martes, 25 de noviembre de 2014

II. Pongamos en discusión la exigencia de “conquista del gobierno y manejo del estado” para los cambios sociales. A través de:

Miradas pos-desarrollistas
19 de noviembre de 2014

Por Claudio Katz (especial para ARGENPRESS.info)
La realidad del subdesarrollo
(…) Escobar rechaza las convocatorias usuales al desarrollo de América Latina. Considera que esos llamados recrean la “invención del subdesarrollo” que construyeron los colonialistas y repiten los colonizados (Escobar, 2010a).

Pero esa visión conduce a presentar el status objetivo del atraso latinoamericano como un simple imaginario, difundido por los poderosos y convalidado por los subordinados. Olvida que el subdesarrollo no es una creencia, un mito o un discurso, sino una terrible realidad de hambre, baja escolaridad y pobreza.

Este desconocimiento conduce a evadir el grave problema que afronta una región relegada. Durante siglos los principales intelectuales latinoamericanos constataron ese atraso. No priorizaron la temática del desarrollo por atadura a un relato emanado de Occidente, sino por las duras vivencias experimentadas en todos los países.

Escobar elude este dato. Se limita a evaluar discursos, sin conectar esos enunciados con el drama rector del subdesarrollo. Por eso divorcia la exposición verbal del problema de sus manifestaciones materiales directas, omitiendo las falencias específicas de América Latina.

La región no sólo necesita -como todas las sociedades del planeta- encontrar un camino de desenvolvimiento que preserve el medio ambiente. También debe incrementar la satisfacción general de las necesidades básicas y reducir -con desarrollo- la distancia que la separa de las economías avanzadas. Frenar el desastre ecológico es una meta de primer orden tanto para Haití como para Suiza, pero erradicar el atraso no es tarea común a ambos países.

Escobar denuncia acertadamente las consecuencias destructivas del capitalismo contemporáneo. Pero esa constatación no alcanza para evaluar el impacto diferenciado de ese deterioro en el centro y la periferia del sistema. Tampoco permite deducir los cursos de acción necesarios para remediar esa demolición.

Al igual que el resto de la periferia, América Latina debe combinar las protecciones ambientales con la aceleración del crecimiento. Si el subdesarrollo es visto como un mero relato de la modernidad, no hay forma de encontrar propuestas que sinteticen las salvaguardas ecológicas con la superación del retraso económico.

Industrialización y eco-socialismo
La evaluación del escenario regional con parámetros exclusivamente centrados en el medio ambiente impide registrar las prioridades de industrialización. Este objetivo exige ante todo descartar las estrategias de protección de la naturaleza basadas en la reducción del crecimiento. Todos los países necesitan con urgencia intensificar el ritmo de su expansión productiva.

Esa aceleración requiere utilizar parte de los recursos naturales en proyectos de exportación que permitan financiar ese desenvolvimiento. La discusión con el neo-desarrollismo debe girar en torno a los protagonistas y sistemas sociales que permitirían alcanzar ese objetivo.

Muchos autores pos-desarrollistas olvidan esa prioridad en sus críticas a la “ideología productivista de la izquierda”. Esos cuestionamientos deberían ser planteados con mayor cuidado.

Ciertamente existió una tradición soviética de industrialismo taylorista que desconocía los efectos contaminantes del crecimiento intensivo. Pero ese modelo fue anterior al actual reconocimiento del deterioro ambiental y no estuvo motivado por el apetito de la ganancia o la presión competitiva. Esta diferencia cualitativa con el modelo capitalista no es un dato menor. Tampoco es secundario el antecedente que ofrece esa experiencia para los procesos acelerados de industrialización que podrían implementar los países periféricos.

América Latina necesita gestar un modelo productivo para superar sus carencias económico-sociales. Reconoce esta urgencia industrial no implica avalar el extractivismo. Sólo induce a conciliar las políticas de sustentabilidad ambiental con las estrategias de desarrollo.
Se debe compatibilizar la protección de la naturaleza con la creación de empleo y con la generación de las divisas requeridas para sostener un modelo de crecimiento.

