Analicemos porqué involucrarnos en todas las disputas por territorios que se dan ejerciendo autonomía frente al Estado.

Son reapropiaciones comunitarias de los espacios de vida y

de construcción de alternativas al capitalismo.

Ayudan a cuestionar las creencias -inculcadas a las mayorías por el kirchnerismo- que posibilitan el avance de las corporaciones imperialistas en su ocupación integral de los territorios y tienen a los poderes locales como sus socios menores. Son creencias que no sólo hacen confiar en tener porvenir dentro del sistema capitalista sino también bloquean el debate de los pueblos sobre programas y horizontes emancipatorios. Bloquean mediante instalaciones de mesas de diálogos y machacamiento de medidas gubernamentales como pruebas irrebatibles de Estado distributivo y de "asignaturas pendientes" para los ausentes cambios estructurales.

Abordemos el machacamiento que tiende a reforzar visiones sesgadas y pragmáticas. Pero sobre todo racionalidades inductoras del conformismo, ejemplifiquemos mediante notas en Página/12 como la del economista Alfredo Iñíguez que tira por la borda las investigaciones y sistematizaciones de Marx para defender al impuesto a salarios como si éstos fuesen ganancias. Remacha desviando el eje de debate para banalizarlo en acusaciones. Prosigue construyendo consenso para la permanencia de la alta regresividad del régimen tributario. Al estilo K argumenta ya desde el principio advirtiendo de su análisis concreto o preciso para terminar con falacias como que "el régimen de acumulación" requiere transformación del sistema impositivo vigente y como que los cambios en el Estado favorecen a los de abajo. Antes de aclarar porqué son falacias, citemos a Alfredo Iñíguez:

"(...)Para ir a lo concreto, entendemos que es por demás reduccionista plantear que el salario no es ganancia y por tanto debe excluírselo del alcance de este impuesto. Se puede discutir la forma en que se determina la base imponible y cómo se aplican las tasas marginales, esto es, definir el monto adecuado del mínimo no imponible y la escala de alícuotas que se aplican. Pero debe contemplarse que todo aumento del mínimo o relajamiento de las escalas no sólo reduce la carga de los contribuyentes (o los excluye) que están en los primeros tramos, sino que también repercute en los que tienen los mayores ingresos alcanzados. Se requiere una ingeniería bastante compleja para lograr que no paguen o paguen menos los estratos medios y al mismo tiempo no se reduzca la carga sobre los estratos altos. El riesgo de hacer menos progresiva la imposición es muy elevado.

Es llamativo que nadie se haya cuestionado que muchas empresas y asociaciones, como algunos clubes de fútbol y el banco público de la CABA, reintegren a sus gerentes, directores o figuras lo que les correspondió retener en pago de este impuesto. Nada es más regresivo que esta práctica que se hace cada día más habitual ni hay mayor desnaturalización de la esencia de un impuesto como éste, cuyo fin es extraer de manera progresiva parte del excedente generado por la economía.

En cuanto a la renta financiera o, para ser más precisos, la renta del capital, corresponde hacer algunas aclaraciones. Cuando se grava a las sociedades, se emplea lo que se conoce como la teoría del balance, y por tanto las ganancias obtenidas por ventas de acciones o por colocaciones financieras están alcanzadas por el tributo. Con respecto a las personas físicas, las exenciones se restringen a las rentas obtenidas en entidades financieras del país, mientras que las colocaciones en el exterior están gravadas. En este último caso, la dificultad se encuentra en la elevadísima evasión y por tanto su resolución no le compete a la política tributaria, sino a su administración. En definitiva, las exenciones se restringen a los intereses de depósitos a plazo radicados en los bancos locales, las rentas de los bonos públicos, la rentabilidad obtenida por la venta de acciones y por los dividendos distribuidos, en todos los casos cuando el sujeto es una persona física.

El régimen de acumulación que se viene moldeando en el último decenio requiere, para su sustentabilidad, una transformación del sistema impositivo vigente para complementarse con los avances de estos tiempos. El Estado empezó a conformar un nuevo sistema de protección social, con la recuperación de un régimen previsional único, con la estatización de las AFJP, el plan de inclusión previsional y el aumento exponencial del haber mínimo; la Asignación Universal por Hijo, y una inversión superior al 6 por ciento del PBI en educación. Se nacionalizan empresas estratégicas, como YPF, AySA y Aerolíneas Argentinas. También se están modificando las relaciones laborales, con la recuperación del salario, la implementación de medidas de defensa del empleo y el combate a la informalidad, la ley del peón rural y la recuperación de las convenciones colectivas de trabajo. En materia de regulación se destacan la nueva Carta Orgánica del BCRA, la Ley de Tierras y la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual. En las relaciones internacionales, sobresalen la conformación de la Unasur y los vínculos Sur-Sur. Todas estas intervenciones tienen efectos, de manera directa o indirecta, sobre el patrón distributivo que, paulatinamente, va redefiniéndose a favor de las clases sociales más postergadas de la sociedad. Con este marco debe darse el debate sobre la reforma tributaria y la clave pasa por elegir el momento oportuno para aplicarla". Leer

En "0pciones de reforma tributaria para redistribuir ingresos", el análisis de Alfredo Iñíguez es precedido por el de Eugenia Aruguete quien pese a historiar al origen de la regresividad tributaria concluye que restaurar el impuesto a las rentas financieras es una "materia pendiente". Dice: "(...)Con la llegada de la dictadura militar los logros en materia tributaria fueron desmantelados. Mediante cambios en la normativa, los depósitos bancarios –en particular los mayoristas– y la compraventa de acciones y títulos quedaron eximidos del impuesto, en sintonía con la liberalización del sistema financiero iniciada en 1977. El argumento que justificó las reformas fue que tanto los tributos como las regulaciones financieras “reprimían” al sistema, generando distorsiones que desalentaban el ahorro e impedían la óptima asignación de recursos. Desregular el mercado y eliminar los tributos sobre el sector alentarían a la empresa privada y contribuirían a un desempeño económico más eficiente.

