jueves, 31 de marzo de 2016

Veamos cómo Cristina y Mauricio coinciden en el ataque del capital contra los pueblos y cómo necesitamos escuchar a los etiquetados de ‘ambientalistas’


El Congreso insta al Gobierno a prohibir el fracking en toda España
31 de marzo de 2016
Por El Periódico 
La iniciativa de ERC ha contado con el voto favorable de PSOE, Podemos, Democràcia i Llibertad y PNV, más la abstención de C's
La Comisión de Industria del Congreso ha aprobado este martes una iniciativa planteada por Esquerra Republicana (ERC) y pactada con PSOE, Podemos, Democràcia i Llibertat (DL) y el PNV para instar al Gobierno a que prohíba en España la búsqueda y explotación de hidrocarburos mediante técnicas de fracturación hidráulica, el llamado fracking.
La iniciativa de ERC, modificada con las propuestas de otros grupos, pasa por reclamar al Ejecutivo que lleve a cabo las modificaciones legislativas necesarias para prohibir el fracking. Igualmente, se pide una moratoria durante toda esta legislatura para todos los permisos o peticiones de autorización de investigación, prospección o explotación en trámite o los que ya hayan sido concedidos, así como derogar todos los artículos normativos que favorecen la implantación de esta técnica en cualquier lugar del país.
El texto ha salido adelante con los 22 votos de ERC, PSOE, Podemos, DL y PNV, y pese a los 16 votos en contra de PP y Foro Asturias. Los cinco diputados de Ciudadanos se han abstenido.
EL VALOR DE LAS COSAS
La diputada Teresa Jordà (ERC) ha advertido de los efectos nocivos del fracking en la salud humana, el ambiente y el ámbito rural. Igualmente, ha afirmado que la "España centralizadora, ultraliberal y expoliadora" pretende "imponer su autoritarismo" en zonas donde existe una "gran resistencia".
"El valor que tienen para nosotros estas cosas es lo que estamos votando hoy aquí", ha dicho, reclamando rechazar el fracking y apostar "de una vez por todas" por el "necesario" cambio de modelo energético, así como instando a la "insumisión" de los pueblos frente a esta técnica ante las "dudas" sobre sus efectos.
María del Puerto Gallego (PSOE) ha coincidido en los "riesgos" del fracking: "Es lógico y de sentido común que el Gobierno pusiera freno a estas prácticas, pero en contra de esa lógica, el PP ha hecho una huida hacia adelante".
María Rosa Martínez (Podemos) ha coincidido en que el principio de precaución es fundamental ante esta técnica, por los "notorios" efectos "nocivos" sobre la salud y el medio ambiente que tiene.
Jordi Xuclà (DL) ha avanzado su apoyo a la propuesta "por muchos motivos", entre otros porque es el camino que han seguido países como Francia y también por informes realizados en Catalunya respecto de los riesgos de la fracturación hidráulica.
ESTUDIAR ANTES DE PROHIBIR
El portavoz popular de Energía, Guillermo Mariscal, ha considerado que "cualquier país serio debe saber los recursos energéticos de los que dispone", sobre todo si es tan dependiente como España.

Isidro Martínez Oblanca (Foro Asturias) ha lamentado la "mucha desinformación". "Por el futuro de España, no cerramos la puerta a la exploración, y si cabe la explotación, de estos recursos", ha señalado.
Por último, Elena Faba (C's) ha reconocido que los informes sobre el fracking alertan de "notables" riesgos medioambientales y ha admitido que el uso de hidrocarburos no es "sostenible" en el futuro, aunque también cree que "es fundamental la "prudencia".
http://www.fracturahidraulicano.info/noticia/congreso-insta-gobierno-a-prohibir-fracking-toda-espana.html

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=210590

miércoles, 30 de marzo de 2016

"Asistimos a un momento civilizatorio muy complejo, pero reiteramos la necesidad, la urgencia y la esperanza en visibilizar y construir nuevas sendas, nuevos horizontes por los que transitar".

Alternativas para disputar 
el poder, el ser y el saber a las transnacionales
3 de septiembre de 2015

"Vivimos un momento de agudización del conflicto capital-vida, por lo que es necesario y urgente que nos empeñemos no sólo en resistir ante los embates del capital, sino también en proponer alternativas que prefiguren y desarrollen en la práctica otras formas de organización social. En este sentido, debemos iniciar y consolidar procesos de transición en defensa de la vida que nos permitan colocar diques de contención que frenen la actuación de las transnacionales, a la vez que nos posibiliten avanzar en la consecución de espacios emancipadores que escapen a sus lógicas."
 
