martes, 24 de enero de 2017

Necesitamos ejercer Memoria, Verdad y Justicia para desentramparnos del progresismo como antagónico al neoliberalismo y del "volveremos" como la alternativa frente a Macri.

  Lo prioritario a destacar es que, desde los setenta hasta hoy, la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales no sólo fue maximizando su expropiación de bienes comunes (naturales y sociales) sino también la impunidad para ese criminal despojo.
 
Recordemos Duhalde asume la presidencia de facto gracias a despliegue de la democracia representativa, de los dos partidos de estado y de las fuerzas represoras estatales y paraestatales. Con Roberto Lavagna instaura el modelo que adopta Néstor Kirchner. Lo principal es que la post-convertibilidad restaura el orden capitalista por atender a todas las fracciones de la gran burguesía.


Relación entre grandes grupos económicos y el Estado:
ganadores y perdedores en la post-convertibilidad.
Un estudio basado en la trayectoria del sector servicios (2002-2010)
noviembre 2012
 
 
Por Federico Daniel Naspleda (UNLP-IDAES)
Teniendo en cuenta a todos los investigadores analizados en este punto ellos en general comparten la visión de un proceso de crecimiento de todos los sectores de las fracciones de la Burguesía pertenecientes al Bloque en el poder. Así como también comparten la idea de que la hegemonía en la post-convertibilidad pertenece a los sectores más concentrados exportadores de commodities, si bien existen diferencias respecto de si son los exportadores industriales o agropecuarios. Además entienden que dicha recomposición tiene como base la conformación de una estructura productiva altamente concentrada y cada vez más extranjerizada propias de un modelo cuya distribución es regresiva y que se apoya principalmente en la caída del salario real. Ahora bien, las diferencias aparecen en si consideran el surgimiento del modelo de la post convertibilidad según un consenso entre las distintas fracciones de la burguesía relacionado con las acciones y las nuevas funciones del Estado, o según la victoria por parte de los “devaluadores”. A partir de estos análisis surgen algunas preguntas: ¿Cuál es la relación entre la crisis de la convertibilidad y el desarrollo de un nuevo modelo que llegó a revertir la situación de la reproducción del capital en su conjunto? ¿Realmente “perdieron” los sectores de las empresas de servicios y el capital financiero teniendo en cuenta como repercutió la crisis en ellas y las ganancias obtenidas durante la post-convertibilidad? Esto se tratará en el siguiente capítulo.

Capitulo 2: Crisis y recomposición de las fracciones burguesas. La relación entre el desarrollo de Las Fracciones y el Estado. Retomando los puntos señalados en el capítulo anterior, “el grupo dolarizador”, según el denominado grupo flacso, tenía como proyecto la profundización de la convertibilidad. Pero no argumentan como en un contexto de crisis progresiva del modelo de los noventa se podía profundizar dicho proyecto, o sea, cuáles fueron los apoyos nacionales e internacionales que lo sustentaron a medida que cada intento de sostener la convertibilidad fracasaba. Entonces, según sus análisis, el modelo de acumulación queda en un segundo plano al no incluir o no dar peso la imposibilidad de reactivar el modelo de los 90´ en su fase crítica. Así los términos de la lucha se definen en relación a una lucha político-ideológica desprovista de articulaciones económicas según una coyuntura cambiante. La crisis repercutió de manera general en las distintas fracciones del capital pertenecientes al denominado Bloque en el Poder, pero para las que fueron hegemónicas durante los 90´ la situación fue más aguda.

