Líderes comunitarios
denuncian en Valencia la acumulación de tierras y
la actividad extractiva de
las corporaciones
200 delegados de
organizaciones campesinas participan en
el Foro Mundial sobre el Acceso a la
Tierra
11 de abril de 2016
Por Enric Llopis (Rebelión)
Una "fiebre" en las inversiones de tierra ha tenido como
destinatarios en los últimos años a los países del Sur. En menos de una década,
sobre todo a partir de la crisis de 2007-2008, 62 millones de hectáreas (cerca
del 1,5% de la superficie agrícola mundial) han sido objeto de
"transacciones" internacionales. Mientras, en 2005, cerca de mil millones
de personas residentes en las zonas rurales del planeta se hallaban en
situación de extrema pobreza. Según la FAO, actualmente se producen alimentos
suficientes para alimentar a 12.000 millones de personas (en el mundo viven
7.000 millones), aunque cada año se desperdicien 1.300 millones de toneladas de
comida en el mundo (un tercio de la producción total). Aproximadamente 805
millones de personas pasan hambre en el conjunto del planeta.
Éstas fueron algunas de las cifras recordadas en el Foro Mundial sobre el Acceso a la Tierra y los Recursos Naturales (FIMAT) 2016, celebrado entre el 31 de marzo y el 2 de abril enla Universitat Politècnica
de València. El foro reunió a 400 participantes de 70 países, entre ellos los
delegados de 200 organizaciones campesinas así como 150 expertos y
profesionales académicos. La organización del FIMAT en Valencia corrió a cargo
del Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI) y la
Asociación para la Gestión de la Tierra, Agua y Recursos Naturales (AGTER), en
colaboración con la FAO.
Fuentes del FIMAT criticaron que más de una veintena de
participantes -sobre todo de los países africanos- no pudieron viajar al estado
español debido a que la embajada española les negó el visado. En algunos casos
tenían el billete de avión pagado por el Foro. "Estas son las políticas
migratorias de la Unión
Europea ", denunciaron fuentes de la organización.
En las sesiones y talleres participó Santos Caballero, secretario general del Conejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH), formado por ocho centrales o federaciones de campesinos con presencia estatal y más de 3.000 grupos de base. Critica la falta de apoyo de los gobiernos hondureños para instalar proyectos de riego por goteo para las pequeñas parcelas de productores y "la gran cantidad de bosque que hemos perdido en 2015". Señala la extensión de cultivos de caña de azúcar ("estamos minados") y de palma, la represión contra el movimiento campesino e indígena, la actuación de grupos paramilitares y el incremento de la dotación presupuestaria para el ejército. "Los proyectos mineros están acaparando las parcelas de los compañeros que cultivan café o
maíz", destaca.
La actividad dela
mina San Andrés afecta al municipio de La Unión, de 10.000
habitantes en el departamento de Copán, y otros del entorno. Vecinos y
organizaciones populares denunciaron en su día los graves perjuicios para la
salud de la población y la afección a las fuentes de agua por las descargas de
cianuro en el río Lara. Minerales de Occidente SA (Minosa), Yamana Gold y Aura
Minerals son las empresas responsables de la extracción de oro en la mina San Andrés.
Santos Caballero pone también el ejemplo de la mina El Mochito ,
en el municipio de Las Vegas (Santa Bárbara), donde las empresas American
Pacific Honduras o Nyrstar se han dedicado a la extracción de plomo, zinc y
plata.
En marzo de 2016 el movimiento campesino hondureño articulado ala Vía Campesina
denunció que campesinos e indígenas son desalojados, perseguidos y apresados.
Contabilizan 5.000 campesinos procesados, 250 presos en diferentes cárceles de
Honduras y 150 asesinados. Además, informan en un comunicado, "los
cultivos y viviendas son destruidos impunemente, lo que ocasiona miles de
lempiras (moneda hondureña) en pérdidas para las familias pobres". La
expresión más conocida de estas denuncias fue el asesinato el 3 de marzo de de
la líder indígena Berta Cáceres, en su domicilio de "La Esperanza"
(Intibucá). El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras
(COPINH), una de cuyas fundadoras fue Berta Cáceres, ha denunciado el
incremento del hostigamiento y las amenazas en los últimos años, sobre todo con
la puesta en marcha del proyecto hidroeléctrico "Agua Zarca", que
desarrolla la empresa
DESA (Desarrollos Energéticos SA), dentro de la comunidad Lenca de
río Blanco.
