miércoles, 30 de abril de 2014

Sepamos: “Pretenden SILENCIARNOS con subsidios cuando nosotros exigimos trabajo. Es por esto que de conjunto hemos decidido volver a salir a las calles".

Comunicado de Prensa
Agradecemos su difusión
28/04/ 2014
LA INFLACION  NOS COME
+ PUESTOS DE TRABAJO
BASTA DE PRECARIZACIÓN LABORAL
AUMENTO SALARIAL

La inflación no cesa un instante, la desocupación y la pobreza aumentan y los gobiernos hacen oídos sordos a los reclamos populares. Los productos de la canasta básica son los que más aumentan y el trabajo informal y en negro son los primeros que desaparecen. Una vez más, la crisis nos golpea primero a los sectores populares y a los trabajadores.

Mientras tanto Macri y Cristina se dedican a aplicar medidas de ajuste cada vez mayores y a denunciar y criminalizar la protesta social. En este momento se han unido detrás del proyecto de ley “antipiquetes” para tener vía libre para avanzar con represión sobre las luchas.

Por trabajo acorde a las necesidades populares

Desde hace meses que la mayoría de las organizaciones sociales de la Ciudad venimos reclamando al Ministro Cabrera  (Desarrollo Económico) y al Jefe de Gobierno Macri que se abran a discutir una política de empleo en la ciudad, que incluya la generación de nuevos puestos, un salario acorde a las necesidades de nuestras familias y condiciones laborales dignas. Lo venimos haciendo en el marco de la más amplia unidad y con la más firme de las convicciones. Les hemos propuesto decenas de variantes, desde trabajar para mejorar la infraestructura de nuestros barrios hasta dedicarnos al mejoramiento de edificios y espacios públicos en otras zonas de la ciudad. Sin embargo, a pesar de toda nuestra voluntad, no hemos tenido ninguna respuesta favorable.

Pretenden “silenciarnos” con subsidios cuando nosotros exigimos trabajo. Es por esto que de conjunto hemos decidido volver a salir a las calles.

El próximo martes 29 desde las 9hs. realizaremos un bloqueo al microcentro, partiendo del Obelisco.

Y de seguir el gobierno en esta actitud profundizaremos nuestras medidas.

+ PUESTOS DE TRABAJO
BASTA DE PRECARIZACIÓN LABORAL
AUMENTO SALARIAL

FOB Regional Capital, AGTCAP / FOL, Agrup. Clasista Lucha y Trabajo, MTL Rebelde, MST Teresa Vive, MRP, TPR, Asamblea Barrio Charrua, Agrupación Bartolina Sisa, MTD Aníbal Verón, Polo Obrero, Frente Popular Darío Santillán

Contactos de Prensa:

AGTCAP:  Matias 11-5584-1250
MTL Rebelde: Sergio 11-5771-3018
Agrup. Clasista Lucha y Trabajo:  Sergio Párraga 15-5182-5940
MST Teresa Vive:  Nicolás Mayr 11-6257-39 20
FOB Regional Capital:  Soledad 11-3847-3776
MRP:  Paula 11-6736-8719
Agrup. Bartolina Sisa:  Diego 11-5707-0516
TPR:  Natalia 11-4070-4885
Asamblea Charrúa:  Juan Carlos 11-5723-4466

Polo Obrero: Leo 11-6937-1379

III. “Necesitamos, movilizarnos, estar informados, porque esta situación nos afecta a todos”.

El Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), creado en 1999, es una organización no gubernamental sin fines de lucro cuyo objetivo es construir una relación más armoniosa entre el ambiente y las personas. Su trabajo se centra en mejorar el acceso a la justicia de víctimas de violaciones de derechos humanos producto de la degradación ambiental o a causa de la gestión no sustentable de los recursos naturales, y prevenir futuras violaciones. Para ello impulsa la generación de políticas públicas que promuevan el desarrollo social y ambientalmente sustentable e incluyente a través de la participación comunitaria, el litigio de interés público, el fortalecimiento de instituciones democráticas y la capacitación de actores clave.

Nuevo Informe Técnico y Legal Sobre Fracking en Argentina


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martes, 29 de abril de 2014

II. “Necesitamos, movilizarnos, estar informados, porque esta situación nos afecta a todos”

Declaración de los pueblos

víctimas de las prácticas de Chevron en el mundo


Por OPSur (25-04-2014)

La Unión de Afectados por las Operaciones Petroleras de Chevron-Texaco, en Ecuador
La Confederación Mapuche de Neuquén, en Argentina
Richmond Progressive Alliance, Asian Pacific Environmental Network y Gayle McLaughlin – Alcadesa de Richmond, en California – Estados Unidos
Environmental Rights Action/Friends of the Earth Nigeria y Kebetkache Women Development and Resource Centre, en Nigeria
Las Comunidades de la Región de Vaslui, en Rumania

