Se trata, entonces, de
generalizar la conciencia sobre
el modelo vigente y sobre
la democracia a construir desde abajo.
El
modelo es violencia. Violencia de despojo, de desalojo, de avasallamiento de
pueblos, grupos e individuos con sus familias. Violencia de sus consecuencias
sociales: el hambre, la desnutrición, el envenenamiento, la quita del agua y la
energía, las sequías e inundaciones, el desamparo, la represión. En fin,
violencia de destrucción de las ecorregiones o sea de las comunidades en
interrelación e interacción con la naturaleza que de este modo establecen las
condiciones de vida del presente y futuro en esos lugares. Pese a este
exterminio masivo y desertificación, las grandes mayorías permanecen pasivas e
indiferentes. ¿Por qué? Está el enmarcamiento referencial en el mito de estar
bajo el gobierno de los derechos humanos y que adquiere sustancia y dinámica en
ideas fuerzas. Intentemos averiguar cuáles son. (...)
Cuarto:
la aprobación del modelo o del crecimiento económico por asociarlo con mejoras
familiares e individuales respecto al 2001, también por ver al gobierno CFK en disputa y no como la propia
Presidenta explicita: su carácter pro capitalista.
Es desconocer el
acaparamiento oligopólico
por afianzamiento de la "amplia
y difusa trama de relaciones que articula los intereses de funcionarios
políticos, burócratas y capitalistas".
Desentramparnos nos interpela a:
“Cambiar el modelo”
Por Darío
Aranda
La
Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) es el mayor
espacio continental que reúne a campesinos, indígenas y trabajadores del campo.
Cada cuatro años la CLOC renueva su Secretaría Operativa. Este año, por primera
vez, la conducción quedó bajo responsabilidad de argentinos: Diego Montón y Deo
Carrizo, ambos del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI). En el Día
Internacional de la Lucha Campesina, Diego Montón repasó las luchas del
continente, el papel de las multinacionales y los gobiernos, y los desafíos en
la Argentina.
–¿Cuáles
son los problemas comunes en la región?
–La
agudización del modelo extractivo, de saqueo minero y avance agroindustrial. Con
lamentables pérdidas humanas en todo el continente. Se subordina la agricultura
a la lógica de las multinacionales. El acaparamiento de tierras, los procesos de
reforma agraria frenados, el avance de nuevas semillas transgénicas y el uso de
agrotóxicos de manera indiscriminada. Y es cada vez más notoria la pérdida de
autoabastecimiento de alimentos. En Brasil y Argentina los asesinatos de
campesinos comienzan a ser más frecuentes.
–¿Cuál es
la estrategia de la CLOC?
–Articular
todas las luchas que ya existen, continentales y locales, fuerte apuesta a la
comunicación, desarrollo de la autodeterminación política, apostar a la
diversidad continental. También la formación, con escuelas e institutos. Y la
articulación con otros movimientos sociales.
–¿Cómo
interpretan que sea en este momento político de la región cuando más avanza el
modelo extractivo?
–Falta que
se consoliden nuevos proyectos de desarrollo. Existe una gran colonización y
tiene que ver con la enorme fuerza del capitalismo en el continente. Los
gobiernos, en su gran mayoría, no han logrado provocar cambios estructurales en
las instituciones, en los Estados, y la dinámica de acumulación del capital les
sigue siendo afín. Nuestra estrategia global debe romper esas dinámicas y lograr
cambios estructurales. Desde la CLOC planteamos una lucha frontal a la ofensiva
de las transnacionales, pero también las alternativas: agroecología, soberanía
alimentaria, reforma agraria integral.
–El 17 de
abril es el Día Internacional de la Lucha Campesina, en conmemoración del
asesinato de 19 campesinos en Brasil. ¿Cómo lo conmemoran?
–Se harán
movilizaciones en todo el continente y en todo el mundo, ya que es una jornada
de lucha internacional de la Vía Campesina. El MNCI moviliza en diez provincias,
con distintos tipos de actos, y también habrá marchas a la Embajada de Paraguay
en reclamo por la liberación de los presos políticos de la Masacre de Curuguaty,
donde no hay ni policías ni funcionarios imputados, pero sí campesinos presos,
incluso una compañera embarazada.