Por Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate (Pueblos, nº 66, julio 2015)
Jueves 27 de agosto de 2015
Quienes asistieron al nacimiento de las primeras compañías comerciales en Holanda en el siglo XVII, quienes vivieron la aparición de las fábricas textiles en Manchester en el siglo XIX, e incluso quienes contemplaron la configuración de las grandes empresas fordistas y de los incipientes conglomerados corporativos estadounidenses a lo largo de los primeros dos tercios del siglo XX, no dejarían de mostrar su asombro ante el poder acumulado hoy en día por las empresas transnacionales. Es más, podríamos llegar a afirmar que el mismísimo Karl Marx (que no fue ni mucho menos ajeno a las dinámicas de centralización y concentración del capital) se quedaría perplejo si pudiera visualizar la dimensión global y el peso que las grandes corporaciones han alcanzado en múltiples aspectos de nuestras vidas, de todas y cada una de las personas y pueblos que vivimos en este mundo globalizado.
Es precisamente a partir de la actual fase de globalización neoliberal, iniciada hace cuatro décadas en el contexto de la crisis de los 70, cuando las tendencias expansivas de las empresas transnacionales se agudizan. Éstas se convierten en los agentes que con mayor fuerza impulsan una salida a dicha crisis desde el ahondamiento de los valores civilizatorios vigentes (ánimo de lucro, maximización de la ganancia, acumulación, crecimiento incesante), a través de una propuesta política conocida como Consenso de Washington(desregulación, apertura, flexibilización, limitación de las capacidades de los Estados). La implementación de dicha propuesta se ve favorecida por el disciplinamiento de la clase trabajadora, por un lado, así como por las mejoras tecnológicas en el transporte, la comunicación y la información, por el otro.
De esta manera, éstas asumen el papel de agente hegemónico de la globalización neoliberal y amplían no sólo su frontera espacial a lo largo y ancho del mundo, sino también su frontera sectorial (incorporando progresivamente al mercado capitalista y controlando ámbitos como la agricultura, los servicios, los bienes naturales, las patentes sobre la propia vida, etc.), e incluso su frontera política (alcanzando una capacidad de incidencia superior a la de los Estados y los pueblos).
Acumulan así un poder extraordinario que se expande más allá de lo económico y que se evidencia también en los ámbitos político, cultural y jurídico. En este sentido, y en lo que respecta al poder económico, las empresas transnacionales se sitúan en el centro de las grandes cadenas globales de producción, distribución, comercialización, finanzas y comunicación, lo que les permite acumular beneficios que superan en ocasiones las capacidades de los propios Estados. Algunos ejemplos: Wal-Mart, la mayor empresa del mundo, maneja un volumen anual de ventas que supera la suma del PIB de Colombia y Ecuador, mientras la petrolera Shell tiene unos ingresos superiores al PIB de Emiratos Árabes Unidos, al igual que el BBVA comparado con Guatemala.
Por supuesto, esta situación de privilegio económico se traslada de manera natural a un poder político creciente. Las multinacionales son las principales beneficiarias (y defensoras a ultranza) de la democracia de baja intensidad en la que vivimos, donde las decisiones se alejan de la ciudadanía y se toman cada vez más en ámbitos supraestatales (como estamos viendo en las negociaciones del TTIP [1] o del TISA [2]), sin las mínimas garantías democráticas de participación e información, y contando con la connivencia de Estados matrices y receptores, así como de las principales instituciones multilaterales, formales (FMI, OMC) o informales (G7). Es en este contexto y en estos espacios donde su capacidad de incidencia a través de lobbies se acrecienta, a la vez que, en sentido contrario, los Estados (y no digamos ya los pueblos) pierden peso específico. De esta manera, los gobiernos ven limitada su capacidad para actuar en defensa de la ciudadanía en espacios donde no tienen protagonismo. A su vez, la infiltración de las transnacionales en sus competencias y responsabilidades es tal que en muchas ocasiones los Estados priman la alianza con éstas frente a su compromiso con las mayorías sociales, bien sea por derrotismo (no hay alternativa), persuasión (empleo, negocios, inversión extranjera directa, etc.) y/o corrupción (sobornos, puertas giratorias, etc.), situando a las grandes corporaciones como agentes políticos de primer orden.
Pero, además, las empresas transnacionales acumulan también poder cultural, jugando un papel fundamental en la reproducción simbólica del sistema, convirtiéndose en sujetos activos en defensa de una civilización individualista, consumista, fragmentada y despolitizada. De esta manera, han entendido con claridad que su legitimación depende de los imaginarios colectivos, de los valores imperantes, para lo cual han llevado la cultura a su terreno (mercantilizándola en la medida de lo posible), a la vez que han diseñado, impulsado y generalizado un formato universal de sociedad, de ciudadanía global, y de saber y conocimiento, adaptado a la primacía del crecimiento capitalista y a la democracia de baja intensidad.
Finalmente, y como garantía para mantener todo este entramado de poder económico, político y simbólico, las corporaciones transnacionales acumulan un aplastante poder jurídico. Éste se muestra en una lex mercatoria (derecho fuerte, basado en una maraña de complejos tratados, acuerdos comerciales, de inversión, etc.) que se impone sobre la soberanía de los pueblos y sobre el marco internacional de derechos humanos (derecho débil), generando así una arquitectura de la impunidad que les protege y blinda jurídicamente de las posibles iniciativas populares y/o de los Estados.
El círculo se cierra. Pasamos del poder económico al político, y de éste al cultural, todo ello bajo un marco jurídico actualmente inexpugnable y que les favorece. Han conseguido, por tanto, ser el agente protagonista y hegemónico en nuestra realidad global, con una gran incidencia en múltiples ámbitos de nuestras vidas.
 
En el centro del conflicto capital-vida
La relación entre las empresas transnacionales y el sistema vigente es de absoluta simbiosis. Por un lado, es éste quien dentro de su propia lógica de reproducción ha posibilitado y favorecido el poder de las empresas transnacionales, frente al de las personas y pueblos. Por el otro, son las grandes corporaciones el agente fundamental y centro del sistema, quien lo valida y sostiene. Sistema y trasnacionales son por tanto hermanas siamesas imposibles de separar: éstas no sobrevivirían sin un modelo de sociedad que no primara los valores civilizatorios del lucro, ganancia, competencia y acumulación; mientras que el sistema no se podría trascender sin enfrentar explícitamente a las transnacionales. Su devenir camina entonces por la misma senda.
Es precisamente esta senda la que muestra hoy en día con toda crudeza su carácter desigual, ingobernable, violento e insostenible. Hablamos de crisis civilizatoria, atravesamos una crisis multidimensional cuya génesis situamos en el propio modelo de sociedad global imperante, cuyos parámetros de civilización básicos desde hace más de dos siglos (progreso, individualismo, crecimiento económico capitalista y democracia liberal-representativa) y cuyos principios fuertes (ánimo de lucro, ganancia, acumulación), agudizados en la actual fase de globalización neoliberal, nos conducen a un callejón sin salida.
Esto es fundamentalmente porque el propio sistema es incapaz de enfrentar esta situación en clave de bienestar, democracia, justicia y sostenibilidad, valores de segundo orden o incluso antagónicos con su propia naturaleza. Y es esta naturaleza la que lleva en su génesis una vulnerabilidad estructural que se manifiesta en un sistema de dominación múltiple que sufrimos las mayorías populares, de manera intensa pero desigual, y en el que se articulan capitalismo, patriarcado, productivismo, colonialidad y democracia de baja intensidad. Son precisamente las grandes corporaciones quienes se sitúan como agente necesario en dicha dominación múltiple. En este sentido, la primacía de sus valores y estrategias de mercantilización, centralización y concentración no sólo no ha conllevado la mejora económica prometida (cantidad y calidad en el empleo, prestación de servicios, inversiones, transferencia tecnológica), sino que ha generado unos impactos muy negativos en términos sociales, políticos, ambientales y culturales, sistemáticamente denunciados por personas y pueblos de todo el mundo.
Asistimos a una crisis que apunta a la raíz del sistema. Un sistema que de manera asfixiante y natural ha ido mercantilizando, dominando y arrebatando espacios a la democracia, a la humanidad, a la vida en definitiva, por lo que no puede ser reformado sino trascendido. Nos enfrentamos pues a un conflicto explícito entre la vida y el capital, en el que este último lamina las bases materiales de reproducción de la vida, se desarrolla sobre violencia y sobre crecientes desigualdades que afectan a grandes mayorías, y se muestra ingobernable a la hora de responder a criterios de justicia y sostenibilidad. Por lo tanto, el conflicto se acrecienta en la pugna entre las personas y los pueblos en favor de la vida, por un lado, y quienes la ponen en riesgo (el capital, las empresas transnacionales y sus alianzas), por el otro.

