jueves, 18 de febrero de 2016

II. Veamos cómo el balance sobre el gobierno CFK permite, por ejemplo, constatar cómo avanza el Estado represor. Analizar esta realidad nos exige escuchar abajo.

Laura Guinsberg: 
"Los servicios de inteligencia se han refinado durante la democracia"
11 de febrero de 2015
 
Por: LA RETAGUARDIA
Escuchar la voz de Laura Ginsberg es atrapante. No solo por su manera de comunicar, sino, fundamentalmente, por lo que apunta en cada pensamiento. Su voz es una de las pocas que, desde Apemia (Asociación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA), ha mantenido la coherencia de la búsqueda de la verdad. Durante una de las emisiones del programa radial Sueños Posibles, Guinsberg dialogó con Alfredo Grande e Irene Antinori. De la charla también participó Gerardo Duré.

-Sueños posibles: ¿Te parece una respuesta contundente la disolución de la SIDE, que tiene que ver con esclarecer el hecho o que forma parte de una muy oscura y miserable red de complicidades que en este momento, lamentablemente, como fue el ocultamiento de la masacre de AMIA, empieza a ponerse en superficie?

-Laura Ginsberg: En primer lugar, es importante clarificar que aquí no hay ninguna disolución de la Secretaría de Inteligencia (SI) por parte del Gobierno. El Gobierno habla de disolución, pero lo que está planteando es una reformulación de los servicios de inteligencia de nuestro país. No se disuelve la SI, sino que burocráticamente se rearma, se reformula, en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), de donde lo único que se puede desprender es que los métodos del espionaje van a continuar. En todo caso, el apuro y la manera deformada que la presidenta encontró hablando de disolución de los servicios de inteligencia sólo responden a tratar de poner paños fríos a la crisis política brutal que desencadenó la muerte de Nisman. Esto hay que ponerlo de relieve porque en ese apuro, en esa desesperación que tiene el Gobierno por cantar quiero retruco e ir por más, llamó a sesiones extraordinarias al Parlamento para debatir un proyecto de ley -que parece que ya tienen resuelto- de reformulación de la SI. A nuestro entender, no se trata de una disolución y por tanto es una maniobra más para tratar, de alguna manera, de bajar el nivel de indignación y consternación del conjunto del pueblo argentino ante la muerte del fiscal. Sin duda puso de relieve -y aparece indisolublemente vinculado- el accionar que durante toda la historia reciente de nuestro país, y en particular los últimos veintiún años de impunidad de la masacre de la AMIA, han jugado un papel indiscutible. Los servicios de inteligencia son el hilo conductor del encubrimiento y de la perpetración del crimen desde el año 94 para acá.

-SP: ¿Creés que este encubrimiento también tiene un nivel judicial y cuánto podía, o no, Nisman tener que ver con esto?

-LG: La construcción del encubrimiento por supuesto que pasó por el Poder Judicial, sin duda. Lo que pasa es que fue un accionar delictivo en el que también intervinieron los otros dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo. Por eso nosotros decimos que el Estado argentino es el responsable del encubrimiento de la masacre de la AMIA, y quien encubre un crimen también tiene responsabilidad criminal. El Poder Judicial ha jugado un papel determinante, no menor, como producto de que todos los jueces federales han trabajado en connivencia con los servicios de inteligencia para encubrir la responsabilidad del Estado argentino en el atentado contra la AMIA.
Para nosotros no es novedoso porque es la denuncia que venimos sosteniendo hace muchísimos años, pero puesto así en estos términos, lo terrible es que esto lo dicen los hechos. En este país la muerte de Nisman puso en alerta a todo el pueblo argentino, que tiene una claridad meridiana acerca de que la muerte de Nisman está vinculada al espionaje en nuestro país. Y a la impunidad en el tema de la AMIA. ¿Cuál fue el papel que jugó Nisman? Nisman fue el fiscal designado por el ex presidente Néstor Kirchner para construir la construcción internacional del atentado. Nosotros nos hemos reunido en más de una oportunidad con el fiscal, cada vez que él producía un dictamen nosotros le pedíamos copia, lo leíamos y confrontábamos con él, diciéndole que para poder sostener todos sus escritos jurídicos necesita tener una prueba que no tiene. En todo caso, si existe, el Estado argentino y Nisman específicamente la ocultaron. Nisman fundaba sus dictámenes en prueba secreta a la cual nosotros nunca tuvimos acceso.
¿Por qué seguir abonando una conexión internacional que no pudo demostrar, cuando sí tenemos probada una local, que el propio Gobierno de Kirchner mandó a liquidar después del juicio oral que terminó en 2004? Nisman fue funcional a las políticas del Gobierno de los Kirchner para terminar sacando cualquier posibilidad de acusación al Estado argentino para ponerlo en la responsabilidad del régimen iraní a más 15 mil kilómetros de distancia.