–Hace dos
años, un 17 de abril, fue la primera vez que organizaciones campesinas
presentaron en el Congreso nacional el proyecto de freno a los desalojos. Tuvo
apoyo de muchos sectores, muchos del oficialismo. ¿Por qué no se aprobó?
–En el
Parlamento no ha habido convencimiento, probablemente en el Ejecutivo tampoco,
porque si no se hubiera aprobado. Pero valoramos el espacio amplio que armó esa
ley y que incluso instaló el tema de la tierra en el Parlamento.
–En ningún
caso de asesinatos en el campo hubo condena de funcionarios de primera línea.
¿Cómo entienden ese silencio y la alianza del Ejecutivo nacional con
gobernadores que ustedes cuestionan en las provincias?
–Tiene que
ver con la dinámica de la democracia y la política de hoy. El sistema
institucional no se construyó sobre valores éticos que son los que nosotros
defendemos. Y cuando se entra en la disputa del poder del Estado hay reglas que
no se dicen pero que tienen que ver con esa dinámica de construcción de poder
electoral. Con el asesinato de Cristian Ferreyra tuvimos la solidaridad de mucha
gente del Gobierno. También es cierto que ni la Presidenta ni ministros se
expresaron públicamente sobre el tema. Y tiene que ver con las alianzas
electorales.
–En los
comunicados del MNCI queda explícita la denuncia a las corporaciones
extractivistas. ¿Cuál es la caracterización que hacen del Gobierno?
–Creemos
que este gobierno ha sido un avance. La integración latinoamericana, los
derechos humanos. Sin embargo, en la política agropecuaria y el uso de bienes
naturales el Gobierno está condicionado por los intereses de la coyuntura
inmediata y por el desarrollo de planes como el PEA (Plan Estratégico
Agroalimentario), donde gran parte de la academia y la ciencia proclaman y
difunden las políticas de las transnacionales. Desde el Ministerio de Ciencia se
impulsan cada día cosas más aterradoras, la bioexportación, formas de “economía
verde” que son mercantilizar la naturaleza en beneficio de las corporaciones.
Hay una gran contradicción del Gobierno y esa contradicción comienza a aflorar,
dentro y fuera del Gobierno.
–¿Cómo
interpretan esa contradicción?
–Es
sostenido el aumento del precio de los alimentos y que sólo se resolverá
modificando el modelo, con soberanía alimentaria. El rol geopolítico como
proveedor de commodities, el uso indiscriminado de agrotóxicos, el desmonte
masivo, la expulsión de campesinos, el crecimiento de ciudades
superdesequilibradas. Son todos límites que hay que cambiar. Con el modelo
extractivo de megaminería y agronegocios no se puede profundizar la democracia.
Fuente:
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-218195-2013-04-17.html
---
En
ese
"creemos
que este gobierno ha sido un avance. La integración latinoamericana, los
derechos humanos" no
sólo se deja de profundizar en que esos cambios son obra-progreso de los pueblos u
organizaciones y en que hay conflictos de estos con los gobiernos contra el
avasallamiento del extractivismo en el continente sino sobre todo se fragmenta
la visión sobre
la ocupación integral del capitalismo-imperialismo. En contraste, el
Colectivo por la Autonomía,
el Grupo ETC y GRAIN rumbean
en el
compromiso mayoritario con:
Territorialidad, subsistencia y vida digna
Este es un
documento de contexto para caracterizar los objetivos de una preaudiencia que
vinculó, a finales de junio de 2013, en San Isidro Jalisco, México, por lo menos
dos de los siete procesos abiertos en México ante el Tribunal Permanente de los
Pueblos (TPP) en el Capítulo México. El Capítulo México del TPP busca valorar
los efectos nocivos del libre comercio y sus tratados en la desfiguración del
sistema jurídico mexicano y la violencia desatada contra los pueblos por el
desvío de poder resultante. Esta preaudiencia, titulada justamente
Territorialidad, subsistencia y vida digna, intentó caracterizar la violencia
contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía, e intentó tender
vínculos con la devastación ambiental y las lastimaduras a la vida digna que
conlleva atentar contra los territorios y la subsistencia. Con este acercamiento
detallado en la territorialidad, intentamos articular los argumentos en torno a
la contaminación transgénica del maíz, a los procesos de colisión entre el campo
y la ciudad, a los procesos de despojo y envenenamiento con minería, basureros,
urbanización salvaje, fragmentación del espacio con carreteras y otras más que
permitan sistematizar un panorama fiel de lo que ocurre en este proceso de
violencia, y de transgresión de los derechos de la población, recrudecido por
los tratados de libre comercio y sus secuelas.
