martes, 30 de abril de 2013

III. Estamos siendo entrampados cada vez más, gracias al anzuelo de ideales, en legitimar al gobiernoCFK que privilegia a 'acreedores' e 'inversores' con la consiguiente criminalización de tanto la pobreza como la protesta

Recordemos que el gobierno CFK crea el Ministerio de Seguridad a cargo de Nilda Garré frente a que: En diciembre de 2010,  más de tres mil familias tomaron el Parque Indoamericano y terrenos linderos, en Villa Soldati. Fue en reclamo de viviendas dignas, un derecho por el que no obtenían respuesta ni solución por parte del Estado. A partir de una denuncia del gobierno porteño, el 7 de diciembre comenzó un operativo para desalojarlos. Participaron efectivos de la Policía Federal, Gendarmería y Policía Metropolitana, quienes dispararon con gases, balas de goma y de plomo.La resistencia al desalojo y la represión continuaron durante largas horas. Hubo tres muertos: Bernardo Salgueiro, Rosemary Puña y Emilio Canaviri Álvarez. Leer

Analicemos porqué hoy CORREPI ha alcanzado un importante reconocimiento social, nacional e internacional y porqué el gobierno CFK quiere aislarla. Escuchemos a CORREPI qué nos dice en el año 2006:

CÓMO NACIÓ LA CORREPI Y QUÉ TAREAS DESARROLLA

La CORREPI se constituyó formalmente en mayo de 1992, confluyendo en su formación abogados con trayectoria en el tema antirrepresivo, familias de víctimas del "gatillo fácil" y grupos de militantes por los derechos humanos, a partir de la caracterización del fenómeno represivo como funcional e inherente al sistema.

Esta convergencia fue el fruto de la síntesis entre diversas experiencias realizadas con anterioridad a la conformación de la Coordinadora, en particular las respuestas populares frente a la "masacre de Budge" (donde la policía bonaerense acribilló a tres jóvenes desarmados en 1987), al asesinato del joven militante cristiano Agustín Ramírez en Solano (1988, Pcia. de Buenos Aires) y al homicidio en la Capital Federal de Walter Bulacio (1991) a manos de la policía.

Desarrollamos una intensa labor de denuncia frente a cada hecho nuevo de represión institucional, con importantes logros en cuanto a respuestas en los medios masivos de difusión, contribuyendo a abrir un debate social sobre un tema que con anterioridad parecía "tabú": los objetivos y modos de intervención de las fuerzas de seguridad, en particular de la policía en su rol de ejecutoras de las políticas represivas del sistema.

Nuestro organismo efectúa una importante tarea educativa en relación a los derechos de los ciudadanos frente a las detenciones, en las comisarías, ante los juzgados, etc. Hay un material de la CORREPI -"El manual del pequeño detenido" - que es un claro ejemplo de lo que decimos: ha sido tomado como propio por diferentes organizaciones sociales, culturales, religiosas, juveniles o políticas y lo han hecho llegar a miles y miles de personas con una muy positiva receptividad.

Una de las prioridades que nos hemos impuesto ha sido la de impulsar la organización popular en relación a la lucha contra la represión, tarea que se desarrolla en distintos planos: el de los compañeros organizados en torno a la CORREPI, el de las comisiones de familiares y vecinos de las víctimas del "gatillo fácil", el de la articulación de planes y acciones comunes antirrepresivas con un amplio espectro de agrupaciones estudiantiles, sociales, políticas o culturales de todo el país.

La labor que más trascendencia y prestigio ha dado a la CORREPI ha sido la del asesoramiento y representación jurídica a víctimas y familiares de víctimas de la represión policial. Por un lado, se evacuan decenas de consultas semanales relacionadas con detenciones policiales arbitrarias. Por el otro, se participa como querellantes o representando a los particulares damnificados en causas por homicidios y otros delitos cometidos por la policía u otras fuerzas de seguridad. Finalmente, brindamos asesoramiento y defensa jurídica a compañeros de organizaciones populares represaliados por luchar contra el sistema.

PRINCIPALES ACTIVIDADES EN LAS QUE PARTICIPA LA CORREPI:

1- LA LUCHA CONTRA LA REPRESION: Desde 1991 a la fecha hemos tomado intervención directa en los principales casos de represión policial ocurridos en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, y nos hemos vinculado con los del interior del país. Con el criterio de rodear cada caso de activa solidaridad y lucha, hemos organizado y promovido en cada oportunidad marchas, festivales, radios abiertas y otras manifestaciones masivas.

Cada año en el mes de abril convocamos junto a organizaciones estudiantiles, sociales, de Derechos Humanos y corrientes políticas a la ya tradicional MARCHA POR WALTER Y POR TODOS, en el aniversario de la detención ilegal en un recital de rock del adolescente Walter Bulacio. Estas marchas, que recorren el centro de la ciudad desde el Congreso Nacional hasta la Casa Rosada, suelen tener una concurrencia especialmente juvenil de varios miles de personas, habiendo llegado en ocasiones a reunir 10.000 manifestantes.

Los familiares de víctimas del gatillo fácil que forman la Comisión integrante de nuestra Coordinadora, codo a codo con la Madres de Plaza de Mayo, encabezan estas movilizaciones, como forma de sintetizar la clásica consigna común, BASTA DE REPRESION Y DE IMPUNIDAD - CASTIGO A LOS ASESINOS DE HOY Y DE AYER.

Desde 1995 encaramos decididamente la conformación de un movimiento nacional antirrepresivo, intensificando los vínculos con las nuevas organizaciones que se conformaron en todo el territorio argentino. Organizamos seis encuentros nacionales en diferentes lugares del país (ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe).

2- LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD DE LOS GENOCIDAS: La CORREPI ha sostenido siempre que existe una relación directa entre la represión de hoy y la impunidad de los genocidas de la dictadura, institucionalizada a través de las leyes de obediencia debida y punto final y los decretos de indulto. Con ese criterio participamos activamente junto a los Organismos de Derechos Humanos tradicionales en todas las actividades vinculadas al reclamo de juicio y castigo, tratando de difundir el concepto de que no se trata solamente de un sano ejercicio de la memoria, sino que ambas peleas, la de hoy y la de ayer, tienen caracteres y protagonistas comunes, y remiten a la estrategia de reproducción del mismo sistema.

Así tuvimos un decisivo papel en el ámbito que definió las características de la masiva demostración al cumplirse 20 años del inicio de la dictadura militar, el 24 de marzo de 1996, y participamos actualmente en las querellas colectivas de las causas en trámite contra los represores de la dictadura, como las de la ESMA y el Primer Cuerpo de Ejército.

3- LA LUCHA POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLITICOS: Si bien en Argentina existen organismos de larguísima trayectoria en la defensa de los presos políticos, como la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, fundada en 1937, la CORREPI ha aportado también en esta área con nuestras herramientas y criterios renovadores.

A medida que crece la resistencia popular a las políticas socio-económicas de exclusión, aumenta la necesidad del sistema de ejercer el disciplinamiento a través de nuevas formas represivas. Así, en los últimos tiempos se ha generalizado lo que llamamos la "criminalización de la protesta", a medida que más y más militantes opositores, activistas barriales, desocupados, estudiantes o dirigentes de los trabajadores son detenidos y procesados por delitos penales en ocasión de manifestaciones, marchas o movilizaciones públicas.

