sábado, 31 de mayo de 2014

“Estamos en manos de corporaciones que presentan sus propias investigaciones y con ellas se imponen las políticas públicas”. Informe (30 de mayo de 2014)

La sojización de la producción agraria es una marca de la Argentina del 2000. El modelo agrícola argentino, la concentración de la tierra, la expulsión de comunidades, los beneficiados, la complicidad del Estado, los agrotóxicos y las consecuencias sobre el ambiente, además del proyecto de modificación de la Ley de Semillas son algunos de los temas tratados en este informe radial sobre una de las multinacionales emblema del capitalismo argentino de los últimos años.

Por La Revancha.

Carlos Vicente, miembro del Grupo Argentino Acción por la Biodiversidad, ilustra algunas consecuencias del esquema productivo hegemónico: “El modelo agrícola que está en marcha es un modelo que expulsa campesinos, que concentra la tierra, que produce commodities, o sea mercancías para el comercio internacional y no alimentos, que contamina con el uso intensivo que hace de agrotóxicos”.
Además de Carlos, dialogaron con el programa radial Merardo Ávila Vázquez,miembro de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados y Horacio Britos,integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena. ¿Cuál es la situación actual de modelo extractivista en Argentina? Actores involucrados y propuestas.

“Estamos usando el 60% de la tierra agrícola para sembrar soja”, afirma Carlos Vicente. En este sentido, agrega que la soja que generamos es el forraje que se utiliza principalmente en la Unión Europea y en China para alimento del ganado, a partir de una distribución de roles dirigidos por los poderes corporativos, liderada por la especulación con los alimentos y la proliferación de pooles de siembra.

Merardo Ávila Vázquez, de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, alerta que esta práctica extendida “está produciendo un impacto ambiental muy grande” y avanza en la enumeración de involucrados en el “agronegocio”: “el Estado Nacional a través de exenciones, los productores de la mesa de enlace, que son ya un grupo de empresarios cada vez más diferentes de los campesinos y de los pequeños y medianos productores que conocíamos en Argentina y las grandes empresas como Monsanto, Bayer, Bunge, que realmente son las que se llevan las partes más importantes de las ganancias”.

Para considerar las dimensiones del impacto ambiental y en la salud, Carlos Vicente ofrece algunos números: “en Argentina solamente en un herbicida se usan más de 200 M de l. de glifosato”. Según Merardo A. Vázquez, ese es el agrotóxico que más se usa en el país: “es un herbicida que mata todo tipo de planta, salvo las plantas a las que Monsanto ha injertado algún gen para generarle una vía metabólica distinta a la que tienen absolutamente todas las plantas de la naturaleza. De manera que esas plantas manipuladas son resistentes, no mueren al estar expuestas al glisfosato”.

Otro problema que genera el uso de herbicidas tóxicos es la elaboración de semillas con más resistencia a estos productos. Horacio Britos, del Movimiento Nacional Campesino e Indígena, resalta que esta medida es parte del negocio de las multinacionales. “Eso está siendo una gran preocupación, porque va a redundar en mayor consumo de agrotóxicos, en mayor fumigación de las comunidades rurales, contaminación en el caso de los genes del maíz, por las variedades locales del país”. Este punto afecta directamente a las formas locales de producción y la dependencia de actores externos: “en muchas zonas hay variedades de cultivo y de multiplicación propia, como en el NEA y en el NOA, que se van a contaminar con esta nueva semillas en términos genéticos”.

Este mes se dieron a conocer los resultados de estudios encargados a la Universidad de Buenos Aires por casos de plaguicidas tóxicos y persistentes en sangre, en habitantes de Malvinas Argentinas, en la Provincia de Córdoba: 7 de cada 10 personas dieron positivo. En diálogo con La Revancha, Carlos Vicente subraya que “desde el punto de vista regulatorio el Estado no hace investigaciones independientes que garanticen la inocuidad o la falta de riesgo y el no impacto ambiental de los cultivos que se están aprobando. Estamos en manos de corporaciones que presentan sus propias investigaciones y con ellas se imponen las políticas públicas”. Este ataque al derecho a la información impacta directamente en la libertad alimentaria: “significa privarnos de la libertad de elegir qué queremos comer, qué queremos sembrar.”

Se trata de la soberanía alimentaria
La tendencia que concentra el poder en las multinacionales que gobiernan el mercado agrícola va contra las libertades sociales e individuales. Según Carlos Vicente “hay un camino muy claro que es el que ha marcado la vía campesina desde el año 2006 que es el de la soberanía alimentaria”. Esta concepción busca revalorizar la autonomía de los países y las comunidades para establecer políticas agrícolas. Traducido en metas concretas, para Acción por la Diversidad implica“decirle no a los transgénicos, significa una reforma agraria integral, semillas en manos de los campesinos y no en manos de los monopolios, una producción agroecológica, toda una serie de políticas para limitar este poder que alguna vez Leonardo Boff definió como una dictadura global de las corporaciones”.

