viernes, 30 de septiembre de 2016

Advirtamos las falsedades progresistas como destacar la paz de nuestra región cuando el extractivismo la aniquila. Nos señalan gobiernos de izquierda revolucionaria cuando lo cierto es que persiguen el capitalismo de estado.

A propósito del “capitalismo de Estado”

El fracaso de las élites dominantes y 


las clases medias que las respaldan

29 de septiembre de 2016

 

Por Arturo D. Villanueva Imaña

Quieren emular a la burguesía clásica y solo son su caricatura. Quieren sobresalir y marcar tendencia, y solo exteriorizan su disponibilidad de dinero, sin otorgarle otra o mejor función que el despilfarro y los gastos en megaobras generalmente inútiles.
La burguesía nacional, para llamarse tal, debería tener la capacidad de desarrollar la economía, crear prosperidad y construir un sistema productivo fuerte; capaz de sostener una ideología e impregnar a la sociedad con su pensamiento y sus ideas. Sin embargo, como no es capaz de crear un modelo propio y diferente del capitalista neoliberal y financiero imperante (del que depende y tiene como único referente), entonces solo se limita a reafirmar su dependencia  y sometimiento al sistema hegemónico predominante.

Por eso es una burguesía dependiente y colonial. Y lo es en doble sentido, porque al margen de su dependencia y sometimiento al capitalismo global, en el caso de nuestro país (por circunstancias que todos conocemos), ha debido ceder su protagonismo y su papel al Estado y al gobierno. Es el Estado boliviano, denominado plurinacional, el que vía las nacionalizaciones y, especialmente, la constitución de diversas empresas y proyectos estatales, que se ha dado a la tarea de emprender un capitalismo de Estado en el que la burguesía criolla (tradicional y emergente), juega un rol supeditado, expectante y pendiente de las migajas, las obras y los emprendimientos que el Estado esté dispuesto a concederles subsidiariamente.

En el plano político, esta esterilidad se manifiesta en su consabida incapacidad para crear un ideario, para constituirse en un referente acorde al sistema predominante que representa en la sociedad, y para impregnar la sociedad con su huella.
Más allá de circunstanciales manifestaciones rimbombantes que suelen tener algún tipo de repercusión pública o mediática (como sucede por ejemplo con la arquitectura de los llamados “cholets” que se construyen en El Alto, o los desfiles de modas y los carnavales que se organizan con inusitado despliegue y tiempo en diversos departamentos), no es posible afirmar que estas expresiones hayan logrado trascender el espacio y tiempo concretos donde se realizan, y mucho menos crear una base cultural e ideológica acorde a su despliegue económico. Es decir, que su volumen económico y la enorme erogación de dinero que suponen (inversión dicen), estén a la misma altura y se refleje (se impregnen), en el plano del pensamiento, la cultura, el arte y otras manifestaciones colaterales.

En otras palabras, el único correlato que existe entre la clase dominante procapitalista (incluida la nueva élite mestiza emergente) y su influencia sobre la sociedad, es el tamaño de sus obras y la cantidad de dinero que puede acumular. No tienen capacidad para crear un proyecto nacional, para marcar su huella en la sociedad. Y como los valores y principios de la burguesía capitalista y liberal (que ya se han impuesto en el mundo hace varias décadas), ya le ha hecho su tarea y la ha dejado rezagada, no le queda otra que repetir y copiar (generalmente de una manera deficiente, porque busca aplicar mecánicamente lo que ha aprendido, en realidades como la boliviana que son muy dinámicas y principalmente abigarradas y complejas). Lo hace sin mayor capacidad innovativa, porque se encuentra en el límite impuesto por el desarrollo de la sociedad, que ya reclama otro actor protagonista y transformador, y porque además no tiene otro horizonte que no sea su dependencia.

Estas consideraciones permiten afirmar que hemos llegado tarde para emprender la tarea del desarrollo capitalista industrial al estilo occidental. Sin embargo el actual gobierno (desdeñando y traicionando lo que la propia Constitución le manda y establece), se empeña tercamente en seguir los pasos extractivistas y desarrollistas para emular el supuesto “progreso” y “crecimiento” de esas economías en crisis que han llegado al límite de provocar el cambio climático (y todos los desastres y graves daños globales que sufrimos), cuando lo que debería hacerse es evitar semejante situación y marcar el nuevo camino para construir aquella relación armoniosa con la naturaleza para Vivir Bien, que el pueblo había propuesto e incluido en la Constitución.

Fuente: http://www.bolpress.com/2016/09/29/el-fracaso-de-las-elites-dominantes-y-las-clases-medias-que-las-respaldan/

"Consideramos que son principios irrenunciables para el abordaje de una Ley de Semillas en Argentina".

La Multisectorial No a la Ley Monsanto a las y los Legisladores Nacionales:



NO A LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE SEMILLAS
(…)Por eso, consideramos que son principios irrenunciables para el abordaje de una Ley de Semillas en Argentina:
1- El rechazo a toda forma de propiedad intelectual sobre las semillas. Las semillas agrícolas han sido y siguen siendo una creación colectiva de los pueblos y los intentos de apropiación y privatización a través de los derechos de obtentor, patentes o normas de calidad son una amenaza a la soberanía alimentaria de los pueblos.
2- Garantizar la libre circulación, intercambio y comercio de las semillas nativas y criollas impidiendo su apropiación y monopolio por parte de corporaciones.
3- Revalorizar y relegitimar los conocimientos, saberes, creencias y prácticas locales, tradicionales y ancestrales de las campesinas y los campesinos, indígenas y afrodescendientes y demás comunidades.
4- Promover y garantizar su uso de las semillas criollas y nativas en el marco de un impulso a la producción agroecológica en manos de campesinos y campesinas, productores y productoras familiares y pueblos originarios.
5- Abandonar el impulso al agronegocio, el control corporativo de nuestra agricultura, el uso de semillas transgénicas y la aplicación de agrotóxicos y la entrega de nuestros bienes naturales a través de los Tratados de Libre Comercio; promoviendo una transición urgente hacia un modelo regional agroecológico de base campesina con real participación de las comunidades involucradas. En este sentido, consideramos urgente e imprescindible avanzar en un proceso de reforma agraria integral que recupere el territorio para las mayorías sociales.
Los más de 10 mil años que los pueblos originarios, campesinas y campesino del mundo llevan alimentando a la humanidad sin que se viera limitado su derecho al libre intercambio es la mejor prueba de que ese es el camino a seguir.
Al mismo tiempo la pérdida del 75 % de las semillas agrícolas producidas en los últimos 60 años a causa de la agricultura industrial (según datos de la FAO) demuestran que el agronegocio, sus transgénicos y agrotóxicos y las leyes de semillas que promueven están acabando con el principal patrimonio que tenemos los pueblos para garantizar nuestra alimentación en el futuro.
Junto a ello, la codependencia a la economía neoliberal, propia del modelo agrario actual, industrial y capitalista, que ha generado millones de muertes y enfermedades, desplazado pueblos enteros hacia las zonas más pobres de las ciudades, provocando terribles deforestaciones, inutilizando millones de hectáreas de tierra al dejarlas sin nutrientes, generando cada vez más contaminación así como más relaciones de desigualdad; ha demostrado que aquel NO es el camino a seguir.
Señoras legisladoras, señores legisladores: ustedes son responsables con las leyes que aprueben de que este proceso continúe o se revierta. Los pueblos estarán atentos y vigilantes a las consecuencias de sus acciones.