Fuimos punta de lanza en la gran campaña que se generó en solidaridad con los dirigentes de la Coordinadora de Desocupados de Neuquén, encarcelados luego de participar en una protesta en reclamo de pan y trabajo. De manera inédita la campaña por la libertad de los compañeros Horacio Panario, Alcides Christiansen y Basilio Estrada fue sustentada por todos los sectores del campo popular, sin distinción de banderas partidarias, y a ello no fue ajena nuestra labor de coordinación, ni nuestra prédica antirrepresiva.

La experiencia adquirida permitió que fuera cada vez más fácil encarar de modo conjunto la defensa de los centenares de procesados que hoy suman los conflictos sociales en todo el país, en la que la CORREPI participa activamente tanto desde el aspecto jurídico como en la difusión, denuncia y movilización públicas. Tuvimos un activo rol en la campaña por la libertad de Emilio Alí, de la Unión de Vecinos Organizados de Mar del Plata, presos por pedir comida en supermercados para los hambrientos, de Raúl Castells, del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, de los piqueteros salteños de la UTD de Mosconi, etc. Intervenimos en muchas defensas de luchadores represaliados, de las más diversas organizaciones populares, y a mediados de 2003 propiciamos el ámbito colectivo que elaboró y presentó al gobierno nacional un proyecto de ley de amnistía a los luchadores populares.

4- LA LUCHA POR LA CONCIENCIA POPULAR: La desinformación y los “discursos oficiales” impuestos por el poder a través de los medios de comunicación dificultan que la sociedad tenga elementos para hacer un análisis válido de la realidad. Por eso nuestros militantes dedican todo el tiempo necesario para responder las inquietudes de quienes nos convocan desde colegios, universidades, barrios, asambleas populares o instituciones intermedias. En especial cerca de los aniversarios de la muerte de Walter Bulacio y de la Noche de los Lápices son las escuelas secundarias de la ciudad y provincia de Buenos Aires las que nos invitan.

Nuestros compañeros son requeridos a menudo como expositores en congresos, simposios y seminarios en los que se debaten temas vinculados a la represión, los derechos de los jóvenes, las políticas de seguridad, etc. Sin dejar el ánimo militante, hemos expuesto en universidades de todo el país nuestra doctrina, aunando a la teoría la práctica de la experiencia cotidiana.

Del mismo modo somos consultados con inusual frecuencia, para un organismo de Derechos Humanos, por periodistas del país y del extranjero, hecho que ha contribuido enormemente a la difusión de nuestro trabajo y nos ha permitido ser “la otra voz” en las campañas de (de-) formación de la opinión pública promovidas desde el poder y vehiculizadas por los medios buscando consenso para las políticas represivas (inseguridad, mano dura, tolerancia cero, endurecimiento del sistema penal, etc.).

Desde las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 que generaron el interesante proceso organizativo de las asambleas populares hemos desarrollado una permanente relación con estos nuevos estamentos, participando en todo tipo de actividades y poniendo a su disposición todos los materiales sobre nuestros temas de análisis que pueden contribuir a enriquecer los debates.

Privilegiamos nuestra relación con las organizaciones de masas, especialmente el movimiento piquetero, con quienes tenemos un permanente intercambio de experiencias, y de iniciativas comunes en el ámbito antirrepresivo.

5- LA REINVINDICACIÓN DE LOS CAIDOS POR LUCHAR: Fundamental importancia damos a nuestra intervención en todos los casos de compañeros asesinados por las fuerzas de seguridad en el marco de la protesta social, que desde 1995 a la fecha suman medio centenar. Así, y a pesar de las distancias, hemos colaborado en la investigación y el reclamo de juicio y castigo a los responsables por los asesinatos en distintas movilizaciones de Víctor Choque (Ushuaia, Tierra del Fuego, 12/04/95); Teresa Rodríguez (Cutral Co, Neuquén, 12/04/97); Mauro Ojeda y Francisco Escobar (Corrientes, 17/12/99), Aníbal Verón (Tartagal, Salta, 10/11/00); Carlos Santillán y José Barrios (Gral. Mosconi, Salta, 16/06/01.

Fuimos partícipes de las jornadas de rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001, cuando una multitud movilizada a pesar del estado de sitio logró la caída del gobierno de la Alianza y su presidente Fernando De La Rua. En la causa que investiga los pormenores del operativo represivo que causó 5 muertos en Buenos Aires y 32 en todo el país, además de centenares de heridos y detenidos ilegalmente, somos querellantes en representación de la familia de Carlos “Petete” Almirón, uno de los asesinados y militante de nuestra organización.

Desarrollamos en esa causa un intenso trabajo técnico-jurídico-político para evitar que el reproche se limite a los autores materiales, protegiendo a quienes fueron los responsables políticos de la masacre desde las más altas esferas de gobierno. Concretamente, somos la única querella que imputa al ex presidente De La Rua, al ex ministro del interior Mestre y al ex secretario de seguridad Mathov los homicidios y demás delitos a título de coautores en su condición de superiores jerárquicos de los que dependía la policía federal.

Con idéntico criterio hemos asumido similar rol en la causa que investiga la masacre de Avellaneda, ocurrida el 26 de junio de 2002 cuando el Bloque Piquetero Nacional, la Coordinadora Aníbal Verón, el Mov. Independiente de Jubilados y Desocupados y Barrios de Pie realizaron el corte de 12 accesos a la ciudad de Buenos Aires, y el más nutrido, en el Puente Pueyrredón, fue reprimido por un operativo combinado multifuerza (gendarmería, prefectura, policía federal y bonaerense) con el resultado de dos muertos (Maximiliano Kosteki y Darío Santillán) y un centenar de heridos. Este hecho fue precedido y sucedido por una fenomenal campaña de prensa con el objeto de estigmatizar a los piqueteros como violentos, garantizando consenso en las capas medias para la represión. Nos tocó protagonizar el principio del desmantelamiento de esa campaña, cuando un fotógrafo independiente nos eligió para poner en nuestras manos las fotos que tomó de los policías bonaerenses comandados por el comisario Franchiotti cuando fusilaban por la espalda a Darío Santillán, mientras el piquetero estaba arrodillado junto a Maximiliano Kosteki, agonizante.

También en Avellaneda hubo un compañero de CORREPI lesionado, impactado por 9 perdigones en la cabeza mientras asistía a nuestros abogados en la tarea de confeccionar las listas de heridos y detenidos en un local político que fue allanado ilegalmente.

Asimismo, y frente a la campaña de amenazas e intimidaciones que se desató luego del 26 de junio contra testigos, damnificados y abogados –incluyendo varios miembros de CORREPI- encaramos su denuncia nacional e internacional.
Fuente: http://es.wiser.org/organization/view/6a9cb6c3b06e19791af08e2963666135

II. Estamos siendo entrampados cada vez más, gracias al anzuelo de ideales, en legitimar al gobiernoCFK que privilegia a 'acreedores' e 'inversores' con la consiguiente criminalización de tanto la pobreza como la protesta



Campaña Nacional contra la Violencia Institucional 

Ley Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional.

 Encuentro Nacional contra la Violencia Institucional 3 de mayo ...



