Maten a Yalet:
protocolo para
un nuevo genocidio en el país
7 de octubre de 2015
7 de octubre de 2015
El
asesinato de Juan Martín Yalet el último 26 de agosto en la ciudad de La Plata,
luego de ser aprendido por el accionar conjunto de las fuerzas de seguridad
Policía Local, el Comando de Patrulla Comunal (CPC) y la Comisaría 9º, mientras
acababa de cometer una supuesta “entradera” en el barrio El Mondongo, reabrió el
debate en torno a la violencia sistematizada de las fuerzas represivas del
Estado en su accionar para el control del delito, mediante la vieja metodología
del gatillo fácil y las tácticas corporativas de ocultamiento de pruebas.
Por
ANRed
En diálogo con ANRed, Damián
Raboso (DR), integrante del CIAJ desde hace 5 años, responsable de prensa de la
entidad y Sofía Caravellos (SC), integrante del CIAJ y abogada de la causa por
el asesinato de Martín Yalet, junto a Analía Carrillo, nos presentan un análisis
sobre el hecho, que sirve como voz de alerta para un posible recrudecer de las
políticas represivas que los Estados municipales, provinciales o nacional pueden
desatar hacia los sectores más vulnerables: las juventudes y los trabajadores y
trabajadoras desocupados.
El Colectivo
de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) es una organización política que
trabaja en la promoción y protección de los derechos humanos. Su trabajo implica
tres líneas de acción: la Acción Jurídica –ofensiva y defensiva- en casos de
violaciones de derechos humanos; Capacitación a organizaciones sociales sobre
los ejes temáticos: Protesta social, Derecho
a la
Ciudad, Violencia policial y Género; y Comunicación, como proceso de producción
de discursos alternativos dentro de ese universo temático.
Aquí
presentamos la entrevista que resultó de este encuentro.
(...)ANRed:
¿Cuáles son los primeros resultados que arrojó la reconstrucción del hecho? ¿Qué
les llamó más la atención de los datos obtenidos?
SC: En
principio quedaron demostradas estas tres escenas, descartemos la primera que es
la “entradera”, que no es la más interesante, pero sí las otras dos: que tienen
que ver en primera instancia con el lugar de aprehensión, donde Yalet es
detenido y subido a un patrullero; y la segunda escena, que es en 2 y 62, en la
“ochavita”, donde el móvil policial se detiene y en principio, se ubicó la
escena del crimen.
En la primera
escena de crimen, lo que sucede es que están corridas todas las jerarquías
policiales. O sea, efectivamente, en la aprensión y en el traslado de Yalet al
patrullero, y en la permanencia de Yalet en el patrullero; esa escena, que está
rodeada de personal policial, custodiada por personal policial, está presente la
jerarquía del procedimiento. En el procedimiento de aprensión y traslado, está
presente.
Cuando esta
situación se traslada a la “ochava” de 2 y 67, la jerarquía queda corrida de la
escena y esto es lo que sucedió con la detención de estos ocho policías: donde
no se da la aprensión de oficiales de jerarquía superior. Mientras que en primer
lugar estaba la presencia de un comisario (Vargas), un sub-comisario (Garolla) y
un comisario inspector, nada más ni nada menos, que es Gandolfi.
Las pericias
van a estar luego, pero en ese lugar habría sucedido el disparo. Eso puede
corroborarse, porque en el lugar se encontró el núcleo de un proyectil, que
luego se determinará si es el mismo que terminó por perforar la cabeza de Yalet,
lo que es bastante probable por la ubicación donde se lo encontró; esto se
corresponde con otro dato, que tiene que ver con otros restos encontrados en el
lugar, de un proyectil, que la pericia balística se encargará de comprobar.
A raíz de esto
empiezan a tener otro protagonismo, otras jerarquías policiales, que son los que
estaban a cargo del operativo.
De lo que no
hay dudas tampoco, es que Yalet no podía tener el arma en la espalda, de ninguna
manera. Puede haber dudas si fue requisado en su totalidad: si el pecho fue
revisado, si la panza fue revisada, pero Yalet no pudo haber salido de esa
vivienda (donde fue aprendido) con un arma en la espalda. Si no estaba en la
espalda, no hubiese habido forma de que pudiera tomar un arma, porque estaba
esposado con sus manos en la espalda. De esto tampoco hay dudas, porque todos
los que lo requisaron, revisaron su espalda, vieron la faja, el color de la
faja, cuando lo esposaron fueron claros en que lo esposaron de atrás, y dijeron
cómo estaban las manos, cómo le pusieron la capucha, cómo él hacía algunos
movimientos con la cabeza. No había dudas de que él, cuando salió de esa casa,
salió sin nada en la espalda y esposado por la espalda.