-SP: Estás señalando que esta insistencia en la responsabilidad del Gobierno iraní es una manera de encubrir la llamada conexión local (que más que conexión, es el aparato de seguridad local), es una operación hecha directamente por argentinos contra otros argentinos. Sería una situación de una gravedad inusitada, porque plantearlo como que es una potencia extranjera en parte alivia. Poner en superficie que hay argentinos que conspiran contra otros y los asesinan hace que la idea de la democracia se vaya un poco al diablo.

-LG: No sólo los alivia, sino que los exculpa, que es lo que el Estado argentino estuvo buscando todos estos años. Cuando el contexto internacional cambió y Obama y el Departamento de Estado dejaron de acusar a Irán para buscar tender puentes y hacer negociaciones con ellos y reducir y terminar con el conflicto bélico en Medio Oriente, el Gobierno de Cristina Kirchner pega un giro y va a una negociación a través del acuerdo del memorando. Es en ese momento, hace dos años atrás, y antes también, que comienza la crisis en relación al trabajo de la Fiscalía de Nisman. Es ese momento en que Stiuso -que parece que ahora es el hombre que gobierna todo incluido el propio Gobierno, lo cual es un disparate- empieza a tener también tensiones como representante de una facción de la SI que abonó durante todos estos años la conexión internacional. Pero esto fue por mandato del Poder Ejecutivo.
Entonces, si no ponemos las cosas en su lugar, lo único que se genera es muchísima confusión y la sensación de que estamos en manos de gente que puede llegar definitivamente a haber incidido en la muerte del fiscal Nisman, ya sea que haya sido suicidio o asesinato.
Si el día de mañana hay una versión oficial de cómo fue la muerte de Nisman, yo les puedo asegurar que el imaginario del pueblo ya no se va a sacar la idea de que Nisman murió por intervención de los servicios de inteligencia de este país bajo la orden de su mandante, el Gobierno nacional. Eso no se lo saca nadie de la cabeza.

-SP: Se ha dicho mucho que, como el más perjudicado por esta muerte es el Gobierno, eso funcionaría como una prueba en contrario; el más perjudicado no puede ser el responsable.


-LG: Pero esto también se escuchó respecto del atetando. Respecto del atentado a la AMIA, la presidenta se pone como víctima, no como victimaria. Ya lo han hecho en el pasado en más de una oportunidad. Cuando la presidenta y su marido hablaban en las Naciones Unidas, se presentaba al Estado argentino como víctima del terrorismo internacional. Cuando ocurrió el atentado a la AMIA, en el planeta tierra no se hablaba de terrorismo internacional; se empezó a hablar en el mundo después de la voladura de las Torres Gemelas en 2001, no en 1994.
Cuidado, porque este juego perverso que tiene el Gobierno de mostrarse como víctima, cuando en verdad es el victimario y el constructor de veintiún años de impunidad, a lo único que ayuda es a confundir a todo el mundo, y nosotros decimos que hay que terminar con la confusión. Porque el Estado argentino es responsable y la manera de salir de esta encrucijada en la que sistemáticamente nos ponen de tanto en tanto, porque son inútiles y han tomado la decisión de no esclarecer el crimen de la AMIA, es conformar una comisión investigadora. La investigación de este hecho criminal, el contexto en el que ocurrió, las motivaciones por las cuales se encubrió durante veintiún años no puede estar en manos de esta gente, no puede estar en manos de este Poder Judicial que está corrupto hasta la médula; tiene que estar en manos nuestras, por eso la propuesta de comisión investigadora integrada, en su amplia mayoría, por referentes de la vida nacional, por luchadores del ámbito de los derechos humanos, por organizaciones sociales, intelectuales, periodistas, historiadores. No puede estar en manos de esta gente. Y por supuesto una comisión a la cual también nos integraríamos los familiares de las víctimas.
Ahora, para que todo esto resulte, el Estado argentino tiene que entregar toda la documentación que sigue ocultando.

-SP: Planteás algo así como una Conadep de la AMIA.