Los resultados fueron bien distintos. Las reformas aumentaron la rentabilidad de las “inversiones” financieras en desmedro de las actividades productivas que, en cambio, padecieron la brutal competencia importadora y altos costos financieros. Lograron además torcer radicalmente el esquema de distribución del ingreso, en un sentido regresivo. (...)

No se trata de un debate del pasado. En los últimos años, el sector financiero y la banca privada alcanzaron altos niveles de rentabilidad. En 2012 las utilidades del sector financiero ascendieron a 19 mil millones de pesos, casi diez veces más que las logradas en 2005. En el caso de la banca privada, cuyas utilidades superaron los doce mil millones el año pasado, el incremento fue aún mayor. Paradójicamente, el aporte del sector a la recaudación de impuestos fue relativamente bajo, aún cuando la tendencia fue parcialmente revertida en los últimos años.

Sin dudas, el objetivo de restaurar el impuesto a las rentas financieras debe ir acompañado de un debate profundo y técnicamente riguroso, que evite caer en ideas que distraigan. Tal aquella, que plantea que recuperar este impuesto responde a imperativos fiscales. El tamaño del sistema financiero en nuestro país es relativamente chico, por lo que su aporte de máxima a la recaudación si bien no sería despreciable, tampoco resultaría la panacea que afirman algunos postulados en abstracto (según estimaciones del Presupuesto 2013, este año el Estado dejará de percibir un monto estimado en 5,3 mil millones de pesos por estas exenciones, lo que representa un 1,4 por ciento del total de recursos tributarios de la Administración Nacional). Tampoco puede considerarse que los recursos recaudados por esta vía sean suficientes para sustituir otras fuentes impositivas.

Mucho menos debe perderse en un debate estéril sobre si reintroducir este impuesto “castigará” al ahorro o a los “pequeños ahorristas”, máxime cuando todos los proyectos contemplan eximir a los plazos fijos por debajo de cierto monto. Para aquellos cuyas colocaciones en activos financieros superan tales niveles, el impuesto no podrá siquiera amenazar la rentabilidad lograda, ni alentar una fuga del sistema, donde los capitales devengan cero intereses.

El rediseño de este instrumento debe promover un esquema de rentabilidades coherente y favorable a la producción y el empleo, y contribuir a desandar las injusticias distributivas del pasado. Cabría contemplar una diferenciación de activos por plazos y monedas, así como un tratamiento particular para los títulos públicos, a fin de no encarecer el financiamiento del sector público.

Generar un esquema de rentabilidades que aliente la producción y la actividad será el resultado del conjunto de la medida, y sobre todo de sus puntos sobresalientes. Sirva de ejemplo la propuesta de gravar los dividendos distribuidos, que alentará la reinversión de utilidades. En ese caso, con impuestos a las acciones y otros activos financieros debería evitarse que las firmas eludan pagar ganancias distribuyendo dividendos mediante activos financieros.

Avanzar en este sentido dará más coherencia a la política nacional, cuyos avances hacia una mayor progresividad distributiva, y en pos de enfrentar poderosos privilegios, han sido indiscutibles en los últimos años".Leer

Da por ciertos la mayor progresividad distributiva y el enfrentamiento a los poderosos privilegios" de suerte que niega la profundización en la desigualdad y la exclusión sociales durante la "década ganada". Que se dio a consecuencia de la creciente concentración y transnacionalización económico territorial por los poderes establecidos con terrorismo de estado. Tampoco las medidas gubernamentales miraron fundamentalmente por los de abajo. Empecemos por las estatizaciones que, con el transcurrir del tiempo, han puesto de manifiesto cómo funciona el capitalismo. Por un lado, significaron impunidad para las corporaciones e incluso se beneficiaron con pagos multimillonarios a través del CIADI porque Argentina acepta que los derechos de las corporaciones estén por sobre los de los pueblos. Se diferencia así de Bolivia (en el año 2007), Ecuador (en el año 2009) y Venezuela (en el año 2012) que han tomado la decisión de denunciar el convenio constitutivo (Convenio de Washington de 1966) y retirarse del organismo. También de Brasil que nunca lo aceptó.
Por otro lado, la gestión estatal persistió en estimar a la población como "usuarios segmentados" en vez de ciudadanía con igualdad de derechos y en tramar formidables negocios a costa suya. Peor aún es el caso de ANSES. En efecto, de la apropiación indebida de los fondos previsionales por pocos bancos se pasó a la que lleva a cabo el gobierno-estado CFK para garantizar la extraordinaria acumulación del poder económico e imperialista. En búsqueda de aclarar nos hallamos con Sergio Massa que el bloque dominante pretende instalarlo como alternativa al kirchnerismo. Veamos si lo es:

Las manos en la Massa de la Anses

Por Sergio Szulman

Partido Obrero/ 25 julio, 2013

Luego de ser presidente de la derechista juventud liberal entre 1994 y 1996, Sergio Massa se incorporó al menemismo. En 2002 fue convocado por Duhalde para asumir como director del organismo de los jubilados. Confirmado por el kirchnerismo, fue director ejecutivo de la Anses hasta fines de 2007. Bajo su dirección, se profundizó el régimen jubilatorio menemista.

