La militarización de la población sobrante
El Plan
Ahí y el uso de las Fuerzas Armadas para la política social
EL AROMO - El Aromo n° 68 - "Sumate a la militancia"
EL AROMO - El Aromo n° 68 - "Sumate a la militancia"
Por Tamara
Seiffer (OME-CEICS)
¿Usted creía que la represión era cosa del pasado, que iba a
disminuir con el aumento de los planes sociales? ¿Piensa que el uso de los
ejércitos para la seguridad interna es cosa de Colombia o Brasil? Lea esta nota
y entérese de cómo las FF.AA. se preparan para intervenir y regimentar a la
fracción más empobrecida de la clase obrera.
El crecimiento de la población sobrante en Argentina es una
marca de los últimos 30 años, que no se ha revertido con el crecimiento
económico de esta década. Las políticas específicas que el Estado capitalista
dedica a esta población crecieron tanto en términos de la cantidad de
beneficiarios como del gasto público destinado a tal fin, tanto bajo el
menemismo como en la era K.
Sin embargo, esta política no ha podido sacar a esta gente de
su condición de sobrante [1]. La tan publicitada asistencia social, además de
poco efectiva, es sólo una cara de la acción gubernamental. La represión
abierta y selectiva de la población sobrante organizada es una pata clave del
bonapartismo kirchnerista. En este contexto, la nueva etapa de implementación
del Plan Ahí evidencia la importancia de la represión preventiva, por parte de
las fuerzas estatales, que se combina con la acción paraestatal de patotas y
barrabravas, que hemos reseñado en números anteriores de El Aromo [2].
El Plan Ahí
El Plan Nacional de Abordaje Integral (Ahí), dependiente del
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, se lanzó en medio del
llamado “conflicto del campo”, en abril de 2008 [3]. Como su nombre lo indica,
se plantea como un plan integral de abordaje territorial de la pobreza que
coordina acciones de distintos ministerios y de los gobiernos provinciales y
municipales con la participación de “la comunidad”.
En su lanzamiento, se planeaba una primera etapa en la que
se llegaría a 9 partidos del Conurbano Bonaerense y a las 223 localidades más
pobres del país para llegar luego a mil localidades, alcanzando a un total de 6
millones de habitantes.
El tipo de actividades llevadas adelante son
fundamentalmente de ayuda directa (alimentos, guardapolvos, equipamiento
deportivo), de construcción e infraestructura (vivienda social, centros de
integración comunitaria, destape de cloacas y desagües), capacitaciones
(infancia, género, deporte), revisación médica y documentación [4]. Sin
embargo, no aparece un presupuesto específico destinado a tal fin en ninguno de
los ministerios convocados.
En junio de este año, y según las versiones oficiales, por
un plazo de 90 días, el Plan comienza a implementarse en villas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y asentamientos de la localidad de San Martín. Lo novedoso de la
iniciativa es que fueron convocadas las Fuerzas Armadas y de Seguridad
dependientes del Ministerio de Defensa, creado posteriormente a la creación del
plan y cuya participación, por tanto, no estaba prevista en la formulación
original. Mientras el Ejército desplegó sus fuerzas en los barrios de San
Martín, la Armada lo hizo en la Villa 31 y la Fuerza Aérea en la
Villa 1-11-14.
La militarización de zonas de asentamiento de población
sobrante por las Fuerzas Armadas, por su parte, es una tendencia que puede
observarse en toda América Latina. El caso de Brasil, con la conformación de
las “Unidades de Policía Pacificadora” es paradigmático en este sentido. La
extensión del uso de drogas baratas y de las redes de narcotráfico asentadas en
estos territorios dan cuenta de la importancia del proceso de descomposición
social que sufren sectores importantes de la clase obrera brasilera y de las
dificultades del Estado de contener estas manifestaciones propias del sistema
social en el que vivimos. Venezuela, por su parte, se ha venido destacando por
la fuerte presencia de las FF.AA. para la realización de “tareas sociales”.
El uso del ejército para tareas internas en el continente ha
sido legitimado en el año 2003 por la Declaración sobre Seguridad de las
Américas de la Organización de Estados Americanos (OEA) con su ampliación del
concepto de seguridad: “La pobreza extrema y la exclusión social de amplios
sectores de la población, que también afectan la estabilidad y la democracia. La
pobreza extrema erosiona la cohesión social y vulnera la seguridad de los
Estados” [5].