Para implementar ese esquema hay que establecer distinciones en las formas de procesar los recursos naturales. En este terreno son esclarecedoras las investigaciones de varios autores que han establecido diferencias entre la minería y el extractivismo. Demuestran que dinamitar montañas a cielo abierto o contaminar las napas con cianuro, no es la única forma de obtener minerales (Gudynas, 2013).


Las principales controversias aparecen frente a las concepciones más extremas que ignoran la imperiosa necesidad de la industrialización. Partiendo de ese desconocimiento se limitan a promover iniciativas de economía comunitaria y cuestionan las políticas de desarrollo centralizado y protagonismo de empresas estatizadas.

Estas visiones suelen recaer en imaginarios “Eldoradistas” de endiosamiento de la naturaleza y mistificación del mundo rural. Exaltan la agricultura tradicional y olvidan que cualquier práctica económica necesariamente afecta al medio ambiente.

Estos enfoques ignoran, además, la existencia de alternativas progresistas de crecimiento selectivo, basadas en jerarquizar la producción de los bienes sociales en desmedro de las mercancías prescindibles. Una discriminación de ese tipo permitiría, por ejemplo, sustituir paulatinamente los combustibles no renovables por la energía solar.

Ese viraje podría comenzar reduciendo la fabricación de los productos dañinos y acotando el dispendioso consumismo privado. El puntapié de ese giro podría ser el progresivo reemplazo del automóvil individual por formas de transporte colectivo. (…)
Claudio Katz es economista, investigador del CONICET, profesor de la UBA, miembro del EDI.
Notas: (…)
Fuente: http://www.argenpress.info/2014/11/miradas-pos-desarrollistas.html

Claudio Katz reconoce como drama rector al subdesarrollo y prioriza la industrialización para superarlo. Pero, además, plantea: “Todos los países necesitan con urgencia intensificar el ritmo de su expansión productiva. Esa aceleración requiere utilizar parte de los recursos naturales en proyectos de exportación que permitan financiar ese desenvolvimiento. La discusión con el neo-desarrollismo debe girar en torno a los protagonistas y sistemas sociales que permitirían alcanzar ese objetivo”. Es decir, su visión es como la del capitalismo, persigue alcanzar a las potencias y hasta se identifica en la justificación. En efecto, advierte: Se debe compatibilizar la protección de la naturaleza con la creación de empleo y con la generación de las divisas requeridas para sostener un modelo de crecimiento”.
Concibe de igual manera al gobierno y al Estado, supone que es cuestión de llenarlos de otros sujetos. Afirma respecto a las defraudaciones electorales: “la continuidad obedece a la preservación de los intereses capitalistas por parte de las elites, que se suceden en el manejo del estado. Si esas clases y capas privilegiadas son desalojadas del poder y sustituidas por representantes de los oprimidos es posible construir otro estado y comenzar la construcción de otra sociedad”.

Reflexionemos sobre qué piensa respecto a gobiernos de Nuestra América:

  • “El extractivismo es una característica común de administraciones derechistas, centro-izquierdistas y radicales. Todos se han amoldado a la reinserción internacional de la región como abastecedora de insumos básicos. ¿Corresponde por lo tanto situarlos en un casillero compartido de extractivismo?

    Algunos partidarios del pos-desarrollismo tienden a resaltar esa uniformidad, en sus cuestionamientos frontales a los presidentes que avalan el proyecto primarizador (Dávalos, 2013).

    Escobar se inclina por una postura intermedia. Rechaza la opción desarrollista de todas las administraciones, pero declara su simpatía con la propuesta del Buen Vivir que promueve Correa y con las políticas generales que implementan Maduro, Mujica y Kirchner (Escobar, 2013, 2010a).

    Esta ambivalencia confirma la dificultad para elaborar respuestas políticas, a partir de razonamientos exclusivamente centrados en la problemática del medio ambiente”.
     Aun cuando sólo fuese lo último, es prioritario valorarlo en cuanto no es algo ajeno o superfluo a la vida y dignidad de los pueblos, por el contrario hace a su cotidianeidad, salud y sus condiciones futuras tanto de vida como de trabajo. También es prevenir sequías e inundaciones y otras catástrofes socioambientales por los desequilibrios ecológicos que acarrean los megaemprendimientos. Otra manifestación de que el capitalismo central avanza a costa de sacrificar a nuestros pueblos es que Suiza en nada comparte el drama existencial de Haití.