Los caminos se bifurcan y se hace más notoria la necesidad de confrontar propuestas, la urgencia por generar e implementar alternativas al statu quo. Como hemos dicho, sistema y grandes compañías son hermanas siamesas, por lo que es momento de disputar el poder, el ser y el saber a las transnacionales: disputar la soberanía y autonomía de las personas y pueblos para decidir sobre su presente y futuro; disputar la primacía de las lógicas de justicia y sostenibilidad frente a las del ánimo de lucro y el crecimiento incesante; disputar los diversos saberes populares frente al pensamiento único y corporativizado.
Alternativas a las transnacionales… ¿Hacia dónde?
Vivimos un momento de agudización del conflicto capital-vida, por lo que es necesario y urgente que nos empeñemos no sólo en resistir ante los embates del capital, sino también en proponer alternativas que prefiguren y desarrollen en la práctica otras formas de organización social. En este sentido, debemos iniciar y consolidar procesos de transición en defensa de la vida que nos permitan colocar diques de contención que frenen la actuación de las transnacionales, a la vez que nos posibiliten avanzar en la consecución de espacios emancipadores que escapen a sus lógicas.

Además, es posible. Así, y a pesar del poder omnímodo que acumulan estas empresas, hoy en día ya se están formulando e impulsando alternativas que confrontan directamente el poder corporativo. No se trata entonces de una esperanza basada en vagas utopías, sino más bien en prácticas existentes y en la creencia en la capacidad de la humanidad para tomar las riendas de su futuro. El reto consiste por tanto en cómo articularlas para ir progresivamente arrebatando espacios para la democracia, la igualdad y la sostenibilidad, desde estrategias políticas confrontativas y de disputa de espacios, valores y legitimidades.

Estas iniciativas son de una naturaleza muy diversa. En primer lugar, alcanzan diferentes intensidades dentro de la lógica de transición, desde la resistencia (ocupación de monocultivos por parte de campesinas brasileñas este 8 de marzo) hasta la propuesta alternativa (soberanía alimentaria, ecofeminismo, economía solidaria), pasando por la regulación (normas vinculantes y observatorios internacionales). En segundo lugar, son impulsadas por diferentes actores, como los movimientos sociales (nacionalización de sectores estratégicos, control público y/o social de los bienes naturales, reparto del trabajo), los gobiernos (leyes de regulación de la mercantilización de la información, normativa en defensa de derechos), las personas (consumo responsable, boicot) e incluso las propias empresas (democracia interna, primacía del trabajo frente al capital, tratamiento no capitalista del capital). Por último, y en tercer lugar, se formulan en función de los diferentes ámbitos competenciales de nuestra sociedad global, desde el territorio (mercado social, lucha contra la minería a gran escala), pasando por el Estado (nacionalización de la seguridad social), el nivel regional (como los valores de reciprocidad defendidos en ALBA-TCP [3]) y el internacional (propuesta del Tratado Internacional de los Pueblos [4]). Es por tanto fundamental reconocer, visibilizar, articular y vincular toda esta miríada de alternativas (las señaladas son sólo unos ejemplos) en una lógica de transición y de disputa integral respecto a las multinacionales.
No obstante, es necesario que en este punto nos preguntemos por el horizonte de nuestras alternativas. ¿Hacia dónde se dirigen? ¿Alternativas a qué y para qué? No toda propuesta tiene por qué ser considerada una alternativa al sistema actual por el hecho de no circunscribirse estrictamente a los parámetros y principios hegemónicos. Al mismo tiempo, no toda iniciativa nace desde una lógica procesual de transición, ni desde análisis certeros de la compleja realidad global estructurada en torno al sistema de dominación múltiple. Es en este momento donde se vuelve indispensable contar no con un modelo cerrado y universal, sino más bien con una serie de principios e ideas-fuerza que nos ayuden a definir cuáles son los horizontes de emancipación que nos pueden servir de referencia para reconocer, priorizar y construir alternativas.
Muchas son las perspectivas (economía feminista, ecológica, marxista, solidaria, soberanía alimentaria, decolonialidad, buen vivir, etc.) que aportan su granito de arena en este sentido. Sin ánimo de ser exhaustivos, y a modo de propuesta tentativa, planteamos a continuación una serie de ideas-fuerza que consideramos sugerentes: la centralidad de la sostenibilidad de la vida, frente a la que se otorga actualmente a la reproducción ampliada del capital; el reconocimiento y articulación de la diversidad, frente a la pretendida universalidad del modelo hegemónico y a la jerarquización de seres, poderes y saberes; la democracia participativa, que se contrapone a la democracia de baja intensidad actual; la relevancia de lo colectivo y de la comunidad frente al individualismo; la politización de lo cotidiano dentro de dinámicas que unen lo general con lo personal; y la confrontación con el sistema y sus agentes fundamentales, entre ellos las empresas transnacionales.
Aterrizando estas ideas-fuerza al ámbito socio-económico y a la disputa con las grandes corporaciones, proponemos una serie de claves que nos permitirían vislumbrar hacia dónde dirigir los esfuerzos en el impulso de alternativas:
 
n       asunción de los ciclos de energía, materiales y residuos;
n       gestión democrática de la demanda en relación con un consumo menor y más responsable;
n       democratización de las decisiones económicas (Estados, pueblos, comunidades, empresas, hogares);
n       desmercantilización capitalista de la economía (bienes comunes, propiedad pública y/o social);
n       redistribución y reparto equitativo de los trabajos;
n       redistribución igualitaria de los recursos;
n       democratización cultural (comunicación, conocimiento, etc.);
n       reconocimiento de economías diversas;
n       fomento de economías no capitalistas;
n       apuesta por sistemas económicos basados en la reciprocidad y la intercooperación.
Asistimos a un momento civilizatorio muy complejo, pero reiteramos la necesidad, la urgencia y la esperanza en visibilizar y construir nuevas sendas, nuevos horizontes por los que transitar, disputando el poder, el ser y el saber a las transnacionales. Es un compromiso de todas y todos, es nuestro compromiso.
Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate es coordinador de Paz con Dignidad – Euskadi e investigador delObservatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL).
Notas
[1] Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión entre EEUU y la UE (por sus siglas en inglés).
[2] Acuerdo Internacional de Comercio e Inversión de Servicios (por sus siglas en inglés).
[3] Alternativa Bolivariana para las Américas – Tratado de Comercio de los Pueblos.
[4] Hernández Zubizarreta, Juan; González, Erika y Ramiro, Pedro (2014): Tratado internacional de los pueblos para el control de las empresas transnacionales: Una apuesta desde los movimientos sociales y la solidaridad internacional, Cuadernos de Trabajo / Lan-Koadernoak, Hegoa, nº 64.