Una consecuancia de sacar de las manos de los campesinos esta autonomía productiva es, como señala Horacio Britos, la limitación de la posibilidad de autoabastecimiento. A través de creaciones genéticas, se alteran semillas para que sean resistentes a los herbicidas que se comercializan y se establecen derechos sobre esas creaciones. Sobre este punto, Horacio indica que “las multinacionales quieren controlar todo lo que más puedan el intercambio de semillas y la automultiplicación de semillas”. El origen del problema es que “la acumulación y mejora genética a nivel mundial se debe a los trabajos que llevan a cabo los pequeños productores con los cultivos, con el guardar semillas desde el milenio de la humanidad. El hecho de privatizar algo que es un bien público y social y cobrar derechos sobre algo que ha sido tarea de milenios de pequeños productores, de comunidades originarias nos parece una locura, una sinrazón”. Desde el Movimiento Campesino impulsan el armado de un “plan agrario sustentable sobre la base de quienes hoy alimentan al mundo que son los campesinos y campesinas de todo el planeta”. Horacio destaca que estudios comprobaron que “a nivel global, con el 24% de la tierra los campesinos y campesinas, los agricultores familiares, los pueblos originarios producen el 70% de los alimentos en el mundo”. Agrega que sólo “hacen falta políticas orientadas hacia la soberanía alimentaria, hacía la producción agroecológica con una redistribución de la tierra y sin privatización de las semillas ni semillas transgénicas”.
Audio completo:
También podés escuchar a Gastón Mazzalay, de la Asamblea de Malvinas en lucha por la vida, sobre el caso cordobés y Monsanto. 
Audio:
Además, te dejamos las “10 razones contra modificaciones de Ley de Semillas en Argentina”, que firman las organizaciones en las que participan los entrevistados.


Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article7827

viernes, 30 de mayo de 2014

Tratemos de ir más allá de los discursos de Cristina Kirchner y Axel Kicillof para descubrir “que con el acuerdo se consolidan los compromisos de pagos que ratifican el carácter de cáncer que asume el endeudamiento público, y con la potencialidad de pertenecer a los emergentes, se confirma a la Argentina como ámbito expectable para la rentabilidad del capital”.


Acuerdo con el Club de París: Fin del ciclo para una deuda ilegítima

Por: Fabiana Arencibia (RED ECO)

A partir del acuerdo cerrado en la madrugada de hoy con el Club de París se termina el ciclo de cancelación de deuda de origen ilegítimo gestada en forma fraudulenta durante la dictadura cívico-militar. Pero también se legalizan los canjes realizados por los posteriores gobiernos democráticos. Esto ocurre aunque existan investigaciones y causas judiciales abiertas e incluso fallos de la Justicia que declaran la ilegalidad de esa deuda de facto y de los posteriores procesos de (des)endeudamiento.

El gobierno argentino acaba de reconocer ante el Club de París una deuda que fue contraída en un cincuenta por ciento por la dictadura y que además está sujeta a una investigación por parte del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, a cargo del Dr. Sebastián Roberto Ramos.

El ministro de Economía, Axel Kicillof, que encabezó las negociaciones, manifestó al finalizarlas: “Con el acuerdo alcanzado hoy, Argentina cierra un capítulo más de la triste historia del sobreendeudamiento que condujo, inevitablemente, al default”.

Este camino, que se inició con la primera reestructuración de la deuda en 2005, el pago al contado de 9.810 millones de dólares al FMI en 2006, un nuevo canje en 2010 y los últimos pagos a las empresas con laudos en el CIADI en 2013, ha sido parte de la estrategia del llamado “desendeudamiento” adoptada por el actual gobierno: cambiar deuda vieja mayoritariamente ilegal por nueva deuda, ahora legitimada en un ciento por ciento.


El monto consolidado (capital e intereses) al 30 de abril, reconocido como deuda a 15 de los 19 países que integran este foro informal de prestamistas internacionales, asciende a 9.700 millones de dólares. La misma era de 1.880 millones en 2001 y por sucesivos cambios en las cotizaciones de las monedas en que está contraída (mayoritariamente en euro y yen) trepó a cerca de 6.500 millones en 2006. El resto lo constituyen intereses. (…)
---

Cabe que reflexionemos sobre conclusiones de Alejandro Olmos Gaona en “Argentina: La deuda con el Club de París” (especial para ARGENPRESS.info). Señala:
“El habitual exitismo del gobierno, muestra este acuerdo como un gran triunfo y la presidencia, se nos indica que ahora las inversiones van a llover, debido a que hemos legalizado un delito. Esta es la forma habitual de manejar las cuentas públicas por parte de los funcionarios del Estado, y después como resultado de la violación de sus deberes, se debe pagar una deuda que sólo tiene como fundamento la exigencia de los acreedores, y sus propios registros, utilizándose para ello el dinero proveniente del trabajo de todos los argentinos, que el gobierno maneja con total discrecionalidad. Sobre las supuestas inversiones, el tiempo mostrará cual es la realidad de las mismas”. Leer
--- 

Prosigue Fabiana Arencibia:

La gestión kirchnerista ha sido la que más deuda ilegítima canceló de todas las gestiones post dictadura y también la que ha reanudado un nuevo ciclo de endeudamiento externo.

Tal como lo afirmó públicamente la propia presidenta Cristina Fernández, en su discurso del 26 de agosto de 2013, este es el gobierno que más deuda ha pagado (173.700 millones de dólares en esa década).
Aunque omitió decir que también es el que más deuda ha contraído.

La deuda pública nacional que a mediados de 2005 era de unos 147.000 millones de dólares alcanza hoy, según los últimos datos disponibles del Ministerio de Economía (30/9/2013), a 201.000 millones de dólares. Esta deuda no incluye los intereses a pagar, ni cupones atados al PBI, ni deudas de provincias y municipios; tampoco la deuda con el Club de París que acaba de cerrarse ni la deuda en poder de los holdouts estimada en los 11.000 millones de dólares (capital e intereses).