Los mismos métodos menemistas

Bajo la dirección de Massa en la Anses:

1. se realizó una quita del 30% y se pesificó la mayor parte de las deudas del Estado por fondos tomados a la Anses y las AFJP para el pago de la deuda externa. Se prorrogó su pago hasta el año 2045 impidiendo su uso para el pago a jubilados. La pesificación implicó una enorme depreciación de los fondos jubilatorios, debido a la inflación en aumento posterior a la devaluación de 2001;
2. se desconocieron la mayoría de los fallos judiciales en favor de jubilados por actualización de haberes, pagando sólo una parte minoritaria con títulos públicos con vencimientos hasta 2024;
3. se mantuvieron las rebajas de los aportes previsionales de la parte patronal dispuestos por el menemismo, con el agravante de que se mantuvo el trabajo “en negro” en más del 42% de la planta laboral;
4. la Anses fue la principal afectada por la manipulación de los índices del Indec a partir de 2007, en la medida que mientras a los acreedores externos y los bancos se les mantenían las deudas en dólares, las deudas con la Anses -pesificadas- se actualizaban según la inflación oficial (De esta manera, los jubilados sufrieron una defraudación multimillonaria);
5. en el último año de Massa al frente de la Anses, se creó el Fondo de Garantía destinado a “atender eventuales insuficiencias en el financiamiento del régimen previsional público a efectos de preservar la cuantía de las prestaciones previsionales” (art. 1, dec. 897/2007).

A pesar de ello, los fondos de los jubilados fueron reinvertidos con los mismos criterios de la jubilación privada: más del 60% para sostener el pago de la deuda externa y el resto, la mayor parte, en acciones especulativas de empresas y préstamos subsidiados al gran capital.

El supuesto “logro” bajo su mandato -la jubilación de dos millones de trabajadores desocupados o sin todos los aportes requeridos- fue costeada por los mismos jubilados, al desconocer el reajuste en sus haberes y, como consecuencia de ello, generalizar una jubilación mínima que representa la cuarta parte de una canasta familiar.

El argumento de que el Estado carecía de fondos para sostener las jubilaciones, el pago de los juicios, y el mismo 82% móvil es una gran mentira: sólo por los pagos al FMI y a los organismos internacionales, y las compensaciones entregadas a los bancos por la pesificación de las deudas de la burguesía, el duhaldismo y el kirchnerismo le dieron una “massita” de más de 40.000 millones de dólares a estos usureros. Considerando ese monto, más de 2 millones de jubilados fueron despojados cada uno de 20.000 dólares para entregarlos a la usura internacional.(...)

Fuente: http://prensa.po.org.ar/po1278/2013/07/25/las-manos-en-la-massa-de-la-anses/#sthash.x8JQdBJa.dpuf

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Sergio Szulman (Partido Obrero), en "El carancho nacional y popular" | 6 diciembre, 2012 , también denuncia: 

La ‘épica’ del “desendeudamiento” se ha convertido en la historia del mayor saqueo perpetrado contra los aportes jubilatorios por parte del Estado. A diferencia del “fondo buitre”, que compra a precio vil la deuda pública de un Estado en quiebra, la confiscación del dinero de la Anses se ejecuta en perjuicio de contribuciones previsionales genuinas, realizadas por los trabajadores, para pagar la deuda usuraria acumulada por los acreedores financieros.

Como los ingresos de la Anses son sustraídos a cambio de títulos públicos, la deuda del Estado lejos de disminuir ha crecido. Entre 2007 y 2012, pasó de menos de 150 mil millones de dólares a cerca de 200 mil millones.

Este cálculo no incorpora los intereses que devenga esa deuda, tampoco el certificado conocido como “cupón PBI”, un ‘premio’ que Kirchner-Lavagna ofrecieron a los acreedores que entraron en el canje de 2005, el cual cotiza de acuerdo con la evolución de la producción interna. La deuda del Estado se aproxima, con todos los cálculos incorporados, a más de 250 mil millones de dólares. La reducción de la deuda con los acreedores internacionales se ha logrado mediante la transferencia de la carga a la Anses, el Banco Central, el Pami, el Banco Nación, la Lotería. Es claro que la intención última de esta transferencia es declarar un ‘defol’ sobre la deuda, impagable con recursos fiscales, impuesta a estos organismos descentralizados. Los caranchos de adentro son mucho más carroñeros que los caranchos de afuera.

Si además se tiene en cuenta que el 60% de la deuda pública se encuentra nominada en dólares, se puede asegurar que la deuda propiamente externa, bien calculada, oscila en torno de los 150 millones de esa moneda.

La cuestión de la quiebra financiera de Argentina está a la orden del día, como desde el primer momento. Por eso, la presión de la burguesía nacional para rehabilitar el crédito con el exterior, lo que permitiría pagar la deuda que vence con deuda nueva. La deuda del sector privado con el exterior se acerca a los cien mil millones de dólares.