    Pero el extractivismo no se restringe a arruinar el medioambiente, es ante todo un modo de producción y desarrollo.
    Claudio Katz lo menciona al comenzar su ensayo: “Diversos exponentes del pensamiento radical han formulado en los últimos años críticas contundentes al desarrollismo. Estos cuestionamientos objetan el extractivismo y los modelos de crecimiento a cualquier precio. Destacan especialmente los efectos devastadores de la agro-exportación y la minería a cielo abierto que impera en América Latina. Ambas actividades constituyen el pilar de un curso económico regresivo implantado a mitad de los 80. (1)

    Ese patrón de acumulación refuerza la condición dependiente de la región y su inserción periférica (o semiperiférica) en la división internacional del trabajo. Consolida la desposesión de las mayorías populares, refuerza el desempleo y favorece a las empresas que lucran con la precarización del empleo”.

·         “El generalizado extractivismo que impera en América Latina apunta en cada país a propósitos específicos. Las administraciones neoliberales convalidan la tajada obtenida por los bancos, las empresas transnacionales y los capitalistas locales de la agro-minería. Los mandatarios neo-desarrollistas equilibran ese destino con subvenciones a la burguesía industrial e inversiones en el mercado interno. Los gobiernos nacionalistas radicales restringen esos beneficios, para intentar mejoras sociales con políticas de redistribución del ingreso.

Entre los neoliberales la explotación de los recursos naturales está plenamente amoldada al libre-comercio, la desregulación financiera y las privatizaciones. Cualquier resistencia popular a la depredación del medio ambiente es respondida con brutalidad policíaco-militar.

En el modelo neo-desarrollista ensayado en Argentina, el extractivismo se concentra en la soja. La expansión de ese cultivo se consuma podando bosques, fumigando superficies, desplazando la ganadería y destruyendo la agricultura diversificada.


El intento oficial de incrementar la apropiación estatal de la renta sojera -mediante mayores impuestos- provocó un gran conflicto con el agro-negocio en el 2008. El gobierno perdió esa batalla y también la fuente de recursos para su intento de reindustrialización. Por esta razón, una vez agotada la recuperación pos-2001, se apagaron los motores del desarrollo.

Ese fracaso coincidió, además, con el afianzamiento de políticas destructivas del medio ambiente en el terreno de la minería y el petróleo. Pero es importante registrar la fallida pretensión industrial-neo-desarrollista del modelo argentino, para comprender sus significativas diferencias con el esquema neoliberal peruano (Katz, 2014)”.
Es una lectura casi K de la postconvertibilidad. Las pocas agro-exportadoras fueron las principales beneficiarias y determinantes de la consecución del doble superávit, comercial y fiscal, que funcionaron como pilares de sustentabilidad del modelo. Respecto al intento de reindustrialización, Martín Schorr, coautor junto a Daniel Azpiazu del libro Hecho en Argentina. En diálogo con Cash señaló: “(…) En el plano productivo hay una industria fuertemente ligada al procesamiento de recursos naturales, que está poco integrada al resto de la estructura económica.

¿Y eso qué consecuencias trae?
–Que en su crecimiento es muy poco lo que traccionan. En paralelo, estas industrias (alimentaria, aceitera, de aluminio, de acero, automotriz y química) están controladas, en buena medida, por grandes capitales. Por eso, con la reactivación post-convertibilidad del sector se recrudeció el proceso de concentración que se viene dando desde mediados de los ‘70.
con la reactivación post-convertibilidad del sector se recrudeció el proceso de concentración que se viene dando desde mediados de los ‘70.
¿Cuáles son las causas de la herencia de ese modelo?
–No hubo política industrial. Es cierto que hay un entorno macro favorable, la cuestión es si con eso alcanza. En ausencia de políticas que definan la inserción de la Argentina en el mundo y, en ese marco, de políticas tendientes a un cambio en la oferta exportadora, se consolida el statu quo. Y desde el 2007 hasta hoy, la balanza comercial en la industria es deficitaria. Entonces, los actores del campo, los de la minería y del petróleo financian al resto de la industria. Un modelo supuestamente industrial terminó consolidando el poder de veto de actores poco o nada industriales, que son los únicos que generan las divisas que demanda el sector llamado a ser la «locomotora del modelo»” (…). Leer

  • Frente al esquema neoliberal y su contraparte neo-desarrollista, existe una tercera orientación más redistributiva. Venezuela implementa ese esquema utilizando el petróleo para financiar las misiones, incrementar el consumo y reducir la desigualdad social.