Además, se incrementa cada año por más de 10.000 millones de dólares (en el 2011: 14.600, durante el 2012: 18.800, en el 2013: sin cifras oficiales aún, se previó un aumento de 12.100, y para 2014 el Presupuesto prevé un incremento de 12.700)


La mayor parte de la deuda pública es hoy intra-estado. Se le (nos) debe plata a la Anses, al Banco Nación, al Banco Central y otros organismos estatales. De allí se han sacado los fondos no sólo para cubrir gasto social sino también para pagar deuda. A cambio de eso, el gobierno viene emitiendo bonos que son la nueva deuda del futuro.

Y en ejercicio de la memoria, recordamos una pregunta que el 25 de mayo de 2012 le hacían públicamente diversas personalidades al entonces ministro de Economía Hernán Lorenzino: ¿Señor Ministro, por qué pagar tanto al Club de París?


Se trata de una carta que integrantes de Diálogo 2000 y otras organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos, le entregaron a Lorenzino en la que le pedían que precisara públicamente de qué se trataba la deuda que el gobierno argentino quería pagarle al Club de París. (1)

“¿Cuáles son los orígenes de las deudas, quiénes se beneficiaron con su contratación y cuánto se ha pagado ya en concepto de servicios?”, preguntaban el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora Nora Cortiñas y Mirta Baravalle, entre otros firmantes de la Carta.

Allí también afirmaban: “La mitad de la deuda reclamada por el Club de París tiene su origen durante la dictadura cívico-militar y forma parte de la deuda que ya en el año 2000 fue declarada ‘fraudulenta y arbitraria’. Incluye créditos recibidos para la compra de armas y equipo militar, créditos para bancos y empresas privadas y otros que endeudaron a las empresas públicas sin que las mismas recibieran el beneficio de esos ingresos (…).Todos los reclamos son cuestionados actualmente en sede judicial”.

Nos preguntábamos en una nota que publicamos en Red Eco hace tres años (2) hasta dónde resulta diferente el canje de deuda por activos físicos (la entrega del patrimonio que hizo el menemismo) del canje de deuda con activos financieros (la plata del Banco Central, de la Anses y del Banco Nación) que realizó el gobierno actual. (…) Leer

Sigamos analizando qué encubren los discursos de la Presidenta Cristina Kirchner y el Ministro Axel Kicillof.


a. Argentina: El acuerdo usurario con el Club de París

Por: Jorge Altamira (especial para ARGENPRESS.info)
Cristina Kirchner y Axel Kicillof acaban de suscribir un acuerdo con el llamado Club de París, que se inscribe en la línea de los arreglos usurarios que establecieron con Repsol, a pesar del gigantesco vaciamiento energético producido por este pulpo petrolero con la complicidad del gobierno kirchnerista.

El gobierno nacional está empeñado en transitar el último tramo de su gobierno con un feroz ajuste contra los trabajadores y concesiones sin precedentes al capital internacional.

El acuerdo anunciado el jueves 29, convierte los U$S 6.000 millones de dólares, aproximadamente, pretendidamente adeudados al Club de París en una negociación anterior, en 2008, en una nueva deuda de U$S 9.700 millones, lo cual representa un aumento del 60%, a una tasa del 7% anual. El carácter usurario de la operación lo deja en evidencia la tasa del uno a dos por ciento anual que rigió en los mercados internacionales en este período. En lugar de obtener una quita, como corresponde a un país que ha pasado de un 'defol' a otro, K y K reconocen, al revés, una prima abusiva sobre las tasas corrientes de mercado.

En plena crisis mundial, los 'nacionales y populares' vuelven a aportar al rescate de la banca internacional.

Una gran parte de la deuda de Argentina con el Club de París corresponde a créditos de entidades públicas a compañías locales, que en otra buena parte fueron estatizadas durante la gestión de Cavallo en el Banco Central, hacia finales de la dictadura milita
r. K-K, como sus antecesores Alfonsín, Menem y De la Rúa admiten un endeudamiento nacional sin proceder a una investigación de su legalidad y legitimidad.

El convenio anuncia un “pago mínimo de U$S 1.150 millones”, lo que supone que este pago en efectivo podría ser aún mayor. Esta cláusula ambigua significa que Argentina deberá compensar con pagos mayores a ese 'mínimo' cualquier crédito que llegara a obtener de las entidades públicas de los estados del Club, para evitar un aumento de la deuda global. La refinanciación se hace al corto plazo de cinco años, lo que impone una gravosa hipoteca a la salida de la crisis actual.

Este nuevo incremento de la deuda pública con el exterior significa otra declaración de 'defol' de la deuda pública dolarizada que la Administración Nacional ha impuesto al Banco Central, la Anses y otros organismos autónomos o descentralizados, en su llamada política de 'desendeudamiento' con los acreedores internacionales. La 'generosidad' con los organismos internacionales que financiaron a la dictadura militar contrasta con la confiscación de los jubilados y del ahorro nacional.

El acuerdo incrementa los vencimientos de deuda, en 2015, que podría superar los U$S 8.000 millones debido a los Boden 15 y otros pagos, lo que obligaría a otra refinanciación.

El aplauso entusiasta que las fuerzas tradicionales, sin importar el fragmento que representen, han brindado a este acuerdo, es una demostración de que, al igual que el gobierno, representan los intereses del capital financiero, sin importar lo usurarios que esos intereses sean.

Las entidades empresarias saludan el arreglo porque les ofrece una margen mayor para incursionar en la 'bicicleta financiera' que han habilitado Kicillof y Fábrega, que consiste en tomar deuda en el exterior para re-prestarla en el mercado interno con un diferencial de interés que puede superar los veinte puntos -o sea un 200 por ciento-.