CONSIDERANDO:
Que, en cada uno de nuestros territorios hemos sido víctimas de los abusos de la compañía petrolera: hemos presenciado la devastación de la naturaleza como consecuencia de su irresponsable operación, hemos sufrido la muerte y enfermedad de nuestros pueblos, se han violado nuestros derechos personales y colectivos, y hasta hemos sido calificados como delincuentes por elevar nuestra voz de protesta.
Que, históricamente, la avaricia y sed de ganancias de Chevron han primado por sobre la seguridad pública, los derechos ciudadanos, y el respeto a la Naturaleza. En los últimos tiempos, Chevron ha aplicado una serie de medidas sistemáticas de “exoneración de responsabilidad” en la que la petrolera explota, contamina, daña y se enriquece, pero nunca responde por sus actos.
Que, en países como Argentina o Rumania, Chevron se ha transformado en la punta de lanza de la exploración de yacimientos no convencionales, a través de la cuestionada técnica experimental del fracking, que magnifica las posibilidades de contaminación de nuestros territorios y las fuentes de agua subterráneas. Chevron ha sido el promotor de la explotación de estos yacimientos aliándose a los gobiernos que han reprimido las justas protestas de la población, violando nuestros derechos colectivos.
Que, la reunión general anual de accionistas de Chevron, donde sus directivos informarán acerca de la situación financiera de la compañía y su aparente solidez (producto de su sistemática irresponsabilidad), se llevará a cabo en la mitad del desierto de Texas, en donde no habrá comunidades, activistas, prensa, ni nadie que incomode a la opulencia y poder.  Chevron intenta esconderse.  Solamente su Gerente General, John Watson, podrá ejercer su derecho a expresarse.
Que, somos cientos de miles las personas afectadas por Chevron en Ecuador, Nigeria, Estados Unidos, Argentina, Rumania y muchos otros países. Esta cifra continuará creciendo cada día, debido al modus operandi de la empresa que sistemáticamente  violenta los derechos de las personas y la naturaleza en los lugares donde opera, negándose posteriormente a realizar la justa remediación de esos territorios, actitud que constituye una violación en sí misma.
NOS UNIMOS EN UNA SOLA VOZ Y DECLARAMOS:
Ø       Nuestro rechazo a las prácticas abusivas e irresponsables de Chevron Corporation en el mundo. En particular, rechazamos:
Ø       Sobreponer sus intereses económicos por sobre los derechos de las personas y la naturaleza;
Ø       Devastar cientos de miles de hectáreas de suelo y millas marítimas, por su operación irresponsable y ambiciosa;
Ø       Contaminar, voluntariamente, las fuentes de agua, manteniendo a miles de personas privadas de su derecho a la salud y a un ambiente sano;
Ø       Aniquilar pueblos indígenas ancestrales y discriminar a los habitantes de los territorios donde opera;
Ø       Irrespetar y desconocer los derechos de las mujeres, niños y niñas;
Ø       Ocasionar, a través de prácticas negligentes, enfermedades respiratorias, reproductivas y cáncer en miles de niños, jóvenes, adultos y ancianos;
Ø       Violentar el derecho de autodeterminación de los pueblos al impulsar la cuestionada técnica del fracking para la exploración y explotación de yacimientos no convencionales;
Ø       Usar fuerzas militares para la seguridad privada de la compañía, con prácticas violentas en contra de los ciudadanos
Ø       Irrespetar y abusar los derechos de los trabajadores en virtud de la productividad de la compañía;
Ø       Irrespetar los sistemas jurídicos nacionales e internacionales, antes, durante y después de su operación, con el fin de maximizar sus ganancias por sobre los derechos de la población y evadir el cumplimiento de sus responsabilidades;
Ø       Abusar de los principios de la ley societaria, escondiéndose detrás de docenas de subsidiarias para evadir sus responsabilidades;
Ø       Despilfarrar innumerables recursos económicos para limpiar su imagen, en lugar de invertirlos en reparar los derechos que ha vulnerado;
Ø       Abusar de su poderío económico y político para acallar la voz de quienes reclaman  a la compañía para que  asuma su responsabilidad.
 INVITAMOS:
A participar, activamente, en el Día Internacional Anti Chevron, el miércoles 21 de mayo de 2014, para que el mundo se sume con acciones públicas y mensajes de rechazo a las malas prácticas de Chevron Corporation.
A elevar una voz conjunta para que, sin importar el rincón donde se esconda,  Chevron Corporation, sus directivos y sus accionistas, escuchen que:

·         No toleraremos la irresponsabilidad e indiferencia de la compañía frente a los daños que ha ocasionado en nuestros territorios.
·         No permitiremos que pretenda eximirse de su responsabilidad inculpando a los gobiernos locales o a terceros relacionados.
·         Chevron debe pagar por la contaminación y devastación de la naturaleza y los ecosistemas terrestres y marinos;Exigimos el respeto a la autodeterminación de los pueblos que rechazan la utilización del fracking y otras técnicas contaminantes en sus territorios.
·         Exigimos respeto por los pueblos y comunidades nativas de los territorios donde opera.
·         Exigimos el respeto a los trabajadores y condiciones óptimas y dignas para el desempeño de sus funciones.
·         Exigimos el cumplimiento de las obligaciones impuestas por los sistemas judiciales de los países en los que opera y en los que mantiene conflictos.
·         Exigimos que Chevron Corporation, por sí misma o a través de sus subsidiarias, responda con su patrimonio por los daños que ha ocasionado en el mundo.
·         No descansaremos en nuestras luchas hasta que Chevron Corporation modifique sus prácticas, asuma sus responsabilidades y cumpla con sus políticas de responsabilidad corporativa.
·         No consumiremos ni negociaremos con productos que lleven la marca de Chevron.

SE SOLIDARIZAN: (…)
Fuente: http://www.opsur.org.ar/blog/2014/04/25/declaracion-de-los-pueblos-victimas-de-las-practicas-de-chevron-en-el-mundo/


I. “Necesitamos, movilizarnos, estar informados, porque esta situación nos afecta a todos”

Lanzan en Neuquén el Día Internacional Anti Chevron

Por OPSur (25-04-2014)
El 21 de mayo, una semana antes de la junta anual de accionistas de la petrolera norteamericana, se realizará en distintos países del mundo una jornada mundial Anti Chevron. La campaña fue presentada esta mañana por un grupo de organizaciones estudiantiles, políticas, sociales, mapuce, feministas, sindicales y de DDHH nucleadas en la Multisectorial contra la Fractura Hidráulica de Neuquén. La jornada fue convocada en paralelo en Estados Unidos, Ecuador, Rumania y Nigeria.
Con una conferencia de prensa en la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Comahue (ADUNC) fue lanzada la campaña del Día Internacional Anti Chevron, que es convocado por organizaciones de cinco países afectados por la petrolera y se realizará en distintas partes del mundo el próximo 21 de mayo. En el lugar se difundió una “Declaración de los pueblos víctimas de las prácticas de Chevron”, en donde señalan que son “cientos de miles las personas afectadas por Chevron en todo el mundo, con una cifra que crece cada día, debido a un modus operandi de la empresa que sistemáticamente ha violentado derechos de las personas y la naturaleza en los lugares donde ha operado, negándose posteriormente a realizar la justa remediación de esos territorios”.

Ayliñ Ñancucheo, vocera de la Multisectorial contra la Fractura Hidráulica de Neuquén, señaló que  “la idea de movilizarnos y de las distintas actividades que convocamos a partir de ahora y hasta ese día, es fundamentalmente hacer difusión, porque mucha gente no está enterada de la situación. Y si está enterada, no se moviliza. Y eso es lo que necesitamos, movilizarnos, estar informados, porque esta situación nos afecta a todos”, señaló durante la conferencia de prensa realizada esta mañana.

En Argentina, tanto en Neuquén como en Buenos Aires se conmemorará el Día Internacional Anti Chevron con un Festival Musical el día 21 de mayo. “Además se realizarán actividades previas, como un cine debate el martes 29 de mayo en el Bar La Tribu, en Buenos Aires, y una peña Anti Chevron”, comentó Felipe Gutiérrez, de la Red de Solidaridad con los Afectados por Chevron en Ecuador, espacio que organizará las actividades en la capital.

“En nuestras comunidades es donde se sufre directamente la explotación”, indicó Ayliñ Ñancucheo, de la Multisectorial. “Es ahí donde se produce el deterioro de la salud no solo de las personas sino también del ixofil mogen, la biodiversidad decimos nosotros. En esos espacios no solamente se sustenta nuestra la propia vida como personas, sino también la de nuestras culturas como pueblos originarios de estos lugares donde Chevron ha contaminado, tanto en nuestro territorio como en otros países como Ecuador y Nigeria”.