  

Generalicemos el cuestionamiento a la"lógica rapaz por parte de la burguesía imperial en contubernio con la local" y situémoslo en el país-mundo.

México y América Latina en la crisis civilizatoria
29 de marzo de 2016
Por Ramón César González Ortiz (Rebelión)
La crisis del sistema, como bien ha indicado István Mészáros, a la luz de lo hechos es una crisis civilizatoria. En tanto la misma resulta profundamente articulada al ciclo de producción y reproducción del capital1. Donde la clase dominante estadounidense, aglutinada en torno al “complejo militar-industrial”, hasta ahora no ofrece la menor indicación de estar dispuesta a sacrificar una mínima fracción de sus intereses y sus exorbitantes ganancias2. Si bien en días recientes, más de 40 millonarios del estado de Nueva York le pidieron en una carta al gobernador Andrew Cumo, que les aumente los impuestos, a fin de aliviar la pobreza y reparar la deteriorada infraestructura estatal: la pobreza infantil, el problema de los desamparados y la debilitada infraestructura de puentes, túneles, desagües y carreteras. Misiva firmada por personas como Abigail Disney, Agnes Gund, Leo Hindery y Stven C. Rockefeller3.

Lo esencial e imperante son los negocios y la ganancia desmedida, así tan sólo 20 países controlan el 80% de la producción y comercio mundial, lucran con las crisis financieras, se niegan a pagar impuestos y seguro de liquidez, provocan volatilidad al trasladar sus fortunas e imponen gobernantes y condicionan a gobiernos para generar empleos a cambio de legislaciones antipopulares4.
Las grandes compañías imponen criterios en la ONU desde 1978, las corporaciones ligadas a los negocios del petróleo, industria farmacéutica, entre otras más, que suman 44 en total, participan en Global Compact desde el 2002 como representantes de la sociedad civil; los magnates de la industria de armas son los mismos de las cadenas mediáticas y desde 1995 los consorcios económicos imponen las políticas educativas, reformas laborales, cambios estructurales y de comercio mediante la Organización Mundial de Comercio (OMC)5.
Así, la burguesía imperial, ha diseñado y puesto en operación un sistema de dominio que se da en varios frentes mediante un control férreo, cuyas características son tramas, redes y alianzas entre corporativos para anular la capacidad de reacción de la gran masa de trabajadores.

En el área de medios de comunicación de masas, electrónica y de entretenimiento han concentrado grandes centros y empresas oligopólicas en un solo frente para desestructurar pensamientos, ideologías, desimbolizar lenguaje de guerra, simular confrontaciones bélicas, estigmatizar grupos y pueblos, construir ideológicamente enemigos e imponer un pensamiento unidireccional y único con la intensión de unificar a escala planetaria el ensimismamiento humano.
Por ejemplo, son seis grandes grupos los que controlan la industria mediática en el mundo: Time Warner, Walt Disney, News Corp., Viacom-CBS, Vivendi-Universal y Bertelsman. De los cuales cuatro son mayoritariamente anglosajones (Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia) y dos son una mezcla de capital francés-norteamericano y uno alemán.
Controlan los contenidos audiovisuales (televisión, cine, internet) y las redes de distribución (televisión terrestre, cable y satelital), pero también los medios impresos (periódicos, revistas), la radio y la publicidad exterior. Imponiendo el imperio del infoentretenimiento: mezcla de información “dura” con soft news, una combinación de mundo del espectáculo, el cine, los deportes, las modas y la política.
Concentración global que en América Latina se da a escala. Siendo 9 grandes grupos los que definen en el continente la industria mediática: los mexicanos Televisa y TV Azteca, los brasileños Globo y Folha, el argentino Clarín, el chileno Mercurio, el venezolano Grupo Cisneros, los colombianos Bavaria y Tiempo.
Consorcios a los que se les suman dos grandes grupos españoles: Prisa y Recoletos, que se han convertido en los dos más importantes inversionistas de la última década, en búsqueda del mercado de la información, la comunicación y el entretenimiento en América Latina.
Siendo así que, más del 60 por ciento de los contenidos audiovisuales e informativos de las empresas latinoamericanas reproducen y replican lo generado por las “seis grandes hermanas” globales. Donde quizá sólo el Grupo Televisa tiene una capacidad de producción propia convirtiéndola en el consorcio más importante de habla hispana: 53 mil horas anuales de programación (entre 2007 y 2008), de las cuales, el 67 por ciento se exporta hacia el resto del continente, Estados Unidos y España.
En este contexto, Gustavo Cisneros Rendiles, el hombre más rico de América del Sur. Considerado hoy el segundo hombre más rico de Latinoamérica, solo por debajo del mexicano Carlos Slim Helú y seguido por otro venezolano, Lorenzo Mendoza Giménez, tercer hombre más rico de América Latina. Y alumno de David Rockefeller6, viene replicando mediante la Organización Cisneros accionista mayoritaria de Univisión y su alianza con America Online en 1998, una poderosa influencia en la vida cotidiana de por lo menos 500 millones de latinoamericanos. Y expande su influencia a través de Caracol Televisión, la empresa colombiana más grande en medios electrónicos
Por otra parte, sólo el grupo brasileño O’ Globo rivaliza con el tamaño y la expansión de Televisa. Consorcio multimediático de Roberto Marinho que posee 107 emisoras televisivas en su país. Además, también es propietario del periódico de mayor circulación, O’ Globo, con un tiraje promedio de 350 mil ejemplares diarios y posee la red radiofónica más grande de Brasil con 20 emisoras afiliadas. Sin embargo, la capacidad exportadora de O’ Globo es mucho menor a la de Televisa, en parte por la barrera idiomática y también por las dimensiones del mercado brasileño que lo convierte en autoconsumo7.
Dentro de tal esquema, además de la producción de artículos, películas, equipos electrónicos y programas de ocio, estas empresas tienen fuertes vínculos con empresas productoras de armas de guerra, recolección de residuos tóxicos y distribución de agua potable. Así, General Electric produce piezas para la industria bélica, es propietaria de National Broadcasting Company y tiene acciones de Vivendi Universal, que controla el 80% del grupo media en Estados Unidos8.
Ocurriendo de igual forma en Italia y Francia mediante personajes como Silvio Berlusconi y el Grupo Matra que es el mismo Grupo Lagardére que reúne en su seno la aeronáutica militar con Hachette, Vivendi Universal Publishing y Larousse entre otras, que se dedican a la industria editorial.
Expandiendo su monopolio a otros espacios como el farmacéutico y de laboratorios que, vinculados con la multinacional Monsanto, han realizado una alianza estratégica para controlar el mundo de los negocios de producción y comercialización de alimentos, la creación de nuevos medicamentos y el control de patentes de uso político-militar de bactericidas. Tan sólo de las 500 empresas industriales norteamericanas más grandes, las farmacéuticas son unas de ellas, recibiendo del erario extravagantes beneficios, las inversiones, gastos en investigación y marketing son deducibles de impuestos, el impuesto sobre la ganancia es de 16.3%, por debajo de la media de otras empresas que varia en un 27.3%. Obteniendo así ganancias por arriba de los 65 mil millones de dólares anuales9.

