Problemáticas de la tierra en el Ecuador
2 de julio de 2015
2 de julio de 2015
Introducción
El
presente documento pretende mostrar una panorámica actual de lo que sucede en
el país en relación a la
Revolución Agraria –propuesta por el régimen de turno– y su
forma de pago de la deuda histórica con el campo. Bajo esa perspectiva,
abordaremos las demandas por la tierra desde el análisis de su acceso por parte
de campesinos y sectores terratenientes, que influye directamente en la
estructura de la tenencia de la tierra; cómo está repartida, disponibilidad de
mano de obra, empleo y déficit. Abordaremos los datos con los que cuenta este
documento para argumentar la situación de la tenencia de la tierra y sus
problemáticas de acuerdo a: la tierra y acceso, tierras y uso, tierra y empleo,
tierra y mujeres y los sin tierra.
Tierra y acceso
De
acuerdo a los datos del III Censo Agropecuario de 2001, 94,53% de la tierra en
el Ecuador se encuentra bajo un régimen de propiedad privada con cerca de
11'680.469 has, superficie sobre la cual se extienden 828.267 unidades
productivas agropecuarias (UPAs) – 98,27%–, distribuidas entre grandes,
pequeñas y medianas. Por su parte, la propiedad comunal sobre la tierra posee
602.862 has, con 13.408 UPAs y, 73.261 has, con 1.228 UPAs son propiedad del
Estado. ¿Cuáles son las relaciones sociales, económicas y políticas bajo esta
lógica de propiedad privada, comunal y estatal? ¿Qué cantidad de tierra poseen
los productores? ¿En qué se usa la tierra? ¿Qué modelo de agricultura
promueven? Las respuestas a estas interrogantes nos permitirán describir el
contexto en el que se desarrollan las demandas por la tierra en el país.
Las
modificaciones de este índice en casi una década, son de 0,77 a 0,78, con una
tendencia hacia la reconcentración de la tierra –0,83 en el 2006– manifiestan
una línea de continuidad en la falta de políticas públicas que busquen la
desconcentración y promueva una reforma agraria integral, que no sólo entregue
tierra sino que atienda una serie de demandas en función a garantizar la
soberanía alimentaria. Si el índice de Gini revela los altos niveles de
desigualdad en el acceso a la tierra -0,78 en 2012-, también se evidencia la
alta concentración de este recurso; mostrando cómo está distribuida la tierra
entre los diferentes tipos de propietarios. Así lo mostraremos a continuación.
En noviembre de 2014, la Senplades1 empresarial representa el 15% de
las UPAs y concentra el 80% del suelo cultivable(Senplades, 2014).
En los
últimos años el Ministerio de Agricultura (MAGAP), ha ensayado otras
metodologías para identificar a las unidades productivas agropecuarias, donde
la propiedad de tierra2 A pesar de los esfuerzos que hace el sector público y
privado por eludir el problema de la concentración y reconcentración de la
tierra, en 2013 la ESPAC muestra el déficit de tierra que tienen las pequeñas
propiedades, pues al analizar el porcentaje de superficie de tierra al que
acceden los productores pequeños, medianos y empresariales las diferencias son
notorias, el promedio de superficie de tierra de los pequeños agricultores es 8 ha , frente a las 60 ha de la agricultura
empresarial. no es el elemento determinante en el análisis. Entre 2013 y 2014,
se construyen tres tipos de productores: pequeños, medianos y empresariales;
dicha tipología está basada en variables como el nivel de ingresos, lugar de
residencia del propietario/a y tipo de mano de obra; los resultados obtenidos
muestran que existirían en el Ecuador alrededor de 772.466 UPAs, de las cuales
el 55% pertenece a pequeñas agriculturas, el 40% serían medianas y el 5%
pertenecen a empresas.
De
acuerdo con la información, se evidencia una estructura desigual sobre la
propiedad de la tierra en el campo; pudiéndose aseverar que durante los últimos
50 años no se han registrado cambios significativos en la relación: “control de
la tierra y poder políticoeconómico”, lo que mantiene presentes las demandas
por la tierra desde los sectores campesinos. Para Guerrero (1991) el monopolio
de la tierra otorgaba a los hacendados un enorme poder de clase, económico,
político e ideológico que se ejercía en la esfera agraria3.