-LG: Sí, con características algo diferentes, en el sentido de que se trata de una comisión investigadora que nosotros proponemos que funcione en el marco del Parlamento como una representación de diputados y senadores minoritaria. Las decisiones que vayan a tomar esa comisión no van a estar en manos de diputados y senadores, sino que la amplia mayoría va a estar en manos de personalidades independientes de trayectoria incuestionable. ¿Quién puede cuestionar a Adolfo Pérez Esquivel, a Nora Cortiñas?


-SP: ¿Quién tendría que autorizar que funcione esa comisión?

-LG: Nosotros hemos presentado un proyecto de ley en junio del año pasado para que se debata en el Parlamento. Queremos dar un debate, que haya un debate democrático. Queremos mostrar que hay una salida para poder conocer la verdad y así después poder exigir el juicio y el castigo a los culpables. Nunca hubo una comisión investigadora del atentado a la AMIA. ¿Qué podemos esperar de esta gente que se tira con carpetas de los espías de un lado y del otro del mostrador y mientras tanto nos siguen matando? Esto es lo que pone sobre el tapete la muerte del fiscal Nisman. Se acabó. Acá la confianza respecto de la protección que nos puede brindar el Estado es nula. Estos servicios de inteligencia, que bien se consolidaron durante los tiempos de la Dictadura, se han refinado durante la democracia, por eso ocurrió el atentado a la AMIA.

-SP: Según tu opinión, la disolución no disuelta de la SIDE, ¿termina dándole más poder a Milani?


-LG: Definitivamente. Esta reorganización que Cristina Kirchner propone a través de un proyecto de ley el único objeto que tiene es ungir a Milani como el jefe máximo de la inteligencia nacional. ¿Y todo esto en nombre de que se va a esclarecer el atentado a la AMIA o la muerte de Nisman? Ya sancionaron una ley antiterrorista, que en su primer párrafo de fundamentación dice que es necesaria esa ley para poder esclarecer los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA. ¿Qué esclarecieron con la ley antiterrorista? Para lo único que sirve es para reprimir y perseguir a los luchadores populares y periodistas, como el compañero de Santiago del Estero. En nombre del esclarecimiento del atentado a la AMIA, este Gobierno ha hecho cualquier porquería, menos permitir la conformación de una comisión investigadora y mostrar los archivos secretos.

-SP: En un reportaje radial mencionaste que fue la primera vez que un funcionario de Gobierno, concretamente Alejandra Gils Carbó, había recibido a Apemia. ¿Podrías comentar algo de esa entrevista?

-LG: La procuradora nos llamó, como lo hizo con las otras organizaciones de familiares, para preguntar nuestra opinión respecto de si había que designar un fiscal o un grupo de fiscales. Nosotros le dijimos que no se trata de hablar de nombres, por más probos que sean; acá se trata de decidir a dónde quieren ir. ¿Van a ir por la pista iraní, van a investigar la denuncia que hizo Nisman? ¿Qué van a buscar? Ese es el punto. Pero ellos insisten en abonar el camino que transitaron hasta acá, y nosotros le advertimos a la procuradora que si insisten en esa vía, van a seguir abonando el encubrimiento, y nosotros, por supuesto, seguiremos denunciando que el Estado no quiere constituir una comisión investigadora porque, evidentemente, ha decidido que este tema quede en el limbo hasta el próximo escándalo, que espero que no sea otra muerte.

-SP: Desde una mezcla entre lo profesional como psiquiatra y como militante político, descarto totalmente el suicidio, porque las evidencias apuntan en sentido contrario. El suicidio de personajes como Nisman, en general, son heroicos o épicos, y no el que trasciende que ha sido: en un baño, de una manera sumamente precaria. Creo que estamos frente a un asesinato, no en el Senado de la Nación, pero sí en la entraña del Poder Judicial de la Nación. En ese sentido, esto es una gravedad brutal. Apemia ha realizado una marcha.

-LG: Junto con otras organizaciones, la CTA Autónoma, organismos de derechos humanos, agrupaciones políticas, convocamos a concentrarnos frente al Congreso el miércoles 4 de febrero a las 17 y marchamos hacia Plaza de Mayo a exigir el esclarecimiento de la muerte del fiscal Nisman, el esclarecimiento de la masacre de la AMIA, la conformación de una comisión investigadora y la apertura de los archivos secretos y la disolución efectiva de los servicios de inteligencia. Esto es un reclamo indispensable para poder arrojar luz sobre hechos que llevan muchos años de impunidad, y ha quedado demostrado que los Gobiernos anteriores, y este en particular porque lleva doce años de los veintiuno de impunidad que tenemos desde el atentado a la AMIA, han sido encubridores de cualquier posibilidad de investigación y conocimiento de la verdad.