Si tenemos en cuenta la rentabilidad y las ventas realizadas por las fracciones de la burguesía en el periodo de la crisis podemos señalar que los sectores más poderosos en términos económicos dejaron de ser las empresas líderes del sector financiero y de servicios, y esto no fue producto solo de la salida y respuesta económica a la crisis, sino de la pésima situación que atravesaron durante la crisis. En este sentido pensamos que la salida que la burguesía encontró para recomponer el proceso de reproducción del capital en términos generales fue un proceso complejo, contradictorio y que se dio durante la post-convertibilidad. Si bien su recomposición atiende a que se crearon mejores condiciones de inserción de una fracción de la burguesía en el mercado mundial a partir de la devaluación y del aprovechamiento de los buenos precios internacionales de las commodities, también mejoró notablemente la situación del conjunto de las fracciones de la burguesía en términos económicos, si bien de manera desigual. Y se realizó no sólo desde la hegemonía de las empresas exportadoras, sino a partir de un complejo proceso donde el Estado también participó. En este sentido, el Estado tuvo una “metamorfosis” de sus funciones, al actuar y tomar decisiones que incidieron directamente en la posibilidad de un consenso entra las fracciones de la burguesía –siguiendo la idea de Peralta Ramos-. Otorgó subsidios y pudo intervenir incidiendo de manera mayor en términos relativos –respecto a los noventa- sobre la renta del conjunto de la burguesía. Se produjo una reorganización que las diferentes fracciones del capital, “por su mero interés mezquino” no la podían dar, resolviéndose en el Estado -que no es según la libertad de acción del Estado- y condicionado por el mercado mundial. La aceptación de “las nuevas reglas de juego” y de la nueva situación hegemónica pareció, en dicha coyuntura, mostrar sus beneficios rápidamente y un horizonte prometedor. Siguiendo a la investigadora, algunos signos que muestran la estabilidad se ven a finales del 2002, donde se llegó a un superávit record y a la estabilidad del tipo de cambio. Tanto el Estado como las empresas interactuaron en función de una lógica de beneficios y pérdidas para las distintas fracciones de la burguesía según dos periodos claramente desiguales: un primer periodo de crisis general y de salida a la crisis, y un segundo periodo de beneficios desiguales pero generales donde el continuo crecimiento de la economía es significativo-. En este sentido, lejos de poder pensar al conjunto del periodo solamente desde la perspectiva de las pujas inter-burguesas, es importante resaltar la reorganización del conjunto de las fracciones de la burguesía, y el nuevo rol del Estado para arbitrar y mediar en dicha reorganización, sin desconocer y aceptar las fricciones que sucedieron en dicho periodo entre ellas. (…)