Por su parte, Carolina García, agregó que como Multisectorial “consideramos acompañar a las comunidades afectadas, en especial acá en Neuquén por Chevron, recordando lo que es Chevron. Recordando los daños ambientales y sociales que ha generado, el más reconocido es en Ecuador, y no queremos que esto pase acá en nuestra provincia. Por eso queremos desde la Multisectorial convocar a este día que va a ser el 21 de mayo a que nos manifestemos contra la Chevron”, dijo en declaraciones a Radio CALF.
Mientras, en el mundo se realizarán acciones en Ecuador, Estados Unidos, Nigeria y Rumania, que son los convocantes, y se espera que se sumen otras acciones en países como Brasil, España y Francia. La fecha escogida es el 21 de mayo, una semana antes de la junta anual de accionistas de Chevron. Según la declaración hecha pública hoy, dicha junta “se llevará a cabo en la mitad del desierto de Texas, en donde no habrá comunidades, activistas, prensa, ni nadie que incomode a la opulencia y poder. Chevron intenta esconderse. Solamente su Gerente General, John Watson, podrá ejercer su derecho a expresarse”.
La iniciativa busca “unir en una sola voz” a los afectados por la petrolera en diversos países, denunciando, entre otras cosas, la devastación de miles de hectáreas en todo el mundo por la acción de la petrolera y la contaminación de fuentes de agua, manteniendo a miles de personas privadas de su derecho a la salud y a un ambiente sano. También advierten del abuso de su poder económico, escondiéndose detrás de resquicios legales para no realizar las remediaciones ambientales que los afectados demandan; y el irrespeto por los derechos tanto de los pueblos indígenas que habitaban previamente los territorios explotados, como los de las mujeres, niños y de sus propios trabajadores.

Cada una de las convocantes tiene distintos niveles de afectación de parte de la petrolera. Mientras que en la ciudad de Richmond, Estados Unidos, denuncian la contaminación dejada por una refinería de Chevron en medio de la ciudad, la que se vio agravada por un incendio en 2012,  en Ecuador, la operación de Texaco (fusionada en 2001 con Chevron), contaminó más de 450 mil hectáreas y afectó a cerca de 35 mil personas. En 2011 y tras casi 20 años de litigio, los afectados ganaron un juicio por 9.5 mil millones contra la petrolera, monto que no han podido cobrar debido a que Chevron retiró sus activos de ese país. En Nigeria, por otra parte, la empresa ha sido denunciada por devastar extensas zonas del Delta del río Níger, siendo también responsabilizada por instigar a la represión de las protestas de los habitantes del lugar.

La petrolera también ha estado vinculada a la represión estatal en otros países como Argentina y Rumania. Según la declaración de los pueblos afectados, en estos países “Chevron se ha transformado en la punta de lanza de la exploración de yacimientos no convencionales, a través de la cuestionada técnica experimental del fracking, que magnifica las posibilidades de contaminación de nuestros territorios y las fuentes de agua subterráneas. Chevron ha sido el promotor de la explotación de estos yacimientos aliándose a los gobiernos que han reprimido las justas protestas de la población, violando nuestros derechos colectivos”.

Constatamos: " este gobierno que mucho habló durante estos años de Soberanía pero no afectó ni un ápice las condiciones de dependencia y la posición del capital extranjero y los condicionamientos que impone el imperialismo en el país".

Acuerdo Repsol, un premio a los vaciadores


Por Esteban Mercadante (Instituto de Pensamiento Socialista-IPS)
El día de ayer se aprobó el acuerdo con Repsol para pagarle generosamente por el 51% de las acciones de YPF S.A. El oficialismo, compuesto por muchos que en los noventa fueron entusiastas de las privatizaciones (empezando por la Presidenta) y que hace dos años sostenía que en el mejor de los casos Repsol recibiría un pago simbólico, ahora pretende que el acuerdo "amistoso" con Repsol expresa una posición firme ante los vaciadores españoles.
Queremos detenernos en algunos aspectos de lo votado ayer.

En primer lugar, las condiciones del acuerdo son un resultado de la decisión que se tomó cuando se expropió a Repsol, que fue mantener el esquema de lo que era “YPF SA”, es decir la misma compañía que fue durante buena parte de los ’90, cuando ya estaba avanzada la desregulación del sector hidrocarburífero y la penetración del capital privado y extranjero en el sector. Como desde un primer denunciamos, lo que se presentaba como una expropiación de YPF, con ley mediante, era apenas la “recompra” mediante expropiación del 51% de las acciones por parte del Estado para tomar el control de YPF S.A., en condiciones similares a la empresa manejada por Estenssoro en los '90, anticipo de la entrada de Repsol. Hace dos años, se quiso presentar como una medida de “soberanía hidrocárburifera” una medida que apenas tocó el 51% de las acciones de una empresa que hoy maneja apenas un tercio del petróleo, y 30% del gas que se extrae en la Argentina, y en el caso de la refinación de petróleo YPF concentra el 54%. Señalamos que esta medida limitada, que preservaba el estatus de empresa privada cotizante (acá y en Nueva York) de YPS SA no permitiría atacar el problema energético de raíz, e involucraría por las propias condiciones en que se estaba realizando, onerosos costos para el país. El acuerdo que rubricó ahora el ministro Kicillof con la compañía, sobre la base de la tasación realizada, y que aprobó el congreso, confirma todo esto. Nosotros, así como otras fuerzas de izquierda y sectores combativos de la clase trabajadora, que participamos de la lucha contra las privatizaciones y nunca dejamos de plantear la reestatización bajo control obrero, planteamos ante la crisis energética la necesidad de expropiar sin pago y poner bajo control obrero todo el conjunto del sistema hidrocárburifero, desde la extracción hasta la refinación. No sólo Repsol sino también los activos de las empresas de Bulgheroni, de Cristobal López, de Shell, de Chevron. 

El gobierno dejó en pie a YPF S.A. y se obligó a tasar el 51% del valor de la compañía para pagar a Repsol. Esto era meterse ya en una trampa: la tasación no podía ser muy baja, ya que de ser así podría haber afectado el valor bursátil de la compañía y su posibilidad de financiamiento. ¿Por qué se metió en el gobierno en esta encerrona? Para mantener una empresa bajo forma S.A. que permite un manejo más discrecional que si se tratara de una empresa pública; y además para mantener los lazos con el capital financiero internacional que permiten entre otras cosas que la empresa sea una fuente de dólares. Dólares que el gobierno está haciendo entrar por la ventanilla de YPF para que puedan ser utilizados para sostener los pagos de la deuda, el déficit energético y otras gangrenas que son consecuencia de las políticas de este gobierno que mucho habló durante estos años de “soberanía” pero no afectó ni un ápice las condiciones de dependencia y la posición del capital extranjero y los condicionamientos que impone el imperialismo en el país.