¡Las semillas son un Patrimonio de los Pueblos al Servicio de la Humanidad!

¡NO A LA NUEVA LEY DE SEMILLAS MONSANTO!

¡NO A LA PRIVATIZACIÓN DE LAS SEMILLAS Y LA VIDA!

¡FUERA MONSANTO Y LAS CORPORACIONES DEL AGRONEGOCIO DE AMÉRICA LATINA!

¡POR UNA AGRICULTURA PARA ALIMENTAR Y EN MANOS DE LOS PUEBLOS!

 

Multisectorial NO a la Ley Monsanto de Semillas

GRAIN, Acción por la Biodiversidad, Frente Popular Darío Santillán – CN, Pañuelos en Rebeldía, Tierra para Vivir en COB La Brecha, Greenpeace Argentina, Calisa Fauba Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de FAUBA, ECOS de Saladillo, ONG Naturaleza de Derechos, Colectivo Tinta Verde, Patria Grande, PTS en el Frente de Izquierda, Red de plantas saludables y buen vivir de Buenos Aires, Huerquen, comunicación en colectivo, Asociación por la Justicia Ambiental - AJAM -, Amigos de la Tierra Argentina, Movimiento Nacional Campesino Indígena MNCI - Vía Campesina, Red Ecosocialista de la Argentina, MST Movimiento Socialista de los Trabajadores Nueva Izquierda, Río Bravo - Espacio de Lucha Territorial, Frente Universitario de Lujan, Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social Regional Bs As Oeste y Regional Santa Fe, Red Nacional de Abogados de Pueblos Fumigados, Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de Nutrición UBA, Red Nacional De Acción Ecologista Renace, CTA - Autónoma, Asamblea No a la entrega de la Costa Quilmes-Avellaneda, Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto, Movimiento Estudiantil Liberación, Colectivo Documental Semillas, Red Semillas de Libertad, MPR Quebracho, CTD Aníbal Verón, Movimiento Estudiantil Liberación, Corriente Nuestroamericana de Trabajadores 19 de Diciembre y Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UNLP, Asamblea Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, Asociación civil BePe, Maela, Acampa - Asociación de campesinos del Abaucán.
Adhesiones: noalanuevaleydesemillas@gmail.com
Facebook: Multisectorial contra la Ley “Monsanto” de Semilla

“Sabemos que la semilla se ha vuelto hoy el corazón de las ganancias de las grandes transnacionales. Pero también sabemos que es el principio de nuestra nutrición y nuestra vida”.

La Multisectorial No a la Ley Monsanto a las y los Legisladores Nacionales:


NO A LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE SEMILLAS
29 de septiembre de 2016

"Este proyecto nace de las negociaciones cerradas entre el gobierno de Macri, las corporaciones transnacionales y los grandes productores. El nuevo intento de modificación de la vigente Ley 20247, al igual que los anteriores, contiene elementos que nos alarman y que nos hacen expresar nuevamente nuestro rechazo contundente a cualquier modificación más regresiva de la ley vigente."

Finalmente se hizo público el Proyecto de Ley de Semillas que el Poder Ejecutivo elaboró y se apresta a enviar al Congreso de la Nación.
Este proyecto nace de las negociaciones cerradas entre el gobierno de Macri, las corporaciones transnacionales y los grandes productores. Negociaciones que, tal y como ocurrió en los intentos de reforma que, desde el 2012, llevó adelante el gobierno kirchnerista, dejan afuera las necesidades e intereses de agricultores familiares, comunidades campesino-indígenas, consumidores, y afectados directos por el agronegocio.
Es por esto que el nuevo intento de modificación de la vigente Ley 20247, al igual que los anteriores, contiene elementos que nos alarman y que nos hacen expresar nuevamente nuestro rechazo contundente a cualquier modificación más regresiva de la ley vigente.
Para comenzar, la estrategia parece ser ir introduciendo cambios menores pero regresivos con los que se avance paso a paso en la imposición de UPOV 91 ante los rechazos que existen para la modificación de la ley.
En primer lugar, y tal como se venía anunciando, el proyecto busca limitar el “uso propio” de las semillas planteando que deberá pagar regalías todo aquel que haya comprado semillas “protegidas” (art 4°) “durante las dos (2) multiplicaciones posteriores a la adquisición de la semilla, por toda la semilla reservada para uso propio”. Además agrega “A partir de la tercera multiplicación inclusive sólo por el uso incremental”; o sea que en el caso de que se amplíe la superficie de cultivo el pago deberá ser permanente (ya que no se aclara la duración que tendría en ese caso). La limitación del derecho básico a guardar semilla para cultivar, inherente a la misma existencia de la agricultura, es inaceptable y la rechazamos de plano. Porque la diversidad y riqueza de nuestra alimentación depende de la posibilidad que los agricultores familiares han tenido durante siglos para guardar, mejorar y crear nuevos alimentos, nutritivos y sanos. No podemos permitir que se impida el libre acceso a la semilla, sustento fundamental de la cultura y el trabajo de nuestros/ as pequeños/as agricultores/as.
En segundo lugar la “excepción” al pago de regalías planteada en el artículo 4° para quienes tienen una facturación menor a “tres (3) veces el monto correspondiente a la categoría más alta de monotributista” es otra burla que solo busca legitimar la limitación del uso propio tratando de que los agricultores familiares pequeños acepten la modificación. En términos prácticos los controles recaerán sobre todos los agricultores. Pero además el proyecto señala que “En cada compra de semilla deberá establecerse el valor que el titular del derecho o su licenciatario podrá requerir por el uso de su tecnología incorporada a la variedad vegetal” con lo cual deja en libertad al titular para establecer el monto de la regalía pudiendo la misma ser exagerada o abusiva.
En tercer lugar lo planteado en el artículo 1° “El INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS tendrá acceso a cualquier cultivo o producto de la cosecha en cualquier lugar que se encuentre, a los fines de verificar la legalidad de la semilla que le dio origen, en cumplimiento de la presente ley” implica la instalación de un sistema policial de persecución de los agricultores en la cual el Estado asume la tarea de trabajar para las corporaciones vigilando y controlando toda la cadena productiva. La reglamentación de este artículo podría empeorar mucho más las cosas, introduciendo por ejemplo la posibilidad de que se intervenga con fuerzas de seguridad privadas y sin intervención judicial. Esto se ve fortalecido por el artículo 6° que plantea que quien “no permita tomar muestras sobre el cultivo o producto de la cosecha, no proporcione o falsee una información que por esta ley este obligado, será sancionado con apercibimiento o multa de un mil pesos ($ 1.000) a sesenta mil pesos ($ 60.000).”
En cuarto lugar el artículo 3° plantea que: “Cuando se emplee una variedad protegida o sin protección que contenga un elemento patentado, el titular de la patente no podrá impedir el uso de dicha variedad que contenga o no la tecnología protegida a los fines de experimentación u obtención de una nueva creación fitogenética”. De esta manera se acepta la posibilidad del patentamiento de semillas y plantas, cuestión que en Argentina está terminantemente prohibida por la legislación vigente (comprendiendo tanto a sus componentes físicos como los brotes, semillas, tallos, células, frutos, bulbos, como así también a los componentes celulares como las organelas, membranas, moléculas de adn, secuencia genética, etc.). Esto significa la no patentabilidad y en estos momentos está en disputa la posibilidad de patentamiento de genes en la Corte Suprema de Justicia.Rechazamos de manera absoluta la posibilidad de cualquier tipo de patentes sobre la vida. Permitir que el marco normativo admita estas patentes es profundizar aún más el modelo del agronegocio, aceptando que las grandes empresas se apropien de los múltiples conocimientos que los campesinos y campesinas han acumulado de manera milenaria en la semilla, a través de su cuidado y mejoramiento. A su vez, este artículo cierra planteando que: “No obstante, a los fines de la explotación comercial se requerirá el consentimiento del titular del derecho de patentes o su licenciatario.” Con lo cual se establece que quien realice la investigación deberá finalmente pagar regalías para poder tener “el consentimiento” del titular de la patente.
Finalmente la administración y dirección del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS (INASE) queda conformada por un directorio integrado por 12 personas de las cuales 6 son representantes del Sector privado. Considerando que muchas de las otras partes (INTA, Ministerio de agroindustria) tienen intereses cercanos a los del sector privado, consideramos que esta estructura para el INASE es inadmisible ya que de ninguna manera puede representar los intereses de nuestro pueblo frente a un tema tan fundamental. Este organismo así constituido consolida la complicidad ya hace años construida entre las corporaciones, el Estado y el sistema de investigación hegemónico, que garantizan la apropiación de la semilla y el conocimiento para la ganancia de unos pocos y la miseria de las mayorías.