En la
provincia costera de Los Ríos, uno de los territorios con mayor desarrollo
agroindustrial,–que aporta con 22% de la producción nacional de palma africana
y con 50% de la producción nacional de maíz amarillo duro–, el gobierno
provincial no se propone políticas de redistribución de la tierra; la
concentración de este recurso en la provincia presenta niveles alarmantes:
apenas el 5% de los productores controla el 47% de la tierra productiva con un
promedio de tenencia de la tierra de 50 hectáreas por
productor. Como meta para fomentar el desarrollo económico, se piensa en
impulsar acuerdos públicoprivado para incentivar la agroindustria y generar
encadenamientos productivos (GAD Los Ríos, 2012). ; en la actualidad, quienes
concentran la tierra, propietarios ligados al agronegocio y la agroindustria
tienen representación en la esfera pública legislativa y en gobiernos locales
decidores de las políticas productivas (Quevedo, Como decíamos, la
concentración de la tierra no sólo provoca altos niveles de desigualdad y
pobreza a las poblaciones campesinas; también deteriora el medio ambiente y
desgasta el suelo, ya que la incidencia de las medidas políticas y económicas
sobre la propuesta de desarrollo para el campo tiende hacia el monocultivo y la
ganadería intensiva4.
El cantón
Mocache constituye uno de los ejemplos del impacto del modelo agropecuario
destinado para la exportación y la elaboración intensiva de balanceados. En
estos territorios se grafican los efectos de aquellos incentivos a la
agroindustria, 67% de los productores son “beneficiarios” del combo agrícola5
que, en su mayor proporción, se destina para la producción de maíz amarillo
duro; 37% de productores están encadenados a este cultivo y el 43% del suelo se
usa para la producción de balanceados, alimentos para pollos y cerdos.
La
concentración de la tierra, tiene que ver tanto con la capacidad de ser
propietario del suelo productivo como con la posibilidad de arrendarlo; pero
además, existe la concentración de la renta de la tierra que está relacionada
con el encadenamiento de la producción –agricultura bajo contrato–; todos como
mecanismos de subordinación de la autonomía campesina sobre el qué producir y
cómo hacerlo, es decir, las familias campesinas pierden la posibilidad de
decisión sobre el uso de la
tierra. En este sentido, las políticas públicas de fomento a
la producción, establecidas entre la alianza pública-privada define lo que se
debe producir y su forma, mecanismos por medio de los cuales los campesinos son
“integrados” disciplinadamente al monocultivo. Estos elementos que muestran la
relación entre la propiedad de la tierra y el poder políticoeconómico –caso del
maíz en Mocache– encadenan a los productores promoviendo la explotación de la
fuerza de trabajo y la entrega de parte de sus ganancias a las mismas empresas
comerciales que les venden la semilla y los insumos químicos, y que compran su
producción a precios impuestos.
Tierras y uso
Por estas
razones, creemos que no se pueden comprender las demandas de la tierra en el
Ecuador sin considerar la estructura actual de la tenencia, las condiciones de
acceso a la tierra y los usos el suelo. De esta forma, se retoman y actualizan
las demandas realizadas por las organizaciones de campesinos sobre la importancia
de mayores niveles de acceso a la tierra debido a la gran desigualdad que tiene
el régimen de propiedad. Las organizaciones también luchan por disputar el uso
de la tierra que se encuentra directamente influenciado por la presencia del
complejo agroindustrial y el agronegocio en los territorios, promovidos por una
serie de políticas públicas. Al 2013, un 30% de la tierras en el Ecuador
corresponde a bosque y monte, el 27,44% de la superficie se destina a pastos
cultivados, los pastos naturales representan 13,80%; por su parte, los cultivos
permanentes representan 12,49%, cultivos transitorios y barbecho representan
8,53%, los páramos ocupan 4,18%, la tierra en descanso se ubican en 1,63% y
1,84% se destina para otros usos. En cuanto a la superficie “exclusiva” para
uso agropecuario, la región de la costa tiene 44,93%, la sierra un 37,73% y el
oriente el 17,34% (INEC-ESPAC, 2013). Resaltamos que la mayor concentración de
la tierra se encuentraen la costa, mientras que en la sierra existe un elevado
número de pequeñas propiedades, denominadas “minifundios”. Aproximadamente, 20%
de la tierra en el Ecuador estaría destinada para cultivos permanentes y
transitorios, cuyo uso está ligado al cultivo de productos que se destinan para
la exportación y otros minoritariamente, para el consumo local donde el capital
campesino tiene poca presencia. Los cultivos permanentes que predominan son el
cacao, el banano y la palma africana; mientras que la caña de azúcar se consume
a nivel local, los cultivos transitorios como el arroz y el maíz duro y la