En México, se resintió el peso de estos monopolios en septiembre de 2001, cuando Ignacio Chapela y David Quist, científicos de Berkeley encontraron maíz nativo contaminado con transgenes en algunas comunidades de la Sierra Norte de Oaxaca y Puebla. En comunidades zapotecas que utilizan el maíz para comer, siembras con semillas propias, pese a estar muy alejadas de zonas de agricultura comercial.

Ante esta situación, las corporaciones biotecnológicas montaron una campaña de descrédito en su contra utilizando listas de discusión electrónica como AgBioWorld, moderada por el Dr. C. S. Praskash, donde además participaron varios científicos en favor de los cultivos transgénicos, logrando que la revista Nature se retractara de la publicación del artículo de Chapela y Quista. No obstante, el Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Comisión Nacional de Biodiversidad (Conabio), confirmaron la contaminación transgénica del maíz nativo a partir de sus propios análisis, indicando que en 15 de 22 localidades campesinas e indígenas seleccionadas como muestra encontraron presencia de transgenes en un 3 a 10 %. Además de que en el almacén de Diconsa de Ixtlán, Oaxaca, encontraron contaminación transgénica del maíz destinado a la venta para el consumo10.

Siendo la fuente de contaminación del maíz nativo las importaciones de maíz estadounidense, a raíz del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Debido a que dentro de las medidas sanitarias y fitosanitarias incluidas en el TLCAN se impedía a cualquiera de los tres países firmantes restringir el manejo, transporte y empaquetado de alimentos transgénicos, por motivos de “seguridad” o “salud”, a menos de que se tuvieran suficientes bases científicas. Además de que dentro del TLCAN se adopta el “principio de equivalencia sustancial”, que implica que alimentos o componentes alimenticios nuevos son sustancialmente equivalentes a alimentos o componentes alimenticios ya existentes y pueden ser tratados de la misma manera que los convencionales11.

Principio de equivalencia que fue definido por la Organización para la Cooperación y desarrollo Económico (OCDE) en 1993 y reconocido por la FAO y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1996, pese a no contar con un sólido sustento científico, además de resultar arbitrario.
En un marco donde las exportaciones de maíz han sido apoyadas desde Estados Unidos mediante programas de aliento a las exportaciones con créditos a bajas tasas y plazos largos de recuperación como los de Commodity Credit Corporation, mientras que por el lado del gobierno mexicano fueron favorecidas al no cobrar por su ingreso ningún arancel. Resultando así como principales beneficiarias de este negocio financiero, empresas trasnacionales comercializadoras de granos, productoras de harina y edulcorantes de maíz, de alimentos balanceados para ganado o directamente productoras intensivas de ganado. Siendo nueve empresas trasnacionales las que absorben la mitad de las importaciones en 2001: Cargill, Maseca, Archer Daniels Midland, Corn Products International, Arancia, Purina, Pilgrims, Tyson. Donde Cargill y ADM son a su vez las principales exportadoras desde Norteamérica. Además, cabe resaltar que estas corporaciones están ligadas a las principales empresas semilleras que controlan también el mercado de los transgénicos. Cargill se encuentra vinculada a Monsanto y ADM a Novartis12.

En esta lógica, la minería también viene constituyendo otro frente de saqueo. En Chile la estatal Corporación del Cobre (Codelco) ha sido víctima de un desfalco que supera los 21 mil millones de dólares. Consistiendo el fraude en la venta de cobre y otros minerales asociados, a precios inferiores al valor del mercado, en operaciones presentes o futuras. Teniendo como consecuencia haber dejado a dicho país sin los excedentes que le deja dicha cuprífera, primera productora mundial del mineral.

Siendo los artífices de tal situación ejecutivos de Codelco, como Diego Hernández. Experto en generar pérdidas en mercados a futuro. Este asumió el control de dicha minera en abril de 2010. Tras haber sido en 1995 gerente de la minera Mantos Blancos (Angloamericana), donde perdió 49 millones de dólares: 25% de los ingresos por ventas de dicha empresa ese año. Pese a lo cual, luego de estos malos manejos en Mantos Blancos, Angloamerican ascendió a Hernández a presidente de Collahusia, una mina de gran envergadura. Proceder que coincide en Chile al nombrar altos ejecutivos relacionados con mineras privadas y desfalcadores. Así, Codelco actualmente es dirigida por Nelson Pizarro, anteriormente vicepresidente de del holding Antofagasta Minerals, perteneciente al grupo Luksic13.
Además, pese a que el robo es el más grande de todos cuantos hayan afectado al Estado de Chile, apenas ha sido mencionado en los principales medios de comunicación y ninguna institución ha sancionado responsabilidades ni ha tomado medida alguna para evitar que se siga cometiendo el desfalco.

Acordes con este proceder, unos 200 proyectos mineros han estado en ejecución a lo largo y ancho de América Latina tan sólo en el 2010, dejando comunidades devastadas por la irresponsabilidad de los inversores en este sector. De la mano de la voracidad para extraer riquezas mediante la minería, cultivos extensivos e intensivos, se ha dado la depredación del medio ambiente, el control sobre los recursos naturales estratégicos, la movilización de recursos y dinero, así como boicots hacia gobiernos opositores, e insensibilidad demostrada ante la existencia de al menos 1.500 millones de pobres, mil millones de nuevos pobres, tasas de desempleo sobre el 12% y la pauperización constante reflejada en los salarios y pensiones.
Siendo que las regalías que entregan al Estado no sobrepasan el 1%, mientras que el daño a la tierra es incalculable, puesto que contaminan ríos, tierras de riego, afectan a comunidades enteras con malformaciones genéticas, siendo el uso del cianuro uno de los factores principales de este problema.

No obstante, varios gobiernos, incluso los llamados progresistas o de la nueva izquierda han sido activos promotores del extractivismo, e incluso lo acentuaron. Pese a los profundos cambios políticos continentales hacia la “izquierda”, los sectores extractivistas mantuvieron su importancia14. Minería y siembras extensivas de soja, maíz, legumbres, trigo, sorgo, girasol, arroz, avena, frijol y se experimenta con la papa, entre otros cultivos que acaparan 47 millones de hectáreas en el sur de América Latina, donde tan sólo la soja representa el 50% de la superficie mundial sembrada.