3.1. El proceso de recuperación de los grandes grupos económicos del sector servicios y su relación con el Estado (2002-2004).
 A finales de la crisis la burguesía para proteger sus intereses económicos retiró los depósitos del sistema bancario efectuando “una sangría de divisas” (Salvia 2009). Peralta Ramos (2007) plantea que a la convulsión social y política se le sumaba la paralización total de la actividad económica por las consecuencias del default y “el corralito” –que aislaron a la argentina de las posibilidades de financiamiento internacional-. Así para la investigadora, desde finales de octubre del 2001 la fuga de capitales alcanzo alrededor de 3500 millones de pesos; y hacia finales de noviembre se perdieron depósitos cercanos a los 2363 millones de pesos y reservas por 2736 millones de pesos. Parte importante de los que fugaron capitales eran empresas de servicios privatizadas. Basualdo, Nahón y Nochteff (2006) exponen la situación de varias empresas en relación a la fuga de capitales realizadas durante el 2001 con los siguientes montos en millones: Telefónica Argentina S.A. U$S1559,9; Telecom S.A. U$S 963,4; EDESUR S.A. U$S172; Central Puerto SA U$S149,3, Transportadora Gas del Sur S.A. U$S 143,1; Aguas Argentinas S.A. 132,8; Metro Gas S.A. U$S104,4; Transportadora Gas del Norte S.A. U$S 86,8; para citar algunos casos. Así parte importante del sector puso en resguardo a una cantidad importante de su capital consiguiendo una ventaja importante antes de la devaluación. Si analizamos la trayectoria de las políticas-económicas en los inicios del gobierno de Duhalde podemos verificar desde un principio cierta tendencia a la formación de un arbitraje del tipo neo-populista y de acciones impulsadas por las empresas para revertir su situación crítica, que, posteriormente, van a servir para unificar al sector con el conjunto de las fracciones según “nuevas reglas de juego” aceptadas por todas, en el sentido marcado por Peralta Ramos. Así en los comienzos tenemos como una de las primeras acciones del Estado la Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen cambiario (Ley N° 25.561) cuyo contenido principal fue la del abandono de la paridad cambiaria de un peso igual a un dólar, y la consiguiente devaluación del peso. Esto, de acuerdo a los análisis del Grupo FLACSO, alteró la situación de los servicios al modificar los precios relativos en detrimento del sector. Pero lo más concerniente a los cambios que afectaron al sector en el nuevo escenario lo expresan diferentes medidas incluidas en dicha ley, como que: “A través del artículo Nº 8 de la ley de Emergencia se estableció la eliminación de la dolarización de las tarifas así como también de su indexación periódica en función de la evolución de los precios de Estados Unidos” (Azpiazu y Schorr 2006, pp2). De esta manera el Estado pasó a tener mayor control de las tarifas y esto va a determinar “la suerte” del sector en este periodo, al trabar, en términos relativos, los incrementos tarifarios, y realizando diferencias frente a otros sectores. A su vez su situación empeoraba al incrementar el valor de sus deudas quedando “dolarizadas”. Con el control de las tarifas se expresa esta versión del Estado Neo-populista al intervenir abiertamente en el conflicto de intereses desatado en la crisis, y dotándolo de un carácter político: la recomposición tiene como eje el despliegue de los GGE exportadores sobre las demás fracciones integrantes del bloque en el poder. Ahora bien, el Estado va a adoptar una serie de medidas en favor del sector servicios tales como la pesificación asimétrica. Esta acción supuso la licuación de pasivos del sector privado respecto a las deudas concernientes con la banca local al transformar sus pasivos de dólares a pesos. De esta manera gran parte del gasto Estatal en el tercer trimestre del 2002 corresponde a los efectos de la pesificación asimétrica según la emisión de bonos para resarcir a los bancos por el cambio de los pasivos de las empresas de dólares a pesos. Y, según estimaciones de Azpiazu y Schorr (2006): “Entre los 50 mayores deudores privados que, a comienzos de 2002, vieron licuados sus pasivos con el sistema financiero local (mediante su pesificación a una relación de 1 peso = 1 dólar estadounidense), quedan incluidas 25 empresas privatizadas que, por ese medio, obtuvieron un beneficio -del orden de los 2.000 millones de dólares- prácticamente equivalente al de las ganancias obtenidas por éstas en el año 2000.” (Azpiazu y Schorr, 2006, pp.27). Pero esta medida no alcanzó a “dejar contento” al sector frente al peso que para ellos acarreó la devaluación y el congelamiento de las tarifas. Y pronto, apelando a aparatos de denuncia internacionales, consiguieron crear un mecanismo de presión frente al Estado. Según explican Basualdo, Nahón y Nochteff (2006), un conjunto de empresas privatizadas presentó demandas al Centro Internacional sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados (CIADI) que depende del Banco Mundial, logrando neutralizar los tribunales locales. Siguiendo su investigación los investigadores agregan que, al año 2004, varias empresas que en su mayoría eran empresas de servicios públicos privatizadas, presentaron un conjunto de demandas al Estado por un monto mayor a U$S17 mil millones, y cuyo objetivo principal era “intentar preservar, mediante la instauración de los seguros de cambios y el aumento de las tarifas de los servicios públicos, los excepcionales privilegios logrados en la década anterior” (Basualdo, Nahón y Nochteff 2006 pp.75). Si bien los montos exigidos al día de hoy no fueron cobrados. (…)
En síntesis podemos decir que el periodo analizado está fuertemente marcado por el intento de parte de las empresas del sector de conseguir ventajas en torno a los problemas que le trajo la crisis de la convertibilidad, la devaluación y el congelamiento de sus tarifas, esto es, “el cambio en las reglas de juego”. El Estado pasó a controlar las tarifas alterando las condiciones de reproducción del sector que quedó en peor posición frente los grandes grupos exportadores de commodities. Pero aprovechando ciertas ventajas por su estructura de poder: la posibilidad que tuvieron de fugar una gran masa de capitales al exterior antes de la devaluación, por la posibilidad de disminuir y reestructurar parte de sus deudas tanto locales como externas a través de mecanismos estatales y por el aprovechamiento del contexto de incertidumbre económica generalizado, y las concesiones otorgadas por el Estado en términos de aliviar los compromisos que las empresas tenían según sus contratos. Las presiones de uno y otro lado estuvieron claramente presentes –basta recordar los juicios del CIADI, y llegaron a romper sus relaciones con la salida de algunos inversores extranjeros, pero la mayoría logró reorganizarse, y aprovechar los buenos signos de recuperación tras la crisis, que se hicieron presentes después del primer año de su peor momento.