Confiscación metódica

El primer movimiento confiscatorio de los fondos de los jubilados, tuvo lugar con el canje de 2005. Mientras los organismos internacionales, como el FMI, cobraban en forma adelantada la totalidad de la deuda externa, sin ningún descuento, con las reservas del Banco Central, a las entonces Administradoras de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) se les hizo una quita del 30% y se les entregaron los bonos “cuasipar”, los más largos del mercado, con vencimiento en 2045.

Además, la deuda en dólares se pesificó, con una tasa de interés ínfima (del 3,3% anual) y un ajuste por el índice de inflación, que el gobierno manipula desde 2007. Estos títulos no tuvieron siquiera un pago de intereses durante los años posteriores al canje. Estos títulos sin valor pueden ser contabilizados (primero por las AFJP, luego por la Anses) al valor teórico -o sea al valor de emisión más actualizaciones acumuladas y no al precio de mercado. Como actualmente el precio es de sólo el 22% de ese valor, la tenencia de 45.000 millones de pesos en títulos que informa la Anses está inflada en más de 35.000 millones.

El segundo movimiento ocurrió en 2008. Cuando reestatiza las AFJP, el gobierno canjea los “cupones PBI” a un precio irrisorio, afectados por la crisis internacional y por una caída interna del PBI de más del 3%. El fisco se quedó, de este modo, con más de 6.800 millones de pesos (los últimos dos pagos del pago del cupón PBI), los cuales habrían debido ser cobrados por los jubilados. Lo que se llamó, en ese entonces, “la política virtuosa del superávit fiscal” resultó ser una confiscación previsional. La resolución 125, que el kirchnerismo no pudo imponer a la Mesa de Enlace, se la cobró con subterfugios a los jubilados.

La Anses no fue usada solamente para pagar la deuda usuraria. También sirvió para subsidiar a las grandes empresas con préstamos a tasas de interés menores a la inflación. Los aportes previsionales han financiado la ‘competitividad’ empresaria de los nacionales y populares. CFK dice que el fondo que administra a la Anses aumentó, desde la estatización de las AFJP, “de unos 80 mil millones de pesos hasta unos 230 mil millones”. Pero deliberadamente resta del capital original el monto que la Anses ya administraba por el régimen anterior de reparto estatal, así como  otras capitalizaciones por nuevos aportes de trabajadores activos. Según el último informe de la Anses, el capital original era de 109.835 millones de pesos (y no 80.000 millones) y el rendimiento informado desde octubre de 2008 es de 105.000 millones de pesos -o sea es apenas el 96%, frente a una inflación acumulada de más de 130%. Esto significa una pérdida de valor real cercana al 40%.

De caranchos

En las últimas semanas, el gobierno les quitó a los jubilados otros 6.000 millones pesos adicionales al calcular la movilidad jubilatoria en un 3% debajo de lo que hubiera correspondido. Además, desconoce los fallos de la Justicia nacional al negarse a pagar la deuda con los jubilados.

“¡Al carancho!”, grita el carancho. Fuente: http://prensa.po.org.ar/po1251/el-carancho-nacional-y-popular /

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Apreciemos una versión de la mesa de diálogo para esbozar cómo ésta opera en la resolución de problemas fundamentales a la vida de los diversos de abajo:

Argentina: ¿Para quiénes se cuidan los precios?

Por: Fabiana Arencibia (RED ECO)

Se conoció esta semana cuáles son las variables de ajuste mensual o trimestral de los “Precios Cuidados”. Los convenios firmados garantizan al empresariado que podrá aumentarlos si se producen incrementos de los salarios y la energía, entre otros ítems. También esta semana el INDEC difundió las canastas para el cálculo de pobreza e indigencia: una persona que vivió en Argentina durante 2013 con menos de un dólar diario, no es considerada indigente.

El acuerdo sobre los precios de 100 productos de consumo generalizado firmado entre el gobierno, los supermercados y sus proveedores, comenzó a regir desde los primeros días de este año y mostró esta semana su letra chica.

Se dijo desde el oficialismo que este intento superaba al del ex secretario de Comercio Guillermo Moreno porque además de ser más realista (con muchos menos productos), abarcar a parte de la cadena formadora de precios (no sólo supermercados sino también sus proveedores) y no ser un congelamiento (se van a ir modificando), este acuerdo se firmaba, o sea, no era de palabra.

Y poner la firma en un acuerdo implica para los empresarios tener garantías suficientes para que dicha rúbrica no les implique perder ganancias.

Más allá de que, al momento de acordar los precios, las empresas ya habían producido subas significativas que levantaron el piso de negociación, lo más preocupante son las condiciones pautadas para futuros aumentos.

Este lunes fue publicada en el Boletín Oficial la Resolución 2/2014 de la Secretaría de Comercio que contiene los modelos de convenios a ser firmados entre los actores de estos acuerdos de precios. Uno para el "compromiso de precio final de venta al consumidor por parte de las empresas de supermercados" y otro del "precio final de comercialización de la empresa proveedora a los supermercados".

Se acordaron que los precios para carne, frutas, verduras y panificados serán de revisión mensual y el resto de los productos, trimestral. Esto deja en claro que las expectativas de mantener precios son a cortísimo plazo.

Pero además se establecen las variables que se tomarán en cuenta para ajustar estos precios. Dice la resolución: “Las partes acuerdan que las revisiones aludidas tendrán en cuenta el impacto en la estructura de costos de la variación de los precios de venta de los proveedores, costos salariales de distribución y comercialización de los productos, valores de energía y combustible, cargas tributarias y tasas".