El reendeudamiento internacional al que ahora apuesta el kirchnerismo acentuará los desequilibrios económicos, porque forzará a una nueva devaluación fuerte del peso para cumplir con el servicio de esa deuda. El FMI no solamente impuso su política sin la necesidad de hacerse presente: a partir de la inspección de las cuentas del Indec, desde junio próximo, podrá verificar la consistencia de las cuentas nacionales y de los balances financieros.

Como representante político del Frente de Izquierda señalo que anularemos todos estos convenios usurarios y someteremos a sus ejecutores a la Justicia.
Fuente: http://www.argenpress.info/2014/05/argentina-el-acuerdo-usurario-con-el.html
---- 

b. Argentina acordó cancelar deuda con el Club de París

Por: Julio C. Gambina (especial para ARGENPRESS.info)
(…)Se aduce que se trata de una tasa de interés ventajosa en las condiciones del costo del dinero en la coyuntura. Sin embargo, poco se comenta la exigencia de disposición de recursos fiscales o de las reservas internacionales, que bien podrían tener otro destino.

La política económica necesita ingresar divisas
Argentina llegó a acumular 52.000 millones de dólares en 2011 y ahora registra unos 28.500 millones de dólares. En muy poco tiempo se perdieron 23.500 millones de dólares, fugados del país por diferentes mecanismos económicos, entre ellos salida por atesoramiento, turismo, pago de importaciones, cancelaciones de deuda y remisión de utilidades al exterior.

El Presidente del Banco Central informó en un cónclave empresario que se aspira a sostener el actual nivel de reservas a fines del 2014(3), con lo cual, pese a la cosecha récord y las consecuentes liquidaciones de divisas, más préstamos e inversiones que habiliten los novísimos acuerdos externos, con el CIADI, Repsol y el Club de París, la confesión de partes señala a las presiones externas para hacerse de recursos provenientes del trabajo social en la Argentina, y que convoca a sostener una política oficial agresiva de ingreso de divisas y hacer frente a la demanda de pagos al exterior.

Lo concreto es que hay que pagar deuda y más deuda; importar energía e insumos importados para el ensamble industrial local; cancelar demandas por turismo y diferentes mecanismos de fuga de capitales. Las divisas generadas por las exportaciones locales no alcanzan y por eso más préstamos y estímulos a la radicación de inversiones foráneas.

¿Qué significa ser país emergente?
Argentina pretende ser reconocido por el sistema mundial y ser sujeto de préstamos e inversiones, y por eso va en búsqueda de ser considerado “país emergente”. Esa es la razón para reivindicar la invitación rusa para ser parte de la próxima reunión de los BRICS en Brasil, e imagina la transformación en BRICSA. Así, a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS), deberá incluirse a la Argentina como país emergente (BRICSA).


Esta caracterización como “emergentes” suena bien, mejor que “países atrasados, en desarrollo, dependientes”, pero no es otra cuestión que la denominación que le asignan los capitales excedentes a los países que ofrecen condiciones adecuadas de rentabilidad a sus inversiones.

Esas condiciones se concentran en abundante población en disposición a ser empleada a bajos salarios relativos al costo promedio mundial e importante dotación de recursos naturales para insertarlos como mercancías en el ciclo de acumulación de capitales.

Además, son consideraciones en momentos de crisis de valorización del capital en los principales centros imperialistas del sistema mundial: Estados Unidos, Europa y Japón.

Vale recordar que los inversores están interesados en la apropiación de la renta que resulta de sus inversiones, motivo por el cual Repsol retiró 13.000 millones de dólares de ganancias obtenidas en una década en la explotación de hidrocarburos en nuestro país.

Son dos noticias que resalta el gobierno, y la presidente de Argentina se pronunció por redes sociales destacando que hoy es "un día muy importante para la Argentina, con el acuerdo por la deuda del Club de París y la invitación a la cumbre BRICS en Brasil"(4).


Convengamos que con el acuerdo se consolidan los compromisos de pagos que ratifican el carácter de cáncer que asume el endeudamiento público, y con la potencialidad de pertenecer a los emergentes, se confirma a la Argentina como ámbito expectable para la rentabilidad del capital.

Se perdió otra ocasión para declarar “deuda odiosa”

Si una deuda era pasible de ser declarada odiosa era la del Club de París y sin embargo, se optó por cumplir con los compromisos contraídos ilegítimamente por la dictadura genocida.

La opción de pagador serial de deuda y de búsqueda de reconocimiento mundial afirma a la Argentina como parte del capitalismo mundial en crisis.

El interrogante es si se puede transitar un camino alternativo, anticapitalista y antiimperialista. Ello supone fuerza política en la sociedad que desde nuevas mayorías desde la acumulación de poder popular pueda desafiarse el orden capitalista local, regional y mundial.

Es parte de lo que hoy 29 de mayo, a 45 años del Cordobazo se disputa en las elecciones de la CTA e intentar ser mayoría en el movimiento de trabajadores en la Argentina y desde allí disputar hegemonía en el seno del pueblo para ejercer soberanía integral para la liberación.

Notas: (…) Fuente: http://www.argenpress.info/2014/05/argentina-acordo-cancelar-deuda-con-el.html


jueves, 29 de mayo de 2014

II. Constatemos avanza el Estado represor sobre los pueblos e individuos de Argentina bajo distintas formas como las de Randazzo contra los trabajadores ferroviarios y contra quien realizó graffitis.