Intentamos argumentar cómo es que las empresas directamente beneficiadas por actos de gobierno de los Estados, por sus políticas públicas, sus reformas constitucionales y sus legislaciones apalancadas con “tratados de libre comercio y cooperación” (y sus normas, estándares y reglamentaciones), han destruido las condiciones para que la gente gestione su entorno material y subjetivo; para que resuelva la subsistencia mediante sus propios medios individuales y colectivos, con creatividad e ingenio propio. Decimos que esto acarrea una fragmentación comunitaria, la erosión de las relaciones; la invasión, la devastación, el despojo y el acaparamiento de los territorios, la expulsión de personas y su sumisión extrema en trabajos esclavizantes e indignos. Esta destrucción comunitaria y territorial empeora diario. Y quienes pagamos las consecuencias somos quienes históricamente hemos cuidado nuestros lugares. Unos cuantos lucran con el desastre. Mientras más nos afectan, menos podemos cuidar nuestro lugar. Las capas de deterioro se suman hasta que nuestros territorios se ven reducidos a esqueletos informes y se convierten en barriadas inhóspitas de ciudades que crecen. Los procesos industriales que nos enajenan, violentan la escala de los procesos naturales y sociales interviniendo los entornos —de lo más físico y “ambiental” como la deforestación, la perforación, la extracción, la manipulación del suelo y el agua—, hasta los ámbitos más vitales e íntimos de los individuos, incluido el chantaje con programas que nos destruyen aunque siempre nos insistan que son las soluciones únicas a los problemas que nos aquejan. Para mostrar el contexto lo más completo posible, hemos abierto y flexibilizado nuestras definiciones: desde lo más íntimo —como el cuerpo de las madres y sus hijos—, pasando por el ejercicio del espacio público compartido como la movilidad en las urbes, hasta el corazón tangible de comunidades y pueblos en sus espacios vitales donde las claves son la tierra, el agua, el bosque, las semillas, los saberes y el mismo lenguaje. Toda esta destrucción hace imposible resolver por medios propios el sustento y cuidado de la vida individual y colectiva —y su transformación. Leer
Quinto:
desconexión del extractivismo (u
ocupación territorial de los negociados oligopólicos por sobre la vida y
dignidad de
los pueblos) de la declinación por
el Estado nacional de su soberanía y del entramado del Estado -en todas sus
instancias- con el narcotráfico, con la trata de personas, con las redes de
prostitución y con los casinos, bingos,... pero también con la especulación
financiera e inmobiliaria.
Si bien no se instaló el ALCA, en Argentina rigen 54 tratados bilaterales de
inversión, Javier
Lewkowicz nos
esclarece:
(...)Para incentivar la radicación de
capitales extranjeros, en la década del ’90 y principios de los 2000
Argentina firmó 58 TBI con otras naciones (aunque cuatro no entraron en
vigencia), lo que representa un record que ostenta junto a España y Suecia.
En cambio, Brasil no aprobó ningún TBI y casi todos los países de la región
tienen operativos menos de la mitad de los tratados que posee la Argentina.
Los TBI tienen una definición de inversión muy amplia, suponen la igualdad
de condiciones entre empresas nacionales y extranjeras, excluyen requisitos
de desempeño, establecen libertad a la transferencia de fondos al exterior
y, en caso de controversias, permiten a las empresas recurrir a tribunales
internacionales, como el Ciadi. Así como Argentina está al tope de los
países con TBI, según consignan Andrés Asiain y Agustín Crivelli en El
capital extranjero en Argentina, también es el país más demandado en el
Ciadi, con 49 presentaciones en contra. El organismo “falla sistemáticamente
a favor de las empresas”, indican esos especialistas, y es un dispositivo de
presión contra el Estado a favor del capital foráneo. (...)