Si pensamos en las negociaciones paritarias para definir los salarios de 2014 que hablan de aumentos promedios de un 30%, sumado a la quita gradual de subsidios a las empresas proveedoras de energía que incrementarán las tarifas que hoy se pagan y a los aumentos en el precio de los combustibles que ya comenzaron, claro está que por mas cuidados que estén los precios, se incrementarán en el corto plazo.

Fernando Acosta, Secretario General de ATE Jujuy, dijo en una entrevista publicada por la agencia ACTA –CTA que el nuevo acuerdo de precios implementado por el gobierno nacional “es una cuestión mediática para demostrar que se puede vivir con muchos menos plata que con la que realmente se necesita (...), son intentos para que haya menos presión de parte de los trabajadores por la mejora de los salarios”.

Acosta manifestó que “en realidad nadie cree en esto de los acuerdos de precios porque nunca se cumplen, es imposible verificarlo. La realidad es que hay incrementos enormes porque los empresarios desabastecen esos productos, crean nuevos, distintos, que no están dentro de ese acuerdo de precios”.

¿Cuál es la ficción y cuál la realidad?

La junta interna de ATE INDEC publicó un cuadro comparativo entre los precios de algunos productos antes del acuerdo y los precios acordados de esos mismos ítems.
Para calcular los primeros tomó como base el último informe de prensa del IPC (Índice Precios al Consumidor) que es de mayo de 2008 ya que a partir de allí la Intervención del INDEC eliminó de dicho informe la lista de precios medios de un conjunto de alimentos y bebidas que se publicaba desde 1974. A esos precios les aplicó las variaciones de precios hasta la fecha que vino difundiendo mensualmente el organismo.
Por su parte, el INDEC acaba de informar que el aumento de costo de vida de todo el año 2013 fue del 10,9 %. Por fuera del organismo estadístico son varios los sectores que muestran incrementos que triplican este dato.
No sólo provienen de la oposición política sino también de las centrales sindicales oficialistas y no oficialistas, de diversas asociaciones de defensa del consumidor y en especial de quienes realizan cotidianamente las compras, viajan, pagan los servicios, o sea, de quienes viven en este país.

Para tomar una de esas estadísticas, citamos la que dio a conocer Graciela Bevacqua, ex directora del área de precios del organismo estadístico quien fue desplazada por la intervención del gobierno en 2007, para quien la inflación anual alcanzó un 27,4%.

El INDEC informó además que la inflación fue levemente mayor a los aumentos de precios en la canasta básica total que define el nivel de pobreza (10,5%) y la canasta básica de alimentos con la cual se determina el nivel de indigencia (9,4%).

Para Bevacqua, si se mide la inflación sólo para los alimentos que integran la canasta básica, el incremento en 2013 trepó a un 43 %.

Según el gobierno, una familia tipo (dos mayores y dos menores) no es pobre si sus ingresos totales diarios son de$ 59,45 o sea $ 14,11 por persona por día. Y no es indigente si reúne $ 26,24 diarios lo que significa $ 6,56 por persona por día.

Con un dólar al precio oficial o con U$S 0,60 del blue–según la cotización del billete verde al inicio del día de hoy en el mercado paralelo ($ 11,20) –, una persona cubre los “requerimientos calóricos y proteicos indispensables para la subsistencia”, o sea que no es indigente, sería sólo pobre para las estadísticas oficiales.

Ayer fue el último día en que el INDEC difundió la inflación con un índice que mide solamente Capital y Gran Buenos Aires (IPC). A partir de febrero, por cuestionamientos del FMI y bajo su supervisión y aprobación, comenzará a utilizarse un nuevo índice que medirá la inflación a nivel nacional.

Como todos los meses, cuando el organismo da a conocer los índices de inflación, los trabajadores del INDEC nucleados en ATE realizaron este miércoles su “abrazo simbólico” de protesta en las puertas de la repartición estatal.

Allí, justo el día que se cumplían 7 años de la intervención al INDEC por parte del ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, los trabajadores denunciaron que la "manipulación" de indicadores continuará el año próximo porque "sobrevive la situación derivada de la intervención del organismo".

Carlos Achiga, integrante de la junta interna de ATE en el INDEC afirmó: "aparentemente el ministerio de Economía frenó los concursos para la incorporación de más de 200 técnicos, con lo cual el organismo sigue sufriendo la menguada de calidad técnica que se vive desde la intervención".

El delegado de los trabajadores comentó a la agencia Noticias Argentinas que "las condiciones de la intervención no han cambiado para nada, y por lo tanto debido a la manipulación de los indicadores, el nuevo índice de precios que saldrá el mes próximo no nos inspira ninguna confianza".

Se refería al hostigamiento permanente que sufren los trabajadores que denuncian las irregularidades, manipulaciones de las cifras y el desmantelamiento en áreas claves para el armado de estadísticas confiables y reales, desde el momento mismo en que el gobierno intervino el INDEC en 2007.

La prueba más concreta es el incumplimiento por parte del INDEC del fallo judicial que obliga a que sea reincorporada Marcela Almeida, quien fue coordinadora del Índice de Precios al Consumidor –con el que se mide la inflación– hasta que la intervención en 2007 la desplazó de su cargo. “Ahora la dejan ingresar, pero no le asignan tarea y no le pagan el sueldo”, dijo Achiga.