actividad de barbecho, representan la mayor extensión de tierra y se
desarrollan, bajo una lógica de encadenamientos agroindustriales. La lógica
productiva de monocultivo está relacionada con el uso intensivo del suelo para
mantener y mejorar constantemente sus rendimientos, de tal manera que necesita
de la aplicación de fertilizantes que le permita generar mayores niveles de
productividad, lo que la vuelve una agricultura dependiente. En los cultivos
permanentes y destinados para la exportación, más de 50% de la producción de
cacao, 80% del banano y 90% de la palma africana utilizan fertilizantes; en
cultivos para el consumo interno apenas 2% de la producción nacional de arroz y
1% de tomate riñón, no utilizan fertilizantes. En este mismo sentido, entre el
año 2000 y 2013 se triplica el valor en miles de dólares por pago a las
importaciones de abonos, insecticidas, herbicidas y fungicidas, pasando de 159.749 a 504.782 dólares
(Senplades, 2014). Determinadas formas de aprovechamiento de la tierra tienen
implicancias en la salida de divisas, deterioro en la fertilidad del suelo,
contaminación de ríos, impactos negativos en la salud de los trabajadores de
las plantaciones, y de aquellos cuya vivienda, colindan con bananeras o palmeras
debido a las fumigaciones aéreas. Este comportamiento en el uso de la tierra
que destina el suelo productivo para cultivos de exportación, alimentos de
animales, aceites vegetales, entre otros, y genera una reducción de la
superficie productiva de alimentos de la dieta básica nacional que es
remplazada por pastos o cultivos para la exportación, atentando contra la Soberanía Alimentaria
de los pueblos6; pues mientras crece la superficie y productividad de cultivos
agroempresariales como el banano, maíz, arroz y cacao; por su parte, el café,
la cebolla, papa y tomate son cultivos que decrecen.
Tierra y empleo
La
dependencia que la agricultura empresarial genera impacta directamente con las
posibilidades de generar empleo, salarios dignos y condiciones estables para
los campesinos asalariados. La oferta supera a la demanda de mano de obra en el
campo.
En el
Ecuador, según información oficial del Ministerio de Agricultura (2013), cerca
de 1.705.372 personas están ocupadas en actividades agropecuarias, de las cuales,
1.388.191 habitan en zonas rurales y representan el 62% de la población
económicamente activa rural (PEA); mientras que 317.181 personas que viven en
el área urbana7 A pesar de ser un número importante de personas dedicadas a las
actividades agropecuarias –en 2013– se comprueba un descenso con respecto a los
ocupados en la agricultura que representaban para el año 2007 cerca de 70% de
la PEA del área rural; lo que muestra la tendencia estructural de
desplazamiento de la mano de obra “campesina”en edad de trabajar y, sobre todo,
jóvenes hacia otras actividades económicas como el comercio o la búsqueda de
opciones laborales “mejores”. dependen de actividades económicas agropecuarias.
En esta misma línea de descenso de la población en el campo nos encontramos que
los censos agropecuarios muestran que para el año 1974, 5% de los productores
tenían menos de 25 años de edad; mientras que, tres décadas después,
representan aproximadamente 1%; situación que provoca serios inconvenientes en
la transmisión de las experiencias de las actividades agrícolas. En la
actualidad, 27% de los campesinos y campesinas bordean la tercera edad (MAGAP,
2013-2017), mostrando un sector productivo con poca capacidad de relevo
generacional. En 2013, según el INEC8 7 Hacemos referencia a aquellos
habitantes de los centros poblados urbanos que trabajan en plantaciones
agrícolas, como asalariados o jornaleros. El caso del cantón Cayambe es un buen
ejemplo de “citadinos” migrantes de la costa que viven en el centro urbano de
Cayambe pero trabajan en las florícolas. , la estructura de género de la PEA
rural está compuesta por 64% de hombres y 36% de mujeres; mientras, la mayor
parte de los ocupados en el campo se dedican a actividades agropecuarias
distribuidas de la siguiente manera: “35% lo hace por cuenta propia, el 23%
trabaja como jornalero, el 17% es trabajador/a del hogar no remunerado y el 16%
es empleado privado. Muchos de estos trabajadores enfrentan inconvenientes en
la calidad del empleo, pues cerca del 76,9% estarían subempleados” (Senplades,
2014: 149). Cultivos como la palma africana, que ha crecido en su superficie
cosechada durante los últimos 10 años ha pasado de 112.742 ha , en el 2000
hasta las 218.833 ha ,
en 2013; dicho cultivo genera muy poco trabajo por hectárea y no ofrece las
condiciones laborales estables para la mano de obra campesina. El uso de la
tierra para cultivos destinados para la exportación no garantiza la absorción
de la oferta de trabajo que existe en el sector rural.
