a veces prescindible de las agresivas exploraciones sísmicas 2d o 3d.

Los intentos de dividir a las comunidades de base, las verdades a medias, las descalificaciones a activistas, así como las promesas de desarrollo para el departamento y la Reserva a través de las regalías petroleras, confirman hechos sustanciales: que los recursos generados por la explotación petrolera que deberían beneficiar al departamento no han generado una forma distinta de concebir el desarrollo ni la economía, sino han agudizado una manera contaminante y destructiva de explotación que está basada en la devastación socioambiental.

¿Desarrollo y beneficios para quienes?
El ministro Sánchez, afirma que por culpa de los “activistas políticos” que impiden el desarrollo de los proyectos petroleros en San Telmo y Astillero, Tarija perdería 2.877 millones de dólares.
No obstante, la reciente nota de prensa del diario El País, de Tarija, “Indígenas compran el agua y la comparten con sus animales”, es un reciente testimonio esclarecedor de mujeres indígenas que sobreviven entre pozos petroleros en el Chaco Boliviano: deben comprar agua para ellos, su familia y sus animales, ya que, a pesar de vivir sobre pozos del “oro negro”, no tienen acceso ni siquiera a un derecho básico como el agua. La deforestación por la actividad petrolera también les obliga a ir a buscar leña a otros lugares, porque, paradójicamente, siendo nominalmente dueña/os del territorio, tampoco tienen posibilidades de conseguir garrafas de gas licuado de uso doméstico.

¿Quiénes pierden realmente?
La lógica extractivista, como hemos visto, aduce que a cambio de una pequeña afectación, se darán beneficios económicos a través de compensaciones económicas o dinero proveniente de la explotación petrolera, ¿Pero, es “pequeño” el daño, cuando se trata de ecosistemas dependientes entre si, y cuando las exploraciones y posible explotación se realizarán en la zona núcleo de alta fragilidad ecológica?
Las “compensaciones” en muchos casos también han servido para corromper y acallar resistencias.
La ofensiva petrolera que ahora se instaura en la Reserva Tariquía, avanza en varias otras reservas y áreas protegidas.
Las supuestas soluciones estatales a nuestra dependencia de la energía fósil, -las hidroeléctricas-, no constituyen en realidad ninguna salida. Sin embargo, el proyecto hidroeléctrico Cambarí en el corazón de Tariquía, se cierne como otra amenaza grave para la reserva.
Aunque algunas instituciones y comunidades en Bermejo, -provincia Arce, Tarija-, aceptaron la explotación en la reserva, la resistencia de los comunarios continúa, enfrentando las formas en que el estado ingresa a las comunidades.
Es una lucha desigual por la reserva que protege las fuentes de agua más importantes de Tarija, donde, pese a la contaminación, la deforestación y los proyectos petroleros, aún dejan su huella los jaguares.
________________
NOTAS
[1] Aún no existe una reciente actualización del Plan de Manejo.
[2] El director del Sernap en Tarija Además sostuvo que el daño ambiental sería mínimo, en un 10% de la superficie total de la reserva. (http://enlace.comunicacion.gob.bo)
[3] Según la nota de El País, especies como el jaguar, amenazadas por la cacería indiscriminada, se han visto obligados a esconderse en la zona núcleo de la Reserva, zona también amenazada a su vez por el proyecto hidrocarburífero. (http://www.elpaisonline.com)
[4] “Limborio Méndez dijo que existe la versión popular de que hace tres años atrás se realizó en Chiquiaca – O´connor “una exploración de la que nadie se enteró”. Por este motivo piensan que el Gobierno ya sabe que hay muchas posibilidades de encontrar hidrocarburos en la zona. (http://blogverdebolivia.blogspot.com/)
[5] A este respecto surgieron cuestionamientos a la actividad del SERNAP, institución que debería en teoría resguardar las áreas protegidas, puesto que por el contrario, anunciaron la socialización de los proyectos de exploración y explotación petrolera en Tariquía.( http://www.elpaisonline.com yhttp://www.cedib.org/ ).
[6] Las comunidades de San Pedro Chillahuatas, Volcán Blanco, San José, Acherallitos, Junta Nuclear, Puesto Rueda, Sindicato Agrario, Motoví y Pampa Grande.
[7] El gobernado Adrián Oliva, a la par de pedir una consulta en Tariquía, también había afirmado el 2015: “El departamento tiene problemas para la generación de ingresos y, por otro lado, tiene áreas que son protegidas, y que hay que conservarlas. Con el debido cuidado se puede intervenir en ellas, porque si el área de acción es menor al 4% no estamos afectando las mismas, más bien estamos garantizando que mañana hayan más recursos” (http://www.paginasiete.bo/)
[8] La Diocesis de Tarija rechazó estas acusaciones, aceptando que apoya la divulgación y cumplimiento de la Encíclica Papal Laudato Si´ del Papa Francisco (Aclaración Pública, marzo 2017)