El nuevo IPC Nacional debutará en febrero con aumentos en las tarifas de transportes, de peajes, de combustibles, de medicina pre paga, sólo para nombrar los autorizados por el gobierno. También con un acuerdo de precios realizado entre el gobierno, los supermercados y los proveedores de los mismos, los “Precios Cuidados” que, como decíamos al principio de esta nota, cuidan las ganancias empresarias más que el bolsillo de los que menos tienen.  Fuente: http://www.argenpress.info/2014/01/argentina-para-quienes-se-cuidan-los.html

 

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Deducimos que la mesa de diálogo oculta y distorsiona la realidad de subsunción de los diversos de abajo en el sistema de saqueo de los poderes establecidos con terrorismo estatal y paraestatal en los setenta. Cristaliza la correlación de fuerzas que se fue estableciendo desde la dictadura genocida hasta ahora mediante la creencia mayoritaria de que la lucha de clases es anacrónica.

Aún más, CFK inculcó esquemas binarios de la realidad social para desviarla. Reflexionemos sobre los de "Mesa de Enlace contra la comida de los argentinos" y de "favorecer y proteger a los inversores para que haya ocupación laboral" mediante el siguiente artículo:

 

Inflación y concentración económica

Por Fabiana Arencibia (RED ECO)

Datos oficiales vuelven a mostrar una actividad económica concentrada en manos de un grupo de empresas que son, en su mayoría, de capital extranjero. Entre ellas se encuentran las del sector de producción de alimentos. Para este sector la inflación es el mecanismo para apropiarse de la riqueza y defender sus ganancias.

En una nota que publicamos en enero de 2011 (1) analizábamos datos oficiales de la Encuesta Nacional de Grandes Empresas (ENGE) con información del 2009.

Si repasamos la última ENGE publicada a la fecha (con datos de 2011) vemos que la situación de concentración de riqueza en manos de un grupo de empresas, en su gran mayoría de capital extranjero, no ha variado.

Las 500 empresas más grandes del país concentran un 23,2 por ciento de lo que Argentina produce (producto bruto / valor agregado), incrementándose 1,2 por ciento respecto a la encuesta anterior.

El alto nivel de concentración permanece. Las 100 más grandes generan 7 de cada 10 pesos del producto bruto; las 50 más grandes concentran 5 de cada 10 pesos. Pero son solo las 4 grandes que explican 1,5 pesos de cada 10.

De las 500 que están a la cabeza del ranking, 455 obtuvieron ganancias por 15.000 millones de pesos más que a fines de 2010. La encuesta anterior mostraba ganancias en 417 con un incremento en las utilidades 2008-2009 de 9.000 millones de pesos. Si promediamos en forma lineal, a fines de 2009 las 417 empresas obtuvieron 22 millones de pesos más cada una, mientras que en 2011 las 455 se llevaron cada una 33 millones más. Más empresas, más ganancias cada una.

Estas grandes empresas han incrementado su personal asalariado en menos de un 6 por ciento durante el 2011. Si analizamos cuál fue el aporte de cada actividad al generar ese incremento, veremos que “resto de actividades” va a la cabeza (35,6%), seguido por el de “maquinarias, equipo y automóviles” (25,3%). Muy lejos está “minas y canteras” (5,3%), “combustibles, químicos y plásticos” (4,4 %) y más lejos aún los de “alimentos, bebidas y tabaco” y “comunicaciones” (cada uno con 2,4 %).

Las 50 más grandes - que produjeron más de la mitad del PBI y se llevaron más de la mitad de las ganancias - sólo han generado (dentro de las 500), 3 de cada 10 puestos de trabajo.

Por otra parte, la productividad (valor agregado por cada trabajador) creció durante 2011 en más de un 20 por ciento. Según la encuesta cada asalariado de las 500, aportó con medio millón de pesos al producto bruto/valor agregado.

El siguiente cuadro - con datos de la ENGE - resume cuánto han contribuido, dentro del ranking de las 500 más grandes, las empresas de capital nacional y las de capital extranjero a la facturación total, al valor agregado, al pago de salarios, a la generación de puestos de trabajo, durante el 2011.(…) Según la nueva encuesta se mantiene la extranjerización: casi 7 de cada 10 de las empresas más grandes del país son extranjeras (178 son de capitales nacionales y 322 son de capital extranjero).

En cuanto a las áreas productivas, 37 son del sector minas y canteras, 284 de la industria manufactureras (alimentos, bebidas y tabaco: 100 - combustibles, químicos y plásticos: 78 - otras industrias: 59), 41 son del sector electricidad, gas y agua, 20 de servicios de comunicación e información, y el resto corresponde a otras actividades.

El siguiente cuadro - también con datos de la ENGE - discrimina a las 500 empresas según el origen de su capital en cantidad de empresas y en porcentual respecto al total. (…)Todos estos datos no incluyen a la actividad financiera, agropecuaria ni de servicios personales. En el caso de la primera es una de las que más utilidades han obtenido durante el 2012. Según los datos del INDEC, el sistema financiero (que creció durante el 2012 casi un 18 por ciento), aporta más del 60 por ciento al 1,9 del crecimiento de la economía durante el año pasado.