El crimen de los trenes pintados
Por: Claudia Rafael (APE)
"Un mundo nuevo, píntalo nena,
píntalo dentro de mí"
(Víctor Heredia)

Tras décadas de destrucción de los trenes, de crimen anunciado de cientos de pequeños pueblos, incomunicados y fantasmales; de migración forzada de más de un millón de personas por la cesantía de la vida que significó la privatización, de la masacre de Once y tantas otras muertes cotidianas provocadas por ferrocarriles derruidos, la frase sonó, cuanto menos, como un acto de falsa y desajustada valentía. “Hay que matarlos. Te dan ganas de matarlos”. Irritado, crispado, el ministro dirigió su rabia con puntería milimétrica. Los graffitis en los trenes -dijo- son obra de “un tarado que tiene poca responsabilidad y no sabe el esfuerzo que significa para el Estado nacional, que somos todos los argentinos, poner recursos”.

Lejos de la oficina de Florencio Randazzo, en una sala del Tribunal Federal 2, en Comodoro Py, un hombre llamado Roque Barrionuevo desnudaba tristeza: “Lo único que recuerdo es ver gente muerta, un chico que pedía ayuda para salir, una mujer con la mano herida y además, que cuando salí empecé a caminar sin saber hacia dónde iba, hasta que llamé a una persona amiga y me vino a buscar”. (Audiencia del 26 de mayo, juicio por la masacre de Once)

Cada coche -insistía el ministro por su lado- “vale 1.270.000 dólares. Hay que matarlos. Te dan ganas de matarlos. Porque decís ¿cómo pueden ser tan energúmenos?... Pero uno tiene que ser medido porque es un menor y hay que ver cuáles son sus condiciones y se empieza como a intentar justificar ese comportamiento. Hemos hecho la denuncia penal y vamos a accionar contra los padres. Vamos a reclamar un resarcimiento por el daño. (…) Si fuera mi hijo no te digo lo que le haría. Le dejo el traste pero sabés cómo. Por pelotudo. ¿En qué país vivimos? Estas cosas pasan. Los padres tienen que hacerse cargo”.

Antes, mucho antes, cuando se cumplía un año de la masacre de Once un hombre y una mujer leían desde los escenarios: “Se refaccionan las cosas menos importantes, pero más visibles, como si nadie se diera cuenta de la maniobra. Pintan vagones de celeste, sobre una chapa corroída por el óxido (…) Pedimos la estatización de esa empresa, para salvaguardar los puestos de trabajo, y para que este Gobierno deje de negociar con los responsables directos del 22 de febrero. ¿Cuándo van a dejar de ser socios de los Cirigliano, que, en este caso, es lo mismo que decir cómplices? Entonces, hagan lo que hagan, anuncien lo que anuncien, inviertan lo que inviertan, nunca van a poder borrar los nueve años de abandono. Pero por sobre todo no podrán olvidarse ni hacer olvidar a los 52 muertos, que son, como tantos otros, víctimas de este gobierno que debió haber trabajado para evitarnos este dolor y no quiso hacerlo”. (Documento sobre la Masacre de Once, 22-2-2013) (1)

******

¿A quién quisiera matar el ministro? ¿Qué significa -aunque se lo piense tan solo un exabrupto- desear la muerte de un joven en un país empeñado, a lo largo de su historia, en la eliminación sistémica de su savia más potente?

Y la conclusión lógica sería: quien destruye los trenes irá al cadalso. Extraña asociación de pensamiento que implicaría equiparar en responsabilidades, objetivos, beneficios al graffitero “menor”, “energúmeno”, “tarado” con Menem, Cirigliano, Jaime, Pedraza, Cavallo, Taselli, Roggio, Romero, etcétera, etcétera, etcétera y todos los etcétera necesarios que incluyan a los que callaron, silenciaron, omitieron, actuaron, bajaron los hombros, agacharon la cabeza, asintieron, consintieron, impulsaron. Aunque Randazzo o CFK o cualquiera de los deseosos sucesores o de los antecesores que tampoco resisten archivos jamás hayan dicho sobre cualquiera de ellos “hay que matarlos. Te dan ganas de matarlos”.



Desde los primeros hombres de la Historia, las paredes, las cuevas, las cortezas de los árboles, los muros inalcanzables tuvieron sobre sí el sello propio de las épocas. Los graffitis (no así la entrega de los ferrocarriles) son algo así como la realidad “material y simbólica de la ciudad” (García Canclini), lo que otorga y viste de identidad, lo que deja al desnudo las sensaciones, las ganas de crear, el grito de rebeldía, los deseos de decir “aquí estoy” y de sentir que -como los míticos linyeras a partir de una ordenanza de Crotto de 1920- es posible romper con las estructuras establecidas y viajar como el viento arriba de un tren que deambule en un eterno ida y vuelta por las vías que, alguna vez, volverán como un sueño eterno a recorrer las enteras geografías del país.

La pintada sobre los flamantes trenes provoca conflicto. Desorganiza. Denuncia. Rompe estructuras. Desnuda que es posible traspasar límites que al poderoso molestan porque simplemente sintieron esa tímida estocada. Pero … ¿Un graffiti destruye la historia misma de los trenes? ¿Un graffiti hunde en la devastación la historia entera de los ferrocarriles argentinos, esos que alguna vez recorrieron decenas de miles de kilómeros de vías, que vieron jugar a lo largo de sus pasillos a generaciones enteras de pibes que subían de un salto y asomaban la cabeza por la ventanilla para saludar a los vecinos de un pueblo olvidado?