3.2. De la recuperación económica al despegue: la política de subsidios como motor de crecimiento del sector energético y de transporte (2004-2010) A partir del 2004 una tendencia que se iba desarrollando desde comienzos del 2002 comenzará a impactar aceleradamente: la relación entre el gasto público y la “suerte” de los GGE del sector servicios, según el crecimiento de los subsidios entregados a los sectores energéticos y de transporte. A lo largo de la post-convertibilidad su incidencia sobre el gasto público aumentará, como a su vez lo hará el mismo gasto público. Bonnet y Piva (2011) muestran como uno de los elementos de la evolución del aparato del Estado en estos años el incremento del gasto público con los siguientes datos: del 2002 al 2009 aumenta un 192%, equivalentes a 14 puntos del PBI; presentando una contracción inicial hasta el 2005, momento en el cual se incrementa extraordinariamente llegando a representar en el 2009 el 43% del PBI. Ahora bien, el porcentaje de este gasto destinado a los servicios públicos estuvo, desde el 2003 en claro ascenso. (…) Leer

Pensemos en Cristina Fernández exigiendo a los trabajadores racionalidad para que el empresariado  mantuviese el crecimiento económico. Pero analicemos cómo la devaluación para posibilitar la post-convertibilidad o la recuperación gran burguesa de altas rentabilidades implicó un enorme robo de salario y poder adquisitivo a los trabajadores y otros sectores populares. Aún más tomemos en consideración cuáles son los resultados de tamaño sacrificio de los de abajo.