Tierra y mujeres
La
situación de las mujeres y el acceso a la tierra tiene la particularidad de
relacionar tanto la explotación de la mano de obra con la violencia de género
que impone el modelo de desarrollo capitalista para el campo; no solo no
acceden a la tierra, sino que, aquellas mujeres que podrían hacerlo están
excluidas por el marco jurídico y las relaciones sociales patriarcales. Las
mujeres en el campo no son titulares de derechos de propiedad porque la
sociedad conyugal reconoce como propietario a su pareja masculina. Según el MAGAP
(2013), 24% de las UPAs son administradas por mujeres. Este dato es de gran
importancia cuando se establece que cerca de 50% de estas mujeres están a cargo
de aquellas unidades de producción de pequeña y mediana agricultura donde hay
un menor acceso a la tierra; de ellas, 68% se encuentran en la sierra, 25% en
la costa y 7% en la
Amazonía. De las mujeres que trabajan en el campo, 33% lo
hacen por cuenta propia, 15% como trabajadoras no remuneradas, cerca de 3% como
jornaleras y 29% como empleadas privadas. El nivel de informalidad en el empleo
y las ocupaciones varias que tienen las mujeres en el sector rural, muestra que
trabajan 22 horas más a la semana que los hombres y 7 horas más que las mujeres
de la ciudad (Pérez, 2007). Este tiempo de trabajo no es reconocido como
productivo. A pesar de estas condiciones, las mujeres en el campo cumplen un
papel fundamental: por un lado, están a cargo de la economía del cuidado,
participan en actividades organizativas y solidarias; por otro lado, asumen
responsabilidades en la producción de alimentos, conservación de semillas e
intercambios de productos. Sin embargo, se encuentra en situación de
desequilibrio en el acceso a la tierra (Altamirano, Aguinaga, & Torre,
2013). A pesar de estas condiciones de subordinación, las mujeres han elevado
su participación en espacios de organización y militancia política, lideran
procesos reivindicativos de acceso a mercados, respeto al derecho de las
mujeres, lucha por la tierra y el agua.
Los sin tierra
El “Plan
de fomento del acceso de tierras a los productores familiares en el Ecuador:
Plan Tierras” elaborado por el Ministerio de Agricultura en el 2010, menciona
que existen en el país 200.000 familias sin tierra y 237.000 familias
minifundistas que demandan mejores condiciones para acceder a suelos
productivos. Para cubrir tal demanda se debe entregar a cada una de estas
familias cerca de 5 ha ,
y para cumplir tales objetivos se requiere de 2´185.000 ha (MAGAP, 2010).
El
déficit de tierra para los campesinos está estrechamente relacionado con la
concentración y al acaparamiento de tierra en pocas manos;, apenas un 15% de
las UPAs concentran 80% del suelo cultivable; además, el uso que se le da a
esta tierra sirve, en su gran mayoría para el mercado externo, promoviendo una agricultura
dependiente de los precios del mercado internacional, de la importación de
insumos químicos; y es depredadora de la naturaleza y promotora del subempleo
rural. El Estado ha planteado el respeto a la propiedad privada y la promoción
de la productividad de los predios como principios para la mejora de la
competitividad del sector agropecuario; en este mismo sentido, ha sugerido
hacer una redistribución a los campesinos de las tierras de propiedad pública.
Según información oficial, el Estado posee menos del 1% de la tierra productiva,
que son aproximadamente 73.261 has9 Sin embargo, se ha logrado identificar que
existen 780.000
hectáreas en fincas de más 1000 has, y casi 2 millones
de hectáreas en otras unidades productivas entre 100 y 1000 has; para ello, el
Estado para garantizar la redistribución de estos predios y combatir la
concentración debería recurrir a mecanismos como la presión fiscal, alquileres
garantizados, venta de común acuerdo y la expropiación (MAGAP, 2010: 08); esta
información muestra lo inviable de la propuesta de “justicia social” y
redistribución que incorpora el gobierno en sus discursos sobre el campo.