“Se cambiaron vías, se refaccionaron estaciones y hasta se pusieron televisores de plasma que marcan horarios de trenes que jamás se cumplen. No entendemos las prioridades de las obras. Primero las estaciones antes que las señales, primero los monitores de video antes que los cruces de barreras”, leyeron el hombre y la mujer desde los mismos escenarios.

Un graffiti hundió a gran parte del país (horrorizado) en el mismo debate. Y no sólo a Randazzo con su irritado reclamo manodurista, sino también a todos aquellos que sentados mansamente a la mesa vieron cómo se destruía al país entero en esa simbología dolorosa que representan los trenes y decidieron mirar hacia otro lado.
Nota: 1) http://www.pelotadetrapo.org.ar/documentos/20-jonah-hex.html
Fuente: http://www.argenpress.info/2014/05/el-crimen-de-los-trenes-pintados.html

I. Constatemos avanza el Estado represor sobre los pueblos e individuos de Argentina.

Félix Díaz: “Insfrán lo que quiere es
Justificar el despojo que le ha hecho a la comunidad”.
28 de mayo de 2014

En Enredando las mañanas del viernes 23 de mayo entrevistamos al qarache de la comunidad Qom, Félix Díaz, para que nos cuente sus impresiones sobre la reapertura de la causa judicial en su contra que acaba de realizar el juez Santos Gabriel Garzón de Clorinda (Formosa). En la misma se lo acusa de usurpación de tierras y robo de armas por los hechos del 23 de noviembre de 2010. También hablamos de la actualidad de las comunidades del Norte argentino y el futuro de los pueblos originarios.

Por RNMA
Enredando las mañanas: ¿Cómo recibiste la noticia y con que argumento el juez reabrió la causa?
Félix Díaz: El juez Garzón en el año 2012 nos liberó con una resolución y luego el fiscal de la ciudad de Clorinda, el doctor Cabral, apeló lo dictaminado por el juez. Este entendió que los indígenas fueron víctimas de la represión y no habían cometido ningún delito. La apelación del fiscal llega a la Cámara, ahí revierten y rechazan la resolución de Garzón. A partir de ahí se cambió la carátula de la causa penal. Hace una semana me informó el abogado de la causa, Federico Efrón y la doctora Marina Morales Ríos de Formosa, ellos fueron notificados que nuevamente la Cámara de Apelaciones volvió a retomarla causa y que me procesan por hurto de armas, usurpación, abuso a la mujer policía y otras causas que se van sumando sobre esta situación. La persecución que hace la justicia formoseña con mi persona, no sólo por el hecho de reclamar y defender el derecho de los pueblos indígenas.

ELM: ¿A qué atribuís que se reabra la causa judicial?
FD: No es judicial, es más bien política, porque sabemos que el gobernador Gildo Insfrán, maneja todo lo que tiene que ver con lo judicial, tiene muchos hombres dentro de la justicia para poder perjudicar o silenciar la voz de los que reclaman. Usar la justicia para decir que se ajusta a ley, lo que pretende hacer como nosotros tenemos la causa en la Corte Suprema por el relevamiento territorial, que seguimos en conflicto, entonces para poder entretenernos con la decisión de la justicia, la Cámara le devuelve la causa al juzgado número 2 de Clorinda a cargo del doctor Santos Gabriel Garzón, quien tiene que investigar nuevamente este hecho de la mañana del 23 de noviembre de 2010.

ELM: Lamentablemente no nos sorprende. ¿Cómo lo tomaste a nivel personal?
FD: Es una situación muy lamentable, porque creíamos que se iba a investigar a fondo y resolver el tema de origen del conflicto porque no se investiga el origen, hubo resistencia porque las comunidades indígenas reclamaban las tierras, eso no se pregunta, solamente se está atacando la cuestión de la responsabilidad de la fuerza policial para poder intervenir. Cuando empezamos a reclamar al Estado nacional y provincial la devolución del territorio que fue despojado en el 2007 por parte de Insfrán cediéndole a la familia Elia, estando en vigencia la emergencia territorial y eso no se puede hacer, pero gobierno formoseño lo decidió así, usa la famosa cuestión de autonomía provincial. Entendemos que Insfrán lo que quiere es justificar el despojo que le ha hecho a la comunidad QOM para decir que se basa en lo legal y estamos tratando de recuperar esas tierras que están en manos del gobernador, la Universidad de Formosa ya se retiró del territorio QOM, pero las tierras siguen en manos de Insfrán, tratan de justificar el despojo utilizando a la justicia para decir que yo soy el que no respeta los derechos constitucionales. Esto es lamentable que la nación y la provincia avalan lo que hace el gobernador, acá estuvieron autoridades nacionales, como el doctor Martín Fresneda, Secretario de Derechos Humanos, el ministerio de Desarrollo Social, el presidente del Inadi, estuvieron en mi casa y hoy tengo una causa penal por usurpación. Estas tierras que estamos ocupando, habitando son propiedad de la comunidad, a través de varios decretos nacionales que fueron ratificados por la provincia de Formosa, entonces no pueden decir que los usurpadores somos nosotros, los Elia, la Universidad, Parque Nacional, ellos son usurpadores, están invadiendo territorio indígena que ancestralmente han vivido nuestros padres en este lugar.

ELM: ¿Cuál es la situación del relevamiento territorial que mencionabas con conflicto?