Fuga de capitales, dólar y modelo K

31 de octubre de 2011

Por Rolando Astarita

Esta nota es continuación y actualización de la que escribí hace un año, en la que discutía cuestiones vinculadas al crecimiento basado en el tipo de cambio alto (“Profundizar…” ). Decía entonces que el tipo de cambio alto había sido clave para la estrategia de desarrollo “industrialista”, desde mediados de 2002. Básicamente porque la devaluación posterior a la ruptura de la Convertibilidad había significado una fuerte caída de los salarios -en términos de dólar y poder adquisitivo-, con la consiguiente mejora de las condiciones competitivas del capitalismo argentino. Sostenía también que a la redistribución regresiva del ingreso se habían sumado equipos industriales renovados durante los 90; una elevada capacidad ociosa; y el congelamiento de tarifas de servicios. Todo esto se conjugó para elevar la tasa de rentabilidad, en particular de las empresas productoras de bienes transables. Además, el ciclo alcista de los precios de los alimentos, y en particular la soja, dieron un poderoso oxígeno extra al crecimiento, habilitaron ganancias extraordinarias al agro (suba de la renta de la tierra), y una constante inyección de recursos al Estado. Sin embargo, señalaba en aquella nota, no había habido un desarrollo sustentado en la inversión de equipos y la tecnología. Esto es, no estábamos ante un aumento de la competitividad con bases sólidas. Por eso, en 2010 ya se evidenciaba el desgaste del “modelo”: el superávit comercial se achicaba; la inflación erosionaba la competitividad del tipo de cambio; y el gobierno se enfrentaba a la disyuntiva de devaluar, o de retrasar el tipo de cambio a fin de frenar la inflación. Pero en este último caso, caería aún más la competitividad. Escribíamos: “Si el gobierno promueve una depreciación de la moneda, acelera la inflación, con poca ganancia en competitividad. Si por el contrario, retrasa el tipo de cambio, agrava los problemas de competitividad, acercándose a un escenario parecido al de los noventa. De hecho, hoy algunos sectores industriales empiezan a quejarse de que con este tipo de cambio no pueden competir. Es posible que de prolongarse esta situación, hacia fin de 2011 el tipo de cambio real vuelva a estar al nivel de la Convertibilidad. Aunque la situación internacional es distinta de la existente en los noventa, principalmente por la suba de la demanda mundial de materias primas”.
A pesar de las señales que estaba dando la economía, muchos defensores del modelo K de crecimiento siguieron afirmando que “el modelo tiene bases sólidas”, y que sólo los ciegos “catastrofistas de izquierda”, o la derecha golpista, podían encontrar algún problema serio. La idea dominante en este sector es que, en tanto haya estímulos de demanda, la inversión crecerá más o menos automáticamente. Una tesis que se ha mantenido contra viento y marea.
Fuga de capitales
También en una nota anterior, de septiembre de 2010 (ver aquí), decíamos que en Argentina se mantenía una de las características típicas del atraso, que una parte muy importante de la plusvalía se volcaba al consumo suntuario, la inversión inmobiliaria, o iba al exterior. Con respecto a esto último, señalábamos que las inversiones de argentinos en el exterior obedecían a una lógica de valorización financiera, y que los rendimientos de esas inversiones se reinvertían en el exterior, de manera que representaban una importante sangría en términos netos del excedente. La contrapartida de esta salida era que la inversión en plantas, equipos e infraestructura productiva, si bien había mejorado en algún punto del PBI con respecto a los 90, continuaba siendo relativamente débil. Por eso concluíamos que “hay un fuerte crecimiento (del PBI), y cierto aumento de la participación de la inversión con respecto a los niveles promedio de los noventa, pero sin que pueda hablarse de algún cambio estructural. Una parte fundamental del excedente sigue saliendo del país; aunque a diferencia de la década de los noventa, ahora esa salida está financiada por el superávit de cuenta corriente. … La salida de capitales sigue poniendo en evidencia la estrecha vinculación de la clase capitalista argentina con el capital mundializado, particularmente con el capital financiero”.