Las más de 50 organizaciones sociales que integramos la Multisectorial No a la Ley Monsanto de Semillas entendemos que este nuevo intento de modificación de la ley de semillas se encuentra enmarcado en un sistema capitalista que, desde hace décadas busca convertir nuestros bienes comunes (naturaleza, conocimiento) en mercancías para el lucro y crecimiento del poder de unos pocos. A lo largo y ancho de nuestro continente se han llevado adelante, de manera constante, reformas para que las grandes corporaciones obtengan ganancias que los pueblos pagamos con la contaminación de nuestros lugares de vida, con la pérdida de nuestros recursos para la subsistencia, incluso, con nuestra propia salud. Los Tratados de Libre Comercio, que han avanzado en las últimas décadas en nuestro continente, intentan extender y consolidar estas reformas a pesar de nuestras resistencias y múltiples luchas. Por eso sabemos que la semilla se ha vuelto hoy el corazón de las ganancias de las grandes transnacionales. Pero también sabemos que es el principio de nuestra nutrición y nuestra vida. (…)Leer

Situémonos en que: “La crisis ecológica(sostén de la vida y el trabajo) demanda cambios profundos en el paradigma económico, político y cultural y un plan de emergencia para alcanzar logros significativos en las dos próximas décadas”.


Tiempos de transiciones para 

afrontar el Antropoceno
30 de septiembre de 2016
Por Yayo Herrero (Ctxt)
En el verano de 2014, hace ya más de dos años, se lanzaba el manifiesto Última llamada. En él, sus promotores explicaban cómo la civilización industrial, con sus niveles de producción y consumo, se había establecido a costa de agotar los recursos naturales y energéticos, romper los equilibrios ecológicos de la Tierra y generar unas profundas desigualdades entre las personas.
La sociedad occidental en los últimos dos siglos, y, especialmente, en las últimas décadas, ha construido una forma de vida absolutamente incompatible con la lógica de los sistemas naturales. En el plano material, lo que hemos celebrado como avance y progreso ha crecido socavando las bases materiales que sostienen el mundo vivo, arrasando la especie humana como parte de él, y repartiendo los beneficios temporales de ese metabolismo económico de forma enormemente injusta.
Se acumulan cada vez más noticias que evidencian que la vía del crecimiento basada en la extracción de minerales finitos, en la alteración de los ciclos naturales y en la generación de cantidades ingentes de residuos es ya un genocidio a cámara lenta. Son ahora también instituciones poco sospechosas de ecologismo radical, como la Agencia Internacional de la Energía o Naciones Unidas, las que aportan información que, aunque con retraso, refrenda los trabajos que desde hace décadas ha realizado parte de la comunidad científica y el movimiento ecologista.
Los cambios son tan intensos y acelerados que se ha considerado conveniente cambiar el nombre a la época geológica. Se estima que en 1950 el Holoceno queda superado y se inaugura el Antropoceno, caracterizado por el hecho de que los seres humanos hemos cambiado las reglas del juego que organizaban lo vivo desde hace millones de años. Nos hemos convertido en el mayor agente modelador de la corteza terrestre y en un factor capaz de variar la regulación del clima y alterar los procesos de la biosfera. Un agente más impactante que vientos, lluvias y corrientes marinas.
El declive en la disponibilidad de energía fósil y de minerales, los escenarios catastróficos del cambio climático, las tensiones geopolíticas por el acceso a los recursos y los procesos de expulsión de muchas personas a los márgenes de las sociedades o fuera de la propia vida muestran que los sueños de progreso del pasado se están quebrando y que es urgente acometer transiciones que, desde la equidad y la justicia, permitan encarar las pérdidas ya irreversibles y frenar el deterioro que aún sea posible detener, tratando de proteger de una potencial dinámica de colapso a las mayorías sociales.
Estamos atrapados en la trampa perversa de una civilización que si no crece no funciona, y si crece, destruye las bases naturales que la hacen posible. Nuestra cultura olvida que somos, de raíz, dependientes de los ecosistemas e interdependientes.
La sociedad productivista y consumista no puede ser mantenida por un planeta con sus límites desbordados. Necesitamos construir una nueva civilización capaz de asegurar una vida digna a una enorme población humana que habita un mundo de recursos menguantes. Para ello van a ser necesarios cambios radicales en los modos de vida, las formas de producción y redistribución, el diseño de las ciudades y la organización territorial: y sobre todo en los valores que guían todo lo anterior.
Es desesperante ver cómo, a pesar de las evidencias cada vez más patentes, existe una situación de anestesia en el mundo político y económico. En las instituciones, el debate en torno a estos asuntos es prácticamente inexistente y la urgencia de actuar contrasta dramáticamente con la inacción o, incluso, la profundización de las peores prácticas.
Necesitamos una sociedad que se marque como objetivo recuperar el equilibrio con la biosfera, y utilice la investigación, la cultura, la economía y la política para avanzar hacia ese fin. Frente a este desafío las soluciones meramente tecnológicas, tanto a la crisis ambiental como al declive energético, son insuficientes. La crisis ecológica no es un síntoma más, sino que determina todos los aspectos de la sociedad: alimentación, transporte, industria, urbanización, conflictos bélicos, el drama de las migraciones forzosas… Se trata, en definitiva, de la base de nuestra economía y de nuestras vidas.