Hay que decir
además, que hubo bastantes disputas jurisdiccionales entre lo que es el CPC y la
9º, respecto de quién tenía el control sobre ese detenido, sobre quién
finalmente detentaba el poder, el control sobre ese cuerpo; y finalmente, sobre
lo que no cabe duda alguna es quién lo ve por última vez con vida y cierra ese
patrullero, que es el Comisario Vargas.
ANRed: ¿Cómo continúa la causa? ¿Hacia dónde se
dirige la investigación?
SC: En
principio lo que
buscamos es abrirnos del relato policial, de
aquí la idea de poder convocar a los vecinos, hay fotos que muestran que había
una gran cantidad de vecinos presentes en el lugar; lo que vuelve totalmente
inverosímil creer que, entre casi medio centenar de policías, y tantos vecinos
presentes, nadie pudiera haber distinguido entre un disparo y la aceleración de
un camión o una piedra que golpea la chapa de un vehículo. Por formación y
entrenamiento, un policía debería poder distinguir el sonido del disparo de un
arma 9 milímetros.
Entonces, la
necesidad que tenemos es que se pueda comprobar la existencia de ese disparo,
más allá de que se hayan encontrado restos del proyectil, para ello es necesario
salirnos de ese relato policial, hacia un relato de la gente civil que estaba en
el lugar y que pudo oír o ver algo.
DR: Y
también la presencia de medios de comunicación en el lugar: estaba la Red 92,
las imágenes de Crónica TV. Nosotros solicitamos esas imágenes, que serían muy
importantes para la causa. Creemos que esas pruebas pueden echar luz sobre el
relato de lo que sucedió que ofrece la policía. Es decir, las imágenes pueden
servir para corroborar si existió un camión que atravesó una calles cortada por
vehículos, que pudo pasar por una calle estrecha entre otros autos estacionados
en el lugar; puede aportar a corroborar si verdaderamente existió un tercer
disparo y distinguir el sonido de ese disparo.
Entonces la
idea es poder encontrarnos con esos relatos. El pedido que hacemos, tanto a la
fiscal como a los vecinos que estuvieron presentes, es ese.
ANRed: ¿El objetivo final es demostrar la
existencia de un nuevo caso de gatillo fácil?
SC: No
tenemos ninguna duda de que es un caso más de gatillo fácil. Este es un término
acuñado históricamente y por eso lo seguimos usando. Pero aquí estamos hablando
de un contexto institucional y de corporación. Estamos hablando de un caso que
excede por mucho la individualidad de un sujeto que se excedió en sus funciones.
Para poder
dimensionarlo estamos hablando de casi 50 efectivos, de tres fuerzas de
seguridad, presentes en el lugar y que están teniendo una respuesta corporativa.
Es mucho más que el exceso de un funcionario policial, al cual “se le escapó un
tiro”. Estamos hablando de una respuesta corporativa, que no solamente aparece
por cómo declaran, cómo no escuchan el tiro, cómo van variando las
declaraciones, cómo están generando diferentes versiones para que se diluyan las
posibilidades de reconstrucción, cómo se van cubriendo distintas líneas entre
sí. Pero sobre todo, por cómo tienen la representación del Ministerio de
Seguridad.
Los imputados
comenzaron con un patrocinio, que no sabemos a quién respondía; los efectivos y
familiares y el grupo de policías que quieren la gremialización, hicieron
marchas en relación a este caso y a otros casos por la falta de apoyo político
que están teniendo los efectivos en otros procedimientos; y al día siguiente se
presentaron abogados del área legal del Ministerio de Seguridad, con domicilio
en calle 2 entre 51 y 53.
Sin ningún
tapujo los están representando, directamente, los abogados del Ministerio de
Seguridad. O sea, Granados dispuso, que el cuerpo de abogados de su ministerio,
los represente técnicamente en esta causa, que no solamente tiene que ver con el
triple agravamiento de un homicidio, sino además con la falsificación de
documentos públicos, que son las actas de recibimiento, que es la actividad
principal de la policía.
La
reconstrucción también versó sobre esto: todo lo que tuvo que ver con la
reconstrucción policial, todo lo que hicieron después del hecho los policías,
las actas que relataron la situación, que se consideran falsificadas. Sobre
esto, tampoco quedan dudas, de quien escribió también tiene que ver con la
autoridad.
Evidentemente
hay una corporatividad y una institucionalidad en toda esta operatoria. Nuestra
idea es, justamente, develar esta práctica además de la cuestión puntual del
gatillo fácil.
DR: Estamos
hablando de un asesinato, de un homicidio, a plena luz del día, frente a cámaras
de televisión, frente a vecinos, frente a altos mandos de la policía (el
comisario de la novena, el subcomisario de la novena, el jefe de distrito del
CPC). O sea, hay un contexto que necesariamente tiene que ser interpretado como
político, en el asesinato de Yalet. Y, estos ocho abogados, que están
defendiendo a estos policías imputados, en un caso de muchísima gravedad
institucional y con comprobados comportamientos contrarios a sus funciones, nos
habla de una verdadera dimensión política en todo esto y no lo podemos entender
de otra manera.