-SP: A esta altura se puede hablar de copartícipes necesarios, más allá de cómplices. Porque, como bien decís, el que encubre un delito es cómplice, pero si el que lo encubre es el Estado, es copartícipe. Quiero decir: no se hubiera podido realizar ese delito si no se contaba ya con la complicidad Estado.

-LG: Definitivamente.


-SP: Lo cual hace a una situación de extrema gravedad institucional. Hay una película importantísima, V de Venganza, en la que la hipótesis del Estado armando atentados para sostenerse cada más despóticamente en el poder parece ser una constante.

-Gerardo Duré: Desde nuestra perspectiva, nos planteamos muchas veces que hay un Estado opresor que sigue a través de los tiempos y a través de los siglos -esto es bíblico- sosteniendo el poder a como dé lugar. ¿Qué tenemos que hacer como pueblo cuando sabemos que tantas personas que piensan, como vos y como yo, que aquí hay encubridores, ejecutores, verdugos, y que hay actores intelectuales a los que estamos votando desde hace muchos años?


-LG: Creo que la respuesta la venimos dando desde hace ya muchos años. Hay que explicar, explicar, explicar; hay que debatir, movilizarse, denunciar e intervenir, justamente, para mostrar que hay una salida, una posibilidad de esclarecer los crímenes. Siempre es fundamental no perdamos este canal de intervención. Por supuesto que la relación de fuerzas siempre es desfavorable, pero indiscutiblemente esta gente va de fracaso en fracaso y ya no lo pueden sostener más. La orientación de una comisión investigadora para el crimen de la AMIA va a abrir caminos para que esto pueda ser tomado incluso en muchos otros casos de crímenes que permanecen impunes en nuestro país. La AMIA es una causa nacional, no es un problema importado del Medio Oriente, no es problema de una conexión internacional, que aun cuando hubiera existido, necesariamente tenía que contar con un soporte local. Lo que está en nuestras manos es exigir, explicar los argumentos, movilizarse, intercambiar y compartir estas experiencias para demostrar que este Estado no puede darnos respuestas, no puede darnos la verdad que estamos queriendo saber desde hace tantos años, y mucho menos, justicia.

Laura Guingberg, desde Apemia, ha sido una de las pocas voces que no ha cambiado sus opiniones acerca de la voladura de la AMIA según las conveniencias político-partidarias. Eso no es poca cosa en tiempos en que muchos navegan entre la teoría del suicidio y la del asesinato, de acuerdo -casi- a cómo se levantan esa mañana. La confusión, por ahora, continúa intacta.
Fuente: http://www.argenpress.info/2015/02/laura-guinsberg-los-servicios-de.html
 
 
Alberto Lebbos: 
“Queremos se declare la emergencia en derechos humanos en todo el país”
26 de febrero de 2015

 
 
Hoy se cumplen 9 años de la desaparición de Paulina, quien fue hallada asesinada pocos días después. Desde entonces, su padre organiza una Jornada Anual de Lucha Contra la Impunidad en la Plaza Independencia de San Miguel de Tucumán, en la que se convocan también familiares de víctimas de todo el país, además de organizaciones sociales y políticas. Horas antes de esta nueva movilización, La Retaguardia dialogó con Alberto Lebbos sobre la participación de importantes funcionarios judiciales en el encubrimiento del crimen de Paulina y la impunidad que rodea el caso. 
 
Por La Retaguardia.
 
 “Con toda la adrenalina, la energía, la expectativa, esperando a los queridos amigos que van a llegar de todo el país a sumarse a la 9º jornada anual de lucha contra la impunidad en Tucumán, que es un reclamo para que se termine con la impunidad, no solo para el caso de Paulina, sino por todas las causas de Tucumán y del país”, afirmó Alberto Lebbos en diálogo con La Retaguardia, en la previa a la marcha que anualmente organiza para esta fecha en Tucumán y para la que espera la llegada de familiares y compañeros de distintas provincias: “van a venir de La Rioja, Santiago del Estero, viene María Luján Rey que es una figura emblemática de esos luchadores, de los familiares del estrago doloso, porque a mí no me gusta decirle tragedia, es un delito grave que se ha cometido en Once; vienen familiares de Santiago del Estero, son muchísimos de todo el país; inundados de La Plata, de Santa Fe, de Córdoba, Salta, Rosario, también Familiares y Amigos de Luciano Arruga. Todo un conglomerado de luchadores sociales que nos acompañan y que nos venimos acompañando conjuntamente porque nosotros también vamos allá, vienen los queridos amigos, familiares de Cromañón, y los que no pueden venir porque muchas veces resulta caro, costoso, por razones laborales, nosotros sentimos que nos están acompañando. Sabemos que se van a hacer marchas también en muchos lugares del país. Es un día de gran lucha contra la impunidad”, agregó.