Los Estados pueden denunciar los tratados de inversión e incluso salir del Ciadi.
Sin embargo, los acuerdos tienen cláusulas de “ultraactividad” por las cuales la
vigencia continúa, una vez que está dado de baja, por diez años. De hecho,
Bolivia y Ecuador han denunciado tratados firmados y aun así continúan siendo
demandados en el Ciadi.
Leer
Tampoco podemos soslayar que los desposeídos (rurales y urbanos) por el extractivismo son criminalizados y sus adolescentes-jóvenes son víctimas del
gatillo fácil y de un militarizado régimen carcelario que los sitúa bajo estado
de excepción (todavía según Onganía).
Leer
Es crucial prever que el capitalismo neodesarrollista progresa a
converger con el neoliberalismo de guerra al cual reconoce como democracia en
Unasur y Celac. Lo hace mediante un diagrama sociopolítico semejante al de las políticas
sociales de compensación (asignación universal, procrear, progresar..).
Ejemplifiquemos el neoliberalismo de guerra en:
Colombia - Capitalismo criminal y
organización mafiosa de la sociedad.
25/03/2008
Por Jairo
Estrada Álvarez*
(...)La
tendencia histórica de la acumulación capitalista
Junto
con la tendencia a la financiarización del capital, que ha sido señalada en
múltiples trabajos como el principal rasgo de la actual fase de la acumulación
capitalista, debe señalarse que ésta se caracteriza igualmente por una
articulación creciente entre formas legales e ilegales de acumulación; la
economía capitalista actual tiene una fuerte presencia criminal. Si bien éste no
es un fenómeno nuevo, pues en principio acumulación y crimen van de la mano, es
evidente que en el marco de la mundialización capitalista éste ha adquirido
nuevas dimensiones. Ideólogos del establecimiento transnacional, como Moisés Naím, señalan incluso que "las actividades delictivas globales están
transformando el sistema internacional, invirtiendo las reglas, creando nuevos
agentes y reconfigurando el poder en la política y la economía internacionales"
[3]. Desde luego que el interés de Naím no se encuentra en develar el carácter
consustancial al capitalismo de esas actividades. Su preocupación se encuentra
más bien en los impactos sobre la estabilidad de la institucionalidad
transnacional de capitalismo. No obstante, la sola constatación del fenómeno
resulta importante.
Los problemas de la acumulación capitalista, notorios en la
década de 1970, fueron resueltos históricamente con el despliegue de nuevas
formas de rentabilidad del capital.
Se trató: a) de los procesos de
reestructuración económica y productiva para actualizar tecnológicamente el modo
de producción;
b) de la activación del potencial especulativo del capital-dinero, en dirección a lo que ha dado en caracterizarse como la financiarización;
c) de la promoción de economías ilegales con altísimas tasas de ganancia (armas, drogas, seres humanos, propiedad intelectual y dinero); y
d), como un rasgo particular de la nueva fase capitalista, de la fuerte y creciente imbricación entre a) y b) con c), para dar lugar a la irrupción de un nuevo tipo de acumulación, que se muestra como legal, pero se origina en actividades ilegales. Esa "zona gris" de la acumulación capitalista actual, constituida sobre "operaciones transnacionales de lavado de dinero" es muy difícil de cuantificar; a lo sumo, se encuentran estimaciones sobre el conjunto de la economía ilegal, que registran una equivalencia con más del 10% del comercio mundial. La nueva fase capitalista se caracterizará por la importancia creciente de una nueva modalidad de empresas transnacionales: las transnacionales del capitalismo criminal (ETCC). Por otra parte, no cabe la menor duda de que las políticas de liberalización de la economía y de desregulación estatal, propiciadas por el proyecto político-económico neoliberal, se constituyeron en el terreno abonado para el florecimiento sin precedentes de esas transnacionales del capitalismo criminal. (No hay nada que se le parezca más a la especulación financiera que la economía ilegal). Así mismo, las dimensiones culturales del proyecto neoliberal (individualismo, competencia, meritocracia, enriquecimiento extremo, consumo suntuario) alentarían la aparición de nuevas subjetividades en esa misma dirección [4]. Las ETCC se acompañaron del surgimiento de un verdadero sistema de poder