Dentro de este esquema Brasil representa en la producción de soja el 27%, Argentina 17%, Paraguay 2% y Bolivia 1%. Donde la derrama de pesticidas y agroquímicos utilizados para obtener mayor rendimiento de la tierra en las plantaciones de soja, ha venido causando enfermedades, malformaciones congénitas y abortos espontáneos en las poblaciones que quedan bajo las fumigaciones. Testimonio de esta situación lo da la región del Chaco argentino y paraguayo, donde la población manifiesta en su cuerpo los estragos del glisofato15.
En tanto que la actividad minera viene contaminando con plomo, cadmio, arsénico, bióxido de sulfuro y demás sustancias. Afectando las cuencas hidrológicas, fauna y flora, alterando el paisaje y coloración de la tierra por la oxidación de los suelos. Donde además resulta afectada también la salud de los habitantes en los lugares que se realizan dichas actividades, con problemas pulmonares, de piel, caída de cabello, ceguera precoz, poca absorción de nutrientes en el cuerpo y afectaciones en el hígado16.
En Colombia donde ha permeado desde años la corrupción y el impacto de la minería del carbón a cielo abierto. Se ha venido matando al pueblo indígena wayúu. Miles de sus niños han muerto de hambre y sed. En tanto que se llevan de su territorio las riquezas empresas como: Glencore, Xtrata, Cerrejón, BHP Billiton, Angloamerican Drummond, sin rendir cuentas ante nadie. Mostrándose como el verdadero poder que maneja al Estado. Toda vez que casi todo el país ha sido concesionado a las multinacionales mineras saqueando; oro, estaño, zinc, plata, plomo, cobre, antimonio, petróleo, carbón, níquel. Sin respetar normas ambientales, derechos humanos, laborales o ambientales. Y estando casi exentos de impuestos17.
En tanto que en México, pese a que se prohibió la inversión extranjera en minería en tres décadas, desde 1992 se dio la apertura de esta, a partir de la negociación del Tratado de Libre Comercio. Colocándose desde entonces a nuestro país como uno de los más “atractivos” para practicar dicha actividad, siendo así que en 2006 ocupo el lugar número 18 en la producción de oro y en 2008 el número 1418.
Más aun, ante la perspectiva de que el precio del oro subiera en 2008, las compañías mineras de todo el mundo incrementaron sus presupuestos de exploración. Y, como muchos países pese a contener la promesa de tener importantes yacimientos son, o políticamente reacios, como Rusia o peligrosos como el Congo. En México, al “desarrollar reglas de inversión atractivas” y una “burocracia relativamente eficiente”, después del TLC. Aun a pesar de la guerra contra las en gran parte del norte del país, las industrias mineras operan con gran seguridad.
Así, distintas empresas conocidas como juniors, se han convertido en el brazo de exploración de la industria, según indico Larry Segerstrom, director operativo en 2008 de Paramount Gold and Silver, una junior de Ottawa que ha explorado el estado de Chihuahua. Invirtiendo cerca de un millón de dólares al mes en dicha exploración, en viejas excavaciones mineras en busca de oro y plata19.
Dentro de estos procesos cada vez más se han visto afectadas comunidades como las Rarámuri y O´dam de los municipios de Bocoyna, Guadalupe y Calvo, así como Urique en la Sierra Tarahumara del estado de Chihuahua. Mismas que han acudido al Senado de la República, manifestando que los principales problemas a los que se enfrentan son: El despojo de sus territorios y recursos naturales, escénicos y culturales; la falta de reconocimiento del derecho al territorio en el que han vivido desde siempre; la falta de cumplimiento al derecho a la consulta y consentimiento previo libre e informado; la contaminación del agua y de la tierra que ha provocado la industria hotelera en sus comunidades; las amenazas de muerte a miembros de sus comunidades y la violencia generada por el narcotráfico; la imposición de modelos de desarrollo ajenos a su cultura, como el forestal y turístico y la falta de respuesta de las autoridades federales y estatales a las demandas presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Asimismo, los representantes han informado que por la defensa de sus territorios han recibido el hostigamiento, amenazas y violencia, llegando incluso al asesinato de integrantes de alguna de sus comunidades: “Durante más de 40 años hemos luchado, por el reconocimiento de nuestro territorio y la protección de nuestros recursos naturales ante diversos tribunales con acciones jurídicas, administrativas y penales. En todos y cada uno de los juicios hemos presentado pruebas del despojo que hemos sufrido por parte de caciques, mestizos, madereros, empresarios y políticos. Todos y cada uno de ellos han sido protegidos por los gobiernos en turno, ya sea por complicidad u omisión. Como resultado solo hemos tenido que los juicios se alarguen eternamente, en alguno hemos tenido sentencias negativas y cuando hemos ganado, las sentencias no han sido ejecutadas, como es el caso de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de marzo de 2012 para la formación del Consejo Consultivo del Fideicomiso Barrancas del Cobre”20.

Historia de despojo y desplazamiento de las comunidades indígenas de Chihuahua, donde a los pueblos tarahumaras no sólo les quitan las tierras donde están sus viviendas o cuevas, sino que son despojados de vastas extensiones de territorio donde se encuentran sus centros ceremoniales, sus camposantos, suministros de agua y las labores de cultivo. Destacando, en este escenario, según ha indicado el abogado de Alianza Sierra Madre, Ernesto Palencia, la comunidad de Choréachi, en el municipio de Guadalupe y Calvo, quien originalmente poseía como ejido Pino Gordo, poco más de 34 mil hectáreas, y hoy solamente tiene menos de 15 mil21.
Situación a la que le debemos sumar el hecho de que, a partir de la reforma energética, la ruta de los grandes negocios petroleros se ubica en distintas entidades del norte del país como Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas. Y dejando de lado los casos como Choréachi, el gobierno federal espera recibir más de 1 billón 2 mil 990 millones de pesos en inversiones privadas para exploración y extracción de hidrocarburos.
Siendo así que, en la región del norte del país se prevén más conflictos agrarios y ganaderos: 81 municipios de dichas entidades federativas serán afectados por la expropiación y la figura de “ocupación temporal” incluida en las nuevas leyes energéticas22.
Además, en distintos estados del norte de la república, según algunas organizaciones especializadas en derecho ambiental y activistas, pronostican un mayor impacto debido al fraking – fractura hidráulica de las rocas para extraer el gas de lutitas, gas shale o gas de esquistos –, así como un mayor riesgo para las áreas naturales protegidas que no cuentan con un “programa de manejo”. Esto son los casos de Janos, Cascada de Basaseachic y Cumbres de Majalca, en Chihuahua, así como las zonas de Cuatrociénegas y Ocampo, en Coahuila23.
Toda vez que, según datos de la Administración de Información Energética (EIA), ubicaron a México como el cuarto país con reservas potenciales de hidrocarburos en lutitas en el mundo, y de acuerdo con información de PEMEX, el proyecto de exploración de estos hidrocarburos puede confirmar un potencial equivalente a 60 mil millones de barriles de petróleo crudo.