Naturalmente, los defensores del “modelo productivo” siguieron mirando para otro lado. Pero los hechos son testarudos, y las cosas siguieron complicándose, hasta llegar a la actual coyuntura. En los últimos tres meses el Banco Central ha vendido más de 4100 millones de dólares. Según la consultora Ecolatina, la formación de activos externos del sector privado se incrementó de un ritmo promedio mensual de 300 millones de dólares en el período enero 2003 a marzo 2008 a 1.500 millones por mes entre abril 2008 y junio 2010. El marco de esta fuga de capitales es una macroeconomía en la que las señales del desgaste del “modelo” son inocultables. El superávit comercial pasó de más del 4% del PBI en 2007 a aproximadamente el 2%. Las reservas del Banco Central bajaron desde más de 52.500 millones de dólares a fines de 2010, a 47.580 millones hoy; esto a pesar de que tomó préstamos de bancos europeos. Las reservas de libre disponibilidad (las que exceden la base monetaria, y con las que el Gobierno paga deuda externa), se evaporaron. El crecimiento de los depósitos bancarios se ha frenado, y las tasas de interés han subido al 15% para los minoristas (estaban al 10%) y hasta el 20% para los grandes depositantes. ¿Esto también formará parte del “modelo productivo”? En cualquier caso, y ante este panorama, es evidente que la disyuntiva de 2010 que comentábamos, se ha hecho más aguda. Destaquemos que si bien la crisis internacional ha jugado un rol en la fuga de capitales -debido a la devaluación del real, y la desaceleración de la demanda internacional- no alcanza a explicarla. Después de todo, otros países latinoamericanos han estado recibiendo capitales a causa de la crisis internacional, por lo que su problema es el opuesto del argentino: procuran evitar la apreciación de sus monedas. En Argentina, en cambio, la apuesta de muchos grandes inversores, y también de ahorristas pequeños y medianos, es que el precio del dólar finalmente va subir.
Desarrollo desigual y dependiente, y tipo de cambio
Tal vez una de las cuestiones más importantes es entender que la disyuntiva descrita -devaluar o retrasar más el tipo de cambio- se inscribe en un movimiento de largo plazo de la economía argentina, en la que se alternaron los períodos de tipo de cambio alto y bajo, pautados por crisis que marcaron la transición de un período al otro. Por eso, más allá del análisis de la coyuntura inmediata, nos interesa mostrar cómo existe una cierta lógica en estos movimientos, que está vinculada al desarrollo de las fuerzas productivas -en particular, al nivel de productividad- y a las variaciones de la rentabilidad e inversión de los sectores vinculados a la producción de bienes transables (sustitución de importaciones y exportables) y de bienes no transables (en lo que sigue resumo algunas de las ideas que presento en Economía política de la dependencia y el subdesarrollo).
Si se toma como punto de partida 1974 -inicio de la crisis final de la estrategia de sustitución de importaciones-, se advierte que  desde 1977 y hasta comienzos de 1981 rigió un tipo de cambio real bajo (moneda apreciada); que en la década de 1980 y hasta comienzos de 1991, el tipo de cambio fue alto (moneda depreciada); durante la Convertibilidad la moneda se apreció; y a partir de 2002 se vuelve a un tipo de cambio alto, aunque con tendencia paulatina a la apreciación desde 2003, hasta llegar al actual escenario. Aclaramos que cuando hablamos de moneda apreciada nos referimos a un tipo de cambio cercano al nivel de paridad de poder de compra con los países adelantados (en particular, con EEUU). Esto significa que, en promedio, y a igual que sucede con la mayoría de las economías atrasadas, la moneda argentina tiende a ubicarse en un nivelpor debajo de la paridad de poder de compra. Esta depreciación de la moneda en términos reales obedece, desde el punto de vista de la ley del valor trabajo, a problemas estructurales, que tienen que ver, principalmente, con la baja productividad de la industria argentina.
Dada su baja productividad relativa, una manera que tiene la industria de ganar competitividad en el mercado mundial es a través del tipo de cambio real alto, que implica bajos salarios en términos de la moneda mundial (dólar o euro). Sin embargo, debido a los impulsos inflacionarios que derivan de este régimen cambiario, a mediano plazo casi inevitablemente se generan las condiciones para la reversión hacia el tipo de cambio bajo. Y son estas variaciones bruscas del tipo de cambio, las que generan cambios también bruscos y profundos en las tasas de rentabilidad de los sectores productores de bienes transables y los productores de bienes no transables; y con ellos, de sus tasas de crecimiento e inversión. Con tipo de cambio alto, los sectores productores de transables aumentan su rentabilidad, lo que lleva aparejado el aumento de inversiones en el sector; pero baja la rentabilidad y la inversión en los sectores de no transables. A su vez, con la moneda apreciada, los sectores transables ven disminuidas sus ganancias, y los de no transables las incrementan, y con ella la inversión y el crecimiento.