Agustín Álvarez Rey informa: La Campaña contra la Violencia Institucional incrementará durante 2013 sus actividades, su presencia en la vida política y agregará nuevos objetivos pese al trajín que supone un año electoral.
La Campaña que, impulsada por el Movimiento Evita a través de su diputado nacional Leonardo Grosso, se plantea la búsqueda de una seguridad democrática y que cuenta con el apoyo explícito de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, el jefe de la bancada oficialista de la Cámara de Diputados Agustín Rossi, entre otros, sumará este años a sus objetivos el debate sobre el Poder Judicial y la cobertura periodística de los sucesos que pueden definirse como violencia institucional.  
La Campaña retomará su actividad pública el próximo 3 de febrero.La Campaña contra la Violencia Institucional incrementará durante 2013 sus actividades, su presencia en la vida política y agregará nuevos objetivos pese al trajín que supone un año electoral.
La Campaña que, impulsada por el Movimiento Evita a través de su diputado nacional Leonardo Grosso, se plantea la búsqueda de una seguridad democrática y que cuenta con el apoyo explícito de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, el jefe de la bancada oficialista de la Cámara de Diputados Agustín Rossi, entre otros, sumará este años a sus objetivos el debate sobre el Poder Judicial y la cobertura periodística de los sucesos que pueden definirse como violencia institucional.  
La Campaña retomará su actividad pública el próximo 3 de febrero.Leer

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La campaña tiene en cuenta las causas diversas de la violencia institucional, así como sus diferentes responsables. De acuerdo con el diputado Grosso, el propósito es doble. “La idea, por un lado, es generar conciencia de la magnitud de la problemática y mostrar cómo los distintos casos de violencia institucional son parte de un sistema que debemos reformar entre todos. Por otro lado, queremos poner en funcionamiento una red territorial, donde en cada distrito haya un responsable de la campaña, que pueda registrar los casos de cada barrio y que esté capacitado para dar una respuesta urgente”.
Acerca de esta red territorial, la campaña se enfoca en la capacitación. El 12 y 19 de junio, el CELS asesora abogados y estudiantes de Derecho en cómo reconocer y actuar en casos de violencia institucional. Luego se prevé formar a los responsables distritales, primero de la Provincia de Buenos Aires y después de otras jurisdicciones, para que sepan cómo usar en cada localidad los protocolos para posibles abusos policiales. Finalmente, se incluirá la figura de los voluntarios, quienes estarán alertas ante cualquier caso de violencia institucional. Según la campaña, “se trata de constituir un modelo de seguridad ciudadana con participación democrática”.
- Leonardo Grosso, diputado nacional. “La violencia institucional tiene que ver con la vulneración de derechos de la población masculina, joven, de los barrios más humildes de la provincia de Buenos Aires y de todo el país”. Leer
ESTA POLITICA ES DE GATOPARDISMO porque se sigue adelante con el modelo de concentración y transnacionalización económico territorial. Como en el fallo de condena a Pedraza hay apropiapiación K de la lucha de CORREPI para ningunearla a fin de desorientar a los de abajo hacia dónde dirigirse para la justicia social. Es imposible mientras siga la impunidad del enriquecimiento gran capitalista por desposesión y avasallamiento de derechos a los diversos de abajo.    


I. Estamos siendo entrampados cada vez más, gracias al anzuelo de ideales, en legitimar al gobiernoCFK que privilegia a 'acreedores' e 'inversores' con la consiguiente criminalización de tanto la pobreza como la protesta


Recordemos el fallo contra Pedraza y 
los otros partícipes del crimen de Mariano.

Comienza a hacerse evidente la operación de estigmación a CORREPI  

El objetivo en esa instancia lo aclara el Partido Obrero: "El fallo del tribunal que juzgó a Pedraza y otros 16 acusados por el crimen de Mariano y las heridas de Elsa y otros compañeros absuelve al Estado, a los funcionarios políticos a cargo de la Secretaría de Transporte y del comando de la policía, a los empresarios y gerentes de Ugofe, e incluso a otros patoteros y policías implicados en el crimen o en su encubrimiento. A pesar de contar con pruebas abrumadoras, el tribunal las consideró “insuficientes” para iniciar una investigación sobre empresarios y funcionarios.
Las importantes penas aplicadas a Pedraza y otros nueve acusados -que son el resultado de la vigorosa movilización popular desarrollada durante dos años y medio- no pueden soslayar este hecho fundamental. (…)

Policías
Los jueces condenaron a los comisarios Mansilla y Ferreyra como partícipes, pero absolvieron al subcomisario Garay -que abrió paso a los patoteros y garantizó su huida- y repartieron penas insignificantes entre los policías de la DGO. Los jueces decidieron hacer caso omiso de nuestro pedido de investigación sobre Aníbal Fernández. Aquí hay todavía mucha tela para cortar. El entonces jefe de ministros tenía a su cargo el comando político de la policía: desde las primeras horas posteriores al asesinato de Mariano, Fernández reivindicó el accionar policial en el hecho y lo continúa haciendo hasta ahora. ¿Debemos recordarle al tribunal que el sumario iniciado por Asuntos Internos de la Policía Federal absolvió a todos los involucrados? ¿Y que el Ministerio de Seguridad conducido por Nilda Garré proporcionó durante un año defensa gratuita a los policías acusados y que esa defensa presionó, primero, para que la causa quedara en el fuero contravencional, y luego para que no se unificara con la de los patoteros? Lompizano fue ascendido con posterioridad al crimen de Mariano, y tiempo después apartado de la jefatura pero por razones diferentes a este crimen.
Empresarios y funcionarios
Los jueces afirmaron no haber encontrado pruebas suficientes respecto de la participación de funcionarios y empresarios, como solicitamos en nuestro alegato. Es un encubrimiento burdo. Los gerentes de Ugofe explicaron con pelos y señales cómo consumaban la estafa de la tercerización: mediante ‘licitaciones privadas’ subcontrataban (con fondos públicos) empresas que pertenecían a su mismo grupo económico, además de Unión del Mercosur, la ‘cooperativa’ a través de la cual Pedraza explotaba obreros para llenarse los bolsillos. Los jueces tampoco tomaron nota de la detallada denuncia del ex gerente José Luis García sobre el desvío de fondos destinados al pago de salarios. También resolvieron ignorar la presencia del jefe de seguridad de Ugofe y otros gerentes sobre las vías el mismo 20 de octubre, acompañando a la patota, y los ‘permisos’ dispuestos por la empresa para que se retiraran de los talleres ferroviarios de Escalada los empleados convocados por los delegados.
Algo similar ocurre con los funcionarios de la Secretaría de Transporte y del Ministerio de Trabajo. Juan Pablo Schiavi quedó ‘borrado’ del asunto. Los jueces sostuvieron que Pedraza dio su respaldo político a los atacantes. Eso fue exactamente lo que obtuvo Pedraza de Schiavi el día previo a la agresión, durante una reunión donde obtuvo el compromiso de que la policía colaboraría con su cometido. Toda la operatoria fraudulenta en la administración ferroviaria se desarrollaba bajo el amparo de Schiavi y de Antonio Luna (luego del crimen de Mariano, Luna llamó a Pedraza para solidarizarse con él y convocarlo a permanecer en silencio.)

Consideremos que el Estado en sus distintos niveles no se responsabiliza de desastres por predominio del Mercado sobre la vida mayoritaria y al contrario, legisla quitando medidas cautelares a los de abajo


Pero hay autoorganización abajo y movilización
a un mes de las graves consecuencias de la inundación
La convocatoria que es realizada desde el grupo de Facebook “Los Indignados de La Plata” busca recordar a las más de 50 víctimas del trágico temporal, y reclamar para que se dé a conocer “el número real” de fallecidos a causa de la inundación.