 
Para esta movilización vienen trabajando desde tres meses, pero además Lebbos recordó que junto a la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad de Tucumán, que integra, marchan todos los martes desde hace nueve años: “es un trabajo que nosotros, como no queremos ni premios ni plata de nadie, lo hacemos absolutamente a pulmón con toda la energía de las familias, los amigos, de los partidos políticos que están comprometidos con las luchas populares. Gracias a dios existen estos partidos que son de izquierda y realmente lo están demostrando con el valor que tienen, y las organizaciones sociales y de luchas populares que nos acompañan siempre. Es más fácil, se torna más llevadero y además más placentero luchar junto a tan corajudos compañeros por causas tan justas”. 
A su vez, Lebbos contó que la Federación Argentina de Colegios de Abogados ha instituido el 26 de febrero como Día Nacional de Lucha en Contra de la Impunidad en Democracia. “Es un colectivo amplio de luchadores sociales y de representantes institucionales y del pueblo que se suman a esta jornada donde queremos visibilizar con mucha potencia esta realidad triste que nos toca vivir que es la impunidad, y exigir el cumplimiento del lema de esta jornada que es que se declare la emergencia en derechos humanos, inmediatamente, en todo el país. Es una decisión que ha tomado una audiencia pública que hemos hecho en Tucumán en julio con representantes de todo el país también, escuchando lo que ocurre en cada rincón de la Argentina.
 
Nosotros consideramos que más que la ley antiterrorista, más que agencias de inteligencia, aquí lo que hay que declarar inmediatamente es la emergencia en derechos humanos, que están siendo violentados brutalmente por un Estado que de lo único que se preocupa es de sus negocios privados y no de lo que le pasa al pueblo argentino, y me refiero no sólo a los hechos de homicidios o de delitos en contra de la persona, sino de lo que le pasa a los jubilados, a los desocupados, a los pobres, al medio ambiente, los problemas de salud; en Tucumán hay sectores que están absolutamente inundados y hay otros sectores que no tienen agua, que se la tienen que llevar en carreta en pleno siglo XXI como si viviéramos en la edad media. Todos son avasallamientos a los derechos humanos donde los responsables de esta situación son quienes gobiernan”, aseveró Lebbos a La Retaguardia.
 