El resultado es que se asiste a un desarrollo desigual, profundamente desestructurado. Los cambios bruscos de la rentabilidad de los sectores debilitan las inversiones de largo plazo, fundamentales para superar el subdesarrollo. Los diferenciales de productividad se acentúan, porque ora un sector, ora el otro, sufre períodos más o menos prolongados de baja rentabilidad y por lo tanto de baja inversión y renovación tecnológica. En los 90, por ejemplo, en tanto en teléfonos, o producción y transporte de electricidad, se realizaban inversiones y se expandían, muchas industrias productoras de transables, en especial intensivas en mano de obra -textiles, calzado, etc.-, languidecían. De la misma manera, el parque industrial se renovaba parcialmente, pero el sector productor de máquinas herramientas trabajaba con un 50% de capacidad ociosa, promedio. En los 2000, por el contrario, sectores de productores de bienes exportables, o sustitutos de importaciones, prosperaron; pero amplios sectores productores de servicios, o energético, se retrasaron. Significativamente, la balanza energética pasó a ser deficitaria, luego de haber tenido superávit en los 90 y buena parte de los 2000.
Este crecimiento desestructurado se refleja entonces en la situación cambiante del sector externo, y las dinámicas de precios. Los períodos de tipo de cambio alto, posteriores a una devaluación, dan lugar a mejoras rápidas y sustanciales de la balanza comercial (o en la balanza de cuenta corriente). Los productores de transables con ventajas competitivas naturales -ejemplo, el sector productor de granos- obtienen plusvalías extraordinarias, bajo la forma de ganancias extraordinarias, o alta renta agraria. Eventualmente, en una coyuntura de altos precios internacionales de las materias primas, una parte de la renta puede captarse con impuestos y destinarse a subvencionar industrias proveedoras de insumos y servicios, a los efectos de sostener el tipo de cambio real alto. En estos períodos el crecimiento industrial se caracteriza por ser principalmente extensivo -esto es, empleador de mano de obra- y la renovación tecnológica relativamente débil. La competitividad del sector transable es alta, pero porque está asentada en una alta explotación del trabajo (salarios bajos, precarización del empleo, etc.), y en la contención de los precios de insumos y servicios esenciales.
Erosión del tipo de cambio “competitivo”
No es de extrañar entonces que a mediano plazo la ventaja competitiva se erosione, en la medida en que los precios de los bienes no transables y los salarios, especialmente de los sectores sindicalizados, buscan recuperar el terreno que han perdido con la devaluación. Por eso, a mediano o largo plazo, las falencias y contradicciones estructurales no pueden superarse con meros remedios monetarios. No se trata de conspiraciones de los golpistas, como he escuchado de boca de algún intelectual K de Carta Abierta, sino de las leyes de la acumulación (y la explotación) capitalista. La cuestión de fondo es que la debilidad de la inversión -y del despliegue de la investigación y desarrollo- no permite superar el atraso y ganar competitividad genuina a la industria. Hoy, en Argentina, la balanza comercial industrial es fuertemente deficitaria (en las manufacturas de origen industrial, por unos 20.000 millones de dólares), luego de casi una década de crecimiento “industrialista” K. El problema puede agudizarse bruscamente si algunos de los socios comerciales deprecia su moneda; como acaba de suceder con Brasil.
En consecuencia, las presiones inflacionarias, que tienen origen cambiario, no dejan de acentuarse. Los sectores productores de no transables no invierten si no mejoran los precios relativos, y en el mediano o largo plazo, los precios de servicios y otros insumos comienzan a subir. Si además, el gobierno ha mantenido tarifas congeladas, a costa de crecientes subsidios, es probable que aparezcan déficit fiscales crecientes. La monetización del déficit (esto es, cubrirlo con emisión), da lugar a mayores presiones inflacionarias, acrecentando la desconfianza hacia la moneda nacional. En definitiva, las presiones inflacionarias terminan erosionando la competitividad cambiaria. Al crecer la desconfianza, se potencia el flujo de fondos hacia el dólar o el euro. El ahorro (más precisamente, atesoramiento) ocurre en moneda extranjera. Al caer los depósitos en moneda nacional, los bancos elevan las tasas de interés, para detener la sangría. Lo cual no es precisamente un estímulo para la inversión productiva. Todos estos factores no dejan de empujar hacia la devaluación.