Conscientes de esta urgencia, el Foro de Transiciones, un espacio transdisciplinar de reflexión y propuesta sobre las transiciones socioecológicas, impulsado por Fuhem y CONAMA, pretende entrar de lleno en el qué hacer ante los enormes desafíos que tenemos delante.

En el trabajo La Gran Encrucijada. Reflexiones en torno a la crisis social y el cambio de ciclo histórico hemos querido llamar la atención sobre el cambio de ciclo histórico que ha supuesto la llegada al Antropoceno. Partiendo de la correlación que existe entre la destrucción ecológica y los modelos económicos hegemónicos y vigentes, ponemos el foco en la necesidad de cambios profundos en el paradigma económico, político y cultural y apostamos por el establecimiento de un plan de excepción y emergencia para alcanzar cambios significativos en las dos próximas décadas. Igualmente apuntamos estrategias y líneas de trabajo en esta dirección a escala de país y en relación con la escala europea.

El libro dibuja el marco de un trabajo más amplio que hemos denominado Tiempo de Transiciones, que intentará avanzar en el campo de las propuestas sectoriales para la reconversión ecológica de nuestras sociedades y la reflexión sobre otros relatos culturales que puedan crear el contexto adecuado para que estas propuestas sean viables. Este trabajo pretende servir, como mínimo, para estimular un debate en torno a las urgencias y actuaciones concretas, sabiendo que no serán pequeñas las resistencias de las élites económicas y políticas frente a estos cambios de lógica y que, por tanto, la construcción de poder ciudadano será fundamental para lograr frenar la máquina y torcer un rumbo que conduce al desastre.
No tenemos otro propósito que tratar de responder a la interpelación del manifiesto Última Llamada cuando decía: “Una civilización se acaba y hemos de construir otra nueva. Las consecuencias de no hacer nada —o hacer demasiado poco— nos llevan directamente al colapso social, económico y ecológico. Pero si empezamos hoy, todavía podemos ser las y los protagonistas de una sociedad solidaria, democrática y en paz con el planeta”.
Yayo Herrero es activista ecofeminista y militante de Ecologistas en Acción. Dirige la fundación Fuhem.

Veamos como, desde el Centro Estratégico Latinoamericano Geopolítico (CELAG), nos tratan de convencer de seguir a los líderes de la conciliación de clases.

¿El fracaso del progresismo?
30 de septiembre de 2016
Por Sivina M. Romano (CELAG)
Con el reciente Golpe de Estado en Brasil se reaviva la discusión sobre el “fin de ciclo” del progresismo o el neodesarrollismo en América Latina. Desde la derecha, se regodean en el nuevo escenario, afirmando que los resultados electorales en países como Argentina y la luz verde para la destitución de Dilma, darían cuenta de que “tenían razón” y que la única vía es el neoliberalismo puro y duro. Desde algunas izquierdas asentadas en el rechazo a las políticas redistributivas de los gobiernos progresistas (debido a que no alcanzaban la radicalidad requerida), también parece celebrarse el giro a la derecha, pues esto demostraría que ellos también tenían razón: los caminos emprendidos por Chávez, Correa, Morales, Kirchner-Fernández son totalmente equivocados por no lograr un modo de producción alternativo al capitalismo en diez o quince años (menudo desafío). Desde este lugar, se celebra entonces la profecía auto cumplida: iban a fracasar y fracasaron.
Vienen a nuestra memoria dos episodios clave en la historia de América Latina, en los que, como no podía ser de otra manera, tuvo especial protagonismo el gobierno-sector privado estadounidense. El primero es el de la democracia de Arbenz en Guatemala, el segundo, el de la vía al socialismo de Allende. Ambos presidentes fueron derrocados y las reformas implementadas fueron erradicadas de raíz. En aquel momento, se pensó que habían fracasado. La perspectiva histórica no solo permitió esclarecer las limitaciones de ambos procesos, sino que mostró que fue el éxito de las reformas lo que condensó la oposición interna y externa en contra de tales experiencias. No había que permitir que ese éxito se esparciera en América Latina.
El escenario actual en la región muestra indudablemente una fuerte reversión de procesos. Encabezado por la Argentina de Macri que se compromete a ser punta de lanza de la política estadounidense en el Cono Sur, seguido por la guerra permanente y sin tregua contra Venezuela (desde dentro y desde fuera), hasta el Golpe de Estado en Brasil. El objetivo es convencernos de que “ya pasó”, ya se “fracasó”: lo que se hizo se hizo, y lo que no se logró hacer, pues una pena. Ahora habrá que esperar a que pase un ciclo con la derecha en la esfera política formal.

Así, desde la izquierda que descarga su artillería contra el neodesarrollismo debemos conformarnos con luchar desde grupos y espacios estrictamente locales, cada uno desde su trinchera, desde su lugar, con la fe de que en algún momento esas luchas atomizadas logren unificarse en una revolución universal. Al final, la realidad estaría demostrando (para la mencionada izquierda) que todos los gobiernos son iguales, todos son parte del mismo sistema opresor. Habría que pensar en qué medida esta frase encuentra sus raíces en un sentido común neoliberal, en el que “la política y los políticos”, el Estado mismo, se descarta como instrumento para la emancipación.

Lo anterior, de modo directo o indirecto supone desconocer los esfuerzos realizados en las diferentes experiencias latinoamericanas, donde desde gobiernos apoyados por movimientos sociales y amplios sectores de la población, se implementaron políticas orientadas a lograr un cierto grado de justicia social. Gobiernos que reivindicaron el rol redistributivo del Estado y los objetivos de inclusión socio-económica y política. Para las mayorías que lograron acceso a vivienda, trabajo, atención médica y planes de alfabetización e inclusión política en diversas instancias (con todas las limitaciones y obstáculos que hay que señalar), para esa gente no es lo mismo.
Entonces ¿Quién determina el fracaso? Aun considerando las numerosas limitaciones de estos procesos ¿Qué tal si la fuerte y persistente oposición a estos gobiernos descansa implícitamente en el peligro que implica su éxito, que por ejemplo, pondría en evidencia que la gente ya no se conformará con una democracia de mercado como la de los ’90? En lugar de decretar tan rápidamente los fallos y errores, sería bueno estar también atentos a lo que sí se logró y que ya no estamos dispuestos a perder.
Este artículo se encuentra publicado en http://www.celag.org/el-fracaso-del-progresismo/

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=217392

Cuestionemos a qué democracia y revolución se refiere el III Encuentro Latinoamericano Progresista.