trasnacional. Naím lo caracteriza así: Las redes ilícitas no sólo se hallan estrechamente interrelacionadas con las actividades lícitas del sector privado, sino que se hallan también profundamente implicadas en el sector público y en el sistema político. Y una vez se han extendido a las empresas privadas legales, los partidos políticos, los parlamentos, las administraciones locales, los grupos mediáticos, los tribunales, el ejército y las entidades sin ánimo de lucro, las redes de tráfico llegan a adquirir una poderosa influencia -en algunos países sin parangón- en los asuntos de Estado [5]. Ese sistema de poder asume los rasgos propios de una estructura mafiosa cuando se persigue el doble objetivo de "asumir el control total de un territorio y sustituir la autoridad legal del Estado con la propia autoridad y la propia mediación social. Esto ocurre con la penetración en la política y en las instituciones y, sobre todo, con el ejercicio (…) de la violencia" [6]. Lo que debe quedar claro es que esa estructura mafiosa cumple siempre una función de acumulación. "La mafia, señala Forgione, es siempre una empresa capitalista, con un fuerte factor adicional: la fuerza intimidatoria de la violencia. Pero su esencia es y será la de ser una empresa criminal encaminada a la acumulación de capital" [7].
b) de la activación del potencial especulativo del capital-dinero, en dirección a lo que ha dado en caracterizarse como la financiarización;
c) de la promoción de economías ilegales con altísimas tasas de ganancia (armas, drogas, seres humanos, propiedad intelectual y dinero); y
d), como un rasgo particular de la nueva fase capitalista, de la fuerte y creciente imbricación entre a) y b) con c), para dar lugar a la irrupción de un nuevo tipo de acumulación, que se muestra como legal, pero se origina en actividades ilegales. Esa "zona gris" de la acumulación capitalista actual, constituida sobre "operaciones transnacionales de lavado de dinero" es muy difícil de cuantificar; a lo sumo, se encuentran estimaciones sobre el conjunto de la economía ilegal, que registran una equivalencia con más del 10% del comercio mundial. La nueva fase capitalista se caracterizará por la importancia creciente de una nueva modalidad de empresas transnacionales: las transnacionales del capitalismo criminal (ETCC). Por otra parte, no cabe la menor duda de que las políticas de liberalización de la economía y de desregulación estatal, propiciadas por el proyecto político-económico neoliberal, se constituyeron en el terreno abonado para el florecimiento sin precedentes de esas transnacionales del capitalismo criminal. (No hay nada que se le parezca más a la especulación financiera que la economía ilegal). Así mismo, las dimensiones culturales del proyecto neoliberal (individualismo, competencia, meritocracia, enriquecimiento extremo, consumo suntuario) alentarían la aparición de nuevas subjetividades en esa misma dirección [4]. Las ETCC se acompañaron del surgimiento de un verdadero sistema de poder trasnacional. Naím lo caracteriza así: Las redes ilícitas no sólo se hallan estrechamente interrelacionadas con las actividades lícitas del sector privado, sino que se hallan también profundamente implicadas en el sector público y en el sistema político. Y una vez se han extendido a las empresas privadas legales, los partidos políticos, los parlamentos, las administraciones locales, los grupos mediáticos, los tribunales, el ejército y las entidades sin ánimo de lucro, las redes de tráfico llegan a adquirir una poderosa influencia -en algunos países sin parangón- en los asuntos de Estado [5]. Ese sistema de poder asume los rasgos propios de una estructura mafiosa cuando se persigue el doble objetivo de "asumir el control total de un territorio y sustituir la autoridad legal del Estado con la propia autoridad y la propia mediación social. Esto ocurre con la penetración en la política y en las instituciones y, sobre todo, con el ejercicio (…) de la violencia" [6]. Lo que debe quedar claro es que esa estructura mafiosa cumple siempre una función de acumulación. "La mafia, señala Forgione, es siempre una empresa capitalista, con un fuerte factor adicional: la fuerza intimidatoria de la violencia. Pero su esencia es y será la de ser una empresa criminal encaminada a la acumulación de capital" [7].