Ante estas perspectivas, el Pentágono ha promovido en nuestro país el método del fraking, técnica de fracturación hidráulica que se realiza mediante la inyección de fluidos en capas de rocas profundas. Para lo cual, el agua que se administra contiene arena y más de 90 aditivos químicos que ayudan a disolver el gas atrapado en la lutita. Mientras que la arena penetra en las fracturas e impide que se cierren, el gas fluye a la superficie con parte del líquido24.

Siendo algunos de los riesgos ambientales de dicho método, además del uso de grandes cantidades de agua (99.5% de la composición es agua y arena, el restante son sustancias químicas): la contaminación de los mantos acuíferos, ríos, suelos y atmósfera; afectaciones a la salud y vida animal; e incremento de la actividad sísmica. Problemáticas de contaminación que se asocian principalmente con dos cuestiones. Primero por la canalización del metano que se produce durante la extracción de gas shale desde el yacimiento hasta los mantos acuíferos y/o la superficie, por la cementación inadecuada de las tuberías de revestimiento de los pozos. Mientras que el segundo punto se encuentra asociado al depósito del agua de desecho que contienen los productos químicos utilizados para el fracturamiento hidráulico y que son nocivos para la salud25.
Dejando estos hechos de lado, tal como en el norte del país, y considerada como la segunda zona con mayor potencial de inversión a la región sur-sureste. En Tabasco, Veracruz y Campeche se planea recibir 769 mil 202 millones de pesos en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, así como 58 mil 500 millones para un centro petroquímico en Chiapas, 45 mil 500 millones para reconfigurar una refinería en Oaxaca, 15 mil millones para una planta de licuefacción de gas natural y una central de ciclo combinado en Yucatán y 11 mil 430 millones de pesos en 910 kilómetros de gasoductos y poliductos26.

Finalmente, a esta lógica rapaz por parte de la burguesía imperial en contubernio con la local, parece no escapar el agua, puesto que se viene promoviendo las supuestas bondades de la privatización de agua, pero encubriendo en realidad sus intereses pecuniarios, tal como ha ocurrido con los demás energéticos. Pese a que la privatización del agua ha sido un fracaso global. Muestra de esto es que, en muchas ciudades que se precipitaron en firmar concesiones a 20 años o más con empresas de agua, teniendo como expectativa obtener agua potable a un costo “socialmente aceptable”, han preferido terminar sus acuerdos y regresar el aprovisionamiento de agua urbana al sector público27.
180 ciudades y comunidades en 35 países, donde se incluyen Berlín, Buenos Aires, París, Acra, Johannesburgo, La Paz, Maputo y Kuala Lumpur. Han remunicipalizado sus sistemas de agua en décadas pasadas. Así, cien de los retornos administrativos ocurrieron en los mismos Estados Unidos y Francia, 14 en África y 12 de América Latina. Dándose la remunicipalización del agua en las metrópolis de países dependientes, más que en los países imperialistas.
Asimismo, el Banco Mundial acepta un fracaso de 34 por ciento en la participación privada en infraestructura entre 2000 y 2010. No obstante el titular de Sistemas de Agua de la Ciudad de México, Ramón Aguirre habla ya sobre “costos financieros” y “responsabilidad financiera” de la gestión del agua. De forma tal que, las empresas privatizadoras del agua pretenden implementar soluciones “eficientes” ante el desabasto de agua, mediante un alza exorbitante de los precios y el recorte de la inversión en infraestructura28.

Proceso en el cual además, el Banco Mundial emprende un doble juego, cargado los dados a favor de las trasnacionales: aconsejando por un lado a los gobiernos privatizar el agua, mientras que por otro lado invierte en las trasnacionales del agua para que obtengan jugosos contratos. Para lo cual el Banco Mundial, a salido al quite con un nuevo truco contable/financierista, de una sociedad mixta pública y privada (PPP), por sus siglas en ingles, con la intención de contrarrestar las protestas ciudadanas y luego poder formalizar la privatización.

Ante esta situación, los mexicanos debemos abrevar de la experiencia global, ya que esta demuestra que cuando los usuarios se encuentran incapacitados para pagar las elevadas tarifas por el suministro de agua, las compañías encargadas de este servicio de manera inmediata cortan el suministro del vital líquido. Pasando por encima del “derecho humano al agua, correspondiente a unos 50 ó 100 litros por persona al día29. 

Notas(…)

"Sabemos que hubieron muchas políticas de Estado en la historia que no nos han beneficiado, entonces no se trata de que sea política de Estado o no, se trata de que sea bueno o no para la vida y salud de la gente. Y eso fue lo que le recriminamos”.

Se confirmaron 
otros tres derrames de cianuro de la Barrick
29 de marzo de 2016

 

La Barrick Gold fue multada por una cifra millonaria, se ordenaron nuevos muestreos para determinar los alcances de la contaminación y se confirmaron al menos tres derrames previos en la zona. Sobre estas novedades dialogamos con Milena Olivares, integrante de la Asamblea Jáchal No Se Toca, quien a su vez contó cómo sigue la vida cotidiana en la región. 