    El contraste de estas políticas con los gobiernos precedentes (copeyanos y adecos) es mayúsculo, a pesar de la continuidad que se verifica en la preeminencia de la petroeconomía. El chavismo también ha realizado un intento diversificación productiva que no prosperó por la respuesta desinversora de los capitalistas y por los límites del gobierno para confrontar con ese rechazo.

    Un modelo semejante de recuperación estatal prioritaria de la renta de los hidrocarburos para solventar mejoras sociales se ha implementado en Bolivia. En este caso el esquema se estabilizó, sin remover la estructura improductiva y el elevado subdesarrollo del país.

    El predominio de inversiones en sectores primarios en el Altiplano es tan visible como los compromisos suscriptos con grandes empresas transnacionales. Pero el criterio de evaluación puramente extractivista no esclarece por qué razón el esquema político, económico y social de Bolivia y Venezuela difiere del curso imperante en otros países”.
    De modo que hasta los gobiernos más radicales siguen profundizando el capitalismo.

Es hora de discutir conceptos orientadores como “desarrollo”, “industrialización” y dilemas como “lucha contra la pobreza o contra la riqueza”. Por otra parte quedan pendientes ideales marxistas de armonizar los falsos antagonismos “ciudad-campo” y “trabajo obrero/ trabajo intelectual”. Pero sobre todo es momento de involucrarnos en qué denuncian y proponen los de abajo como:

 
Ecuador: Carta Política del II Encuentro Nacional de Agroecología

21 de noviembre de 2014


Las organizaciones campesinas e indígenas, los colectivos y personas que en caravanas llegamos al II Encuentro Nacional de Agroecología, desde distintos lugares del país hasta los Cantones Cayambe y Pedro Moncayo, entre el 23 y 26 de octubre del 2014, para compartir reflexiones y propuestas que se construyeron en cada territorio, juntamos las voces y declaramos ante la sociedad ecuatoriana lo siguiente: 

1. En el país se profundiza el modelo extractivista y primario exportador.
El Plan Nacional de Desarrollo plantea la promoción de nuevas industrias y sectores “con alta productividad, competitivos, sostenibles, sustentables y diversos, con visión territorial y de inclusión económica en los encadenamientos que genere”1. Palabras más, palabras menos, el denominado cambio de matriz productiva se asienta sobre estructuras sociales y productivas que han determinado un país tremendamente desigual. Se impulsa desde una mirada única e impositiva de desarrollo, del Bien Estar, del Buen Vivir, y no desde un esfuerzo colectivo que integre la diversidad social y cultural del país. Las políticas públicas que se han implementado de redistribución del ingreso, de ampliación del acceso a los servicios públicos como salud y educación, de construcción de infraestructura física, se asientan en un modelo extractivista que no es sostenible.

En el mundo rural se promueve el agronegocio y los grandes monocultivos y no se democratiza el acceso a los medios de producción como la tierra y el agua, se amplían áreas para la explotación petrolera y minera sin consideración de los enormes daños ambientales y graves conflictos sociales que provoca. En el conjunto de la sociedad se favorece un consumismo exacerbado que presiona hacia la intensificación del extractivismo. El resultado es un país donde la pobreza sigue siendo alta, la riqueza está concentrada en pocas manos, se agudiza la destrucción de la naturaleza, se incrementa la concentración poblacional en las grandes ciudades, continúa el abandono del campo y se profundiza el desequilibrio territorial. En territorios campesinos se incentivan formas de producción basadas en la revolución verde con su paquete de fertilizantes químicos, agrotóxicos, uso de las denominadas semillas mejoradas y en el encadenamiento del campesinado al agronegocio, perdiendo así autonomía, soberanía alimentaria y contribuyendo a la degradación ambiental a la que conllevan los monocultivos. Con el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea el gobierno ha tomado partido por la agroexportación y en debilitamiento de las economías campesinas, que serán afectadas por nuevas normas que limitan el acceso al mercado, permiten la apropiación de semillas y conocimientos por parte de las empresas, y abren las puertas a la importación de alimentos en los que hoy somos autosuficientes. 