Según informó a fines de enero el Ministerio de Industria, empresas líderes anunciaron a fines del año pasado que van a invertir alrededor de 28.300 millones de pesos para ampliar su producción. Las industrias automotriz-autopartista, materiales de construcción, alimentos, maquinaria agrícola, medicamentos y electrodomésticos son las que encabezan la lista de inversiones. La cartera que conduce Débora Giorgi precisó la lista, entre las que se encuentran Newsan, Mobitec, Brighstar, Syngenta, Camargo Correa, 3M, Walmart, Kraft Food, PepsiCo, Nestlé, Quilmes, Pharma ADN, Sinergium Biotech, Lacoste, Nike, Agco, Case New Holland, John Deere, Mercedes Benz, General Motors, Pirelli, P&G y Alladio. La mayoría son empresas de capital extranjero o con porcentaje elevado del mismo.

 

Grandes empresas e inflación

El reciente acuerdo para congelar precios en el final de la cadena de comercialización (supermercados) no solucionará aumentos futuros que se producen en el origen de su producción. Allí el capital concentrado no resigna utilidades y opera en la formación de los precios. En este rubro, la última Encuesta Nacional de Grandes Empresas muestra que, dentro de las 500 grandes empresas, este sector incrementó sus utilidades entre 2010 y 2011, en un 48,6%, aportando apenas un aumento del 0,8 por ciento en la creación de empleos.

En declaraciones recientes, el director ejecutivo de la Federación de Supermercados y Asociaciones Chinas, Miguel Ángel Calvete, aseguró que "no hay motivo" para que aumenten los precios de los alimentos, porque la Argentina "es productor y exportador de materia prima". El directivo advirtió que "el 80 por ciento de los alimentos lo producen 25 empresas multinacionales y el otro 20 por ciento se reparte en 10 mil empresas pymes.

Esto claramente muestra que para que la inflación sea contenida es imprescindible que los controles costos-utilidades se concentren allí, donde se inicia la cadena y no solamente al final de la misma.

La inflación perjudica a una gran mayoría de la población que vive de sus ingresos fijos (trabajadores registrados y no registrados, jubilados y quienes cobran planes sociales) y de cuentapropistas de bajos ingresos. 

Tal como afirma el economista Julio Gambina (2), “la «inflación» es un mecanismo redistributivo del ingreso y la riqueza socialmente creada” y por lo tanto es la forma en que los sectores concentrados de la economía (grandes empresas) tienen para apropiarse de la riqueza de las mayorías. La inflación constituye, al decir de Gambina, “un mecanismo de defensa de la ganancia empresaria”. Por lo tanto, “la inflación expresa una relación social de poder y solo puede resolverse enfrentando el poder de aquellos que tienen capacidad de incrementar los precios”.

El problema de fondo: la concentración y extranjerización de la actividad productiva

Dos años han pasado y los datos oficiales avalan lo que venimos afirmando. Este modelo no ha modificado la estructura productiva-económica instalada desde el golpe del 76. Concentración y extranjerización siguen siendo dos elementos basales del modelo que se basa en el crecimiento económico de la industria automotriz, del sector agropecuario (en especial a la soja), la minería, la construcción de viviendas para sectores con importante poder adquisitivo y la actividad bancaria y financiera.

Sostenemos lo que entonces afirmábamos: Las grandes empresas, mayoritariamente extranjeras, son quienes concentran la actividad económica y la riqueza y los únicos a los que beneficia la inflación. Pensar que de allí deberían provenir los recursos para inclinar la balanza hacia los trabajadores, los jubilados y los sectores de menores recursos - y no del permanente endeudamiento con organismos como Anses - sería una alternativa más que lógica y necesaria.

Para lograr al menos una equitativa distribución de la riqueza hay que plantearse un modelo de ruptura de las actuales estructuras productivas que es, a nuestro entender, el camino contrario a la profundización del modelo.
Fuente: http://www.argenpress.info/2013/02/inflacion-y-concentracion-economica.html

 

Recordemos: "Tal como afirma el economista Julio Gambina (2), “la «inflación» es un mecanismo redistributivo del ingreso y la riqueza socialmente creada” y por lo tanto es la forma en que los sectores concentrados de la economía (grandes empresas) tienen para apropiarse de la riqueza de las mayorías. La inflación constituye, al decir de Gambina, “un mecanismo de defensa de la ganancia empresaria”. Por lo tanto, “la inflación expresa una relación social de poder y sólo puede resolverse enfrentando el poder de aquellos que tienen capacidad de incrementar los precios”."

Conviene, entonces, que nos desentrampemos de la democracia que continuó a la dictadura genocida en la implantación del proceso de reestructuración argentina-continental para "la concentración y mercantilización de la riqueza social y los ingresos a escala nacional, regional y global", como José Seoane explica en el libro "Extractivismo y crisis climática en América Latina". Cita a Marx cuando enfatiza:"el extraordinario papel desempeñado por el sistema de la deuda pública y por el moderno sistema impositivo en la transformación de la riqueza social en capital, en la expropiación de productores autónomos y en la opresión de los asalariados" (capítulo XXIV de El Capital, p.943). 