Condenamos la invasión de 
la Policía Nacional a la sede Confeniae
 30 de septiembre de 2016
Por CONAIE (Rebelión)
D.M. Quito, 28 de septiembre de 2016
La sede de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, Confeniae, regional de la CONAIE, ubicado en Unión Base, ciudad de Puyo, provincia de Pastaza, hoy amaneció invadida por cientos de uniformados de la Policía Nacional del Ecuador, quienes actúan bajo órdenes de funcionarios de Gobierno, específicamente de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política que pretenden debilitar y dividir a la organización.
Es importante señalar que la Confeniae desde el 21 de septiembre se encuentra en MINKA, trabajo colectivo, en su sede. Mientras que grupos afines al gobierno se movilizan en buses de la Vicepresidencia de Ecuador para provocar posibles enfrentamientos.
Bajo pretexto de la aplicación del decreto 016, ahora 739, y sus distintas políticas de represión, criminalización, persecución, el Gobierno de Rafael Correa durante su estancia en el poder ha intentado fraccionar al Movimiento Indígena, pero, no logra conseguir su propósito y no lo logrará.

Por ello, como CONAIE:

Rechazamos categóricamente este nuevo intento de abuso de poder 
por parte del Gobierno de Alianza País y toda su estructura.

Hacemos un llamado a la unidad entre pueblos y nacionalidades en la Amazonía, y a no caer en el juego del gobierno de Rafael Correa.

Responsabilizamos a la cartera de Secretaría Nacional de Gestión de la Política, al Gobierno Nacional de Ecuador ante cualquier acto de violencia, enfrentamiento o pérdida humana que pueda existir por este tipo de irresponsabilidades.

Por el Consejo de Gobierno
Jorge Herrera, Presidente CONAIE

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=217360

"No podemos olvidar que por hambre mueren casi 100 veces más personas diarias que por 'actos terroristas'".


Terrorismo… o de cómo nos agarran de tontos

30 de septiembre de 2016
Por Marcelo Colussi (Rebelión)

Desde hace ya unas décadas, hacia fines del siglo XX, fue estableciéndose como una táctica militar un tipo amplio y difuso de acciones al que se le ha dado el impreciso nombre de “terrorismo”. Quienes otorgan ese nombre (instituciones oficialmente constituidas) tienen una idea determinada de lo que entienden por él; pero quienes lo reciben, en realidad jamás se autodefinen como “terroristas”. Además, si bien puede haber grandes diferencias entre los que así son designados (partidos políticos de izquierda, movimientos sociales, grupos de acción armada, etc.), ninguno de ellos se reconoce como “señor del terror” sino, en todo caso, luchador social. Con lo que vemos que es muy difuso el término, equívoco, hasta incluso: engañoso. En verdad ¿quién es “terrorista”? ¿Qué significa con precisión ser un “terrorista”? 

Siendo estrictos, no hay una definición unívoca del término. En todo caso, puede advertirse desde el inicio que su nombre mismo ya presenta una carga negativa: evoca el terror. Pero eso, lo sabemos, es excesivamente amplio: puede entrar allí desde una amenaza de bomba hasta un desequilibrado mental que asesina en serie, una broma de mal gusto o una muchedumbre enardecida que se permite linchar a alguien. Un acto terrorista, por tanto, más que significado político -según la lógica con que usualmente se usa en Occidente- es sinónimo de salvajismo. Carga que no tiene, por ejemplo, la llamada guerra convencional. Quien mata en guerra es un héroe. Más aún: se le premia, es un héroe de la patria, se le puede llegar a inmortalizar. Ninguna bomba inteligente de alta tecnología es asesina, es terrorista, pero sí lo son, por ejemplo, quienes resisten a la ocupación estadounidense en Irak, o quienes bloquean una carretera pidiendo alguna reivindicación.
¿Tiene sentido eso, o se trata sólo de un discurso de dominación, un ejercicio de poder? En un Manual de Entrenamiento Militar de la Escuela de las Américas de Estados Unidos puede leerse como una sana recomendación para sus alumnos, por ejemplo, “aplicar torturas, chantaje, extorsión y pago de recompensa por enemigos muertos”. ¿Eso es guerra limpia o terrorismo? Y más aún: ¿es posible que haya guerra limpia?
Entonces, en definitiva: ¿qué es el terrorismo? ¿Hay alguna definición seria al respecto? Desde ya vemos la dificultad intrínseca. De hecho, se han aportado varias, pero los mismos ideólogos que debaten sobre sus propiedades no terminan de encontrar una versión convincente. El Departamento de Estado de los Estados Unidos de América en uno de sus Informes anuales sobre “Tendencias del Terrorismo Mundial”, antes de definirlo siquiera comienza diciendo que “la maldad del terrorismo siguió azotando al mundo este año, desde Bali hasta Grozny y hasta Mombasa. Al mismo tiempo, se libró intensamente la guerra mundial contra la amenaza terrorista en todas las regiones, con resultados alentadores”, con lo que, ante todo, se parte de una valoración: el terrorismo es intrínsecamente malo. Acto seguido lo caracteriza diciendo que “se constituye, tanto en el ámbito interno como en el mundial, en una vía abierta a todo acto violento, degradante e intimidatorio, y aplicado sin reserva o preocupación moral alguna”. Preguntamos: ¿las invasiones entran allí? ¿Y las peleas de box? ¿Son actos violentos y degradantes también las corridas de toro? ¿Y las riñas de gallo o de perro? ¿Cuándo algo empieza a ser "terrorista"?
El entonces presidente de Estados Unidos, George Bush hijo, declaró en alguna ocasión que “no se cansará, no titubeará y no fracasará en la lucha por la seguridad del pueblo estadounidense y por un mundo libre del terrorismo. Seguiremos sometiendo a nuestros enemigos a la justicia o les llevaremos la justicia a ellos”. Claro que esa justicia puede ser la invasión militar, obviamente, pasando por sobre el derecho internacional y las resoluciones de la ONU. En nombre de la lucha contra él, está visto que puede hacerse cualquier cosa. ¿Tan malo es el “terrorismo” que da lugar a todo tipo de intervención, incluidas guerras preventivas -hasta con armamento nuclear, como pretende hoy la Casa Blanca en más de alguna de sus hipótesis de conflicto- o hay ahí “gato encerrado”?
II
De acuerdo a datos suministrados por el mismo gobierno federal de Washington, el terrorismo ha matado en el mundo, entre en los primeros cinco años de este siglo, a 24.429 personas (la misma cantidad que contrae el VIH en 8 días); es decir: un promedio de 13 personas diarias (contra 1.000 personas diarias que mueren de diarrea por falta de agua potable, o más de 2.000 por día que fallecen por hambre). Lo curioso es que, para combatir este flagelo del VIH-SIDA en el ámbito de la salud, la Casa Blanca utiliza 100 veces menos presupuesto que lo que emplea para su guerra preventiva contra el “terrorismo”. O hay un error en los cálculos, o evidentemente la apreciación de los estrategas estadounidenses se equivoca, puesto que ven una mayor amenaza a la seguridad de la especie humana en el siempre mal definido e impreciso “terrorismo” que en la pandemia de VIH-SIDA. O, mucho más crudamente: son unos descarados delincuentes que trabajan para un proyecto donde lo único que cuenta son los intereses de las grandes corporaciones de su complejo militar-industrial y petrolero, asegurando así sus privilegios de clase.
El tema es complejo, y estamos dominados más que nada por un cargado discurso ideológico que la manipulación mediática de estos últimos años nos legó: algunos soldados (en general blancos, rubios, amantes de la libertad y la democracia -y la Coca-Cola-) suelen ser los “buenos”, y los “terroristas” -que curiosamente no son blancos…ni toman Coca-Cola- suelen ser los “malos”. Problemático, ¿verdad?
¿Son prácticas “terroristas” las guerras de guerrillas, las guerras de liberación nacional, las luchas anticolonialistas? ¿Cuándo empiezan a ser “terroristas” las acciones militares? Por cierto que el campo conceptual es amplio, difuso, cargado ideológicamente. Si lo que busca el “terrorismo” es crear conmoción y pavor -según una sesgada visión-, eso fue lo que logró, por ejemplo, la invasión angloestadounidense en Irak, a punto que así se designó oficialmente la operación: “Conmoción y pavor”; y no se la llamó “invasión terrorista”. ¿Quiénes son más “terroristas”: las guerrillas antiimperialistas latinoamericanas o los grupos musulmanes anti-sionistas?, ¿el ejército israelí o la ETA vasca?, ¿las tropas rusas en Chechenia o los comandos chechenios en Rusia?, ¿las bombas nucleares que podrían lanzar Estados Unidos o Israel sobre Irán o los zapatistas de Chiapas?
Una de las bases militares más grandes de Estados Unidos se encuentra en la llamada Triple Frontera, entre Brasil, Argentina y Paraguay donde, casualmente, se encuentra el Acuífero Guaraní, la segunda reserva de agua dulce subterránea más grande del planeta, y donde -también casual y curiosamente- los servicios de inteligencia de Washington han detectado escuelas coránicas para formación de “terroristas”. ¿Lo podremos creer?
Como vemos, las posibilidades que pueden caer bajo el arco de “terrorismo” son por demás de amplias: una bomba en un restaurante, una emboscada a una unidad de un ejército regular, un ataque aéreo de un país contra otro, son todas acciones igualmente violentas (al igual que las corridas de toro, o las peleas de gallo), con resultados similares: muerte, destrucción, terror en los sobrevivientes. ¿Cuál de ellas es más “terrorista”? Y por otro lado -quizá esto es lo esencial-: ¿quién las define como “buena” o “mala”? ¿Por qué después de los ataques “terroristas” en Francia se dijo que “Todos éramos Charlie”, y no se dice que “Todos somos palestinos” después de un bombardeo israelí sobre este pueblo, o “Todos somos afganos, o iraquíes, o egipcios, o sirios”, después de cada bombardeo de las fuerzas de “la libertad y la democracia” capitaneadas por el Pentágono sobre alguno de estos países donde, “casualmente”, hay petróleo o gas en su subsuelo?
Es obvio que el término no es nada inocente; su utilización arrastra una tácita condena: habría una violencia legítima -la que puede ejercer un Estado contra otro, o la que ejerce contra insurrectos que se alzan contra el orden constituido-, y una violencia no legítima a la que le cabe el mote -profundamente despectivo- de “terrorismo”. La diferencia estriba no precisamente en una consideración ética (la violencia es siempre violencia, y ninguna es más “buena” que otra: también es condenable la del boxeo o la de la corrida de toros) sino en un ordenamiento jurídico que se desprende, en definitiva, de relaciones de poder. ¿Qué fundamento ético o jurídico habría para decir que la tauromaquia no es terrorismo entonces? ¿Porque se trata de animales? La evocación de la tristeza por los franceses masacrados o la indiferencia por olvidados musulmanes de cualquiera de los países invadidos arriba mencionados nos remite a la cuestión de quién manda en el mundo, y de por qué pensamos lo que pensamos: el Esclavo piensa con la cabeza del Amo.