Por La Retaguardia


“Hace 6 meses se produjo el derrame en la mina Veladero, del que nos enteramos por mensaje de texto; a las pocas horas se presentaron dos amparos en la justicia local y también una denuncia penal. En tramitación de eso se produjeron algunas medidas judiciales, se paralizó la mina por 5 días, se ordenó al municipio entregar agua envasada, y a la vez el fiscal federal Ramiro González presentó ante la justicia federal una suerte de amparo y eso se está tramitando ante el juez (Sebastián) Casanello. Las últimas novedades son que en la justicia local, en el fuero ordinario de San Juan, se impuso el procesamiento de 9 operarios de la mina, todos de segundo rango, no hay primeros funcionarios de la minera ni de la empresa que opera varias minas, entre ellas Veladero”, relató Milena Olivares, integrante de la Asamblea Jáchal No Se Toca, en diálogo con La Retaguardia.
Sin embargo, no fueron las únicas novedades:“a la vez se conoció hace unos días una multa que ha impuesto la Secretaría de Minería de San Juan a la empresa Barrick Gold de 145 millones de pesos, también por un sumario administrativo que se había iniciado poco después del derrame. El juez Casanello también ha arbitrado algunas medidas, ha recibido a la querella hace poco, miembros de la Asamblea, y en función de eso ordenó a la provincia repartir agua y alimentos no contaminados en toda la región de Jáchal e Iglesia, es decir en toda la zona de influencia de la mina, medida que hasta el momento no ha sido acatada por el gobierno provincial; también ordenó a la Universidad de Buenos Aires (UBA) que realice un control de salud de los pobladores; entendemos que esta medida se está tramitando para ser puesta en marcha pronto; a la vez se le ordenó a la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) hacer un nuevo análisis y muestreos. El juez de Jáchal también ha ordenado algunos rastreos que se vienen haciendo muy lentamente por cuestiones burocráticas, pero lo más sustancial del último fallo de (Pablo) Oritja es que ha habido tres derrames anteriores al del 13 de setiembre que dan cuenta que desde 2011, en que se produjo el primero. Hasta la fecha la Secretaría de Medio Ambiente y la de Minería tenían conocimiento de estas fallas en el sistema tanto de lixiviación como de toda la estructura de la mina y no han arbitrado las medidas, así que uno de los asambleístas que en este momento está ocupando el cargo de concejal ha denunciado penalmente a los funcionarios tanto provinciales como municipales, que se encontraban en ese momento en cumplimiento de las funciones, justamente por falta de cumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. A 6 meses digamos que es todo muy lento, las medidas se están dando muy lentas porque estamos consumiendo agua de dudosa sanidad y ahora a partir de este último fallo sabemos que hace más de 5 años que pueden haberse producido muchos derrames no declarados”, agregó la asambleísta.
El derrame en la vida cotidiana
Respecto a las consecuencias de estos derrames en la población, Olivares aseveró: “es durísimo, hay un alto porcentaje de la población que sufre de cáncer, también hay mucha leucemia, no se conocían las razones pero a partir de la explotación minera se acentúa mucho más el porcentaje, entonces podemos deducir que el derrame está afectando la salud de las personas”.
Según explicó Olivares, el Río Jáchal se forma con los ríos Las Taguas y Blanco, que tienen nacientes en el departamento de Iglesia: “una vez que ingresa ese caudal de agua a nuestro departamento toma el nombre de Río Jáchal, y abastece fundamentalmente a la zona agrícola, se utiliza para regar y alimentar a los animales. Una parte de ese caudal se mezcla con un pozo de agua que se encuentra en nuestro departamento y termina en la red domiciliaria, luego de la potabilización. De modo que no solamente el riesgo es para el consumo humano, sino también para el agua que se utiliza para regar la producción que termina siendo consumida en el departamento. El riesgo no es solamente al tomar el agua de la canilla sino también al consumir los alimentos y es la mayor preocupación que tenemos. De hecho, Casanello también ha mandado a analizar las verduras y frutas para ver en qué estado están porque tenemos algunos estudios que indican que no están en buen estado, se puede encontrar hasta plomo, aluminio y otros elementos que no deberían estar. La mayoría de la población no tiene para comprar agua, el municipio no se hace cargo tampoco, por lo que la situación es bastante compleja, también ha cambiado la vida en ese sentido, en la economía del pueblo, se siente y se ve”.
La Asamblea Jáchal No Se Toca se conformó el año pasado ante la posibilidad concreta de la instalación de una empresa que buscaba explotar uranio: “manifestamos nuestra oposición y por suerte obtuvimos la suspensión del permiso, pero a raíz del derrame de setiembre pasado la Asamblea tomó mucho protagonismo en el pueblo y la gente acompaña y también es parte de la asamblea en la masividad, un gran porcentaje de la población está comprometido e informada, pero se nos está haciendo difícil por todas las consecuencias que trae esta explotación tan criminal y tan en contra de los principios mínimos de la vida, de la salud de las personas”, expresó Olivares.
El 21 de octubre la Asamblea instaló una carpa frente a la Municipalidad de Jáchal que se mantiene y en la que se ofrece información de manera permanente: “la adhesión de la población es casi unánime, pero hay mucho miedo, mucho temor, hay gente de muy escasos recursos que no puede comprar el agua entonces la presión hacia los funcionarios es mayor y estamos trabajando mucho todo esto pero no estamos siendo escuchados. Nosotros queremos principalmente el cierre de la mina, la remediación del río y la prohibición de la megaminería con uso de sustancias tóxicas a cielo abierto, respetar la ley de glaciares, señaló la asambleísta, quien contó que el fin de semana anterior había estado presente en la plaza del pueblo el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman:“se comprometió a que este año se va a terminar de hacer el inventario que hace unos cuantos años está parado por falta de presupuesto; esperamos que en este 2016 se termine para poder aplicar finalmente la ley de glaciares que es una de las más importantes en cuanto al cuidado del medio ambiente porque es la que cuida los cursos de agua; para que esto ocurra tenemos que presionar, estar en las calles y estar atentos”.
En cuanto a otros encuentros con funcionarios locales y provinciales, Olivares afirmó: “ni bien terminaron las elecciones, las autoridades salientes y entrantes del municipio se reunieron con los vecinos, firmaron actas compromisos pero en realidad nunca las terminaron cumpliendo. Este fin de semana estuvo el gobernador de la provincia, Sergio Uñac, que vino por otras cuestiones, por las fiestas patronales del pueblo, y se cruzó unos minutos a la carpa y la gente estaba realmente muy indignada porque el abandono de las autoridades provinciales ha sido terrible. Lo hemos sufrido muchísimo porque en los primeros días, en las primeras horas, lo negaron todo y luego han pasado ya 6 meses y el gobernador saliente, (José Luis) Gioja, nunca apareció, y ahora apareció Uñac pero con su discurso de que la minería es política de Estado y que contra eso no hay nada que hacer. Sabemos que hubieron muchas políticas de Estado en la historia que no nos han beneficiado, entonces no se trata de que sea política de Estado o no, se trata de que sea bueno o no para la vida y salud de la gente. Y eso fue lo que le recriminamos”.
Los vecinos de Jáchal siguen organizados defendiendo su derecho al agua, a la vida. El fin de semana del 24 al 27 de marzo fueron sede del 26º Encuentro Nacional de la Unión de Asambleas Ciudadanas, en el que con la presencia de representantes de asambleas de todo el país se continuaron pensando y definiendo lineamientos de acción y difusión de las problemáticas ambientales que afecta a millones de argentinos directamente, y a otros tantos que creen que los afectados están solo en algunas provincias.

Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article11716