Benjamín Palumbo de la asamblea de vecinos de Tolosa, dijo a Télam que “esta movilización es impulsada por el conjunto de asambleas vecinales que se autoconvocaron luego de la inundación”, que causó más de 50 muertos y pérdidas materiales por un monto superior a los $2.600 millones.

“Principalmente reclamamos por el esclarecimiento de las muertes; pedimos que se entreguen subsidios y no créditos a los damnificados; por las responsabilidades políticas de las muertes y obras urgentes para evitar una nueva inundación”, agregó.

Palumbo, quien vive en calle 15 y 523 de la capital provincial, precisó que “el reclamo se va a concentrar en las puertas del municipio porque consideramos que el intendente Pablo Bruera es el responsable directo de lo que nos pasó”.

Informó que “durante la movilización tenemos previsto entregar un petitorio en el Palacio Municipal y en las Cámaras de senadores y diputados para que los legisladores conozcan nuestros reclamos”.

Adelantó que “pedimos una participación en el Comité de Investigación que se creó en el Concejo Deliberante y la interpelación inmediata del intendente Pablo Bruera, porque él jamás dio explicaciones sobre lo ocurrido el 2 de abril y los días siguientes”.

Al respecto, Mariano Martínez, uno de los referentes de la asamblea de calles 18 y 48, precisó que “en el petitorio hacemos énfasis en las responsabilidades políticas de esta tragedia y en la necesidad de avanzar con obras hidráulicas”.

“Pedimos también que se de entidad a las asambleas, para que sean fiscalizadoras de las obras, porque promesas hay, pero para controlar a la dirigencia política queremos participar como fiscales de obras”, agregó.

lunes, 29 de abril de 2013

Tengamos qué significa la seguridad jurídica para las transnacionales a cuyo beneficio está el modelo extractivista


Inversión extranjera directa y Estado de derecho: 
Amenazas a la democracia y a la sociedad 

Por Pablo Dávalos 
La noción de “inversión extranjera directa” se ha convertido en una especie de  dispositivo ideológico del capitalismo tardío que encubre sus derivas financieras y  especulativas, al mismo tiempo que justifica y otorga un cariz de legitimidad  jurídica y política a los procesos de privatización territorial y criminalización  social. La inversión extranjera directa y su correlato del Estado de derecho (o Estado  social de derecho) son ahora una de las amenazas más importantes en contra de la  democracia y la sociedad. Urge, entonces, comprender qué existe detrás de este  concepto aparentemente inocuo de “inversión extranjera directa”, y cómo se  relaciona con aquel de Estado de derecho, como formas políticas de la dominación  en el capitalismo tardío.(…)   

La convergencia normativa: criminalización social y seguridad jurídica 
Ahora bien, es necesario que los Estados reconozcan ese estatuto especial que  tiene el inversionista y que tiene la inversión extranjera. De una u otra forma, los  Estados están obligados a articular su legislación interna y sus normas de tal  manera que éstas se pongan en función de las necesidades y prerrogativas del  inversionista y de la inversión extranjera.  Este proceso se denomina convergencia normativa y su expresión mayor está en el  reconocimiento que hacen los Estados a la seguridad jurídica para el inversionista  y sus inversiones. Los Estados están obligados a reconocer ese estatuto supranacional y por fuera de toda regulación interna que tiene el inversionista y la  inversión extranjera.

Cuando un Estado reconoce la seguridad jurídica del  inversionista en el ámbito contractual (o Constitucional), se convierte en Estado de  derecho.  No obstante, la construcción del Estado de derecho tiene su lado numinoso, y hace  referencia al hecho de que a medida que los inversionistas ganan espacios de  reconocimiento jurídico, la sociedad y los ciudadanos los pierden.  La seguridad jurídica implica necesariamente la criminalización social. Se trata de  una conclusión lógica porque los inversionistas van a reclamar derechos de  propiedad que muchas veces atentan y lesionan incluso a los derechos humanos.  Muy rara vez los negocios van de la mano de los derechos humanos

El horizonte  de rentabilidad excluye cualquier consideración ética a nombre de la eficiencia  mercantil.  Cuando la sociedad reclama por los derechos humanos lesionados por la eficiencia  mercantil, los inversionistas acuden al expediente de acusar al Estado de falta de  garantías jurídicas para la inversión, y en virtud de que las decisiones de los  inversionistas implican los niveles de inversión, empleo, consumo, ingresos de  toda la sociedad, los gobiernos generalmente dan razón a los inversionistas en  contra de la sociedad.  De ahí que cualquier situación que amenace a los derechos de propiedad de los  inversionistas amerite duras respuestas por parte de los gobiernos que no dudan  en poner todo el poder legítimo de la violencia en beneficio exclusivo de los  inversionistas y sus inversiones.  

Quienes reclaman por sus derechos humanos, sociales y colectivos lesionados por  los derechos de propiedad de los inversionistas, generalmente son perseguidos e  incluso criminalizados, muchas veces bajo el expediente del terrorismo. Muchos  líderes sociales que han defendido sus territorios ancestrales de la depredación y  del abuso de los inversionistas extranjeros, sobre todo en el caso de las industrias  extractivas, han sido criminalizados por sus respectivos Estados y acusados de  sedición y terrorismo. Muchos dirigentes laborales que han confrontado la  sobreexplotación de la cual son víctimas, han sido víctimas de secuestros,  asesinatos, persecuciones, criminalización por parte de estos inversionistas  extranjeros, con la complicidad del Estado de derecho. 

La conclusión parece evidente: a mayor seguridad jurídica mayor criminalización  social. De esta manera, el Estado de derecho, en realidad, es el Estado de  criminalización social. Esto que parece ser tanto una exageración cuanto una  antinomia se ejemplifica de manera evidente cuando se recorre el camino de las  inversiones extranjeras y se constata que junto a éstas hay una estela de conflictos sociales, represión gubernamental y criminalización social: de los femicidios de  Ciudad Juárez a la sobreexplotación laboral en las fábricas chinas media la  presencia del inversionista y la inversión extranjera como factótum de su propia  violencia. Empero, el Estado de derecho es más peligroso aún para los derechos humanos,  sociales y colectivos, porque abre un espacio transnacionalizado de coerción hecho  en función específica de los derechos de propiedad y legitimado por fuera del  Estado.  Los inversionistas han construido un locus de soberanía jurídica que rebasa la  soberanía política de los Estados y, en tal virtud, pueden ejercer la capacidad  coercitiva que permite el derecho y las leyes en beneficio propio y sin ninguna  consideración social ni ética. Los acuerdos que se discuten en la OMC a propósito de los derechos de propiedad  intelectual (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA por sus siglas en inglés),  les otorgan a los inversionistas una capacidad coercitiva a nivel internacional y un  peso jurídico que no tiene ni siquiera la Corte Penal Internacional. El Acuerdo  ACTA, de suscribirse tal cual lo está discutiendo la OMC, le da la posibilidad al  inversionista de revisar y controlar el comercio mundial, sin la necesidad de  permisos estatales y bajo la cobertura de luchar contra la falsificación de los  derechos de propiedad intelectual.  Pero no solo les da el control sobre el comercio mundial sino también capacidades  coercitivas que generalmente son prerrogativas de los Estados-nación.