Estas decisiones, envueltas en un cotillón de "soberanía hidrocarburífera" hace dos años, y acompañados por el Informe Mosconi que el acuerdo actual transforma en pura retórica sin efectos, son las que ahoran obligan a garantizar a Respol un pago en mano 5 mil millones de dólares (en realidad 5.500 millones porque el bono discount ya devengó intereses por 500 millones), para lo cual se le entregan bonos por un valor de 6 mil millones. Y que con los intereses podrían representar para el Estado pagos de 11 mil millones de dólares, buena parte de los cuáles se concentran en los próximos diez años. Se pretende que este es un buen acuerdo. Sin duda que lo es para los españoles, que si se quedan con los bonos en sus manos podrán garantizarse un flujo de fondos bastante cercano a lo que giraban anualmente a su casa matriz en concepto de remesas de utilidades. Nada mal para ser “expropiado”, especialmente cuando fueron denunciados en su momento de vaciadores (algo que dijo el propio ministro y con lo cual no podemos más que estar de acuerdo, ya que lo denunciamos durante todos los años en los que tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández consideraron a Repsol un gran aliado). Algunos datos de este vaciamiento, consentido por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernandez, lo dicen todo: entre 2003 y 2007 Repsol repatrió según balances el 97% de sus utilidades, es decir destinó apenas un 3% para inversión. El Informe Mosconi denunciaba que Repsol obtuvo entre 2008 y 2011 rentabilidad operativa de entre 1.300 y 1.800 millones de euros. Allí se señala en la página 13, que "la rentabilidad neta del grupo Repsol fue creciendo año a año, desde 1.014 millones de euros en 1998, pasando por un máximo de 4.997 millones de euros en 2010 para finalizar el año 2011 con una ganancia neta de 2.544 millones de euros". Y más adelante, en la página 15, se indica "Esto significa que mientras el patrimonio se mantuvo estable, e incluso disminuyó en los últimos años como consecuencia de la política de desinversión, las ganancias siguieron una tendencia creciente.". El vaciamiento que denunciaban hace muy poco fue borrado de un plumazo. Repsol debería devolver todas las divisas que se llevó del país para compensar el saqueo realizado.

El ministro habló largamente en el congreso, de los criterios para tasar una empresa. Pero no era necesario “tasar una empresa” para tomar el control público de estos recursos estratégicos (que como tales son propiedad del Estado), escandalosamente entregados en los ’90 a los “conquistadores” españoles, así como se entregaron tantas empresas a precios de remate a capitales privados (mayormente extranjeros) y hacerse de fondos que fueron mayormente utilizados para pagar deuda fraudulenta. Alcanzaba con tasar a valor fiscal los bienes expropiados. Este último no fue ni es el criterio que nosotros hemos defendido; nosotros hemos planteado expropiación sin pago y lo seguimos haciendo, pero permite medir el grado extremo de concesiones a las que llega este acuerdo, que ahora se quiere hacer pasar por bueno para la Argentina. Este criterio fue por ejemplo el que aplicó el gobierno nacionalista burgués de Lázaro Cárdenas en México, cuando expropió a 17 compañías petroleras extranjeras. Estas corporaciones imperialistas empezaron a reclamar en la prensa internacional una compensación por 400 millones de dólares, 2.000 millones de pesos mexicanos de ese momento (ver La Corte Suprema de Justicia durante el gobierno del General Lázaro Cárdenas, de Lucio Cabrera Acevedo). La respuesta del Estado mexicano fue guiarse por el criterio de que “el precio de la cosa expropiada se basará en el valor fiscal que de ella figure en las oficinas catastrales o recaudadoras”. Es decir, el valor de muebles e inmuebles considerados por el fisco mexicano (y no el valor del mercado que las empresas declaraban). Con este criterio el capital reembolsado por el Estado fue de poco más del 10% de lo reclamado por las empresas. El gobierno argentino pactó pagar, en dinero contante y sonante (no otra cosa son los bonos garantizando sí o sí 5 mil millones de dólares), el 33% de lo que Repsol reclamó en su exigencia más exagerada, y el 50% de lo que pusieron por escrito en la demanda ante el CIADI (y en realidad con los intereses lo que deberá pagar la Argentina supera el 100% de lo reclamado por Repsol en el CIADI, como dijimos más arriba). Como vemos, aún en términos de negociaciones llevadas a cabo por gobiernos burgueses, el acuerdo “peleado” del gobierno se deschava por la generosidad de sus concesiones.

Por último, señalamos una última contradicción entre este acuerdo y lo que el ministro Kicillof planteaba hace dos años. Por ese entonces decía que “Repsol va a tener que pagar por el daño ambiental”. Hasta le puso números a este reclamo: alrededor de 5 mil millones de dólares sería el valor económico de los daños generados por Repsol. El actual acuerdo “amistoso” con la compañía excluye cualquier posibilidad de litigar a Repsol por los pasivos ambientales. No sólo resulta escandaloso, sino que sienta un peligroso precedente. Ali Moshiri y John Watson de Chevron deben estarse frotando las manos, en anticipación de la impunidad ambiental que pueden experar se extienda a ellos.

Este acuerdo es emblema de toda la política energética que se viene. Galluccio se frota las manos por los acuerdos que espera rubricar con otras petroleras, tomando como modelo el convenio Chevron. Las petroleras se preparan para hacer jugosos negocios, con la garantía de libre disponibilidad de divisas por el equivalente a un 20% de la producción, que significa que podrán repatriar alegremente todas sus ganancias.


Está planteado pelear por la anulación de este acuerdo, la declaración del no pago de toda la deuda, incluidos los bonos que ahora se entregan a Repsol, el no pago de ni un solo dólar a los vaciadores. Y la inmediata expropiación de todos los activos de todas las empresas que conforman el complejo hidrocarburífero, para ponerlas bajo gestión de los trabajadores, rechazando los generosos acuerdos noventistas firmados con Chevrón, Dow Chemical y otras firmas. Es fundamental pelear por este programa, para que sean la clase trabajadora y los sectores los que decidan cómo se explota estos recursos, de forma que pueda resultar compatible con la preservación del medio ambiente, y qué destino se le da a la renta petrolera que hoy se distribuyen las empresas imperialistas y los Estados provincial y nacional (que usan su parte para pagar a usureros y subsidiar al capital).

http://puntoddesequilibrio.blogspot.com.ar/

lunes, 28 de abril de 2014

Nos convocan a acompañar la presentación de la Ley contra la Criminalización de la Protesta Social el 29 de abril a las 13hs frente al anexo del congreso Nacional, para que se cierren todas las causas penales iniciadas por participar en protestas, manifestaciones y/o cualquier otra forma de lucha".