III
El atentado contra las torres del Centro Mundial de Comercio de New York en 2001 es un acto terrorista, pero no lo es -al menos así lo presenta la prensa oficial que moldea la opinión pública mundial- un manual militar como el que citábamos más arriba. ¿Cuál de las dos lógicas en juego es más “terrorista”? Y si fuera cierto que la destrucción de esos edificios fue un acto auto-provocado por el gobierno federal de Washington para justificar su proyecto de guerras preventivas, ¿eso es terrorismo o no? Es terrorismo de Estado, pero la prensa oficial no habla de eso. Pinochet, en su lucha contra los “terroristas subversivos”, ¿no era él un terrorista por los métodos empleados? ¿No fueran las peores expresiones de terrorismo de Estado las guerras sucias que ensangrentaron los países latinoamericanos las décadas pasadas? Pero oficialmente esas fueron guerras “contrainsurgentes” y no “terroristas”. ¿Quién lo dice?

Si lo distintivo de un acto “terrorista” es la búsqueda de población civil no combatiente como objetivo, el 80 % de los muertos en las guerras habidas desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 a la fecha se encuadra en este concepto; actos, sin duda, por los que ningún militar ni político ha sido juzgado en calidad de “terrorista”. Haber lanzado armamento nuclear sobre población civil no combatiente en Hiroshima y Nagasaki podría considerarse actos terroristas, pero como la historia la escriben los que ganan, se pueden hacer pasar casi como “actos humanitarios” que, supuestamente, impidieron más muertes.

Hoy por hoy, en un mundo absolutamente dominado por los montajes mediáticos, en forma insistente se ha ido metiendo la idea del “terrorismo” como uno de los peores flagelos de la humanidad. De manera casi refleja suele asociárselo con maldad, crueldad, barbarie; y por cierto, en esa visión parcial e interesada, esas prácticas nos alejan de la civilización supuestamente democrática, presunto punto de llegada de la evolución cultural (léase: economías de mercado con parlamentos formales). Dentro de esa lógica hemos terminado por no poder distanciarnos de la falacia -llevada a grados patéticos por la insistencia de la prensa- de “terrorismo = malo, estamos contra él o somos un terrorista más”.
Merced al impresionante juego manipulatorio de los medios masivos de comunicación suele ligárselo a cualquier forma de protesta, en general conectada con los países más pobres y postergados. Todo ello, según la concepción que se fue generando, es intrínsecamente perverso, traicionero, sádico, propio de fanáticos fundamentalistas. Un “terrorista” -según ese orden discursivo- es un delincuente subversivo, un apátrida; en definitiva: un monstruo inhumano. Por supuesto que los autores del manual de la Escuela de las Américas, aunque inciten a la tortura y a la corrupción, no son “malos”, porque lo hacen en nombre de la guerra contra el terrorismo, para defender el “modo de vida occidental y cristiano”.
¿Quién en su sano juicio podría alegrarse y festejar por la muerte violenta de unos niños, de una señora que estaba haciendo sus compras en el mercado, de un ocasional transeúnte alcanzado por una explosión? Pero ahí está la falacia, lo perverso del mensaje sesgado con que el poder se defiende: se presenta la parte por el todo, mostrando sólo un aspecto -con ribetes sentimentales- de un conjunto mucho más complejo. ¿Alguna vez los medios muestran las escenas dantescas que sobrevienen a los bombardeos “legales” de una potencia militar? ¿Alguna vez se habla de las monstruosidades propiciadas por la pedagogía del terror de un manual como el de la Escuela de las Américas? ¿Sufre más una víctima que la otra? ¿Es más “buena” y “respetable” una violencia que otra? ¿Qué dirán los toros sacrificados en la arena de una plaza? ¿Y los torturados, masacrados, violados y silenciados en nombre de la libertad y la democracia? ¿Vale más un francés muerto por una bomba que un ciudadano sirio?
Está claro que la dimensión del fenómeno es infinitamente más compleja que la malintencionada simplificación con que se nos presenta el problema. El maniqueísmo, en definitiva, ahoga las posibilidades de soluciones reales. Son tan víctimas los civiles que mueren en un atentado dinamitero hecho por un grupo irregular como los que caen bajo el fuego de un ejército regular. ¿Por qué los regulares serían menos asesinos que los irregulares?