Tanto los Acuerdos de Libre Comercio, como el ACTA, o los Tribunales de Conciliación y  Arbitraje para asuntos relativos a inversiones, dan cuenta de que en la hora actual,  el Estado de derecho es el principal enemigo de la democracia, de los derechos  humanos, sociales y colectivos, y de la sociedad en general. La conclusión parece  contradictoria pero no por ello menos real: a más Estado de derecho, menos  democracia y menos garantía para los derechos humanos y colectivos. 

La colonización epistemológica
Otro cambio importante y que hace referencia a la conformación del inversionista  y de la inversión extranjera no solo como sujetos propios de derecho y como  actores de la gobernanza mundial, está en los cambios suscitados en la teoría  económica que ahora articula sus marcos teóricos y explicativos en función,  precisamente, del inversionista y de la inversión extranjera.  Mientras que en la teoría del desarrollo el crecimiento económico dependía de la  relación ahorro-inversión, ahora el crecimiento económico depende de forma  exclusiva de la inversión extranjera directa y, en consecuencia, de la seguridad  jurídica, de la estabilidad macroeconómica, de la disciplina fiscal, de la  convergencia jurídica.  No se menciona más la relación ahorro-inversión como parte de la estrategia de  crecimiento económico. Es más, en la jerga de los economistas neoliberales (que al  momento son la mayoría), ya no hay países en vías de desarrollo, sino “mercados  emergentes”.  En los documentos oficiales el concepto de mercados emergentes sirve para  denominar a aquellos que antes estaban en vías de desarrollo. Los países que no alcanzan a emerger son puestos en la lista negra de Estados parias (también se los  ha denominado como Estados fallidos). Es decir, excluidos de la globalización, de  los flujos de capital y, en consecuencia, de la inversión extranjera directa, y  susceptibles de ser invadidos y ocupados militarmente.  

Esta transición conceptual desaloja de la teoría todo aquello que haga referencia a  la sociedad y a las complejidades que la definen y estructuran. Es un retorno a la  idea de que el sistema económico es la trasposición al ámbito social del  comportamiento egoísta y maximizador del homo economicus.  De esta manera, ahora el desempleo no es un problema social sino una cuestión  individual. El desempleo que existe no tiene nada que ver con el capitalismo sino  con las preferencias racionales de consumidores que pueden adecuar de forma  racional sus expectativas, habida cuenta de que los mercados generan información  a través del sistema de precios.  En otros términos, el desempleo es culpa de las personas que no quieren aceptar el  trabajo existente porque, supuestamente, no están de acuerdo con el nivel de  remuneraciones que se les ofrece. Ha desaparecido, en consecuencia, toda  referencia a la sociedad y ésta se convierte en el campo de batalla de personas  egoístas y racionales. En esta sociedad en donde los egoísmos pueden desgarrar de  manera radical el tejido social, el mercado actúa como articulador y armonizador  de esos egoísmos. Es una especie de bálsamo que cura ese desgarre casi natural  producido por la confrontación de intereses contradictorios. Es por ello, que la teoría económica no hace referencia a procesos globales ni  sociales. Ahora, el desarrollo no es obra de una sociedad que articule de manera  coherente sus decisiones de ahorro-inversión, sino más bien de las garantías que  esta sociedad pueda ofrecer a la inversión extranjera y a la apertura a los mercados  mundiales.  

Si hay seguridad jurídica, si existe disciplina fiscal, si los Estados están  armonizando sus leyes internas con las disposiciones de la OMC, en virtud de la  convergencia normativa, si hay apertura para la libre circulación de capitales, y si  los derechos de propiedad están lo suficientemente claros para que no generen  costos de transacción al sistema, entonces esa economía puede emerger en la  globalización y crecer económicamente, y a medida que crece en términos  económicos puede resolver sus problemas de pobreza, desempleo, desinversión,  etc.  Esta colonización teórica empezó en la década de los años ochenta de la mano del  FMI y se ha consolidado al punto de convertirse casi en un tópico: para crecer se  necesita inversión y ésta, por definición, viene de fuera.

El inversionista se  convierte en la condición de posibilidad para el empleo, la producción, la inversión,  el consumo, etc. Sus decisiones definen las posibilidades de las sociedades. La  relación ahorro-inversión no tendría nada que ver con la ideología neoliberal de la  seguridad jurídica, la inversión extranjera directa, la flexibilización de los  mercados, la desregulación social, la apertura comercial y la convergencia  normativa. Para que la inversión no se asuste y no huya de un país o región determinadas y  esto provoque recesión, crisis y desempleo, es necesario no hacer ruido con leyes  laborales, exigencias ambientales, requerimientos éticos, obligaciones fiscales o  demandas en derechos humanos. Tampoco hay que generar señales de indisciplina  fiscal con gasto público en salud, educación o bienestar social. Es mejor quedarse  callados cuando la inversión extranjera desmantela los países, cuando hunde en la  miseria a vastos conglomerados humanos, cuando irrespeta los derechos humanos,  cuando destruye la naturaleza, cuando fractura las sociedades y las sume en la  violencia y la desintegración total.

Tal es la distopía inherente del Estado de  derecho y la pretensión final de los inversionistas extranjeros. 

Recordemos el informe de Encuentro Memoria, Verdad y Justicia sobre la criminalización de la protesta


PRESENTACIÓN DEL INFORME 
Marzo 2012

Desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia siempre hemos sostenido la lucha contra la  impunidad de ayer y de hoy, y contra el avasallamiento de los derechos básicos y por eso venimos  realizando una intensa campaña contra la criminalización de la protesta y la persecución y asesinatos  de luchadores populares. Este primer informe que aquí presentamos es el resultado de la sistematización de la situación de  causas abiertas en todo el país entre el 2001 y el 2012 contra los sectores populares movilizados: contra organizaciones sindicales, de derechos humanos, partidarias, contra movimientos de  trabajadores desocupados, territoriales, estudiantiles, contra comunidades indígenas y grupos ambientalistas, entre otros. Actualmente existen en nuestro país más de 4000 personas criminalizadas y judicializadas, y el número de víctimas asesinadas por luchar desde el año 2001  asciende a más de 70. En la coyuntura actual entendemos que es fundamental insistir en la defensa y reivindicar el legítimo derecho a la protesta, ya que es la base para la preservación de todos los demás derechos. Si este  derecho nos falta, todos los demás derechos están en riesgo.

¿Qué entendemos por criminalización de la protesta? La criminalización de la protesta es una estrategia política que presenta ante la sociedad a la lucha por los derechos sociales como delitos y a los sectores que las promueven como delincuentes. La protesta por lograr conquistas favorables a diferentes sectores populares, es un derecho que no  requiere permiso ni acepta censura. A lo largo de nuestra historia, nuestro pueblo se ha manifestado  en las calles, se ha organizado de diversas maneras para hacer escuchar su voz y defender sus  reclamos.  La criminalización de las luchas es una de las formas que asume la represión para inmovilizar a las organizaciones populares y amedrentar a todos aquellos que se hacen cargo del legítimo derecho de  organizarse y exigir la resolución de sus necesidades.