ANRed: ¿Quiénes participan durante la
reconstrucción?
SC: La
reconstrucción es una recreación d los testimonio. Lo que se hizo fue volver a
pedir a testigos e imputados que declararan escenificando su testimonio,
utilizando el escenario real donde ocurrieron los hechos y utilizando, incluso,
los móviles que habían sido utilizados en ese mismo contexto.
En esta
situación, las únicas dos personas que declararon y no eran policías, fueron la
dueña de la casa donde Yalet fue a hacer el robo y la dueña de la casa donde se
encontró en el fondo a Yalet.
Todos los demás
testigos, 22 en realidad, no se llegó a tomar todas las declaraciones que
estaban previstas que son cerca de 40, las 20 restantes eran policías.
DR: Si
se ven las fotografías del momento de la detención, la presencia policial es
fastuosa: cantidad de policías rodeando al móvil, haciendo como una especie de
biombo. Es realmente significativo ver esa imagen, porque si alguien no quiso
escuchar nada, cualquier cosa pudo haber sucedido. Estaban como tapando una
escena.
ANRed: ¿Este hecho puede ser entendido como la
antesala a una nueva escalada represiva por parte del Estado?
DR: Lo
que nosotros notamos, lo que verdaderamente nos preocupa y nos asusta, es lo que
está sucediendo a nivel social, los discursos sociales que se están echando a
rodar. Este es un país que sufrió un genocidio no hace mucho y que vivió otro
genocidio hace más tiempo atrás. Es un país que acarrea dos genocidios sobre sus
espaldas: primero los indios, después los subversivos y ahora el discurso, el
caldo que se está cultivando, es este de que “a los chorros hay que matarlos”.
Es un discurso que habilita a la muerte. Nosotros decimos, se está gestando un
consenso social para un protocolo del genocidio: la respuesta a la inseguridad,
la respuesta al sentido de desprotección ciudadana se encuentra en la
desaparición del otro, en donde la expresión más cabal de esto es el
linchamiento.
Esto nos marca
la pauta a nosotros de un consenso social, que en un contexto de crecimiento de
mano dura, puede significar algo extremadamente grave.
SC: Nosotros
estamos atentos a todo lo que está pasando en ese barrio en particular (barrio
EL mondongo, zona Hospital San Martín), el Diario El Día está sacando desde hace
semanas que en esa zona está operando “la banda de los nenes”; además, hay
muchos grupos vinculados a la protección de los derechos de los niños que
plantean que hay muchos chicos que frecuentan esa plaza (Plaza Matheu 1 y 66),
zona vinculada con la droga y la venta de droga, vinculada con la zona roja.
Entonces,
pedirle a los vecinos que contemplen la situación de los pibes, contemplen la
situación de las chicas trans, entendemos el grado de saturación que tiene toda
esa zona pero también entendemos cómo opera la policía en todo ese relato y cómo
interviene en ese contexto, para hacer perfectamente la administración de su
negocio o de otros sectores que no necesariamente tienen que ser la policía
exclusivamente.
Estamos atentos
a este discurso, y vemos cómo opera ese discurso. Esto salió mucho en la
reconstrucción cuando se decía que “en buena ley murió”, “qué bueno que lo
mataron, porque sale al día siguiente”.
En este
contexto Yalet termina siendo la concentración de todo ese desgaste, de todo ese
malestar, que los vecinos vienen soportando y que vienen operando desde los
medios de comunicación, la policía, los políticos, etc.
ANRed: ¿Cuál es próximo paso formal a seguir
después de la reconstrucción?
SC: Lo
que empezamos a hacer al día siguiente de las declaraciones es pedir a los
medios que colaboren con información, con grabaciones, con audios, para
reconstruir el disparo, el sonido del disparo y la hora del tercer disparo, y
determinar dónde ocurrió y así identificar que el personal implicado es el que
se encontraba en el lugar rodeando al patrullero.
Insistimos en
que se cite a declarar a los vecinos, que no lo hicieron. Hay gente que escuchó
un ruido, a lo que la policía les dijo que era un camión. Empezaron a decir
esto, luego de que la policía les dijera que se trataba de un camión, esa
versión se construyó.
Y después
corroborar todas las pericias balísticas, para llegar a alguna imputación.
Nosotros no queremos que esto termine desarmándose en las veinte o cuarenta
versiones que están generando desde las esferas policiales, que buscan generar
la imposibilidad de reconstruir una única versión, que es otra forma de diluir
responsabilidades.
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