El mundo sigue siendo injusto, terriblemente injusto; la distribución de la riqueza que el sistema capitalista crea es de una inequidad espantosa. El hambre sigue siendo la principal causa de muerte de la población mundial, hambre evitable, hambre que debería desaparecer si se repartiera algo más equitativamente el producto social que creamos los humanos. Esa injusticia estructural en las relaciones interhumanas es el principal exterminio que enfrentamos a diario; pero eso no es la gran noticia, de eso no se habla mucho. Hoy el “terrorismo internacional” se presenta como el peor de los apocalipsis concebibles, mientras que del hambre no se habla, o se lo hace desde una óptica de caridad. Pero no podemos olvidar que por hambre mueren casi 100 veces más personas diarias que por “actos terroristas”. ¿O habrá que considerar el hambre como terrorismo?
Es por eso que sigue teniendo vigencia lo que 35 años atrás, en 1981, firmaban numerosos Premios Nobel como “Manifiesto contra el Hambre”, y que debemos seguir levantando como principal estandarte por un mundo mejor: “Cientos de millones de personas agonizan a causa del hambre y del subdesarrollo, víctimas del desorden político y económico internacional que reina en la actualidad. Está teniendo lugar un holocausto sin precedentes, cuyo horror abarca en un sólo año el espanto de las masacres que nuestras generaciones conocieron en la primera mitad de este siglo y que desborda por momentos el perímetro de la barbarie y de la muerte, no solamente en el mundo, sino también en nuestras conciencias.[…] El motivo principal de esta tragedia es de carácter político.
Por tanto, el enemigo y principal amenaza para la humanidad no es el impreciso y siempre mal definido “terrorismo”; sigue siendo la injusticia, aunque nos hayan querido hacer creer estos años que estaba un tanto pasado de moda hablar de ella. Y como dijo el jesuita Xabier Gorostiaga: “Quienes seguimos teniendo esperanza no somos tontos”, aunque quieran hacernos parar por tales con los espejitos de colores que nos distraen

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=217382

"Nos urge avanzar en la consolidación de una articulación de diferentes sectores del movimiento popular con el objetivo de discutir y desarrollar una nueva narrativa, desde la creatividad que apunte a la producción de nuevos sujetos y subjetividad política para la construcción de país".

Paz territorial y 

acaparamiento en Colombia

Concepciones de paz en disputa28 de septiembre de 2016
(...) Paz desde la justicia social y ambiental. 
De otra parte, diametralmente opuesta a la idea de paz del gobierno, se construye una narrativa, de los pueblos organizados, en la que la paz se equipara con la justicia social y ambiental, en la que la dejación de las armas por parte de los agentes del conflicto es un paso en la construcción de país digno, pero no el punto de llegada ni la consolidación del proceso. Esta perspectiva de paz propende por la negociación con las otras insurgencias -con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL)-, señalando que la posibilidad de avance depende de la negociación política, a través del diálogo con los otros actores del conflicto. En el corazón de esta postura se ubica la participación social como base fundamental de la construcción de paz. Una participación decisiva y vinculante, no sólo consultiva, en la que los pueblos presenten sus propuestas y acumulados históricos para la generación de una nueva política, en los diferentes y prioritarios ámbitos de la realidad nacional (minero – energético, economía propia campesina, afrodescendiente e indígena, cultivos llamados de uso ilícito, ambiente y territorio, etcétera). Desde esta mirada de la paz, se reconoce la del gobierno como neoliberal y corporativa, pues comprueba en la experiencia cotidiana el avance del conglomerado del capital trasnacional sobre el control de los territorios[11].

Sin duda, estas posturas se encuentran en disputa, pues son antagónicas en sus proyecciones, en la concepción de la justicia y en el proyecto de país que se proponen construir. Si bien confluyen en la idea de la necesidad de superar los más de 50 años de confrontación armada, se diferencian en que mientras para el gobierno es necesario enfrentar solamente las consecuencias del conflicto, para los pueblos es necesario superar las causas que lo originaron, y es allí donde se hace prioritaria la revisión y transformación del modelo de desarrollo vigente, que además podría perpetuar las causas de la guerra.

De cualquier manera, del proceso llevado hasta ahora, debe resaltarse que con las negociaciones se ha abierto la posibilidad de plantear, a una opinión pública desinformada, que el movimiento insurgente no es el único responsable de la violencia, que una buena cuota le corresponde al Estado y a fenómenos que ha tolerado, como el paramilitarismo, así como a los Estados Unidos y sus acciones cívico – militares con estrategias contrainsurgentes de guerra de baja intensidad. También se abre la puerta a la posibilidad de judicializar empresas (nacionales y extranjeras), presentando pruebas del accionar que se presuma ilegal de su parte. Y, principalmente, la mayor ganancia de este proceso está en la emergencia de nuevas verdades, construcciones que quedan por fuera de la totalización histórica de esa verdad impuesta, favorable a quienes han promovido la guerra y se han beneficiado de ella.