En algunos casos es utilizada como paso previo a  la represión abierta, directa, y en otros, articuladamente con ésta. Son diferentes mecanismos con el  mismo fin de dominación y control social. Como exponemos en este informe la criminalización de las luchas es un instrumento que ha sido  utilizado con diferentes intensidades por todos los gobiernos de turno y que hoy aplica el gobierno de  Cristina Fernández de Kirchner para intentar disciplinar y amedrentar a todos aquellos que  cuestionan la miseria y la opresión, y para frenar la organización y las luchas desplegadas por los  trabajadores y por los diferentes movimientos populares.

Hoy se pretende sancionar a las organizaciones populares a través de la persecución penal de sus  integrantes y dirigentes, y el encarcelamiento es utilizado como “castigo ejemplificador”.

¿Qué se busca con la criminalización de la protesta? 
Con la criminalización de la protesta el Estado apunta a varios objetivos al mismo tiempo.
  • Por un lado,  frenar el conflicto social, acallando, disciplinando, atomizando y domesticando las disidencias.
  • Por  otro, correr el eje de la injusticia denunciada por diferentes sectores movilizados hasta plantear que  lo que está sucediendo es un “delito”, una “amenaza para el orden legal”, una “violación a la ley”,  deslegitimando la lucha.
Esa operación mediática y política sobre la opinión pública es más intensa  cuanto más lejos se está de querer resolver la situación que dio origen a la protesta. 

Las metodologías para criminalizar la protesta varían pero los objetivos se mantienen. A partir del repudio popular a los asesinatos de Darío y Maxi en junio de 2002, y de las condiciones políticas  heredadas del 2001, el gobierno de Néstor Kirchner se vio obligado a apelar a un abanico de  metodologías: desde la cooptación hasta la judicialización, y desde la vía libre al accionar de las  patotas hasta la represión estatal directa, para quebrar las redes y lazos de solidaridad que se habían  desarrollado entre las organizaciones movilizadas. Se acentuó la criminalización política y mediática  de las organizaciones independientes del Estado. Innumerables manifestaciones de la protesta popular se han desarrollado durante estos años: puebladas; movilizaciones; cortes de ruta; huelgas; escraches a genocidas; acampes; piquetes;  ocupaciones de fábricas, de tierras y de edificios públicos, han sido distintas expresiones de la protesta  de nuestro pueblo. En las fábricas y empresas avanza un proceso de organización independiente del Estado y las patronales, que pone en pie las asambleas y cuerpos de delegados en oposición a las burocracias de los sindicatos.

Por su parte el Ministerio de Trabajo es una correa de transmisión de  esta política a través de conciliaciones obligatorias, declaración de ilegalidad de las huelgas,  desconocimiento de los cuerpos de delegados y de los nuevos sindicatos a favor de la burocracia  sindical y los intereses empresariales.  

A casi nueve años de la asunción de Kirchner y ya atravesando el segundo mandato de Cristina  Fernández, afirmamos que la impunidad, la represión y la persecución a los luchadores sigue siendo una finalidad de las políticas de Estado, porque la criminalización de la protesta social es una  herramienta necesaria para sostener un sistema que privilegia las ganancias de una pequeña minoría a  costa de las necesidades y sufrimientos de las mayorías populares. Denunciamos por eso que este  gobierno, que se presenta como defensor de los derechos humanos y dice condenar los crímenes  cometidos durante la última dictadura militar, en los hechos descarga el peso del aparato judicial para  perseguir la protesta social del presente.

Al día de hoy solamente hay 850 genocidas procesados, y  más de 4000 luchadores criminalizados. Desde junio de 2010 han sido asesinados 18 luchadores  populares y estos crímenes permanecen impunes. En los últimos años existe una tendencia a agravar las imputaciones utilizando figuras penales  gravísimas que penden como una amenaza sobre la libertad de dirigentes y luchadores, cuestionando  derechos como el derecho a la huelga y a la movilización popular.

El Gobierno Nacional impulsa esta  política de criminalización como lo demuestran las declaraciones de sus funcionarios: Aníbal Fernández con su amenaza “a los que saquen los pies del plato los perseguiremos con el código  penal en la mano”, la ministra Garré acusando de “desestabilizadores” a los desocupados que se oponen al clientelismo, y la misma presidenta calificando de extorsivos los reclamos y las huelgas de  los trabajadores. Ha quedado al descubierto en la causa Kraft el espionaje de este gobierno sobre las organizaciones  populares a través del Proyecto X de Gendarmería y de otros organismos de Inteligencia con el  reconocimiento de la Ministra de Seguridad, y ha quedado demostrado que se utiliza ese espionaje para armar las causas judiciales con las que son perseguidos numerosos trabajadores y luchadores. Desde diciembre de 2011, la ampliación de la Ley Antiterrorista que había sido sancionada en 2007,  representa un peligro que merece el más enérgico repudio y torna urgente la exigencia de su  derogación. 

La mayoría oficialista que ha votado en tiempo record los tratados internacionales contra  el terrorismo y dos leyes antiterroristas, se ha negado sistemáticamente en los últimos nueve años a  tratar los diferentes proyectos de ley contra la criminalización de la protesta. La profundización de la represión intenta frenar el proceso de organización de los sectores populares  en un año que se presenta con topes salariales, aumento de tarifas y ajuste. Este informe pretende  ser un aporte a la plena vigencia del derecho a luchar, a la conquista de todas las reivindicaciones  populares y al juicio y castigo a todos los responsables de los crímenes contra el pueblo. 

Por todo ello decimos: 
  • CIERRE DE LAS CAUSAS Y ANULACIÓN DE LAS CONDENAS A LOS MAS DE 4000 LUCHADORES  POPULARES PROCESADOS 
  • DEROGACIÓN DE LA LEY ANTITERRORISTA 
  • CASTIGO A TODOS LOS RESPONSABLES POLÍTICOS Y MATERIALES DE LOS ASESINADOS POR LUCHAR BASTA DE ESPIONAJE A LOS LUCHADORES OBREROS Y POPULARES. 

Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos - AEDD Asociación de Profesionales en Lucha - APEL Centro de Abogados por los Derechos Humanos -CADHU Centro de Profesionales por los Derechos Humanos - CEPRODH Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo - CADEP Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional - CORREPI Liberpueblo 

Recordemos la criminalización de la pobreza en Bariloche y la conferencia de la Gremial de Abogados de la Argentina


CONFERENCIA DE PRENSA EN BARILOCHE

El día Jueves 31 del cte. la Gremial de Abogados de la Argentina brindará una conferencia de prensa en Tante Frida, Mitre 660 Bariloche a las 11:30 hs.
La Gremial de Abogadas y Abogados, integrada por mujeres y hombres del Derecho, es también una organización militante por las causas populares que además de defender los intereses de nuestros colegas defiende a todo aquel que sea perseguido o represaliado por luchar, por estar junto a los trabajadores y el Pueblo, y por ser parte de colectivos que hayan resuelto diferentes métodos de lucha.

Declaramos nuestra voluntad de defender, patrocinar, y/o representar en cualquier carácter a los luchadores/as políticos y sociales que sean perseguidos o reprimidos por cualquier causa popular relacionada con los objetivos y los hechos que sus luchas originen.

En esta oportunidad, con la presencia de los abogados Eduardo Soares (Presidente), Verónica Heredia (Secretaria) , Gabriela Conter (Directora de la Comisión de Género) integrantes todos ellos de la Comisión Directiva de la Asociación y Marina Schifrin representante de la misma en Bariloche, nos hacemos presentes para solidarizarnos y repudiar la criminalización de la protesta social como consecuencia de los hechos del 20 de diciembre pasado y posteriores.