Finalmente, varias organizaciones sociales han identificado que existirían en
el país 700.000 predios rústicos sin título de propiedad donde los campesinos
aparecen sólo en calidad de posesionarios; algo que les dificulta acceder a
créditos para el fomento productivo (Red-Agraria, 2012). Algunas problemáticas
Como síntesis, podemos observar que son varias las problemáticas sobre la
tierra que se explican en función del monopolio de este recurso natural y
productivo que se conserva en pocas manos: Primero, el acceso a pequeñas
extensiones de tierras, no resuelve la deuda histórica con campesinos, las
pocas modificaciones legislativas mantienen la tenencia de la tierra en muy
pocas manos. Segundo, la concentración de la tierra determina el uso que se le
da al suelo: promover el monocultivo para la exportación, la producción para
balanceados – caso del maíz– y agrocombustibles, quiebra la autonomía de los
campesinos, tanto en sus formas organizativas como en aquellas de la
producción.
Tercero,
las políticas públicas en torno al acceso y el uso de la tierra son la muestra
de la alianza entre el poder público y el privado, interesados en la
acumulación de renta de la tierra y la extracción de recursos y mayor capital.
Cuarto, el modelo de desarrollo agropecuario capitalista que promueve la
propuesta de la
Revolución Agraria , incentiva la concentración de la tierra,
la inversión pública, la adquisición de maquinaria y los paquetes tecnológicos,
entre otros, y promueven una agricultura dependiente de factores externos.
Quinto, el problema de la tierra en el país, según el gobierno no tiene que ver
con los niveles de concentración, sino con la improductividad de los predios,
es decir; el problema de resolver la pobreza en el campo no tendría relación
con la redistribución de tierras, sino con las formas de aumentar su
productividad. Estas son algunas de las problemáticas que devienen y dan cuerpo
a las demandas de las organizaciones de campesinos y campesinas.
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1 Esta
institución es el órgano que planifica el Estado ecuatoriano, creada en el
2004, pero mediante decreto Ejecutivo No.103 del 22 de febrero de 2007, se
fusionó con el Consejo Nacional de Modernización del Estado, CONAM; y la Secretaría Nacional
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, SODEM; lo que lo constituye como
órgano central de la reforma institucional de la Revolución Ciudadana.
publicó la Estrategia para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza, y en su
apartado sobre el Buen Vivir Rural menciona que en el país aún existe un modelo
de desarrollo agropecuario excluyente para el campesinado y acaparador de la
tierra cultivable; la pequeña y mediana agricultura representan el 84,5% de las
UPAs y controlan el 20% de la superficie de tierra, mientras que la agricultura.
3 Andrés
Guerrero manifiesta que la hacienda no solo concentraba la tierra sino que su
poder le permitía dominar el conjunto de las formas de producción de la
estructura agraria (Guerrero, 1991). , “disminuye las propiedades físicas,
químicas y biológicas para la producción de la soberanía alimentaria (…), el
37,5% de los suelos en el país presentan baja concentración de materia
orgánica” (Senplades, 2014: 158).
4 Según la
Senplades la producción de leche aumentó en un 19,2% entre el 2007 y 2012
5 Los kits
agrícolas contienen semillas de arroz, maíz, soya y urea, mientras que los
pecuarios incluyen semillas de pasto, fertilizantes e insumos veterinarios
(antibióticos, analgésicos y reconstituyentes), paquetes tecnológicos que son
parte del programa estatal denominado “Plan Semillas de Alto Rendimiento”, que
busca el aumento de la productividad de los pequeños campesinos de la zona
costera y del sur de la sierras nacional que tengan menos de 10 hectáreas . El
Estado subsidia aproximadamente 241 dólares por hectárea, del total del valor
de paquete de alto rendimiento que tiene un costo de 600. Ver: http://www.agricultura.gob.ec/plan-de-semillas-de-alto-rendimientobeneficaira-a-pequenos-productores-de-maiz-y-arroz/
Bibliografía:(…)
Fuente:
http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Problematicas_de_la_tierra_en_Ecuador
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