En nuestra experiencia compartida de organizaciones campesinas es evidente que la política pública agraria no contempla a la agricultura campesina. Cotidianamente vemos el modo en que normas como las denominadas Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) son aplicadas por igual para grandes empresas como para las fincas campesinas, a sabiendas que las últimas quedarán sin opciones. Se plantea que la viabilidad de nuestras unidades productivas campesinas está atada a la aceptación de los encadenamientos productivos, mientras queda fuera de toda discusión real en las leyes agrarias la transformación de la estructura de propiedad y de acceso a los recursos productivos en el campo, y se criminaliza la lucha por la defensa de los territorios. Si bien se ha fortalecido una institucionalidad pública debilitada en el periodo neoliberal, su acción ha adquirido un carácter impositivo y hay cada vez menos capacidad de diálogo. A la par se promueve una normatividad restrictiva de derechos y sancionadora: el Código Integral Penal, el Decreto 16 y otros instrumentos que penalizan la lucha social. Estas normativas a las que se suman el conjunto de propuestas de enmiendas a la Constitución, afianzarán el autoritarismo y la restricción de derechos. Planteamos que el modelo de desarrollo es excluyente, y favorece a los mismos sectores dominantes que por décadas se han aprovechado de los recursos naturales, y explotado la fuerza de trabajo campesina, al amparo del Estado. Eso no ha cambiado. 

Los y las campesinas afirmamos que hemos sido históricamente garantes de la soberanía alimentaria, aportando en el 60% de la canasta básica alimentaria y conservando la agrobiodiversidad y el agua que son recursos estratégicos. Miles de familias con poca tierra y agua aportamos con nuestro trabajo al desarrollo productivo del país mientras cuidamos a la Pachamama, esta es una forma de cuidarnos a nosotros mismos. Apostamos por la diversidad, la producción de alimentos sanos para alimentar al pueblo, la reconstrucción ecológica de nuestros territorios dañados y enfermos por una agricultura de la revolución verde, mientras recomponemos nuestros lazos solidarios y comunitarios, rechazando el individualismo y la competencia inhumana que nos propone el sistema capitalista. Los campesinos y campesinas somos actores estratégicos para la alimentación y la economía de la sociedad ecuatoriana. 

2. Nuestra propuesta agroecológica.
La agroecología recoge un conjunto de prácticas productivas, enseñanzas del mundo campesino y de comunidades indígenas y del conocimiento científico y proyecta un profundo sentido de vida comunitaria y de convivencia con la naturaleza. En la agroecología confluyen estrategias de resistencia, de construcción de soberanía, de decisiones consensuadas en el territorio, de sostenimiento de la cultura, de reconocimiento a nuestra herencia como sociedades agrarias y de construcción de nuestra autonomía frente al capital. Es un proyecto para la ruralidad pero también para toda la sociedad. Es una opción política y económica que permite romper con el monopolio de las transnacionales sobre los alimentos y devolver a la ciudadanía el derecho a la alimentación sana y culturalmente adecuada. Es el instrumento para afirmar que la comida no es una mercancía si no un derecho de todas las personas. La agroecología nos permite enfrentar la desnutrición y malnutrición que son problemas de salud pública. Su papel fundamental es garantizar la soberanía alimentaria, sin dañar los ecosistemas, pues permanentemente mantiene los procesos naturales. Nos permite producir alimentos sanos para el pueblo. Es una propuesta que contribuye a disminuir radicalmente la emisión de gases de efecto invernadero, menos petróleo, más reciclaje, más conservación de la biodiversidad, por tanto, es una contribución directa a enfriar el planeta y posibilita a que las comunidades rurales puedan enfrentar en mejores condiciones los impactos provocados por el cambio climático. Para nosotros campesinos y campesinas la agroecología nos convoca a un permanente acercamiento con la naturaleza, a trabajar con ella y no contra ella. Desde la agroecología se valora el trabajo de la gente como el trabajo de la naturaleza. Se plantea una constante tarea de reconstrucción ecológica de nuestros territorios cada vez más devastados y degradados por malas prácticas asociadas al extractivismo. Exigimos políticas sencillas, prácticas y efectivas en torno a riego, tecnologías apropiadas, mercados locales y aprendizajes agroecológicos, que tengan un carácter integral e integrador del territorio. 