Paz, ambiente y falsas soluciones.
En el centro de las concepciones que disputan el significado de la paz está la cuestión ambiental. Un asunto que debiera superar la asimilación con los recursos naturales, como simples objetos para la explotación, concepción que ha primado en el establecimiento colombiano, e incluso en sectores de la llamada izquierda, y que permite legitimar discursivamente su acaparamiento y destrucción.
Para algunos integrantes del movimiento social colombiano, en este momento histórico es sustancial discutir la relación entre el conflicto armado y la imposición de megaproyectos, que también se presentan como motores del desarrollo. Tales son los casos de Hidroituango[12], la construcción de la represa Urra I[13], entre otros proyectos hidroeléctricos, o de los diversos emprendimientos mineros, alrededor de los cuales se ha desatado la conflictividad armada en diferentes regiones[14]. Todos los megaproyectos han generado afectación ambiental importante, en muchas ocasiones hasta la devastación y, en la mayoría de ellos, han intervenido agentes armados[15].
Ahora, al hacer referencia a la afectación ambiental, debe tenerse en cuenta, también, la explotación de los cuerpos de los hombres y las mujeres y la ruptura de su relación con el territorio del que son parte constitutiva y constituyente. Articulaciones como el Movimiento Colombiano por la Defensa del Territorio y Afectados por Represas -Ríos Vivos-, han exigido su reconocimiento como víctimas del desarrollo, pues el desplazamiento forzado que se les impuso está en relación consecuente con la construcción de grandes represas, con la destrucción de tejidos sociales tradicionales y ancestrales y con la pérdida de medios naturales de subsistencia[16].
La cuestión ambiental debiera ser concebida, entonces, como la interrelación de los seres humanos con los entornos naturales en los que han constituido los territorios que habitan (o habitaban), y su consideración en el escenario de construcción de paz debe propiciar: la búsqueda de verdad frente a las causas estructurales que generaron los conflictos socioambientales; la reparación integral de las víctimas humanas; la restauración de la naturaleza en todas sus dimensiones; y, garantías de no repetición.
Sin embargo, la narrativa oficial –que se excusa en las políticas promovidas desde instituciones multilaterales y las reproduce- opta por convertir en el posacuerdo a la naturaleza en capital (natural), e integrarla a la gobernanza corporativa propia del modelo de economía verde y a discursos como el del desarrollo bajo en carbono. Una propuesta de paz territorial que implementa mercantilización y financiarización de la naturaleza a través de esquemas de financiamiento para las instituciones que regulan el manejo ambiental (Corporaciones Autónomas Regionales y Sistema Nacional Ambiental), basados en el recaudo a través del Pago por Servicios Ambientales -PSA- y de proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación –REDD-, que constituyen mecanismos de control trasnacional. Un reordenamiento territorial en el que la biodiversidad como capital natural esté al servicio de los grandes emporios financieros. Un desarrollo local con producción sostenible asociada a la gobernanza corporativa y sin la participación de sujetos campesinos, o sumándoles en función de mercados para la exportación, que nuevamente les sumergen en la dependencia, y descuidan la soberanía alimentaria y la autonomía. Y una actividad extractiva que priorice la minería sostenible, no obstante la contradicción en los términos, para que en ella participen las poblaciones locales, empobrecidas por el mismo modelo, y los excombatientes.
Sin lugar a dudas, el intento de consolidación de una paz en la que el ambiente esté al servicio corporativo, y en la que se reproducirán las causas subyacentes que dieron origen al conflicto armado, ahora bajo la narrativa de la economía verde.

Paz y territorio.
Las posibilidades de construcción de paz en los territorios, desde los pueblos y no desde la trinidad del gobierno Santos, los organismos multilaterales y sus aliados corporativos, pasan por algunas propuestas que están hoy arriba de la mesa del debate social[17]. Entre las alternativas en elaboración, como condición necesaria para alcanzar la justicia social y ambiental, se construye la Comisión de Verdad Ambiental. Planteamiento impulsado por diversas organizaciones, entre ellas CENSAT Agua Viva / Amigos de la Tierra Colombia, y el Movimiento Ríos Vivos. Esta propuesta parte del reconocimiento de la naturaleza como víctima del conflicto armado, en tanto fue el escenario y el botín de guerra. Señala que no es posible la reparación integral de las víctimas humanas sin la restauración de los territorios afectados por la confrontación. Y plantea un amplio ejercicio de memoria ambiental y ecológica, a través de reconstrucción de casos símbolo, en los que se haga posible conocer la verdad sobre los crímenes contra la naturaleza y, primordialmente, estipular garantías de no repetición.

En el contexto de las políticas neoliberales profundizadas en los últimos años, reforzadas por los acuerdos de libre comercio e inversión[18], y que han perjudicado profundamente a los sectores populares, el surgimiento y fortalecimiento de espacios de convergencia, organización y movilización ha sido fundamental en la defensa del territorio y en la construcción de propuestas por la justicia económica, ambiental y social que permitan resolver las causas que dieron origen al conflicto armado.
Ante la posibilidad de construir estas propuestas desde un escenario en el que la conflictividad armada no haga parte de la cotidianidad, y se generen espacios para el disenso y el reconocimiento de las diferencias en la participación política, es urgente avanzar en la consolidación de una articulación de diferentes sectores del movimiento popular con el objetivo de discutir y desarrollar una nueva narrativa, desde la creatividad que apunte a la producción de nuevos sujetos y subjetividad política para la construcción de país.

[1]      Se denominó “embrujo autoritario” al gobierno de Álvaro Uribe Vélez, como se expresó en una serie de libros publicados bajo ese nombre, por la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, con participación de distintas organizaciones sociales y académicos: http://worldcat.org/identities/lccn-no2004004631/
[2]      De acuerdo con la Red Nacional de Información de la  Unidad para las Víctimas, el año que registra un mayor número de víctimas es 2002, con 831.339. Entre 2002 y 2010 se registraron 4.223.748 víctimas, de un total de 8.769.002 víctimas contabilizadas entre 1985 y 2016. Estos datos pueden omitir personas que no hayan sido registradas como víctimas, pero permiten tener un panorama general de la situación descrita. Fuente: http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV
[5] Reglamentadas por la ley 1776 del 29 de enero de 2016
[6] Se trata de dos zonas estratégicas geográfica y políticamente. En la altillanura, ubicada al oriente del país, se encuentran los pozos petroleros con mayores reservas y en los últimos años se han desarrollado cultivos de arroz, soya, palma aceitera. El Magdalena Medio es la zona comprendida por el valle alrededor del principal río de Colombia, el Río Magdalena, en el centro y norte del país. Allí se encuentra ubicada una de las principales refinerías de petróleo y es centro de proyectos mineros, ganaderos y agroindustriales. Históricamente, estas dos zonas han sido escenario de resistencias campesinas y de la acción paramilitar, que (principalmente en los años 80 y 90) intentó consolidar el despojo de los territorios. 
[8] Ver: Machado, Absalón. La política de Reforma Agraria y Tierras en Colombia. Esbozo de una memoria institucional. Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013. Mondragón, Hector. La triste historia de la agricultura colombiana y la renta desalmada. En: Revista Semillas No. 50: http://semillas.org.co/es/revista/la-triste-historia-de-la-agricultura-c...
[9] A través de esquemas de restitución de tierras, por ejemplo.
[10] De acuerdo con Franco et al., desde una perspectiva de política económica, esto constituye el acaparamiento de tierras en el contexto actual: “Éste se refiera a la captura del poder de controlar la tierra y otros recursos asociados, como agua, minerales y bosques, con el fin de controlar los beneficios de su uso”. Franco et al. The Global Land Grab. A primer. Transnational Institute, 2013.
[12] Proyecto de construcción de una megarepresa en el Departamento de Antioquia, región ubicada al noroccidente de Colombia, y que limita con Panamá. http://www.hidroituango.com.co/ ver: http://debatehidroituango.blogspot.com.co/
[17] Estas propuestas se encuentran consignadas en el documento Política energética colombiana y propuestas para su transformación, elaborado por el Movimiento Ríos Vivos para el debate en la Mesa Nacional Minero Energética y Ambiental: https://defensaterritorios.files.wordpress.com/2016/08/doc_rios-vivos_pr...
Fuente: https://www.tni.org/es/art%C3%ADculo/paz-territorial-y-acaparamiento-en-colombia