Al momento de estar elaborando este comunicado nos enteramos que los presos políticos encarcelados por el corte de la ruta 40 están siendo liberados, pero pesa sobre ellos un procesamiento, por lo cual afirmamos que la lucha continúa.

Fueron objeto de una detención preventiva injustificable y prolongada, tratándose según el Código Penal de un delito excarcelable. Fueron alojados bajo condiciones crueles y degradantes, violatorias de los más elementales derechos humanos.

Entendemos por preso y perseguido político o social todo aquel que sea detenido, procesado o imputado por hechos que puedan constituir delitos o contravenciones para la legislación nacional, provincial o municipal, si los mismos se hubieren producido como consecuencia de luchas, reclamos o peticiones de carácter social o político, o cuando el encausado formare parte de una organización política, social o gremial y hubiere llevado a cabo hechos acordados u ordenados en las instancias internas del colectivo al que pertenece.
Las declaraciones del día de la fecha del Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Río Negro Ernesto Paillalef reconociendo la existencia en Bariloche de más de 40.000 habitantes, casi un tercio de la población, en situación de pobreza nos eximen de mayores comentarios. Además del sufrimiento que esta situación genera ,quienes se rebelan contra las condiciones de pobreza y enorme desigualdad son además perseguidos por una Justicia que criminaliza las protestas sociales las cuales exigen ni más ni menos que se les garantice igualdad de oportunidades y el acceso al trabajo, la salud y la educación.

Enmarcamos el repudio a la represión en el ¡No! a los acuerdos Pro-K para los negocios con los bienes comunes


En la marcha convocada para este Martes 30 de abril concentramos a las 11hs en la estatua de Don Quijote en Av. de Mayo y 9 de Julio para movilizarnos juntos hasta la legislatura de la ciudad.
Exigimos: 
- No al Centro Cívico, derogación del acuerdo Pro-K 
- Mantenimiento del uso en Salud de los terrenos del hospital, cumplimiento de las leyes 448 de CABA y 26.657 de Nación. 
- En contra de la represión. 
- Juicio político a los responsables: Chaín, Montenegro y Macri.

Frente de Artistas del Borda 
Cooperanza Salud Mental Colectiva 
Pan del Borda.

Fuente: http://www.anred.org/spip.php?breve8501

domingo, 28 de abril de 2013

Necesitamos quienes nos identificamos con la construcción de cambios emancipatorios del capitalismo, instalar espacios abajo de deliberación sobre significados y sentidos de las izquierdas en la actualidad de Nuestra América y del mundo.


Desentrañando la carnavalización de la política


Por Jorge Lora Cam (Rebelión)
El Estado Plurinacional, la economía comunitaria, el buen vivir, la soberanía, los derechos de la naturaleza, entre otros prometedores conceptos, han quedado en calidad de retórica, de señuelos, de cebos para el marketing político. Cosmovisiones y pensamiento alternativo están en el tacho de la basura. Y como dice el ex presidente Meza los indígenas aun son los verdaderos parias del sistema. Los gobiernos andinos optan por un pragmatismo centrado en mantener el crecimiento y asegurar la reelección. Y eso significa consolidar el neoliberalismo y la política imperial de saqueo. La construcción de los supuestos objetivos estratégicos de los procesos boliviano y ecuatoriano han sido envilecidos, tal como los liberales hicieron con la democracia y la república.

Tratándose de gobiernos “democráticamente electos”, la explicación de los proyectos o de las transformaciones van mas allá de la simple critica de la depredación de los recursos naturales y su explotación irracional o las políticas desarrollistas. Estos argumentos no sirvieron a la izquierda ecuatoriana para constituirse en alternativa. Y el Estado plurinacional, el indianismo, el anticolonialismo junto a los movimientos sociales quedaron otra vez como potencialidades políticamente marginales. Morales, Correa o Humala son el rostro de la nueva mayoría geopolítica. Mestizos y cholos ocultando su indianidad, ocupan nuevos espacios sin desplazar a la vieja o nueva oligarquía neolberal. Mientras que en México o Guatemala las cosas son mas difíciles de explicar. Hay cambios en la América mestizo indígena que requieren mayor análisis: la reelección de Correa en Ecuador y la vuelta del PRI en México, el fujimontesinismo militar de Humala y la vuelta democrática de los genocidas militares de Guatemala, la amenaza reelectoral en Bolivia.
Acaso ¿será que allí los ladinos o mestizos –virtual mayoría cultural- ya llegaron a ser parte del poder?, ¿o posiblemente la llegada al Gobierno de estos personajes no deba interpretarse como una aspiración socialista, sino como la momentánea respuesta indígena y de los movimientos sociales a las ortodoxas políticas de la derecha en esos países? O quizás debamos comprender más las migraciones, las lógicas urbanas, las expectativas de las clases intermedias, las aspiraciones mestizas y cómo las estructuras y mentalidad coloniales afectaron irreversiblemente a los pueblos y los territorios indígenas para captar el proceso. En este artículo solamente analizaremos el caso boliviano.

Lo cierto es que las políticas conservadoras de estos gobiernos han asumido la función de consolidar parcialmente un Estado nacional y por lo demás se han convertido en mera gestión neoliberal, donde el Estado no es más que el sostén del interés privado; demuestran además que no es difícil gobernar si continúan con las tradiciones de la cultura política criolla y utilizando las viejas y nuevas formas de explotación y dominación neoliberales, con sus argucias jurídicas y el indispensable control de los medios. Nos muestran que la mejor política estabilizadora es continuar con el extractivismo y construyendo un Estado punitivo en favor de los sujetos empresariales, destruyendo a la oposición mediante la abolición del Estado de su propio derecho, la judicialización de la política, la imposición jurídica, la criminalización de la protesta, el envilecimiento de las relaciones sociales, o las alianzas políticas que antes pudieron parecer antinatura. 

La gobernanza criolla se convierte en una teatralización mestiza aparentemente esquizoide que los obliga a buscar mascaras, disfraces, caretas, símbolos y discursos que ocultan lo que realmente hacen y los ancestrales resentimientos. Los conflictos sociales se traducen en grupos de comparsas que hasta ayer se peleaban entre si, para después hacer de ello una farsa. Es la carnavalización tenebrosa de la política. La tragedia de un día al otro se convierte en sainete. Esta es una esfera que no logra ver Armando Bartra. [1]

Pareciera que se vive un periodo de catarsis étnica en la que se invierten algunas costumbres, se parodian valores y políticas desde una nueva burocracia en el poder que juega en favor de recomponer las cohortes burguesas en una nueva comparsa lumpenburguesa que acompañará a la vieja en los próximos años. Esta situación es presentada como el gran cambio, la llegada de los indígenas al poder. Lo que no significa que todos sean iguales, hay luchadores que han sido burocratizados pero mantienen dignidad y conciencia. Y muchos otros que continuarán la lucha descolonizadora.