La irrupción del paraestado
Estos referentes de análisis me permiten un acercamiento a la problemática
colombiana desde la perspectiva señalada para este ensayo. Nuestro punto de
partida consiste en abordar las transformaciones del capitalismo colombiano como
parte de las transformaciones mundiales del capitalismo; en aquel se expresan la
tendencia general, y también las especificidades propias. En el caso colombiano,
la articulación de las formas legales con las formas ilegales de la acumulación
capitalista se remonta a la segunda mitad de la década del setenta y se inscribe
dentro de la transición del régimen de acumulación basado en la
industrialización dirigida por el Estado hacia el régimen actual de
financiarización del capital. Sin temor a la exageración, se podría aseverar que
esa transición no hubiera sido exitosa sin el surgimiento de un nuevo
empresariado vinculado a los circuitos transnacionales de la acumulación: el
empresariado de la cocaína [8].
No es actualmente medible -y probablemente nunca lo será-, la potencia
desplegada para la acumulación de capital por la articulación de las formas
legales con las formas ilegales. Si bien hay cuantificaciones sobre el tráfico
de cocaína, no las hay -con la objetividad requerida- sobre el impacto de sus
capitales en el conjunto de la economía. La tecnocracia neoliberal y los voceros
oficiales siempre se han empeñado en minimizarla. Pero lo cierto es que la
pregonada estabilidad macroeconómica colombiana y la relativa excepcionalidad
frente a las profundas crisis económicas latinoamericanas han descansado sobre
el colchón de los capitales ilegales; así mismo, la persistente prosperidad de
buena parte de los grandes negocios capitalistas privados en el sector
financiero y el mercado de capitales, la industria, la construcción, la
hotelería, el turismo, el comercio (incluido el de importación y de
exportación), los servicios, el entretenimiento, la salud, la educación;
también, ciertos "milagros económicos" (transitorios) regionales.
La articulación entre las formas legales con las formas ilegales de la
acumulación capitalista contribuyó hacia finales de la década de 1980 a la
formación de un nuevo consenso a favor de las (contra) reformas estructurales y
de la reestructuración neoliberal del Estado, y produjo una reconfiguración en
el bloque dominante de poder, la cual se anunciaba ya desde la década de los
setenta con el surgimiento de nuevos "grupos económicos" y la influencia
creciente del capital financiero. Sólo que ahora se agregaba una alianza "no
santa" -construida a lo largo de la década de los ochenta- entre sectores
capitalistas legales con los empresarios de la cocaína. Se fortalecían así los
rasgos criminales de la economía.
Las estructuras mafiosas habían permeado igualmente las instituciones del Estado
(todos los poderes públicos), incluidas las fuerza armadas, los partidos
políticos tradicionales y los políticos profesionales, y sectores de la iglesia.
Se consolidaba así la estructura mafiosa de la formación socioeconómica.
---
Tengamos en cuenta la incompatibilidad del capitalismo hasta con su democracia que prueban nuestros países hermanos ya sometidos al neoliberalismo de guerra. Pero sobre todo consideremos a las leyes antiterroristas que rigen, por el gobierno CFK, también este último las pone en práctica con el Ministerio Nacional de Seguridad a cargo fundamentalmente por Berni y la conciliación con la dictadura genocida mediante Milani designado Jefe de Estado Mayor General del Ejército. Reflexionamos sobre:
"No podemos
tolerar que en medio de un proceso de paz, la Marcha Patriótica sea aniquilada,
como ocurrió con la UP"
Las FARC denuncian
el exterminio de los activistas de Marcha Patriótica
http://www.pazfarc-ep.org
El
pasado 20 de enero, en rueda de prensa, la ex senadora Piedad Córdoba denunció
ante el mundo la noticia del asesinato de 29 activistas del Movimiento político
y social MARCHA PATRIÓTICA en dos años de existencia. Y en el mismo evento, uno
de los 256 activistas encarcelados, Francisco Tolosa, responsable de relaciones
internacionales de esa organización,sin nunca haber empuñado un arma,expresó vía
telefónica desde la prisión, que, “estamos presos por hacer política sin armas”
y opinó “que no hay democracia real en Colombia sin Marcha Patriótica”.Hablamos con cierta desazón desde La Habana, donde hemos firmado con el gobierno de Juan Manuel Santos un acuerdo parcial para ampliar la democracia y la participación política en Colombia, porque el hecho denunciado por la dirigente de MARCHA es un mentís a lo convenido, un desconocimiento de los deberes del Estado, y una pésima señal que sigue minando la confianza en la palabra del gobierno.