El asesinato de la dirigente comunitaria, que contaba con 44 años, es la consecuencia del proceso represivo. En su recuerdo, los días 13 y 13 de abril tendrá lugar en Tegucigalpa el Encuentro Internacional de los Pueblos "Berta Cáceres Vive", convocado por el COPINH, la Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras (PMSPH) yla Articulación Popular
Hondureña "Berta Cáceres". El Encuentro se
complementa con una caravana el 15 de abril desde Tegucigalpa hasta el río
Gualcarque (Intibucá). El objetivo es exigir justicia por el asesinato de la
líder popular; además, los convocantes observan "la cada vez más clara
intención de impunidad del estado hondureño y sus aliadas corporaciones internacionales".
Trece días después, murió asesinado cuando llegaba a casa de un familiar Nelson
García, miembro del COPINH y líder de la comunidad de "Río Chiquito",
en el municipio de Río Lindo (Cortés). El COPINH ha denunciado que el crimen se
produjo en el marco del desalojo efectuado contra la citada comunidad, en el
que participaron cerca de un centenar de policías, veinte efectivos de la
policía militar y diez del ejército. Los agentes "invadieron el territorio
ocupado por 150 familias; más de 75 habían construido sus casas con su esfuerzo
y los materiales que habían podido obtener", aseguran en nota informativa.
En la primera jornada del Foro Mundial sobre el Acceso a la Tierra, aporta alguna clave explicativa el presidente de la Federación de Productores Agroforestales de Honduras (FEPROAH), José Serapio. Los pueblos indígenas de América Latina suman unos 50 millones de personas, cerca del 10% de los habitantes dela
región. Además , se produce una coincidencia palmaria entre
las zonas geográficas de mayor riqueza biológica con las de mayor diversidad
cultural, de modo que un 80% de las áreas protegidas de Latinoamérica cuentan
con población indígena. La presión que soportan los territorios aborígenes explica que
otro participante en el Foro Mundial, Félix Díaz, autoridad Qom de la comunidad Potae Napocna
Navogoh ("La Primavera") en la provincia argentina de Formosa, tenga
pendientes según recuerda Amnistía Internacional en el informe de 2015, tres
causas penales abiertas en 2010. Los hechos se retrotraen al 23 de noviembre de
ese año, cuando más de 400 agentes policiales desalojaron con violencia un
corte de la Ruta
Nacional 86 de la comunidad indígena Toba Qom "La
Primavera", en el que participaron un centenar de personas. Reclamaban los
derechos sobre la tierra y protestaban contra la construcción del Instituto
Nacional Universitario por el gobierno de la provincia de Formosa. Dos personas
murieron en el episodio y varias resultaron heridas.
No es el único caso en Argentina. El 26 de octubre de 2015 fue juzgada y absuelta Relmu Ñamku, líder de la comunidad mapuche Winkul Newen, en la provincia de Neuquén. Destaca Amnistía Internacional que fue procesada en 2012 después de oponerse a los proyectos de la empresa petrolera Apache Corporation. Se le acusaba del intento de asesinato a un auxiliar de Justicia, por lo que la Fiscalía pedía 15 años de prisión. Se da la circunstancia que el proceso penal a Relmu Ñamku fue el primero en la región que contaba con un jurado intercultural -con representación del pueblo mapuche- y con interpretación simultánea al mapuzungun. La organización de derechos humanos ha contabilizado 183 casos en Argentina de comunidades indígenas que defienden sus derechos frente a gobiernos, corporaciones y el poder judicial. Señala casos como el de la comunidad india quilmes, en los valles Calchaquíes de Tucumán, que durante años ha resistido a los negocios turísticos. En junio de 2015, el cacique de la comunidad, Francisco Chaile, fue detenido por la policía y acusado de "robo agravado por tráfico de armas".