Después de 7 años, llegamos a pensar que los slogans socializantes que antes mencionábamos son más obra de algunos intelectuales orgánicos y las Constituciones fruto de la correlación de fuerzas entre proyectos y los sujetos confrontados, que el fácil argumento de que son mero resultado de las luchas y movimientos socializantes. Ocurre que la política –como la sociedad toda- también se carnavaliza y las máscaras perpetúan los rostros de los muertos (Paz Estensoro, Patiño, UDP, UCS, CONDEPA y ante las crisis de legitimidad resucitan a Mesa o Paz Zamora). Lugares de neoliberales oligárquicos ahora también están ocupados por la burguesía plebeya, los programas de aquellos ahora son de la burguesía mestiza y su gobierno. Se vienen configurando estados tan punitivos, centralistas y autoritarios, como ocurrió con los regímenes abiertamente oligárquicos. 

Son los Estados ladinos, mestizos, acriollados, cholos cuyo programa oculto es el enriquecimientos individual y grupal. Los otros proyectos, aunque reducen la pobreza, son básicamente electoralistas. En Bolivia las nuevas expectativas se corporizan en las pegas, las bandas estatales de extorsionadores, en las burocracias y policías coimeadoras, los cocaleros y narcotraficantes, los comerciantes y contrabandistas, los transportistas y concesionarios de trasnacionales, las cooperativas de ahorro que se quedan con los depósitos, las grandes cooperativas de servicios donde las decenas de altos funcionarios ganan 10 mil dólares, líneas aéreas que cierran sin devolver los boletos comprados, etc. Que se suman a las oligarquías y lumpenburguesías acostumbradas al subsidio estatal. [2] 

Cuando se naturaliza la muerte y los crímenes políticos se hacen reiterativos, cuando la corrupción anda suelta en todos los ámbitos sociales, cuando los indígenas viven amenazados y coartados en sus libertades, cuando se dividen las organizaciones populares, cuando los funcionarios honestos son separados y los corruptos defendidos, cuando el abuso de las instituciones judiciales son parte de la cotidianidad, cuando sólo se aprueban normas para beneficiar a algunos y perjudicar a enemigos políticos y la justicia se convierte en la principal fuente de corrupción, cuando el cinismo y falta de pudor de los altos funcionarios se naturaliza, cuando generales y tribunos judiciales se coluden para abusar de la sociedad, cuando mallqus son descubiertos como narcotraficantes, o cuando se detienen a congresistas violadores y principalmente cuando ya nos les interesa el programa de destruir las bases del capitalismo colonial, la vida social se convierte en una tramoya y las máscaras se hacen necesarias mientras la indignación y el desaliento crecen entre los socialistas.

En estos países, quizás en todos, la estabilidad económica y política es fundamental y deriva en una defensa de las bases que sustentan al Estado neoliberal. Estando claro que por ahora no es posible destruir al Estado, pudo construirse un Estado republicano y democrático, anticolonial, y comunitarista, y eso no ha ocurrido. Las trasnacionales y los principales grupos de poder se benefician de esta necesidad de estabilizar al Estado. En Santa Cruz, los grupos de poder de los productores, industriales, comerciantes y terratenientes que sostenían la actividad política opositora, ahora son los principales aliados del Gobierno; han pactado, unos abandonando su proyecto y otros anteponiendo sus intereses corporativos y empresariales a la opción política. Se trata de una alianza pragmática, que ha optado por escenarios de negociación y acercamiento en cumbres, reuniones sectoriales, y los correspondientes decretos gubernamentales que les favorecen; una coexistencia pacífica. 

Aliados con la derecha política en las elecciones en el Beni y en otros lugares, ante la crisis de legitimidad creada por el escándalo de las extorsiones, que comprometen a la más alta dirección política estatal, buscan apoyo en la derecha política.

La pretensión de salir de la dependencia colonial por medio de más extractivismo no tiene posibilidades de concretarse. Se genera una situación donde la transición prometida se vuelve imposible, por las consecuencias que traería el abandonar el extractivismo en varios planos, desde las económicas a las políticas. Aunque por otro lado, el uso de instrumentos de redistribución económica tiene alcances limitados, como demuestra la repetición de movilizaciones sociales. Pero además es costoso y por ello vuelve a los gobiernos todavía más necesitados de nuevos proyectos extractivistas. Además de que en lo inmediato la economía es afectada por la inflación, el desplazamiento de la industria local o la sobrevaloración de las monedas nacionales.

De lo que se trata es de simular la política en su sentido más negativo. Así como el 2003-2005 el reto era sacar al carnaval del espectáculo, empleando su potencialidad para subvertir el orden opresivo, ahora es a la inversa, las máscaras y bailes son para ocultar las nuevas alianzas con los poderosos. Al inicio fueron momentos en los que los movimientos societales fueron tocados por la utopía viviente, los movimientos sociales dejaron de ser por un tiempo las insignificantes, opacas, y tediosas convergencias circunstanciales de movimientos, para convertirse en vanguardia del cambio.

Hoy, el fingimiento de un poder indígena esconde la sumisión de algunos movimientos, es el rasgo que acompaña al clientelismo y al corporativismo patriarcal. Renace el pongueaje de los sindicatos campesinos junto al clientelismo, la manipulación, la imposición y la corrupción. En este nuevo escenario, una parte de los movimientos y de los intelectuales críticos ha perdido su autonomía política e ideológica. Campesinos altoandinos se confrontan con los indígenas amazónicos, de los 5 grandes movimientos quedan 3 emparentados entre ellos, apoyando al Gobierno, la CSUTCB, Bartolina Sisa y los colonos cocaleros. Los indígenas de la CIDOB y de la CONAMAQ han roto con el nuevo poder mestizo quechuaymara. Al apostar por la reconducción como atajo ante el cúmulo de dificultades en territorios en disputa, los antiguos referentes se convirtieron en administradores estatales de la situación de los pobres. En el mejor de los casos, buscan amortiguar los efectos del modelo, pero en todos los casos lo hacen sin cuestionarlo, porque ya se integraron en el mismo.

De acuerdo con Prada Alcoreza, quien realistamente aspira a un cambio de rumbo del Gobierno progresista, no existe más el Estado plurinacional, se impone el Estado-nación en todo el país, “que rechaza violentamente la libre determinación de los pueblos indígenas, subsume la consulta con consentimiento libre, previa e informada de los mismos a la consulta pública, subordina el cumplimiento del derecho a la consulta a la ley ordinaria, evapora los territorios indígenas estatalizándolos en el espacio homogéneo del Estado han desaparecido la libre determinación, la autonomía y el autogobierno de los pueblos indígenas, definidos en la Constitución”, y así pretende hacer desaparecer a los pueblos indígenas. “El recurso político, económico, social y cultural que se activa es el nuevo etnocidio, con máscara indígena e impostura popular.” [3]

En una burla despiadada, el Gobierno garantiza la ejecución y continuidad de las actividades hidrocarburíferas y mineras por su carácter estratégico y de interés público para el desarrollo nacional. Postergando al último rincón a los pueblos indígenas. Diseña instrumentos de defensa de los intereses de los explotadores, para legitimar estas formas de explotación, presentándola como si beneficiase a los pueblos.

En torno al Tipnis chocaron los argumentos de una supuesta geopolítica interna –expuestos por el vicepresidente Álvaro García Linera –con las visiones ecoindigenistas de quienes quieren evitar que una ruta parta en dos esa aislada región de Bolivia, declarada parque nacional en los años 60 y territorio indígena en los 90. La reciente consulta a los indígenas no resolvió el conflicto. 
Las redes estatales de extorsión (…) Leer