3. Nuestro primer horizonte es la reconstrucción del movimiento campesino.
La unidad es lo que nos fortalece para luchar, campesinos, indígenas, trabajadores del campo y la ciudad, para encontrar caminos hacia la soberanía alimentaria, ampliar la autonomía frente al modelo extractivo y defender nuestros derechos básicos fundamentales. La nueva matriz productiva nos afecta a todos, nos proletarizará y generará mayor despojo. Por ello, más allá de las pertenencias culturales y regionales, el campesinado debe actuar de forma unitaria, recuperar nuestra dignidad y orgullo de ser productores de alimentos, e impulsar nuestra solidaridad como clase. Dejamos de esperar que las soluciones lleguen desde el Estado y desde los gobiernos, que como éste, ya ha tomado posición por el agronegocio. Los campesinos y campesinas trabajamos por construir poder popular desde los territorios. Desde allí planteamos una diferente relación con la institucionalidad pública donde las normas y políticas respondan al fortalecimiento de la vida social y cultural campesina. La juventud rural y las mujeres están en el centro de nuestros procesos organizativos. Las mujeres son el corazón de la soberanía alimentaria y las principales promotoras de la agroecología y el cuidado de la agrobiodiversidad. Debemos luchar contra el patriarcado y la violencia para fortalecer la organización. Frente a las acciones por desarticular al movimiento social, por controlar los procesos y dividir a las organizaciones, los campesinos y las campesinas hablamos con voz propia, y juntos nos representamos a nosotros mismos. 

4. Nuestra lucha por democratizar el acceso a la tierra y el agua.
La tierra y el agua están concentradas en pocas manos, y no existe ninguna política de redistribución. Por el contrario, prima el criterio de su uso y apropiación en función del aumento de la productividad en los rubros prioritarios de la nueva matriz productiva, caña, banano y palma entre otras, mientras que la producción que sostiene la soberanía alimentaria, como es la agricultura campesina agroecológica y diversa, es marginada. El régimen de uso de la tierra privilegia los monocultivos de exportación, lo cual se verá ahondado con la nueva Ley de Tierras, que no recoge las propuestas de las organizaciones indígenas y campesinas, y no plantea mecanismos ciertos para sancionar el latifundio y redistribuir la tierra. Una verdadera redistribución debe poner la tierra prioritariamente al servicio de la producción de alimentos para el mercado interno en manos de campesinos y debe evitar toda forma de reconcentración de la tierra. Es necesario que las organizaciones y las familias productoras discutamos sobre la minifundización de la tierra, debido a que esta poca tierra no permite tener una economía campesina de bienestar, propongamos desde nuestra realidad, involucrando a los jóvenes, a las mujeres, a los mayores para encontrar una respuesta que permita construir un territorio de soberanía alimentaria y buen vivir. La propiedad y formas de comunitarias de uso de la tierra deben ser protegidas y denunciamos los intentos constantes del Estado por fraccionar e individualizar nuestros territorios comunales. El riego es un privilegio al que accede prioritariamente la agroindustria. Políticas de redistribución del agua han estado y siguen ausentes, constituyendo el acceso al agua en varias regiones del país un hecho de inequidad sin nombre. Los que más utilizan y contaminan el agua, son los que menos pagan. La Ley de Aguas restringe la participación de la sociedad en la toma de decisiones, aun cuando cada vez es más evidente que solamente con mayores niveles de participación de la sociedad en la toma de decisiones sobre un patrimonio nacional de uso público, se puede garantizar el derecho humano al agua, su uso equitativo y su cuidado. En no pocos casos, los campesinos que hemos levantado nuestros sistemas de agua con mingas y esfuerzos propios, y donde se ha dado inversión pública, somos desconocidos por la Ley de Aguas que nos despoja de la competencia sobre el riego, entregándola a los GADS. La gestión del agua no es solamente cobrar tasas y entregar adjudicaciones, sino cuidar el agua en todas sus formas, los páramos y los ecosistemas para que se mantenga el ciclo vital hidrológico, y esta es nuestra exigencia tanto en la gestión pública como comunitaria del agua. 