Por la aprobación de la ley 

contra la criminalización de la protesta

Encuentro Memoria Verdad y Justicia
 Porque en nuestro país el número de procesados por luchar aumenta con cada conflicto, mientras permanecen impunes los responsables de crímenes contra el pueblo.
 Porque hay más de 4000 luchadores populares con causas abiertas.
 Porque a pesar del silencio oficial existen presos políticos: en Corral de Bustos por participar de una pueblada, en Las Heras y en Misiones por reclamos laborales.
 Porque a fines del año pasado a nueve trabajadores de Las Heras se los sentencio injustamente y a cuatro de ellos se los condenó en primera instancia a cadena perpetua, acusados de la muerte del policía Sayago en el marco de una pueblada en el año 2006 contra el impuesto al salario y contra la tercerización.
 Porque los diputados oficialistas, encabezados por Kunkel, han presentado un proyecto de Ley para reglamentar el derecho a manifestarse y declarar legítima o ilegítima cada protesta.
El Encuentro Memoria Verdad y Justicia convoca a acompañar la presentación de la Ley contra la Criminalización de la Protesta Social el 29 de abril a las 13hs frente al anexo del congreso Nacional, para que se cierren todas las causas penales iniciadas por participar en protestas, manifestaciones y/o cualquier otra forma de lucha.
El proyecto de Ley Contra la Criminalización ha sido propuesto por los organismos de derechos humanos que integramos el Encuentro Memoria Verdad y Justicia y fue presentada en el Congreso de la Nación por la diputada Virginia Linares. La presentación está respaldada por los diputados Nicolás del Caño, Néstor Pitrola, Pablo López, Victor de Gennaro y un amplio arco de diputados.
En la presentación de esta ley harán uso de la palabra distintos dirigentes políticos y sociales sobre los que pesan causas penales por el solo hecho de reclamar por sus derechos.

El 29 de abril a las 13 hs estaremos frente al Congreso Nacional para exigir la aprobación de la Ley Contra la Criminalización de la Protesta Social y con las consignas contra la criminalización por las que marchamos el último 24 de marzo: 
·        Cierre de las causas y anulación de las condenas a los luchadores populares procesados!! 
·        Libertad de todos los presos políticos!  
·        Absolución de los Trabajadores de Las Heras!

Nuestro compromiso en la lucha contra la criminalización de la protesta se refuerza hoy, cuando el oficialismo a través de un proyecto de ley presentado por el Frente para la Victoria, propone un proyecto de ley para limitar el derecho a manifestarse. Este proyecto además de exigir una notificación de 48 hs ante la autoridad policial para realizar una manifestación, establece que será el Ministerio de Seguridad el que decida si la manifestación se considera legítima o ilegítima.
Esta será la primera manifestación pública de rechazo al proyecto de ley contra las manifestaciones populares que intenta imponer el oficialismo.
Aquí se encuentran para descargar
el Proyecto de Ley Contra la Criminalización de la Protesta Social (Descargar) y
el proyecto del oficialismo que pretende, por el contrario, cercenar el derecho a manifestarse (descargar).

Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article7610

"Estamos ante un verdadero menú represivo ante la creciente protesta de los trabajadores y del pueblo. Existen demasiadas pruebas acerca de la represión explícita e implícita del kirchnerismo durante los últimos años".

Argentina: Represión a la carta

Por: Prof. Juan Carlos Sánchez (especial para ARGENPRESS.info)
Mientras se acrecienta la protesta social, con marchas y movilizaciones por todo el país, ante las serias limitaciones del modelo kirchnerista en materia socio - económica, fueron presentados dos proyectos en el Congreso Nacional con la finalidad de "regular" la modalidad de los diferentes cortes y piquetes.

La Presidenta Cristina Fernández ya había afirmado, en el mensaje de apertura de las sesiones ordinarias durante el pasado 1º de marzo, que "vamos a tener que sacar alguna normativa de respeto a la convivencia ciudadana, porque no puede ser..." "No puede ser que diez personas te corten una calle, por más razones atendibles que tengan. No puede ser. Y que no pase nada" para, luego, explicar como se realizan las manifestaciones en el Imperio: "¿cómo manifiestan en Estados Unidos? En la vereda hacen como vallas hasta el cordón, de esquina a esquina, dejan un espacio entre el ingreso a los negocios y la valla y la gente va adentro de la valla y protesta adentro de la valla, pero no cortan la calle ni interrumpen", siendo aplaudida a rabiar por el bloque PRO. Capitalismo puro, que duda cabe...

Sin embargo, además de los informes del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), el oficialismo debería leer y tomar nota del Informe "10 años de kirchnerismo: Una década ganada ¿para quién?" que elaborara CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional). En dicho material informativo, explica que "a pesar del recurrente discurso de ' no represión de la protesta ', la realidad muestra que pocas manifestaciones populares han escapado a algún grado o forma de represión en la pasada década, especialmente a partir de mediados de 2004, cuando el Gobierno Nacional vió asegurado el consenso necesario por el que trabajaron ardientemente". Asimismo, el organismo antirrepresivo afirmó que hubo 19 muertos; uno de ellos, desaparecido, en la represión directa a la clase trabajadora. Nada extraño cuando se viene defendiendo la pertenencia al capitalismo, con la incorporación al G - 20 y con ella, la sanción de la Ley Antiterrorista que, junto al resto del articulado del Código Penal, tiene procesados y, en algunos casos, condenados a más de 5.000 luchadores populares en nuestro país.

Los proyectos
Uno de ellos es el conocido proyecto Kunkel y la semana pasada, se presentó otro proyecto complementario al anterior por parte de las Diputadas Nacionales Diana Conti (FPV) y Alicia Comelli (MPN). El primero se refiere a la regulación de las manifestaciones públicas, bajo el paraguas de la "convivencia", en una clara interpretación del pedido presidencial aunque con un pequeño detalle: resulta ser una copia
adaptada de los Decretos Secretos Nº 1.086 y 1.216 de la dictadura chilena; mientras que el segundo amplía el concepto de "mediación", como carta de negociación con la oposición ante el fuerte rechazo de los organismos de Derechos Humanos y de diversas organizaciones políticas y sociales al proyecto original.

Ambas iniciativas expresan el verdadero sentir de la clase mierda, buscando su apoyo con miras a las elecciones del año próximo, la que ha apelado a la justicia por mano propia como ha ocurrido en Rosario y en Buenos Aires. Pero ello se conjuga con una necesidad del oficialismo: la de tener una herramienta jurídica para la represión y la severa limitación a los cortes y movilizaciones actuales y futuros, en previsión de un escenario adverso debido a las consecuencias de la devaluación del pasado mes de enero y la notoria inestabilidad económica que se evidencia a través del incremento de precios, pues éstos no están "cuidados" ante la pistola de remarcar de los principales supermercados del país.

Sin dudas, constituyen otro giro más hacia la derecha (aunque siempre lo fue el kirchnerismo) que deja traslucir su pase de un modelo neodesarrollista a otro neoconservador. Basta con leer "La Economia Argentina", de Aldo Ferrer, para darnos cuenta que nos encontramos ante otra nueva etapa agroexportadora con un fuerte sesgo extractivista, la que no permite satisfacer las necesidades de todas y todos los argentinos como también ampliando la brecha entre ricos y pobres.

Por otro lado, forman parte de una estrategia destinada a compartir el costo político de la represión con el resto de la oposición. Vale decir, pretende correrla por derecha para retomar la iniciativa política y ponerse en el centro de la escena ante los públicos reclamos del massismo y la política de seguridad del sciolismo.