FD: El relevamiento territorial se ha hecho el año pasado, finalizó en noviembre, donde el gobierno formoseño ha ratificado el despojo mediante el uso de la asociación civil que está en sus manos a nombre de un indígena que se llama Cristino Sanabria, es el que avala toda la irregularidad que afecta a la totalidad de la comunidad. Ese relevamiento no lo hemos firmado, la cartografía, la carpeta técnica, pero si lo firmó Sanabria, nos dejaron afuera del título oficial de la provincia, esto habilita a la justicia a poder perseguirme, dicen que estoy usurpando tierras que no son de nuestra comunidad. Da vía libre a la justicia para decir que soy el que está violando derechos privados, esta estrategia jurídica es perfecta para poder justificar el despojo territorial, nosotros somos veinte familias que estamos afectadas, posiblemente si la Corte avala el informe de la provincia, del Instituto nacional de asuntos indígenas, el relevamiento territorial si es que se oficializa, vamos a ser despojados pese a que hemos vivido históricamente en estas tierras, es muy preocupante la situación porque hay una convivencia entre los poderes del Estado hacia la justicia para justificar el despojo de los territorios que es donde están los recursos naturales, para poder usar el desarrollo de la provincia y de la nación y nosotros somos un estorbo para el Estado, cuando se habla de economía, somos los guardianes protectores de los recursos naturales, sin que nadie nos pague para cuidar el agua, el monte, todo lo que hay en la madre tierra, sabemos que es parte de nosotros.

ELM: Cambiando de tema, el año pasado a través de la Alameda, recibieron maquinarias textiles que habian sido expropiadas en un allanamiento a un taller clandestino, ¿están utilizándolas?
FD: Las mujeres están con ese tema y tienen dificultades, muchas veces el deseo de querer desarrollar a través de sus capacidades, hoy se encuentra limitado por falta de materia prima y el manejo técnico de las máquinas, que para nosotros son muy útiles. Ya se han hecho montones de ropas para beneficiar a chicos que han quedado huérfanos o familias carenciadas. El objetivo es poder seguir aportando un granito de arena para sustentar la búsqueda de la autonomía y creo que se ha hecho un trabajo enorme a través de la Alameda, que sigue acompañando a la comunidad, pero como es un fundación que no puede abarcar todo el país, sin embargo nos están dando una mano muy importante, con sus técnicos, que vienen a reparar las máquinas, cambiar agujas, todas las cuestiones técnicas, muy necesarias para que sigan funcionando como corresponde.

ELM: Muy claro. ¿No sé si queres agregar algo más?
FD: Los que habitamos la zona norte, vamos a tener un encuentro los días 30 y 31 de mayo en Las Lomitas, nos autoconvocamos para una autocapacitacion de derechos indígenas, en la cual estamos trabajando a pulmón, para que nuestros hermanos conozcan sus derechos y defiendan su territorio, los derechos humanos y de sus comunidades. Están convocados los pueblos Wichis, Nivaclé, Qom, Pilagá, además los hermanos del Chaco van a estar participando de este evento tan importante. Va ser la primera vez que podamos reunirnos entre todos los pueblos y decidir el destino que vamos a trazar, porque se aproxima la campaña electoral, donde nos hacen dividir, pelear por cuestiones partidarias y no queremos que siga pasando, queremos plantarnos basados en nuestros derechos que no se pueden negociar, no se pueden manipular, porque son adquiridos a través de la Constitución Nacional, las provinciales y tenemos que conocer esas herramientas para defendernos.
Luego del saludo finalizaba la charla con el qarache de la comunidad Qom La Primavera, quien nos dejaba la invitación para el 30 y 31 del corriente en la localidad Las Lomitas, Formosa, en la ruta Nacional 8, tierra donde fue masacrado el pueblo originario Pilagá, en el año 1947 (recomendamos el documental Octubre Pilaga que dejamos al final de la nota).
Audio completo
Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article7806 

----- 
A 45 días de la declaración de emergencia de seguridad:
Se agrava la situación de 
los derechos humanos en la Provincia de Buenos Aires

Por: AGENCIA WALSH
Ante los anuncios realizados por el Gobernador Daniel Scioli y el Ministro de Seguridad, Alejandro Granados, en relación al resultado de la Emergencia de Seguridad en sus primeros 45 días, la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires expresa.

La información oficial no hace más que confirmar que la orientación de las políticas anunciadas insisten en un esquema de control territorial que delega la seguridad pública en la policía bonaerense. De este modo se insiste en un modelo que ha demostrado una completa ineficiencia en el abordaje del delito y la profundización de las violaciones a los DERECHOS HUMANOS de toda la población y fundamentalmente de los sectores pobres.

Confirmando que el discurso bélico, de guerra contra el delito, se ha transformado en acción, el comunicado oficial expresa entre los resultados que se efectuaron “164 enfrentamientos con 35 delincuentes abatidos”. Sin eufemismos el gobierno provincial asume que en su concepto de la seguridad y la “paz social” tiene entre los resultados positivos esperables la muerte de los enemigos, que ya no son personas muertas, sino delincuentes abatidos en enfrentamientos. Una simple proyección de lo informado, nos indica que en un año de emergencia morirían en los denominados enfrentamientos más de 290 personas. Lo que para el ejecutivo parece ser un dato esperable y positivo, sólo nos habla de un escenario de mayor violencia que no disminuye sino que aumenta las muertes en la provincia de Buenos Aires.


Preocupa también que el anuncio de la realización de “18.000 procedimientos preventivos y proactivos” coincida con lo recientemente denunciado por la CPM. Nos referimos a la proliferación de detenciones, cacheos y secuestros en el marco de procedimientos policiales sin orden judicial. Tal como expresáramos, sabemos por nuestra tarea cotidiana que la habilitación de privaciones de libertad por parte de la policía, sin autorización y al margen del control judicial, es la condición de posibilidad de otro tipo de acciones tales como el reclutamiento para cometer delitos, la extorsión, la tortura y las desapariciones forzadas de personas.