5. Los campesinos aportamos en múltiples planos a la economía.
Los campesinos y campesinas somos sujetos fundamentales de la economía, que abordamos procesos de producción, transformación e intercambio. Para ello hemos creado estrategias que aseguren producción, cuidado del ambiente, justicia social y relaciones menos inequitativas entre el campo y la ciudad. Cada vez más la distribución de los alimentos se encuentra en manos de monopolios. Los municipios de una u otra manera han favorecido la presencia de estos monopolios y poco o nada han hecho para favorecer iniciativas de intercambio directo productor consumidor, y por el contrario impiden que se gesten mercados locales agroecológicos, salvo contadas excepciones. En el país hay varias experiencias de mercados locales agroecológicos que se han mantenido de hace varios años. Contamos con mecanismos como los sistemas participativos de garantía (SPG) basados en la confianza y el en derecho a controlar y ser controlado, por lo tanto exigimos que el Estado y la sociedad lo respete sin disminuir su autonomía. Demandamos un espacio para la comercialización e intercambio a través de las ferias agroecológicas campesinas, que reconozcan el aporte del producto agro ecológico como un producto sano para el pueblo. Exigimos el derecho a establecer circuitos de comercialización directa del productor al consumidor y a ampliar la compra pública a los productores campesinos y fundamentalmente a los grupos que producen agroecológicamente. Luchamos por un trato diferenciado a los productores agroecológicos por todos los aportes que brindamos a la sociedad. Exigimos se revea la aplicación del reglamento de buenas prácticas de manufactura porque no responden a las realidades del mundo rural y son utilizadas para favorecer a los agronegocios. Sí, nos comprometemos a trabajar sobre buenas prácticas campesinas-artesanales para cuidar la salud de los consumidores y la calidad de los productos. Las agriculturas campesinas agroecológicas cumplen un rol fundamental en la ocupación de mano de obra, incluso, población que no puede acceder a empleos ni en la agroindustria, ni en industrias, como son las personas de la tercera edad, cumplen un rol importante en la actividad productiva de las familias campesinas. Este esfuerzo debe ser compensado por el estado desde el impulso a iniciativas que combinen protección como gestación de iniciativas sociales. 

6. Las semillas tradicionales son la fuente que posibilita la agroecología.
Reconocemos que la agrobiodiversidad y las semillas son resultado del trabajo de hombres y mujeres que a través del tiempo ha logrado conocer, seleccionar, mejorar, adaptar, perfeccionar variedades de plantas y razas de animales, para cada ecosistema, nicho ecológico y territorio. Por tanto la agrobiodiversidad es sustento y cultura, base de la agroecología y soberanía alimentaria Nuestras semillas son un patrimonio cultural y exigimos que sean reconocidas como tal, por tanto son de libre circulación y no pueden ser apropiadas ni patentadas. El agronegocio destruye la agrobiodiversidad, por ello, planteamos la defensa de la semilla criolla y ancestral, su conservación y uso en las fincas, y la permanente transmisión de los conocimientos asociados a nuestra juventud. No pueden las empresas, las corporaciones o los Institutos de investigación apropiarse o comprar el saber colectivo, nadie es dueño de éste, es patrimonio de los pueblos y así debe seguir. Las semillas que hemos entregado al Estado y que se mantienen en el Banco de Germoplasma del INIAP, deben ser por derecho accesibles a través de mecanismos claros y no burocráticos para su reintroducción a los agroecosistemas. Nos oponemos radicalmente a la introducción de semillas y organismos transgénicos. 

7. El TLC-UE: el campesinado será profundamente afectado y no debe ser ratificado. 

El Tratado de Libre Comercio con 

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