Desde una perspectiva global,Gustavo
Sánchez Valle, miembro de la delegación de la Alianza Mesoamericana
de Pueblos y Bosques (AMPB) en el Foro para el Acceso a la Tierra, apunta que
cada año se pierden 13 millones de hectáreas forestales en el mundo, sea por
causas naturales o la transformación para otros usos. Cerca de 1.600 millones
de personas -entre ellas más de 2.000 culturas indígenas- necesitan de los
bosques para lograr alimentación e ingresos. En cuanto a las denuncias por la
represión, la alianza mesoamericana condenó en marzo de 2016 el asesinato del
líder comunitario en el departamento del Petén (Guatemala), Walter Méndez
Barrios. El dirigente participaba como animador de la lucha por la prórroga de
los contratos de manejo forestal comunitario en la cooperativa "La
Lucha", y era miembro de la Comunidad de Asociaciones Forestales de Petén
(ACOFOP). Durante los últimos seis meses recibió amenazas por parte de
tomadores ilegales de tierras. El coordinador de la iniciativa Ekta Parishad
(India), Ramesh Chandra Sharma, ha intervenido en el Foro en representación de
las organizaciones campesinas de Asia. Ha denunciado la vulneración de las
leyes por parte de instituciones como el Banco Mundial y las corporaciones
privadas.
Éstas fueron algunas de las cifras recordadas en el Foro Mundial sobre el Acceso a la Tierra y los Recursos Naturales (FIMAT) 2016, celebrado entre el 31 de marzo y el 2 de abril en
En las sesiones y talleres participó Santos Caballero, secretario general del Conejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH), formado por ocho centrales o federaciones de campesinos con presencia estatal y más de 3.000 grupos de base. Critica la falta de apoyo de los gobiernos hondureños para instalar proyectos de riego por goteo para las pequeñas parcelas de productores y "la gran cantidad de bosque que hemos perdido en 2015". Señala la extensión de cultivos de caña de azúcar ("estamos minados") y de palma, la represión contra el movimiento campesino e indígena, la actuación de grupos paramilitares y el incremento de la dotación presupuestaria para el ejército. "Los proyectos mineros están acaparando las parcelas de los compañeros que cult
La actividad de
En marzo de 2016 el movimiento campesino hondureño articulado a
El asesinato de la dirigente comunitaria, que contaba con 44 años, es la consecuencia del proceso represivo. En su recuerdo, los días 13 y 13 de abril tendrá lugar en Tegucigalpa el Encuentro Internacional de los Pueblos "Berta Cáceres Vive", convocado por el COPINH, la Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras (PMSPH) y
En la primera jornada del Foro Mundial sobre el Acceso a la Tierra, aporta alguna clave explicativa el presidente de la Federación de Productores Agroforestales de Honduras (FEPROAH), José Serapio. Los pueblos indígenas de América Latina suman unos 50 millones de personas, cerca del 10% de los habitantes de
No es el único caso en Argentina. El 26 de octubre de 2015 fue juzgada y absuelta Relmu Ñamku, líder de la comunidad mapuche Winkul Newen, en la provincia de Neuquén. Destaca Amnistía Internacional que fue procesada en 2012 después de oponerse a los proyectos de la empresa petrolera Apache Corporation. Se le acusaba del intento de asesinato a un auxiliar de Justicia, por lo que la Fiscalía pedía 15 años de prisión. Se da la circunstancia que el proceso penal a Relmu Ñamku fue el primero en la región que contaba con un jurado intercultural -con representación del pueblo mapuche- y con interpretación simultánea al mapuzungun. La organización de derechos humanos ha contabilizado 183 casos en Argentina de comunidades indígenas que defienden sus derechos frente a gobiernos, corporaciones y el poder judicial. Señala casos como el de la comunidad india quilmes, en los valles Calchaquíes de Tucumán, que durante años ha resistido a los negocios turísticos. En junio de 2015, el cacique de la comunidad, Francisco Chaile, fue detenido por la policía y acusado de "robo agravado por tráfico de armas".
Desde una perspectiva global,
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