La "convivencia" de Pinochet
La dictadura chilena encabezada por el extinto Gral. Augusto Pinochet Ugarte delimitó claramente el límite para las manifestaciones públicas e inclusive, lo extendió a las reuniones privadas. Esto último no sería extraño que fuese incorporado en un nuevo proyecto del oficialismo, teniendo en cuenta la vigencia y actualidad del Proyecto X.

Los Decretos Secretos Nº 1.086 y 1.216 tienen un contenido que fue reflejado en el articulado de los proyectos legislativos que se encuentran en el Congreso Nacional. Para comprenderlo, basta un pequeño juego de similitudes (y diferencias) que podemos comenzarlo con el Art. 1º de ambas normas que, un poco más o menos, coincide con los Arts. 1º y 2º del proyecto kirchnerista al referirse al derecho de reunión; el Art. 2º es la base de los Arts. 7º, 8º y 9º del proyecto Kunkel, por cuanto establece el aviso previo de 48 horas a la autoridad competente (la autoridad policial) como también de la definición de la manifestación legítima e ilegítima, por vía interpretativa de la normativa chilena.

Si bien el segundo decreto que hemos mencionado continúa con el establecimiento de una normativa destinada a las reuniones en casas particulares y en sedes de diversas organizaciones, ello podría ser adoptado por el oficialismo a través de un nuevo proyecto parlamentario constituyendo un arma represiva para aquellas que no comulgan con su pensamiento o sean calificadas como "perturbadoras".

Con lo esbozado en este pequeño análisis, fundamentamos nuestra afirmación que las normas copiadas de la dictadura pinochetista son dos y no, una como se pretendió instalar mediáticamente.

El corralito represivo
Ambas iniciativas del FPV intentan conjugar los derechos de reunión y de entrar, permanecer y salir del territorio argentino establecidos por el Art. 14 de nuestra Constitución Nacional. Y como bien sabemos, una de las fuentes de ésta es la Constitución de los Estados Unidos y por ende allí radica la impronta liberal que aquella posee.

No obstante, debemos recordar que la premisa fundamental del capitalismo y del liberalismo económico es la defensa de la propiedad privada. En consecuencia, lo que se está tratando de defender en forma subliminal es esto último teniendo en cuenta las consecuencias que supone la restricción del tránsito de personas y mercaderías mediante los piquetes. No les importa si existe una violación de Derechos Humanos, sino que se trata de proteger a la burguesía de la autodefensa de los excluídos por el sistema.

El modelo elegido para las manifestaciones es el norteamericano. Encerrados en un corral, que griten todo lo que quieran, pero que "acepten" la mediación del Ministerio de Seguridad. Resulta evidente que ello sería inviable en una marcha masiva, pero sería de capital importancia para el oficialismo con respecto a aquellas que no lo son y de esa forma, intentar coartar la expresión del reclamo popular y tratar de patear para adelante las exigencias de éstas últimas.

Sin dudas, se trata de instalar un nuevo corralito en donde la policía también podrá hacer lo que acostumbra, la Gendarmería también podrá infiltrarse y deja la puerta abierta a la represión en el caso de calificarse como ilegítima a la marcha o manifestación.

¿Hubiera sido posible el 17 de octubre de 1945 o el 19 y 20 de diciembre de 2001?. Si esta norma hubiese existido en aquellos años, habría sido calificada de ilegítima y la represión hubiese sido feroz. Por supuesto, sin olvidarnos que esto último aconteció durante aquellas jornadas que precedieron a la caída del Presidente De la Rúa.

De la convivencia a la mediación
Ante
las fuertes presiones internas y externas que sufre el kirchnerismo, ahora se pretende presentar otro perfil a la normativa a través de la figura de la "mediación" y propone la "amnistía" de quienes están procesados por las manifestaciones desde el 2001 a la actualidad, como forma de consensuar con el proyecto de desprocesamiento de los luchadores populares que se presentará el próximo martes 29, el cual es impulsado por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.


Con la acentuación del perfil negociador se intenta diluir los aspectos represivos del proyecto Kunkel, lo cual dista mucho de ser algo aceptable por cuanto sería una forma de dilatar la solución a los problemas y exigencias que se plantean, pero también la no aceptación de la "mediación" sería la excusa perfecta en términos legales para reprimir.

Respecto de la mentada "amnistía", sería reconocer que los luchadores populares cometieron un delito al protestar y ello resulta inaceptable. Lo que corresponde, en realidad, es el inmediato desprocesamiento y puesta en libertad de las y los compañeros procesados y condenados.

Un futuro sombrío
Pensando en el 2015 y en una eventual victoria de los nostálgicos de los ' 90, como Sergio Massa o De la Sota o de los continuadores democráticos de la dictadura, como Mauricio Macri, la sanción de esta norma les viene como anillo al dedo para sus futuras acciones represivas contra los trabajadores y el pueblo en cuanto adopten las conocidas recetas del FMI y el resto de los organismos multilaterales de crédito.

Tanto el PRO como el Frente Renovador lo apoyan como una forma de quebrar al kirchnerismo, para que haga la tarea sucia antes de una eventual asunción del poder y constituya una solución transitoria para una actualidad candente.

¿Alguien pensó en la verdadera significación de esta normativa y su aplicación en manos de Massa, De la Sota, Scioli o Macri?. Resulta inimaginable la atrocidad de la represión con estos verdaderos representantes de una derecha insaciable, los que contarán con el apoyo inefable de las Carrió, las Bullrich y los Binner. Y ese es el futuro que nos espera en ese escenario que lamentablemente se va perfilando ante los derrapes oficialistas y la incapacidad de una verdadera unión de la izquierda para el armado de una fuerza política que le permita constituirse en una nueva alternativa y evitar seguir votando más de lo mismo.

Represión cantada
No cabe duda que estamos ante un verdadero menú represivo ante la creciente protesta de los trabajadores y del pueblo. Existen demasiadas pruebas acerca de la represión explícita e implícita del kirchnerismo durante los últimos años. Lo que ahora se trata de hacer, simplemente, es de legalizarla aunque tampoco renunciarán a la tercerización de la represión que vienen llevando a cabo.

Es una verdadera represión a la carta, donde solamente el kirchnerismo decidirá si un corte o una marcha es legítima a través de una norma de dudosa legalidad, si ella es sancionada por el Congreso Nacional. Como en los ' 90, no nos cabe duda de la necesidad de redoblar la lucha frente a este intento, que no será el último por cierto y más allá de las declaraciones de Jorge Capitanich acerca de la opinión de la oposición acerca del proyecto, para evitar que se acallen las voces populares en el medio de tanta incertidumbre política y económica.

Hoy más que nunca, deberemos pensar si queremos seguir reclamando por nuestros derechos en forma pacífica, como siempre se ha hecho o que nos sigan reprimiendo aún más, tan sólo para continuar protegiendo las pertenencias y los derechos de unos pocos.