En nuestro país, si bien la presencia de los aparatos
represivos es una constante en la vida cotidiana de esta población, hasta hace
poco nunca se había recurrido a las FF.AA. para este tipo de tareas [6], hecho
que distinguía a Argentina de sus pares latinoamericanos [7]. Las leyes
argentinas de Defensa Nacional (n° 23554/88 y 727/06), de Seguridad Interior
(n° 24059/92) y de Reestructuración de las FF.AA. (24948/98) las excluyen en
forma explícita de tareas de seguridad interna y no deberían cumplir tareas de
asistencia social salvo en caso de “catástrofes”. Los operativos Cinturón Sur
(2.500 gendarmes y prefectos en el distrito porteño), Centinela (6 mil
gendarmes en el conurbano bonaerense) y Escudo (6 mil efectivos de Gendarmería
Nacional y la
Prefectura Naval y 800 nuevos efectivos de Fuerzas Especiales
y Antidrogas de la Gendarmería y Prefectura en zonas del NOA y NEA) inauguran
una nueva etapa en este sentido.
La nueva fase del Plan Ahí, por su parte, trae como novedad
la combinación de tareas de asistencia social con la represión preventiva de la
población sobrante a partir del control del territorio por parte de las fuerzas
militares del Estado. Adelantándose a las críticas, el secretario de Seguridad,
Sergio Berni, planteó que el gobierno nunca ordenará a las fuerzas de seguridad
reprimir la protesta social, ocultando la efectiva represión que, como ya hemos
mencionado, han sufrido los trabajadores organizados durante el kirchnerismo.
Un sistema en descomposición y la relegitimación de las
FF.AA.
La participación de las fuerzas coercitivas en acciones de
asistencia social es la forma en que el Estado se adelanta a la crisis a través
de la destrucción de focos de posible conflicto social. Asistencia y represión
son dos formas articuladas de solución al problema de la población sobrante.
Que la represión, por la misma naturaleza del bonapartismo, sea en muchos casos
terciarizada, no cambia el contenido de lo que se está tratando.
Es que, como ya planteamos en otras oportunidades, en tanto
ni la recuperación económica relativa de la última década, ni el aumento de la
asistencia social, alcanza para convertir a estas fracciones de la clase obrera
en un ejército en activo en condiciones normales, la población sobrante tendrá
que salir nuevamente a pelear por su vida y su dependencia inmediata del Estado
pone al sistema en su conjunto en el ojo de la tormenta.
El personal de las Fuerzas Armadas y de seguridad, otrora
convertido en “el malo de la película”, es ahora “humanizado”. Abonan en este
sentido, la realización de “tareas humanitarias”, y la inclusión de temas de
Derechos Humanos en sus planes de estudios. Pero también se benefician de ser
corridos del lugar de únicos depositarios del ejercicio de la violencia a
través de la tercerización de la represión. En definitiva, el gobierno intenta
lavarle la cara a las fuerzas de seguridad relegitimando su rol en la
sociedad.
Es que los bonapartismos no son sino soluciones transitorias
a procesos de avance de la lucha de la clase obrera. En tanto expresión de
crisis políticas, tarde o temprano deben cerrarse, sea a través de la
recomposición de la plena hegemonía burguesa, sea con el triunfo de las
tendencias revolucionarias contenidas en ellas. En el caso del kirchnerismo, se
trata de un período que intenta frenar las potencias revolucionarias contenidas
en el Argentinazo, apoyado en la marcha de una economía sostenida por la soja y
el aumento de la tasa de explotación.
Pero el “modelo” empieza a trastabillar al calor de la
crisis, dando muestras claras de sus límites y de la necesidad de recomponer
las relaciones de dominación: déficit fiscal, “sintonía fina”, ruptura con
Moyano, aumento de tarifas… [8] Adelantándose al conflicto, el gobierno empieza
a desarrollar tareas de “prevención” recurriendo a las fuerzas del orden,
poniendo sobre la mesa la importancia de la dependencia directa de grandes
porciones de la clase obrera del Estado y, en el mismo acto, el potencial
componente explosivo que encierra una forma de reproducción de acumulación de
capital sostenida sobre la producción de una masa importante de población
sobrante.
No hay comentarios:
Publicar un comentario