Pasan los años, se suman responsables

Paulina Alejandra Lebbos tenía 24 años cuando fue vista con vida por última vez. Era la madrugada del 26 de febrero de 2006, había ido a bailar y luego había llevado a una amiga a su casa en un remís para posteriormente dirigirse a lo de su novio. Tenía un hijo de cinco años y estudiaba la carrera de Comunicación Social en la Universidad Nacional de Tucumán. Su cuerpo fue hallado a la vera de la ruta a unos 30 kilómetros de la capital provincial el 11 de marzo. Desde entonces el encubrimiento y la impunidad rodean el caso.
La última vez que La Retaguardia entrevistó a Alberto Lebbos fue en junio del año pasado. En ese momento, el fiscal a cargo de la causa, Diego López Ávila, había pedido cotejar el ADN de Gabriel, uno de los hijos del gobernador José Alperovich. Sin embargo, el estudio no pudo realizarse: “las muestras estaban absolutamente destruidas a propósito porque eso formó parte de las maniobras de encubrimiento que cometieron los lacayos del gobernador Alperovich y de su esposa Beatriz Rojkés, del ministro de Seguridad, secretario de Seguridad, jefe de Policía, fiscal (Carlos) Albaca, todos se han confabulado para armar una red mafiosa de encubrimiento y las pruebas estaban degradadas, destruidas así que no se pudieron hacer los cotejos como corresponde. Después de más de siete años todo se ha hecho a propósito para proteger a los asesinos de Paulina. Pero que no haya pruebas porque las han destruido no quiere decir que sean inocentes, ya se ha pedido que se eleve la causa a juicio oral en contra de los encubridores que son el secretario de Seguridad de la provincia, jefe y sub jefe de policía, esto tiene una gravedad institucional terrible, porque no estoy hablando de un funcionario cuatro de copas, es gente que está protegida por el gobernador Alperovich y que han hecho todas estas maniobras a sabiendas de él”, afirmó Lebbos.
El padre de Paulina denunció penalmente todo esto el 20 de abril de 2006, apenas dos meses después de la desaparición de su hija: “también hice entrar un expediente en Casa de Gobierno para que Alperovich conozca esta situación, pero el gobernador los sostuvo en sus cargos a todos, los ascendió, los protegió, porque, claro, obedecían sus órdenes para destruir las pruebas y para que no se sepa la verdad de lo que ocurrió con Paulina. No hay que olvidarse que Alperovich también dijo que ya sabía el nombre del asesino, que faltaban pocas horas para que lo atrapen y hasta ahora estamos esperando que diga el nombre”.
Siguen pasando los años y pareciera ser que en vez de encontrar justicia para Paulina se sumarán más responsables, ahora del encubrimiento. “Pero se va destruyendo esa muralla que ellos pretendían que iba a ser inexpugnable –advirtió Lebbos–, va cayendo ese muro de impunidad y esta gente, irá a juicio oral, yo espero que entonces digan la verdad y digan a quién estaban encubriendo porque sino se confabulan los tres poderes del Estado, porque los legisladores oficialistas de Tucumán también le han dado un blindaje de impunidad a los fiscales, al jefe de los fiscales, que no le han querido hacer juicio político. Ojo que a mí no me gusta atacar al Estado, pero son delincuentes disfrazados de legisladores, de secretarios de Seguridad, de fiscales, y de gobernadores, esa es la triste realidad. Espero que digan a quién protegían porque se van a comer 20 años de cárcel, nosotros vamos a hacer que les den la máxima pena que es 20 años de cárcel. Ellos han sido altos funcionarios del gobierno y ya está comprobado que han sido partícipes directos de las maniobras de encubrimiento”.

Marchar a viva voz
Al ser consultado sobre la realización de la llamada Marcha del Silencio el pasado 18 de febrero, convocada por un grupo de fiscales, Lebbos fue contundente: “a mí me parece de terror que los causantes de los problemas convoquen, nunca van a ser los responsables de la solución. Yo no creo en marchas asépticas, ni en marchas del silencio, nosotros vamos a marchar como lo hacemos siempre a viva voz, con firmeza, exigiendo justicia, que se termine la impunidad de los tres poderes del Estado, marchamos bien identificados porque queremos saber muy bien quiénes nos acompañan. Lo que pasa es que acá se ha producido ya un desastre total, qué nos queda al pueblo si vemos que los fiscales marcharon, porque si ellos quieren realmente honrar a la justicia que metan presos y procesen a todos los que se roban el patrimonio del pueblo. Acá tenemos al ministro de Salud de la Nación (Juan Manzur, que justo este 26 de febrero fue reemplazado en su cargo seguramente para entrar en campaña electoral), candidato a gobernador de Tucumán, uno de los multimillonarios que hay en el país y que hace 20 años que lo único que hace es trabajar en el Estado y ha acumulado una fortuna incalculable, y resulta que está investigado por enriquecimiento ilícito y los jueces o fiscales, nadie se anima a procesarlo, a que haya un proceso como corresponde, entonces lo que estamos pidiendo nosotros es que realmente cada uno cumpla con su función como corresponde, que los fiscales investiguen, que los jueces condenen y que no haya coronita, acá hay un montón de funcionarios públicos en Tucumán que están acusados de enriquecimiento ilícito y no avanza ninguna causa”.
En este sentido, Lebbos remarcó: “Hay participación directa de punteros políticos, de políticos, en todos estos delitos que denunciamos, entonces nosotros queremos que se termine eso. Nosotros marchamos, todas las familias que somos víctimas de hechos de impunidad, todos los conjuntos y colectivos sociales que demandamos que se termine esta violación sistemática de los derechos humanos”.

La convocatoria es para hoy 26 de febrero, a partir de las 20, en la Plaza Independencia de San Miguel de Tucumán. Marchas similares se harán en todo el país. En la ciudad de Buenos Aires será en la Casa de la provincia de Tucumán, ubicada en Suipacha 844.
 
Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article9387


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