Otro motivo de preocupación es el anuncio de 13.000 delitos esclarecidos. Esto es parte de una concepción de la función policial completamente apartada del rol constitucional. La función policial no es esclarecer, sino prevenir y reprimir delitos aportando, en el mejor de los casos, elementos de prueba que, legalmente obtenidos, contribuyan a que el poder judicial determine en el marco de un proceso la existencia o no de un delito y la imputación, condena o absolución de una persona. De manera tal que lo expresado refuerza la profundización del esquema de delegación judicial en la policía, y como contrapartida, la falta de avance en la implementación de la policía judicial.

La presentación de cifras realizadas en el marco del balance de la emergencia en materia de seguridad, expresa una gran subestimación hacia la opinión pública. Como señalamos en el último Informe Anual, a partir del año 2013 el Ministerio de Seguridad dejó de publicar datos relacionados con los delitos. Hasta la fecha, los últimos datos publicados por el Ministerio de Seguridad son de diciembre de 2012. Sin embargo, a la hora de evaluar los primeros 45 días de la emergencia, se presentan datos comparativos entre los años 2014 y 2013, sin precisar la metodología ni las instancias oficiales que han elaborado esas cifras.


La improvisación y debilidad técnica de estos datos no resisten el análisis de lecturas atentas. Por ejemplo, se habla de “asaltos”, categoría que no remite a ningún delito del código penal. ¿Qué son los asaltos? ¿Se refiere a los robos, a los robos con armas o a otros robos agravados? Esta presentación de cifras aisladas, fuera de toda referencia que permita interpretarlas y contextualizarlas y que se realiza en el marco de una política de ocultamiento de los datos de los delitos por parte del Ministerio de Seguridad provincial, no es capaz de fundamentar ninguna presentación de resultados. Lo que se pretende presentar como reducción de delito no tiene en este comunicado ninguna referencia que permita fundar esta afirmación.

Por fuera de los anuncios en el marco de la emergencia, pero como confirmación del modelo elegido, el ministro de Seguridad dictó con fecha 20 de mayo una resolución por la cual dispone rehabilitar el funcionamiento de los calabozos ubicados en dependencias policiales de la Provincia de Buenos Aires. Cabe recordar que la clausura de los calabozos en dependencias policiales fue dispuesta con motivo de las inhumanas condiciones de detención y la disfuncionalidad respecto al rol que tiene la policía que no es la de custodiar detenidos sino la prevención de delitos. De manera tal que la rehabilitación de un centenar de calabozos en la Provincia no solo implicará una profundización de las condiciones de detención que fomentan y propician la tortura -y que fueron limitadas por las Cortes Supremas de Justicia Nacional y Provincial de Buenos Aires- sino que también quitará policías de su función de prevención del delito para nuevamente involucrarlos en la custodia de detenidos.

Durante los últimos años, el gobierno provincial difundió la baja del índice de personas detenidas en comisarías como un logro de su gestión que cumplía con los fallos de la CSJN y los reiterados señalamientos críticos de los organismos internacionales. Todos los Comités y organismos de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano, señalaron la detención en comisarías como graves violaciones de derechos esenciales.

La decisión política de profundizar las políticas de seguridad en clave de prisionización, control poblacional y fortalecimiento de la autonomía policial, elevó la cantidad de personas detenidas de 26.500 aproximadamente en 2007 a 31.500 en la actualidad. Casi 5.000 personas más durante esta gestión de gobierno. Un 18 % más de detenidos que colapsaron el sistema de encierro. Casi un 65% de personas detenidas con prisión preventiva, y por lo tanto inocentes, que padecen graves y constantes violaciones de derechos humanos. No hay esperanza rehabilitadora para nadie en estos lugares de detención; quienes pasen por allí agravarán los padecimientos que los llevaron a estos ámbitos.

Los anuncios dados confirman un apartamiento cada vez más pronunciado por parte del Ejecutivo Provincial de las propuestas de seguridad democrática y en este punto profundizan la distancia entre políticas de seguridad y respeto a los derechos humanos.

La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires es un organismo público extra-poderes que funciona de manera autónoma y autárquica. Fue creada por resolución legislativa 2117 de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires en julio de 1999, y ratificada por la ley 12.483 del 13 de julio de 2000 y su modificatoria, la ley 12. 611/2000. Está integrada por referentes de organismos de derechos humanos, religiosos de distintos credos, intelectuales, funcionarios universitarios y judiciales, legisladores y sindicalistas, como expresión plural del compromiso con la memoria del terrorismo de estado y la promoción de los derechos humanos. Mediante la Ley provincial 12.642/00 - aprobada por unanimidad- recibió el edificio en el que había funcionado durante medio siglo la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) para que establezca su sede. Junto con ese emblemático edificio, la Comisión asumió la responsabilidad de custodiar y gestionar el primer archivo de inteligencia policial desclasificado de la Argentina: el Archivo de la DIPPBA.

La CPM está integrada por:

Adolfo Pérez Esquivel
Hugo Cañón
Aldo Etchegoyen
Elisa Carca
Mauricio Tenenbaum
Víctor Mendibil
Víctor De Gennaro
Luis Lima
Susana Méndez
Carlos Sánchez Viamonte
Roberto Cipriano García
Dora Barrancos
Martha Pelloni
Por UNLP: Verónica Cruz
Por Senado de la Provincia:
Senador Emilio López Muntaner
Senador Horacio López