Este fue el legado de la dictadura genocida, al igual que la ley de Entidades Financieras, que los gobiernos constitucionales consolidaron y profundizaron como fundamentales para el acaparamiento de las transnacionales y los grandes capitales transnacionalizados. En la búsqueda de caminos de ruptura, José Seoane nos corrobora sobre la importancia de no quedarnos en clasificar al extractivismo y a las resistencias abajo como socioambientales. Porque nos aparta de la toma generalizada de conciencia sobre que el elogiado crecimiento resultó en: acumulación oligopólica por desposesión o expropiación de los bienes comunes tanto sociales como naturales; imposición de la división internacional del trabajo que combina desindustrialización con reprimarización y revitalización de las economías de enclave; incorporación al desarrollo de la llamada tercera revolución científico-tecnológica; subsunción del país-continente en la situación de crisis multidimensional del sistema capitalista; y por ende, en afianzamiento del Estado liberal-colonial que programó e impulsó el Consenso de Washington.

José Seoane advierte: "El modelo extractivo exportador no sólo supone la imposición de una lógica de saqueo, contaminación, recolonización y nueva dependencia. Estos procesos implican además necesariamente el uso de la violencia, el fraude, la corrupción y el autoritarismo (...)". En confrontación emergen y se constituyen sujetos colectivos entre los de abajo. "Desposeídos o amenazados por la expropiación de sus tierras, trabajo y condiciones de vida, muchas de estas organizaciones se constituyen en la identificación política de su desposesión (los sin tierra, los sin trabajo, los sin techo), de las condiciones sobre las que se constituía la opresión (los pueblos originarios) o de la lógica comunitaria de vida amenazada (los movimientos de pobladores, las asambleas ciudadanas)".
José Seoane y Clara Algranati prosiguen: "(...) esos movimientos sociales lejos de restringirse a una lucha meramente corporativa o particularista, han alcanzado una relevancia política en numerosos países del continente. También su práctica y programática supone o propone explícitamente un cuestionamiento al confinamiento de la política como actividad específica y monopólica del Estado y sus legítimas mediaciones partidarias tradicionales abriendo paso a la crítica de la matriz liberal-colonial del Estado nación latinoamericano. (...)
"En primer lugar, su emergencia da cuenta de una serie de cambios en el terreno de los sujetos sociales que, bajo el relativo debilitamiento del papel articulador del movimiento obrero y del desplazamiento del conflicto sindical al ámbito público" implican una serie de procesos colectivos en los márgenes de la relación capital-trabajo, lo cual no indica la desaparición de la acción colectiva de los trabajadores asalariados que, en los principios del siglo, protagonizaron alrededor de un tercio de los conflictos sociales en el continente. "Pero sí partir del reconocimiento del carácter fragmentario y sectorial que signaban a la mayoría de los mismos.
En segundo lugar, tienen una serie de cambios en las formas de lucha o lo que también suele llamarse los repertorios de la protesta, donde se destaca una mayor radicalidad puesta de manifiesto en la duración temporal de las acciones, la generalización de la acción directa no convencional y disruptiva, de formas autoafirmativas en desmedro de las medidas demostrativas o instrumentales, en la difusión regional de ciertas modalidades de ocupación de los territorios públicos y privados (desde bloqueos de carreteras a las ocupaciones de tierras y fábricas), así como en su carácter prefigurativo y constitutivo de prácticas colectivas.
Una tercera característica refiere al proceso de "territorialización de los movimientos" donde el territorio aparece como un espacio de resistencia pero también de resignificación y creación de nuevas relaciones sociales signado por una dinámica de apropiación social y disputa del mismo frente a la racionalidad neoliberal y corporativa y las lógicas de acumulación por desposesión. (...)
En cuarto lugar, estos movimientos promueven "el desarrollo de formas y espacios de deliberación vinculadas a la democracia directa" (Svampa, 2008), "rehúyen el tipo de organización taylorista o jerarquizada, con división de tareas entre quienes dirigen y ejecutan" (Zibechi, 2003) en un esfuerzo que se orienta tanto a poner discusión los modelos organizativos -con la revalorización del modelo asambleario y de control de la delegación- cuanto que también se plantea como demanda y programática de cuestionamiento y transformación del carácter colonial del Estado y las formas de la democracia representativa liberal basados en los instrumentos de la democracia participativa y protagónica o en las propuestas del Estado plurinacional (Seoane, Taddei y Algranati, 2006 y 2011).
En quinto lugar, valdría mencionar que muchos de estos movimientos sociales y ciclos de protesta a los que nos referimos han implicado una revalorización del término de autonomía "no sólo como eje organizativo sino también como un planteo estratégico que remite a la autodeterminación" (Svampa, 2008) fundado en la autonomía material que implica la relativa posibilidad de asegurar la subsistencia a partir de prácticas de cooperación y autogestión (Zibechi, 2003); una revitalización de la noción de autonomía, no en el sentido individual o micropolítico, sino como proyecto colectivo que recupera y amplifica la clásica noción de independencia de clase frente al Estado y el gobierno y que planteó y plantea una serie de intensas y riquísimas discusiones sobre las formas de construcción de poder y sobre el papel del Estado en el proceso de transformación social y en el período de transición (Seoane, Taddei y Algranati, 2006 y 2011).
En sexto lugar, la experiencia de estos movimientos ha estado signada por una viva experimentación de convergencias en los planos regional e internacional graficadas tanto en la campaña continental contra el ALCA o en la dinámica de los Foros Sociales Mundiales y Continentales, lo que ha sido interpretado bajo el señalamiento de la aparición de un nuevo internacionalismo (Seoane, Taddei y Algranati, 2006 y 2011). (...)".Fuente: "Extractivismo, despojo y crisis climática"/ José Seoane; Emilio Taddei; Clara Algranati - 1a ed. - Buenos Aires: Herramienta, El Colectivo 2013.