Devaluaciones, inflaciones y reversiones cambiarias
Pero la devaluación de la moneda no es una solución sencilla, ya que puede dar lugar a nuevas devaluaciones, que eventualmente desembocan en altas inflaciones (o hiperinflaciones). Lo cual es insostenible, como lo demuestra la experiencia argentina de los 80 y principios de los 90. Es que con alta inflación los salarios bajan en términos reales -es inevitable que pierdan la carrera con los precios- pero también con una moneda en constante pérdida de valor se embotan los mecanismos del mercado. Entonces es imposible comparar los tiempos de trabajo. Por eso, en el extremo, la economía se dolariza. El dólar pasa a ser moneda no sólo de atesoramiento, sino también medida de valor y medio de pago (los contratos se fijan en dólares, etc.). Se generan así las condiciones para la reversión hacia la moneda “fuerte”. El anclaje del tipo de cambio está en la lógica del proceso, ya que se busca fijar la variable que ha estado en el origen del impulso inflacionario, y restablecer la disciplina del mercado, tanto sobre los capitales menos productivos, como -y principalmente- sobre los trabajadores. Es por esta razón que las razones que lleva a los períodos de apreciación de la moneda se incuban en las fases de crecimiento que se sostienen en el tipo de cambio alto. Algo de esto se ve en el panorama actual; la apreciación del peso de los últimos años está en la mecánica del crecimiento de los 2000. Sin embargo, hoy la economía argentina no está ante un escenario de crisis aguda, al estilo de lo ocurrido en 2001. Pero dicho esto, también hay que decir que el panorama se ha agravado. Desde hace muchos meses el gobierno ha venido retrasando el tipo de cambio para frenar la inflación, esto es, ha aplicado una receta típica de la década de 1990. Pero por esto en los últimos tiempos se ha apreciado la moneda; con lo cual se debilitó uno de los pilares del “modelo”, el tipo de cambio alto. Por eso también, en los hechos, ha comenzado a establecerse otra paridad entre el peso y el dólar, a través del mercado no oficial (o negro). Esta dicotomía -atraso del tipo de cambio oficial, depreciación de la moneda en el paralelo- es otra expresión de las disyuntivas que enfrenta el “modelo K”. Paralelamente, los subsidios a industrias productoras de servicios y similares (eléctricas, transporte, pero también forestal y agroalimentaria), no han dejado de aumentar. En 2010 el Estado transfirió unos 48.000 millones de pesos a las empresas, un 45% más que en 2009. Y sólo en los primeros seis meses de 2011, alcanzaron 32.366 millones de pesos, un 73% más que en igual período de 2010. El “ajuste” significaría un aumento de las tarifas, esto es, un caída del poder adquisitivo de los salarios, en primer lugar. Pero también agregaría presión a los impulsos devaluatorios. Subrayamos: en estas condiciones, una devaluación se descargaría sobre los trabajadores, bajando los salarios. Aunque puede dar lugar a una agudización de las luchas salariales. Por eso la propia clase dominante es reacia a aplicar este remedio. Pero por otra parte, el actual esquema ha comenzado a hacer agua.
En conclusión, lo que está sucediendo hoy en Argentina -fuga de capitales, depreciación de hecho de la moneda- refleja que el crecimiento de los 2000 no ha permitido superar las estructuras del atraso y la dependencia. Negar esta realidad hablando sobre el “modelo de matriz diversificada y acumulación con inclusión social”, equivale a marearse con palabrerío vacío.

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