Y para finalizar, una pequeña acotación. Cuando el proyecto Kunkel habla de discapacitados, otra vez se olvida que este colectivo está formado por personas. Y allí está otra huella clave de una norma represiva fundada en el molde pinochetista...
Fuente: http://www.argenpress.info/2014/04/argentina-represion-la-carta.html


IV. Relacionemos políticas que, por continuar en los negocios de los poderes establecidos, “restringen el espacio democrático del movimiento social para hacer escuchar su justa protesta por derechos no realizados".

El gobierno debate la represión a la protesta social.
La devaluación de enero, los índices de inflación, elaumento de los precios, el ajuste salarial, laindemnización a Repsol, el acuerdo Chevron-YPF, laquita de subsidiosa los servicios públicos, el pago al Club de París, ladesignación de Milani marcan la agenda oficial y también la protesta de los trabajadores como quedó claramente manifestado en el masivo paro nacional del jueves pasado. De acuerdo al “relato” oficial la protesta que estaba justificada en 2001/2 perdió legitimidad porque han bajado la pobreza y la desocupación, entonces, es necesario limitarla. 

Por Mario Hernández.
Recordemos que frente al reciente paro de los maestros en la provincia de Buenos Aires, el Estado intentó limitar libertades democráticas básicas como el derecho de huelga.
El vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, propuso legislar que la educación sea considerada un servicio público. El gobernador cordobés, José Manuel de la Sota, anunció una propuesta similar. El juez bonaerense Terrierordenó el cese inmediato de la huelga desconociendo la Constitución Nacional y las convenciones internacionales.
Todos pretendían que los maestros brindaran educación por un salario prácticamente igualado al mínimo, vital y móvil, desconociendo que en la “década ganada” las desigualdades de ingreso no se redujeron en la proporción en que el país se enriqueció y el dinero sigue siendo apropiado en forma concentrada. Otra prueba de ello es que más de un tercio de la población activa trabaja en condiciones de ilegalidad (salarios más bajos, mayor arbitrariedad patronal, cobertura social inexistente, sin licencia por maternidad, jubilación ni vacaciones) y esta proporción permanece estable en los últimos 10 años.
La protesta como acción comunicativa, como ejercicio de la libertad de expresión, como derecho civil no puede pedir permisos, sobre todo cuando están comprometidos sectores marginales y excluidos, quienes lo hacen fundamentalmente, porque padecen graves violaciones de derechos sociales(salud, vivienda, educación, etc.).
Limitar la protesta social a un “corralito” solicitando formularios queconsignen días y lugares como pretenden el gobierno nacional y la oposición política y patronal, castra su potencial de comunicar rápidamente necesidades y reclamos de los sectores sociales más débiles ante la omisión estatal o la pasividad del sistema político y favorece a quienes poseen recursos para comprar libertad de expresión en las corporaciones mediáticas.
El derecho a la protesta es uno de los pilares fundamentales del constitucionalismo y de la defensa de la democracia.
El 1º de abril José “ Pepino” Fernández, principal referente de la UTD de General Mosconi, Salta, recobró su libertad, tras ser detenido por una supuesta participación en la toma de un supermercado. La detención de Fernández se realizó por portación de apellido mediante un informe de la Gendarmería Nacional que lo identificó erróneamente con un homónimo. Aquel día, 26 de febrero, “Pepino” estaba declarando por otra causa judicial en Tartagal pero, pese a esta prueba, el Juez Federal Raúl Reynoso lo detuvo por "averiguación de antecedentes".
Esta es una muestra más de la persecución política y judicial que pesa sobre "Pepino" Fernández y los demás compañeros de la UTD de Gral. Mosconi por parte del gobierno de Salta de Juan Manuel Urtubey y los jueces falderos de turno que criminalizan la protesta social y pretenden desgastar a uno de los movimientos sociales que son ejemplo de lucha y dignidad en nuestro país.
No es casual que esta persecución contra la UTD de Gral Mosconi ocurra mientras también se encuentran presos los referentes de Quebracho, "Boli" Lescano y Fernando Esteche, acusados de autoría ideológica y responsabilidad política por un escrache en el 2007 contra un local partidario del entonces gobernador de Neuquén y candidato presidencial, Jorge Sobisch, quien había dado la orden de reprimir una protesta docente que tuvo como saldo la muerte del maestro Carlos Fuentealba.
Otro caso lo constituye la aberrante condena a los trabajadores petroleros de Las Heras inventando una sentencia que no se ajusta a los hechos acaecidos en esa localidad de Santa Cruz en 2006 como fue probado en el juicio por la defensa de los trabajadores y denunciado por el cura párroco del lugar.
En la CABA la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas revocó el sobreseimiento al referente de la Villa 20 de Lugano, Diosnel Pérez y al Tano Nardulli, de la Corriente Clasista y Combativa, acusados de ser los responsables de la toma del Parque Indoamericano, en diciembre de 2010 y ambos serán sometidos a juicio oral, a pesar de que la jueza penal porteña María Gabriela López Iñiguez había descartado la responsabilidad de ambos en diciembre pasado.
También los casos del Secretario Adjunto de ATE-Capital, Humberto Rodríguez y del Delegado General de la Junta Interna de Promoción Social,Mariano Skliar, en el marco del conflicto por el aumento salarial de 1600 contratos de locación de servicio, donde una vez más las víctimas pasan a ser victimarios, al igual que con los episodios de la represión en el Hospital Borda por el desalojo ilegal ordenado por el GCBA donde hay cinco trabajadores procesados, situación que también sufren las/los artistas por la toma de la Sala Alberdi.
Todas éstas son muestras de la persecución política que viene creciendo contra los luchadores sociales por parte de los gobiernos provinciales y el gobierno nacional acompañados por una legislación penal y un poder judicial que usan la vía de la criminalización como amenaza legal para perseguir líderes, reprimir el conflicto y debilitar los movimientos sociales.
No por casualidad, el kirchnerismo en materia normativa deja un Código Penal hostil al garantismo luego de las presiones de Juan Carlos Blumberg y la Ley Antiterrorista que es un instrumento legislativo fabuloso para habilitar la represión de la protesta e inhibir a los luchadores sociales -muchos de ellos con varios procesos anteriores abiertos- por la posibilidad de que una detención en el marco de esta ley agrave duramente las penas.


III. Relacionemos políticas que, por continuar en los negocios de los poderes establecidos, “restringen el espacio democrático del movimiento social para hacer escuchar su justa protesta por derechos no realizados".

Las favelas se rebelan ante la militarización y la violencia policial en Rio de Janeiro
Por José Manuel Rambla (Otramérica)
Los disturbios en Copacabana tras el fallecimiento en extrañas circunstancias de un bailarín, se saldan con un muerto. Detrás de los sucesos parece esconderse la decisión de las autoridades de recurrir a la militarización para disuadir grandes movilizaciones como las vividas hace un año durante la Copa Mundial de Fútbol, que arranca el 12 de junio. 