Lo que denuncia Piedad Córdoba reafirma que durante el gobierno de Santos se desconoce el derecho a la opción política y se sigue exterminando a los activistas políticos, y de organizaciones sociales y populares.
Para que este proceso de paz no termine en una farsa o en una comedia, en sonoridades de palabras vacías sobre expansión de la democracia, es urgente que el gobierno detenga el viacrucis de la Marcha Patriótica.
Los colombianos todos, los que siempre hemos soñado con la solución política al más largo de los conflictos en el hemisferio, con el fin de la confrontación para que tengamos reconciliación nacional, tenemos que defender el proceso de paz y exigir verdaderas garantías políticas y seguridad para los movimientos sociales y políticos del país.
No podemos tolerar que en medio de un proceso de paz, la Marcha Patriótica sea aniquilada de manera sistemática, día a día, como ocurrió con la UP, no solamente de cara al gobierno, sino con su participación solapada, callando frente a los asesinatos, urdiendo el empapelamiento jurídico de los líderes para colocarlos tras las rejas, porque “representan un pensamiento peligroso”, como dice una de las fiscales. Los asesinatos de líderes sociales y populares siempre tuvieron en Colombia un comienzo con la denominada judicialización, pero después terminaron muertos.
Se nos insta permanentemente desde el gobierno a cambiar balas por votos, pero se asesina y se mutila a los campesinos cuando protestan, henchidos de justicia, en las carreteras contra las políticas del Estado que solo favorecen los intereses de las trasnacionales y condenan a las mayorías a vivir como parias con las banderas de la soberanía plegadas, tiradas en el suelo.
Cómo duelen las justificaciones que hacen algunos agentes del Estado para explicar el por qué ocurrió el terrible genocidio de la UP. Jamás aceptaremos la explicación brutal e incivilizada de que aquellas muertes ocurrieron porque no podían permitir impunemente la combinación de las formas de lucha. Pero nosotros afirmamos, que ni Jaime Pardo, ni Bernardo Jaramillo, Ni Leonardo Posada, ni José Antequera, ni Manuel Cépeda, ni los congresistas, ninguno de los miles de mártires de la UP portaba fusiles ni antes ni al momento de ser asesinados.Cuánta razón asiste al señor Fiscal General de la República, el doctor Eduardo Montealegre, cuando afirma que “el gran desafío del posconflicto va a ser la guerra sucia”.
En Colombia es una necesidad vital desmontar la Doctrina de la Seguridad Nacional, la concepción del enemigo interno y el paramilitarismo, como factores que han acicateado el terrorismo de Estado. El gobierno no solamente debe jurar un “nunca más”, sino desplegar acciones convincentes para frenar operaciones sanguinarias como la del tristemente célebre “Baile Rojo” que exterminó a un movimiento y que ahora pretende aplicarse a la Marcha Patriótica.¿Dónde está la tolerancia pregonada en el acuerdo parcial para la Participación Política? Hay que dejar a un lado las palabras zalameras y almibaradas sobre la democracia, cuando se tolera el estallido de las balas contra los opositores al régimen, para destruir, de manera calculada, cualquier asomo de construcción de una alternativa política. Hay que comenzar la aplicación, ya, de lo acordado, para que el proceso no sea palabrería vacua. Es un deber del Estado proteger la vida de los ciudadanos y garantizar el derecho a la opción política en Colombia.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
Fuente original: http://pazfarc-ep.org/index.php/noticias-comunicados-documentos-farc-ep/delegacion-de-paz-farc-ep/1663-farc-denuncian-exterminacion-de-activistas-politicos-marcha-patriotica.html
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php%3Fid%3D179831
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