El fantasma de las protestas que el pasado año se adueñaron de Brasil lleva tiempo amenazando la cuenta atrás al Mundial de fútbol. Lo justificaría el hecho de que buena parte de aquellas reivindicaciones sigue en gran medida pendiente. Pero sobre todo, lo haría casi inevitable el año electoral que viven los brasileños, que el próximo octubre deberán pasar por las urnas para revalidar o sustituir a Dilma Rousseff al frente del gobierno. Todos los analistas coincidían en buscar en la clase media el principal protagonista de esas hipotéticas movilizaciones, pero nadie había llegado a plantear que la llama de la protesta bajase de las favelas e incendiase Copacabana e Ipanema, el corazón turístico de la ciudad, a solo unas semanas del inicio del campeonato del mundo.
Y es que la sospecha de que la Policía haya sido responsable de la muerte del joven bailarín de televisión, Douglas Rafael da Silva Pereira, provocó una auténtica revuelta entre los habitantes de las favelas de Povão-Povãozinho y Cantagalo, donde residen más de 10.000 personas. El joven fue hallado muerto en el interior de una guardería y según la autopsia habría fallecido tras haber sido alcanzado por una bala que le atravesó un pulmón. Sin embargo, esa no fue la primera versión oficial. Inicialmente, la Policía negó que su cuerpo presentara heridas de bala y achacó su muerte a una caída escalando el muro del colegio mientras huía de un tiroteo entre policías y delincuentes. Una explicación que no convenció a cientos de vecinos que, tras responsabilizar del hecho a agentes de la Unidad de Policía de Pacificadora (UPP), bajaron de la favela hasta las calles de Ipanema y, especialmente, la avenida de Nuestra Señora de Copacabana, donde levantaron barricadas y quemaron varios vehículos. Durante los disturbios, un joven de 27 años resultó muerto por disparos de la Policía.
María de Fátima da Silva, madre del bailarín, tampoco aceptó aquella versión policial y desde el primer momento acusó a los agentes de la UPP de la muerte de su hijo. Además, a su juicio, el informe médico también pondría de manifiesto supuestas torturas previas a su fallecimiento, con diversos hematomas y el cráneo hundido. La mujer incluso asegura que hay un testigo que habría visto los hechos, aunque por cuestiones de seguridad no ha querido desvelar su identidad. Según María de Fátima, el origen de su asesinato sería una disputa mantenida con miembros de la UPP a propósito de una queja por una motocicleta que provocó su detención y que desde entonces no habría cesado el acoso policial sobre su hijo.
Para la mujer, la revuelta vecinal habría impedido que la Policía hubiera hecho desaparecer el cadáver de su hijo. “Estaban intentado llevarse el cuerpo de Douglas cuando los vecinos llegaron. Gente corajosa y valiente. Si no mi hijo iba a ser otro desaparecido, otro enterrado en el barro, del que solo se encontraría su esqueleto”, señalaba. La desaparición de personas es un grave problema en Rio, que en muchos casos esconden la eliminación de cadáveres de personas asesinadas por ajustes de cuentas entre bandas o, en ocasiones, por la Policía. El caso que tuvo más repercusión fue la desaparición a principios de este año del albañil Amarildo Dias de Souza, supuestamente torturado y asesinado por agentes de la UPP de la favela de Rocinha, un crimen por el que se detuvo a 25 policías.
Esta no es la primera protesta que se produce en el complejo de favelas del morro de Cantagalo. Hace solo unas semanas los residentes cortaron uno de los accesos a la estación de Metro de General Osorio tras la muerte de dos personas por los disparos de un desconocido desde una motocicleta. También en este caso los vecinos responsabilizaron a la Policía al tiempo que denunciaban la presencia en el barrio de milicias, grupos de ex policías o militares que actúan como bandas que extorsionan a cambio de supuesta protección y lucha contra delincuentes. En los últimos días han aparecido por la zona pintadas que relacionan a la UPP con estas milicias.
Policía letal
Incidentes como estos ponen de manifiesto que la violencia sigue siendo uno de los grandes problemas de Brasil, así como el gran número de casos en que se ven involucrados agentes policiales. De hecho, según un reciente informe del Fórum Brasileño de Segurança Pública, cada día mueren cinco brasileños como consecuencia de acciones policiales. Solo en 2012 fallecieron en esas circunstancias 1.890 personas, frente a las 400 que murieron en Estados Unidos durante el mismo periodo. De hecho, Brasil detenta una de las mayores tasas de letalidad policial, superior a otros países no menos conflictivos como México, Venezuela o Sudáfrica.

Los disturbios en Cantagalo no son los únicos que se han registrado en Rio en los últimos días. La pasada semana fue el desalojo de la favela de Telerj, un edificio abandonado de una empresa telefónica que había sido ocupado por unas 3.000 personas que reclamaban viviendas, lo que originó graves disturbios. Aunque el caso más espectacular ha sido la reciente “pacificación” del complejo de favelas de Maré con la ocupación militar de la zona por fuerzas del ejército apoyadas por vehículos blindados. Esta misma semana la policía entraba también en la favela de Niteroi.
Los responsables de seguridad del gobierno de Rio han justificado este tipo de acciones y el refuerzo de las UPP distribuidas por 37 favelas, debido al hostigamiento que en las últimas semanas estaban sufriendo estas unidades y que se ha cobrado la vida de varios policías. Unos ataques protagonizados por unas bandas criminales que intentan recuperar el terreno perdido en las favelas y que, según estos mismos responsables policiales, estarían también detrás de algunas de las protestas surgidas tras supuestos casos de violencia policial.
Una política de mano dura que, según otras versiones, escondería un objetivo diferente: evitar que durante el mundial vuelvan a repetirse movilizaciones como las del año pasado. El gobierno intentaría con estas demostraciones de fuerza disuadir a los potenciales manifestantes. Y, en opinión del antropólogo norteamericano James Holston, lo estaría consiguiendo. “Yo creía que la Copa se iba a calentar mucho con nuevas manifestaciones, pero soy muy pesimista. Creo que las ciudades serán ocupadas por el Ejército”, señala. “El gobierno no va a permitir que ocurra nada. Será una ocupación militar, como ya ocurrió en Rio en 1992 (durante la Conferencia de la ONU sobre Medio Ambiente). Maré es un ejemplo”, comenta esté científico social que actualmente trabaja en esta favela carioca.
Por lo pronto, las movilizaciones convocadas hasta la fecha bajo la consigna “sin derechos no habrá Copa” están muy lejos de reunir a los cientos de miles de manifestantes que se congregaron en las calles durante las protestas de junio del pasado año. La incógnita ahora es saber qué efecto que puedan tener revueltas de las favelas como las vividas estos últimos días en pleno corazón del Rio con mayor proyección internacional. Por lo pronto, la tensión se mantenía en la favela después de que la Policía admitiera que el joven bailarín murió al ser alcanzado por una bala, aunque según los responsables policiales, resultará imposible determinar quien efectuó el disparo.
Fuente original: http://otramerica.com/radar/brasil-copa-futbol-las-favelas-rebelan-ante-la-violencia-policial-rio-janeiro/3185
Fuente:
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=183810